La agonía de Petroperú no puede hipotecar al Estado

Por Wens Silvestre

El Decreto de Urgencia Nro. 003-2026 marca un nuevo punto de inflexión en la crisis de Petroperú. Bajo el argumento de mitigar una eventual crisis energética nacional y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, el Ejecutivo autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes hasta por US$ 2,000 millones, más costos financieros. El objetivo declarado es financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles e insumos, y sostener servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. La norma no dispone un desembolso inmediato, pero sí abre una exposición fiscal potencialmente gigantesca. En términos sencillos: si Petroperú no puede responder, el Estado quedará comprometido.

El problema es que este respaldo no aparece en el vacío. Llega después de años de pérdidas, endeudamiento, apoyo estatal recurrente y una reorganización patrimonial que aún no demuestra resultados concretos. El propio decreto reconoce que Petroperú pasó de una rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021 a pérdidas operativas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara. También admite que, a marzo de 2026, la empresa registraba pérdidas operativas y netas significativas, con efectos directos sobre su viabilidad financiera y su patrimonio. Es decir, el Estado no enfrenta solo una emergencia energética: está sosteniendo una empresa estructuralmente debilitada.

El Ejecutivo invoca factores externos: conflicto en Medio Oriente, cierre del Estrecho de Ormuz, mayor volatilidad del petróleo y riesgos de abastecimiento. Es cierto que un shock internacional puede afectar a un país importador neto de combustibles como el Perú. También lo es que los hidrocarburos siguen siendo centrales para el transporte, el comercio, la minería, la electricidad y la producción. Pero una emergencia externa no puede convertirse en licencia para socializar indefinidamente las pérdidas de una empresa estatal mal gestionada. La seguridad energética debe protegerse; la insolvencia empresarial no debe maquillarse como política de Estado.

La inconsistencia fiscal es evidente. Si los US$ 2,000 millones se convierten a un tipo de cambio referencial cercano a S/ 3.70, hablamos de aproximadamente S/ 7,400 millones. Frente a un PIA del Ministerio de Energía y Minas de alrededor de S/ 669.77 millones, la exposición autorizada equivale a más de once veces su presupuesto institucional anual. La frase “con cargo a su presupuesto institucional” resulta, por tanto, formalmente cómoda, pero materialmente poco creíble. Si la contingencia se activa, no pagará realmente el presupuesto ordinario del MINEM; pagará el Estado peruano, directa o indirectamente, mediante reasignaciones, endeudamiento, créditos suplementarios o mayor presión sobre el Tesoro.

Esto ocurre en un país donde el déficit fiscal sigue acechando. Según el BCRP, el déficit fiscal bajó de 3.5% del PBI en 2024 a 2.2% en 2025, pero en marzo de 2026 todavía se mantenía en 2.2% del PBI. Hubo corrección, sí, pero no holgura. La disciplina fiscal peruana se encuentra en una zona de fragilidad, no de abundancia. Y esa fragilidad se vuelve más delicada cuando el Estado asume contingencias masivas fuera de una discusión presupuestal transparente y sin una matriz pública de riesgos.

La paradoja es mayor si se considera que el Perú viene de un contexto externo extraordinariamente favorable. El BCRP reportó que los términos de intercambio crecieron 30.5% interanual en diciembre de 2025, impulsados principalmente por el alza de los precios de exportación, en especial del oro, el cobre y el café. También informó que, en 2025, los términos de intercambio aumentaron 19.2% anual y alcanzaron niveles excepcionalmente altos. En otras palabras, el país se benefició de un contexto internacional favorable para sus materias primas; sin embargo, no logró reconstruir plenamente su espacio fiscal ni reducir la pobreza a los niveles previos a la pandemia. Peor aún, no ha generado ahorros suficientes para enfrentar eventuales periodos de menor crecimiento o deterioro de los términos de intercambio.

La pobreza monetaria cayó en 2025, sí, pero sigue siendo socialmente inaceptable. El INEI informó que afectó al 25.7% de la población, por debajo del 27.6% registrado en 2024, aunque todavía más de cinco puntos por encima del 20.2% de 2019, antes de la pandemia. Esto significa que, pese a la mejora, el país no ha recuperado su línea social previa al shock sanitario. En 2025, uno de cada cuatro peruanos seguía siendo pobre en términos monetarios. La línea de pobreza fue de S/ 462 mensuales por persona; para un hogar de cuatro miembros, S/ 1,848. Esa es la escala real de precariedad frente a la cual debe evaluarse cualquier contingencia fiscal.

La pobreza multidimensional agrava aún más el juicio ético. El INEI publicó en 2025 el avance de la medición oficial de pobreza multidimensional, orientada a complementar la pobreza monetaria mediante dimensiones vinculadas a salud, educación, vivienda, servicios básicos, energía, empleo y protección social. Estimaciones recientes con base en la ENAHO señalan que la pobreza multidimensional habría bajado de 29.8% en 2024 a 26.2% en 2025, pero aún afectaría a más de 9.1 millones de peruanos y superaría a la pobreza monetaria.

Por eso, el debate sobre Petroperú no es solo contable; es moral y político. Cada sol comprometido para sostener una empresa estatal insolvente compite con agua, saneamiento, salud, educación, primera infancia, seguridad alimentaria, conectividad rural y empleo formal. Si el Estado tiene millones de ciudadanos con privaciones monetarias y multidimensionales, no puede tratar los rescates empresariales como simples operaciones técnicas. El costo de oportunidad es humano.

A ello se suma otra presión estructural: el gasto reivindicativo y salarial del Estado. En los últimos años, el Congreso y el Ejecutivo han acumulado leyes y compromisos con impacto fiscal: aumentos remunerativos, beneficios laborales, pensiones, nombramientos y medidas sectoriales sin financiamiento sostenible. El Consejo Fiscal advirtió que, desde 2021, el Congreso aprobó 229 leyes con implicancias fiscales, y que existían cientos de proyectos adicionales de gasto. Incluso alertó que diez propuestas podían costar alrededor de S/ 25,000 millones anuales y elevar el déficit hasta 5.5% del PBI en 2026 en un escenario de aprobación descontrolada.

La propia discusión pública sobre un pacto fiscal en 2025 reconoció la acumulación de medidas de gasto que amenazan la estabilidad fiscal. El Consejo Fiscal mencionó que diez propuestas bajo revisión podían tener un impacto conjunto de US$ 7,400 millones anuales, incluyendo incrementos salariales y beneficios tributarios aprobados o promovidos en los últimos años. La aritmética es brutal: el Estado se compromete por todos lados, pero la pobreza sigue esperando.

El DU 003-2026 intenta crear una arquitectura sofisticada: vehículo de propósito especial, fideicomisos, Proinversión como estructurador, protocolos de canalización de flujos y control sobre la disposición de recursos. Todo ello puede sonar moderno, pero no sustituye la pregunta central: ¿quién asume la pérdida si Petroperú no genera caja? La respuesta, por ahora, parece ser el Estado.

Ese es el verdadero problema. La reorganización patrimonial dispuesta por el DU 010-2025 debía ser el camino hacia una solución estructural: ordenar activos, atraer inversión, mejorar la gestión, reducir pasivos y dejar de depender del Tesoro. Pero el DU 003-2026 parece convertir esa reorganización en un puente sostenido por recursos contingentes del Estado. Un puente puede ser razonable si conduce a una salida. Pero si solo conecta un rescate con otro, deja de ser puente y se convierte en túnel fiscal.

El Congreso debe actuar con seriedad. Se requiere exigir al MEF, al MINEM, a Petroperú y a Proinversión una matriz completa de riesgos fiscales, condiciones financieras, entidades participantes, tasas, plazos, garantías, comisiones, fuente real de repago, gatillos de activación, protocolos de uso de recursos y metas verificables de desempeño. También debe exigirse control concurrente de la Contraloría y publicación periódica de avances.

El país debe garantizar combustibles, sí. Pero no puede garantizar indefinidamente la supervivencia financiera de una empresa que no demuestra viabilidad. La seguridad energética es una obligación pública; la socialización de pérdidas no lo es.

La agonía de Petroperú no puede seguir hipotecando a un Estado con déficit, presiones salariales crecientes, pobreza persistente y brechas multidimensionales profundas. Si el Gobierno quiere comprometer hasta US$ 2,000 millones en contingencias, debe demostrar que no está comprando tiempo político, sino financiando una salida real. De lo contrario, el DU 003-2026 no será una medida de seguridad energética: será otro capítulo de una larga historia en la que el Estado rescata empresas mientras posterga ciudadanos.

Cuando el mundo paga y el poder cobra

Wens Silvestre

Hay una indignación que ya no pertenece a un país, a una ideología ni a una frontera. Es la indignación de cualquier ciudadano global que observa cómo el poder militar y económico más grande del planeta puede ser usado no para proteger la paz, sino para administrarla como mercancía; no para defender la soberanía de los pueblos, sino para someterla; no para servir al interés público, sino para abrir rutas de ganancia a quienes orbitan el poder.

Donald Trump representa hoy una de las formas más crudas de esa degradación: la conversión de la Presidencia de Estados Unidos en una maquinaria donde la guerra, la diplomacia, los mercados, los contratos, las amenazas y los apellidos familiares parecen moverse dentro de una misma lógica mercantil. Se habla de seguridad nacional, de defensa de Occidente, de lucha contra amenazas externas. Pero detrás de esa retórica solemne aparece una sospecha moralmente insoportable: que el llamado “interés norteamericano” no sea, en realidad, el interés del pueblo estadounidense, sino el interés particular de una élite política, económica y familiar que encuentra en cada crisis una oportunidad de negocio. 

Desde fuera de Estados Unidos, el espectáculo resulta brutal. Un presidente decide escalar tensiones en Medio Oriente, amenaza a Irán, interviene en zonas atravesadas por conflictos históricos, presiona a países soberanos, altera rutas energéticas, sacude el precio del petróleo y obliga al mundo entero a pagar la factura. No la pagan solo los gobiernos involucrados. La pagan las familias que pierden hijos bajo las bombas. La pagan los desplazados que cruzan fronteras sin destino. La pagan los trabajadores que ven subir el combustible. La pagan los pueblos pobres cuando el precio de la energía encarece los alimentos. La paga el ciudadano común, en cualquier continente, cuando una decisión tomada en Washington se transforma en inflación, miedo, deuda y muerte.

Y mientras el mundo paga, algunos ganan.

Esa es la obscenidad central. La guerra no solo destruye: también produce beneficios. Produce contratos militares, especulación energética, valorización de empresas de defensa, mercados de predicción, oportunidades petroleras, negocios de reconstrucción, acceso diplomático y ventajas para quienes conocen de cerca el pulso del poder. Cuando el presidente de una potencia militar mueve tropas, ordena ataques, anuncia treguas o amenaza bloqueos, no solo altera el mapa geopolítico: mueve mercados. Y cuando el entorno familiar o empresarial de ese presidente aparece cerca de sectores que pueden beneficiarse de esas decisiones, la sospecha deja de ser paranoia y se convierte en exigencia democrática de investigación.

No se trata de afirmar irresponsablemente lo que aún debe probarse en sede judicial o parlamentaria. Se trata de señalar algo evidente para cualquier conciencia crítica: ningún gobernante debería tener la posibilidad de tomar decisiones de guerra mientras su entorno privado se mueve en mercados sensibles a esas decisiones. Ninguna familia presidencial debería estar cerca de negocios de defensa, criptoactivos, energía, contratos o plataformas especulativas mientras el jefe de esa familia decide sobre bombardeos, sanciones, alianzas militares o treguas. La sola posibilidad de que la guerra se vuelva rentable para los cercanos al poder ya corrompe la legitimidad de la decisión.

Porque la guerra exige el máximo estándar moral. No se puede pedir a los pueblos sacrificio, sangre y obediencia mientras los poderosos calculan retornos. No se puede hablar de seguridad global cuando la inseguridad de millones se transforma en utilidad privada. No se puede invocar la soberanía de unos países mientras se pisotea la soberanía de otros. No se puede exigir respeto al derecho internacional si la potencia más poderosa interpreta las reglas como un menú opcional.

El lenguaje imperial siempre ha sido experto en disfrazarse. A una intervención se le llama operación preventiva. A una imposición económica, sanción necesaria. A una amenaza militar, mensaje disuasivo. A la subordinación de gobiernos débiles, alianza estratégica. Al control de recursos, estabilidad regional. Y al beneficio de corporaciones y grupos cercanos al poder, libre mercado.

Pero los pueblos conocen la traducción real de esas palabras. Saben que “seguridad” muchas veces significa control. Saben que “democracia” muchas veces significa obediencia al poder dominante. Saben que “orden internacional” muchas veces significa jerarquía. Saben que “interés nacional” puede convertirse en la máscara respetable de intereses privados.

Trump no inventó esa lógica. Sería ingenuo creerlo. Estados Unidos ha intervenido, presionado y condicionado a otros países durante décadas, bajo gobiernos republicanos y demócratas. América Latina, Medio Oriente, África y Asia conocen demasiado bien la pedagogía de la potencia: primero se define quién es amenaza; luego se impone una narrativa; después vienen sanciones, bases, drones, bombardeos, deuda, reconstrucción y contratos. La novedad con Trump es el descaro. Lo que antes se envolvía en lenguaje institucional ahora aparece con una crudeza empresarial casi vulgar: la política como transacción, la diplomacia como negocio, la guerra como mercado, la Presidencia como marca.

Esa es la razón por la que la indignación debe ser global. Porque las decisiones de un presidente estadounidense no se quedan dentro de Estados Unidos. Cuando Washington decide una guerra, el planeta tiembla. Cuando amenaza un bloqueo, sube el petróleo. Cuando sanciona, se reordenan economías. Cuando protege a unos y castiga a otros, define la vida cotidiana de millones que jamás votaron en sus elecciones. Esa es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo: pueblos enteros sufren consecuencias de decisiones tomadas por un poder político al que no pueden controlar democráticamente.

Por eso, desde la mirada de un ciudadano global, el abuso de poder de Trump no es un asunto interno estadounidense. Es un problema mundial. Cuando un presidente con capacidad nuclear, influencia financiera planetaria y control sobre alianzas militares usa ese poder con opacidad, arbitrariedad o beneficio particular, el riesgo deja de ser nacional. Se vuelve humano.

La soberanía de los países débiles se vuelve decorativa si puede ser aplastada por decisiones tomadas desde una oficina lejana. La legalidad internacional se vuelve frágil si la potencia puede violarla y luego justificarlo con comunicados estratégicos. La economía global se vuelve rehén si los mercados reaccionan no a la productividad ni al bienestar, sino al temperamento de un gobernante. Y la democracia se vuelve una ficción si los controles institucionales no pueden impedir que el interés privado capture decisiones de guerra.

Lo más indignante no es solo el abuso. Es la naturalización del abuso.

Se nos pide aceptar que así funciona el mundo. Que las potencias tienen zonas de influencia. Que las guerras son inevitables. Que los precios suben por “tensiones geopolíticas”, como si esas tensiones nacieran solas y no fueran producidas por decisiones humanas. Que las empresas se beneficien es normal. Que los familiares del poder estén cerca de negocios estratégicos es apenas una coincidencia. Que los pueblos muertos son daños colaterales. Que los desplazados son cifras. Que la indignación es ingenua.

No. Ingenuo es creer que puede haber paz mientras la guerra sea rentable. Ingenuo es creer que habrá respeto a la soberanía mientras algunas potencias se atribuyan derecho a disciplinar al resto del planeta. Ingenuo es creer que la democracia sobrevive cuando el poder público se mezcla con negocios familiares. Ingenuo es creer que un presidente que castiga críticos presiona instituciones, debilita controles y gobierna mediante amenazas externas puede ser tratado como un actor democrático ordinario.

Un ciudadano global no necesita odiar a Estados Unidos para rechazar esta política. Al contrario: puede distinguir entre el pueblo estadounidense y quienes usan su bandera para justificar abusos. Puede reconocer que millones de ciudadanos estadounidenses también pagan el costo de estas decisiones: en impuestos, inflación, pérdida de derechos, deterioro institucional y vergüenza moral. El problema no es un pueblo. El problema es una forma de poder que pretende hablar en nombre de un pueblo mientras sirve a intereses mucho más estrechos.

Lo que debe denunciarse es la captura mercantilista del Estado. Ese momento en que la política deja de ser servicio público y se vuelve administración de oportunidades privadas. Ese momento en que una guerra ya no se decide solo por razones estratégicas, sino bajo la sombra de quién puede ganar con ella. Ese momento en que la Presidencia deja de ser mandato constitucional y empieza a parecer una plataforma de negocios globales.

Frente a eso, el impeachment no sería una exageración. Sería una defensa mínima del principio republicano más elemental: ningún gobernante está por encima de la ley, ningún presidente puede usar la guerra como instrumento personal, ningún interés familiar puede contaminar decisiones que cuestan vidas, ningún poder militar puede ejercerse sin control democrático.

Pero incluso el impeachment sería insuficiente si el mundo no aprende la lección más profunda. El problema no termina con un hombre. Trump es el síntoma brutal de un sistema que permite que la guerra sea negocio, que la energía sea chantaje, que la soberanía sea selectiva y que los mercados celebren lo que los pueblos lloran.

Por eso la respuesta debe ser ética, política y global. Los ciudadanos del mundo tenemos derecho a exigir que ninguna potencia convierta nuestra estabilidad en ficha de negociación. Tenemos derecho a exigir que ningún presidente use el lenguaje de la seguridad para encubrir intereses particulares. Tenemos derecho a exigir que las guerras no se decidan en función de contratos, precios, encuestas o negocios familiares. Tenemos derecho a recordar que la soberanía no es privilegio de los fuertes, sino derecho de todos los pueblos.

La historia juzga con dureza a quienes bombardean en nombre de la paz y lucran en nombre de la seguridad. Pero también juzga a quienes, viendo el saqueo, prefieren mirar hacia otro lado.

Hoy la pregunta no es solo qué hará Estados Unidos con Trump. La pregunta es qué hará el mundo frente a una forma de poder que convierte la vida humana en variable de mercado.

Porque cuando la guerra se vuelve negocio, la paz deja de ser un objetivo y se convierte en una amenaza para quienes se enriquecen con el conflicto.

Y cuando eso ocurre, indignarse no es un gesto retórico. Es el primer acto de resistencia moral.

El Estado contra sus ciudadanos

Wens Silvestre

Hay una falacia que se ha vuelto costumbre en nuestro país: presentar toda muerte causada por agentes del Estado como un accidente inevitable de la seguridad, como un “exceso” aislado, como una confusión lamentable en medio de una guerra permanente contra enemigos difusos. Esa falacia debe ser desmontada con firmeza. Porque cuando civiles mueren bajo fuego militar o policial, la primera obligación de un Estado democrático no es defender su imagen, sino responder por sus muertos.

Los hechos ocurridos en Tayacaja, Huancavelica, donde cinco civiles murieron durante una intervención de miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser tratados como una nota policial más ni como un costo colateral de la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía investiga a militares por presunto homicidio calificado. Los familiares y sobrevivientes han denunciado que las víctimas eran jóvenes que regresaban de una actividad deportiva y que fueron atacados por hombres armados, presuntamente vestidos de civil. Frente a esa gravedad, el deber de quienes gobiernan no era minimizar, justificar ni sembrar sospechas sobre los muertos. Era garantizar verdad, justicia y responsabilidad.

Pero el poder político peruano ha desarrollado una peligrosa rutina: cuando las víctimas son pobres, rurales, andinas o viven en territorios marcados por el abandono estatal, primero se las sospecha y luego, quizá, se las investiga. Antes de saber quiénes eran, se les coloca encima una etiqueta: “narcoterroristas”, “delincuentes”, “vándalos”, “enemigos del orden”. Esa etiqueta cumple una función miserable: reduce la vida humana a expediente de seguridad. Convierte a ciudadanos en objetivos. Prepara a la opinión pública para aceptar lo inaceptable. 

La primera falacia del poder es decir que cuestionar un operativo militar equivale a atacar a las Fuerzas Armadas. Falso. Exigir investigación no debilita a las instituciones; las rescata de la impunidad. Una Fuerza Armada republicana no necesita encubrimiento, necesita legalidad. No se honra al uniforme protegiendo a quienes pudieron haber cometido crímenes; se lo honra separando con claridad al soldado que cumple la Constitución del agente que la traiciona. La verdadera amenaza contra la institución no viene de quienes piden justicia, sino de quienes pretenden convertirla en una corporación intocable.

La segunda falacia es invocar la seguridad para suspender los derechos. También es falso. La seguridad no es una licencia para matar. En una democracia, el monopolio estatal de la fuerza solo es legítimo si está sometido a ley, necesidad, proporcionalidad, control judicial y rendición de cuentas. Si el Estado puede disparar contra civiles y luego justificarlo con comunicados, entonces ya no estamos ante seguridad democrática, sino ante una forma degradada de poder armado. La fuerza pública no existe para reemplazar a los jueces ni para decidir quién merece vivir.

La tercera falacia es suponer que, por tratarse de una zona como el VRAEM o de una provincia históricamente asociada a violencia, cualquier ciudadano que transite por allí queda automáticamente bajo sospecha. Esa idea es profundamente antiliberal y antidemocrática. Ninguna persona pierde sus derechos por vivir en una zona pobre, rural, militarizada o abandonada por el Estado. La presunción de inocencia no se suspende por geografía. El derecho a la vida no depende del código postal. Y la dignidad humana no puede ser degradada porque un funcionario necesite justificar un operativo fallido.

La cuarta falacia es presentar estos hechos como casos aislados. No lo son. En los últimos años, el país ha visto una secuencia alarmante: protestas reprimidas con muertos y heridos, estados de emergencia normalizados, discursos oficiales que criminalizan la protesta, investigaciones lentas, mandos políticos que se lavan las manos y congresos que legislan más rápido para blindar a agentes estatales que para proteger a las víctimas. El patrón es demasiado claro: cuando el Estado dispara, el poder se apresura a explicar la bala; cuando las familias lloran, se les exige primero demostrar que sus muertos eran inocentes.

Esa inversión moral es intolerable. En un Estado de derecho, no son los muertos quienes deben probar que merecían vivir. Es el Estado quien debe probar por qué usó la fuerza letal. Es el Estado quien debe explicar quién ordenó, quién disparó, quién supervisó, quién encubrió, quién mintió y quién permitió que una operación terminara en cadáveres civiles.

La quinta falacia, quizá la más cínica, es la de quienes se dicen liberales mientras justifican la violencia estatal contra ciudadanos indefensos. No hay liberalismo posible donde el Estado mata y no responde. El liberalismo nació precisamente como desconfianza frente al poder absoluto. Su premisa elemental es que el individuo tiene derechos que ningún gobernante, policía, militar o ministro puede pisotear. Defender la vida, la libertad, el debido proceso y la igualdad ante la ley no es una concesión progresista: es el corazón mismo de la tradición liberal.

Por eso resulta obsceno escuchar a ciertos defensores del “orden” hablar de libertad económica, propiedad privada o seguridad jurídica, mientras relativizan la muerte de campesinos, jóvenes o manifestantes. Esa no es defensa de la libertad; es defensa selectiva del privilegio. Quien exige garantías para la inversión, pero no justicia para civiles asesinados, no defiende el Estado de derecho: defiende un Estado al servicio de los fuertes y armado contra los débiles.

Más que ante un liberalismo coherente, estamos frente a un mercantilismo autoritario: un régimen que no reduce realmente el Estado, sino que lo vuelve paquidérmico, lento e ineficiente; un aparato costoso que abandona al ciudadano común, pero preserva privilegios, burocracias, clientelas y redes de poder. No se trata de un Estado mínimo, sino de un Estado capturado: débil para garantizar salud, educación, justicia y seguridad cotidiana, pero fuerte para reprimir, vigilar, castigar y proteger intereses particulares. En ese modelo, el ciudadano queda desamparado, mientras el aparato público funciona principalmente para quienes viven de él o negocian con él.

El Ejecutivo minimiza cuando responde con frialdad burocrática ante la muerte de civiles. Minimiza cuando primero protege la versión militar y después promete investigar. Minimiza cuando llama “operativo” a lo que puede ser una masacre. Minimiza cuando no expresa duelo, cuando no suspende preventivamente a responsables, cuando no garantiza protección a testigos, cuando no exige colaboración absoluta de los mandos. Y minimiza, sobre todo, cuando olvida que la vida de un joven campesino vale tanto como la de cualquier ministro, empresario o general.

El Legislativo, por su parte, practica una indignación intermitente. Cita ministros, presenta mociones, declara preocupación; pero al mismo tiempo aprueba o respalda normas que favorecen la impunidad de agentes estatales acusados de graves violaciones de derechos humanos. Fiscaliza con una mano y blinda con la otra. Llora a las víctimas cuando las cámaras están encendidas, pero legisla para que la responsabilidad se diluya cuando la atención pública se apaga. Esa no es representación democrática; es complicidad institucional.

La pregunta de fondo no es solo quién disparó en Tayacaja. La pregunta es qué tipo de Estado permite que sus agentes disparen contra civiles y luego intente envolver la tragedia en lenguaje de seguridad nacional. La pregunta es por qué la vida rural sigue siendo tratada como vida descartable. La pregunta es por qué quienes gobiernan exigen paciencia a las familias, pero ofrecen rapidez a los mandos. La pregunta es por qué la justicia camina lento cuando los muertos son pobres y el victimario lleva uniforme.

Un Estado liberal, democrático y constitucional debe cumplir exigencias mínimas: investigación fiscal independiente, pericias transparentes, identificación de responsables directos y de mando, suspensión preventiva de implicados, protección de sobrevivientes, reparación integral a las familias y garantías reales de no repetición. Todo lo demás es retórica. Todo lo demás es administración del escándalo.

Y debe quedar claro: pedir justicia no significa negar la existencia del narcotráfico, ni desconocer los riesgos que enfrentan las fuerzas del orden, ni romantizar la violencia criminal. Significa algo mucho más básico: incluso en la lucha contra el crimen, el Estado no puede convertirse en criminal. La diferencia entre una república y una banda armada está precisamente en los límites. Si esos límites desaparecen, la bandera, el uniforme y el himno no purifican el abuso; apenas lo decoran.

Los gobernantes suelen pedir confianza. Pero la confianza no se exige: se merece. Y se merece cuando el Estado protege al débil, investiga al poderoso, sanciona al culpable y reconoce a las víctimas. Un gobierno que pide confianza mientras minimiza muertes civiles no merece obediencia moral; merece vigilancia ciudadana.

Tayacaja debe convertirse en una línea ética. No se puede aceptar que la seguridad sea usada como coartada para la muerte. No se puede aceptar que el silencio oficial pese más que el dolor de las familias. No se puede aceptar que el Congreso actúe como notario de la impunidad. No se puede aceptar que quienes dicen defender la libertad callen cuando el poder armado aplasta al individuo.

Porque la verdadera prueba de un Estado no está en sus desfiles militares, ni en sus discursos patrióticos, ni en sus comunicados de emergencia. Está en lo que hace cuando sus propios agentes matan. Si investiga, sanciona y repara, todavía hay república. Si encubre, justifica y olvida, lo que queda no es Estado de derecho, sino poder desnudo.

Y frente al poder desnudo, la ciudadanía tiene una obligación: no acostumbrarse. No aceptar que unos muertos valgan menos que otros. No permitir que la palabra “seguridad” se convierta en el sudario de la justicia. No dejar que el Estado, creado para proteger la vida, se transforme en su verdugo.

Porque cuando el Estado mata y quienes gobiernan minimizan, ya no estamos ante un simple error operativo, sino ante una traición política, moral y constitucional. Esa traición debe ser nombrada sin miedo, porque el silencio solo prolonga la impunidad. Y, al final, la medida más honda de esta crisis no está en los comunicados oficiales ni en los discursos de seguridad, sino en el llanto de las madres. Un país que se acostumbra a ese dolor ha perdido algo más grave que la seguridad: ha perdido el alma moral de la República.