Mostrando las entradas con la etiqueta Congreso de la República. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Congreso de la República. Mostrar todas las entradas

jueves, 22 de enero de 2026

Presidente de la República José Jerí, perdido en su laberinto

 Por Wens Silvestre

La actual crisis política no es el resultado de una conspiración externa ni de una oposición desestabilizadora; es, ante todo, una crisis autogenerada por quien ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional. José Jerí llegó a Palacio con un mandato estrictamente funcional: evitar el vacío de poder, garantizar la neutralidad del Estado y conducir una transición ordenada hacia las elecciones. Sin embargo, en pocas semanas, ese encargo excepcional se ha visto desnaturalizado por decisiones, gestos y omisiones que han erosionado la confianza pública y colocado al país en un nuevo punto de inestabilidad. 

Desde una perspectiva constitucional, el problema central no es penal ni ideológico, sino funcional. Un presidente por sucesión no gobierna con legitimidad de origen popular, sino con legitimidad condicionada al respeto de límites. Esa condición exige prudencia extrema, autocontención y claridad de rol. Cuando el Jefe del Estado aparece en reuniones no transparentes, ofrece versiones cambiantes, avala o se pliega a medidas de fuerza sectoriales, y recurre reiteradamente a estados de excepción sin rendición de cuentas ni resultados verificables, el problema deja de ser comunicacional y se convierte en institucional.

Un elemento particularmente corrosivo de esta crisis —y quizá el que más ha deteriorado la viabilidad política de la permanencia de José Jerí en el cargo— son las reuniones no oficiales sostenidas con empresarios chinos, fuera de agenda, sin registro institucional y seguidas de explicaciones fragmentarias o contradictorias. En un país marcado por escándalos reiterados de captura del Estado, la sola opacidad de estos encuentros basta para activar todas las alarmas democráticas. No se trata únicamente de determinar si existió o no un ilícito penal; se trata de comprender que un presidente por sucesión constitucional no puede permitirse zonas grises. Cuando el Jefe del Estado se reúne sin transparencia con actores económicos con intereses en el país, la confianza pública se quiebra, aun antes de cualquier pronunciamiento judicial. Para buena parte de la clase política —incluidos sectores que inicialmente respaldaron la transición— este episodio simboliza la pérdida de brújula institucional: un gobierno que debía ser transitorio y aséptico aparece expuesto a sospechas de influencia privada, debilitando su autoridad moral y comprometiendo la neutralidad que la Constitución exige en este tramo excepcional.

En materia de seguridad ciudadana, el contraste es aún más severo. La lucha frontal contra la inseguridad fue presentada como eje central de la transición. No obstante, los datos disponibles muestran un incremento sostenido de la violencia letal, mientras que la respuesta del Ejecutivo ha sido insistir en decretos de emergencia que, lejos de revertir la tendencia, parecen haberse convertido en un recurso reflejo. Gobernar mediante la excepción, sin metas claras ni evaluación pública, no fortalece la autoridad del Estado: la debilita. La autoridad legítima se construye con resultados, reglas claras y responsabilidad política, no con la reiteración de medidas extraordinarias.

A ello se suma una confusión peligrosa entre el rol institucional y la posición personal. Un presidente —y más aún uno que ejerce el cargo por sucesión— no puede actuar como actor de protesta ni alinearse con paros sectoriales. Su deber es mediar, proteger derechos de todos y preservar el orden constitucional. Cuando el árbitro baja a la cancha, el sistema pierde equilibrio. Esta incapacidad para distinguir funciones no es un detalle menor; revela una carencia de sentido de Estado incompatible con la conducción de una transición democrática.

La ética pública añade otra capa al problema. No se trata de afirmar culpabilidades, sino de reconocer que la política democrática se sostiene también en la apariencia de corrección. En contextos frágiles, la sola acumulación de dudas —reuniones opacas, nombramientos cuestionados, decisiones incoherentes— basta para minar la credibilidad del gobierno. Persistir en el cargo sin recomponer esa confianza no es un acto de fortaleza, sino de obstinación.

¿Qué debería decidir José Jerí por el bien del país? Primero, comprender que la transición no es un espacio para ensayar poder, sino para preservar la República. Ello implica optar entre dos caminos: o rectificar de manera inmediata, profunda y verificable —con transparencia total, rendición de cuentas en seguridad, corrección de nombramientos y renuncia expresa a cualquier rol político-partidario—, o dar un paso al costado desde la Presidencia del Congreso, permitiendo que el orden constitucional se recomponga sin más desgaste.

Nuestra historia política reciente demuestra que prolongar crisis por cálculo personal siempre tiene un costo mayor que asumir responsabilidades a tiempo. La salida no pasa por resistir, sino por restablecer límites. En una democracia exhausta, el mayor acto de responsabilidad no es aferrarse al poder, sino reconocer cuándo su ejercicio deja de servir al interés general. Ese es el dilema en el que hoy se encuentra José Jerí, atrapado en su propio laberinto, con la obligación —ética y constitucional— de encontrar una salida que le haga bien al país, no a su permanencia.

miércoles, 26 de noviembre de 2025

Sin reforma fiscal no hay futuro

Por Wens Silvestre

El alto riesgo de una crisis fiscal que enfrentamos como país no cayó del cielo ni es producto exclusivo de factores externos. Es, sobre todo, el resultado de una distorsión constitucional deliberadamente cultivada y políticamente explotada: la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) que, en el Expediente 00018-2021-PI/TC, abrió una peligrosa puerta para que el Congreso apruebe leyes con impacto fiscal sin límite, sin responsabilidad y sin financiamiento real. Esa sentencia —que separa artificialmente la creación de obligaciones del acto de generar gasto público— ha sido el punto de partida de una ola legislativa que amenaza la sostenibilidad del país, socava la misión del Estado y premia la irresponsabilidad política.

En la sentencia, el TC sostuvo que el Congreso puede crear obligaciones económicas siempre que no generen gasto en el año fiscal vigente. Es decir, si el costo se traslada al futuro, no existe infracción constitucional. Ese razonamiento, a pesar de su aparente neutralidad jurídica, es una contradicción en términos: toda obligación económica que crea un derecho exigible es gasto, aunque se ejecute más adelante. Disociar obligación de gasto es una ficción incompatible con cualquier lógica presupuestaria moderna. Pero el TC la adoptó, y el Congreso la convirtió en un arma política. El resultado es un Parlamento que legisla sin coordinación con el Ejecutivo, sin respetar la programación multianual y, sobre todo, sin asumir costo político alguno por comprometer recursos que no existen.

Los datos del Consejo Fiscal son demoledores. Entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, más del triple del promedio histórico. Y lo hizo, en gran medida, ignorando advertencias técnicas: 101 de esas leyes fueron aprobadas por insistencia. Hablamos de decisiones con costos que no son simbólicos: bonificaciones docentes que superan los S/ 40 mil millones, homologaciones remunerativas regionales de varios miles de millones, beneficios tributarios que debilitan ingresos públicos y ampliaciones de negociación colectiva que elevan el gasto corriente sin contrapartidas de productividad. 

A ello se suman 352 proyectos en trámite, los 10 más costosos con un impacto anual de S/ 25 mil millones. Para dimensionarlo: es más de lo que el país invierte en seguridad ciudadana, 18 veces Pensión 65 y 23 veces el Programa Juntos. Esta es una fábrica legislativa sin frenos, alentada por un incentivo perverso: aprobar beneficios hoy y dejar la cuenta para mañana.

Por lo demás, lo que está en juego no es solo el equilibrio macroeconómico. Es también la naturaleza del Estado y su misión. La mayor parte de estas iniciativas comparte un patrón preocupante: están dirigidas a ampliar beneficios de trabajadores del Estado, sin relación alguna con mejora del servicio público, menos aún con la productividad. No son políticas de meritocracia ni modernización: son privilegios corporativos que presionan la planilla pública y desplazan el gasto esencial.

Cada sol destinado a bonificaciones, regímenes especiales o nombramientos masivos sin criterio de necesidad es un sol menos para seguridad ciudadana, atención primaria de salud, justicia, infraestructura básica o programas sociales. El Estado no crece en capacidad; solo crece en obligaciones. Es decir, el Congreso legisla para quienes ya están dentro de la maquinaria estatal, no para quienes dependen de ella. Y, al final, quienes pagan el costo son los ciudadanos que dependen de servicios públicos esenciales cada vez más debilitados.

A ello se suma una consecuencia macrofiscal que ya nadie puede ocultar. Las proyecciones del Consejo Fiscal advierten que, si se ejecutan las leyes aprobadas y las iniciativas en cola, el déficit fiscal aumentaría 5 puntos del PBI adicionales. Y la deuda pública podría trepar hasta 70% del PBI en una década, niveles inéditos en la historia reciente del país. Más aún si consideramos que durante dos décadas fuimos reconocidos por nuestra disciplina fiscal, resulta alarmante cómo ese patrimonio institucional se debilita a un ritmo acelerado, empujado por decisiones legislativas tomadas sin responsabilidad y sin una mirada de país. No es una predicción alarmista: es la consecuencia aritmética de comprometer gastos permanentes sin fuente de financiamiento. Una senda que países como Argentina o Ecuador conocen demasiado bien.

Reformar el artículo 79 de la Constitución no recorta derechos ni limita la representación democrática. Lo que hace es devolver sentido al diseño constitucional original: el Congreso no puede crear gastos ni obligaciones con impacto fiscal sin iniciativa del Poder Ejecutivo, ni en el presupuesto anual vigente ni en los futuros. El artículo 79 fue creado precisamente para evitar que el Legislativo comprometa recursos que no administra. Su ambigüedad permitió que el TC lo distorsionara. Reformarlo es cerrar esa zona gris.

Con la reforma:

  •  cualquier impacto fiscal debe ser promovido o autorizado por el Ejecutivo;
  •  las obligaciones laborales y beneficios tributarios no pueden aprobarse sin fuente;
  • el Congreso deberá pasar filtros de admisibilidad rigurosos;
  • el equilibrio presupuestal deja de ser un saludo a la bandera;
  •  la programación multianual vuelve a tener sentido.
Sin la reforma, continuará la deriva legislativa y el deterioro fiscal.

Por último, conviene decirlo sin rodeos: permitir que el Congreso comprometa recursos futuros para obtener réditos inmediatos es una forma de irresponsabilidad pública que bordea la inmoralidad política. No existe democracia sana sobre finanzas públicas insostenibles. No existe Estado eficaz sobre un presupuesto capturado por grupos de interés. No existe futuro cuando el presente consume más de lo que el país puede pagar.

La necesaria reforma del artículo 79 no solo repara un vacío jurídico: restaura el principio ético básico de que quienes toman decisiones deben hacerse cargo de sus consecuencias. El Perú ya ha visto el comienzo de esta película y sabe cómo termina: déficit insostenible, recortes abruptos, pérdida de credibilidad, deterioro social. Esperar más sería un acto de negligencia colectiva. El Congreso debe corregir la distorsión que él mismo ha aprovechado. El TC debe revisar una doctrina que resultó dañina. Y la ciudadanía debe exigir que el Estado deje de ser un botín y vuelva a ser un instrumento de servicio público.

Reformar el artículo 79 no resolverá todos los problemas del Estado peruano, pero sin esa reforma ningún otro intento de modernización sobrevivirá al desorden fiscal. No se trata de blindar al Ejecutivo ni de recortar facultades del Legislativo. Se trata de impedir que continúe la peligrosa ilusión de que crear obligaciones no es gastar y de que legislar sin financiamiento es inocuo. Se trata, en última instancia, de algo más simple y más profundo: devolver al Estado su capacidad de cumplir su misión.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Investidura sin ancla fiscal

Por Wens Silvestre

La investidura del gabinete Álvarez llega con la promesa de “recuperar la autoridad del Estado” y un reconocimiento explícito de la crisis de confianza. Bien; era indispensable decirlo. Pero el contexto exige más que frases: exige reglas. Porque el mismo día en que el país escucha la oferta de puentes y diálogo, el Gobierno decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, habilitando empleo de FF. AA. junto a la PNP, restricciones a reunión y desplazamiento, y una gradación de medidas que ya conocimos —con resultados pobres— bajo la gestión previa. El mensaje político es inequívoco: la autoridad se quiere afirmar desde la excepción antes que desde la gestión. 

Ahora bien, la emergencia no es en sí misma un pecado institucional. Lo problemático es con qué control y para qué. Si no hay protocolo público de uso de la fuerza, cadena de mando identificada y metas operativas (extorsión a la baja, 911 con tiempos de atención, cámaras efectivas), la medida corre el riesgo de ser un atajo para contener protesta en lugar de abatir crimen. La lectura no es paranoica: así lo advierten crónicas internacionales y locales al notar que las mismas recetas se repiten y que el objetivo real podría ser neutralizar la calle tras los hechos del 15 de octubre.

Con todo, el eje seguridad tiene espacio para políticas que sí ayudan: flagrancia afinada para extorsión, cooperación regulada con operadoras, inteligencia penitenciaria y trazabilidad financiera. Pero ese menú cabe en leyes específicas y protocolos ejecutivos; no exige un cheque en blanco de delegación legislativa por 90 días “con todas las herramientas del derecho”. En un gobierno interino y con déficit de legitimidad, las herramientas extraordinarias deben ser excepcionales, acotadas y auditables; de lo contrario, el costo reputacional supera la ganancia táctica.

Mientras tanto, la otra emergencia —la fiscal— no admite más dilación. El Consejo Fiscal documentó una oleada de 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y octubre de 2025; 101 de ellas por insistencia, con un costo anual superior a S/ 36 mil millones. Solo cinco normas aprobadas desde agosto de 2024 suman ≈S/ 22 mil millones al año (1,8% del PBI): FONCOMUN (Ley 32387), capacitaciones SUNAT para microempresas (Ley 32335), amnistía IR por rentas no declaradas (Ley 32201), homologación del CAFAE 276 (Ley 32424) y negociación colectiva descentralizada con incidencia económica (Ley 32216). El trazo grueso es brutal: sin corrección, el déficit se separa de la trayectoria del MMM y la deuda pública podría trepar hacia ≈70% del PBI en 2036, devorando espacio para salud, seguridad y agua.

Aquí conviene hablar claro de responsabilidades recientes. Bajo la presidencia parlamentaria de José Jerí, el Congreso promulgó por insistencia la Ley 32424 (homologación del CAFAE 276) el 20 de agosto de 2025, pese a observaciones de sostenibilidad; además, en septiembre de 2025 se aprobó por insistencia la Ley 32448, que elimina el requisito de opinión favorable del MEF para convenios colectivos centralizados y permite indexaciones, abriendo una compuerta de gasto rígido. Son decisiones populistas por su efecto permanente y su baja calidad de diseño; y, sí, ocurrieron ya en la actual conducción congresal. Un Ejecutivo serio que hoy pide “confianza” debería deslindar y proponer su corrección.

No es menor que el gabinete evite pronunciarse sobre Petroperú —¿habrá más rescates?— ni ancle sus anuncios a una regla PAYGO (“no gasto sin fuente”). Pedir facultades y activar emergencias sin decir cómo se financiarán operativos, tecnología, horas-policía o medicamentos es una asimetría peligrosa. Y lo mismo ocurre con REINFO: bien que el premier advierta que ampliarlo incentiva la ilegalidad; falta el paquete operativo (control de combustibles, explosivos y flujos de dinero) con fechas, responsables y coordinación fiscal-policía.

¿Qué sería, entonces, una investidura adecuada al momento? Primero, autoridad con reglas: protocolo de uso de la fuerza, cadena de mando y meta de cero fallecidos en control de multitudes; emergencia focalizada con revisión semanal del Congreso y prohibición expresa de usarla para limitar protesta pacífica; y cualquier delegación acotada (extorsión/INPE/empresas de telecomunicaciones) con cláusula de caducidad y control judicial para vigilancia. Segundo, gestión con métricas: plan de 100 días con indicadores públicos (extorsión, Central de Emergencias 911, % cámaras operativas, 100 hospitales con ≥80% de stock). Tercero, disciplina fiscal: corregir las leyes más costosas aprobadas por insistencia en 2024–2025 (empezando por CAFAE 32424 y el “efecto MEF” de 32448), y congelar exoneraciones y beneficios de baja calidad. Cuarto, neutralidad electoral: mesa ONPE–JNE–Defensoría con protocolo de seguridad electoral no militarizada.

De lo contrario, el cuadro es conocido: más excepcionalidad, menos legitimidad, más intereses y menos servicios. El discurso puede sonar conciliador; la práctica, en cambio, teje un andamiaje de emergencia y delegación sin candados y una coartada fiscal para no corregir la herencia populista —incluida la que el propio Jerí convalidó desde la presidencia del Congreso. La transición necesita gobernar con reglas, no sobre-atenderse con poderes extraordinarios; y necesita contabilidad honesta, no magia.

En suma: la investidura será creíble si el gobierno ata sus anuncios a protocolos, metas y financiamiento, y si rectifica el curso fiscal que el Consejo Fiscal ha puesto en rojo. Si no, la autoridad que dice recuperar será apenas un paraguas político para llegar a abril; y la factura —en deuda, en derechos y en confianza— la pagará el siguiente gobierno.

jueves, 14 de agosto de 2025

Nueva Ley Agraria: inversión con apellido y factura al erario

 Por: Wens Silvestre

El Congreso ha aprobado este 14 de agosto, en segunda votación, la Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, con protección social hacia la agricultura moderna. Con ello, se inaugura un nuevo capítulo en la historia de los incentivos tributarios al agro peruano, que ya acumulan más de dos décadas de vigencia. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una política de desarrollo bien enfocada o ante la reedición de un beneficio concentrado que se paga con recursos de todos?

Para empezar, el corazón de la norma es la reducción del Impuesto a la Renta al 15 % para las empresas agrarias hasta 2035, así como una escala reducida para pequeños productores. Además, se mantienen incentivos como la depreciación acelerada para obras de riego, la recuperación anticipada del IGV, la deducción especial por compras a pequeños productores y el drawback. Sobre el papel, se plantea un esquema progresivo: alivios más intensos para unidades pequeñas y medianas, y una tasa preferencial amplia para el resto del sector. El discurso oficial lo presenta como una fórmula para atraer inversiones, generar empleo formal y fomentar prácticas sostenibles.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que este paquete tributario podría costar entre S/ 1,850 y S/ 2,000 millones anuales —más de S/ 20,000 millones en la década—. La evidencia recogida en estudios oficiales muestra que menos del 0,2 % de las unidades productivas agrarias concentra la mayoría de estos beneficios, lo que significa que buena parte del gasto tributario se dirige a un puñado de empresas agroexportadoras ya consolidadas. No se trata de cuestionar a la agroexportación como motor económico, pues sería desconocer su contribución a la diversificación exportadora y a la inversión privada, sino de llamar la atención sobre la forma en que se distribuyen los recursos fiscales. Un incentivo mal focalizado termina premiando inversiones que probablemente se habrían realizado igual, lo que en economía se llama “windfall”: gasto público sin efecto adicional significativo.

De esta manera, el país enfrenta un dilema fiscal y una oportunidad perdida. Perú tiene demandas crecientes en salud, educación, seguridad ciudadana y adaptación al cambio climático, con un margen presupuestal cada vez más estrecho. Mantener por diez años un régimen tributario preferente tan amplio para un sector que ya goza de ventajas competitivas es, como mínimo, discutible desde la perspectiva de responsabilidad fiscal. La oportunidad estaba en rediseñar el beneficio para que funcione como incentivo condicional: que la tasa reducida se otorgue solo a quienes demuestren inversión nueva y comprobable, generación neta de empleo formal, encadenamientos reales con la agricultura familiar y mejoras verificables en productividad hídrica y sostenibilidad ambiental.

Además, la ley introduce disposiciones que pueden abrir la puerta a la transacción de excedentes de agua sin una regulación eficaz de la Autoridad Nacional del Agua. Ello tensiona el principio de que el recurso hídrico es patrimonio de la Nación y debe ser gestionado de forma equitativa y sostenible. Sin un marco claro, podríamos estar ante una privatización encubierta de un bien público crítico.

Por todo lo anterior, lo aprobado no está escrito en piedra: el reglamento de la ley será la última trinchera para corregir omisiones y cerrar vacíos. Allí debería incorporarse un sistema de evaluación intermedia en 2029-2030, cláusulas de caducidad y mecanismos de transparencia que permitan conocer, empresa por empresa, cuánto recibe y qué resultados genera.

En definitiva, la nueva Ley Agraria podía haber sido el vehículo para transitar de un beneficio tributario generalizado a un verdadero instrumento de desarrollo inclusivo, fiscalmente sostenible y ambientalmente responsable. En lugar de ello, corre el riesgo de convertirse en un incentivo con apellido, que asegura rentabilidad a unos pocos y deja la factura al conjunto de los contribuyentes. Si el objetivo es que el agro moderno sea también un agro justo, la discusión no termina hoy: recién empieza, y se jugará en el terreno del reglamento, la fiscalización y la capacidad del Estado de hacer que cada sol de incentivo se traduzca en productividad, empleo digno y sostenibilidad.

lunes, 21 de julio de 2025

Crédito suplementario con letras pequeñas: implicancias jurídicas y fiscales

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación, por mayoría, del dictamen en la Comisión de Presupuesto del Congreso, referido al Proyecto de Ley 11923/2024-PE, suscita profundas preocupaciones desde las perspectivas constitucional, parlamentaria y fiscal. Este dictamen no solo contiene disposiciones no contempladas en el proyecto de ley originalmente presentado por el Poder Ejecutivo, sino que además plantea serios cuestionamientos en torno a su oportunidad y al respeto de los procedimientos parlamentarios establecidos.

En primer lugar, es necesario subrayar la particularidad en los tiempos de presentación del proyecto. El Poder Ejecutivo remitió el proyecto el pasado 15 de julio, un mes después de la conclusión del periodo legislativo regular 2024-2025, que terminó el 15 de junio. Esta tardía presentación parecería orientada a lograr la aprobación exclusiva por parte de la Comisión Permanente, evitando así un debate amplio, transparente y democrático en el Pleno del Congreso, práctica que resulta altamente cuestionable desde el punto de vista institucional y democrático.

A ello se suma otro dato alarmante: el dictamen aprobado no solo conserva los 17 artículos propuestos originalmente, sino que multiplica exponencialmente el contenido normativo, incorporando 50 disposiciones complementarias finales, 7 disposiciones complementarias modificatorias y 1 disposición complementaria derogatoria, frente a las 9 disposiciones finales, 2 modificatorias y 1 derogatoria planteadas inicialmente por el Ejecutivo. Esta alteración en la densidad normativa del texto configura, sin lugar a dudas, un exceso legislativo que desborda el marco presupuestario, desnaturaliza el proyecto original y vulnera el principio de unidad de materia previsto en la Constitución.

Pero lo más grave es la forma en que se aprobó: la Comisión de Presupuesto convocó a una sesión extraordinaria el día 16 de julio —es decir, apenas un día después de recibida la propuesta del Ejecutivo— y aprobó el dictamen en mayoría con escaso o nulo debate sobre el nuevo contenido agregado. En términos técnicos, este procedimiento impide que se ejerzan adecuadamente las funciones deliberativas, de control político y de representación parlamentaria, dejando a la ciudadanía sin la posibilidad de conocer, debatir o cuestionar normas que afectan de forma directa la estructura institucional del Estado y los recursos públicos.

Además, el dictamen introduce modificaciones sustanciales a leyes existentes, entre ellas la Ley Universitaria y la Ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), alterando funciones, reglas de nombramiento y condiciones institucionales que deberían ser debatidas en comisiones especializadas y a través de proyectos independientes, no en una ley presupuestaria.

En cuanto a la Ley Universitaria, la inclusión de una disposición que reinicia el cómputo del período del Consejo Directivo y del Superintendente de la SUNEDU favorece de forma directa y específica a sus actuales integrantes, desconociendo el tiempo ya cumplido en el ejercicio de sus cargos. Esta situación podría vulnerar principios fundamentales como la no retroactividad de las normas y la estabilidad jurídica, generando incertidumbre sobre la autonomía universitaria y el adecuado gobierno del sistema educativo superior.

Respecto a la Ley ANIN, el dictamen plantea cambios fundamentales en la naturaleza institucional y operacional de esta entidad. Se eliminan criterios objetivos para la selección e inclusión de proyectos estratégicos de infraestructura, así como requisitos claros en la designación y permanencia del jefe institucional. Estas modificaciones implican una clara expansión de la discrecionalidad política y administrativa, poniendo en riesgo la transparencia, la eficiencia y la autonomía técnica de la ANIN, con serias consecuencias en la planificación y ejecución eficiente de la infraestructura pública nacional.

Desde la perspectiva fiscal, resulta alarmante que se introduzcan compromisos permanentes de gasto —como incrementos salariales o beneficios laborales— sin un análisis riguroso de sostenibilidad fiscal. En un contexto de debilidad económica y recaudación limitada, esta práctica evidencia la continuidad de una política fiscal improvisada y populista que compromete seriamente la estabilidad macroeconómica del país.

En definitiva, la aprobación de este dictamen refleja una preocupante combinación de irresponsabilidad fiscal, vulneración de principios constitucionales y una deficiente técnica legislativa. Corresponde al Congreso -y en particular a los integrantes de la Comisión Permanente- actuar con responsabilidad y rectificar estas decisiones, garantizando que todas las iniciativas presupuestarias sean debatidas de manera abierta, transparente y con la profundidad técnica que el país exige.

lunes, 26 de mayo de 2025

El populismo previsional amenaza el futuro del país

Por Wens Silvestre

A pesar de que en septiembre de 2024 se aprobó la Ley 32123, que prohíbe nuevos retiros de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y establece una reforma integral del sistema previsional, el Congreso de la República ha optado nuevamente por ignorar la evidencia técnica y ceder a la presión populista. Al 26 de mayo de 2025, ya se han presentado 25 proyectos de ley que buscan permitir un octavo retiro de fondos previsionales, siendo 16 de ellos idénticos en el pedido: autorizar el retiro de hasta 4 UIT (S/21.400) de las cuentas administradas por las AFP.

Uno de los más recientes incluso propone que ese retiro se efectúe en tiempo récord -en apenas 30 días- y amplía el alcance al retiro total del 100% de fondos para personas diagnosticadas con enfermedades graves o condiciones patológicas avanzadas.

En un país con baja cultura previsional y alta informalidad laboral, seguir debilitando el sistema de pensiones no es solo irresponsable: es una amenaza directa al bienestar de millones de peruanos que necesitarán ingresos en la vejez. La justificación política -acceder a recursos inmediatos para aliviar situaciones personales- es comprensible, pero el costo estructural de estas decisiones es gigantesco y, peor aún, nadie lo está calculando seriamente.

Las propuestas actuales carecen de estudios actuariales, análisis costo-beneficio, y ni siquiera proyectan el impacto fiscal de mediano plazo. Se trata de decisiones improvisadas, hechas al calor del oportunismo político, con fines de popularidad y reelección encubierta.

El daño ya está hecho... y empeora, basta con observar el desempeño de la cartera administrada por las AFP para dimensionar el deterioro. Un reciente informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) muestra que entre 1999 y 2019, el fondo de pensiones creció sostenidamente, alcanzando cerca de S/ 130 mil millones, lo que representaba aproximadamente el 23% del Producto Bruto Interno (PBI). Era una cifra saludable que reflejaba el rol clave de las AFP como inversionistas institucionales, canalizando recursos hacia infraestructura, bonos soberanos, empresas, y otros activos productivos. Sin embargo, tras los múltiples retiros extraordinarios aprobados por el Congreso entre 2020 y 2023, la situación cambió radicalmente. Al cierre de marzo de 2025, la cartera cayó a menos de S/ 107.6 mil millones, representando apenas 9,9% del PBI. Esta es una pérdida de más de la mitad en su participación en la economía nacional en solo seis años. Más allá de los números, esto implica que el Perú ha dejado de tener un motor importante de inversión interna, de estabilización financiera y, sobre todo, de garantía de ingresos para sus adultos mayores. 

La función del sistema previsional es clara: proporcionar una pensión digna a quienes dejan de trabajar. Transformarlo en una cuenta de ahorros para uso libre y sin restricciones lo desnaturaliza completamente. ¿Qué ocurrirá con los millones de afiliados que ya han retirado gran parte o la totalidad de sus fondos? ¿Qué pensión recibirán en 10, 15 o 20 años? ¿Quién asumirá esa carga? La respuesta es clara: el Estado. Es decir, usted, yo, todos los contribuyentes.

La Ley 32123 fue un intento serio, aunque perfectible, de modernizar el sistema. Estableció un esquema multipilar, con aportes obligatorios, componentes solidarios y mecanismos innovadores como la pensión por consumo. También prohibió nuevos retiros no previsionales, precisamente para evitar el colapso del sistema. Sin embargo, esta ley ha sido saboteada políticamente antes de consolidarse, y lo más grave es que no hay consecuencias políticas por este saboteo institucional.

Es urgente recuperar la sensatez. La ciudadanía necesita saber que el sistema previsional no puede sobrevivir si cada año el Congreso decide desmantelarlo un poco más. Si de verdad se quiere ayudar a las personas en situaciones de emergencia, existen otras vías más técnicas y focalizadas: autopréstamos previsionales con devolución, fondos solidarios por enfermedad grave, o incluso programas de asistencia directa desde el Tesoro Público. Seguir utilizando los fondos previsionales como un paliativo social solo agrava el problema estructural y profundiza la precariedad del sistema.

Este artículo no es una defensa de las AFP ni del statu quo. El sistema debe mejorar, ser más transparente, más competitivo, y ofrecer mejores pensiones. Pero la solución no es vaciar las cuentas. La solución es construir, no destruir. Hoy más que nunca, el país necesita decisiones basadas en evidencia y no en encuestas. Necesita legisladores que piensen en el largo plazo, y no en la próxima elección. Necesita ciudadanía que entienda que la vejez también requiere planificación y esfuerzo, no solo promesas. Porque destruir un sistema de pensiones puede tomar una ley. Pero reconstruir la confianza y la sostenibilidad puede tomar una generación entera.

lunes, 5 de mayo de 2025

Desgobierno y cinismo: la república que se desangra en silencio

Por Wens Silvestre

Nuestro país atraviesa un momento crítico. No es una crisis más en la larga sucesión de inestabilidades que nos han marcado como país. Es una fractura profunda, un desgobierno estructural, una violencia que se ha vuelto sistemática, normalizada, aceptada por omisión. Una nación que se desangra en silencio mientras los políticos -los del Ejecutivo y una mayoría del Congreso- observan desde su burbuja de privilegios, más preocupados por blindar su poder que por defender la vida, la justicia o la esperanza de los peruanos.

La muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz no es una anécdota. Es el síntoma más desgarrador de un Estado que ha cedido su autoridad a las mafias. Secuestrados, asesinados, enterrados en el silencio oficial. El premier Gustavo Adrianzén, lejos de liderar una respuesta decidida, deslizó inicialmente que “no tenía noticia de que el suceso fuera veraz”. ¿Qué mayor prueba de la bancarrota de nuestro sistema de inteligencia? ¿Cómo puede un jefe de gabinete que ignora una masacre nacional seguir en su cargo?

Y mientras tanto, el crimen organizado se fortalece. Las bandas vinculadas a la minería ilegal controlan territorios, financian sicariato, corrompen autoridades locales y extienden sus redes con absoluta impunidad. El REINFO -un registro creado para formalizar la pequeña minería- se ha convertido en una herramienta para el blanqueo de actividades ilícitas. Una mayoría del Parlamento, lejos de enmendar este desastre, aprobaron en diciembre de 2024 una nueva ampliación del proceso, cediendo una vez más al chantaje de los intereses ilegales disfrazados de “formalización”.

Desde marzo, el gobierno de Dina Boluarte ha acumulado una cadena de escándalos, mentiras y fracasos. El premier Adrianzén mintió descaradamente al Congreso al afirmar que Petroperú se encontraba en vías de recuperación, cuando ya se conocían -aunque no públicamente- las pérdidas por más de US$111 millones en el primer trimestre de 2025. ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Qué valor tiene la palabra de un funcionario que falsea cifras frente al Parlamento?

Tampoco es menor la propuesta de obligar a los medios a transmitir propaganda oficial durante estados de emergencia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sugirió modificar la Ley de Radio y Televisión para que los canales cumplan con “una franja informativa” del Ejecutivo. ¿Esto en un país donde la libertad de prensa ha sido clave para destapar escándalos de corrupción e ineficiencia? Esta pretensión es, sin duda, un atentado contra la democracia liberal.

 El Congreso: un reflejo deformado de la ciudadanía

Por su parte, el Parlamento no es menos culpable. Con 2% de aprobación, ha alcanzado mínimos históricos, y no por azar. La desconexión con la ciudadanía es total. Los discursos incendiarios, las alianzas hipócritas con el gobierno, el encubrimiento sistemático de ministros incompetentes o cuestionados, revelan una institución vaciada de propósito. No representan a nadie más que a sí mismos.

Mientras tanto, el país sangra. La inseguridad ha llegado a niveles nunca antes vistos. Extorsiones, homicidios, toques de queda, zonas enteras controladas por mafias. En vez de presentar reformas estructurales, los poderes del Estado responden con medidas efectistas, declaraciones vacías y una inercia que ofende.

El pueblo, cansado, observa. Marcha. Grita. Pide cambios. Pero nadie escucha. Los gobernantes han optado por la indiferencia, una forma de violencia simbólica que es aún más dolorosa: la de saberse ignorado por quienes juraron defender la patria. Este desgobierno es más que una mala gestión. Es la negación del contrato social. Es el triunfo del cinismo sobre la ética. Es la política reducida al cálculo de la supervivencia en el poder.

Una salida

Desde una perspectiva republicana, el país necesita recuperar el Estado. No uno burocrático e ineficiente, sino uno meritocrático, transparente, con límites al poder y con capacidad de proteger derechos y vidas. Se requiere una reforma política profunda, que elimine el caudillismo y la informalidad partidaria; una reforma del Estado, que recupere la eficiencia sin ceder a la captura corporativa; y un nuevo pacto social, que devuelva a la ciudadanía su voz.

Hoy el Perú no se descompone por falta de leyes, sino por la ausencia de virtudes cívicas. No es la pobreza lo que nos destruye, sino el oportunismo, la cobardía y la mentira institucionalizada.

Censurar al premier es solo un primer paso. Lo que se necesita es un verdadero acto de reparación: rescatar la política del fango en el que ha sido arrojada y devolverla a su noble propósito de servir al bien común. Porque si no se actúa ahora, el Perú no será solo un país fallido: será una promesa traicionada.

 

domingo, 5 de mayo de 2024

Riesgos de la delegación de facultades legislativas: ¿Un camino hacia la reforma o la perpetuación de problemas?

Por: Wens Silvestre 

En los últimos años, el sistema político peruano ha sido testigo de una serie de movimientos legislativos que han generado tanto debate como preocupación entre los expertos en política económica y gestión pública. El más reciente de estos episodios tuvo lugar el 3 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley 7752/2023-PE, denominado "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional". 

Este proyecto marca el cuarto pedido de facultades para legislar realizado por el actual régimen en casi tres años de gobierno. Con una propuesta de ley que abarca áreas tan diversas como la economía, la seguridad y la defensa nacional, surge la pregunta inevitable: ¿estamos frente a un enfoque integral para abordar los desafíos del país o simplemente a una repetición de patrones que no han dado los resultados esperados?

Al analizar los antecedentes de los proyectos de ley anteriores, como el proyecto 583/2021-PE y el proyecto 3941/2022-PE, podemos identificar una tendencia preocupante. Si bien cada uno de estos proyectos se centraba en áreas específicas, como la reactivación económica y la modernización del Estado, su aprobación no ha necesariamente conducido a los resultados deseados. Más bien, han surgido preocupaciones en torno al cumplimiento de reglas macrofiscales y la efectividad de las políticas implementadas.

El último proyecto de ley, el 7752/2023-PE, presenta riesgos adicionales. En particular, la propuesta de establecer un nuevo proceso de reducción gradual del déficit fiscal y la deuda pública plantea interrogantes sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias a largo plazo. Además, la autorización para abordar el proceso de formalización minera integral, si bien es loable en teoría, suscita dudas sobre su capacidad para resolver los problemas arraigados en este sector que no ha logrado resultados positivos en los veinte años de más bien simulación de formalización minera.

La falta de claridad en los objetivos y la ruta a seguir por parte del Poder Ejecutivo es evidente. La repetición de pedidos de facultades para legislar sobre temas similares sin una evaluación exhaustiva de los resultados anteriores sugiere una falta de dirección estratégica y una posible desconexión con las necesidades reales del país.

Además, la falta de seguimiento adecuado por parte del Congreso a los decretos legislativos emitidos en cumplimiento de las leyes autoritativas otorgadas al Poder Ejecutivo refleja una renuncia a su función principal de legislar en beneficio del país. En lugar de realizar un análisis riguroso y objetivo de cada propuesta, el Congreso parece haber optado por delegar su responsabilidad legislativa al Poder Ejecutivo.

En este contexto, es fundamental que el Congreso asuma su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo y realice una evaluación objetiva de este y futuros pedidos de facultades para legislar. La reforma integral del Estado requiere un enfoque colaborativo y transparente, donde se aborden los problemas estructurales de manera efectiva y sostenible.

En resumen, los desafíos y riesgos asociados con la delegación de facultades legislativas en el Perú son evidentes. Si bien existe la necesidad de abordar urgentemente problemas como la reactivación económica y la seguridad ciudadana, es fundamental que cualquier propuesta legislativa se base en un análisis riguroso y en un compromiso real con el cambio. Los parches ya no son suficientes para resolver los problemas estructurales del país; es hora de adoptar un enfoque integral y orientado al futuro.

jueves, 10 de mayo de 2018

Parlamento unicameral o bicameral


Por: Wens Silvestre

A propósito de una pregunta en la materia de Derecho Parlamentario, relacionado al sistema parlamentario –monocameralismo o bicameralismo- y la organización que requiere para funcionar, y si éste tiene correlación o influyen en el buen cumplimiento o en la eficacia de la función parlamentaria. Al respecto, expongo resumidamente un punto de vista.

Antes de responder directamente a la interrogante planteada, a manera de referencia debo señalar unos datos interesantes obtenidos de un estudio realizado por Latinobarómetro[1] (2015). Las cifras estadísticas a nivel de Latinoamérica, en relación a la representación parlamentaria señala que solo el 23% de la población se siente representado por su Congreso, en tanto, el 70% consideró que no se encontraba representado. Lo interesante es que los países que estaban igual o por debajo del promedio señalado era independientemente de si se refería a un sistema parlamentario unicameral: Perú (8%), Costa Rica (17%) y Ecuador (23%) o Bicameral: Paraguay (14%), México (17%), Chile (19%) y Colombia (22%). Pero, también es necesario hacer notar que el parlamento que mejor representa a sus ciudadanos es Uruguay (bicameral) con 45%, seguido de Nicaragua (unicameral) con 36%.

Con dichas cifras podríamos inferir que en realidad no es tan relevante si un parlamento es unicameral o bicameral, sino importa cuánto representado se siente el ciudadano para sentir que pueden aprobar la labor del Congreso.

El Congreso, independientemente del sistema parlamentario (unicameral o bicameral) requiere una organización capaz de responder con eficacia en la materialización de sus funciones parlamentarias clásicas (legislativa, control político y de representación) y las otras funciones que viene asumiendo, para responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. En ese contexto, una organización parlamentaria que coadyuve a fortalecer las labores legislativas, de representación política o de control parlamentario, requiere de unidades orgánicas que faciliten dichas funciones, previa identificación de los macroprocesos, procesos, actividades, etc., y a partir de dicha identificación se plantearía el diseño de una organización y funcionamiento apropiado para el Parlamento en atención a las necesidades y expectativas de la población y en el marco de la Constitución y las leyes.

Por ejemplo, en la función legislativa, se requiere mejorar la técnica legislativa dándole énfasis en la calidad de ley y su evaluación posterior con la finalidad de aprobar solo las leyes necesarias, y evitar fabricar leyes innecesarias o de nulo impacto a favor de la sociedad. Esto coadyuvaría a legitimar, al ser consultados previamente, dado que identificarán la importancia de dicha norma en el desarrollo económico o social, además de contribuir en fortalecer la gobernabilidad y la democracia.  Estas herramientas podrían ayudar a mejorar la eficacia y legitimidad del Parlamento.

Por otro lado, en cuanto al control parlamentario, como lo plantean en el documento del módulo, un viraje hacia la evaluación de políticas públicas, de la ejecución presupuestal, de la calidad del gasto público y del rol de reglamentar las leyes, coadyuvaría a que el control parlamentario no se perciba solo como un proceso sancionador, obstruccionista y de escasa utilidad, sino como un rol proactivo que permita mejorar las políticas públicas, la calidad de los gastos públicos, entre otros.

Finalmente, en relación a la función de representación, es necesario un mayor involucramiento de la ciudadanía en el rol del Parlamento. Ello implica el diseño de mecanismos efectivos de participación ciudadana, mejora de los procesos de rendición de cuentas de la labor parlamentaria y mayor transparencia de todos los procesos y actividades parlamentarias, aprovechando las tecnologías de información que día a día son más accesibles a la ciudadanía a través de aplicativos de los teléfonos inteligentes y otros medios masivos.



[1] Latinobarómetro –Informe 2005-2015. Disponible en: http://gobernanza.udg.mx/sites/default/files/INFORME_LB_2015.pdf visto 06/04/2018

jueves, 12 de enero de 2017

Decretos Legislativos expedidos al amparo de la Ley Autoritativa 30506


A propósito de la presentación del señor Fernando Zavala, Primer Ministro y algunos ministros que lo acompañan en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para exponer y sustentar sobre los decretos legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506, mediante el cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Cumplido los noventa (90) días, el Poder ejecutivo emitió un total de 112 decretos legislativos. Elaboré un resumen de cada uno de ellos y la puedes visualizar haciendo clic en el siguiente enlace:

Relación de Decretos Legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506


miércoles, 7 de septiembre de 2016

Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 en debate

El Gobierno Central concentrará el 74,1% del presupuesto, los Gobiernos Regionales administrará el 15.3%y los Gobiernos Locales sólo recibirán el 10.6%
Por: Wens Silvestre
        
El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, remitido al Congreso de la República para su debate, asciende a la suma de 142,471.52 millones de soles, un ligero incremento del 2,9% respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2016, ascendente a 138,490.59 millones de soles, y tasa inferior al crecimiento del PIA  2016 respecto al 2015, que tuvo un incremento de 6,0%.

 La característica fundamental en este presupuesto público es mantener la tendencia a una alta concentración de los recursos administrados por las entidades del Gobierno Nacional, quienes administrarán el 74.1% del presupuesto público, en tanto, los Gobiernos Regionales se encargarán del 15.3% y los Gobiernos Locales administrarán sólo el 10.6%, es decir, es notorio un proceso de consolidación sistemática de concentración de recursos a nivel de Gobierno Central en los últimos 15 años que no se condice con el proceso de descentralización progresiva que la Constitución ordena.

Es necesario que el Poder Ejecutivo evalúe la distribución de los recursos públicos a favor de los gobiernos subnacionales, considerando que el mantenimiento de una política presupuestaria centralista con alta concentración de recursos administrados por las instancias nacionales durante el 2017, continuará debilitando el proceso de descentralización que exige una equitativa distribución de los recursos presupuestales a favor de los Gobiernos Regionales y Locales.

En términos comparativos los pliegos que conforman el Gobierno Nacional, administrarán 1.2% más que el presente año, en tanto, los Gobiernos Locales, administraran 1.9% más que 2016 y los Gobierno Regionales, crecerán en 12.7% durante el ejercicio 2017. Cabe indicar que el proyecto de presupuesto considera 1,002.28 millones de soles para el financiamiento de continuidad de proyectos de inversión pública, principalmente para los gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y DÉFICIT FISCAL CONTINUARÁN DURANTE EL 2017

Una característica fundamental del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 es conservar un alto índice de endeudamiento público (Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito) que durante el 2015 financiaba el 5.2% del presupuesto público; el 2016 subió significativamente a 16.4% y, finalmente, para el 2017 se reducirá ligeramente financiando el 13.8% de los gastos públicos. Bajo este escenario, el financiamiento del presupuesto, incluido los recursos destinados a proyectos de inversión pública continuará dependiendo sustancialmente de endeudamiento público. En términos nominales la fuente de endeudamiento durante el 2015 ascendió a 6,795.25 millones de soles; para el 2016 esta cifra creció a 22,666.55 millones de soles (un incremento de 233.56%), en tanto, durante el 2017 llegará a 19,693.4 millones de soles (ligero descenso de 13,1% respecto al presente año). El saldo de la deuda pública ha ido creciendo desde el 19,1% del PBI (2014) a 26.0% (2017), un pasivo que pagarán las futuras generaciones. Es necesario indicar que el saldo de la deuda pública se ha ido incrementado en el último quinquenio pasando de 103,85 mil millones de nuevos soles (2011) a 168,6 mil millones de nuevos soles (2016).





El déficit fiscal 2016 se estima en 3,0% del PBI, por encima de lo proyectado, en tanto, para el 2017 crecerá hasta el 2.5% del PBI observado (2,2% del PBI potencial); una política fiscal moderadamente expansiva  con endeudamiento.

La deuda pública tenderá al alza con respecto a los años anteriores, debido a un menor resultado económico. Sin embargo, se espera una consolidación fiscal gradual a partir del 2019, como consecuencia del crecimiento económico que traerá consigo una mayor recaudación fiscal, así se espera que el saldo de la deuda pública no supere el límite de 30% del PBI.


GASTO CORRIENTE CRECE MÁS QUE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Los recursos destinados a la adquisición de activos no financieros (inversión pública) durante el 2017 crecerá en 4.9% con respecto al 2016, pasando de 32,627 millones de soles a 34,232 millones de soles, representando el 24% del presupuesto público. Sin embargo, continúa llamando la atención el incremento de gasto corriente en 8.1% que pasará de 74,946 millones de soles a 80,997 millones de soles. Asimismo, la reserva de contingencia disminuirá en 55.1%, pasando de 8,298 millones de soles (2016) a 3,724 millones de soles (2017). Finalmente, los gastos financieros crecerá en 6.4%.

INVERSIONES PÚBLICAS MÁS IMPORTANTES

Los gastos de capital se estiman en S/. 34,232 millones que representan el 24% del presupuesto, orientado principalmente al financiamiento de proyectos de inversión pública, así como a la elaboración de estudios de perfiles y factibilidad. Dicho monto incluye las transferencias financieras de diversos sectores para la ejecución de los proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital destinados al desarrollo de las acciones a cargo del Estado.

Las entidades del Gobierno Nacional administrarán S/. 25,660 millones, en tanto, los Gobiernos Regionales S/. 3 958 millones y los Gobiernos Locales S/. 4,614 millones.

El grueso de las inversiones públicas se concentrará en sectores de vivienda (4,565 millones de soles) destinados a transferencias para la dotación de infraestructura del sector saneamiento (agua y desagüe), Bono Familiar Habitacional y Mejoramiento Integral de Barrios. Además, incluye 1,000 millones de soles a favor de los Gobierno Locales a través del programa Mejora de la Gestión Municipal; 300 millones de soles para la ejecución de infraestructura de riego en el marco del Fondo Mi Riego; 150 millones para FONIPREL, entre otros recursos destinado a proyectos de inversión.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PÚBLICO POR FUNCIÓN

En cuanto a la asignación de recursos por función, se está destinando a Educación el 18.4% del presupuesto total, superior en 0.5% respecto del presente año, asignándole 26,181 millones de soles; Salud con 9.7%, similar al registrado el 2016, alcanzando la suma de 13,775.7  millones de nuevos soles; Transporte 9.9%, ligeramente superior en 0.6%, respecto a 2016, ascendiendo a 14,083 millones de soles; Orden Público y Seguridad 6.6%, con la suma de 9,361.0 millones de soles; Protección Social 4.1%, equivalente a 5,780.4 millones de soles; Defensa y Seguridad Nacional 3.4%, equivalente a 4,885 millones de soles; el resto de funciones (Saneamiento, Justicia, Agropecuaria, entre otras, 47.9%).

miércoles, 2 de marzo de 2016

Déficit fiscal en debate

Por: Wens Silvestre


El  Poder  Ejecutivo  remitió al  Congreso de  la  República  una iniciativa legislativa que pretende establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector Público No Financiero para los años fiscales siguientes al 2016.


Al respecto, recordemos que a finales del año 2013 se modificó la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, siendo su nueva denominación Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Ley N° 30099, vigente a partir de enero 2015), esta norma establece los lineamientos para asegurar una administración prudente, responsable, transparente y predecible de las finanzas públicas, con la finalidad de mantener el crecimiento económico del país. Asimismo, decreta que el Estado debe asegurar permanentemente la sostenibilidad fiscal, otorgar predictibilidad al financiamiento del gasto público, desvinculándolo del componente más volátil de los ingresos públicos, y gestionar de manera adecuada los riesgos fiscales de corto y largo plazo. Por otro lado, la primera disposición complementaria de la citada ley, establecía que para el año 2015 y lo que restaba de la presente administración en el año 2016, la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector Público No Financiero (SPNF) se fijó en un déficit del 1,0% del PBI potencial. Sin embargo, este techo de déficit fiscal, fue modificado por dos decretos de urgencia, a raíz de los efectos negativos de un entorno externo desfavorable para la economía, sumado a una reducción de la inversión pública de los gobiernos regionales y locales, una reducción de la inversión privada, mayores gastos fiscales y menores ingresos tributarios de los esperados; en esa perspectiva, consideró un déficit fiscal estructural estimado en 2,5% (2015) y 3,0% (2016).

El Decreto de Urgencia N° 003-2015, estableció que el Poder Ejecutivo remitiría al Congreso de la República un proyecto de ley para fijar la guía ex ante del resultado fiscal para los años fiscales siguientes al 2016, la cual debe considerar una reducción anual no menor a 0,5% del PBI, hasta llegar a la guía ex ante del resultado fiscal estructural del SPNF establecida en la Ley N° 30099, es decir, 1%. Así, el Poder Ejecutivo, cumplió con remitir dicha propuesta la semana pasada, y propone que el déficit fiscal para el año fiscal 2017 no podrá ser mayor a un déficit del 1,5% del PBI (potencial) y de 1,0% para el 2018. El debate y aprobación de dicha iniciativa debe darse en el transcurso del mes de marzo, considerando que ya se iniciará las actividades del cronograma de elaboración del proyecto de presupuesto del año fiscal 2017, que necesariamente debe tener claro las fuentes de financiamiento y el techo de déficit fiscal.

El tratamiento de esta iniciativa es importante en vista que estos topes servirán como base para la Declaración de Política Macro Fiscal, y de no aprobarse, se aplicaría una guía ex ante con un déficit fiscal estructural de 1,0% del PBI potencial para el año 2017, lo que implicaría una reducción en los Gastos de Gobierno en aproximadamente 3,800 millones de soles, como se expone en la exposición de dicha propuesta. Esta reducción de Gasto no Financiero del Gobierno General, implicaría una caída real de 2,3% respecto del 2016, afectando al crecimiento estimado del PBI para el 2017 de [4,2% - 4,5%] a [3,7%- 4,0%].

En resumen, el debate se centrará en la consideración si el déficit propuesto por el Poder Ejecutivo, es o no razonable para los miembros de las diversas bancadas, considerando que estamos ad portas de un proceso electoral y las diversas propuestas planteados por los candidatos presidenciales implicará un crecimiento de los gastos de gobierno, lo que erogará un mayor presupuesto público e implicará un mayor endeudamiento, en vista de la reducción de la recaudación en el Impuesto a la Renta, debido a los resultados económicos pocos alentadores de las empresas para el presente año y la lenta recuperación en los siguientes periodos. En ese sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo, es optimista y es probable que el límite del déficit fiscal para el año 2017, debería tender alrededor del 2,0% (cifra cercana a la considerada en el MMM 2016-2018 revisado) y no al 1,5% como lo propone.

© 2015 Wens Silvestre. Todos los derechos reservados