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domingo, 6 de septiembre de 2026

Estados Unidos, China y el fin de la confianza automática

Por Wens Silvestre

Durante buena parte del último medio siglo, la política internacional fue presentada como una competencia entre sistemas: democracia frente a autoritarismo, mercado frente a planificación estatal, orden basado en reglas frente a política de poder. Esa descripción conserva alguna utilidad, pero resulta insuficiente para responder la pregunta que hoy preocupa a gobiernos, empresas y ciudadanos: ¿en cuál de las grandes potencias se puede confiar?

La respuesta no debería depender de simpatías ideológicas. La confiabilidad internacional no se mide por los discursos de un gobierno ni por la naturaleza formal de su régimen, sino por su comportamiento: cumplimiento de acuerdos, estabilidad de las reglas, respeto de la soberanía, transparencia de las decisiones y existencia de mecanismos efectivos cuando se produce un incumplimiento.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos y China presentan una paradoja. Estados Unidos posee instituciones más transparentes y mecanismos jurídicos más independientes, pero su política exterior se ha vuelto crecientemente volátil y transaccional. China mantiene una dirección estratégica más constante, pero concentra el poder, publica menos información y deja escaso margen para cuestionar sus decisiones. 

En términos sencillos: Estados Unidos ofrece más garantías institucionales, pero menos previsibilidad política; China ofrece mayor continuidad política, pero menos garantías institucionales.

La confianza internacional, además, no es una cuestión meramente moral. Tiene valor económico. Un país percibido como confiable obtiene financiamiento más barato, atrae inversiones, consolida alianzas, reduce el costo de supervisar contratos y consigue que otros gobiernos acepten compromisos de largo plazo.

Durante décadas, Estados Unidos acumuló ese capital. El predominio del dólar, la profundidad de sus mercados financieros, sus universidades, su capacidad tecnológica y su red de alianzas no descansaron solamente en su poder militar. También se apoyaron en la expectativa de que las instituciones estadounidenses limitarían las decisiones arbitrarias de sus gobernantes.

Esa confianza nunca fue absoluta. Estados Unidos intervino militarmente en numerosos países, apoyó cambios de régimen, aplicó sanciones extraterritoriales e interpretó selectivamente el derecho internacional. La invasión de Irak, el desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua, el retiro del acuerdo nuclear con Irán y el bloqueo del sistema de apelación de la Organización Mundial del Comercio muestran que Washington también deja de lado las reglas cuando considera comprometidos sus intereses.

La Base Mundial de Datos sobre Sanciones muestra que Estados Unidos fue el usuario individual más frecuente de esta herramienta: participó en más de un tercio de los episodios registrados entre 1950 y 2019. Por consiguiente, la coerción económica no es una innovación china ni una respuesta exclusiva frente a amenazas excepcionales. Ha sido también un instrumento habitual de la política exterior estadounidense.

El segundo gobierno de Donald Trump ha profundizado este problema. Su política exterior parte de una concepción marcadamente transaccional de las relaciones internacionales: cada vínculo debe producir un beneficio inmediato y mensurable para Estados Unidos. Los aliados son evaluados por cuánto pagan; los tratados, por el saldo comercial; la cooperación, por la ventaja obtenida; y los aranceles, como mecanismos de presión.

Esta aproximación puede producir concesiones rápidas, pero erosiona un activo construido durante décadas: la expectativa de continuidad. Si un tratado puede ser reinterpretado, suspendido o vaciado mediante una decisión presidencial, los demás países comienzan a preguntarse qué valor tiene asumir compromisos duraderos con Washington.

Los aranceles aplicados incluso a países con acuerdos comerciales, las presiones sobre aliados, la reducción de la cooperación internacional y las oscilaciones frente a conflictos como el de Ucrania transmiten un mensaje problemático: la relación con Estados Unidos depende crecientemente de la apreciación personal y coyuntural de su presidente.

El problema, sin embargo, no se reduce a Trump. Algunas tendencias han sobrevivido a administraciones republicanas y demócratas. El bloqueo estadounidense al Órgano de Apelación de la OMC comenzó antes de su segundo mandato y continuó bajo gobiernos de distinto signo. El proteccionismo industrial también se volvió bipartidista. Trump, no obstante, ha llevado esa lógica a un nivel mucho más explícito e imprevisible.

Estados Unidos corre así el riesgo de consumir el capital de confianza acumulado por generaciones anteriores. Una potencia puede obligar temporalmente a otros países a aceptar sus condiciones, pero la coerción reiterada incentiva la diversificación, la búsqueda de monedas alternativas, la formación de nuevas alianzas y la reducción de dependencias.

La experiencia china debe examinarse con el mismo rigor. Desde la guerra con Vietnam de 1979, China ha evitado intervenciones militares globales comparables con las de Estados Unidos. No ha desarrollado una red mundial de bases semejante a la estadounidense ni ha hecho del cambio de régimen un instrumento habitual de política exterior.

Su principio de no intervención ha resultado atractivo para países de África, Asia y América Latina. China comercia e invierte sin exigir necesariamente reformas políticas, cambios de gobierno o adhesión a una determinada concepción de democracia. Además, ha financiado infraestructura que los organismos multilaterales y los países occidentales no siempre estuvieron dispuestos a asumir.

La acusación de que China aplica sistemáticamente una “diplomacia de la trampa de deuda” tampoco ha sido demostrada como una estrategia general. Estudios sobre Sri Lanka y otros países no encontraron evidencia concluyente de una política deliberada destinada a provocar incumplimientos para apoderarse de activos. Los gobiernos receptores, sus decisiones fiscales y la selección deficiente de proyectos también han desempeñado papeles determinantes.

China, además, no incumple automáticamente las reglas comerciales. Diferentes estudios encontraron que implementó una proporción importante de los fallos dictados en su contra en la OMC. Las controversias más relevantes se relacionan con subsidios, empresas estatales, sobrecapacidad, propiedad intelectual y falta de transparencia, no con un rechazo general de todos los compromisos internacionales.

Pero sería igualmente equivocado idealizar su conducta. China utiliza su mercado como instrumento de presión cuando otro país cruza alguna de sus líneas rojas. Australia, Lituania, Corea del Sur y Filipinas han experimentado restricciones comerciales, turísticas o administrativas vinculadas con controversias políticas.

Beijing también rechazó el laudo arbitral de 2016 que desestimó buena parte de sus reclamaciones en el mar de China Meridional. En torno a Taiwán, las fronteras con India y las aguas disputadas con Filipinas, la doctrina de no intervención cede frente a una política de poder cada vez más firme.

Por eso, la continuidad china no debe confundirse con neutralidad o altruismo. China cumple con mayor previsibilidad cuando el acuerdo coincide con su estrategia nacional. Cuando considera amenazados su territorio, su seguridad, la autoridad del Partido Comunista o su política de “una sola China”, su comportamiento puede ser tan coercitivo como el de otras potencias.

La principal debilidad de China como socio no es necesariamente que incumpla más, sino que resulta más difícil anticipar, conocer y cuestionar sus decisiones.

En Estados Unidos, una medida gubernamental puede ser investigada por el Congreso, impugnada ante tribunales, examinada por la prensa y criticada abiertamente por empresas y ciudadanos. Esos controles pueden debilitarse, pero continúan existiendo.

En China, la política exterior, los préstamos y las inversiones estratégicas están estrechamente vinculados con el Partido Comunista, los bancos públicos y las empresas estatales. Estudios de contratos chinos han identificado cláusulas de confidencialidad, garantías especiales y condiciones que dificultan conocer plenamente las obligaciones asumidas.

Esta opacidad eleva el riesgo para los países con instituciones débiles. No porque todo proyecto chino sea perjudicial, sino porque un gobierno receptor puede negociar mal, ocultar compromisos o aceptar una infraestructura de baja rentabilidad sin que sus ciudadanos dispongan de información suficiente.

La responsabilidad, por tanto, no pertenece exclusivamente a China. Ninguna potencia puede imponer un contrato opaco sin la participación de funcionarios locales dispuestos a suscribirlo.

La competencia entre Estados Unidos y China busca, cada vez con mayor intensidad, que los demás países tomen partido. Washington presenta la rivalidad como defensa de un orden basado en reglas. Beijing se proyecta como representante del Sur Global y promotor de un desarrollo sin hegemonía. Ninguna de las dos narrativas describe completamente la realidad.

Estados Unidos defiende reglas que también incumple cuando restringen su libertad de acción. China reclama igualdad soberana, pero exige deferencia frente a sus intereses fundamentales. Estados Unidos emplea sanciones financieras y aranceles; China utiliza el comercio, la infraestructura y el acceso a su mercado. Ambos presentan sus intereses nacionales como si coincidieran con bienes públicos mundiales.

Para la mayoría de los países, especialmente los de América Latina, África y Asia, escoger incondicionalmente a una potencia sería un error. La dependencia de Estados Unidos expone a sanciones, presiones financieras y cambios políticos. La dependencia de China genera vulnerabilidad comercial, tecnológica, logística y contractual.

La respuesta más razonable es una autonomía pragmática. Esto significa cooperar con cada potencia en los ámbitos donde ofrece beneficios comprobables y establecer límites allí donde podría generarse una dependencia irreversible.

Los países pueden comerciar con China sin entregarle el control de sus telecomunicaciones, datos o infraestructura crítica. Pueden mantener cooperación de seguridad con Estados Unidos sin aceptar interferencias en decisiones soberanas. Pueden recibir financiamiento de ambos exigiendo licitaciones competitivas, transparencia contractual, sostenibilidad fiscal, transferencia tecnológica y evaluación ambiental.

La diversificación no es neutralidad moral. Un país puede condenar una invasión, defender los derechos humanos y respetar el derecho internacional sin someter toda su política exterior a una potencia. La autonomía tampoco significa equidistancia ante cualquier acontecimiento, sino capacidad para adoptar posiciones propias basadas en principios e intereses nacionales.

Los ciudadanos, por su parte, deben dejar de evaluar a las potencias como si se tratara de equipos deportivos. La admiración por la capacidad tecnológica estadounidense no debería ocultar sus intervenciones. El reconocimiento del desarrollo chino no debería justificar la censura, la opacidad o la coerción territorial.

Tampoco corresponde aceptar que cualquier crítica a Estados Unidos sea antioccidental o que cualquier observación sobre China forme parte necesariamente de una campaña de contención. Esa polarización empobrece el debate y favorece precisamente a los gobiernos que desean evitar la rendición de cuentas.

La pregunta decisiva no es qué potencia afirma tener mejores intenciones, sino qué compromisos acepta hacer públicos, qué mecanismos admite para resolver controversias y qué consecuencias enfrenta cuando incumple.

El mundo no necesita reemplazar una hegemonía estadounidense por una hegemonía china. Necesita un sistema en el que ninguna potencia pueda convertir su tamaño económico, su moneda, su tecnología o su poder militar en una licencia para imponer condiciones.

En determinadas relaciones económicas, China puede aparecer hoy como un socio más previsible, mientras Estados Unidos conserva instituciones más abiertas y mecanismos jurídicos superiores. Pero ninguno merece confianza automática.

El liderazgo internacional del futuro no debería medirse por el número de países presionados, las bases militares instaladas, los puertos controlados o los aranceles impuestos. Debería medirse por la capacidad de ofrecer cooperación estable sin exigir subordinación.

La principal lección de los últimos cincuenta años es incómoda pero necesaria: las grandes potencias tienden a respetar sus compromisos mientras estos no contradicen intereses que consideran fundamentales. Por eso, la seguridad de los países medianos y pequeños no puede descansar en la supuesta benevolencia de Washington o Beijing, sino en instituciones nacionales sólidas, contratos transparentes, relaciones diversificadas y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

En un mundo de rivalidad creciente, la verdadera soberanía no consiste en escoger de quién depender. Consiste en conservar la capacidad de no depender completamente de nadie.

lunes, 4 de mayo de 2026

Cuando el mundo paga y el poder cobra

Wens Silvestre

Hay una indignación que ya no pertenece a un país, a una ideología ni a una frontera. Es la indignación de cualquier ciudadano global que observa cómo el poder militar y económico más grande del planeta puede ser usado no para proteger la paz, sino para administrarla como mercancía; no para defender la soberanía de los pueblos, sino para someterla; no para servir al interés público, sino para abrir rutas de ganancia a quienes orbitan el poder.

Donald Trump representa hoy una de las formas más crudas de esa degradación: la conversión de la Presidencia de Estados Unidos en una maquinaria donde la guerra, la diplomacia, los mercados, los contratos, las amenazas y los apellidos familiares parecen moverse dentro de una misma lógica mercantil. Se habla de seguridad nacional, de defensa de Occidente, de lucha contra amenazas externas. Pero detrás de esa retórica solemne aparece una sospecha moralmente insoportable: que el llamado “interés norteamericano” no sea, en realidad, el interés del pueblo estadounidense, sino el interés particular de una élite política, económica y familiar que encuentra en cada crisis una oportunidad de negocio. 

Desde fuera de Estados Unidos, el espectáculo resulta brutal. Un presidente decide escalar tensiones en Medio Oriente, amenaza a Irán, interviene en zonas atravesadas por conflictos históricos, presiona a países soberanos, altera rutas energéticas, sacude el precio del petróleo y obliga al mundo entero a pagar la factura. No la pagan solo los gobiernos involucrados. La pagan las familias que pierden hijos bajo las bombas. La pagan los desplazados que cruzan fronteras sin destino. La pagan los trabajadores que ven subir el combustible. La pagan los pueblos pobres cuando el precio de la energía encarece los alimentos. La paga el ciudadano común, en cualquier continente, cuando una decisión tomada en Washington se transforma en inflación, miedo, deuda y muerte.

Y mientras el mundo paga, algunos ganan.

Esa es la obscenidad central. La guerra no solo destruye: también produce beneficios. Produce contratos militares, especulación energética, valorización de empresas de defensa, mercados de predicción, oportunidades petroleras, negocios de reconstrucción, acceso diplomático y ventajas para quienes conocen de cerca el pulso del poder. Cuando el presidente de una potencia militar mueve tropas, ordena ataques, anuncia treguas o amenaza bloqueos, no solo altera el mapa geopolítico: mueve mercados. Y cuando el entorno familiar o empresarial de ese presidente aparece cerca de sectores que pueden beneficiarse de esas decisiones, la sospecha deja de ser paranoia y se convierte en exigencia democrática de investigación.

No se trata de afirmar irresponsablemente lo que aún debe probarse en sede judicial o parlamentaria. Se trata de señalar algo evidente para cualquier conciencia crítica: ningún gobernante debería tener la posibilidad de tomar decisiones de guerra mientras su entorno privado se mueve en mercados sensibles a esas decisiones. Ninguna familia presidencial debería estar cerca de negocios de defensa, criptoactivos, energía, contratos o plataformas especulativas mientras el jefe de esa familia decide sobre bombardeos, sanciones, alianzas militares o treguas. La sola posibilidad de que la guerra se vuelva rentable para los cercanos al poder ya corrompe la legitimidad de la decisión.

Porque la guerra exige el máximo estándar moral. No se puede pedir a los pueblos sacrificio, sangre y obediencia mientras los poderosos calculan retornos. No se puede hablar de seguridad global cuando la inseguridad de millones se transforma en utilidad privada. No se puede invocar la soberanía de unos países mientras se pisotea la soberanía de otros. No se puede exigir respeto al derecho internacional si la potencia más poderosa interpreta las reglas como un menú opcional.

El lenguaje imperial siempre ha sido experto en disfrazarse. A una intervención se le llama operación preventiva. A una imposición económica, sanción necesaria. A una amenaza militar, mensaje disuasivo. A la subordinación de gobiernos débiles, alianza estratégica. Al control de recursos, estabilidad regional. Y al beneficio de corporaciones y grupos cercanos al poder, libre mercado.

Pero los pueblos conocen la traducción real de esas palabras. Saben que “seguridad” muchas veces significa control. Saben que “democracia” muchas veces significa obediencia al poder dominante. Saben que “orden internacional” muchas veces significa jerarquía. Saben que “interés nacional” puede convertirse en la máscara respetable de intereses privados.

Trump no inventó esa lógica. Sería ingenuo creerlo. Estados Unidos ha intervenido, presionado y condicionado a otros países durante décadas, bajo gobiernos republicanos y demócratas. América Latina, Medio Oriente, África y Asia conocen demasiado bien la pedagogía de la potencia: primero se define quién es amenaza; luego se impone una narrativa; después vienen sanciones, bases, drones, bombardeos, deuda, reconstrucción y contratos. La novedad con Trump es el descaro. Lo que antes se envolvía en lenguaje institucional ahora aparece con una crudeza empresarial casi vulgar: la política como transacción, la diplomacia como negocio, la guerra como mercado, la Presidencia como marca.

Esa es la razón por la que la indignación debe ser global. Porque las decisiones de un presidente estadounidense no se quedan dentro de Estados Unidos. Cuando Washington decide una guerra, el planeta tiembla. Cuando amenaza un bloqueo, sube el petróleo. Cuando sanciona, se reordenan economías. Cuando protege a unos y castiga a otros, define la vida cotidiana de millones que jamás votaron en sus elecciones. Esa es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo: pueblos enteros sufren consecuencias de decisiones tomadas por un poder político al que no pueden controlar democráticamente.

Por eso, desde la mirada de un ciudadano global, el abuso de poder de Trump no es un asunto interno estadounidense. Es un problema mundial. Cuando un presidente con capacidad nuclear, influencia financiera planetaria y control sobre alianzas militares usa ese poder con opacidad, arbitrariedad o beneficio particular, el riesgo deja de ser nacional. Se vuelve humano.

La soberanía de los países débiles se vuelve decorativa si puede ser aplastada por decisiones tomadas desde una oficina lejana. La legalidad internacional se vuelve frágil si la potencia puede violarla y luego justificarlo con comunicados estratégicos. La economía global se vuelve rehén si los mercados reaccionan no a la productividad ni al bienestar, sino al temperamento de un gobernante. Y la democracia se vuelve una ficción si los controles institucionales no pueden impedir que el interés privado capture decisiones de guerra.

Lo más indignante no es solo el abuso. Es la naturalización del abuso.

Se nos pide aceptar que así funciona el mundo. Que las potencias tienen zonas de influencia. Que las guerras son inevitables. Que los precios suben por “tensiones geopolíticas”, como si esas tensiones nacieran solas y no fueran producidas por decisiones humanas. Que las empresas se beneficien es normal. Que los familiares del poder estén cerca de negocios estratégicos es apenas una coincidencia. Que los pueblos muertos son daños colaterales. Que los desplazados son cifras. Que la indignación es ingenua.

No. Ingenuo es creer que puede haber paz mientras la guerra sea rentable. Ingenuo es creer que habrá respeto a la soberanía mientras algunas potencias se atribuyan derecho a disciplinar al resto del planeta. Ingenuo es creer que la democracia sobrevive cuando el poder público se mezcla con negocios familiares. Ingenuo es creer que un presidente que castiga críticos presiona instituciones, debilita controles y gobierna mediante amenazas externas puede ser tratado como un actor democrático ordinario.

Un ciudadano global no necesita odiar a Estados Unidos para rechazar esta política. Al contrario: puede distinguir entre el pueblo estadounidense y quienes usan su bandera para justificar abusos. Puede reconocer que millones de ciudadanos estadounidenses también pagan el costo de estas decisiones: en impuestos, inflación, pérdida de derechos, deterioro institucional y vergüenza moral. El problema no es un pueblo. El problema es una forma de poder que pretende hablar en nombre de un pueblo mientras sirve a intereses mucho más estrechos.

Lo que debe denunciarse es la captura mercantilista del Estado. Ese momento en que la política deja de ser servicio público y se vuelve administración de oportunidades privadas. Ese momento en que una guerra ya no se decide solo por razones estratégicas, sino bajo la sombra de quién puede ganar con ella. Ese momento en que la Presidencia deja de ser mandato constitucional y empieza a parecer una plataforma de negocios globales.

Frente a eso, el impeachment no sería una exageración. Sería una defensa mínima del principio republicano más elemental: ningún gobernante está por encima de la ley, ningún presidente puede usar la guerra como instrumento personal, ningún interés familiar puede contaminar decisiones que cuestan vidas, ningún poder militar puede ejercerse sin control democrático.

Pero incluso el impeachment sería insuficiente si el mundo no aprende la lección más profunda. El problema no termina con un hombre. Trump es el síntoma brutal de un sistema que permite que la guerra sea negocio, que la energía sea chantaje, que la soberanía sea selectiva y que los mercados celebren lo que los pueblos lloran.

Por eso la respuesta debe ser ética, política y global. Los ciudadanos del mundo tenemos derecho a exigir que ninguna potencia convierta nuestra estabilidad en ficha de negociación. Tenemos derecho a exigir que ningún presidente use el lenguaje de la seguridad para encubrir intereses particulares. Tenemos derecho a exigir que las guerras no se decidan en función de contratos, precios, encuestas o negocios familiares. Tenemos derecho a recordar que la soberanía no es privilegio de los fuertes, sino derecho de todos los pueblos.

La historia juzga con dureza a quienes bombardean en nombre de la paz y lucran en nombre de la seguridad. Pero también juzga a quienes, viendo el saqueo, prefieren mirar hacia otro lado.

Hoy la pregunta no es solo qué hará Estados Unidos con Trump. La pregunta es qué hará el mundo frente a una forma de poder que convierte la vida humana en variable de mercado.

Porque cuando la guerra se vuelve negocio, la paz deja de ser un objetivo y se convierte en una amenaza para quienes se enriquecen con el conflicto.

Y cuando eso ocurre, indignarse no es un gesto retórico. Es el primer acto de resistencia moral.

sábado, 5 de octubre de 2024

¿Es urgente modernizar el Sistema de Defensa Nacional para la Fuerza Aérea del Perú?

 Por Wens Silvestre

La reciente confirmación del gobierno peruano sobre la compra de 24 aviones de combate por un total de 3.500 millones de dólares ha reavivado el debate sobre la necesidad y pertinencia de modernizar el sistema de defensa nacional, particularmente la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A pesar de las críticas iniciales por el elevado costo de esta adquisición, es imperativo entender que esta decisión no solo responde a una necesidad estratégica interna, sino también a las cambiantes dinámicas geopolíticas y de seguridad globales que afectan directamente a Perú.

El escenario global ha evolucionado de manera rápida y desafiante en los últimos años. La competencia entre las grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia— ha escalado, aumentando las tensiones en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina. Además, la proliferación de tecnologías militares avanzadas, como los drones armados y las armas hipersónicas, está redefiniendo la forma en que los países proyectan poder y aseguran su defensa. 

KF 21, F16, Rafale
En este contexto, los países que no modernicen sus fuerzas armadas corren el riesgo de quedarse atrás y quedar vulnerables frente a amenazas emergentes. Para Perú, la necesidad de una modernización de su Fuerza Aérea no es solo un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar la defensa de la soberanía nacional y la protección de sus vastos recursos naturales, especialmente en áreas críticas como la Amazonía y las zonas marítimas del Pacífico.

La Fuerza Aérea del Perú ha operado, desde la década de 1990, con una flota de aviones de combate que, si bien en su momento fueron avanzados, hoy han quedado obsoletos frente a las demandas actuales. Aviones como los MiG-29 y los SU-25 adquiridos durante el gobierno de Alberto Fujimori, o los Mirage 2000 que datan de los años 80, ya no ofrecen las capacidades tecnológicas necesarias para enfrentar amenazas modernas. La antigüedad de estos equipos y las dificultades en el acceso a repuestos y mantenimiento adecuado han reducido significativamente la capacidad operativa de la FAP.

La adquisición de nuevos aviones de combate es, por lo tanto, una medida urgente y estratégica. Entre las opciones que el gobierno peruano está considerando se encuentran modelos avanzados como el Rafale francés, el F-16 Block 70 de Estados Unidos, y el KF-21 Boramae surcoreano. Estos aviones no solo representan una mejora significativa en términos de capacidad de combate, sino que también son multirrol, es decir, pueden realizar una variedad de misiones, desde defensa aérea hasta ataques aire-tierra y vigilancia estratégica.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, subrayó durante el anuncio de la compra que “la seguridad y el desarrollo son variables interdependientes”. Esta afirmación es clave para entender por qué la modernización de las Fuerzas Armadas, y en particular de la FAP, es esencial para el desarrollo de Perú. En un país como el nuestro, donde las amenazas internas como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía son persistentes, la capacidad de control aéreo y vigilancia es fundamental.

La adquisición de estos nuevos aviones permitirá a la FAP monitorear vastas áreas del territorio, desde las fronteras en los Andes hasta el control del VRAEM y la Amazonía, áreas donde operan grupos armados y redes criminales. Además, la incorporación de tecnología de punta en los sistemas de combate aéreo permitirá al país responder rápidamente a amenazas externas o internas y, en última instancia, proteger la seguridad de los ciudadanos.

El debate sobre los costos

Uno de los principales puntos de crítica hacia la compra de los aviones es el costo significativo que representa: 3.500 millones de dólares, con un financiamiento escalonado de 2.000 millones en 2025 y 1.500 millones en 2026. Sin embargo, es fundamental entender que este gasto no es un despilfarro, sino una inversión en la seguridad y estabilidad a largo plazo del país. Las críticas que cuestionan esta compra a menudo pasan por alto que, sin una defensa adecuada, el desarrollo económico y social se ve constantemente amenazado.

Algunos sectores políticos sostienen que Perú enfrenta necesidades más urgentes, como la seguridad interna, la pobreza y la mejora de los servicios públicos que deberían priorizarse sobre la compra de aviones. Si bien estas preocupaciones son legítimas, reducir el debate a una elección binaria entre defensa nacional y necesidades sociales es un error. La defensa aérea no es un gasto aislado o lujoso, sino una parte fundamental para garantizar la seguridad integral del país, proteger la soberanía y facilitar la vigilancia y control territorial en regiones donde el Estado enfrenta desafíos, como el VRAEM. Además, una fuerza aérea modernizada también es clave para responder eficazmente a desastres naturales, interdicción contra el narcotráfico y otras emergencias. Descartar la inversión en defensa podría dejar al Perú vulnerable frente a actores externos e internos que podrían aprovechar la debilidad estratégica, lo que a largo plazo resultaría en costos más altos para el Estado en términos de seguridad, estabilidad y desarrollo económico.

El costo de no modernizar nuestras Fuerzas Armadas es, en última instancia, mucho mayor que el precio de estos aviones. El riesgo de una vulnerabilidad prolongada frente a las amenazas internas y externas puede tener consecuencias devastadoras para el país. Además, el esquema de financiamiento a través de endeudamiento interno ha sido diseñado para minimizar el impacto fiscal inmediato, permitiendo que la compra se realice sin comprometer otros sectores prioritarios como la salud y la educación.

¿Qué avión deberíamos elegir?

La selección del tipo de avión a adquirir es un tema fundamental que debe basarse en varios factores, entre ellos la capacidad multirrol, el costo operativo a largo plazo y la transferencia de tecnología. Entre los candidatos, el F-16 Block 70 se presenta como una opción robusta, con un historial probado y costos operativos relativamente bajos. Además, este modelo tiene una sólida cadena de suministro y un amplio soporte logístico en la región, lo que garantizaría su sostenibilidad a largo plazo.

El Rafale francés, aunque avanzado, presenta un costo operativo más alto y una cadena de suministro más limitada en América Latina, lo que podría dificultar su mantenimiento en el futuro. Por otro lado, el KF-21 Boramae de Corea del Sur es una opción prometedora, pero aún en desarrollo, lo que implica ciertos riesgos tecnológicos y logísticos.

Finalmente, la decisión no debe tomarse únicamente en términos técnicos, sino también en función de las relaciones diplomáticas y geopolíticas. Un acuerdo con Estados Unidos o Francia podría fortalecer los lazos con Occidente, mientras que un acuerdo con Corea del Sur ofrecería oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto, lo que podría ser beneficioso para la industria nacional de defensa.

En síntesis, la modernización de la Fuerza Aérea del Perú es una necesidad estratégica urgente que no puede postergarse. En un mundo donde las amenazas se vuelven más complejas y el entorno geopolítico cambia rápidamente, contar con una fuerza aérea moderna y eficiente es esencial para garantizar la seguridad nacional y promover el desarrollo interno. Si bien el costo de la adquisición es alto, los beneficios en términos de estabilidad, seguridad y soberanía son incalculables. Perú debe mirar al futuro con determinación, asegurándose de que sus Fuerzas Armadas estén preparadas para los desafíos que vendrán, tanto internos como externos.