Cien días: de las cifras del Gobierno a los resultados que espera el Perú

Por Wens Silvestre

El balance de Keiko Fujimori presenta avances que deben verificarse. La siguiente etapa exige demostrar cómo mejoran la seguridad, los servicios públicos y la protección frente a El Niño.

Las expectativas también comprometen a quien gobierna. Cuando las promesas avanzan más rápido que las soluciones, la confianza se desgasta. Tras sus primeros cien días en la Presidencia, Keiko Fujimori tiene la responsabilidad de acercar lo ofrecido a la experiencia cotidiana de los peruanos. Su mensaje del 5 de noviembre presentó cifras y acciones que merecen una evaluación seria. La prueba de su gestión será demostrar cuánto contribuyen a resolver los problemas de la población.

La presidenta sostuvo que cien días son insuficientes para superar dificultades acumuladas durante años, pero permiten mostrar una manera de gobernar. El argumento es razonable. En ese plazo cabe exigir prioridades claras, equipos competentes y capacidad para ejecutar decisiones. También corresponde explicar qué compromisos avanzaron, cuáles se retrasaron y qué se hará para corregirlos. Ese debe ser el criterio para evaluar esta primera etapa.

El balance exige una crítica precisa. Las acciones reportadas merecen examinarse por su alcance y sus efectos. Para ello, es necesario distinguir los recursos movilizados, las intervenciones concluidas y los beneficios que efectivamente recibe la ciudadanía. Esa distinción permite reconocer los avances sin confundirlos con problemas resueltos.

La seguridad constituye la prueba más urgente. Fujimori afirmó que el promedio pasó de 7,5 a 6,5 crímenes diarios y reconoció: “No hemos vencido al crimen aún”. Informó, además, sobre capturas, organizaciones desarticuladas y medidas penitenciarias. La cifra requiere una explicación pública de su fuente, los periodos comparados y los delitos comprendidos. Solo con datos consistentes podrá determinarse si existe una mejora sostenida y dónde se concentra.

La eficacia de esta política debe evaluarse también por la reducción de las extorsiones, la protección de quienes denuncian y la solidez de las investigaciones. Los operativos necesitan inteligencia, continuidad y coordinación entre policías, fiscales y autoridades penitenciarias. La prioridad es que las personas puedan trabajar, desplazarse y emprender sin amenazas. Ese objetivo debe orientar tanto las decisiones como la rendición de cuentas.

Frente a El Niño, la presidenta reportó S/ 1.500 millones invertidos en prevención, 179 kilómetros de ríos descolmatados y un avance del 85 % de lo programado en esa intervención. También mencionó defensas ribereñas, puentes y lugares identificados para instalar albergues. Son afirmaciones concretas cuyo cumplimiento y utilidad deben verificarse en cada territorio.

El alcance de esos datos importa. El porcentaje de ejecución de un programa de descolmatación describe una intervención específica; la preparación del país depende de muchas otras capacidades. Asimismo, un lugar identificado para albergar damnificados requiere agua, saneamiento, suministros y personal para convertirse en una alternativa segura. La población necesita saber qué zonas siguen expuestas, cómo evacuar y qué respuesta puede esperar de las autoridades.

La gestión debe concentrarse en concluir las intervenciones críticas y comprobar su funcionamiento antes de que las emergencias desborden la capacidad de respuesta. Esto exige coordinación continua con gobiernos regionales y municipalidades, información accesible y decisiones oportunas para resolver obstáculos. La prevención también debe atender sequías, incendios y pérdidas agropecuarias, con especial atención a las familias que disponen de menos recursos para recuperarse.

En obras y servicios públicos, Fujimori destacó la reactivación de proyectos y el desbloqueo de 71 iniciativas de agua y saneamiento en 21 regiones. Resolver trabas puede constituir un avance importante, especialmente después de años de paralización. Su valor social se concretará cuando las obras funcionen y sus beneficiarios reciban efectivamente el servicio.

Por eso, la gestión debería priorizar proyectos viables y asegurar los recursos necesarios para operarlos. Un establecimiento de salud requiere personal, medicamentos, equipamiento y mantenimiento. Un sistema de agua debe garantizar calidad y continuidad del suministro. La planificación tiene que abarcar esas condiciones desde el inicio: una infraestructura que funciona de manera deficiente prolonga la frustración ciudadana y compromete nuevos recursos.

En economía, el mensaje reunió indicadores actuales y expectativas. La presidenta destacó una tasa de desempleo de 4,4 % en Lima Metropolitana, proyecciones de crecimiento del 4 % entre analistas consultados por el BCR y recursos adicionales para 2027. Cada dato necesita su contexto: el desempleo de Lima tiene un alcance territorial específico, las proyecciones están sujetas a incertidumbre y los recursos anunciados deberán convertirse en intervenciones eficaces.

La confianza económica debe favorecer la inversión productiva, el empleo de calidad y las oportunidades fuera de la capital. Esto requiere infraestructura útil, mejores servicios y condiciones que faciliten la actividad de las pequeñas empresas. Los apoyos temporales frente a desastres pueden aliviar pérdidas, siempre que tengan destinatarios bien identificados, criterios transparentes y financiamiento sostenible. Su diseño debe contribuir a la recuperación de las familias y de sus medios de vida. 

Todas estas prioridades dependen de una misma condición: la capacidad del Estado para ejecutar bien. La presidenta debería exigir a cada ministerio un conjunto acotado de metas, responsables identificables y plazos realistas. Un registro público de compromisos permitiría seguir el presupuesto, el avance físico y la población atendida. Explicar las desviaciones y corregirlas a tiempo daría credibilidad a ese seguimiento.

La conducción política es parte de esa capacidad. La herencia recibida ayuda a comprender las dificultades, pero gobernar exige asumirlas y actuar sobre ellas. La relación con el Congreso y las autoridades territoriales debe producir acuerdos concretos, respetar la fiscalización y abrir espacio a la crítica informada. Escuchar a las comunidades afectadas también permite detectar fallas que los informes administrativos pueden pasar por alto.

El balance de los cien días ofrece compromisos que ahora deben someterse a seguimiento. La próxima rendición de cuentas debería mostrar qué cambió, para quiénes y con qué recursos, además de explicar las decisiones adoptadas cuando algo falló. Así será posible evaluar la capacidad del Gobierno para sostener los avances y corregir el rumbo.

Fujimori tiene la responsabilidad de formular compromisos realizables y cumplirlos con transparencia. La confianza se fortalecerá cuando las cifras oficiales encuentren respaldo en hogares protegidos, servicios que funcionen y ciudadanos que puedan vivir con menos miedo. Allí se medirá el valor de estos primeros cien días.