Trazando el camino hacia una reforma previsional sostenible en el Perú

Por: Wens Silvestre

La propuesta de reforma del sistema previsional peruano ha sido un tema de gran relevancia y controversia en los últimos tiempos. Ante la necesidad de abordar los desafíos y garantizar la seguridad financiera de los ciudadanos en la vejez, es perentorio analizar de manera crítica los fundamentos de esta propuesta, así como identificar las lecciones aprendidas de experiencias pasadas, como los retiros masivos de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP). En este artículo, exploraremos los aspectos positivos y los desafíos de la reforma propuesta, así como las lecciones que deben ser tenidas en cuenta para su implementación exitosa.

El sistema previsional peruano se enfrenta a una serie de desafíos que ponen en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. La baja cobertura, la falta de adecuación de las pensiones y la pérdida de confianza de los afiliados son solo algunos de los problemas que requieren una intervención urgente por parte de las autoridades. En este sentido, la propuesta de reforma busca abordar estos problemas y fortalecer el sistema para garantizar una protección social adecuada a todos los ciudadanos.

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta de reforma es la creación de cuatro pilares distintos dentro del sistema previsional. Estos pilares, que incluyen el no contributivo, el semicontributivo, el contributivo y el voluntario, están diseñados para atender las diversas necesidades y circunstancias de los trabajadores peruanos a lo largo de su vida laboral y en la jubilación. Esta estructura integral ofrece una combinación de beneficios básicos garantizados y oportunidades de ahorro e inversión adicionales, lo que podría contribuir significativamente a mejorar la cobertura y la sostenibilidad del sistema.

Sin embargo, la propuesta de reforma también enfrenta desafíos importantes que deben ser abordados de manera efectiva para garantizar su éxito. Uno de los principales desafíos es la falta de confianza de los afiliados, exacerbada por los múltiples retiros de fondos del SPP autorizados en los últimos años. Estos retiros han afectado la estabilidad del sistema y han generado incertidumbre entre los afiliados sobre el futuro de sus pensiones. Es fundamental que las autoridades reconozcan la importancia de restaurar la confianza de los afiliados y tomen medidas concretas para lograr este objetivo.

Además, es necesario aprender de las lecciones de experiencias pasadas, como los retiros masivos de fondos del SPP. Estos retiros, si bien brindaron alivio a corto plazo para algunos afiliados en situaciones económicas difíciles, también tuvieron consecuencias negativas a largo plazo para la sostenibilidad del sistema. La falta de advertencia sobre los efectos a largo plazo de estos retiros y la falta de medidas para mitigar su impacto han puesto en evidencia la necesidad de una mayor responsabilidad en la toma de decisiones relacionadas con el sistema previsional.

Para lograr una implementación exitosa de la reforma del sistema previsional, es fundamental seguir una serie de recomendaciones clave. En primer lugar, es necesario establecer mecanismos efectivos para restaurar la confianza de los afiliados en el sistema. Esto podría implicar campañas de información y educación sobre los beneficios del sistema previsional y las medidas tomadas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Además, es importante fortalecer la supervisión y regulación del SPP para evitar abusos y garantizar una gestión responsable de los fondos de pensiones. Esto podría incluir la implementación de medidas para prevenir los retiros masivos de fondos y promover un uso responsable de los recursos del sistema.

Por último, es importante promover la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del sistema previsional. Esto podría implicar la publicación regular de informes sobre el desempeño del sistema y la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones relacionadas con su administración.

En conclusión, la propuesta de reforma del sistema previsional peruano representa un paso importante hacia la mejora de la protección social y la sostenibilidad del sistema. Sin embargo, para lograr sus objetivos, es necesario abordar de manera efectiva los desafíos identificados y aprender de las lecciones de experiencias pasadas. Con un enfoque crítico y constructivo, es posible implementar una reforma que garantice una protección adecuada para todos los ciudadanos en su vejez.

La crisis silenciosa: aumento de la pobreza en el Perú y la urgencia de una acción concertada

 
Por: Wens Silvestre

El panorama económico del Perú durante el año 2023 no solo desafió las expectativas, sino que también reveló una realidad alarmante: el incremento de la pobreza en el país. Los datos recientemente revelados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pintan un cuadro desolador de la situación económica de millones de peruanos.

La cifra oficial de pobreza en el Perú pasó del 27,5% en 2022 al 29% en 2023, lo que representa un aumento significativo en un corto período de tiempo. Esto significa que 9,7 millones de peruanos no pudieron costearse los servicios mínimos esenciales para una vida digna. Esta cifra es alarmante y merece la atención urgente de nuestras autoridades y de toda la sociedad.

Fuente: INEI

En el ámbito rural, la situación es aún más preocupante, con un aumento del total de pobres extremos al 16,2%. Esto indica que una parte significativa de nuestra población rural está luchando para satisfacer incluso sus necesidades más básicas. Este incremento de la pobreza extrema rural es especialmente preocupante y debe ser abordado con acciones específicas y urgentes.

Durante la gestión de Dina Boluarte, se registró un notable aumento de un punto y medio porcentual en la tasa de pobreza monetaria. Como resultado, 9.78 millones de peruanos se vieron afectados, lo que representa un incremento de 596 mil personas en comparación con el año anterior.

Es importante destacar que este aumento en la pobreza no es solo un problema reciente, sino que refleja una tendencia preocupante en los últimos años. Frente al año prepandemia, la cantidad de pobres aumentó en 3.29 millones, alcanzando un total de 6.49 millones de pobres, lo que representa el 20,2% de la población.

Dentro del 29% de peruanos pobres, 1.9 millones son considerados pobres extremos, lo que significa que viven con ingresos mensuales por debajo de los S/251. Este segmento de la población merece una atención especial y medidas concretas para aliviar su situación.

Pobreza 2023 creció a 29% 

El aumento de la pobreza extrema rural es especialmente preocupante, con un crecimiento del 14,6% al 16,2%, según el INEI. En el área urbana, la pobreza extrema también aumentó, pasando del 2,6% al 3,2%. Estas cifras revelan una crisis silenciosa que está afectando a millones de peruanos, especialmente a aquellos que viven en zonas rurales y urbanas marginadas.

Al observar las regiones o departamentos del país, encontramos disparidades significativas. Cajamarca (44,5%), Loreto (43,5%), Pasco (41,7%), Puno (41,6%), Huancavelica (39,5%) y Ayacucho (39,4%) presentaron las tasas más altas de pobreza, mientras que Ica (6,9%), Moquegua (13,1%), Arequipa (13,9%), Madre de Dios (16,6%) y Lambayeque (17,9%) registraron las tasas más bajas. Esta heterogeneidad en la distribución de la pobreza subraya la necesidad de políticas específicas adaptadas a las realidades locales.

Es hora de que nuestras autoridades tomen medidas concretas y efectivas para abordar esta crisis. Se necesitan políticas públicas que promuevan el crecimiento económico inclusivo, la creación de empleo y el acceso equitativo a servicios básicos como la educación y la salud. Además, es fundamental combatir la corrupción y mejorar la transparencia en la gestión pública para garantizar que los recursos lleguen realmente a quienes más lo necesitan.

La lucha contra la pobreza debe ser una prioridad nacional. No podemos permitirnos seguir ignorando esta realidad y dejar atrás a millones de nuestros compatriotas. Es responsabilidad de todos trabajar juntos para construir un país más justo y equitativo para todos los peruanos.

Riesgos de la delegación de facultades legislativas: ¿Un camino hacia la reforma o la perpetuación de problemas?

Por: Wens Silvestre 

En los últimos años, el sistema político peruano ha sido testigo de una serie de movimientos legislativos que han generado tanto debate como preocupación entre los expertos en política económica y gestión pública. El más reciente de estos episodios tuvo lugar el 3 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley 7752/2023-PE, denominado "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional". 

Este proyecto marca el cuarto pedido de facultades para legislar realizado por el actual régimen en casi tres años de gobierno. Con una propuesta de ley que abarca áreas tan diversas como la economía, la seguridad y la defensa nacional, surge la pregunta inevitable: ¿estamos frente a un enfoque integral para abordar los desafíos del país o simplemente a una repetición de patrones que no han dado los resultados esperados?

Al analizar los antecedentes de los proyectos de ley anteriores, como el proyecto 583/2021-PE y el proyecto 3941/2022-PE, podemos identificar una tendencia preocupante. Si bien cada uno de estos proyectos se centraba en áreas específicas, como la reactivación económica y la modernización del Estado, su aprobación no ha necesariamente conducido a los resultados deseados. Más bien, han surgido preocupaciones en torno al cumplimiento de reglas macrofiscales y la efectividad de las políticas implementadas.

El último proyecto de ley, el 7752/2023-PE, presenta riesgos adicionales. En particular, la propuesta de establecer un nuevo proceso de reducción gradual del déficit fiscal y la deuda pública plantea interrogantes sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias a largo plazo. Además, la autorización para abordar el proceso de formalización minera integral, si bien es loable en teoría, suscita dudas sobre su capacidad para resolver los problemas arraigados en este sector que no ha logrado resultados positivos en los veinte años de más bien simulación de formalización minera.

La falta de claridad en los objetivos y la ruta a seguir por parte del Poder Ejecutivo es evidente. La repetición de pedidos de facultades para legislar sobre temas similares sin una evaluación exhaustiva de los resultados anteriores sugiere una falta de dirección estratégica y una posible desconexión con las necesidades reales del país.

Además, la falta de seguimiento adecuado por parte del Congreso a los decretos legislativos emitidos en cumplimiento de las leyes autoritativas otorgadas al Poder Ejecutivo refleja una renuncia a su función principal de legislar en beneficio del país. En lugar de realizar un análisis riguroso y objetivo de cada propuesta, el Congreso parece haber optado por delegar su responsabilidad legislativa al Poder Ejecutivo.

En este contexto, es fundamental que el Congreso asuma su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo y realice una evaluación objetiva de este y futuros pedidos de facultades para legislar. La reforma integral del Estado requiere un enfoque colaborativo y transparente, donde se aborden los problemas estructurales de manera efectiva y sostenible.

En resumen, los desafíos y riesgos asociados con la delegación de facultades legislativas en el Perú son evidentes. Si bien existe la necesidad de abordar urgentemente problemas como la reactivación económica y la seguridad ciudadana, es fundamental que cualquier propuesta legislativa se base en un análisis riguroso y en un compromiso real con el cambio. Los parches ya no son suficientes para resolver los problemas estructurales del país; es hora de adoptar un enfoque integral y orientado al futuro.

Desconfianza en el gobierno y corrupción: Un círculo vicioso que agrava la inseguridad y el deterioro democrático en el país

 

Por: Wens Silvestre

En medio de un panorama oscuro marcado por la desconfianza generalizada en el gobierno y las instituciones del Estado, nuestro país enfrenta una crisis multidimensional que va más allá de los índices de seguridad ciudadana. Según los últimos datos revelados por Ipsos, la aprobación de la gestión presidencial de Dina Boluarte ha alcanzado un preocupante 9%, mientras que su desaprobación ha escalado hasta el 88%. Paralelamente, el ministro del Interior, Víctor Torres, enfrenta una situación similar, con apenas un 10% de aprobación y un 75% de desaprobación.

Estos números no son solo indicativos de un descontento generalizado, sino que reflejan una profunda falta de credibilidad en las autoridades y el sistema político en su conjunto. La gestión del Congreso de la República y del Poder Judicial tampoco escapa a esta desaprobación, con índices del 85% y 73% respectivamente.

Este panorama de desconfianza y descontento generalizado mina la legitimidad de las instituciones del Estado y erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. La correlación entre la desconfianza en el gobierno y la corrupción es innegable. La falta de transparencia y la impunidad que caracterizan los escándalos de corrupción socavan la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y el imperio de la ley.

Los ciudadanos perciben que los recursos destinados a combatir la delincuencia son desviados hacia intereses particulares, mientras que los responsables de garantizar la justicia actúan con negligencia o complicidad. Esta situación de desconfianza y corrupción tiene consecuencias devastadoras para la seguridad de la población. La falta de legitimidad de las instituciones estatales socava la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana y debilita la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la violencia urbana.

La percepción de impunidad y la falta de confianza en la justicia alimentan un clima de inseguridad y desesperanza en el que la población se siente vulnerable y desprotegida. Además, el deterioro de la democracia como resultado de la corrupción y la falta de transparencia amenaza con socavar los pilares fundamentales de la convivencia democrática.

La erosión de la confianza en las instituciones democráticas alimenta la polarización política, el descontento social y la desafección ciudadana, creando un caldo de cultivo para la radicalización y el autoritarismo. En este contexto, es imperativo que el gobierno y las instituciones del Estado asuman su responsabilidad de restaurar la confianza y reconstruir la legitimidad perdida.

Esto requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es necesario combatir la corrupción en todas sus formas y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, es fundamental promover la participación ciudadana y la sociedad civil en la toma de decisiones y la supervisión de las políticas públicas.

La construcción de una cultura de integridad y ética en el servicio público es esencial para restaurar la confianza en las instituciones del Estado y fortalecer la democracia. En última instancia, solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido para combatir la corrupción, reconstruir la confianza y fortalecer las instituciones democráticas, nuestro país podrá superar los desafíos que enfrenta y construir un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

Reflexiones constitucionales y perspectivas democráticas en el Perú: La bicameralidad en debate

Por: Wens Silvestre

En los últimos años, el Perú ha experimentado una constante crisis política que ha erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. La caída del presidente Pedro Castillo y las subsiguientes acciones del Congreso han evidenciado desafíos que enfrenta el país en términos de transparencia, responsabilidad y respeto por los principios democráticos fundamentales.

La baja aprobación del Congreso peruano, como reflejo de la falta de confianza ciudadana en sus representantes, plantea interrogantes sobre la salud de la democracia en el país. La serie de escándalos y la impunidad de los miembros del Congreso han alimentado un clima de descontento y frustración entre la población. La vulneración de procesos legislativos, como el intento de adelanto de elecciones revertido mediante estrategias legales, ha socavado la confianza en la capacidad del sistema político para responder a las demandas y expectativas del pueblo.

En este escenario, la reciente aprobación en segunda votación de la ley que propone la reintroducción de la bicameralidad en el Congreso merece un análisis detenido. Esta reforma constitucional, que pretende establecer la bicameralidad, se presenta como una respuesta a la necesidad de mejorar la representatividad y la participación política en el país.

El objeto de la ley es claro: reformar la Constitución Política del Perú para instaurar la bicameralidad en el Congreso de la República. Se argumenta que esta medida busca propiciar una mejor representación regional. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo este proceso plantea preguntas sobre la legitimidad y transparencia de la decisión, especialmente en lo que respecta a las restricciones sobre quiénes pueden acceder a cargos de senador, condicionando la elegibilidad a experiencia previa como congresistas o diputados, generando interrogantes sobre la renovación y diversidad en la representación política.

La propuesta detalla la composición de la Cámara de Diputados y Senadores, estableciendo que la Cámara de Diputados contará con 130 representantes, mientras que la Cámara de Senadores tendrá 60 miembros. La inclusión de la garantía de elegir al menos un senador por cada circunscripción electoral y por cada una de las regiones busca asegurar una representación más equitativa y descentralizada en el Senado y la duración de los mandatos de cinco años. La garantía de que la implementación de la bicameralidad no aumentará el gasto público, es clave, financiándose con el mismo presupuesto de la institución, es una medida tranquilizadora. Sin embargo, la clave está en la efectividad de estas disposiciones y su capacidad para lograr los objetivos declarados.

El proceso de aprobación, al superar más de dos tercios del número legal de congresistas requeridos en segunda votación se excepcionó del referéndum constitucional, destaca la importancia de la aceptación en el Congreso. No obstante, la ciudadanía debe estar alerta y participar activamente para asegurar que estas decisiones reflejen verdaderamente los intereses del pueblo.

En síntesis, la reintroducción de la bicameralidad en el Parlamento peruano se presenta como una medida para fortalecer la representatividad y participación política. Sin embargo, la implementación de esta reforma debe ser vigilada de cerca para evitar abusos y asegurar que realmente contribuya a la consolidación de una democracia más fuerte y representativa en el Perú. La participación ciudadana, la transparencia y el escrutinio constante serán fundamentales para el éxito y la legitimidad de este proceso.

El desempeño económico y del mercado laboral en Perú (2023)

Por Wens Silvestre

La reciente publicación del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre el desempeño económico y el nivel de empleo en Perú (2023) proporciona una visión detallada que, merece un análisis cuidadoso. La economía peruana, si bien enfrenta desafíos, presenta oportunidades para la implementación de políticas que fomenten el crecimiento y la estabilidad a largo plazo.

Desempeño económico: La reducción del 0,55% en la producción nacional es motivo de preocupación, destacando la necesidad de abordar las contracciones en sectores clave como manufactura, construcción, financiero, telecomunicaciones, agropecuario y pesca. Desde mi perspectiva, propongo incentivar la competitividad y eficiencia en estos sectores mediante la promoción de la inversión privada y la eliminación de barreras regulatorias. 

En sectores como el agropecuario y pesca, se sugiere gestionar riesgos climáticos y promover prácticas sostenibles para garantizar la resiliencia ante condiciones adversas. El crecimiento en minería e hidrocarburos es positivo, pero es esencial garantizar una explotación responsable de los recursos naturales, considerando aspectos ambientales y sociales.

En la manufactura, la reducción del 6,65% destaca la importancia de políticas que impulsen la competitividad e innovación, alentando la inversión en tecnología y mejorando la capacidad productiva. En el sector construcción, la contracción del 7,86% subraya la necesidad de abordar barreras que afectan la inversión privada, promoviendo reformas que faciliten el desarrollo de proyectos.

El crecimiento del 2,36% en el sector comercio indica un buen desempeño y respalda la idea de promover un entorno empresarial favorable, reduciendo trámites burocráticos y facilitando la actividad comercial.

El sector electricidad, gas y agua muestra un crecimiento del 3,68%, señalando la salud de la infraestructura básica. Desde mi perspectiva, se podría respaldar la participación del sector privado en la expansión y modernización de la infraestructura, promoviendo la eficiencia y la inversión.

Desempeño del mercado laboral: En cuanto al mercado laboral, la disminución del 0,9% en la población ocupada y el aumento de la tasa de desempleo al 5,4% plantean desafíos económicos. Desde mi perspectiva, recomiendo la implementación de políticas que fomenten la creación de empleo formal y brinden oportunidades de trabajo digno.

La reducción del 8,4% en la población ocupada menor de 25 años subraya la necesidad de abordar las dificultades de entrada al mercado laboral para los jóvenes. El aumento del 5,6% en la población ocupada con educación superior indica la importancia de promover la formación académica, mientras que la reducción del 4,8% en aquellos con educación secundaria señala la necesidad de mejorar la formación para esta población.

La disminución en empresas de 1 a 10 trabajadores y el aumento en empresas de 11 a 50 trabajadores indican la necesidad de políticas que impulsen la inversión y el desarrollo empresarial. La contracción en el empleo en el sector de construcción destaca la importancia de abordar barreras para la inversión privada, promoviendo reformas que faciliten el desarrollo de proyectos.

En resumen, abogo por políticas que fomenten la competitividad, la inversión privada y la eficiencia en diversos sectores económicos para estimular el crecimiento y la estabilidad a largo plazo en la economía peruana. Además, la diversificación económica y la descentralización de políticas laborales podrías ser claves para abordar las disparidades regionales. La implementación de reformas basadas en estos principios puede allanar el camino para un futuro económico próspero y sostenible en el país.

Perú: Crisis política y cuestionamientos al liderazgo de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

En el transcurso de los últimos catorce meses, la presidencia de Dina Boluarte ha enfrentado una serie de desafíos que han dejado una huella indeleble en la percepción pública. La más reciente encuesta de Ipsos revela una aprobación del 8%, marcando el nivel más bajo desde su asunción al cargo, planteando preguntas inquietantes sobre la eficacia de su liderazgo y la capacidad del gobierno para abordar los problemas clave del país.

La actual situación se inserta en un contexto más amplio de transformaciones históricas y desafíos estructurales. La complejidad para entender y resolver la crisis política se ve exacerbada al considerar eventos importantes como el fallido golpe de Estado de  Pedro Castillo, la renuncia de Manuel Merino, la vacancia de Martín Vizcarra y la forzada dimisión de  Pedro Pablo Kuczynski. Estos eventos,  que resultaron en la sucesión de presidentes en tan solo cuatro  años (de julio de 2016 a septiembre de 2020), indican la profundidad de la crisis cuyas raíces pueden remontarse aún más atrás en el tiempo.  La complejidad y la falta de un punto de inicio claro para la crisis reflejan las transformaciones sustanciales en el marco político peruano.

Uno de los aspectos críticos es la aparente falta de liderazgo directo por parte de Boluarte.    La decisión de delegar la comunicación gubernamental a su primer ministro puede interpretarse como una estrategia eficiente para dividir responsabilidades, pero también como una percepción de falta de liderazgo directo que ha contribuido a la disminución de su nivel de aprobación.

La baja legitimidad de Boluarte, surgida de su posición como vicepresidenta en la lista electoral y posiblemente por su condición de mujer en un entorno social marcado por complejidades, se destaca como un desafío adicional. Además, la falta de reconocimiento de las inquietudes del público, especialmente en relación a las trágicas muertes ocurridas en las movilizaciones posteriores a la caída de Castillo, ha tenido un impacto negativo en el inicio de su mandato.

La crisis política en Perú se remonta a cambios fundamentales en el país durante la segunda mitad del siglo pasado. La desaparición de marcos ideológicos y fuerzas políticas tradicionales ha dejado un vacío que aún no se ha llenado por completo. Nuevos actores, representando a profesionales de origen popular, empresarios exitosos surgidos desde abajo, provincianos en altos cargos públicos y mujeres líderes, han surgido en un escenario político que carece de la pureza ideológica de partidos pasados. En ese contexto, el populismo emerge y se fortalece ofreciendo soluciones inmediatas a las demandas populares, cuyo impacto económico generalmente es perjudicial.

La dificultad para representar políticamente a la sociedad peruana es un tema clave. La presión por definir ideológicamente y mantener la pureza en la conducta ha debilitado a los nuevos partidos políticos, mientras que las expectativas de diversos sectores plantean un dilema sobre cómo abordar estas realidades heterogéneas de manera efectiva.

La polaridad política mundial y su reflejo en Perú, manifestada en empates electorales, plantea la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del país, con la elección presidencial del 2026 como una oportunidad para reflexionar y discutir las demandas y aspiraciones de los diversos sectores emergentes.

La gestión de Boluarte se enfrenta no solo a problemas inmediatos, sino también a raíces históricas y estructurales que requieren soluciones profundas y una visión de largo plazo. El país se encuentra en una encrucijada donde la capacidad de reconocer, entender y abordar estas complejidades determinará su futuro político y social. La ciudadanía, ávida de respuestas y acciones concretas, exige un liderazgo que comprenda la magnitud de la crisis y que ofrezca soluciones innovadoras y efectivas. La creciente inestabilidad política y la debilidad institucional reflejan tensiones que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la consolidación democrática y fomentar un desarrollo económico sostenible a largo plazo. La necesidad de políticas económicas basadas en fundamentos sólidos y una gestión institucional fortalecida se vuelve imperativa para mitigar los riesgos económicos asociados con el auge del populismo en el Perú.

Desafiando la sombra de la corrupción global

Por: Wens Silvestre

El reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional en Berlín, revela un sombrío panorama en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Este índice, que evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 180 países y territorios, pone de manifiesto la estrecha conexión entre la injusticia y la propagación de prácticas corruptas en todo el mundo.

El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, subraya la urgencia de fortalecer los sistemas de justicia como un paso esencial para frenar la corrupción. Sin embargo, los resultados del IPC 2023 indican que la mayoría de los países han experimentado mínimos avances en esta batalla fundamental, con un promedio global estancado en 43 puntos durante los últimos doce años.

Entre los destacados globales, Dinamarca lidera el IPC, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda. Estos países evidencian la correlación positiva entre eficientes sistemas de justicia y bajos niveles de corrupción. En el otro extremo, naciones como Somalia, Venezuela y Siria ocupan las posiciones más bajas, víctimas de prolongadas crisis y conflictos armados que han socavado sus estructuras institucionales.

En las tendencias regionales, Europa Occidental y la Unión Europea, a pesar de tener el mayor puntaje, experimentan una preocupante caída debido al debilitamiento de controles y equilibrios. África subsahariana mantiene el promedio más bajo, enfrentando desafíos en democracia y estado de derecho. Europa del Este y Asia Central luchan contra un estado de derecho disfuncional y corrupción sistémica. Oriente Medio, África del Norte y Asia Pacífico muestran escasas mejoras, mientras que las Américas enfrentan impunidad debido a la falta de independencia judicial.

Perú, al descender tres niveles con 33 puntos, revela un ligero incremento en prácticas corruptas, indicando nulos avances en su lucha anticorrupción en el sector público. Esta situación se agrava al considerar que, en la última década, Perú ha disminuido su índice de corrupción de 38 a 33 puntos, señalando un fracaso en su combate anticorrupción.

La influencia de la corrupción en la justicia es evidente en casos como la guerra de Rusia contra Ucrania, que plantea desafíos a la gobernanza e infraestructura. Sin embargo, Ucrania mejora en el IPC al enfocarse en reformas judiciales. Por otro lado, Guatemala sufre un declive debido a gobiernos corruptos que han debilitado las instituciones judiciales.

Ante este panorama desolador, Transparencia Internacional emite un llamado urgente a los gobiernos para garantizar la independencia, recursos y transparencia en los sistemas de justicia. Daniel Eriksson destaca la necesidad de eliminar barreras para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia, enfatizando que la corrupción, la injusticia y el debilitamiento de la justicia forman un círculo vicioso que afecta desproporcionadamente a los vulnerables.

Como ciudadanos globales, debemos exigir a nuestros líderes un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La transparencia y la justicia son los cimientos sobre los cuales se construye un futuro más equitativo y transparente para todos. Es hora de desafiar la sombra de la corrupción global y trabajar juntos para garantizar que la luz de la verdad y la integridad prevalezca.

Desempeño y Perspectivas en la Ejecución Presupuestaria del Sector Público para el Año Fiscal 2023

Por: Wens Silvestre

El cierre del año fiscal 2023 ha dejado a la vista un panorama interesante y prometedor en lo que respecta a la ejecución presupuestaria del sector público en Perú. Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó la cifra de S/ 249.7 mil millones, evidenciando un sólido incremento del 4.9% en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Este aumento, sin duda, refleja la voluntad gubernamental de impulsar inversiones y programas estratégicos para el desarrollo del país.

En términos generales, la ejecución presupuestaria del sector público experimentó un crecimiento considerable, situándose en un destacado 89.8% al cierre del año 2023, lo que representa un aumento del 1.9% respecto al año anterior. Estos números son indicativos de una gestión financiera más eficiente, aunque esperamos un compromiso firme con el manejo responsable de los recursos públicos.

Al analizar el desempeño a nivel nacional, observamos que las entidades gubernamentales alcanzaron un avance promedio del 94%, apenas ligeramente inferior al 94.5% registrado en 2022. Este ligero descenso no debe opacar el logro general, ya que demuestra una constancia en la ejecución de los presupuestos a pesar de las limitaciones persistentes.

En el ámbito de los Gobiernos Regionales, destaca el aumento significativo del 5.3% en la ejecución presupuestaria, alcanzando un meritorio 92.9% en 2023. Especialmente digno de mención es el excepcional desempeño del Gobierno Regional de Junín, con un significativo avance del 99.4%, seguido por Amazonas y Ayacucho con 99.0% y 95.7%, respectivamente. Estos resultados reflejan un enfoque sólido en la implementación de inversiones y proyectos clave a nivel regional.

El análisis de la ejecución de adquisición de activos no financieros, es decir, las inversiones, nos revela que los Gobiernos Regionales han canalizado eficientemente sus recursos hacia el desarrollo. Amazonas encabezó la lista con un 99.3%, seguido por Junín y Ayacucho con un destacado 99.0% y 97.4%, respectivamente.

Por otro lado, a nivel de Gobiernos Locales, la ejecución presupuestaria del 73.9% supera en 2.5% el nivel alcanzado en 2022, mostrando un esfuerzo conjunto por parte de las municipalidades para traducir los recursos en beneficios palpables para la comunidad. Las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao lideraron con un 83.6%, seguidas por Lima y San Martín con un 81.7% y 80.9%, respectivamente.

Las municipalidades del departamento de Ayacucho, aunque superaron el promedio nacional con una ejecución del 73.1%, han mostrado una mejora del 2.9% en comparación con el año anterior. Huanta lidera con un impresionante 86.9%, evidenciando una gestión efectiva de los recursos para el desarrollo local. Las municipalidades de la provincia de Cangallo ocuparon el segundo luchar con una ejecución de 81,7% y en tercer lugar las municipalidades de Parinacochas con una ejecución de 79,8%.

El caso de las municipalidades de la provincia de Huamanga, con una ejecución promedio del 75.3%, refleja un avance positivo respecto al 2022 (72.1%), contribuyendo a la dinámica positiva del conjunto.

Resulta especialmente relevante destacar el aumento del 116% en el presupuesto de los municipios del departamento de Ayacucho a lo largo de 2023. Estos recursos, que ascendieron a S/ 1 460.7 millones al cierre del año, representan un compromiso sustancial para fortalecer la provisión de servicios básicos y fomentar el desarrollo económico y social en la región.

En resumen, el informe de ejecución presupuestaria del sector público para el año fiscal 2023 revela un desempeño positivo, destacando la eficiencia en la gestión de recursos y la implementación de proyectos estratégicos. Estos resultados sientan las bases para un 2024 prometedor en términos de desarrollo sostenible y bienestar social. Es fundamental que las autoridades continúen fortaleciendo estas prácticas, fomentando la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones financieras que impactan directamente en el progreso del país.