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viernes, 7 de agosto de 2026

La nueva agenda económica: entre la disciplina fiscal y el desafío de crecer

Por Wens Silvestre

Los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.

La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.

También es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años, el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados, infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará movilidad social.

El problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.

Uno de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales. Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 % del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en evaluación.

Aunque las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda verificable de convergencia fiscal.

En ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.

Petroperú constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.

Cuba descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.

El aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 % puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o trasladarse hacia la informalidad.

La gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado. La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.

Algo similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y transparencia.

Más relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería formar parte de una estrategia más amplia.

En esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.

La meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza, pero importa tanto su cantidad como su calidad.

La prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas, infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya disminuido antes de que ocurra la emergencia.

El contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales, laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus propuestas y construir acuerdos más duraderos.

Los anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica sirva para postergar las reformas.

La verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables, recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.

jueves, 28 de agosto de 2025

Crecer no es decretar: el MMM 2026-2029 y el optimismo que nos puede salir caro

Por Wens Silvestre

Por más que el Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 (MMM) ordene cifras y certezas, 2026 no se juega en el Excel sino en la ejecución. El MEF proyecta un crecimiento cercano al 3,2%, desinflación dentro del rango meta y consolidación fiscal gradual. Compartimos el rumbo, pero como economista veo dos fisuras que pueden desalinear el guion: (i) excesivo optimismo en inversiones concentradas en sectores altamente sensibles (minería y APP de infraestructura) y (ii) permisividad frente a un gasto tributario que erosiona la base sin evaluación rigurosa. A eso se suma un gasto público que vuelve a crecer sin una brújula clara de resultados en pobreza y calidad de servicios.

El vaso medio lleno… y el talón de Aquiles

El MMM descansa en que 2026 consolidará el rebote de 2025 por tres vías: normalización del crédito, cartera minera en construcción y APP “destrabadas”. Es una narrativa posible, pero frágil. La inversión privada que sostiene la proyección está hipersensible a cuatro cuellos de botella que no se resuelven con supuestos: cierre financiero, predios, permisos y arbitrajes y conflictividad en corredores logísticos y mineros. Si uno de esos engranajes se traba, el multiplicador esperado no llega. Una brecha de ejecución de apenas medio punto del PBI puede tirar abajo la elasticidad recaudatoria y tensar la trayectoria fiscal. 

El problema no es apostar por minería e infraestructura —es racional—, sino sobre-depender de ellas en el corto plazo y subestimar los plazos reales. Un MMM responsable debería mostrar, además del escenario base, escenarios contingentes (con retrasos de 6–12 meses) y gatillos de corrección en gasto y financiamiento. Crecer requiere productividad y confianza jurídica, no “wishful thinking”.

Gasto tributario: la renuncia silenciosa que achica el Estado útil

Para 2026, el gasto tributario bordea algo más del 2.16% del PBI y aumenta respecto de 2025. El Ejecutivo ha sido permisivo: mantiene y amplía beneficios sin un pay-go estricto, sin sunset clauses y sin evaluaciones costo-beneficio independientes. Resultado: menos base imponible hoy, más presión para subir tasas mañana o recortar inversión pública de calidad.

Un enfoque liberal serio no demoniza los incentivos; los mide. Tres reglas simples:

1. Techo plurianual al gasto tributario como % del PBI.

2. Sunset máximo de 3 años y renovación solo con evidencia de impacto neto positivo (empleo formal, productividad, exportaciones).

3. Sustitución de exoneraciones mal focalizadas por transferencias directas y transparentes cuando el objetivo sea social (por ejemplo, Amazonía).

Mientras el Congreso agrega gastos tributarios y el Ejecutivo no observa, la consolidación fiscal reposa peligrosamente en el ciclo, no en la estructura.

Más gasto, mismos resultados: la trampa de la inercia

Para 2026 se proyecta un crecimiento real del gasto público de 0,5%, es decir, S/ 6,7 mil millones adicionales respecto de 2025, cifra similar al promedio 2015-2019 (S/ 6,1 mil millones). La pregunta liberal es obvia: ¿qué compramos con eso? Si no movemos la aguja de pobreza, aprendizajes, seguridad y salud, estamos financiando insumos, no resultados.

Necesitamos pasar del “presupuesto por resultados” retórico a una versión 2.0, vinculante:

  • Contratos-programa con metas trimestrales y cláusulas de penalidad y premio para sectores y gobiernos subnacionales.
  • Revisiones de gastos anuales que identifiquen y reubiquen gasto corriente de baja eficacia hacia mantenimiento e inversión con alto retorno social (agua, logística, primera infancia).
  • Topes de crecimiento para gasto administrativo y compras no críticas; prioridad a mantenimiento antes que a nuevas obras.
  • Transparencia radical: tableros públicos con colas de cirugía, horas de clase efectivas, homicidios por distrito y continuidad de agua. Si no mejora, no hay ampliación.
  • Gastar un poco más puede ser defendible solo si se acompaña de incentivos y accountability que aseguren impacto medible en bienestar.

Política monetaria: ancla firme, no bálsamo de crecimiento

El MMM asume desinflación y costos de financiamiento a la baja. Bien. Pero al BCRP no hay que pedirle crecimiento, sino estabilidad de precios y expectativas ancladas. Si reaparecen choques de energía o alimentos, la respuesta debe ser data-dependent, con comunicación clara y, si corresponde, un sesgo hawkish para evitar que la inflación total se meta en el núcleo. La dominancia fiscal hoy no es un riesgo inminente —la deuda está mayoritariamente en soles, a tasa fija y con vida media larga—, pero podría reaparecer si seguimos cediendo terreno vía gasto tributario y gasto corriente inercial.

Siete movimientos para que 2026 no sea otra promesa:

1. Regla pay-go para beneficios tributarios: toda renuncia nueva exige financiamiento permanente o caducidad; inventario y evaluación pública anual.

2. Simplificar regímenes MYPE y converger gradualmente al régimen general; e-factura total y control de economía digital para ampliar base sin subir tasas.

3. Fast-track regulatorio acotado con plazos preclusivos (no eternos), silencio positivo en trámites no ambientales y ventanilla única verdadera.

4. Seguridad y Estado de derecho en corredores productivos: unidades policiales especializadas y protocolos de prevención de conflictos con metas públicas.

5. Spending reviews con metas de reasignación: congelar gasto administrativo no prioritario y proteger mantenimiento e inversión de alto retorno social.

6. Consejo Fiscal fortalecido y metodología de PBI potencial/saldo estructural actualizada vía proceso técnico y abierto.

7. Escenarios de riesgo obligatorios en el MMM y en el PL de Presupuesto: si APP/minería se retrasan 6-12 meses, ¿qué se ajusta y cuándo?

En síntesis, el MMM 2026 luce ordenado sobre el papel, pero crecer no es decretar. Si insistimos en proyecciones sensibles sin planes de contingencia, toleramos un gasto tributario sin control y aumentamos el gasto sin medir resultados, corremos el riesgo de repetir la historia: más soles, pocos logros. La salida no es recortar por recortar: es priorizar, medir y rendir cuentas. Productividad, reglas claras y un Estado que hace menos cosas, pero mejor. Solo así las cifras del MMM dejarán de ser promesas y se convertirán en progreso tangible en 2026.

jueves, 14 de agosto de 2025

Nueva Ley Agraria: inversión con apellido y factura al erario

 Por: Wens Silvestre

El Congreso ha aprobado este 14 de agosto, en segunda votación, la Ley que promueve la transformación productiva, competitiva y sostenible del sector agrario, con protección social hacia la agricultura moderna. Con ello, se inaugura un nuevo capítulo en la historia de los incentivos tributarios al agro peruano, que ya acumulan más de dos décadas de vigencia. La pregunta es inevitable: ¿estamos frente a una política de desarrollo bien enfocada o ante la reedición de un beneficio concentrado que se paga con recursos de todos?

Para empezar, el corazón de la norma es la reducción del Impuesto a la Renta al 15 % para las empresas agrarias hasta 2035, así como una escala reducida para pequeños productores. Además, se mantienen incentivos como la depreciación acelerada para obras de riego, la recuperación anticipada del IGV, la deducción especial por compras a pequeños productores y el drawback. Sobre el papel, se plantea un esquema progresivo: alivios más intensos para unidades pequeñas y medianas, y una tasa preferencial amplia para el resto del sector. El discurso oficial lo presenta como una fórmula para atraer inversiones, generar empleo formal y fomentar prácticas sostenibles.

Sin embargo, el Ministerio de Economía y Finanzas ha estimado que este paquete tributario podría costar entre S/ 1,850 y S/ 2,000 millones anuales —más de S/ 20,000 millones en la década—. La evidencia recogida en estudios oficiales muestra que menos del 0,2 % de las unidades productivas agrarias concentra la mayoría de estos beneficios, lo que significa que buena parte del gasto tributario se dirige a un puñado de empresas agroexportadoras ya consolidadas. No se trata de cuestionar a la agroexportación como motor económico, pues sería desconocer su contribución a la diversificación exportadora y a la inversión privada, sino de llamar la atención sobre la forma en que se distribuyen los recursos fiscales. Un incentivo mal focalizado termina premiando inversiones que probablemente se habrían realizado igual, lo que en economía se llama “windfall”: gasto público sin efecto adicional significativo.

De esta manera, el país enfrenta un dilema fiscal y una oportunidad perdida. Perú tiene demandas crecientes en salud, educación, seguridad ciudadana y adaptación al cambio climático, con un margen presupuestal cada vez más estrecho. Mantener por diez años un régimen tributario preferente tan amplio para un sector que ya goza de ventajas competitivas es, como mínimo, discutible desde la perspectiva de responsabilidad fiscal. La oportunidad estaba en rediseñar el beneficio para que funcione como incentivo condicional: que la tasa reducida se otorgue solo a quienes demuestren inversión nueva y comprobable, generación neta de empleo formal, encadenamientos reales con la agricultura familiar y mejoras verificables en productividad hídrica y sostenibilidad ambiental.

Además, la ley introduce disposiciones que pueden abrir la puerta a la transacción de excedentes de agua sin una regulación eficaz de la Autoridad Nacional del Agua. Ello tensiona el principio de que el recurso hídrico es patrimonio de la Nación y debe ser gestionado de forma equitativa y sostenible. Sin un marco claro, podríamos estar ante una privatización encubierta de un bien público crítico.

Por todo lo anterior, lo aprobado no está escrito en piedra: el reglamento de la ley será la última trinchera para corregir omisiones y cerrar vacíos. Allí debería incorporarse un sistema de evaluación intermedia en 2029-2030, cláusulas de caducidad y mecanismos de transparencia que permitan conocer, empresa por empresa, cuánto recibe y qué resultados genera.

En definitiva, la nueva Ley Agraria podía haber sido el vehículo para transitar de un beneficio tributario generalizado a un verdadero instrumento de desarrollo inclusivo, fiscalmente sostenible y ambientalmente responsable. En lugar de ello, corre el riesgo de convertirse en un incentivo con apellido, que asegura rentabilidad a unos pocos y deja la factura al conjunto de los contribuyentes. Si el objetivo es que el agro moderno sea también un agro justo, la discusión no termina hoy: recién empieza, y se jugará en el terreno del reglamento, la fiscalización y la capacidad del Estado de hacer que cada sol de incentivo se traduzca en productividad, empleo digno y sostenibilidad.