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lunes, 16 de noviembre de 2026

La vida no puede esperar otra promesa

Por Wens Silvestre

Imaginemos un pueblo cuyo río empieza a secarse. Sus habitantes se reúnen, encargan estudios y firman compromisos. Algunos reparan las acequias; otros siguen desperdiciando agua. Cada año celebran una nueva asamblea y anuncian que la siguiente será decisiva. Mientras tanto, río abajo, los peces mueren. Nunca fueron invitados a la reunión.

Esta parábola describe una parte dolorosa de nuestra relación con la Tierra: hemos aprendido a discutir sobre la vida amenazada mientras seguimos deteriorando las condiciones que la sostienen.

La crisis climática tiene cifras, modelos y escenarios. También tiene cuerpos: el trabajador que soporta el calor para llevar comida a casa, la anciana que pasa la noche en una habitación sofocante, el agricultor que ya no reconoce el calendario de lluvias. Tiene otras vidas: árboles, insectos, aves, organismos marinos. Su pérdida rara vez interrumpe nuestras jornadas. 

La distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos se ha convertido en una forma de responsabilidad.

Desde 1990, año del primer informe de evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el conocimiento científico se ha ampliado enormemente. Sin embargo, según la serie publicada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2025, las emisiones mundiales netas de gases de efecto invernadero pasaron de aproximadamente 37.800 millones de toneladas de CO₂ equivalente en 1990 a 57.700 millones en 2024: alrededor de un 53 % más. Décadas de advertencias coexistieron con un aumento considerable de las emisiones.

Sería injusto afirmar que nada cambió. También sería irresponsable confundir avances parciales con una respuesta suficiente. La Agencia Internacional de la Energía informa que durante 2025 crecieron las energías renovables, pero también el consumo mundial de petróleo, gas y carbón. Las emisiones de CO₂ relacionadas con la energía aumentaron alrededor del 0,4 %. Crecieron más lentamente, sí. Seguían creciendo.

La diferencia importa. Si una bañera se está desbordando, reducir un poco el caudal ayuda; todavía hace falta detener la acumulación. En el sistema climático, limitar el calentamiento exige limitar el CO₂ acumulado, alcanzar emisiones netas cero de ese gas y reducir fuertemente los demás gases de efecto invernadero. La atmósfera responde a ese balance físico.

Por eso, una fotografía de paneles solares no basta para demostrar una transición. Debemos preguntar cuánto combustible fósil se ha sustituido, cuántas emisiones han disminuido y qué daños ambientales provoca la nueva infraestructura. La extracción de materiales, el uso del suelo y los residuos también forman parte de la evaluación. Una tecnología de bajas emisiones necesita una gestión ambiental exigente durante todo su ciclo de vida.

El calentamiento, entretanto, está modificando los ritmos de la vida. Las estaciones conservarán su fundamento astronómico, pero sus características térmicas y biológicas pueden alejarse de lo que conocimos. Un estudio publicado en *Geophysical Research Letters* encontró que, entre 1952 y 2011, el verano definido mediante temperaturas se alargó de 78 a 95 días en las latitudes medias del hemisferio norte. Es un resultado regional, no una descripción de todo el planeta, pero muestra que el calendario cotidiano puede permanecer igual mientras cambia el clima que esperamos encontrar en él.

No estamos ante una tropicalización uniforme de la Tierra. En algunos ecosistemas avanzan especies de aguas cálidas; en determinadas regiones aumenta la aridez; en otras cambian las precipitaciones. La transformación es desigual. Puede alterar los lugares donde una especie sobrevive y el momento en que encuentra alimento o se reproduce.

Una flor puede abrirse antes de que llegue su polinizador. Un animal puede encontrar alimento fuera del período en que más lo necesita. El IPCC documenta estos cambios en los ciclos biológicos y los riesgos de desajuste entre especies. La vida depende también de encuentros que deben ocurrir a tiempo.

¿Qué viene después? La respuesta rigurosa requiere hablar de escenarios, no anunciar una fecha para el fin del mundo. El informe sobre la brecha de emisiones del PNUMA de 2026 proyecta un calentamiento de alrededor de 2,8 °C durante este siglo si continúan las políticas actuales. El cumplimiento de todas las contribuciones nacionales, acompañado de esfuerzos posteriores semejantes, reduciría esa estimación a unos 2,6 °C. Las promesas, incluso cumplidas, siguen siendo insuficientes.

Esas temperaturas son promedios globales respecto del nivel preindustrial. No significan que cada lugar se calentará lo mismo ni que todos los días serán apenas unos grados más cálidos. El IPCC advierte que cada incremento adicional intensifica múltiples peligros y eleva los riesgos para las personas y los ecosistemas.

Las conferencias internacionales deberían juzgarse frente a esa realidad. Han construido acuerdos y procedimientos de transparencia, pero el mecanismo de cumplimiento del Acuerdo de París es facilitador y no punitivo. La distancia entre declarar una meta y ejecutarla sigue siendo decisiva.

El criterio de evaluación debe ser comprensible para cualquier ciudadano: cuánto disminuyeron las emisiones, qué ecosistemas se conservaron, quiénes recibieron protección y quién responde por los compromisos incumplidos. Una declaración puede ser necesaria. Su valor depende de lo que ocurre después.

Frente a esta insuficiencia, una persona puede sentir que cualquier esfuerzo propio carece de sentido. Sería injusto responderle con una lista de sacrificios domésticos y cargar sobre sus hombros la transformación del sistema energético mundial. Las responsabilidades son distintas porque también lo son el poder, los recursos y la contribución al daño.

Pero nuestra capacidad limitada conserva un campo de acción real.

Una comunidad puede identificar a quienes necesitan ayuda durante una ola de calor, organizar acompañamiento y establecer lugares de resguardo. La OMS recomienda prestar especial atención a personas mayores, enfermas y aisladas. Para alguien que vive solo, una llamada oportuna puede ser parte de una protección concreta.

También puede proteger una fuente de agua, evitar la destrucción de un hábitat o recuperar un terreno degradado. Estas acciones necesitan conocimiento y continuidad. Plantar árboles indiscriminadamente no equivale a restaurar: una intervención que reemplaza o fragmenta un ecosistema puede agravar su vulnerabilidad. Antes de transformar un lugar, debemos conocer la vida que ya contiene.

Aquí aparece una obligación que merece entrar en nuestras decisiones: considerar a los seres que no pueden defender sus condiciones de existencia en una asamblea, un mercado o un parlamento.

Propongo que toda decisión comunitaria sobre agua, suelo y vegetación incluya preguntas sencillas: ¿qué vive aquí?, ¿qué necesita para continuar?, ¿qué perderá con nuestra intervención? Alguien debe hacerse responsable de formularlas. La biodiversidad no debería depender de que, por casualidad, una persona la recuerde al final de la reunión.

Una quebrada conservada, un suelo que recupera su vegetación o un refugio protegido no resolverán por sí solos el calentamiento mundial. Tienen, sin embargo, un valor concreto para las vidas que dependen de ellos. Ese cuidado debe acompañarse de organización ciudadana, exigencia de presupuestos, vigilancia y responsabilidad empresarial. La acción local necesita instituciones que la sostengan.

Debemos reconocer también los límites. No podremos evitar todas las pérdidas. El IPCC advierte que la eficacia de distintas medidas de adaptación disminuye con el calentamiento. No existe una garantía tecnológica de protección universal.

Precisamente por eso importa cada daño que todavía puede evitarse. La incertidumbre política no vuelve equivalente todos los futuros. Tampoco nos obliga a fingir confianza en promesas que tantas veces resultaron insuficientes. Podemos exigir pruebas y, al mismo tiempo, cuidar.

La paz y el bien adquieren aquí una dimensión material: agua que sostiene la vida, protección para quien está expuesto, territorios donde otras especies puedan permanecer. El amor por la Tierra necesita expresarse en decisiones capaces de durar más que nuestra indignación.

Volvamos al pueblo de la parábola. Sus habitantes todavía deben reparar las acequias, distribuir el agua con justicia y exigir cuentas a quienes la desperdician. Pero hay algo que ya no pueden postergar: mirar río abajo.

Los peces no pueden esperar a que termine la próxima asamblea.

martes, 10 de noviembre de 2026

Antalya y la deuda de las promesas climáticas

 Por Wens Silvestre

La COP31 comenzó esta semana en Antalya, Turquía, con una responsabilidad acumulada: demostrar que la cooperación climática puede traducirse en resultados a la velocidad que exige el problema. Después de Dubái, Bakú y Belém, la credibilidad de estas conferencias depende de inversiones ejecutadas, emisiones reducidas y poblaciones mejor protegidas.

Para el Perú, esa exigencia tiene una expresión concreta: la preparación frente a un fenómeno El Niño extraordinario. Mientras las delegaciones discuten financiamiento y adaptación, las decisiones sobre drenaje, seguridad hídrica, infraestructura y protección de los medios de vida determinan cuánto daño puede evitarse. La distancia entre la negociación internacional y la gestión territorial es una medida de la eficacia de la política climática.

Las últimas conferencias dejaron avances que merecen reconocimiento. La COP28 incorporó un llamado a transitar para abandonar los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. También planteó triplicar la capacidad renovable mundial y duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética para 2030. Su cumplimiento depende de decisiones nacionales sobre inversión, transporte, industria y generación eléctrica.

Bakú expuso las dificultades del financiamiento. La COP29 estableció una meta de al menos US$300.000 millones anuales para países en desarrollo hacia 2035, con los países desarrollados tomando la iniciativa. Asimismo, llamó a ampliar los flujos públicos y privados hasta US$1,3 billones anuales. Estas cifras tienen alcances distintos y no representan dinero automáticamente disponible para atender las necesidades de cada país.

Importa conocer cuánto corresponde a donaciones, préstamos o capital privado; cuáles son las condiciones de acceso y qué proporción llega a las poblaciones vulnerables. Un proyecto que protege vidas puede carecer de los ingresos que exige un inversionista. La adaptación necesita instrumentos acordes con sus beneficios públicos y con la capacidad fiscal de quienes deben ejecutarla.

Belém mantuvo el esfuerzo, pero también evidenció sus límites. La COP30 llamó a triplicar el financiamiento de adaptación y reforzó la atención a trabajadores y comunidades. Sin embargo, no alcanzó un resultado consensuado sobre el futuro de los combustibles fósiles; su presidencia anunció una hoja de ruta para continuar ese trabajo.

Antalya recibe esa deuda de ejecución. Para comprender su urgencia desde el Perú, conviene mirar la evidencia científica reciente sobre El Niño.

Una investigación de Julia Cole y colaboradores, publicada en Science en 2026, reconstruyó condiciones del Pacífico mediante corales del último milenio. Encontró un aumento reciente de la variabilidad de temperatura del Pacífico oriental, asociado a eventos El Niño más intensos, que supera la variabilidad natural simulada y ocurre paralelamente al calentamiento global. El hallazgo refuerza la preocupación por los cambios del fenómeno en un planeta más cálido.

Otro estudio, de Tomoki Iwakiri y Jong-Seong Kug, publicado este año en Nature Communications, identifica en simulaciones una tendencia a que la periodicidad del ENOS se acorte bajo calentamiento futuro. Sus efectos podrían propagarse mediante conexiones climáticas hacia otras regiones. Es una señal de riesgo que requiere seguimiento, sin convertirla en una predicción exacta de cuándo ocurrirá el próximo evento extraordinario.

La precisión es fundamental. El Niño forma parte de la variabilidad natural del clima. No corresponde afirmar que cada episodio sea causado por el cambio climático, ni que una determinada intensidad oceánica produzca daños idénticos en todo el Perú. La Organización Meteorológica Mundial recuerda que sus efectos dependen de la región, la estación y otros factores climáticos.

Tampoco debemos confundir el calentamiento del Pacífico central con el de la franja costera. Para evaluar los riesgos peruanos importa dónde se concentra el calentamiento, cómo interactúa con la atmósfera y en qué momento ocurre. La expresión “FEN extraordinario” necesita acompañarse de una explicación de la región y del indicador utilizados, así como de sus implicaciones territoriales.

La investigación peruana aporta evidencia útil. Harold Llauca y Waldo Lavado-Casimiro analizaron 44 cuencas durante el periodo 1981–2024 y encontraron respuestas diferenciadas al ENOS. La costa norte presenta una asociación más directa con el calentamiento del Pacífico oriental, mientras las regiones andinas y amazónicas muestran relaciones distintas con el Pacífico central. Una sola descripción nacional puede ocultar necesidades de prevención diferentes.

Esta diversidad exige planificación por cuencas. Allí donde aumenta el peligro de inundación, deben evaluarse drenajes, puentes, cauces y continuidad de servicios. Donde puede disminuir la disponibilidad de agua, adquieren prioridad el abastecimiento, el almacenamiento y la gestión del riego. Las intervenciones necesitan sustento técnico, mantenimiento y seguimiento.

Anticipar también es posible, aunque con incertidumbre. Un estudio de Gomez-Tunque y colaboradores, publicado en Water Resources Research en 2026, muestra el potencial del aprendizaje profundo para pronosticar calentamiento en la región Niño 1+2. Los autores señalan aplicaciones para alerta temprana y gestión del agua, junto con límites de capacidad predictiva y la necesidad de mayor validación.

La consecuencia política es clara: una alerta solo protege cuando activa decisiones oportunas. Se requieren responsabilidades definidas, recursos disponibles y protocolos que permitan actuar antes de la emergencia. La incertidumbre debe orientar medidas proporcionales al riesgo; no puede convertirse en una justificación permanente para postergar la preparación.

Este debería ser uno de los vínculos centrales entre la COP31 y la realidad peruana. La adaptación internacionalmente anunciada debe expresarse en servicios de agua más seguros, infraestructura resistente y protección de agricultores, trabajadores y familias. Además, la reducción de emisiones y la adaptación cumplen funciones complementarias: limitar el calentamiento futuro y enfrentar riesgos que ya requieren atención.

El peligro climático tampoco explica por sí solo la magnitud del desastre. La ocupación de zonas expuestas, la infraestructura deficiente y la falta de mantenimiento pueden multiplicar los daños. Reconocer la influencia del clima exige examinar también las decisiones públicas y privadas que producen vulnerabilidad.

Por ello, la participación peruana en Antalya debería vincular cada prioridad con proyectos técnicamente sustentados, financiamiento y capacidad de ejecución. El Congreso tiene la responsabilidad de examinar la coherencia entre los compromisos internacionales y el presupuesto, así como pedir cuentas sobre resultados. Las empresas deben incorporar riesgos climáticos en sus instalaciones, proveedores y operaciones.

Sería injusto desconocer lo que las COP han construido. Precisamente por la importancia de la cooperación internacional, corresponde exigirle mayor eficacia y transparencia. Las nuevas iniciativas deben acompañarse del seguimiento de los compromisos anteriores.

La COP31 todavía está en desarrollo. Su valoración dependerá de los acuerdos y de su cumplimiento posterior. Para el Perú, una prueba decisiva será cuánto contribuyen a anticipar riesgos y reducir pérdidas.

La credibilidad climática se construye también lejos de los salones de negociación: en una cuenca preparada, una escuela segura, un sistema de agua que sigue funcionando y una familia que recibe una alerta útil a tiempo.

lunes, 29 de junio de 2026

El planeta en retroalimentación: la crisis climática ante la indiferencia del poder

Por Wens Silvestre

Olas de calor marinas, pérdida de biodiversidad, eventos extremos y gobiernos atrapados entre el negacionismo, la guerra y la insuficiencia política.

En la costa peruana, el invierno parece haber empezado a perder su memoria. Allí donde el mar frío solía traer garúa, humedad persistente y temperaturas frescas, hoy aparece un aire templado, casi veraniego, impulsado por aguas anómalamente cálidas. No se trata de una rareza meteorológica ni de una exageración sensorial de quienes viven frente al Pacífico. Boletines recientes del litoral peruano han registrado anomalías positivas de temperatura superficial del mar de hasta +7 °C frente a la costa norte, junto con anomalías del nivel del mar superiores a +20 cm en varias zonas. Además, SENAMHI ha reportado olas de calor diurnas y nocturnas en Lima Metropolitana, con días y noches muy cálidos fuera de lo habitual para la estación.

Esta imagen resulta poderosa porque resume una transformación mayor: el océano, que durante siglos funcionó como regulador silencioso del clima costero, empieza a devolver el exceso de energía acumulado por un planeta alterado. Lo que ocurre frente al Perú dialoga con las olas de calor en Europa, con los corales blanqueados, con las sequías amazónicas, con los incendios, con la irregularidad de los friajes y con un El Niño 2026–2027 que amenaza con actuar sobre un sistema climático ya sobrecargado. NOAA informó en junio de 2026 que las condiciones de El Niño están presentes y se espera que se fortalezcan hacia el invierno boreal 2026–2027; la OMM, por su parte, advirtió una alta probabilidad de continuidad del evento al menos hasta noviembre de 2026. 

Por ello, el problema ya no puede describirse como una suma de anomalías aisladas. La crisis climática ha entrado en una fase de retroalimentaciones visibles: el mar caliente eleva la temperatura del aire costero; el aire caliente reduce el alivio nocturno; los suelos secos intensifican las olas de calor; los incendios liberan carbono; la pérdida de bosques disminuye la capacidad de capturar humedad y CO₂; y los océanos cálidos blanquean corales, desplazan peces y alteran redes tróficas. En consecuencia, el sistema climático se ha vuelto más energético, más acoplado y menos estable.

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el periodo 2015–2025 reúne los once años más cálidos registrados, y que 2025 fue uno de los tres años más cálidos desde que existen registros instrumentales modernos, con una temperatura global aproximada de 1,44 °C por encima del promedio preindustrial. Sin embargo, este dato no es una abstracción estadística: es el telón de fondo de cada ola de calor, de cada océano anómalamente cálido, de cada noche que deja de refrescar, de cada cultivo que pierde rendimiento y de cada especie empujada fuera de su rango ecológico. La crisis climática ya no es solo un aumento gradual de temperatura; es, sobre todo, una crisis de habitabilidad.

Durante mucho tiempo, el océano absorbió gran parte del exceso de calor generado por las emisiones humanas. Esa absorción hizo que el calentamiento atmosférico fuera menos abrupto de lo que habría sido en un planeta sin mares. No obstante, esa función amortiguadora tiene un costo: el océano se calienta, se expande, se acidifica, pierde oxígeno y produce olas de calor marinas cada vez más intensas.

En zonas de surgencia como la costa peruana, estas olas de calor marinas no son simples episodios de agua tibia. Alteran la arquitectura climática inmediata. Si el mar que debía enfriar la capa baja de la atmósfera se calienta, cambian la nubosidad, la garúa, la humedad relativa, la temperatura nocturna y la sensación térmica. Así, el invierno costero se vuelve ambiguo: ni plenamente frío ni plenamente seco, sino desordenado. Es la señal local de un desequilibrio planetario.

Mientras tanto, en otros mares, el efecto es ecológico antes que atmosférico. NOAA informó que el cuarto evento global de blanqueamiento coralino, desarrollado entre 2023 y mediados de 2025, afectó por estrés térmico a cerca del 84 % del área mundial de arrecifes y documentó blanqueamiento masivo en al menos 83 países y territorios. Ese dato debería estremecer más que cualquier declaración diplomática, porque los corales no son ornamentos submarinos: son infraestructura viva. Sostienen biodiversidad, pesca, turismo, protección costera y alimentación para millones de personas.

Cuando un arrecife colapsa, no desaparece solo un paisaje submarino. Se pierde refugio para peces juveniles, se debilitan cadenas alimentarias, se expone la costa al oleaje y se empobrece la economía de comunidades que no causaron la crisis. Por tanto, la pérdida de biodiversidad no es un capítulo sentimental del cambio climático; es la destrucción de los sistemas que permiten que la vida se recupere después del golpe.

La modernidad política ha tratado la biodiversidad como un lujo: algo valioso, sí, pero secundario frente a la economía, la energía o la seguridad. Esa mirada es científicamente equivocada. Bosques, humedales, manglares, arrecifes, pastos marinos, suelos vivos, glaciares y redes de especies forman parte de la infraestructura que mantiene condiciones habitables. El IPCC ha señalado que el cambio climático ya produce impactos adversos y pérdidas en la naturaleza y en las personas, y que los ecosistemas sostienen medios de vida y servicios esenciales, aunque también tienen límites de adaptación. En otras palabras, la naturaleza no es un escenario sobre el que ocurre la economía humana: es la base material que la hace posible.

De ahí que la pérdida de biodiversidad agrave la crisis climática. Menos bosque significa menos evapotranspiración, menos reciclaje de humedad, menos sombra y menos carbono almacenado. Menos manglar significa más vulnerabilidad costera. Menos corales significa menos pesca y menos protección natural ante tormentas. Menos insectos, aves y anfibios significa redes ecológicas más frágiles. Así, la crisis climática empuja a la biodiversidad hacia el límite; y la pérdida de biodiversidad, a su vez, reduce la capacidad del planeta para amortiguar la crisis.

Esa es la retroalimentación que los discursos oficiales suelen suavizar: no estamos dañando “el ambiente” como si fuera una entidad externa. Estamos desmantelando los mecanismos vivos que hacen posible la agricultura, el agua, la pesca, la salud y la estabilidad social.

Los impactos sobre la vida humana ya no pertenecen al lenguaje del futuro. Están en el presente: trabajadores expuestos al sol, pescadores que encuentran especies desplazadas, agricultores que enfrentan lluvias erráticas, ciudades que consumen más electricidad para enfriar viviendas mal diseñadas, familias que pagan alimentos más caros por sequías o inundaciones, niños y ancianos que atraviesan noches sin alivio térmico. Además, una ola de calor no mata solo por alcanzar una temperatura máxima. Mata por duración, humedad, falta de sombra, precariedad urbana, pobreza energética y ausencia de descanso nocturno. Del mismo modo, una sequía no destruye solo cultivos; destruye ingresos, endeuda familias, aumenta precios y puede empujar migraciones.

Por eso la crisis climática es profundamente desigual. Quienes menos han contribuido al calentamiento suelen ser quienes más expuestos están a sus impactos. El IPCC ha subrayado que las comunidades vulnerables, históricamente menos responsables de las emisiones actuales, son afectadas de forma desproporcionada por los daños climáticos. Esa desigualdad convierte la crisis climática en una cuestión ética y política, no solo ambiental.

Ante esta realidad, la respuesta de los gobiernos sigue siendo insuficiente. No porque no exista ninguna política climática: hay leyes, planes de adaptación, inversiones renovables, mercados de carbono, compromisos nacionales y estrategias de resiliencia. Sería falso afirmar que todos los gobiernos son negacionistas. El problema es más grave: muchos aceptan la ciencia, pronuncian discursos correctos y aun así actúan por debajo de la escala del peligro.

UNEP estima que, con las políticas actuales, el mundo se encamina a aproximadamente 2,8 °C de calentamiento este siglo; incluso con la plena implementación de las contribuciones nacionales determinadas, la proyección se mantiene en torno a 2,3–2,5 °C, lejos del objetivo de París. A la vez, la brecha de adaptación es escandalosa: los países en desarrollo necesitarán entre 310 000 y 365 000 millones de dólares anuales hacia 2035, pero en 2023 recibieron apenas 26 000 millones en financiamiento público internacional para adaptación. La conclusión es incómoda: el mundo no está fallando por falta de información, sino por prioridades políticas.

Donald Trump representa la expresión más abierta de esa regresión. Su administración inició la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la EPA anunció en 2026 la eliminación del Endangerment Finding de 2009, base jurídica clave para regular gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio. No se trata de mera indiferencia, sino de una política activa de desregulación, nacionalismo fósil y hostilidad hacia la ciencia climática. Pero sería cómodo culpar solo a Trump. La irresponsabilidad climática contemporánea no es únicamente el negacionismo explícito. También es la aceptación retórica de la emergencia combinada con subsidios fósiles, expansión extractiva, adaptación subfinanciada, urbanismo vulnerable y diplomacia climática sin dientes.

A esto se suma que la agenda de las guerras ha eclipsado la agenda climática en buena parte del mundo. No porque la haya eliminado, sino porque la ha subordinado. La seguridad energética, el rearme, la competencia geopolítica y el control de recursos vuelven a ocupar el centro del cálculo estatal. SIPRI informó que el gasto militar mundial alcanzó 2,887 billones de dólares en 2025, el undécimo año consecutivo de aumento. La comparación con el financiamiento climático es moralmente brutal: mientras la adaptación para los países vulnerables recibe apenas una fracción de lo necesario, el mundo encuentra recursos gigantescos para prepararse para guerras, sostener conflictos o ampliar arsenales.

No se trata de negar amenazas geopolíticas reales. Se trata de advertir una contradicción histórica: los Estados invierten con rapidez cuando perciben un enemigo armado, pero actúan con lentitud ante una amenaza climática que ya destruye hogares, cosechas, arrecifes, glaciares, vidas y economías. La física del clima no espera a que terminen las guerras. La atmósfera no suspende su acumulación de CO₂ por razones diplomáticas.

La ciencia ha cumplido con una claridad notable. Ha descrito los mecanismos, reducido incertidumbres, advertido riesgos, identificado trayectorias y mostrado alternativas. En consecuencia, el fracaso principal no está en el conocimiento; está en la voluntad. La crisis climática no exige solamente mejores tecnologías, aunque las necesita. Exige otra jerarquía de prioridades. Exige entender que la economía no puede prosperar sobre ecosistemas colapsados; que la seguridad nacional pierde sentido en territorios inhabitables; que el crecimiento pierde legitimidad cuando destruye las condiciones básicas de la vida; y que la adaptación no puede ser privilegio de países ricos y barrios acomodados.

La Tierra ya no envía advertencias discretas. Responde con retroalimentaciones: mares que calientan costas, bosques que pierden humedad, hielos que dejan de reflejar luz, corales que blanquean, ciudades que acumulan calor, alimentos que encarecen, enfermedades que se expanden y especies que desaparecen.

El drama político de nuestro tiempo no consiste en que no sepamos lo que ocurre. Consiste en que lo sabemos y aun así seguimos negociando con la física: aplazando la adaptación, financiando combustibles fósiles, militarizando presupuestos y tratando la biodiversidad como un adorno prescindible. La crisis climática no es el fin abstracto del mundo. Es algo más concreto y más difícil de enfrentar: el deterioro progresivo de las condiciones que hacen posible una vida digna, diversa y estable en la Tierra. Frente a eso, la indiferencia política no es neutralidad. Es una forma de violencia contra el futuro.

Referencias Bibliográficas

Artículos científicos

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Fuentes oficiales y reportes institucionales

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Liang, X., Tian, N., Lopes da Silva, D., Scarazzato, L., Karim, Z. A., & Guiberteau Ricard, J. (2026). Trends in world military expenditure, 2025. Stockholm International Peace Research Institute. https://doi.org/10.55163/ZLHQ1057

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (2026, 11 de junio). ENSO diagnostic discussion. National Weather Service. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

National Oceanic and Atmospheric Administration, Coral Reef Watch. (2026). Current global bleaching: Status update and data submission. https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/research/coral_bleaching_report.php

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Environmental Satellite, Data, and Information Service. (2026, 2 de junio). World’s fourth mass coral bleaching event likely ended in 2025. https://www.nesdis.noaa.gov/news/worlds-fourth-mass-coral-bleaching-event-likely-ended-2025

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United Nations Environment Programme. (2025). Adaptation gap report 2025: Running on empty. https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2025

United Nations Environment Programme. (2025). Emissions gap report 2025: Off target. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025

United States Environmental Protection Agency. (2009). Endangerment and cause or contribute findings for greenhouse gases under Section 202(a) of the Clean Air Act. https://www.epa.gov/climate-change/endangerment-and-cause-or-contribute-findings-greenhouse-gases-under-section-202a

United States Environmental Protection Agency. (2026, 18 de febrero). Final rule: Rescission of the greenhouse gas endangerment finding. https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-rescission-greenhouse-gas-endangerment

White House. (2025, 20 de enero). Putting America first in international environmental agreements. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/

World Meteorological Organization. (2026). State of the global climate 2025. https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2025

World Meteorological Organization. (2026, 2 de junio). WMO: Prepare for El Niño. https://wmo.int/news/media-centre/wmo-prepare-el-nino

miércoles, 3 de junio de 2026

El Niño y el Estado que llega tarde

Por Wens Silvestre

El Perú no necesita esperar la etiqueta de “mega El Niño” para tomarse en serio la amenaza. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante 2026, posiblemente moderado o fuerte; y, en el plano nacional, ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero, con previsión de continuidad hasta febrero de 2027 y recomendaciones explícitas de prevención y preparación para la temporada de lluvias 2026-2027. El dato central no es solo meteorológico: es político. Un país expuesto no puede seguir actuando como si cada evento extremo fuera una sorpresa.

El Niño es un fenómeno natural, pero ya no ocurre sobre un planeta “normal”. Ocurre sobre un mundo más caliente, con océanos que almacenan más energía, atmósferas capaces de retener más vapor de agua y territorios más vulnerables por urbanización desordenada, deforestación, pobreza e infraestructura mal ubicada. El cambio climático no permite afirmar mecánicamente que cada El Niño será más fuerte que el anterior; la ciencia aún mantiene cautela sobre cambios sistemáticos en la intensidad oceánica del ENSO. Pero el IPCC sí advierte que la variabilidad de las lluvias asociadas a ENSO probablemente se amplificará durante este siglo, lo que significa extremos más difíciles de gestionar: más lluvia donde llueve demasiado y más sequía donde el agua ya es escasa. 

En el Perú, esa combinación es particularmente peligrosa. El Niño puede significar inundaciones en la costa norte, huaicos en quebradas activadas, colapso de carreteras, escuelas y viviendas; pero también puede significar déficit de lluvias en la sierra central y sur, estrés hídrico, pérdida de pastos, caída de la producción agrícola de secano, mortandad de ganado y conflictos por agua. El dossier técnico del MINAM y SENAMHI sobre El Niño ya señalaba que eventos como 1997-1998 produjeron lluvias extraordinarias en la costa norte y déficit severo de precipitación en la sierra sur.

Por eso, el error más grave es mirar El Niño solo desde la costa. Cuando Lima o Piura se inundan, el desastre se vuelve visible; cuando la sierra se seca, el drama avanza en silencio. La sequía no tiene la espectacularidad de un río desbordado, pero puede ser igual o más destructiva: primero falta lluvia, luego humedad en el suelo, después baja la producción agrícola y, si el déficit persiste, disminuyen caudales, manantes y recarga de aguas subterráneas. El Instituto Geofísico del Perú describe justamente esa progresión: de sequía meteorológica a agrícola e hidrológica, con aumento de la escasez hídrica y de la demanda de agua.

La sierra sur merece atención prioritaria. SENAMHI ha documentado que la variabilidad asociada a El Niño explica buena parte de las deficiencias de lluvias en los Andes, especialmente en la sierra central y sur occidental, aunque la relación no sea absoluta. En Ayacucho, por ejemplo, CENEPRED ha identificado escenarios de sequía meteorológica en provincias como Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, donde determinados déficits de precipitación pueden presentarse con recurrencias preocupantes. Por eso, afirmar que el sur ayacuchano puede enfrentar estrés hídrico no es alarmismo: es una hipótesis territorialmente razonable que debe activar planificación hídrica, no discursos de emergencia cuando ya no haya agua.

La selva tampoco debe quedar fuera del análisis. En 2024, SENAMHI reportó déficit hídrico con caudales entre “debajo de lo normal” y “muy debajo de lo normal”, afectando especialmente Puno, Loreto y Piura. En Loreto, el río Amazonas descendió progresivamente hasta uno de sus niveles más bajos desde la sequía de 2010, con impactos en transporte fluvial, salud, comercio, educación, agua potable, saneamiento y turismo. Esa experiencia debe leerse como advertencia: en la Amazonía, la sequía no solo seca cultivos; aísla comunidades, encarece alimentos, interrumpe servicios y debilita la vida cotidiana de poblaciones que dependen del río como carretera, mercado y fuente de agua.

El problema, entonces, no es únicamente cuánto lloverá. El problema es dónde hemos puesto las casas, las carreteras, los colegios, los hospitales, los canales de riego, los puentes y los sistemas de agua. El Niño se vuelve desastre cuando encuentra infraestructura diseñada con el clima del pasado, ubicada sin evaluar suficientemente el riesgo futuro y construida como si las lluvias extremas, las sequías, el calor y los huaicos fueran eventos excepcionales, no amenazas recurrentes.

Aquí debe producirse un cambio de fondo: ningún proyecto de inversión pública debería aprobarse sin criterios climáticos obligatorios de localización, diseño, operación y mantenimiento. No como anexo decorativo, no como declaración ambiental genérica, sino como condición vinculante. El propio MEF ya incorpora en Invierte.pe la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y reconoce que el riesgo debe ser criterio para seleccionar la localización y tecnología del proyecto, además de analizar peligros actuales y futuros, exposición, vulnerabilidad y nivel de riesgo.

Eso debe traducirse en reglas duras. Una escuela no debe construirse en zona inundable solo porque el terreno es barato. Un puente no debe diseñarse con caudales históricos si la cuenca está cambiando. Un hospital no puede quedar aislado por el primer huaico. Un sistema de agua potable en la sierra sur no puede depender de una fuente única sin considerar sequía plurimensual. Un camino vecinal en ceja de selva no puede ignorar deslizamientos, lluvias extremas y erosión. La inversión pública debe pasar de la pregunta “¿cuánto cuesta construir?” a otra más seria: “¿seguirá funcionando bajo el clima que viene?”.

La respuesta del Gobierno peruano ha mejorado, pero sigue incompleta. En 1982-1983 predominó la reacción. En 1997-1998 hubo prevención táctica, pero no transformación estructural. En 2015-2016 se planificó más, aunque con debilidades de ejecución. En 2017, el Niño Costero mostró que un evento localizado podía desbordar al Estado. En 2023-2024 volvió a observarse una política híbrida: presupuesto, maquinaria, descolmatación, defensas ribereñas y planes; útiles, sí, pero todavía atrapados en la lógica de correr detrás del peligro.

La prevención real no consiste solo en limpiar cauces cuando ENFEN emite una alerta. Consiste en ordenar el territorio, reubicar población en zonas de riesgo no mitigable, proteger cabeceras de cuenca, restaurar ecosistemas que regulan agua, construir drenajes pluviales urbanos, tecnificar riego, cosechar agua, fortalecer reservorios comunales, proteger bofedales y diseñar infraestructura con escenarios climáticos. En la costa, prevención significa convivir inteligentemente con lluvias extremas. En la sierra, significa prepararse para la escasez. En la selva, significa anticipar ríos demasiado bajos o demasiado altos.

El Perú tiene instituciones técnicas capaces: SENAMHI, IGP, IMARPE, ANA, ENFEN, INDECI, CENEPRED. Lo que falta no es información; falta convertir esa información en autoridad. Los mapas de riesgo deben pesar más que la presión política. Los pronósticos climáticos deben modificar presupuestos. La localización de proyectos debe obedecer a ciencia, no a disponibilidad improvisada de terrenos. Y la reconstrucción no debe repetir el mismo error en el mismo lugar con otro expediente.

Ante un nuevo El Niño, el Gobierno tiene una oportunidad decisiva. Puede repetir el ritual de siempre: declarar emergencia, enviar maquinaria, repartir ayuda, reconstruir tarde y olvidar pronto. O puede asumir que el cambio climático obliga a gobernar de otra manera. La infraestructura pública no puede seguir siendo vulnerable por diseño. Cada sol invertido sin criterio climático es una deuda futura; cada obra mal ubicada es una emergencia en incubación.

El Niño no solo calienta el Pacífico. También desnuda la temperatura institucional del país. Nos muestra si aprendimos o si solo archivamos informes. Nos recuerda que la sequía en Ayacucho, la bajante en Loreto, el huaico en la costa y la pérdida de cultivos en la sierra son expresiones distintas de una misma falla: gobernar el riesgo como si fuera accidente.

La naturaleza pone el evento; el Estado decide si se convierte en desastre. Y en un país que ya conoce la historia, improvisar no es falta de experiencia: es falta de responsabilidad.

viernes, 27 de marzo de 2026

La Tierra bajo asedio climático

 Por Wens Silvestre

Ya no estamos ante una advertencia abstracta ni ante una disputa semántica entre “cambio climático” y “calentamiento global”. Estamos ante una alteración física del planeta perfectamente medible. La OMM confirmó en marzo de 2026 que 2015–2025 fueron los 11 años más cálidos jamás registrados y que 2025 se ubicó aproximadamente 1,43 °C por encima del promedio de 1850–1900. No se trata solo de una curva térmica ascendente: el sistema Tierra está reteniendo más energía, el océano absorbe ese exceso a un costo creciente y los extremos climáticos se vuelven cada vez más disruptivos.

Y, sin embargo, el mundo político actúa como si todavía hubiera tiempo para el cálculo mezquino, la geopolítica fósil y la cobardía diplomática. Esa es la verdadera obscenidad de nuestro tiempo: la ciencia climática ya habló con claridad, pero los centros de poder global siguen respondiendo con silencio, dilación o sabotaje. UNEP advirtió en su Emissions Gap Report 2025 que las nuevas promesas climáticas apenas reducen el calentamiento proyectado y que el G20 concentra cerca del 77% de las emisiones globales, mientras sus miembros ni siquiera están en trayectoria para cumplir de forma colectiva sus propios compromisos para 2030. 

La tragedia no radica solo en que los grandes emisores contaminen mucho; radica en que contaminan, conocen las consecuencias y aun así retrasan la acción. El Global Carbon Budget 2025 proyectó que las emisiones fósiles globales alcanzaron un nuevo récord de 38,1 mil millones de toneladas de CO₂ en 2025. Es decir: incluso después de décadas de cumbres, declaraciones solemnes y metas supuestamente históricas, el metabolismo fósil de la economía mundial sigue expandiéndose.

Aquí conviene nombrar responsabilidades sin eufemismos. China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Rusia e Indonesia figuran entre los mayores emisores actuales de gases de efecto invernadero, y juntos concentran la mayor parte del problema contemporáneo. Pero, en responsabilidad histórica, el peso de Estados Unidos sigue siendo extraordinario: Our World in Data muestra que es el mayor contribuyente acumulado de CO₂ desde el inicio de la industrialización, con aproximadamente una cuarta parte del total histórico. Por eso, cuando una potencia así retrocede, no está cometiendo un simple error de política doméstica: está profundizando una crisis planetaria que ayudó decisivamente a crear.

En ese contexto, el negacionismo climático de Donald Trump no es una excentricidad retórica, sino una forma de irresponsabilidad estructural. En febrero de 2026, la EPA finalizó la rescisión del Endangerment Finding de 2009, la base científica y jurídica que había permitido regular gases de efecto invernadero en vehículos bajo la Clean Air Act. La propia EPA reconoce que, sin ese hallazgo, carece de autoridad estatutaria para fijar esos estándares. Traducido al lenguaje político real: no estamos ante una mera diferencia ideológica, sino ante un intento deliberado de desarmar la capacidad del Estado para actuar frente al calentamiento global.

Pero sería un error confortable reducir el problema a Trump. El negacionismo contemporáneo ya no opera siempre diciendo que el cambio climático no existe. Hoy suele adoptar una forma más sofisticada y, por ello mismo, más peligrosa: acepta el diagnóstico en el discurso, pero protege el petróleo, expande el gas, vacía las regulaciones, aplaza metas exigentes y subordina la transición energética a intereses geoestratégicos inmediatos. Ese negacionismo performativo se expresa tanto en democracias liberales como en petroestados, en potencias militares como en economías emergentes. Es la política del “sí, pero no ahora”; del “sí, pero sin tocar el modelo”; del “sí, pero primero la seguridad energética”, como si pudiera haber seguridad en un planeta climáticamente desestabilizado.

A esta inacción culpable se suma un agravante todavía menos discutido: las guerras recientes no son un fenómeno separado de la crisis climática, sino uno de sus multiplicadores. La guerra destruye ciudades, incendia paisajes, interrumpe redes eléctricas, hunde servicios públicos, multiplica desplazamientos y exige reconstrucciones intensivas en cemento, acero, combustibles y logística. La guerra, en suma, produce muerte inmediata y también emisiones diferidas. Es devastación humanitaria en el presente y devastación climática para el futuro.

El caso de Ucrania es el ejemplo más documentado. La evaluación publicada en febrero de 2026 por la Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War y EcoAction estimó que la invasión rusa había generado 311 millones de toneladas de CO₂e entre el 24 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2026; solo en el cuarto año del conflicto se añadieron 75 millones de toneladas. Esa huella climática es comparable a las emisiones anuales de un país industrializado mediano. No hablamos, entonces, de un daño “colateral”: hablamos de una guerra que también funciona como una máquina de carbono.

La guerra en Gaza ha comenzado a mostrar la misma verdad incómoda. Un estudio publicado en One Earth en 2026 estimó que el conflicto Israel-Gaza acumuló alrededor de 33,2 millones de toneladas de CO₂e al considerar no solo las emisiones directas del combate, sino también actividades previas y posteriores, incluida la reconstrucción. El propio estudio subraya que la parte visible de la destrucción no agota su costo climático: la guerra sigue emitiendo mucho después del último bombardeo, en cada edificio rehecho, en cada tonelada de escombro removido, en cada red básica reconstruida sobre ruinas.

Eso obliga a una conclusión más severa: las guerras regionales actuales no solo matan personas; también queman futuro climático. En Ucrania, en Gaza y en otras escaladas del Medio Oriente, la lógica militar intensifica la dependencia de combustibles fósiles, normaliza el secreto sobre emisiones militares y desplaza recursos políticos y financieros que deberían dirigirse a la adaptación, la mitigación y la resiliencia social. Cada misil y cada columna de humo son también una negación práctica de la estabilidad planetaria.

Por eso resulta tan hipócrita el lenguaje diplomático de los líderes mundiales. Hablan de transición verde en los foros internacionales, pero toleran una arquitectura internacional en la que las emisiones militares siguen pobremente reportadas, las guerras quedan fuera del centro del debate climático y las grandes potencias continúan tratando la atmósfera como si fuese un vertedero geopolítico. El silencio de los países líderes no es neutralidad: es complicidad. Cuando las potencias callan frente a la destrucción bélica y al mismo tiempo incumplen o debilitan sus propios compromisos climáticos, están diciendo con hechos que la habitabilidad de la Tierra vale menos que sus ventajas tácticas de corto plazo.

La cuestión, en el fondo, ya no es científica. La ciencia hizo su trabajo. Sabemos que el calentamiento continúa, que las emisiones siguen en niveles récord, que los grandes emisores concentran la responsabilidad y que las guerras agravan la trayectoria climática. La cuestión es moral y política: qué clase de civilización conoce el daño que está infligiendo y aun así persevera en él.

Lo más peligroso de esta época no es solo la acumulación de CO₂ en la atmósfera. Es la acumulación de cinismo en el poder. Porque mientras la física del planeta se vuelve más inestable, la política global se vuelve más indiferente. Y cuando la indiferencia de las potencias se combina con el negacionismo, el militarismo y la adicción fósil, la crisis climática deja de ser un accidente histórico para convertirse en una forma de barbarie administrada.

La historia juzgará con dureza a esta generación de líderes. No porque ignorara la evidencia, sino porque la tuvo delante y eligió mirar hacia otro lado. Y quizá ese sea el dato más perturbador de todos: la vida en la Tierra no está en riesgo por falta de conocimiento, sino por falta de coraje.

 

Referencias

Climate Action Tracker. (2025). USA: Policies & action. https://climateactiontracker.org/countries/usa/policies-action/ 

Climate Action Tracker. (2025). USA. https://climateactiontracker.org/countries/usa/

Conflict and Environment Observatory. (2025, November 6). New data reveals the military emissions gap is growing wider. https://ceobs.org/new-data-reveals-the-military-emissions-gap-is-growing-wider/

Conflict and Environment Observatory. (2025). Military emissions. https://ceobs.org/projects/military-emissions/

EcoAction, & Initiative on GHG Accounting of War. (2026, February). Climate damage caused by Russia’s war in Ukraine: 24 February 2022–23 February 2026. https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2026/02/Climate-Damage-Caused-by-War-48-months_ENs.pdf

Environmental Protection Agency. (2026, February 18). Rescission of the Greenhouse Gas Endangerment Finding and motor vehicle greenhouse gas emission standards under the Clean Air Act. https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-rescission-greenhouse-gas-endangerment

Global Carbon Project. (2025, November 13). Fossil fuel CO₂ emissions hit record high in 2025. https://globalcarbonbudget.org/fossil-fuel-co2-emissions-hit-record-high-in-2025/

International Energy Agency. (2025, October 22). Greenhouse gas emissions from energy data explorer. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer

National Aeronautics and Space Administration. (2026, January 15). NASA releases global temperature data. https://www.nasa.gov/news-release/nasa-releases-global-temperature-data/

Neimark, B., Otu-Larbi, F., Belcher, O., Ashworth, K., Larbi, R., El-Jechi, T., & Ansett, S. (2026). Israel-Gaza conflict carbon emissions exceeded 30 million tons in just 1 year. One Earth. Advance online publication. https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322%2826%2900049-7

Our World in Data. (2025, March 16). Which countries have contributed the most to historical CO₂ emissions? https://ourworldindata.org/data-insights/which-countries-have-contributed-the-most-to-historical-co-emissions

Our World in Data. (2025, November 13). CO₂ emissions per capita. https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

United Nations Environment Programme. (2025). Emissions gap report 2025. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025

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World Meteorological Organization. (2026). State of the global climate 2025. https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2025

World Resources Institute. (2025). State of climate action 2025. https://www.wri.org/research/state-climate-action-2025

lunes, 21 de abril de 2025

La emergencia es climática, pero el colapso es político

 Por Wens Silvestre

Ya no son proyecciones, ni escenarios hipotéticos, ni simulaciones de laboratorio. Son datos. Son muertes. Son miles de millones en pérdidas. Es el calor abrasador que azota ciudades. Es el deshielo que arrastra vidas. Es el océano cada vez más caliente que asfixia ecosistemas y altera sistemas climáticos enteros. El 2024 fue el año más cálido jamás registrado. El planeta, oficialmente, ya ha cruzado el umbral de +1,5 °C en promedio global. El Acuerdo de París, hasta ayer un horizonte preventivo, hoy parece un punto de referencia superado.

Y, sin embargo, el negacionismo climático —tanto el burdo como el disfrazado— sigue presente en las cumbres políticas, en los escritorios de decisión y, lo más preocupante, en la mente de líderes que deberían guiar al mundo. En pleno 2025, Donald Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos retirando nuevamente al país del Acuerdo de París y prohibiendo a científicos federales colaborar con el IPCC. No es solo negación: es obstrucción deliberada al conocimiento, al multilateralismo y a la esperanza de un mundo habitable.

La evidencia que desborda la indiferencia

En Europa, según el informe State of the Climate 2024, la temperatura media ha superado los +2,4 °C respecto a la era preindustrial. Más del 30% de los ríos europeos experimentaron inundaciones por encima de sus umbrales críticos. En Svalbard, el verano fue +2,58 °C más cálido que la media histórica. El Mediterráneo registró su temperatura superficial más alta en la historia. Más de 335 personas perdieron la vida solo por eventos extremos en el continente.

A nivel global, el Global Energy Review 2025 de la Agencia Internacional de Energía deja una paradoja brutal: récord de instalaciones renovables (más de 700 GW), pero también récord de emisiones de CO₂ (37,8 Gt). ¿La razón? Seguimos sumando renovables, pero no restamos fósiles. Agregamos lo nuevo sin desmantelar lo viejo. Una transición energética que no desplaza, solo decora.

La política del "mientras tanto"

Mientras la ciencia avanza y la naturaleza responde con creciente violencia, la política global se divide entre el coraje y la conveniencia. En Europa, la narrativa climática está siendo capturada por disputas internas y populismos de corto aliento. En China e India, la velocidad del crecimiento fósil sigue superando a la expansión de las renovables. En América Latina y África, las promesas se estrellan contra realidades presupuestarias y estructuras de poder fósil dependientes.

Y mientras tanto, los líderes negacionistas alimentan una falsa seguridad. Dicen que el cambio climático no es urgente, que la ciencia exagera, que la economía no puede soportar la transición. Pero ¿cuánto cuesta no hacer nada? Según la ONU, el costo de los desastres climáticos superó los 300.000 millones de dólares en 2023. Y sigue creciendo.

Adaptar, mitigar y anticipar: las tres claves de la coherencia climática

La solución existe. Tiene nombre y tiene respaldo técnico. Se llama mitigación, se llama adaptación, se llama cambio estructural. No es retórica. Es planificación urbana con infraestructura verde, donde las ciudades no solo crecen, sino que respiran: techos verdes que reducen el efecto isla de calor, corredores ecológicos que conectan biodiversidad con calidad de vida, calles rediseñadas para peatones y ciclistas antes que para autos. Es gestión integral de residuos, donde la economía circular deja de ser una promesa para convertirse en una práctica masiva: menos vertederos, más compostaje, más reciclaje real, más innovación para evitar que lo desechado termine degradando ecosistemas.

Es abandonar progresivamente el carbón, el gas y el petróleo, no como un acto simbólico, sino con calendarios vinculantes, planes de cierre programado y transición justa para los trabajadores y las regiones dependientes de la industria fósil. Es electrificar la movilidad, no solo en los centros urbanos privilegiados, sino también en zonas rurales, con transporte público eficiente, infraestructura de recarga distribuida y acceso equitativo a tecnologías limpias.

Es reformar los sistemas fiscales para que quien contamina pague más y quien protege reciba incentivos: subsidios a energías limpias en lugar de a combustibles fósiles, impuestos al carbono con criterios redistributivos, y beneficios reales para quienes apuestan por la eficiencia energética, la restauración ecológica o la innovación climática. 

Y, por encima de todo, es reducir desigualdades estructurales, porque el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también una crisis de justicia. Los más pobres, que menos han contribuido al problema, son quienes más lo sufren. Adaptarse, entonces, no es solo prepararse para el cambio; es garantizar que ninguna comunidad, ningún territorio, ningún niño quede atrás cada vez que una sequía extrema, un huracán o una inundación nos recuerdan que el clima ya cambio.

Adaptar no es rendirse; es prepararse. Mitigar no es un lujo verde; es supervivencia.

El conocimiento acumulado en informes científicos, como los del IPCC, el Copernicus Climate Change Service (C3S) y la Agencia Internacional de Energía (IEA), no deja espacio a la interpretación ideológica ni al relativismo interesado. Estos documentos no son meras recomendaciones: son el resultado de décadas de observación sistemática, modelos validados, consenso científico global y evidencia empírica replicada. Negarlos o relativizarlos es tan absurdo como negar la gravedad o la circulación del sistema cardiovascular. El clima no negocia, ni espera a que el péndulo político se acomode.

Lo que sí permiten estos informes es actuar con inteligencia estratégica, sentido de justicia y visión de largo plazo. Permiten diseñar políticas públicas basadas en datos, no en ocurrencias ni en cálculos electorales. Nos dicen dónde están los mayores focos de vulnerabilidad, qué sectores deben priorizarse, qué tecnologías están listas para escalarse y qué costos —sociales, financieros, ecológicos— implica no actuar. 

En ese sentido, las políticas climáticas ya no son una cuestión de sensibilidad ambiental o buena voluntad ética, aunque también lo sean. Son la única estrategia racional de supervivencia económica, de sostenibilidad fiscal, de estabilidad geopolítica y de paz social. Negarse a reducir emisiones hoy es comprometer la seguridad alimentaria, energética y sanitaria de mañana. Ignorar la adaptación es dejar indefensas a millones de personas ante el colapso de sus territorios. Postergar la transición justa es sembrar frustración, desempleo estructural y migraciones forzadas que luego alimentan discursos extremistas.

La ciencia ha entregado el mapa. La política tiene que decidir si quiere navegar hacia un futuro habitable o estrellarse contra el muro de su propia ceguera. Y lo más grave: ya no se trata de evitar el impacto, sino de decidir cuán profundo, duradero e injusto queremos que sea.

La urgencia de liderazgos valientes

Lo que falta no es evidencia, sino voluntad. El verdadero déficit climático es de liderazgo. Se necesitan gobiernos capaces de decir verdades incómodas, de asumir costos políticos temporales para evitar colapsos permanentes. Se necesitan medios que dejen de presentar “ambos lados” del debate cuando uno de ellos ya ha sido invalidado por la física, la química y la vida misma. Y se necesita una ciudadanía informada, activa, vigilante.

¿Qué más hace falta para actuar? ¿Un año más caluroso? ¿Un océano más ácido? ¿Otro millón de desplazados por sequías e inundaciones? No deberíamos necesitar más tragedias para entender lo obvio. El planeta ya gritó. La ciencia ya escribió. Ahora, la historia —nuestra historia— espera ser decidida.

Nota: Este artículo refleja la opinión del autor, con base en evidencia científica de los informes “Global Energy Review 2025” de la AIE y “State of the Climate 2024” del C3S.