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sábado, 17 de octubre de 2026

Dialogar es una obligación democrática

Por Wens Silvestre

El Parlamento existe porque una sociedad tiene diferencias y necesita procesarlas mediante la palabra, la deliberación y el voto. Cuando sus integrantes convierten al adversario en enemigo, descalifican sus argumentos por su procedencia política o consideran cualquier concesión una derrota, debilitan la institución que deberían fortalecer. El diálogo es una responsabilidad inherente a la representación democrática. Desde la perspectiva deliberativa de Jürgen Habermas, la legitimidad de las decisiones se sustenta en un proceso libre e inclusivo de formación de la voluntad política. Esta idea exige que las posiciones puedan discutirse y someterse al examen público.

Esta exigencia alcanza al oficialismo y a la oposición, aunque sus responsabilidades sean distintas. A quienes respaldan al Gobierno les corresponde explicar sus propuestas, sustentar su necesidad y construir los apoyos para aprobarlas. A quienes discrepan les corresponde fiscalizar, advertir riesgos y plantear alternativas. Ninguna de esas funciones justifica la imposición, el agravio o el bloqueo como conducta permanente. Reconocer al otro como interlocutor legítimo expresa un principio de igualdad democrática: sus razones merecen ser escuchadas y examinadas, aunque no lleguen a convencernos. 

El oficialismo tiene una responsabilidad especial: tomar la iniciativa para generar confianza. Gobernar supone relacionarse también con quienes no votaron por el partido vencedor. La legitimidad electoral permite conducir el Gobierno, pero la construcción de acuerdos exige escuchar objeciones, responder con argumentos y admitir correcciones. Una observación atendible conserva su valor aunque provenga del adversario más incómodo. John Stuart Mill defendió en Sobre la libertad el valor de confrontar las propias convicciones con las razones contrarias: esa confrontación permite corregir errores y comprender mejor incluso aquello en lo que tenemos razón. Escuchar es, por ello, una forma de mejorar el juicio político.

La oposición, por su parte, debe preservar su independencia y ejercerla con responsabilidad. Puede rechazar una propuesta y explicar sus razones; también puede respaldar una medida útil sin convertirse en aliada del Gobierno. Cuando todo se evalúa según quién obtiene el beneficio político, las necesidades ciudadanas quedan subordinadas a la competencia partidaria. Fiscalizar exige rigor; oponerse exige ofrecer razones. La independencia se demuestra en la capacidad de juzgar cada propuesta con criterios propios y sostener ese juicio ante la ciudadanía.

El debate sobre la delegación de facultades permite plantear una cuestión central: cada materia debe evaluarse por su contenido, sus límites y sus consecuencias. Convertir un conjunto de medidas en una prueba de lealtad al Ejecutivo dificulta distinguir lo necesario de lo discutible. También lo dificulta rechazarlo íntegramente por su origen. Una negociación responsable debe identificar coincidencias, precisar controles y reservar para una discusión más amplia aquello que todavía no reúne respaldo suficiente.

Aprobar un acuerdo parcial puede representar un avance valioso. Si existen coincidencias sobre determinadas medidas, corresponde trabajar para concretarlas y continuar deliberando sobre las restantes. La búsqueda de una victoria total puede terminar sacrificando soluciones posibles. La firmeza política debe expresarse en los objetivos que se defienden y en la capacidad de encontrar caminos viables para alcanzarlos. Una sociedad plural puede compartir decisiones concretas sin que sus integrantes renuncien a sus diferencias más profundas.

El lenguaje importa. Las amenazas, los insultos y las asociaciones descalificadoras con el terrorismo deterioran las condiciones del debate. También las acusaciones indiscriminadas que atribuyen intenciones autoritarias a cualquier discrepancia. Una vez que se niega legitimidad al interlocutor, resulta más difícil reconocer sus aportes o modificar una posición sin que ello parezca una rendición. Hablar con respeto facilita discutir con mayor profundidad y exigir mejores respuestas. El deber de civilidad que plantea John Rawls, referido especialmente a las cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica, ofrece un fundamento para esta exigencia: justificar las posiciones mediante razones públicas y estar dispuesto a escuchar las de los demás. La cortesía importa, pero la responsabilidad democrática exige también ese esfuerzo de justificación.

Sin embargo, el consenso también necesita límites y transparencia. Los acuerdos deben poder explicarse públicamente por sus beneficios, sus costos y las garantías que incorporan. El reparto de posiciones, la protección recíproca o el debilitamiento de los controles no adquieren legitimidad por reunir muchos votos. El valor democrático de un acuerdo depende tanto de su contenido como de la forma en que se construye. Una mayoría puede zanjar una votación; su fuerza numérica no basta para justificar una injusticia ni para sustraer sus decisiones al escrutinio ciudadano.

Por eso, dialogar requiere un método: interlocutores con capacidad de negociar, observaciones sustentadas, respuestas concretas, trabajo técnico entre bancadas y compromisos verificables. Requiere además reconocer las diferencias que persisten. Buscar consenso obliga a realizar un esfuerzo serio por acercar posiciones; cuando ese esfuerzo no alcanza, corresponde decidir mediante el voto y respetar el resultado, conservando el derecho a la crítica y al control. El desacuerdo seguirá formando parte de la democracia. La calidad de sus instituciones se revela en la manera de encauzarlo y en su disposición a revisar las decisiones cuando existan razones para hacerlo.

Las familias que esperan seguridad, atención de salud, educación y oportunidades tienen razones para exigir un Parlamento capaz de producir decisiones útiles. Oficialismo y oposición deben demostrar que pueden discrepar con firmeza, tratarse con respeto y cooperar cuando el interés público lo exige. La autoridad política también se construye escuchando, corrigiendo y cumpliendo acuerdos. Dialogar supone reconocer que ninguna bancada agota la voz de la ciudadanía y que toda decisión pública merece razones que puedan defenderse ante ella. Esa es una obligación democrática que ninguna bancada debería eludir.

jueves, 8 de octubre de 2026

El negocio del estruendo

Trump, el poder y los intereses que prosperan detrás de la política del enemigo

Por Wens Silvestre

El mayor error al analizar a Donald Trump consiste en atribuir todo lo que hace a un temperamento incontrolable. Sus insultos, amenazas, contradicciones y repentinos cambios de posición pueden parecer manifestaciones espontáneas de una personalidad dominada por la ira y la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, considerados en conjunto, revelan un método de ejercicio del poder: mantener a la sociedad en conflicto permanente, convertir al adversario en enemigo y acaparar la atención pública mientras se transforma silenciosamente la relación entre el Estado, la política y los negocios privados.

No existe evidencia suficiente para afirmar que cada exabrupto de Trump haya sido cuidadosamente programado para encubrir una operación económica determinada. Sostenerlo sería sustituir el análisis por una teoría conspirativa. Pero sí existe evidencia para plantear algo más grave: el ruido político facilita un sistema en el que la familia presidencial, sus aliados, determinados donantes y empresas reguladas pueden obtener beneficios, mientras los mecanismos de fiscalización son debilitados, intimidados o desacreditados. 

El insulto es la parte visible. La captura del Estado y la monetización de la proximidad al poder constituyen el problema de fondo.

La distracción como método político

Trump comprendió, antes que muchos políticos tradicionales, que en la nueva economía de la atención no siempre es necesario convencer: basta con dominar la conversación. Una amenaza contra un país, una descalificación a un periodista o la invención de un nuevo enemigo desplazan de inmediato otros asuntos de la agenda pública.

Una investigación publicada en Nature Communications, basada en su primera presidencia, encontró que un aumento de la cobertura mediática sobre asuntos potencialmente perjudiciales para Trump iba seguido de una intensificación de sus mensajes sobre otros temas y, posteriormente, de una disminución de aquella cobertura incómoda. El estudio no demuestra que cada mensaje fuera deliberadamente calculado, pero sí identificó un patrón compatible con una estrategia de distracción mediática.

Este procedimiento no solo desvía la atención: también agota a la sociedad. Cuando cada día trae consigo un nuevo motivo de indignación, los ciudadanos pierden capacidad para distinguir entre un insulto, una amenaza constitucional, una guerra, un contrato público y un negocio familiar. La saturación acaba por normalizar lo extraordinario.

La retórica del enemigo cumple, además, una función defensiva. Si jueces, fiscales, periodistas, científicos, universidades o legisladores son presentados de antemano como corruptos, antipatriotas o integrantes de una conspiración, cualquier investigación que emprendan puede desacreditarse como persecución política.

De ese modo, Trump presenta la rendición de cuentas como un ataque contra sus seguidores. La identificación emocional con el líder hace que las acusaciones no necesariamente reduzcan su apoyo: incluso pueden reforzarlo.

Su discurso configura una comunidad unida menos por un proyecto económico coherente que por adversarios compartidos: inmigrantes, universidades, medios de comunicación, funcionarios profesionales, jueces, opositores políticos, gobiernos extranjeros e incluso empresas que se niegan a adoptar el vocabulario presidencial.

No todos los simpatizantes de Trump comparten sus excesos. Algunos lo apoyan por sus posiciones sobre impuestos, inmigración, conservadurismo judicial, seguridad o rechazo a las élites tradicionales. Pero cuando la adhesión partidaria conduce a justificar el uso del Estado contra los adversarios, el respaldo a determinadas políticas se convierte en tolerancia frente al abuso de poder.

Una presidencia que también es un negocio

Durante su segundo mandato, la dimensión económica del fenómeno Trump ha adquirido una magnitud difícilmente comparable con la de cualquier presidente estadounidense contemporáneo.

Su declaración financiera correspondiente a 2025 registró más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de criptomonedas: casi 800 millones vinculados a World Liberty Financial y 635 millones provenientes de la moneda digital Trump. Reuters estimó que la familia habría obtenido al menos 2.300 millones de dólares de sus principales proyectos criptográficos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

La administración sostiene que no existe conflicto porque los negocios están administrados por sus hijos. Sin embargo, Trump sigue siendo beneficiario de los activos colocados en el fideicomiso. No se trata de un fideicomiso ciego ni de una auténtica separación patrimonial. El presidente continúa enriqueciéndose en un mercado sobre el cual su gobierno adopta decisiones regulatorias, reduce las acciones de fiscalización y promueve políticas favorables.

Esta superposición convierte al presidente, simultáneamente, en gobernante, regulador, promotor y beneficiario.

Los vínculos internacionales profundizan la preocupación. MGX, empresa controlada por Abu Dabi y presidida por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, utilizó 2.000 millones de dólares de la moneda estable USD1 —emitida por World Liberty Financial— para efectuar una inversión en Binance. Las reservas que respaldan esa moneda generan intereses para entidades afiliadas, entre ellas una participada por la Trump Organization.

Una revisión de las cincuenta mayores billeteras de World Liberty identificó que treinta y seis parecían estar vinculadas con compradores extranjeros. Esto no prueba, por sí solo, la existencia de un pago ilícito, pero abre un canal por el que actores extranjeros sujetos a decisiones diplomáticas, comerciales o regulatorias de Estados Unidos pueden transferir valor a una empresa que beneficia a la familia presidencial.

También hay secuencias de hechos que exigen investigación.

El empresario del sector de las criptomonedas Justin Sun compró 75 millones de dólares en tokens de World Liberty. Poco después de que ampliara su inversión, la Comisión de Bolsa y Valores suspendió el proceso que mantenía contra él.

Crypto.com donó alrededor de 11 millones de dólares a organizaciones políticas vinculadas a Trump. La investigación federal que afrontaba fue archivada posteriormente, y la empresa anunció una operación de aproximadamente 1.000 millones de dólares con Trump Media.

Binance participó en la operación realizada mediante USD1. Posteriormente, Trump indultó a su fundador, Changpeng Zhao, condenado por incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Ninguno de estos hechos demuestra, por separado, un intercambio corrupto. Las empresas y la Casa Blanca niegan cualquier vinculación impropia. Sin embargo, la reiteración de operaciones en las que una contraparte regulada beneficia económicamente al entorno presidencial y después recibe una decisión gubernamental favorable constituye una señal suficientemente seria como para exigir documentos, comunicaciones internas y testimonios bajo juramento.

Esta expansión alcanza también a la defensa, los drones y la inteligencia artificial. El fondo 1789 Capital, del que Donald Trump Jr. es socio, invirtió en Vulcan Elements; tres meses después, se anunció un préstamo de 620 millones de dólares del Pentágono. El fondo también respalda a Reflection AI, seleccionada para operar en redes militares clasificadas.

Empresas de drones relacionadas, directa o indirectamente, con Donald Trump Jr. y Eric Trump han buscado financiamiento público, obtenido contratos o proyectado negocios con el Pentágono y gobiernos extranjeros. Los hijos del presidente afirman actuar como inversionistas pasivos. Pero, precisamente porque se trata de sectores dependientes de decisiones gubernamentales, esa pasividad debe comprobarse y no simplemente presumirse.

Jared Kushner representa otro punto de intersección. Su empresa Affinity Partners administra capital procedente de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras él participa como enviado estadounidense en negociaciones diplomáticas, aunque sin ser formalmente empleado federal. Su abogado sostiene que no ha infringido ninguna norma aplicable. Sin embargo, el problema ético persiste: quien negocia en nombre de Estados Unidos mantiene, al mismo tiempo, intereses financieros relacionados con los gobiernos ante los cuales negocia.

A ello se añade la relación con el sector petrolero. Durante la campaña de 2024, Trump pidió a ejecutivos del petróleo y el gas reunir 1.000 millones de dólares para respaldar su candidatura, mientras ofrecía eliminar regulaciones, acelerar permisos y proteger beneficios tributarios. Una investigación de senadores demócratas sostiene que, posteriormente, el sector recibió cientos de miles de millones de dólares en ventajas fiscales, subsidios y desregulación. La Casa Blanca rechaza que haya existido un acuerdo corrupto.

Una vez más, la coincidencia no constituye por sí sola una prueba penal. Pero sería irresponsable que el Congreso dejara de investigar si existió correspondencia entre aportes, promesas y decisiones oficiales.

Cuando la amenaza se convierte en acción pública

La cuestión ya no se limita a los negocios ni a los discursos.

Una investigación de Reuters documentó, hasta noviembre de 2025, por lo menos 470 personas, empresas e instituciones objeto de represalias durante el segundo mandato de Trump. Entre ellas figuraban fiscales, agentes federales, funcionarios, militares, universidades, medios de comunicación y bufetes de abogados. Reuters identificó cientos de acciones punitivas, decenas de amenazas y diversos casos de organizaciones que modificaron sus políticas para evitar sanciones gubernamentales.

Cuatro grandes bufetes obtuvieron sentencias favorables de jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, quienes concluyeron que las órdenes dirigidas contra ellos vulneraban derechos constitucionales. Otros despachos optaron por negociar y comprometer servicios jurídicos gratuitos alineados con las prioridades de la administración.

El gobierno reconoció ante los tribunales que canceló 7.600 millones de dólares destinados a casi trescientos proyectos de energía limpia situados en dieciséis estados que habían votado por Kamala Harris. Las cancelaciones no se basaron en el costo ni en el desempeño individual de cada proyecto, sino en la identidad política de los estados beneficiarios.

Harvard afronta la pérdida de más de 2.000 millones de dólares tras resistirse a exigencias ideológicas de la Casa Blanca. Medios como CNN, MS NOW y Politico han acudido a los tribunales para impugnar su exclusión de espacios presidenciales debido a coberturas que Trump considera hostiles.

Más recientemente, recursos públicos originalmente destinados a fines de seguridad se utilizaron para financiar anuncios televisivos que exaltaban personalmente al presidente en vísperas de las elecciones legislativas. Tras los cuestionamientos de ambos partidos, Trump anunció que los nuevos anuncios serían financiados por una organización política, pero la Casa Blanca no ofreció devolver lo ya gastado por el Estado.

La administración sostiene que cumple el mandato recibido de los electores y corrige la instrumentalización política ocurrida durante gobiernos anteriores. Sin embargo, un mandato electoral autoriza a desarrollar políticas públicas; no a convertir presupuestos, investigaciones, contratos, subvenciones o agencias federales en instrumentos de lealtad personal.

En el ámbito exterior se advierte el mismo patrón transaccional. Las amenazas arancelarias, las presiones sobre los aliados, las pretensiones sobre Groenlandia, el condicionamiento de la protección militar y la guerra con Irán han debilitado la previsibilidad estadounidense.

La guerra contra Irán se inició sin autorización legislativa expresa. La Cámara de Representantes aprobó una resolución destinada a exigir esa autorización, pero el Senado la rechazó por apenas 50 votos contra 49. La continuidad de un conflicto de semejante magnitud, más allá del plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, plantea la apropiación presidencial de una competencia que la Constitución atribuye al Congreso.

Esa incertidumbre tiene un costo. Eleva los precios de los combustibles, altera las cadenas de suministro, desalienta inversiones y obliga a aliados y empresas a incorporar una prima de riesgo político. Mientras algunos exportadores, contratistas de defensa, especuladores o inversionistas cercanos al poder pueden beneficiarse, el costo termina trasladándose a los ciudadanos mediante inflación, impuestos, deuda y menor estabilidad económica.

Los escenarios que enfrenta el régimen Trump

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 serán decisivas. Una encuesta Reuters/Ipsos situó la aprobación presidencial en alrededor del 32 %, mientras cerca del 65 % desaprobaba su gestión. Reuters encontró, además, que aproximadamente dos tercios de los candidatos republicanos que competían en circunscripciones reñidas procuraban distanciarse de Trump en asuntos como la guerra con Irán, los precios y determinados proyectos tecnológicos.

Las encuestas no equivalen a resultados electorales, pero muestran el desgaste de la coalición presidencial. De esos comicios pueden surgir cuatro escenarios.

Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump interpretará la victoria como una ratificación de su estrategia. Seguirá contando con un Congreso poco inclinado a investigarlo y aumentará la presión sobre tribunales, medios, universidades y gobiernos estatales. Los principales controles quedarían en manos del Poder Judicial, los estados, la prensa y la sociedad civil.

Si los demócratas conquistan solamente la Cámara de Representantes, podrán presidir comisiones, emitir citaciones, exigir documentos y abrir una investigación formal de impeachment. Sería el escenario más probable para examinar los negocios familiares, contratos, indultos, decisiones regulatorias y financiamiento extranjero. No obstante, una acusación aprobada por la Cámara difícilmente conduciría a la destitución sin una ruptura significativa dentro del Partido Republicano, pues el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.

Si los demócratas ganan únicamente el Senado, no podrán iniciar por sí solos un impeachment, facultad exclusiva de la Cámara de Representantes. Pero controlarían las confirmaciones, las investigaciones senatoriales y parte del proceso presupuestario, y podrían dificultar el nombramiento de funcionarios dispuestos a ejecutar represalias políticas.

Si la oposición obtiene ambas cámaras, se abriría el escenario de mayor fiscalización. Podrían desarrollarse simultáneamente investigaciones sobre corrupción, guerra, libertades civiles, utilización electoral del presupuesto y negocios familiares. Incluso entonces, la destitución seguiría requiriendo votos republicanos. El impeachment no puede ser una simple operación matemática de la oposición: exige construir pruebas capaces de atravesar la frontera partidaria.

El representante Steve Cohen presentó en septiembre veintiséis artículos de impeachment relacionados con el abuso de poder, la violación del juramento presidencial, la utilización corrupta del indulto y posibles infracciones de las cláusulas de emolumentos. Días antes, otra resolución había sido archivada por 232 votos contra 147, con la participación de legisladores demócratas que consideraron insuficiente la investigación previa.

Esa objeción es razonable, pero no puede convertirse en pretexto para la pasividad. Si faltan pruebas, corresponde investigarlas. Si existen conflictos de interés, hay que identificar a los beneficiarios. Si hay decisiones regulatorias sospechosamente coincidentes con pagos o inversiones, debe reconstruirse la cronología. Y si las acusaciones resultan infundadas, también debe decirse públicamente.

La obligación constitucional del Congreso

El impeachment no fue concebido para sancionar malos modales, discursos ofensivos o políticas equivocadas. Fue establecido para enfrentar la traición, el soborno y otros altos delitos y faltas, categoría que la tradición constitucional estadounidense vincula con el abuso de poder, la corrupción del cargo, la usurpación de competencias y las violaciones graves de la confianza pública.

El Congreso no está obligado a condenar antes de investigar. Pero sí tiene la obligación institucional de fiscalizar cuando existe evidencia razonable de que el presidente podría estar utilizando el poder público para obtener beneficios privados, castigar a adversarios o erosionar deliberadamente los controles constitucionales.

Una investigación seria debería identificar a los verdaderos compradores de los activos digitales de Trump; requerir las comunicaciones entre la Casa Blanca y la SEC, el Departamento de Justicia, el Pentágono, el Departamento de Estado y otras agencias; reconstruir las operaciones de las empresas vinculadas a sus familiares; establecer si existieron recusaciones; y contrastar los pagos, donaciones e inversiones con las decisiones públicas que beneficiaron a sus protagonistas.

Solo después correspondería formular artículos de impeachment concretos y susceptibles de ser probados. Una acusación excesivamente extensa, que mezcle corrupción, disputas ideológicas y declaraciones ofensivas, podría facilitar la defensa política de Trump. Sería preferible concentrarse en conductas claramente vinculadas con el abuso del poder presidencial, las represalias oficiales, la apropiación de competencias del Congreso, el uso partidario de fondos públicos y los eventuales beneficios privados derivados de actos oficiales.

Los republicanos deberían comprender que el poder que hoy permiten utilizar contra los adversarios de Trump podría ser empleado mañana por un presidente demócrata contra ellos. Los demócratas, por su parte, deberían entender que el impeachment no puede reducirse a un instrumento electoral ni a una demostración de indignación.

La pregunta no es si Donald Trump resulta desagradable, autoritario o moralmente inaceptable. La pregunta constitucional es si está utilizando la Presidencia para transformar la autoridad pública en poder personal y, a su vez, el poder personal en beneficio económico.

Esperar una confesión explícita sería ingenuo. Acusar sin pruebas concluyentes sería irresponsable. Pero negarse a investigar ante la acumulación de indicios supone una renuncia del Congreso a su función esencial.

Trump puede ser el protagonista más visible, pero el futuro de la democracia estadounidense dependerá también de quienes tienen la responsabilidad de controlarlo. El verdadero peligro comienza cuando legisladores, empresarios, universidades, medios y funcionarios concluyen que es más rentable obedecer al presidente que exigirle cuentas.

Cuando el miedo se convierte en criterio administrativo, la adulación en ventaja competitiva y la proximidad al gobernante en modelo de negocio, la democracia conserva sus instituciones sobre el papel, pero comienza a perderlas en la realidad.

Referencias

Associated Press. (2026). Trump administration admits grants for clean energy were canceled based on politics.

Associated Press. (2026). Crypto deal exposes potential conflicts of interest in Trump presidency.

Cohen, S. (2026, 25 de septiembre). Introducing 26 Articles of Impeachment Against President Donald Trump. Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Congress.gov, Constitution Annotated. (s. f.). Historical Background on Impeachable Offenses. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Lewandowsky, S., Jetter, M., & Ecker, U. K. H. (2020). Using the president’s tweets to understand political diversion in the age of social media. Nature Communications, 11, 5764.

Reuters. (2025, 26 de noviembre). Trump’s campaign of retribution: At least 470 targets and counting.

Reuters. (2025, 28 de octubre). Inside the Trump family’s global crypto cash machine.

Reuters. (2026, 9 de junio). Parsing the Trumps’ crypto profits, investors’ losses.

Reuters. (2026, 30 de junio). Trump reports over $1.4 billion in income from crypto ventures.

Reuters. (2026, 24 de septiembre). Trump rolled back regulations for oil company campaign donors, Democrats say.

Reuters. (2026, 24 de septiembre). US Senate rejects resolution curbing Trump’s Iran war powers.

Reuters. (2026, 28 de septiembre). Democrats to probe lucrative Trump family business deals if they win midterms.

Reuters. (2026, 7 de octubre). Democrats sue Trump to halt taxpayer-funded TV ads that praised him.

Reuters. (2026, 8 de octubre). Most Republicans in tight midterm races distance themselves from Trump, Reuters review finds.

U.S. Office of Government Ethics. (1983). President and Vice President not Subject to 18 U.S.C. §§ 202–209.

 

martes, 7 de abril de 2026

Entre promesas y responsabilidades

Por Wens Silvestre

En la recta final de las elecciones generales de 2026, nuestro país no solo enfrenta una competencia entre candidatos; enfrenta, sobre todo, una prueba de madurez cívica. Los últimos sondeos difundidos el 5 de abril, antes del inicio del silencio electoral, mostraron un escenario fragmentado: Keiko Fujimori aparece al frente, pero sin opción de cerrar la elección en primera vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado y el resto del pelotón permanece comprimido en márgenes estrechos. Reuters resumió esa fotografía con claridad: liderato relativamente estable en la punta, alta dispersión debajo de ella y una segunda vuelta prácticamente instalada como horizonte.

Ese dato, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién encabeza una encuesta, sino qué le está ofreciendo al país y con qué seriedad lo hace. El problema de esta campaña no ha sido la falta de propuestas; ha sido, más bien, la abundancia de ofertas acompañadas por una insuficiente explicación del cómo. En muchos casos, el discurso electoral ha preferido la consigna a la política pública, la frase efectista al diseño institucional, la indignación al método. Y allí radica uno de los mayores riesgos de esta elección: que la ciudadanía termine premiando la promesa más sonora, no la propuesta más viable. 

Al revisar los planes de gobierno oficialmente presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, conviene recordar algo elemental que a veces se pierde entre mítines, TikToks y debates crispados: el plan de gobierno no es un adorno burocrático ni un simple requisito de inscripción. El propio JNE lo define como el documento que contiene el diagnóstico, los objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas de una organización política; además, subraya que debe servir como parámetro para un voto informado y como referencia para la rendición de cuentas al final del mandato. Más aún, el marco actual exige un contenido mínimo, prioriza claridad y previsión, y prohíbe modificar el plan con posterioridad a su presentación.

Por eso, la pregunta correcta no es si una propuesta emociona, sino si resiste cuatro pruebas básicas. Primero, si identifica con seriedad un problema real del país. Segundo, si explica con qué instrumentos lo enfrentará. Tercero, si deja entrever de dónde saldrán los recursos y qué costos implicará. Y cuarto, si muestra alguna viabilidad política, jurídica y administrativa. Cuando una candidatura falla en una o varias de esas condiciones, lo que queda ya no es una política pública en sentido estricto, sino una oferta de campaña desnuda: vistosa, quizás seductora, pero débil frente a la realidad.

En ese examen, las candidaturas mejor posicionadas han mostrado diferencias marcadas. Algunas sí presentan una arquitectura relativamente consistente: objetivos, estrategias, metas, cronogramas, instrumentos de gestión, referencias a inversión, simplificación, digitalización, formalización o reformas sectoriales. Otras, en cambio, descansan más en la figura del líder, en la idea del golpe de autoridad, en la promesa de mano dura, en el voluntarismo o en la ilusión de que basta la voluntad presidencial para doblegar inercias históricas del Estado peruano. Hay también candidaturas cuyo relato es ideológicamente coherente, pero cuya ejecución dependería de rupturas constitucionales, mayorías improbables o transformaciones institucionales de muy baja factibilidad inmediata. En todos esos casos, la distancia entre prometer y gobernar sigue siendo inmensa.

Ese es, quizás, el rasgo más revelador del proceso electoral actual. No estamos ante una campaña pobre en imaginación, sino ante una campaña donde con frecuencia el “qué” avanza muy por delante del “cómo”. Se promete seguridad sin reforma policial y fiscal precisa; crecimiento sin detallar motores reales de productividad; empleo sin explicar condiciones de inversión; lucha anticorrupción sin rediseño institucional convincente; más Estado o menos Estado sin aclarar capacidad operativa, gradualidad ni costos de transición. En otras palabras, la política vuelve a ofrecer resultados como si estos pudieran decretarse, cuando en realidad todo cambio serio exige secuencia, financiamiento, cuadros técnicos, coordinación intergubernamental y tiempo.

La dispersión que muestran los sondeos también dice mucho sobre la calidad de nuestra vida pública. Con 35 candidaturas presidenciales registradas, un liderazgo parcial en la cima y una fuerte disputa por los siguientes lugares, el país llega a la elección en medio de una oferta sobrepoblada y una ciudadanía todavía desconfiada. No es extraño, entonces, que proliferen las promesas maximalistas: cuando el sistema está fragmentado, cada candidatura siente la tentación de sobresalir no por la solidez de su programa, sino por la espectacularidad de su oferta. La inflación de promesas se convierte así en un síntoma de precariedad política.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre los candidatos. También el ciudadano tiene una tarea que no puede delegar. Votar no consiste únicamente en escoger un nombre o rechazar otro; consiste en asumir, con la mayor lucidez posible, las consecuencias de esa decisión. La democracia no termina cuando se deposita la cédula en el ánfora. Allí, en rigor, comienza la parte más difícil: vigilar, exigir, comparar, recordar y reclamar. Si el plan de gobierno es la hoja de ruta ofrecida para conquistar el poder, entonces debe convertirse también en el primer documento que la ciudadanía use para supervisar al poder.

Por eso, el llamado que hoy merece hacerse no es a votar por tal o cual candidatura, sino a votar con conciencia de que ninguna oferta debe ser recibida como un acto de fe. El elector no es un espectador de feria ni un consumidor pasivo de eslóganes. Es un mandante temporal del poder político. Y quien manda, en democracia, tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir cumplimiento. Exigir que el candidato ganador honre lo que prometió. Exigir que gobierne con arreglo a su programa. Exigir que, si las circunstancias nacionales obligan a corregir, reordenar o priorizar de otro modo, no lo haga con arbitrariedad ni oportunismo, sino con explicación técnica, transparencia pública y responsabilidad frente al país.

Porque sí: gobernar también puede exigir ajustes. La realidad suele golpear más fuerte que la retórica de campaña, y el interés nacional no siempre coincide milimétricamente con el papel inscrito meses antes. Pero esa necesaria flexibilidad no puede ser una licencia para la traición programática. Si un gobierno se aparta de su hoja de ruta, debe justificarlo; si cambia prioridades, debe explicarlas; si abandona una promesa, debe responder por ello. La responsabilidad democrática no consiste en petrificar un documento, sino en impedir que el mandato popular sea usado como cheque en blanco.

En tiempos de ofertas desbordadas, el mejor antídoto no es el cinismo, sino la vigilancia ciudadana. El Perú no necesita electores fascinados por el milagro verbal de la campaña; necesita ciudadanos serenos, críticos y responsables, capaces de distinguir entre una propuesta pensada para gobernar y una promesa fabricada solo para seducir. Ese discernimiento no garantiza por sí solo un buen gobierno, pero sí reduce la probabilidad de un nuevo desencanto.

Al final, cada ciudadano es libre de elegir según su conciencia, su experiencia, sus convicciones y su esperanza. Esa libertad debe ser respetada siempre. Pero justamente porque el voto es libre, también debe ser responsable. Y un voto responsable no solo escoge: recuerda. No solo decide: vigila. No solo otorga poder: exige resultados. En una democracia fatigada como la nuestra, tal vez esa sea la forma más seria de defender el futuro del país.

domingo, 28 de diciembre de 2025

El ruido político que amenaza el debate democrático

Por Wens Silvestre

Cuando observamos nuestro panorama político a puertas de las elecciones generales de abril de 2026, no podemos separar la profunda crisis de representatividad que atraviesa el país del tipo de lenguaje que se ha vuelto dominante en la comunicación política, especialmente en plataformas digitales. Esta crisis no empezó ayer, ni se limita a un solo actor; pero la forma en que las ideas se expresan —cada vez más a través de consignas polarizantes y apelaciones emocionales extremas— ha transformado el debate público en una arena de gritos y antagonismos más que de propuestas y deliberación racional. Investigaciones sobre la polarización política en el Perú muestran que esta tendencia de “nosotros contra ellos” ha sido un proceso creciente durante décadas, expandiéndose en todas las dimensiones de la vida pública y erosionando la posibilidad de acuerdos o consensos básicos en la sociedad (Mejía Navarrete, 2024).

Este fenómeno de polarización no es inocuo; opera afectivamente y tiene consecuencias para la salud democrática del país. Expertos en ciencias políticas han señalado que, cuando se construye al oponente como enemigo que “debe ser vencido”, se debilita la noción de adversario legítimo y se abre la puerta a la percepción de que el otro no es solo distinto, sino peligroso para la comunidad misma. En condiciones saludables, la política democrática reconoce al adversario como un competidor a ser vencido en las urnas, no como un enemigo moral que hay que erradicar (McCoy, 2019).

En ese sentido, algunos discursos de figuras emblemáticas de la política peruana reciente —y que han sido ampliamente documentados— no solo apelan al descontento ciudadano, sino que lo hacen con un lenguaje que activa miedo, desconfianza y hostilidad hacia diversos colectivos y hacia instituciones mediadoras como la prensa. Un análisis en profundidad de medios investigativos encontró que ciertos líderes recurren sistemáticamente a teorías de la conspiración, desinformación y expresiones que no solo exageran amenazas, sino que describen a oponentes y sectores sociales como parte de un complot global contra la “gente honesta” (Castilla, Cabral, & Cucho, 2021).

Este tipo de recurso discursivo funciona así: en lugar de explicar por qué una política propuesta será efectiva, se enfatiza que quienes se oponen son parte de una fuerza oscura y destructiva que va contra la nación. La repetición de marcos donde se enfrentan facciones existenciales —“el bien” contra “el mal”— no solo simplifica en exceso la realidad, sino que explota las emociones más básicas de los públicos, amplificando la indignación y reduciendo la capacidad de análisis crítico. Esto es particularmente pernicioso en un contexto de profundas desigualdades sociales, fragilidad institucional y desconfianza estructural en el sistema político que ha caracterizado a nuestro país en años recientes.

Más allá de la polarización ideológica, hay estudios que han documentado cómo ciertos mensajes en redes, especialmente en Twitter —un espacio donde muchos políticos peruanos han viralizado su discurso— contienen componentes de odio, estigmatización y terruqueo, es decir, acusaciones que remiten a asociaciones con terrorismo o traición sin sustentos verificables (Morocho Alvia, 2023). Los recursos lingüísticos empleados, como la burla, la ironía o la acusación sin pruebas, no solo degradan a sus destinatarios, sino que exhiben una clara intención de hacer que ciertas personas o grupos se perciban como ilegítimos o peligrosos para la supervivencia de la nación.

Esto tiene un efecto acumulativo: cuando un número significativo de actores políticos normaliza esta retórica agresiva, el discurso público empieza a parecerse más a un campo de combate que a un foro de discusión. El resultado es que el debate colectivo deja de centrarse en cómo resolver los problemas estructurales del país —como la desigualdad, la inseguridad o la precariedad institucional— y se desplaza hacia una lógica de confrontación identitaria y emocional. En lugar de explicar cómo abordar un problema complejo, se recurre a frases diseñadas para provocar reacciones viscerales.

La pregunta que debemos hacernos como sociedad es profunda: ¿queremos líderes que prioricen la indignación por encima de la argumentación? ¿Queremos una política donde se gana visibilidad por la fuerza del grito más que por la claridad de una propuesta? ¿Qué tipo de democracia se construye cuando las apelaciones a la emoción sustituyen el análisis racional? Estas preguntas no son retóricas; son esenciales para evaluar el rumbo que está tomando el país.

Así pues, no se trata simplemente de criticar el tono de ciertos discursos ni de condenar la emoción en política. Las emociones siempre forman parte de la conversación política; sin embargo, cuando se utilizan omnipresentemente como herramienta para polarizar, deslegitimar y estrechar el campo de lo pensable, se produce una degradación del debate que mina la confianza pública en las instituciones democráticas y obstaculiza la cooperación social. El peligro no solo está en lo que se dice, sino en cómo y con qué efectos se disemina.

Si aspiramos a una democracia más sólida, es imperativo exigir un discurso que reconozca la pluralidad de opiniones como una fortaleza, no como una amenaza. Debemos reclamar a los políticos que articulen sus propuestas con claridad, responsabilidad y conexión con la realidad del país, en lugar de recurrir a consignas simplificadoras que alimentan la confrontación social. Porque si lo que prevalece es la exaltación emocional sobre el razonamiento crítico, la crisis no se resolverá: simplemente se profundizará, dejando a la deliberación pública en ruinas y a la ciudadanía cada vez más desconectada de la política real que el país necesita.


jueves, 26 de junio de 2025

Democracias a la deriva y ciudadanía ausente

Por Wens Silvestre

Desde inicios del siglo XXI, pero con especial intensidad en el último quinquenio, las democracias del mundo han enfrentado una creciente erosión. Autocracias electas, liderazgos populistas, manipulación de información mediante tecnologías digitales y polarización social han debilitado los fundamentos del gobierno representativo. Informes como los de Freedom House, V-Dem y The Economist Democracy Index coinciden: hay más retrocesos que avances. Y lo más preocupante es que estos procesos no solo se dan en regímenes frágiles, sino en democracias consolidadas como Estados Unidos, Israel, India y Brasil.

En este escenario global, la apatía ciudadana y el debilitamiento de los partidos políticos como intermediarios entre el poder y la población explican, en parte, por qué se eligen líderes autoritarios, ineficientes o corruptos. No es solo un fracaso de las élites; es también una falla colectiva de la ciudadanía global por no asumir un rol activo y deliberativo. 

En el caso peruano, la crisis democrática ha sido aún más aguda. Entre 2016 y 2025, el país ha tenido seis presidentes en menos de diez años, y un Congreso que, lejos de representar al pueblo, ha actuado como un órgano de blindaje, cooptación institucional y producción legislativa arbitraria.

El Congreso ha utilizado su poder para aprobar leyes por insistencia, incluso contra la opinión técnica del Ejecutivo y de organismos autónomos. Se ha fortalecido su control indirecto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y ha intentado socavar la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo, ha promovido leyes abiertamente inconstitucionales o regresivas: la contrarreforma universitaria, la eliminación de detención preliminar, leyes punitivas contra adolescentes, restricciones al referéndum y leyes anti-ONG.

Lo más alarmante es que este copamiento se ha hecho sin una ciudadanía vigilante ni activa. La pasividad ha sido funcional al deterioro democrático.

¿Y el ciudadano? ¿Elector o cómplice?

La última encuesta de Datum (junio 2025) revela un dato estructuralmente preocupante: el 63 % de peruanos no simpatiza con ningún partido político y el 68 % prefiere votar por partidos nuevos (Congreso) antes que conocidos. Aunque esto refleja una legítima desilusión, también denota una ciudadanía que no ha desarrollado criterios sólidos de deliberación ni exigencia institucional.

Ø  El 53 % de encuestados prefiere un candidato "nuevo" en política frente a uno con experiencia (38%), incluso si eso implica mayor improvisación.

Ø  El 70 % decide su voto evaluando tanto al candidato como al partido, pero el 15 % lo hace solo por el candidato, sin importar el grupo que lo respalde.

Ø  Los atributos más valorados para el próximo presidente son sus propuestas (39 %) y su experiencia laboral (22 %), mientras que solo el 12% valora su trayectoria política.

La consecuencia es que figuras mediáticas o antisistema ganan protagonismo: Carlos Álvarez lidera la simpatía con 39 %, seguido por López Aliaga (29 %) y Yonhy Lescano (22 %). Paradójicamente, muchos de estos candidatos no tienen un proyecto institucional serio, y algunos acumulan altos niveles de rechazo (más del 30 % en varios casos).

Opciones rumbo a 2026: ¿refundar o repetir?

El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026 con un ecosistema político devastado:

Ø  Los partidos tradicionales han perdido arraigo y credibilidad.

Ø  El Congreso continúa aprobando normas que debilitan la democracia y los derechos fundamentales.

Ø  El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha sido cómplice por omisión o conveniencia, prefiriendo sobrevivir al costo de abdicar del control constitucional.

Sin embargo, la encuesta de Datum también muestra que la ciudadanía quiere un cambio: exige seguridad (46 %), economía (41 %), y lucha contra la corrupción (39 %) como prioridades para el próximo gobierno. El problema es que no encuentra a quién confiarle esa tarea.

O elegimos mejor, o dejamos de ser democracia

Las democracias no mueren de un golpe. Mueren de apatía, improvisación y elecciones sin memoria. El Perú es hoy un espejo de lo que ocurre a nivel global: la democracia está siendo vaciada desde dentro, no solo por los políticos, sino también por una ciudadanía que elige sin evaluar, que vota sin exigir, que observa sin participar.

Si 2026 se convierte en una repetición de los errores del pasado —eligiendo figuras sin equipos, partidos sin principios o candidatos sin trayectoria ni visión de país— entonces el país seguirá descendiendo en su espiral autoritaria. La oportunidad aún existe. Pero no es tarea solo de los políticos. Es, sobre todo, tarea de los ciudadanos.

miércoles, 15 de enero de 2025

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.


viernes, 29 de marzo de 2024

Desconfianza en el gobierno y corrupción: Un círculo vicioso que agrava la inseguridad y el deterioro democrático en el país

 

Por: Wens Silvestre

En medio de un panorama oscuro marcado por la desconfianza generalizada en el gobierno y las instituciones del Estado, nuestro país enfrenta una crisis multidimensional que va más allá de los índices de seguridad ciudadana. Según los últimos datos revelados por Ipsos, la aprobación de la gestión presidencial de Dina Boluarte ha alcanzado un preocupante 9%, mientras que su desaprobación ha escalado hasta el 88%. Paralelamente, el ministro del Interior, Víctor Torres, enfrenta una situación similar, con apenas un 10% de aprobación y un 75% de desaprobación.

Estos números no son solo indicativos de un descontento generalizado, sino que reflejan una profunda falta de credibilidad en las autoridades y el sistema político en su conjunto. La gestión del Congreso de la República y del Poder Judicial tampoco escapa a esta desaprobación, con índices del 85% y 73% respectivamente.

Este panorama de desconfianza y descontento generalizado mina la legitimidad de las instituciones del Estado y erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. La correlación entre la desconfianza en el gobierno y la corrupción es innegable. La falta de transparencia y la impunidad que caracterizan los escándalos de corrupción socavan la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y el imperio de la ley.

Los ciudadanos perciben que los recursos destinados a combatir la delincuencia son desviados hacia intereses particulares, mientras que los responsables de garantizar la justicia actúan con negligencia o complicidad. Esta situación de desconfianza y corrupción tiene consecuencias devastadoras para la seguridad de la población. La falta de legitimidad de las instituciones estatales socava la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana y debilita la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la violencia urbana.

La percepción de impunidad y la falta de confianza en la justicia alimentan un clima de inseguridad y desesperanza en el que la población se siente vulnerable y desprotegida. Además, el deterioro de la democracia como resultado de la corrupción y la falta de transparencia amenaza con socavar los pilares fundamentales de la convivencia democrática.

La erosión de la confianza en las instituciones democráticas alimenta la polarización política, el descontento social y la desafección ciudadana, creando un caldo de cultivo para la radicalización y el autoritarismo. En este contexto, es imperativo que el gobierno y las instituciones del Estado asuman su responsabilidad de restaurar la confianza y reconstruir la legitimidad perdida.

Esto requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es necesario combatir la corrupción en todas sus formas y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, es fundamental promover la participación ciudadana y la sociedad civil en la toma de decisiones y la supervisión de las políticas públicas.

La construcción de una cultura de integridad y ética en el servicio público es esencial para restaurar la confianza en las instituciones del Estado y fortalecer la democracia. En última instancia, solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido para combatir la corrupción, reconstruir la confianza y fortalecer las instituciones democráticas, nuestro país podrá superar los desafíos que enfrenta y construir un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

jueves, 19 de marzo de 2009

El reto de la democracia en época de crisis económica y financiera


Una época de crisis económica y financiera como la que nos está tocando vivir, es también una gran oportunidad para fortalecer la democracia sustentado en valores como la libertad, la justicia y la transparencia.

En los últimos meses y, más las últimas semanas, se le ha escuchado al Presidente Alan García, voces de aliento, animando a los empresarios a invertir ahora; alentando a continuar con la senda del crecimiento. Aunque las reacciones de los empresarios no son tan elocuentes, puede inferirse que andan caminando con cautela. Correr más riesgo que de por sí constituye el momento , justifica el comportamiento de los inversionistas. Sin embargo, es bueno resaltar la intencionalidad del gobierno peruano, por lo menos emite esa voz de aliento que se requiere en las actuales circunstancias. Lo único que no anda bien, son las decisiones de política de gobierno a través de una serie de propuestas y decretos que en algunos casos generará costos fiscales e institucionales que no sabemos si justificará los "beneficios" que generen durante su aplicación. En todos abusando en el fundamento "afrontar la crisis económica y financiera". En este contexto, tampoco es bueno un liderazgo que se aproveche para instaurar una política populista. Todos queremos prosperidad y progreso, sin embargo ésta debe ceñirse al esfuerzo propio de la sociedad. No podemos justificar la instauración de políticas que sólo busquen conservar "bolsones" de electorado a favor de tal o cual autoridad. Las malas prácticas de gestión de gobierno en la década de los '90 es un ejemplo que no debe continuar. Hagamos que las buenas ideas crezcan para recoger una gran cosecha mañana.

Todos los aspirantes a gobernar fijan como objetivo, lograr el bienestar de la población, sin embargo esa intención es de largo aliento, y requiere por lo tanto de cultivar bien hoy, para asegurar los beneficios en su oportunidad.

"Creo en el poder creativo de la libertad, no creo en el populismo que utiliza la democracia para perputuarse en el poder". José María Aznar (Expresidente Gobierno de España).