La nueva agenda económica: entre la disciplina fiscal y el desafío de crecer

Por Wens Silvestre

Los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.

La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.

También es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años, el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados, infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará movilidad social.

El problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.

Uno de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales. Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 % del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en evaluación.

Aunque las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda verificable de convergencia fiscal.

En ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.

Petroperú constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.

Cuba descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.

El aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 % puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o trasladarse hacia la informalidad.

La gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado. La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.

Algo similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y transparencia.

Más relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería formar parte de una estrategia más amplia.

En esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.

La meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza, pero importa tanto su cantidad como su calidad.

La prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas, infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya disminuido antes de que ocurra la emergencia.

El contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales, laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus propuestas y construir acuerdos más duraderos.

Los anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica sirva para postergar las reformas.

La verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables, recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.

La trampa de la IA: más productividad, menos aprendizaje

Por Wens Silvestre

La gran seducción de la inteligencia artificial en el mundo profesional no es filosófica, sino contable: promete hacer más en menos tiempo. Y, en efecto, los estudios más recientes muestran que esa promesa no es humo. En desarrollo de software, un artículo de Management Science publicado en febrero de 2026 halló un aumento agregado de 26.08% en tareas completadas entre desarrolladores que usaron IA generativa; a nivel agregado, otro trabajo de 2026 encontró que una mayor exposición a IA puede elevar el output y, en ciertos contextos, incluso el empleo cuando la herramienta funciona como complemento del trabajo humano. La productividad, por tanto, no es una fantasía tecnoutópica: está ocurriendo. El problema es otro. Estamos empezando a medir muy bien lo que la IA acelera y muy mal lo que puede debilitar. 

Ese es, a mi juicio, el punto decisivo. Una sociedad puede aumentar su rendimiento visible mientras empobrece el proceso invisible que forma criterio, pericia y autonomía profesional. La pregunta verdaderamente incómoda ya no es si la IA “ayuda”, porque ayuda; la pregunta es qué tipo de profesional produce esa ayuda. La evidencia de 2026 sobre desarrollo cognitivo sugiere que la IA puede fortalecer la competencia profesional cuando actúa como una herramienta de contraste, reflexión y reorganización mental. En un experimento con 371 profesionales, Min Jae Park mostró que los mejores resultados aparecen cuando los usuarios adoptan estrategias de “acomodación”, es decir, cuando no usan la IA solo para confirmar hábitos previos, sino para reestructurar sus modelos de trabajo. Algo parecido encontró Gang Zhou en un estudio longitudinal con 558 docentes universitarios: la adopción de IA generativa se asoció positivamente con la competencia profesional, y ese efecto estuvo mediado por el aprendizaje autorregulado. Dicho de forma simple: la IA puede desarrollar, pero solo cuando obliga a seguir pensando.

El problema comienza cuando las organizaciones confunden apoyo cognitivo con sustitución cognitiva. Ahí aparece lo que Michael Caosun y Sinan Aral llaman la “augmentation trap”: la empresa adopta IA porque obtiene ganancias inmediatas de productividad, pero en el largo plazo erosiona la habilidad que hacía posible un buen uso de esa misma productividad. El resultado puede ser paradójico: más eficiencia hoy, menos pericia mañana. No se trata de una advertencia romántica contra la tecnología, sino de una observación estructural sobre incentivos. A una firma le conviene capturar el beneficio rápido; al profesional, en cambio, le puede costar años reconstruir una habilidad que dejó de ejercitar. La IA, usada como primer cerebro en vez de segundo interlocutor, no expande la inteligencia profesional: la externaliza.

Por eso el costo oculto de la IA no debe medirse solo en despidos visibles, sino también en aprendizajes que ya no ocurren. Leland Crane y Paul Soto (2026) encontraron evidencia robusta de que el crecimiento del empleo en ocupaciones intensivas en programación ha sido aproximadamente 3% menor desde la introducción de ChatGPT, una vez controlados los shocks sectoriales. No es el apocalipsis laboral, pero tampoco es una anécdota. La señal es clara: una ocupación puede volverse más productiva sin volverse más absorbente para el empleo. La economía gana velocidad; la escalera de entrada se estrecha.

Y esa estrechez golpea primero donde más importa para el futuro: en los profesionales jóvenes. El working paper sueco Same Storm, Different Boats mostró que, dentro de los mismos empleadores, el empleo de personas de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a IA cayó 5.5% hacia inicios de 2025, mientras el de trabajadores mayores de 50 años subió 1.3%. En paralelo, otro preprint de 2026 encontró que el riesgo de desempleo en ocupaciones expuestas a IA venía aumentando desde inicios de 2022 y que las cohortes graduadas desde 2021 ingresaban con menor frecuencia a empleos intensivos en esas tareas. El desplazamiento, entonces, no siempre adopta la forma dramática del reemplazo masivo. A veces llega como algo más silencioso y quizá más grave: menos espacios para aprender haciendo, menos tareas “menores” que en realidad eran la cantera del criterio futuro.

Aquí aparece la gran falacia de nuestra época: creer que toda tarea automatizada es una tarea sobrante. No lo es. Muchas tareas aparentemente rutinarias eran, en realidad, etapas formativas. Redactar un primer informe imperfecto, revisar datos a mano, comparar fuentes, corregir errores, sintetizar sin ayuda: todo eso no solo producía un resultado; también formaba una mente profesional. Cuando la IA elimina de golpe esas fricciones, no solo ahorra tiempo: puede recortar el entrenamiento que transformaba a un principiante en experto. Lo que se pierde no es únicamente empleo; se pierde trayectoria. Y una economía que destruye sus trayectorias de aprendizaje puede descubrir demasiado tarde que la eficiencia inmediata era una forma elegante de descapitalización intelectual.

Esto no obliga a rechazar la IA, pero sí a discutir con seriedad cómo se integra. La evidencia reciente sugiere que el impacto laboral depende de si la IA complementa o sustituye. Johnston y Makridis muestran que la exposición a IA eleva output y empleo cuando la tecnología requiere colaboración humana; esa expansión no aparece del mismo modo cuando la IA opera con mayor autonomía. Incluso el modelo de Wang y Wong, más abstracto, ilustra bien el dilema: bajo ciertos supuestos, la IA puede triplicar la productividad de los trabajadores expuestos y aun así asociarse con una pérdida de empleo de 23% en el largo plazo. No es una profecía cerrada, pero sí una advertencia seria: la productividad no garantiza inclusión, del mismo modo que la velocidad no garantiza desarrollo.

La discusión pública, entonces, necesita madurar. El verdadero riesgo no es que la IA nos quite de inmediato todo el trabajo, sino que nos acostumbre a una cultura profesional donde producir más importe más que comprender mejor. Y cuando eso ocurre, el deterioro del empleo y el deterioro de la cognición dejan de ser problemas separados: se vuelven dos caras del mismo proceso. Se contrata menos para aprender porque se supone que la máquina ya sabe; y se piensa menos para decidir porque se supone que la máquina ya respondió. El resultado es una profesionalidad cada vez más rápida, pero también más dependiente.

Si de verdad queremos una integración inteligente de la IA, hay que defender algo que hoy parece casi subversivo: el derecho a la fricción cognitiva. Hacen falta espacios de trabajo donde el profesional formule primero, contraste después y use la IA al final como interlocutora crítica, no como sustituta del juicio. Hacen falta también instituciones que protejan roles junior, porque sin ellos no hay relevo de expertise, solo consumo acelerado de conocimiento heredado. Una sociedad puede celebrar máquinas que escriben, programan, diagnostican y resumen en segundos. Pero, si en ese entusiasmo renuncia a formar personas capaces de entender, corregir y disputar lo que esas máquinas producen, habrá ganado eficiencia al precio más alto: perder la inteligencia profesional que pretendía potenciar.

Referencias

Caosun, M., & Aral, S. (2026). The augmentation trap: AI productivity and the cost of cognitive offloading [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2604.03501

Crane, L. D., & Soto, P. E. (2026, March 20). AI and coder employment: Compiling the evidence [Working paper]. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., & Salz, T. (2026). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. Management Science. Advance online publication. doi:10.1287/mnsc.2025.00535

Frank, M. R., Javadian Sabet, A., Simon, L., Bana, S. H., & Yu, R. (2026). AI-exposed jobs deteriorated before ChatGPT [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2601.02554

Johnston, A., & Makridis, C. A. (2026). AI, output, and employment (CESifo Working Paper No. 12579). CESifo.

Lodefalk, M., Löthman, L., Koch, M., & Engberg, E. (2026). Same storm, different boats: Generative AI and the age gradient in hiring (Ratio Working Paper No. 388). Ratio Working Paper Series.

Park, M. J. (2026). AI as a cognitive collaborator: Assimilation and accommodation in human–machine teaming for innovation. Journal of Innovation & Knowledge, 12, 100892. doi:10.1016/j.jik.2025.100892

Wang, P., & Wong, T.-N. (2026). Artificial intelligence and technological unemployment. Journal of Monetary Economics, 158, 103905. doi:10.1016/j.jmoneco.2026.103905

Zhou, G., Yang, Q., & Chen, X. (2026). Longitudinal associations between generative artificial intelligence adoption and university PE teachers’ professional competence. Frontiers in Psychology, 17, 1775028. doi:10.3389/fpsyg.2026.1775028

Innovar o estancarse: lecciones del Nobel 2025

Por: Wens Silvestre

El Nobel de Economía 2025 honra una verdad incómoda y urgente: el crecimiento sostenido no es la inercia del mercado, sino el resultado de crear ideas útiles (Mokyr) y permitir que las mejores desplacen a las viejas (Aghion y Howitt). Sin cultura científica ni competencia que seleccione, la economía se apaga. Esa brújula es especialmente pertinente para el Perú -y en general para economías emergentes- que aspiran a crecer por productividad y no solo por viento externo.

Para empezar, Joel Mokyr nos recuerda que el progreso sostenido depende de un ecosistema de conocimiento: normas que valora la evidencia, talento científico en la “cola superior” y canales que convierten ciencia en técnica; al mismo tiempo, Philippe Aghion y Peter Howitt formalizan el motor schumpeteriano: innovar para escapar de la competencia, asumir que cada mejora “roba mercado” a la tecnología previa y que el crecimiento es la tasa de estas mejoras. Si fusionamos ambos lentes, la política económica deja de ser un catálogo de subsidios y se vuelve diseño institucional: proteger la búsqueda de verdades y asegurar mercados contestables. En suma, sin cultura científica no hay oferta de ideas, y sin mercados contestables esas ideas no se traducen en productividad. 

Ahora bien, si miramos al Perú con ese doble lente, el diagnóstico es claro. Por un lado, persiste un déficit de prerrequisitos: la inversión en I+D apenas ronda el 0,16% del PBI y los resultados de PISA 2022 se mantienen por debajo del promedio de la OCDE en matemática, lectura y ciencia, con pocos estudiantes en los niveles de máximo desempeño. Por otro lado, también hay avances que conviene poner en valor: la Política Nacional de CTI al 2030 ofrece una hoja de ruta para coordinar Estado, academia y empresa; además, la adopción de fibra óptica ya alcanza alrededor del 80% de las conexiones fijas (unas 4,19 millones a junio de 2025), lo que sienta bases tangibles para digitalizar procesos, educación y servicios. Asimismo, se asoma destrucción creativa focalizada: la transición hacia finanzas abiertas (Open Banking/Open Finance) promete elevar la rivalidad en pagos y crédito, mientras la competencia en conectividad fija está desplazando tecnologías legadas y reordenando liderazgos. Dicho de otro modo, la economía peruana innova sobre todo por adopción y muestra brotes de reemplazo tecnológico, pero todavía no cristaliza un régimen de innovación propio y a escala.

De ahí que la lección del Nobel no sea un homenaje académico, sino un guion de política. En términos prácticos, conviene blindar la política de CTI con metas verificables —por ejemplo, llevar la I+D al 0,5% del PBI en un quinquenio—, exigir cofinanciamiento privado, comprar por desempeño y evaluar rigurosamente programas como ProInnóvate o los CITES. En paralelo, resulta imprescindible multiplicar talento de frontera mediante becas, repatriación de PhD y consorcios universidad-empresa con laboratorios compartidos, además de garantizar libertad académica efectiva. La evidencia comparada es clara: sin masa crítica de investigadores y sin transferencia, la máquina de ideas se ahoga. A la vez, es clave hacer que la competencia premie al innovador: portabilidad de datos y APIs estandarizadas en banca para acelerar el Open Banking; reglas pro-entrada en telecomunicaciones para sostener la presión en la última milla; y procedimientos de quiebra ágiles que liberen capital y talento desde empresas no viables hacia las que sí innovan. Es importante combatir la informalidad, simplificando procesos administrativos, optimizando costos laborales no salariales e inspecciones inteligentes: sin reasignación eficiente, no hay destrucción creativa que rinda.  Finalmente, porque la destrucción creativa genera perdedores transitorios, conviene acompañarla con reconversión laboral, orientación y seguros bien focalizados; no es un “pero” a la innovación, sino su seguro social.

Para que el discurso no se quede en promesas, corresponde medir lo que importa. Primero, elevar el GERD (I+D total sobre PBI) del 0,16% al 0,5%, garantizando que al menos la mitad se ejecute en proyectos colaborativos universidad-empresa. Segundo, aumentar la proporción de estudiantes en Niveles 5-6 de PISA y reducir el porcentaje por debajo del Nivel 2, como termómetro del “talento de cola superior”. Tercero, rastrear la contestabilidad: cuántos nuevos participantes obtienen licencias en finanzas y telecom, cuánta participación de mercado ganan a incumbentes y cuánto tarda la portabilidad de datos en banca abierta. Cuarto, seguir la difusión digital: hogares y pymes con fibra, adopción de servicios en la nube/IA y brechas de productividad entre firmas que adoptan y las que no.

En definitiva, si un país quiere crecer en serio, debe sembrar ciencia y dejar competir a las ideas. Perú —como muchos emergentes— ya colocó algunas piezas: una política de CTI y una infraestructura digital que se acelera. Con todo, falta lo decisivo: convertir la innovación en regla del juego y aceptarla como el mecanismo que reasigna recursos hacia donde generan más valor. Porque en economía, como subrayan Mokyr, Aghion y Howitt, lo nuevo no es un lujo: es la única forma de no quedarse atrás.

Presupuesto 2026: más planilla, menos futuro

 Por Wens Silvestre

El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2026 confirma una tendencia incómoda: gastamos cada vez más en sostener el aparato estatal y menos en crear capacidades para que la gente salga de la pobreza por vías permanentes—empleo, infraestructura básica y servicios públicos que funcionen.

La aritmética que no cierra

Los totales crecen apenas 2,3% versus 2025, pero el gasto corriente sube 5,9% y absorbe todo el incremento, mientras el gasto de capital cae 13,0%. Dentro del corriente, el gasto en personal escala 13,8% (≈ S/ 11,3 mil millones adicionales), sin exigencia explícita de productividad, resultados ni mejoras verificables en la calidad del servicio al ciudadano. En paralelo, el servicio de la deuda salta 18,7%, presionando aún más un presupuesto que ya luce rígido.

En inversión, el indicador operativo por excelencia —Adquisición de Activos No Financieros— se contrae 15,9%. El golpe es particularmente duro en gobiernos locales (caída cercana a S/ 5,2 mil millones), justo donde se ejecuta el agua y saneamiento, caminos vecinales, pistas y veredas que cambian la vida cotidiana.

Productividad laboral estatal: el gran ausente

El Estado incrementa planillas y obligaciones sin atarlas a productividad ni a estándares de servicio. No hay metas de tiempo de atención, resolución de trámites, reducción de colas o satisfacción ciudadana asociadas al crecimiento de personal. Tampoco vemos reformas de gestión (meritocracia, movilidad lateral, despidos por bajo desempeño con debido proceso) que justifiquen remuneraciones crecientes.

Un presupuesto responsable no paga capacidades nominales, paga resultados: atenciones efectivas en salud, aprendizajes medibles en educación, tiempos de permiso de construcción reducidos, trámites 100% digitales, homicidios y robos a la baja con patrullaje inteligente. Nada de eso aparece como condición para expandir el gasto corriente.

La cuenta de la deuda: más grande y más cerca

El alza de servicio de deuda (≈ S/ 5,2 mil millones adicionales) se come una parte sustancial del espacio fiscal. Si el Ejecutivo no disciplina el corriente y no relanza inversión con alto retorno social, el país se encamina a un presupuesto crecientemente cautivo: más intereses, menos margen para cerrar brechas.

Pobreza e infraestructura: prioridades invertidas

Reducir pobreza sosteniblemente exige crecimiento y productividad; ambas dependen de infraestructura básica y servicios públicos de calidad. Pero estamos haciendo lo contrario: recortar inversión y engordar costos fijos. Este sesgo:

• retrasa metas de agua y saneamiento, energía confiable, conectividad vial y digital;
•  ahoga la operación y mantenimiento (se degrada lo ya construido);
• expulsa inversión privada al mantener un entorno de servicios estatales impredecibles.

Política y economía política del presupuesto

Con un Ejecutivo débil y un Congreso populista, el menú de leyes favorece a servidores del propio Estado —nombramientos automáticos, aumentos de sueldos, bonificaciones, beneficios, rigideces—, no a la ciudadanía. Se legisla mirando la nómina pública más que la misión del Estado: seguridad, justicia y servicios básicos de calidad. Es el camino más corto hacia el despilfarro: gastar mucho y lograr poco.

Agenda mínima para corregir el rumbo (todavía en 2026)

1. Regla de planilla: tope de crecimiento del gasto en personal ≤ (inflación + crecimiento potencial) y condicionado a metas de productividad por sector (KPIs verificables de servicio).

2. Cero nuevas plazas netas y reordenamiento por movilidad interna; concursos meritocráticos y salida por desempeño deficiente con debido proceso.

3. Presupuesto por Resultados 2.0: metas trimestrales públicas (salud, educación, seguridad, trámites). Sin cumplimiento, congelamiento de créditos para bienes y servicios no esenciales.

4. Regla de “oro” operativa: endeudamiento solo para inversión con evaluación costo-beneficio y mantenimiento garantizado; prohibido financiar gasto corriente con deuda.

5. Reasignación inmediata (modificatorias) hacia agua y saneamiento, conectividad vial y digital, y mantenimiento en gobiernos locales y regionales, donde el retorno social es más alto y rápido.

6. Revisión independiente del gasto (spending review) enfocada en duplicidades, subsidios regresivos y programas sin impacto; cada punto de S/ ahorrado debe ir a inversión y servicios esenciales.

7. Compras públicas pro-productividad: contratos de servicio con SLA (acuerdos de nivel de servicio), penalidades por incumplimiento y licitaciones que ponderen calidad (no solo precio).

8. Digitalización total de trámites masivos con metas de reducción de tiempos y costos para empresas y ciudadanos; auditoría externa de experiencia usuaria.

9. Transparencia radical: tablero mensual por pliego con ejecución, hitos de inversión y métricas de servicio; premios y sanciones institucionales.

En conclusión, presupuestar no es “hacer caja” para la planilla; es asignar poder público a aquello que genera libertad económica y oportunidades para la gente. El proyecto 2026, tal como está, rigidiza el gasto, expande el gasto corriente (personal sube 13.8% sin anclajes de productividad), sacrifica inversión y agranda la bola de nieve de la deuda (+18.7%) y erosiona el espacio fiscal. Si el Ejecutivo no reasigna hacia inversión con retorno social y no ata planilla a resultados, el presupuesto 2026 será otra capitulación ante la inercia. El Estado existe para servir al ciudadano -no para servirse a sí mismo. Corregir no requiere magia: se necesita voluntad política para pagar resultados, priorizar infraestructura y devolverle al presupuesto su razón de ser: servir al ciudadano, no al aparato estatal.

Crecer no es decretar: el MMM 2026-2029 y el optimismo que nos puede salir caro

Por Wens Silvestre

Por más que el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 (MMM) ordene cifras y certezas, 2026 no se juega en el Excel sino en la ejecución. El MEF proyecta un crecimiento cercano al 3,2%, desinflación dentro del rango meta y consolidación fiscal gradual. Compartimos el rumbo, pero como economista veo dos fisuras que pueden desalinear el guion: (i) excesivo optimismo en inversiones concentradas en sectores altamente sensibles (minería y APP de infraestructura) y (ii) permisividad frente a un gasto tributario que erosiona la base sin evaluación rigurosa. A eso se suma un gasto público que vuelve a crecer sin una brújula clara de resultados en pobreza y calidad de servicios.

El vaso medio lleno… y el talón de Aquiles

El MMM descansa en que 2026 consolidará el rebote de 2025 por tres vías: normalización del crédito, cartera minera en construcción y APP “destrabadas”. Es una narrativa posible, pero frágil. La inversión privada que sostiene la proyección está hipersensible a cuatro cuellos de botella que no se resuelven con supuestos: cierre financiero, predios, permisos y arbitrajes y conflictividad en corredores logísticos y mineros. Si uno de esos engranajes se traba, el multiplicador esperado no llega. Una brecha de ejecución de apenas medio punto del PBI puede tirar abajo la elasticidad recaudatoria y tensar la trayectoria fiscal. 

El problema no es apostar por minería e infraestructura —es racional—, sino sobre-depender de ellas en el corto plazo y subestimar los plazos reales. Un MMM responsable debería mostrar, además del escenario base, escenarios contingentes (con retrasos de 6–12 meses) y gatillos de corrección en gasto y financiamiento. Crecer requiere productividad y confianza jurídica, no “wishful thinking”.

Gasto tributario: la renuncia silenciosa que achica el Estado útil

Para 2026, el gasto tributario bordea algo más del 2.16% del PBI y aumenta respecto de 2025. El Ejecutivo ha sido permisivo: mantiene y amplía beneficios sin un pay-go estricto, sin sunset clauses y sin evaluaciones costo-beneficio independientes. Resultado: menos base imponible hoy, más presión para subir tasas mañana o recortar inversión pública de calidad.

Un enfoque liberal serio no demoniza los incentivos; los mide. Tres reglas simples:

1. Techo plurianual al gasto tributario como % del PBI.

2. Sunset máximo de 3 años y renovación solo con evidencia de impacto neto positivo (empleo formal, productividad, exportaciones).

3. Sustitución de exoneraciones mal focalizadas por transferencias directas y transparentes cuando el objetivo sea social (por ejemplo, Amazonía).

Mientras el Congreso agrega gastos tributarios y el Ejecutivo no observa, la consolidación fiscal reposa peligrosamente en el ciclo, no en la estructura.

Más gasto, mismos resultados: la trampa de la inercia

Para 2026 se proyecta un crecimiento real del gasto público de 0,5%, es decir, S/ 6,7 mil millones adicionales respecto de 2025, cifra similar al promedio 2015-2019 (S/ 6,1 mil millones). La pregunta liberal es obvia: ¿qué compramos con eso? Si no movemos la aguja de pobreza, aprendizajes, seguridad y salud, estamos financiando insumos, no resultados.

Necesitamos pasar del “presupuesto por resultados” retórico a una versión 2.0, vinculante:

• Contratos-programa con metas trimestrales y cláusulas de penalidad y premio para sectores y gobiernos subnacionales.
• Revisiones de gastos anuales que identifiquen y reubiquen gasto corriente de baja eficacia hacia mantenimiento e inversión con alto retorno social (agua, logística, primera infancia).
• Topes de crecimiento para gasto administrativo y compras no críticas; prioridad a mantenimiento antes que a nuevas obras.
• Transparencia radical: tableros públicos con colas de cirugía, horas de clase efectivas, homicidios por distrito y continuidad de agua. Si no mejora, no hay ampliación.
• Gastar un poco más puede ser defendible solo si se acompaña de incentivos y accountability que aseguren impacto medible en bienestar.

Política monetaria: ancla firme, no bálsamo de crecimiento

El MMM asume desinflación y costos de financiamiento a la baja. Bien. Pero al BCRP no hay que pedirle crecimiento, sino estabilidad de precios y expectativas ancladas. Si reaparecen choques de energía o alimentos, la respuesta debe ser data-dependent, con comunicación clara y, si corresponde, un sesgo hawkish para evitar que la inflación total se meta en el núcleo. La dominancia fiscal hoy no es un riesgo inminente —la deuda está mayoritariamente en soles, a tasa fija y con vida media larga—, pero podría reaparecer si seguimos cediendo terreno vía gasto tributario y gasto corriente inercial.

Siete movimientos para que 2026 no sea otra promesa:

1. Regla pay-go para beneficios tributarios: toda renuncia nueva exige financiamiento permanente o caducidad; inventario y evaluación pública anual.

2. Simplificar regímenes MYPE y converger gradualmente al régimen general; e-factura total y control de economía digital para ampliar base sin subir tasas.

3. Fast-track regulatorio acotado con plazos preclusivos (no eternos), silencio positivo en trámites no ambientales y ventanilla única verdadera.

4. Seguridad y Estado de derecho en corredores productivos: unidades policiales especializadas y protocolos de prevención de conflictos con metas públicas.

5. Spending reviews con metas de reasignación: congelar gasto administrativo no prioritario y proteger mantenimiento e inversión de alto retorno social.

6. Consejo Fiscal fortalecido y metodología de PBI potencial/saldo estructural actualizada vía proceso técnico y abierto.

7. Escenarios de riesgo obligatorios en el MMM y en el PL de Presupuesto: si APP/minería se retrasan 6-12 meses, ¿qué se ajusta y cuándo?

En síntesis, el MMM 2026 luce ordenado sobre el papel, pero crecer no es decretar. Si insistimos en proyecciones sensibles sin planes de contingencia, toleramos un gasto tributario sin control y aumentamos el gasto sin medir resultados, corremos el riesgo de repetir la historia: más soles, pocos logros. La salida no es recortar por recortar: es priorizar, medir y rendir cuentas. Productividad, reglas claras y un Estado que hace menos cosas, pero mejor. Solo así las cifras del MMM dejarán de ser promesas y se convertirán en progreso tangible en 2026.