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domingo, 6 de septiembre de 2026

Estados Unidos, China y el fin de la confianza automática

Por Wens Silvestre

Durante buena parte del último medio siglo, la política internacional fue presentada como una competencia entre sistemas: democracia frente a autoritarismo, mercado frente a planificación estatal, orden basado en reglas frente a política de poder. Esa descripción conserva alguna utilidad, pero resulta insuficiente para responder la pregunta que hoy preocupa a gobiernos, empresas y ciudadanos: ¿en cuál de las grandes potencias se puede confiar?

La respuesta no debería depender de simpatías ideológicas. La confiabilidad internacional no se mide por los discursos de un gobierno ni por la naturaleza formal de su régimen, sino por su comportamiento: cumplimiento de acuerdos, estabilidad de las reglas, respeto de la soberanía, transparencia de las decisiones y existencia de mecanismos efectivos cuando se produce un incumplimiento.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos y China presentan una paradoja. Estados Unidos posee instituciones más transparentes y mecanismos jurídicos más independientes, pero su política exterior se ha vuelto crecientemente volátil y transaccional. China mantiene una dirección estratégica más constante, pero concentra el poder, publica menos información y deja escaso margen para cuestionar sus decisiones. 

En términos sencillos: Estados Unidos ofrece más garantías institucionales, pero menos previsibilidad política; China ofrece mayor continuidad política, pero menos garantías institucionales.

La confianza internacional, además, no es una cuestión meramente moral. Tiene valor económico. Un país percibido como confiable obtiene financiamiento más barato, atrae inversiones, consolida alianzas, reduce el costo de supervisar contratos y consigue que otros gobiernos acepten compromisos de largo plazo.

Durante décadas, Estados Unidos acumuló ese capital. El predominio del dólar, la profundidad de sus mercados financieros, sus universidades, su capacidad tecnológica y su red de alianzas no descansaron solamente en su poder militar. También se apoyaron en la expectativa de que las instituciones estadounidenses limitarían las decisiones arbitrarias de sus gobernantes.

Esa confianza nunca fue absoluta. Estados Unidos intervino militarmente en numerosos países, apoyó cambios de régimen, aplicó sanciones extraterritoriales e interpretó selectivamente el derecho internacional. La invasión de Irak, el desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua, el retiro del acuerdo nuclear con Irán y el bloqueo del sistema de apelación de la Organización Mundial del Comercio muestran que Washington también deja de lado las reglas cuando considera comprometidos sus intereses.

La Base Mundial de Datos sobre Sanciones muestra que Estados Unidos fue el usuario individual más frecuente de esta herramienta: participó en más de un tercio de los episodios registrados entre 1950 y 2019. Por consiguiente, la coerción económica no es una innovación china ni una respuesta exclusiva frente a amenazas excepcionales. Ha sido también un instrumento habitual de la política exterior estadounidense.

El segundo gobierno de Donald Trump ha profundizado este problema. Su política exterior parte de una concepción marcadamente transaccional de las relaciones internacionales: cada vínculo debe producir un beneficio inmediato y mensurable para Estados Unidos. Los aliados son evaluados por cuánto pagan; los tratados, por el saldo comercial; la cooperación, por la ventaja obtenida; y los aranceles, como mecanismos de presión.

Esta aproximación puede producir concesiones rápidas, pero erosiona un activo construido durante décadas: la expectativa de continuidad. Si un tratado puede ser reinterpretado, suspendido o vaciado mediante una decisión presidencial, los demás países comienzan a preguntarse qué valor tiene asumir compromisos duraderos con Washington.

Los aranceles aplicados incluso a países con acuerdos comerciales, las presiones sobre aliados, la reducción de la cooperación internacional y las oscilaciones frente a conflictos como el de Ucrania transmiten un mensaje problemático: la relación con Estados Unidos depende crecientemente de la apreciación personal y coyuntural de su presidente.

El problema, sin embargo, no se reduce a Trump. Algunas tendencias han sobrevivido a administraciones republicanas y demócratas. El bloqueo estadounidense al Órgano de Apelación de la OMC comenzó antes de su segundo mandato y continuó bajo gobiernos de distinto signo. El proteccionismo industrial también se volvió bipartidista. Trump, no obstante, ha llevado esa lógica a un nivel mucho más explícito e imprevisible.

Estados Unidos corre así el riesgo de consumir el capital de confianza acumulado por generaciones anteriores. Una potencia puede obligar temporalmente a otros países a aceptar sus condiciones, pero la coerción reiterada incentiva la diversificación, la búsqueda de monedas alternativas, la formación de nuevas alianzas y la reducción de dependencias.

La experiencia china debe examinarse con el mismo rigor. Desde la guerra con Vietnam de 1979, China ha evitado intervenciones militares globales comparables con las de Estados Unidos. No ha desarrollado una red mundial de bases semejante a la estadounidense ni ha hecho del cambio de régimen un instrumento habitual de política exterior.

Su principio de no intervención ha resultado atractivo para países de África, Asia y América Latina. China comercia e invierte sin exigir necesariamente reformas políticas, cambios de gobierno o adhesión a una determinada concepción de democracia. Además, ha financiado infraestructura que los organismos multilaterales y los países occidentales no siempre estuvieron dispuestos a asumir.

La acusación de que China aplica sistemáticamente una “diplomacia de la trampa de deuda” tampoco ha sido demostrada como una estrategia general. Estudios sobre Sri Lanka y otros países no encontraron evidencia concluyente de una política deliberada destinada a provocar incumplimientos para apoderarse de activos. Los gobiernos receptores, sus decisiones fiscales y la selección deficiente de proyectos también han desempeñado papeles determinantes.

China, además, no incumple automáticamente las reglas comerciales. Diferentes estudios encontraron que implementó una proporción importante de los fallos dictados en su contra en la OMC. Las controversias más relevantes se relacionan con subsidios, empresas estatales, sobrecapacidad, propiedad intelectual y falta de transparencia, no con un rechazo general de todos los compromisos internacionales.

Pero sería igualmente equivocado idealizar su conducta. China utiliza su mercado como instrumento de presión cuando otro país cruza alguna de sus líneas rojas. Australia, Lituania, Corea del Sur y Filipinas han experimentado restricciones comerciales, turísticas o administrativas vinculadas con controversias políticas.

Beijing también rechazó el laudo arbitral de 2016 que desestimó buena parte de sus reclamaciones en el mar de China Meridional. En torno a Taiwán, las fronteras con India y las aguas disputadas con Filipinas, la doctrina de no intervención cede frente a una política de poder cada vez más firme.

Por eso, la continuidad china no debe confundirse con neutralidad o altruismo. China cumple con mayor previsibilidad cuando el acuerdo coincide con su estrategia nacional. Cuando considera amenazados su territorio, su seguridad, la autoridad del Partido Comunista o su política de “una sola China”, su comportamiento puede ser tan coercitivo como el de otras potencias.

La principal debilidad de China como socio no es necesariamente que incumpla más, sino que resulta más difícil anticipar, conocer y cuestionar sus decisiones.

En Estados Unidos, una medida gubernamental puede ser investigada por el Congreso, impugnada ante tribunales, examinada por la prensa y criticada abiertamente por empresas y ciudadanos. Esos controles pueden debilitarse, pero continúan existiendo.

En China, la política exterior, los préstamos y las inversiones estratégicas están estrechamente vinculados con el Partido Comunista, los bancos públicos y las empresas estatales. Estudios de contratos chinos han identificado cláusulas de confidencialidad, garantías especiales y condiciones que dificultan conocer plenamente las obligaciones asumidas.

Esta opacidad eleva el riesgo para los países con instituciones débiles. No porque todo proyecto chino sea perjudicial, sino porque un gobierno receptor puede negociar mal, ocultar compromisos o aceptar una infraestructura de baja rentabilidad sin que sus ciudadanos dispongan de información suficiente.

La responsabilidad, por tanto, no pertenece exclusivamente a China. Ninguna potencia puede imponer un contrato opaco sin la participación de funcionarios locales dispuestos a suscribirlo.

La competencia entre Estados Unidos y China busca, cada vez con mayor intensidad, que los demás países tomen partido. Washington presenta la rivalidad como defensa de un orden basado en reglas. Beijing se proyecta como representante del Sur Global y promotor de un desarrollo sin hegemonía. Ninguna de las dos narrativas describe completamente la realidad.

Estados Unidos defiende reglas que también incumple cuando restringen su libertad de acción. China reclama igualdad soberana, pero exige deferencia frente a sus intereses fundamentales. Estados Unidos emplea sanciones financieras y aranceles; China utiliza el comercio, la infraestructura y el acceso a su mercado. Ambos presentan sus intereses nacionales como si coincidieran con bienes públicos mundiales.

Para la mayoría de los países, especialmente los de América Latina, África y Asia, escoger incondicionalmente a una potencia sería un error. La dependencia de Estados Unidos expone a sanciones, presiones financieras y cambios políticos. La dependencia de China genera vulnerabilidad comercial, tecnológica, logística y contractual.

La respuesta más razonable es una autonomía pragmática. Esto significa cooperar con cada potencia en los ámbitos donde ofrece beneficios comprobables y establecer límites allí donde podría generarse una dependencia irreversible.

Los países pueden comerciar con China sin entregarle el control de sus telecomunicaciones, datos o infraestructura crítica. Pueden mantener cooperación de seguridad con Estados Unidos sin aceptar interferencias en decisiones soberanas. Pueden recibir financiamiento de ambos exigiendo licitaciones competitivas, transparencia contractual, sostenibilidad fiscal, transferencia tecnológica y evaluación ambiental.

La diversificación no es neutralidad moral. Un país puede condenar una invasión, defender los derechos humanos y respetar el derecho internacional sin someter toda su política exterior a una potencia. La autonomía tampoco significa equidistancia ante cualquier acontecimiento, sino capacidad para adoptar posiciones propias basadas en principios e intereses nacionales.

Los ciudadanos, por su parte, deben dejar de evaluar a las potencias como si se tratara de equipos deportivos. La admiración por la capacidad tecnológica estadounidense no debería ocultar sus intervenciones. El reconocimiento del desarrollo chino no debería justificar la censura, la opacidad o la coerción territorial.

Tampoco corresponde aceptar que cualquier crítica a Estados Unidos sea antioccidental o que cualquier observación sobre China forme parte necesariamente de una campaña de contención. Esa polarización empobrece el debate y favorece precisamente a los gobiernos que desean evitar la rendición de cuentas.

La pregunta decisiva no es qué potencia afirma tener mejores intenciones, sino qué compromisos acepta hacer públicos, qué mecanismos admite para resolver controversias y qué consecuencias enfrenta cuando incumple.

El mundo no necesita reemplazar una hegemonía estadounidense por una hegemonía china. Necesita un sistema en el que ninguna potencia pueda convertir su tamaño económico, su moneda, su tecnología o su poder militar en una licencia para imponer condiciones.

En determinadas relaciones económicas, China puede aparecer hoy como un socio más previsible, mientras Estados Unidos conserva instituciones más abiertas y mecanismos jurídicos superiores. Pero ninguno merece confianza automática.

El liderazgo internacional del futuro no debería medirse por el número de países presionados, las bases militares instaladas, los puertos controlados o los aranceles impuestos. Debería medirse por la capacidad de ofrecer cooperación estable sin exigir subordinación.

La principal lección de los últimos cincuenta años es incómoda pero necesaria: las grandes potencias tienden a respetar sus compromisos mientras estos no contradicen intereses que consideran fundamentales. Por eso, la seguridad de los países medianos y pequeños no puede descansar en la supuesta benevolencia de Washington o Beijing, sino en instituciones nacionales sólidas, contratos transparentes, relaciones diversificadas y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

En un mundo de rivalidad creciente, la verdadera soberanía no consiste en escoger de quién depender. Consiste en conservar la capacidad de no depender completamente de nadie.

viernes, 6 de febrero de 2026

Davos 2026: cuando el mundo deja de fingir y el país debe elegir su autonomía

 Por Wens Silvestre

Davos 2026 no fue una feria de optimismo. Fue, más bien, una confesión colectiva: el orden global que durante décadas funcionó como telón de fondo —ese “orden basado en reglas” al que se apelaba con la fe de quien cree invocar un seguro— ya no opera como se anuncia. La reunión del Foro Económico Mundial (19–23 de enero) lo dejó claro con cuatro conclusiones que, leídas en conjunto, suenan menos a agenda y más a diagnóstico: nuevos acuerdos en un tablero fracturado, un ajuste de cuentas para la humanidad, el diálogo como infraestructura de supervivencia y una política definida por preguntas, no por certezas.

Davos 2026
En ese escenario, Perú no puede seguir actuando como si bastara con “portarse bien” para estar a salvo. Eso es, precisamente, lo que Mark Carney —primer ministro canadiense— denunció en su discurso en Davos: el hábito de vivir dentro de una mentira, de repetir rituales y eslóganes sobre reglas y previsibilidad mientras la realidad se convierte en coerción. La frase de Carney es un dardo para los países intermedios, pero también un espejo para economías abiertas como la nuestra: cuando la integración se convierte en vulnerabilidad, la soberanía deja de ser un discurso y se vuelve capacidad.

Davos 2026: cuatro conclusiones, una sola advertencia

La primera conclusión de Davos es incómoda: los acuerdos ya no se tejen sobre confianza estructural sino sobre coaliciones parciales y pragmáticas. La relación transatlántica, la seguridad del Ártico, el comercio y la energía aparecen como capítulos negociables, no como compromisos incondicionales. El multilateralismo no desaparece, pero se transforma: menos instituciones universales, más “geometría variable” —coaliciones por temas, por intereses, por riesgos compartidos.

La segunda conclusión fue un ajuste de cuentas: el mundo entra en una era donde las crisis no son episodios sino régimen. Polarización, fragmentación geoeconómica, deuda, seguridad energética, crisis climática, salud y disrupción tecnológica compiten por prioridad. La pregunta ya no es cuál crisis es “la principal”, sino cómo se gobierna cuando todas ocurren a la vez y, peor aún, cuando la respuesta a una crisis agrava otra.

La tercera conclusión fue casi una súplica: el diálogo no es un lujo, es una necesidad. Davos funcionó como un espacio para desescalar y abrir canales, pero sin la ilusión de que conversar equivale a resolver. Es el tipo de diplomacia que no promete paz; promete, al menos, reducir el margen de error.

La cuarta conclusión fue la más honesta: Davos dejó más preguntas que respuestas. No por evasión, sino porque el mundo vive un cambio de contornos difusos: multipolaridad, militarización del comercio, cadenas de suministro como campo de batalla, inteligencia artificial como infraestructura y como riesgo cultural. En este contexto, gobernar es decidir sin mapa definitivo.

Y ahí aparece el punto decisivo para Perú: en un mundo de “fortalezas”, la neutralidad retórica se vuelve subordinación práctica.

Perú y la tentación del cartel en la ventana

Perú tiene dos socios fundamentales: China y Estados Unidos. Uno domina buena parte de la demanda de minerales y la inversión en infraestructura; el otro es clave en acceso tecnológico, finanzas, cooperación y mercados relevantes para agroexportación. Esto, que en el pasado era una ventaja —ser puente, ser proveedor confiable— en el mundo pos-Davos 2026 puede convertirse en una vulnerabilidad: cuando la integración es arma, la dependencia es un flanco.

Por eso resulta sintomático que el presidente del Consejo de Ministros, Álvarez, haya sugerido que la compra de aviones para la FAP se decidirá en función del “nuevo rol de liderazgo” de Estados Unidos. En una frase se condensa un riesgo estratégico: convertir decisiones de defensa —que deberían seguir criterios operativos, financieros y de soberanía tecnológica— en un gesto de alineamiento geopolítico. No se trata de demonizar a EE. UU. ni de romantizar a China. Se trata de entender lo que Carney advirtió: negociar bilateralmente, desde la necesidad, con una potencia hegemónica, suele ser negociar desde la debilidad. 

La defensa nacional no puede ser un referéndum de “a quién seguimos”. Mucho menos en un país cuya estabilidad interna, gobernanza y legitimidad están bajo presión. En un mundo de incertidumbre, el poder no está en declamar alianzas; está en sostenerlas sin quedar atrapado.

El rol posible de Perú: autonomía activa, no ambigüedad

La pregunta no es si Perú debe elegir entre Washington y Pekín. La pregunta es más dura: ¿Perú quiere capacidad de elección o se resigna a ser elegido por otros?

La postura inteligente —y realista— es la autonomía activa, que exige cuatro movimientos simultáneos:

Diversificación real, no discursiva. Reducir concentración comercial y financiera no implica romper con China o EE. UU., sino ampliar margen: UE, Japón, Corea, India, ASEAN, Medio Oriente. Un país que depende de un solo gran comprador o un solo gran financista no tiene política exterior; tiene administración de dependencia.

Gobernanza de infraestructura crítica como asunto de soberanía. Puertos, energía, telecomunicaciones y data centers deben diseñarse con lógica “multi-proveedor” y reglas robustas: competencia, transparencia, continuidad operativa, cláusulas anticorrupción, capacidades nacionales de mantenimiento. La infraestructura es el nuevo territorio: quien la controla, condiciona.

Minerales críticos con poder estatal y valor agregado. El Perú no puede limitarse a exportar riqueza bruta y esperar respeto. La transición energética global vuelve estratégicos al cobre y otros minerales; pero el recurso no es poder si se acompaña de conflictividad social, baja capacidad regulatoria y nulo escalamiento industrial. La soberanía es cadena de valor, licencia social y Estado competente.

“Geometría variable” en alianzas. Cooperación por temas: seguridad digital con quien ofrezca estándares verificables; transición energética con quien invierta con trazabilidad; defensa con quien garantice interoperabilidad sin dependencia irrestricta; Amazonía con coaliciones regionales y globales. Lo contrario —alineamiento total— es una apuesta que nuestro país no puede pagar.

Esta autonomía activa requiere algo más importante que la diplomacia: construcción de fuerza en casa. Carney lo dijo sin rodeos: ya no basta “la fuerza de los valores”, también cuenta “el valor de la fuerza”. Para Perú eso significa Estado que ejecuta, regula y fiscaliza; instituciones que sostienen contratos; seguridad jurídica no arbitraria; y un pacto social mínimo que reduzca el ciclo de crisis.

Conclusión: el mundo dejó de fingir, Perú debe dejar de improvisar

Davos 2026 dejó una moraleja que los peruanos no podemos ignorar: el viejo orden ya no garantiza estabilidad, y el mundo se reorganiza con una mezcla de miedo, pragmatismo y competencia. En ese contexto, seguir repitiendo mantras sobre reglas mientras se toman decisiones estratégicas por impulso geopolítico es poner el cartel en la ventana.

Perú no está condenado a ser satélite. Tiene activos reales: ubicación, recursos, biodiversidad, mercado exportador dinámico y potencial logístico. Pero esos activos solo se convierten en poder si se transforman en capacidad de negociación, en instituciones confiables y en una estrategia que entienda la nueva realidad: no se trata de vivir esperando el mundo que deseamos, sino de actuar en el mundo que existe.

Y en el mundo que existe —como quedó claro en Davos— la soberanía no se declama: se diseña.

miércoles, 7 de enero de 2026

Estados Unidos entre el liderazgo perdido y el poder por imposición

Por Wens Silvestre

Durante décadas, Estados Unidos fue algo más que la principal potencia militar y económica del planeta. Fue, sobre todo, el arquitecto de un orden internacional que —con todas sus imperfecciones— se sostenía en reglas, alianzas estables y cierta previsibilidad. Hoy, a la luz del patrón de decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump, esa condición aparece seriamente erosionada.

El problema no es un episodio aislado ni una política dura en sí misma. El problema es el patrón. Presión transaccional sobre aliados, condicionalidad del apoyo estratégico, uso de la coerción económica y militar como herramienta habitual de negociación y una creciente personalización del poder. Bajo esta lógica, la política exterior deja de ser una arquitectura compartida y se convierte en una sucesión de hechos consumados, donde la fuerza y la amenaza sustituyen a las normas.

La intervención en Venezuela y el intento de convertir el petróleo en instrumento de tutela política no solo vulneran la soberanía de un país débil. Envían, además, un mensaje inquietante al resto del mundo. La soberanía deja de ser un principio y pasa a convertirse en una variable negociable. Las presiones a países de América Latina, las amenazas explícitas o implícitas a quienes se resisten a alinearse y la extensión de esta lógica a escenarios tan sensibles como Groenlandia refuerzan la idea de que el poder estadounidense se ejerce cada vez menos con legitimidad y cada vez más con intimidación.

En Europa, el daño es más silencioso, pero igualmente profundo. Condicionar la defensa colectiva de la OTAN a cálculos de gasto, introducir dudas sobre compromisos históricos y tratar la seguridad como un contrato renegociable debilita la credibilidad del principal sistema de disuasión del mundo. No se trata únicamente de exigir mayor responsabilidad a los aliados, sino de poner precio a la protección, con el consiguiente incentivo para que rivales prueben los límites y aliados busquen salidas autónomas.

El caso de Ucrania resume la contradicción central del momento. Por un lado, apoyo estratégico. Por otro, un respaldo condicionado y colateralizado por intereses económicos. Cuando la seguridad de un país agredido se vincula a concesiones sobre activos estratégicos, la solidaridad deja de ser un principio y pasa a ser una transacción. Esa ambigüedad no fortalece la paz, la debilita.

Así, Estados Unidos no aparece hoy como un país en declive material. Sigue siendo una potencia formidable. Sin embargo, emerge cada vez más como una fuente de incertidumbre global. Ha comenzado a perder su ventaja estratégica más importante, la confianza. Los aliados dudan, los mercados incorporan primas de riesgo y los Estados más pequeños actúan defensivamente ante la posibilidad de coerción. El liderazgo por consenso se transforma en dominio por imposición y el orden por reglas cede frente a una geopolítica de fuerza.

La paradoja es evidente. Un Estado que parece más fuerte en la decisión inmediata se vuelve más frágil en el largo plazo. El poder que no se legitima genera resistencia, fragmenta alianzas y multiplica los riesgos de errores de cálculo. Y cuando la principal potencia del sistema internacional opera bajo esta lógica, el resultado no es mayor seguridad, sino un mundo más inestable, más desconfiado y más peligroso.

Estados Unidos no deja de ser poderoso. Lo que pierde es su condición de referente. Y esa transformación, más que cualquier adversario externo, se ha convertido en uno de los mayores riesgos contemporáneos para la paz global.

domingo, 2 de febrero de 2025

Trump y su guerra comercial contra sus vecinos

Por Wens Silvestre 

La decisión del presidente Donald Trump de lanzar una ofensiva comercial contra México y Canadá, sus socios más cercanos, imponiendo aranceles del 25% a sus productos y del 10% a China, es un acto de irresponsabilidad económica y geopolítica que desafía toda lógica racional. En un mundo interconectado, donde las cadenas de suministro son fundamentales para la competitividad de cualquier nación, iniciar una guerra comercial sin una estrategia clara es más un ejercicio de estupidez que de protección económica. 

Lo paradójico es que esta embestida no solo dañará a México y Canadá, sino que Estados Unidos será el primer país en sentir los efectos negativos. Lejos de fortalecer su industria, Trump ha encendido una bomba de tiempo que traerá inflación, pérdida de empleos y debilitamiento del liderazgo global de EE.UU. ¿Por qué alguien tomaría una decisión tan errónea? La respuesta no está en la economía ni en la política comercial, sino en la psicología de Trump: el narcisismo, la obsesión por el poder y una percepción errónea de la realidad han convertido su segundo mandato en una receta para el desastre. 

México y Canadá no solo son los principales socios comerciales de EE.UU., sino que también forman parte de una economía norteamericana interdependiente. Las industrias manufactureras de los tres países están tan integradas que imponer aranceles del 25% es un golpe directo a las empresas estadounidenses, que dependen de insumos y productos intermedios provenientes de estos países.

- Más del 75% de los vehículos ensamblados en México y Canadá contienen partes estadounidenses. Encarecer esas piezas hará que los autos fabricados en EE.UU. sean menos competitivos y más caros para los consumidores, afectando seriamente al sector automotriz.

- El comercio con México y Canadá no solo implica manufactura; EE.UU. importa alimentos, medicamentos y materias primas esenciales de sus vecinos. Los costos más altos de importación se trasladarán a los consumidores, aumentando la presión inflacionaria.

- Canadá y México ya han anunciado que responderán con aranceles a productos estadounidenses. Esto golpeará a los agricultores y exportadores de EE.UU., que dependen de estos mercados.

En lugar de proteger la economía estadounidense, Trump está saboteándola desde dentro.

Curiosamente, el arancel a China es solo del 10%, una medida mucho menos agresiva que contra México y Canadá. Esto sugiere que, pese a su retórica contra Beijing, Trump sabe que cortar la dependencia de productos chinos es más complicado que destruir la relación con sus vecinos.

- Aunque Trump intenta forzar a las empresas a trasladar su producción fuera de China, la realidad es que los costos y la capacidad de producción en el país asiático siguen siendo esenciales para sectores como la tecnología y la industria farmacéutica, por tanto, EE.UU. sigue dependiendo de la manufactura china.

- Beijing no se quedará de brazos cruzados, aunque anunció acudir a la OMC, puede tomar represalias contra empresas estadounidenses o limitar la exportación de materias primas clave, como tierras raras, utilizadas en tecnología avanzada y defensa.

- Mientras EE.UU. se pelea con sus socios, China fortalece sus lazos con la Unión Europea, el Sudeste Asiático y América Latina, erosionando aún más la influencia de Washington en el comercio global.

Si la intención de Trump era debilitar a China, su estrategia es demasiado tibia y mal diseñada. En cambio, lo único que ha logrado es aislar a EE.UU. de sus aliados y fragmentar el comercio global sin ningún beneficio claro.

EE.UU. se aísla y pierde liderazgo

Más allá del daño económico, la guerra comercial contra México y Canadá socava la posición de Estados Unidos en el escenario mundial.

- México y Canadá han sido aliados históricos de EE.UU. Iniciar un conflicto comercial sin una razón válida envía un mensaje de que Trump está dispuesto a traicionar a sus socios más cercanos, esto implica una pérdida de confianza entre aliados.

- La OMC ya está recibiendo denuncias sobre la legalidad de estos aranceles. Si EE.UU. sigue ignorando las reglas del comercio global, otros países podrían hacer lo mismo, generando una fragmentación del sistema comercial que beneficiará a economías emergentes y reducirá el peso de Washington en las decisiones globales. La crisis en el sistema multilateral se agudizará.

- Mientras Trump aleja a sus aliados, China se posiciona como un socio comercial más confiable. Si México y Canadá buscan diversificar su comercio para no depender de EE.UU., Beijing será el principal beneficiado. Sin duda.

La estrategia de Trump no tiene ninguna ganancia diplomática. Al contrario, debilita su liderazgo y crea una oportunidad para que otras potencias reemplacen a EE.UU. en el comercio internacional.

¿Por qué Trump toma decisiones tan destructivas?

Para entender por qué Trump insiste en políticas autodestructivas, hay que analizar su perfil psicológico.

- Trump no tolera la crítica ni la oposición. Su guerra comercial no responde a una estrategia racional, sino a un impulso de demostrar poder sin importar las consecuencias.

- Trump no piensa en el futuro de EE.UU., sino en cómo sus acciones afectan su imagen política a corto plazo. Prefiere imponer aranceles hoy para vender una falsa narrativa de "protección nacional", aunque el costo a largo plazo sea catastrófico.

- Trump cree que el comercio internacional es un juego de suma cero, donde un país solo gana si el otro pierde. No entiende que EE.UU. depende de sus socios comerciales tanto como ellos dependen de EE.UU. hay un claro desconocimiento de los principios básicos de la economía.

- Trump ha construido un discurso de "América Primero" basado en la idea de que EE.UU. puede prosperar solo. Pero, en la era de la globalización, un país no puede ser económicamente fuerte aislándose del mundo.

Su toma de decisiones no responde a un análisis económico sólido, sino a impulsos emocionales y una necesidad patológica de reafirmar su poder.

En síntesis, la ofensiva arancelaria de Trump contra México y Canadá no tiene sentido económico, político ni estratégico. En lugar de fortalecer a EE.UU., sus medidas provocarán inflación, pérdida de empleos y de confianza en su política exterior.

- Los aranceles afectan más a las empresas y consumidores estadounidenses que a los países sancionados.

- China es el gran beneficiado de la fractura comercial de EE.UU. con sus aliados.

- México y Canadá no se quedarán de brazos cruzados y podrían buscar nuevos socios, debilitando aún más a EE.UU. 

- El liderazgo global de EE.UU. se erosiona, mientras Trump refuerza su imagen de "traidor" ante sus propios aliados.

Lo más preocupante no es la política en sí, sino la falta de racionalidad y estrategia detrás de estas decisiones. La administración de Trump no solo está jugando con la estabilidad económica de EE.UU., sino con su posición en el mundo.

Si su primer mandato estuvo marcado por la improvisación y el caos, su segundo mandato parece definido por un proteccionismo irracional que acelerará el declive de EE.UU. como potencia económica global.

domingo, 21 de diciembre de 2014

Estados Unidos sigue siendo el principal país de residencia de peruanos en el extranjero

Nota difundida por el INEI

Más de dos millones 675 mil peruanos salieron del país y no retornaron

Con motivo del Día Internacional del Migrante que se celebra el 18 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dio a conocer que entre los años 1990 y 2013, salieron del país y no han retornado 2 millones 675 mil 791 peruanos. Cabe precisar que en promedio cada  año, salen del país 111 mil peruanos salieron del país y no retornan.
Al año 2013, del total de peruanos que salieron del país y no regresaron, el 52,5% fueron mujeres y el 47,5% hombres. Según grupos de edad, el 91,7% del total de emigrantes peruanos tienen entre 15 y 49 años.

Estados Unidos es el principal país de residencia de los peruanos que emigraron del país
Hasta el año 2013, el 26,7% de los peruanos que emigró al extranjero tenía como país de residencia Estados Unidos, 17,2% Argentina, 13,6% Chile, 12,2% España y 7,7% Italia.
Entre los nuevos destinos de residencia de los peruanos se observa: Alemania, Colombia, Canadá, Francia, México, Suiza, Australia, Reino Unido y los Países Bajos.

13,4% de las mujeres que salieron del país tenían entre 20 y 24 años de edad
Al año 2013, el 13,4% de las mujeres que partieron del país tenían entre 20 y 24 años de edad, 10,4% entre 25 y 29 años, 9,1% de 15 a 19 años, 6,6% entre 30 y 34 años, 3,8% de 35 a 39 años, 3,0% de 40 a 44 años y 2,0% entre 45 y 49 años de edad.
En el caso de los hombres, el 12,9% tenían entre 20 y 24 años de edad, 10,1% de 25 a 29 años, 8,6% de 15 a 19 años, 5,8% entre 30 y 34 años, 2,7% de 35 a 39 años, 2,1% entre 40 y 44 años y 1,2% entre 45 y 49 años de edad.

Mejores oportunidades laborales fue el principal motivo de los peruanos que migraron del país
Al 2013, el 37,5% de los peruanos emigraron del país por mejoras económicas, 17,6% por contrato de trabajo, 17,0% motivos familiares, 15,8% desempleo, 10,0% motivos de estudio y 0,2% inseguridad ciudadana.

44,4% de los peruanos que reside en el exterior enviaron remesas a su hogar
EL INEI informó que en el 2013, el 44,4% de los peruanos que viven en el exterior enviaron remesas a sus hogares. Según los doce principales países de residencia, el 58,1% de los peruanos que viven en Italia enviaron remesas, 54,5% de Japón, 53,2% de Chile, 48,8% de Alemania y España, cada uno, 46,9% de Estados Unidos, 39,3% de Francia, 38,9% de Ecuador, 38,7% de Argentina, 30,2% de Brasil, 29,7% de Colombia y 24,2% de Venezuela.
Según frecuencia de envío, el 39,9% de los peruanos que residen en el exterior enviaron remesas de forma mensual, 17,8% una vez al año, 14,7% cada seis meses, 14,1% cada tres meses, 8,2% cada dos meses y 3,9% quincenalmente.

El 8% de los emigrantes peruanos eran profesionales
Entre los años 1994 y 2012, el 8,2% de los peruanos que emigraron del país fueron profesionales, científicos e intelectuales, de los cuales 21,7% eran profesores, 13,5% ingenieros, 8,6% administrador de empresas, 7,4% enfermeras, 6,4% contador, 5,0% médico, 4,1% abogado, 3,7% docente, 3,0% economista, 1,8% bachiller, 1,7% periodista, 1,6% psicólogo y 21,7% otras profesiones.
Cabe precisar que del total de los peruanos que viven en otros países, el 21,7% son estudiantes, 12,3% empleados de oficina, 12,2% trabajadores de servicios, vendedores de comercio y mercado, 10,5% amas de casa, 5,0% técnicos profesionales de nivel medio, 1,0% agricultores y pesqueros; y 29,1% otras ocupaciones.

670 mil hogares peruanos son receptores de remesas y/o con migración internacional
El INEI precisó que 670 mil hogares peruanos son receptores de remesas y/o con migración internacional, representando el 8,0% del total de hogares, 471 mil reciben remesas y 411 mil tienen migración internacional, es decir alguno de sus miembros vive en el extranjero.

38 de cada 100 jóvenes de 15 a 29 años de edad tenía planes de vivir en otro país
El 48,2% de los jóvenes de 15 a 29 años de edad tenía expectativa de vivir en otro país, de los cuales el 38,0% planeaba salir del país en los siguientes tres años (entre 2011 y 2014) y el 8,0% estaba realizando trámites para viajar.

Las remesas en el 2013 descendieron a 2 mil 707 millones de dólares
En el 2013 ingresaron al país 2 mil 707 millones de dólares en remesas, 2,9% menos que el año anterior. Cabe precisar que, el total de las remesas entre los años 1990 y 2013 ascendió a US$ 29 mil 549 millones con una tasa promedio de crecimiento anual de 16,12%.

El 34,4% de las remesas que ingresan al Perú provienen de Estados Unidos
En el 2013, el 34,4% de las remesas que ingresaron al país provinieron de Estados Unidos (US$ 931 millones), 11,8% España (US$ 319 millones), 8,5% Chile (US$ 230 millones), 8,4% Japón (US$ 227 millones), 7,7% Italia (US$ 208 millones) y 4,7% de Argentina (US$ 127 millones).

264 mil 361 peruanos retornaron al país
Entre los años 2000 y 2013, retornaron al país 264 mil 361 peruanos emigrantes. Cabe precisar que en los últimos tres años, 29 mil 762 peruanos, en promedio por año, regresaron al Perú.

El 70% de los peruanos retornantes tenían entre 15 y 49 años de edad
En el periodo 2000-2013, el 70,2% de los peruanos que retornaron al país tenían entre 15 y 49 años de edad, de los cuales 3,9% tenían entre 15 y 19 años, 10,6% de 20 a 24 años, 13,0% de 25 a 29 años, 13,3% de 30 a 34 años, 11,9% de 35 a 39 años, 9,6% de 40 a 44 años y 7,9% de 45 a 49 años de edad.

99 mil 510 extranjeros residen en el país

En el periodo 1994-2013 los extranjeros que ingresaron al país y no salieron totalizaron 99 mil 510 personas. En el 2013, entraron al país y no han registrado salida 12 mil 444 extranjeros.

Foto: www.serperuano.com

viernes, 24 de mayo de 2013

¿Por qué el reenganche de Estados Unidos con América Latina?


William Márquez
BBC Mundo, Washington
La reciente visita del presidente Barack Obama a México y Centroamérica marca el inicio de un período de intensa actividad diplomática de Estados Unidos con la región, después de más de cuatro años de poco contacto que algunos tildarían de completa indiferencia.

A finales de mayo, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará Brasil, Colombia y el Caribe y, a comienzos de junio, Washington será anfitrión de los presidentes de Chile y Perú, seguidos de las visitas de otros mandatarios latinoamericanos aún por conocerse.

El propio Biden describió la iniciativa como "el período más activo de contacto a alto nivel con América Latina en mucho tiempo", pero algunos se preguntan si EE.UU. podrá recuperar el terreno perdido en la región y cómo mantener firmes esos lazos.

Reinicio del contacto

El primer mandato de Obama fue una continuación del bajo interés reflejado por la presidencia de su antecesor, George W. Bush, en un hemisferio que poco a poco se ha ido distanciando del tradicional gigante que tiene como vecino.

Pero la reciente reunión de Barack Obama con el nuevo presidente de México, Enrique Peña Nieto, y su posterior viaje a Costa Rica para encontrarse con líderes centroamericanos fueron elogiados por observadores y funcionarios como una señal de que el gobierno estadounidense quiere enganchar con América Latina ahora que empieza un segundo período e inaugura a un nuevo secretario de Estado.

"El Hemisferio Occidental siempre ha sido importante para Estados Unidos, pero más aún hoy en día porque tiene más potencial que en cualquier momento de la historia americana", expresó Joe Biden al anunciar un viaje a la región.

El vicepresidente se reunirá a finales de mayo con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para buscar maneras de profundizar los lazos económicos y comerciales; con el presidente Juan Manuel Santos, de Colombia, para discutir relaciones de seguridad y prosperidad mutua; y con varios líderes caribeños en Trinidad y Tobago para hablar de temas de crecimiento, entre otros.

Por su parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, y su homólogo de Perú, Ollanta Humala, visitarán separadamente la Casa Blanca para avanzar las negociaciones del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP por sus siglas en inglés) y otros asuntos energéticos, ambientales y económicos.

Biden anunció que habrá más visitas de otros mandatarios a Washington más tarde en el año.

El repentino e intenso enlace de Washington con sus vecinos responde a varios procesos en la región así como a la agenda interna y externa de la Casa Blanca en los que puede o no haber coincidencia política.

Están la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez y la polémica en torno a las elecciones en Venezuela que han incrementado la preocupación con la estabilidad de ese país y los vecinos andinos; se han formado bloques económicos regionales que no incluyen a EE.UU.; la Asamblea General de la OEA se realizará en Guatemala, en junio, donde sin duda se discutirá el reciente informe sobre las drogas.

Por otra parte, hay un nuevo gobierno en México que está tomando distancia en asuntos que son de mucho interés para EE.UU., particularmente en temas de seguridad fronteriza. Y, por supuesto, está la reforma migratoria que, aunque depende de los votos en el Congreso estadounidense, su aprobación o rechazo tendrá repercusión en la región.

Si bien las relaciones se mantienen en la mayor parte cordiales -Venezuela siendo la excepción-, hay una percepción entre los observadores de que EE.UU. está perdiendo terreno en América Latina.

"No van a poder recuperar ese terreno perdido con nuevos y audaces programas de asistencia porque no hay dinero, así que el paso lógico es aumentar la actividad diplomática", dijo a BBC Mundo Adam Isacson, de la Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos, WOLA.

El analista señaló que en la reciente visita de Obama a México y Centroamérica no se plantearon ideas ni programas especiales. "No hubo promesas concretas más allá de continuar con CARSI (la iniciativa de seguridad regional centroamericana) y lo que sea que remplazará el plan Mérida en México".

Es una apreciación con la que coincide Eric Hershberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Americana en Washington, quien acaba de regresar de Centroamérica donde tuvo oportunidad de hablar con aquellos que estuvieron presentes en la cumbre de mandatarios.

"Mientras reciben con beneplácito la disposición de EE.UU. al diálogo, se lamentan de que Washington no parece tener una visión estratégica de la relación a largo plazo", comentó el profesor Hershberg.

"Falta compromiso"

Según Hershberg, Estados Unidos le puso gran énfasis al intercambio educacional, que fue aplaudido, pero hubo una ausencia de compromiso para ofrecer los recursos necesarios para tal iniciativa.

"Todavía falta mucho para forjar el tipo de relaciones que deberían caracterizar la dinámica entre Washington y sus vecino", expresó el académico.

En México hay, y continuará habiendo, tensiones sobre la insistencia del nuevo gobierno de recuperar algún grado de autonomía con respecto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La preocupación del gobierno estadounidense respecto a la guerra contra las drogas se verá puesta a prueba con la publicación de la OEA sobre el informe que analiza alternativas en ese frente.

"La Casa Blanca querrá manejar ese asunto de manera creativa y prestándole atención a los países de la región que buscan cambiar la actual política antidrogas un poco", indicó Adam Isacson de WOLA.

Pero dentro del gabinete de Obama no hay unanimidad al respecto, dijo Isacson. Unos sectores estarían dispuestos a considerar otras alternativas, aunque no la legalización. Por otra parte, hay preocupación de que algunos gobiernos de la región están aflojando en la lucha contra los carteles de la droga con tal de que su actividad no genere más violencia.

"Aunque el tráfico de drogas continúa igual, el crimen en las calles ha disminuido y esa situación parece ser aceptable para esos gobiernos, aunque no todos en Washington están complacidos con esa política", recalcó el analista.

Cambio de foco

No obstante, Eric Hershberg de la Universidad Americana le abona al presidente Obama la voluntad de cambiar el foco de la discusión hacia temas que debieron ser prioritarios durante su primer mandato pero se vieron opacados por el énfasis desproporcionado en una agenda antidroga y de seguridad.