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viernes, 7 de agosto de 2026

La nueva agenda económica: entre la disciplina fiscal y el desafío de crecer

Por Wens Silvestre

Los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.

La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.

También es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años, el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados, infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará movilidad social.

El problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.

Uno de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales. Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 % del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en evaluación.

Aunque las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda verificable de convergencia fiscal.

En ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.

Petroperú constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.

Cuba descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.

El aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 % puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o trasladarse hacia la informalidad.

La gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado. La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.

Algo similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y transparencia.

Más relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería formar parte de una estrategia más amplia.

En esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.

La meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza, pero importa tanto su cantidad como su calidad.

La prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas, infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya disminuido antes de que ocurra la emergencia.

El contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales, laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus propuestas y construir acuerdos más duraderos.

Los anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica sirva para postergar las reformas.

La verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables, recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.

jueves, 14 de mayo de 2026

La agonía de Petroperú no puede hipotecar al Estado


Por Wens Silvestre

El Decreto de Urgencia Nro. 003-2026 marca un nuevo punto de inflexión en la crisis de Petroperú. Bajo el argumento de mitigar una eventual crisis energética nacional y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, el Ejecutivo autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes hasta por US$ 2,000 millones, más costos financieros. El objetivo declarado es financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles e insumos, y sostener servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. La norma no dispone un desembolso inmediato, pero sí abre una exposición fiscal potencialmente gigantesca. En términos sencillos: si Petroperú no puede responder, el Estado quedará comprometido.

El problema es que este respaldo no aparece en el vacío. Llega después de años de pérdidas, endeudamiento, apoyo estatal recurrente y una reorganización patrimonial que aún no demuestra resultados concretos. El propio decreto reconoce que Petroperú pasó de una rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021 a pérdidas operativas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara. También admite que, a marzo de 2026, la empresa registraba pérdidas operativas y netas significativas, con efectos directos sobre su viabilidad financiera y su patrimonio. Es decir, el Estado no enfrenta solo una emergencia energética: está sosteniendo una empresa estructuralmente debilitada.

El Ejecutivo invoca factores externos: conflicto en Medio Oriente, cierre del Estrecho de Ormuz, mayor volatilidad del petróleo y riesgos de abastecimiento. Es cierto que un shock internacional puede afectar a un país importador neto de combustibles como el Perú. También lo es que los hidrocarburos siguen siendo centrales para el transporte, el comercio, la minería, la electricidad y la producción. Pero una emergencia externa no puede convertirse en licencia para socializar indefinidamente las pérdidas de una empresa estatal mal gestionada. La seguridad energética debe protegerse; la insolvencia empresarial no debe maquillarse como política de Estado.

La inconsistencia fiscal es evidente. Si los US$ 2,000 millones se convierten a un tipo de cambio referencial cercano a S/ 3.70, hablamos de aproximadamente S/ 7,400 millones. Frente a un PIA del Ministerio de Energía y Minas de alrededor de S/ 669.77 millones, la exposición autorizada equivale a más de once veces su presupuesto institucional anual. La frase “con cargo a su presupuesto institucional” resulta, por tanto, formalmente cómoda, pero materialmente poco creíble. Si la contingencia se activa, no pagará realmente el presupuesto ordinario del MINEM; pagará el Estado peruano, directa o indirectamente, mediante reasignaciones, endeudamiento, créditos suplementarios o mayor presión sobre el Tesoro.

Esto ocurre en un país donde el déficit fiscal sigue acechando. Según el BCRP, el déficit fiscal bajó de 3.5% del PBI en 2024 a 2.2% en 2025, pero en marzo de 2026 todavía se mantenía en 2.2% del PBI. Hubo corrección, sí, pero no holgura. La disciplina fiscal peruana se encuentra en una zona de fragilidad, no de abundancia. Y esa fragilidad se vuelve más delicada cuando el Estado asume contingencias masivas fuera de una discusión presupuestal transparente y sin una matriz pública de riesgos.

La paradoja es mayor si se considera que el Perú viene de un contexto externo extraordinariamente favorable. El BCRP reportó que los términos de intercambio crecieron 30.5% interanual en diciembre de 2025, impulsados principalmente por el alza de los precios de exportación, en especial del oro, el cobre y el café. También informó que, en 2025, los términos de intercambio aumentaron 19.2% anual y alcanzaron niveles excepcionalmente altos. En otras palabras, el país se benefició de un contexto internacional favorable para sus materias primas; sin embargo, no logró reconstruir plenamente su espacio fiscal ni reducir la pobreza a los niveles previos a la pandemia. Peor aún, no ha generado ahorros suficientes para enfrentar eventuales periodos de menor crecimiento o deterioro de los términos de intercambio.

La pobreza monetaria cayó en 2025, sí, pero sigue siendo socialmente inaceptable. El INEI informó que afectó al 25.7% de la población, por debajo del 27.6% registrado en 2024, aunque todavía más de cinco puntos por encima del 20.2% de 2019, antes de la pandemia. Esto significa que, pese a la mejora, el país no ha recuperado su línea social previa al shock sanitario. En 2025, uno de cada cuatro peruanos seguía siendo pobre en términos monetarios. La línea de pobreza fue de S/ 462 mensuales por persona; para un hogar de cuatro miembros, S/ 1,848. Esa es la escala real de precariedad frente a la cual debe evaluarse cualquier contingencia fiscal.

La pobreza multidimensional agrava aún más el juicio ético. El INEI publicó en 2025 el avance de la medición oficial de pobreza multidimensional, orientada a complementar la pobreza monetaria mediante dimensiones vinculadas a salud, educación, vivienda, servicios básicos, energía, empleo y protección social. Estimaciones recientes con base en la ENAHO señalan que la pobreza multidimensional habría bajado de 29.8% en 2024 a 26.2% en 2025, pero aún afectaría a más de 9.1 millones de peruanos y superaría a la pobreza monetaria.

Por eso, el debate sobre Petroperú no es solo contable; es moral y político. Cada sol comprometido para sostener una empresa estatal insolvente compite con agua, saneamiento, salud, educación, primera infancia, seguridad alimentaria, conectividad rural y empleo formal. Si el Estado tiene millones de ciudadanos con privaciones monetarias y multidimensionales, no puede tratar los rescates empresariales como simples operaciones técnicas. El costo de oportunidad es humano.

A ello se suma otra presión estructural: el gasto reivindicativo y salarial del Estado. En los últimos años, el Congreso y el Ejecutivo han acumulado leyes y compromisos con impacto fiscal: aumentos remunerativos, beneficios laborales, pensiones, nombramientos y medidas sectoriales sin financiamiento sostenible. El Consejo Fiscal advirtió que, desde 2021, el Congreso aprobó 229 leyes con implicancias fiscales, y que existían cientos de proyectos adicionales de gasto. Incluso alertó que diez propuestas podían costar alrededor de S/ 25,000 millones anuales y elevar el déficit hasta 5.5% del PBI en 2026 en un escenario de aprobación descontrolada.

La propia discusión pública sobre un pacto fiscal en 2025 reconoció la acumulación de medidas de gasto que amenazan la estabilidad fiscal. El Consejo Fiscal mencionó que diez propuestas bajo revisión podían tener un impacto conjunto de US$ 7,400 millones anuales, incluyendo incrementos salariales y beneficios tributarios aprobados o promovidos en los últimos años. La aritmética es brutal: el Estado se compromete por todos lados, pero la pobreza sigue esperando.

El DU 003-2026 intenta crear una arquitectura sofisticada: vehículo de propósito especial, fideicomisos, Proinversión como estructurador, protocolos de canalización de flujos y control sobre la disposición de recursos. Todo ello puede sonar moderno, pero no sustituye la pregunta central: ¿quién asume la pérdida si Petroperú no genera caja? La respuesta, por ahora, parece ser el Estado.

Ese es el verdadero problema. La reorganización patrimonial dispuesta por el DU 010-2025 debía ser el camino hacia una solución estructural: ordenar activos, atraer inversión, mejorar la gestión, reducir pasivos y dejar de depender del Tesoro. Pero el DU 003-2026 parece convertir esa reorganización en un puente sostenido por recursos contingentes del Estado. Un puente puede ser razonable si conduce a una salida. Pero si solo conecta un rescate con otro, deja de ser puente y se convierte en túnel fiscal.

El Congreso debe actuar con seriedad. Se requiere exigir al MEF, al MINEM, a Petroperú y a Proinversión una matriz completa de riesgos fiscales, condiciones financieras, entidades participantes, tasas, plazos, garantías, comisiones, fuente real de repago, gatillos de activación, protocolos de uso de recursos y metas verificables de desempeño. También debe exigirse control concurrente de la Contraloría y publicación periódica de avances.

El país debe garantizar combustibles, sí. Pero no puede garantizar indefinidamente la supervivencia financiera de una empresa que no demuestra viabilidad. La seguridad energética es una obligación pública; la socialización de pérdidas no lo es.

La agonía de Petroperú no puede seguir hipotecando a un Estado con déficit, presiones salariales crecientes, pobreza persistente y brechas multidimensionales profundas. Si el Gobierno quiere comprometer hasta US$ 2,000 millones en contingencias, debe demostrar que no está comprando tiempo político, sino financiando una salida real. De lo contrario, el DU 003-2026 no será una medida de seguridad energética: será otro capítulo de una larga historia en la que el Estado rescata empresas mientras posterga ciudadanos.

jueves, 12 de enero de 2017

Decretos Legislativos expedidos al amparo de la Ley Autoritativa 30506


A propósito de la presentación del señor Fernando Zavala, Primer Ministro y algunos ministros que lo acompañan en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para exponer y sustentar sobre los decretos legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506, mediante el cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Cumplido los noventa (90) días, el Poder ejecutivo emitió un total de 112 decretos legislativos. Elaboré un resumen de cada uno de ellos y la puedes visualizar haciendo clic en el siguiente enlace:

Relación de Decretos Legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506


martes, 10 de diciembre de 2013

Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara costaría US$ 2,730 millones

Por: Wens Silvestre

El Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la República el Proyecto de Ley registrado con el N° 3062/2013-PE con el que busca declarar "...de necesidad pública, y de interés nacional la prioritaria ejecución del Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT), con el objetivo de implementar mecanismos de preservación de la calidad del aire y de la salud pública, para lo cual PETROLEOS DEL PERÚ -PETROPERÚ S.A. (PETROPERÚ) deberá asegurar el cumplimiento de la regulación de la cantidad de azufre en el combustible, así como la modernización de PETROPERÚ, que incluya las operaciones de la refinería así como la reorganización de la empresa y fortalecimiento del gobierno corporativo" (Artículo 1)

La fórmula legal incluye la participación privada, para lo cual autoriza a PETROPERÚ, a vender o emitir acciones para que sean colocadas en el mercado de valores, en dicho proceso el Estado peruano puede deshacerse de hasta el 49% de las acciones en circulación con derecho a voto a través del mercado de valores.

También contiene una autorización a fin reorganizar [por enésima vez] a PETROPERÚ, en ese sentido, se dispone que en un plazo de 270 días, PETROPERÚ debe implementar medidas que generen y maximicen el valor en la empresa, así como, elabore un Plan de Reorganización que incluya la reorganización administrativa de las unidades de negocio que asegure el saneamiento patrimonial, financiero, legal y la sostenibilidad de las operaciones de la empresa (incluyendo un Código de Buen Gobierno). ¿la reorganización administrativa implicaría reducción de personal? la práctica nos indica que así sería, considerando que para ser atractivo para inversionistas tendrá que demostrar un equipo de recurso humano competente.

Un punto controvertido está relacionado al otorgamiento de garantías de parte del Gobierno Nacional hasta por un monto anual de US$ 200 millones y por un monto total acumulado de US$ 1,000 millones. Precisando, además que dicho monto no está considerado en el monto límite de endeudamiento establecido en la Ley Anual de Endeudamiento (es decir, no está considerado en la Ley de Endeudamiento para el Año Fiscal 2014, lo que demuestra que ésta iniciativa no estaba en los planes del gobierno, al menos en el corto plazo, ello implica un cierto grado de improvisación). En ese contexto, inclusive se le exceptúa de lo dispuesto en el TUO de la Ley N° 28563 -Ley General de Endeudamiento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 034-2012-EF.

La interrogante está en la pertinencia del emprendimiento de la envergadura que plantea ejecutar PETROPERÚ, que para muchos especialistas es de mucho riesgo. En ese sentido, la exposición de motivos del proyecto señala que PETROPERÚ podrá realizar actividades y proyectos de inversión, siempre y cuando no generen a la empresa pasivos firmes o contingentes, presentes o futuros, no afecten las garantías del PMRT y no demanden recursos al Tesoro Público. La restricción se establece debido a que el análisis económico financiero indica que PETROPERÚ agotaría su capacidad de captación de financiamiento con el PMRT, tan es así, que debido al alto endeudamiento que asumiría, requiere de una garantía pública para poder conseguir dicho financiamiento a un costo razonable que permita mantener la viabilidad del proyecto. Ante ésta consideración, se puede deducir que para poder hacer realidad el PMRT, PETROPERÚ tendrá que endeudarse al límite de su capacidad, y la rentabilidad (que no está indicado de cuánto es la tasa anual de retorno de la inversión) aparentemente es una tasa mínima de retorno.

Sería pertinente que PETROPERÚ, transparente la información relacionada al proyecto, principalmente, referido a la tasa de retorno de la inversión del horizonte del proyecto, de tal manera que los representantes del Congreso, tengan información necesaria para tomar la decisión de aprobar dicho proyecto.

NOTA: 11.Dic.2013
En la exposición del Ministro de Economía y Finanzas, en la sesión conjunta de las Comisiones encargadas de dictaminar el proyecto, llevado a cabo ésta tarde, ha precisado que la inversión del proyecto ascendería a US$ 3,500 millones. El Estado participaría a través del PETROPERÚ con US$ 2,730 millones y la diferencia, aprox. US$ 770 millones serían aportes de los privados. Al respecto, es necesario aclarar que en el proyecto de ley remitido por el propio Ejecutivo, no registra esa cifra.