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domingo, 6 de septiembre de 2026

Estados Unidos, China y el fin de la confianza automática

Por Wens Silvestre

Durante buena parte del último medio siglo, la política internacional fue presentada como una competencia entre sistemas: democracia frente a autoritarismo, mercado frente a planificación estatal, orden basado en reglas frente a política de poder. Esa descripción conserva alguna utilidad, pero resulta insuficiente para responder la pregunta que hoy preocupa a gobiernos, empresas y ciudadanos: ¿en cuál de las grandes potencias se puede confiar?

La respuesta no debería depender de simpatías ideológicas. La confiabilidad internacional no se mide por los discursos de un gobierno ni por la naturaleza formal de su régimen, sino por su comportamiento: cumplimiento de acuerdos, estabilidad de las reglas, respeto de la soberanía, transparencia de las decisiones y existencia de mecanismos efectivos cuando se produce un incumplimiento.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos y China presentan una paradoja. Estados Unidos posee instituciones más transparentes y mecanismos jurídicos más independientes, pero su política exterior se ha vuelto crecientemente volátil y transaccional. China mantiene una dirección estratégica más constante, pero concentra el poder, publica menos información y deja escaso margen para cuestionar sus decisiones. 

En términos sencillos: Estados Unidos ofrece más garantías institucionales, pero menos previsibilidad política; China ofrece mayor continuidad política, pero menos garantías institucionales.

La confianza internacional, además, no es una cuestión meramente moral. Tiene valor económico. Un país percibido como confiable obtiene financiamiento más barato, atrae inversiones, consolida alianzas, reduce el costo de supervisar contratos y consigue que otros gobiernos acepten compromisos de largo plazo.

Durante décadas, Estados Unidos acumuló ese capital. El predominio del dólar, la profundidad de sus mercados financieros, sus universidades, su capacidad tecnológica y su red de alianzas no descansaron solamente en su poder militar. También se apoyaron en la expectativa de que las instituciones estadounidenses limitarían las decisiones arbitrarias de sus gobernantes.

Esa confianza nunca fue absoluta. Estados Unidos intervino militarmente en numerosos países, apoyó cambios de régimen, aplicó sanciones extraterritoriales e interpretó selectivamente el derecho internacional. La invasión de Irak, el desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua, el retiro del acuerdo nuclear con Irán y el bloqueo del sistema de apelación de la Organización Mundial del Comercio muestran que Washington también deja de lado las reglas cuando considera comprometidos sus intereses.

La Base Mundial de Datos sobre Sanciones muestra que Estados Unidos fue el usuario individual más frecuente de esta herramienta: participó en más de un tercio de los episodios registrados entre 1950 y 2019. Por consiguiente, la coerción económica no es una innovación china ni una respuesta exclusiva frente a amenazas excepcionales. Ha sido también un instrumento habitual de la política exterior estadounidense.

El segundo gobierno de Donald Trump ha profundizado este problema. Su política exterior parte de una concepción marcadamente transaccional de las relaciones internacionales: cada vínculo debe producir un beneficio inmediato y mensurable para Estados Unidos. Los aliados son evaluados por cuánto pagan; los tratados, por el saldo comercial; la cooperación, por la ventaja obtenida; y los aranceles, como mecanismos de presión.

Esta aproximación puede producir concesiones rápidas, pero erosiona un activo construido durante décadas: la expectativa de continuidad. Si un tratado puede ser reinterpretado, suspendido o vaciado mediante una decisión presidencial, los demás países comienzan a preguntarse qué valor tiene asumir compromisos duraderos con Washington.

Los aranceles aplicados incluso a países con acuerdos comerciales, las presiones sobre aliados, la reducción de la cooperación internacional y las oscilaciones frente a conflictos como el de Ucrania transmiten un mensaje problemático: la relación con Estados Unidos depende crecientemente de la apreciación personal y coyuntural de su presidente.

El problema, sin embargo, no se reduce a Trump. Algunas tendencias han sobrevivido a administraciones republicanas y demócratas. El bloqueo estadounidense al Órgano de Apelación de la OMC comenzó antes de su segundo mandato y continuó bajo gobiernos de distinto signo. El proteccionismo industrial también se volvió bipartidista. Trump, no obstante, ha llevado esa lógica a un nivel mucho más explícito e imprevisible.

Estados Unidos corre así el riesgo de consumir el capital de confianza acumulado por generaciones anteriores. Una potencia puede obligar temporalmente a otros países a aceptar sus condiciones, pero la coerción reiterada incentiva la diversificación, la búsqueda de monedas alternativas, la formación de nuevas alianzas y la reducción de dependencias.

La experiencia china debe examinarse con el mismo rigor. Desde la guerra con Vietnam de 1979, China ha evitado intervenciones militares globales comparables con las de Estados Unidos. No ha desarrollado una red mundial de bases semejante a la estadounidense ni ha hecho del cambio de régimen un instrumento habitual de política exterior.

Su principio de no intervención ha resultado atractivo para países de África, Asia y América Latina. China comercia e invierte sin exigir necesariamente reformas políticas, cambios de gobierno o adhesión a una determinada concepción de democracia. Además, ha financiado infraestructura que los organismos multilaterales y los países occidentales no siempre estuvieron dispuestos a asumir.

La acusación de que China aplica sistemáticamente una “diplomacia de la trampa de deuda” tampoco ha sido demostrada como una estrategia general. Estudios sobre Sri Lanka y otros países no encontraron evidencia concluyente de una política deliberada destinada a provocar incumplimientos para apoderarse de activos. Los gobiernos receptores, sus decisiones fiscales y la selección deficiente de proyectos también han desempeñado papeles determinantes.

China, además, no incumple automáticamente las reglas comerciales. Diferentes estudios encontraron que implementó una proporción importante de los fallos dictados en su contra en la OMC. Las controversias más relevantes se relacionan con subsidios, empresas estatales, sobrecapacidad, propiedad intelectual y falta de transparencia, no con un rechazo general de todos los compromisos internacionales.

Pero sería igualmente equivocado idealizar su conducta. China utiliza su mercado como instrumento de presión cuando otro país cruza alguna de sus líneas rojas. Australia, Lituania, Corea del Sur y Filipinas han experimentado restricciones comerciales, turísticas o administrativas vinculadas con controversias políticas.

Beijing también rechazó el laudo arbitral de 2016 que desestimó buena parte de sus reclamaciones en el mar de China Meridional. En torno a Taiwán, las fronteras con India y las aguas disputadas con Filipinas, la doctrina de no intervención cede frente a una política de poder cada vez más firme.

Por eso, la continuidad china no debe confundirse con neutralidad o altruismo. China cumple con mayor previsibilidad cuando el acuerdo coincide con su estrategia nacional. Cuando considera amenazados su territorio, su seguridad, la autoridad del Partido Comunista o su política de “una sola China”, su comportamiento puede ser tan coercitivo como el de otras potencias.

La principal debilidad de China como socio no es necesariamente que incumpla más, sino que resulta más difícil anticipar, conocer y cuestionar sus decisiones.

En Estados Unidos, una medida gubernamental puede ser investigada por el Congreso, impugnada ante tribunales, examinada por la prensa y criticada abiertamente por empresas y ciudadanos. Esos controles pueden debilitarse, pero continúan existiendo.

En China, la política exterior, los préstamos y las inversiones estratégicas están estrechamente vinculados con el Partido Comunista, los bancos públicos y las empresas estatales. Estudios de contratos chinos han identificado cláusulas de confidencialidad, garantías especiales y condiciones que dificultan conocer plenamente las obligaciones asumidas.

Esta opacidad eleva el riesgo para los países con instituciones débiles. No porque todo proyecto chino sea perjudicial, sino porque un gobierno receptor puede negociar mal, ocultar compromisos o aceptar una infraestructura de baja rentabilidad sin que sus ciudadanos dispongan de información suficiente.

La responsabilidad, por tanto, no pertenece exclusivamente a China. Ninguna potencia puede imponer un contrato opaco sin la participación de funcionarios locales dispuestos a suscribirlo.

La competencia entre Estados Unidos y China busca, cada vez con mayor intensidad, que los demás países tomen partido. Washington presenta la rivalidad como defensa de un orden basado en reglas. Beijing se proyecta como representante del Sur Global y promotor de un desarrollo sin hegemonía. Ninguna de las dos narrativas describe completamente la realidad.

Estados Unidos defiende reglas que también incumple cuando restringen su libertad de acción. China reclama igualdad soberana, pero exige deferencia frente a sus intereses fundamentales. Estados Unidos emplea sanciones financieras y aranceles; China utiliza el comercio, la infraestructura y el acceso a su mercado. Ambos presentan sus intereses nacionales como si coincidieran con bienes públicos mundiales.

Para la mayoría de los países, especialmente los de América Latina, África y Asia, escoger incondicionalmente a una potencia sería un error. La dependencia de Estados Unidos expone a sanciones, presiones financieras y cambios políticos. La dependencia de China genera vulnerabilidad comercial, tecnológica, logística y contractual.

La respuesta más razonable es una autonomía pragmática. Esto significa cooperar con cada potencia en los ámbitos donde ofrece beneficios comprobables y establecer límites allí donde podría generarse una dependencia irreversible.

Los países pueden comerciar con China sin entregarle el control de sus telecomunicaciones, datos o infraestructura crítica. Pueden mantener cooperación de seguridad con Estados Unidos sin aceptar interferencias en decisiones soberanas. Pueden recibir financiamiento de ambos exigiendo licitaciones competitivas, transparencia contractual, sostenibilidad fiscal, transferencia tecnológica y evaluación ambiental.

La diversificación no es neutralidad moral. Un país puede condenar una invasión, defender los derechos humanos y respetar el derecho internacional sin someter toda su política exterior a una potencia. La autonomía tampoco significa equidistancia ante cualquier acontecimiento, sino capacidad para adoptar posiciones propias basadas en principios e intereses nacionales.

Los ciudadanos, por su parte, deben dejar de evaluar a las potencias como si se tratara de equipos deportivos. La admiración por la capacidad tecnológica estadounidense no debería ocultar sus intervenciones. El reconocimiento del desarrollo chino no debería justificar la censura, la opacidad o la coerción territorial.

Tampoco corresponde aceptar que cualquier crítica a Estados Unidos sea antioccidental o que cualquier observación sobre China forme parte necesariamente de una campaña de contención. Esa polarización empobrece el debate y favorece precisamente a los gobiernos que desean evitar la rendición de cuentas.

La pregunta decisiva no es qué potencia afirma tener mejores intenciones, sino qué compromisos acepta hacer públicos, qué mecanismos admite para resolver controversias y qué consecuencias enfrenta cuando incumple.

El mundo no necesita reemplazar una hegemonía estadounidense por una hegemonía china. Necesita un sistema en el que ninguna potencia pueda convertir su tamaño económico, su moneda, su tecnología o su poder militar en una licencia para imponer condiciones.

En determinadas relaciones económicas, China puede aparecer hoy como un socio más previsible, mientras Estados Unidos conserva instituciones más abiertas y mecanismos jurídicos superiores. Pero ninguno merece confianza automática.

El liderazgo internacional del futuro no debería medirse por el número de países presionados, las bases militares instaladas, los puertos controlados o los aranceles impuestos. Debería medirse por la capacidad de ofrecer cooperación estable sin exigir subordinación.

La principal lección de los últimos cincuenta años es incómoda pero necesaria: las grandes potencias tienden a respetar sus compromisos mientras estos no contradicen intereses que consideran fundamentales. Por eso, la seguridad de los países medianos y pequeños no puede descansar en la supuesta benevolencia de Washington o Beijing, sino en instituciones nacionales sólidas, contratos transparentes, relaciones diversificadas y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

En un mundo de rivalidad creciente, la verdadera soberanía no consiste en escoger de quién depender. Consiste en conservar la capacidad de no depender completamente de nadie.

jueves, 19 de febrero de 2026

Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.

miércoles, 15 de enero de 2025

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.


sábado, 21 de diciembre de 2024

Bakú: ¿El inicio del cambio real o más promesas vacías?

 Por Wens Silvestre

Mientras el planeta enfrenta temperaturas récord y fenómenos climáticos extremos, la COP29 en Bakú culminó con aplausos y titulares esperanzadores. Sin embargo, la historia nos enseña que las promesas climáticas no siempre se traducen en acciones tangibles. ¿Serán estos compromisos la base de un cambio real o se quedarán en otro ejercicio de diplomacia estéril? Ante una crisis climática que no da tregua, no hay espacio para demoras. Es hora de convertir palabras en hechos.

COP29
Entre los anuncios destacados de Bakú, los países desarrollados prometieron aumentar la financiación climática a 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Aunque a primera vista la cifra resulta alentadora, no debemos pasar por alto que las estimaciones del Climate Policy Initiative (2024) sitúan las necesidades reales en 4.3 billones de dólares anuales. Esta brecha abismal deja en evidencia que seguimos respondiendo con soluciones parciales mientras el calentamiento global avanza implacable. Si bien estos recursos son un paso adelante, la clave será su movilización efectiva y equitativa, evitando que la burocracia y la ineficiencia diluyan su impacto. 

El Fondo de Pérdidas y Daños, una de las victorias más celebradas de la COP29, tiene el potencial de marcar un antes y un después para los países más vulnerables. Pero el éxito dependerá de su implementación. El caso del Fondo Verde para el Clima nos recuerda que los recursos prometidos pueden quedarse en el limbo si no hay gobernanza clara ni mecanismos transparentes. Más que movilizar fondos, el verdadero reto es asegurarse de que lleguen a quienes más los necesitan, como las comunidades insulares y las regiones del Amazonas, donde los efectos del cambio climático ya son devastadores.

En el ámbito de los mercados de carbono, Bakú avanzó con la regulación del comercio global de créditos, bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. Si bien un mercado bien estructurado podría movilizar inversiones significativas hacia proyectos sostenibles, hay un riesgo latente: el “lavado verde” o greenwashing, donde las empresas maquillan sus emisiones reales con créditos de dudosa calidad. Países como Suiza y Ghana ya han implementado acuerdos bilaterales que priorizan la integridad ambiental; este enfoque debería servir como modelo para evitar que los mercados de carbono pierdan credibilidad.

No basta con identificar las carencias de los acuerdos climáticos. Debemos reflexionar sobre cómo convertir estas promesas en acciones reales. Tres pilares resultan esenciales: transparencia, para garantizar que los recursos lleguen a su destino; rendición de cuentas, para evaluar los avances con métricas claras; y voluntad política, sin la cual cualquier compromiso será inútil. Un ejemplo claro es el caso de Dinamarca, que ha integrado los acuerdos climáticos internacionales en su legislación nacional, asegurando metas vinculantes y resultados concretos.

Estamos ante una oportunidad única. Bakú podría ser recordado como el punto de inflexión en la lucha climática, pero solo si asumimos la responsabilidad de implementar sus acuerdos con urgencia y eficacia. Esto requiere un esfuerzo colectivo que involucre a gobiernos, empresas y ciudadanos.

¿Será Bakú el inicio del cambio real o solo otro hito de buenas intenciones? Dependerá de nuestra capacidad para exigir más, actuar con rapidez y pensar a largo plazo. La crisis climática no nos permitirá fallar, y la historia no perdonará la inacción.

domingo, 9 de junio de 2024

La corrupción y el desarrollo sostenible

Por: Wens Silvestre

Nuestro país enfrenta una crisis social y económica que parece tener raíces profundas en su historia. Desde la época virreinal, el país ha estado marcado por un mestizaje que, lejos de ser una simple mezcla cultural, ha servido para perpetuar las desigualdades y consolidar estructuras de poder que aún persisten. Esta herencia colonial ha dejado una huella indeleble en la gestión del Estado y en las prácticas cotidianas de los peruanos.

Uno de los problemas más acuciantes es la corrupción, un mal institucionalizado que se manifiesta en todas las esferas de la vida pública y privada. La incapacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal ha creado un entorno donde la corrupción no solo es tolerada, sino que se ha normalizado. Esta situación es particularmente evidente en la gestión estatal, donde la colusión y el uso indebido de los recursos públicos son la norma más que la excepción.

El Estado peruano, concebido para proteger las libertades individuales y asegurar el bienestar común a través de la división de poderes, ha fallado en su misión. Aunque la Constitución ha sido enmendada en numerosas ocasiones, el funcionamiento del Estado sigue siendo deficiente. En lugar de servir a la ciudadanía, muchos funcionarios públicos utilizan sus posiciones para perseguir fines personales y de grupo. Esta realidad se observa en todas las organizaciones que conforman el aparato estatal. 

Un ejemplo claro es el de los servidores públicos en unidades orgánicas de logística que se coluden con proveedores "amigos", ignorando las leyes y reglamentos de contratación para su propio beneficio. Este tipo de actos no solo dañan a la entidad estatal, sino a la sociedad en su conjunto. La frase común entre los funcionarios, "si no es tu dinero, qué te importa", refleja una actitud de indiferencia hacia el uso de los recursos públicos. 

El resultado de esta gestión ineficiente es evidente: en los últimos 20 años, el presupuesto del Estado se ha quintuplicado, pero la calidad de los servicios ha disminuido. Los ciudadanos, quienes deberían beneficiarse de estos recursos, ven cómo su calidad de vida no mejora mientras los funcionarios engordan sus arcas. Esta situación genera una constante crisis política, exacerbada por la corrupción que afecta a todos los niveles del gobierno. 

Desde la década de 1990 hasta 2024, todos los presidentes peruanos han sido procesados o están siendo procesados por corrupción, al igual que numerosos congresistas, jueces y fiscales. La incapacidad de reflexión y la cultura del negacionismo han permitido que los corruptos eludan la justicia, perpetuando un ciclo de impunidad. Los ciudadanos, por su parte, parecen incapaces de reflexionar y elegir a líderes menos propensos a la corrupción. 

Para romper este círculo vicioso, es necesario que desarrollemos una capacidad de autocrítica y reflexión sincera sobre el daño causado por la corrupción. Más allá del color político, los ciudadanos tienen la obligación de cuestionar y criticar la mala gestión de sus autoridades. Asimismo, los funcionarios públicos deben autoevaluar su desempeño y, si no están preparados para sus roles, renunciar para evitar dañar aún más a la sociedad. 

La mediocridad y la testarudez de los políticos actuales han silenciado la indignación ciudadana. Sin embargo, aún hay esperanza. La clave para un Perú mejor radica en ciudadanos reflexivos y autocríticos que rescaten la indignación del silencio cómplice y ejerzan su derecho al voto de manera razonable y reflexiva. 

En un país donde el crecimiento económico ha sido notable en las últimas décadas, pero la desigualdad y la corrupción siguen siendo barreras significativas, el desarrollo sostenible requiere una reforma profunda. Es fundamental implementar políticas efectivas que promuevan y fortalezcan no solo las capacidades y ética de los trabajadores al servicio del Estado, sino la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Solo así se podrá construir un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. 

Nuestro país tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Con ciudadanos comprometidos y un liderazgo político íntegro, el país puede superar sus retos históricos y avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos sus habitantes. El camino es largo y arduo, pero al final siempre hay una luz de esperanza para quienes estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor.

viernes, 5 de enero de 2024

Desempeño y Perspectivas en la Ejecución Presupuestaria del Sector Público para el Año Fiscal 2023

Por: Wens Silvestre

El cierre del año fiscal 2023 ha dejado a la vista un panorama interesante y prometedor en lo que respecta a la ejecución presupuestaria del sector público en Perú. Según el portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) alcanzó la cifra de S/ 249.7 mil millones, evidenciando un sólido incremento del 4.9% en comparación con el ejercicio fiscal anterior. Este aumento, sin duda, refleja la voluntad gubernamental de impulsar inversiones y programas estratégicos para el desarrollo del país.

En términos generales, la ejecución presupuestaria del sector público experimentó un crecimiento considerable, situándose en un destacado 89.8% al cierre del año 2023, lo que representa un aumento del 1.9% respecto al año anterior. Estos números son indicativos de una gestión financiera más eficiente, aunque esperamos un compromiso firme con el manejo responsable de los recursos públicos.

Al analizar el desempeño a nivel nacional, observamos que las entidades gubernamentales alcanzaron un avance promedio del 94%, apenas ligeramente inferior al 94.5% registrado en 2022. Este ligero descenso no debe opacar el logro general, ya que demuestra una constancia en la ejecución de los presupuestos a pesar de las limitaciones persistentes.

En el ámbito de los Gobiernos Regionales, destaca el aumento significativo del 5.3% en la ejecución presupuestaria, alcanzando un meritorio 92.9% en 2023. Especialmente digno de mención es el excepcional desempeño del Gobierno Regional de Junín, con un significativo avance del 99.4%, seguido por Amazonas y Ayacucho con 99.0% y 95.7%, respectivamente. Estos resultados reflejan un enfoque sólido en la implementación de inversiones y proyectos clave a nivel regional.

El análisis de la ejecución de adquisición de activos no financieros, es decir, las inversiones, nos revela que los Gobiernos Regionales han canalizado eficientemente sus recursos hacia el desarrollo. Amazonas encabezó la lista con un 99.3%, seguido por Junín y Ayacucho con un destacado 99.0% y 97.4%, respectivamente.

Por otro lado, a nivel de Gobiernos Locales, la ejecución presupuestaria del 73.9% supera en 2.5% el nivel alcanzado en 2022, mostrando un esfuerzo conjunto por parte de las municipalidades para traducir los recursos en beneficios palpables para la comunidad. Las municipalidades de la Provincia Constitucional del Callao lideraron con un 83.6%, seguidas por Lima y San Martín con un 81.7% y 80.9%, respectivamente.

Las municipalidades del departamento de Ayacucho, aunque superaron el promedio nacional con una ejecución del 73.1%, han mostrado una mejora del 2.9% en comparación con el año anterior. Huanta lidera con un impresionante 86.9%, evidenciando una gestión efectiva de los recursos para el desarrollo local. Las municipalidades de la provincia de Cangallo ocuparon el segundo luchar con una ejecución de 81,7% y en tercer lugar las municipalidades de Parinacochas con una ejecución de 79,8%.

El caso de las municipalidades de la provincia de Huamanga, con una ejecución promedio del 75.3%, refleja un avance positivo respecto al 2022 (72.1%), contribuyendo a la dinámica positiva del conjunto.

Resulta especialmente relevante destacar el aumento del 116% en el presupuesto de los municipios del departamento de Ayacucho a lo largo de 2023. Estos recursos, que ascendieron a S/ 1 460.7 millones al cierre del año, representan un compromiso sustancial para fortalecer la provisión de servicios básicos y fomentar el desarrollo económico y social en la región.

En resumen, el informe de ejecución presupuestaria del sector público para el año fiscal 2023 revela un desempeño positivo, destacando la eficiencia en la gestión de recursos y la implementación de proyectos estratégicos. Estos resultados sientan las bases para un 2024 prometedor en términos de desarrollo sostenible y bienestar social. Es fundamental que las autoridades continúen fortaleciendo estas prácticas, fomentando la transparencia y la participación ciudadana en la toma de decisiones financieras que impactan directamente en el progreso del país.

miércoles, 19 de mayo de 2021

La corrupción: un mal social a nivel global

 Por: Wens Silvestre


La corrupción es un mal social. En principio no es exclusivo de un determinado país o régimen político, tampoco son propios de los tiempos contemporáneos, algunos historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX (1 100 a.C.) en Egipto. Un antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento, los negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de profanadores de tumbas. En Grecia, Demóstenes (324 a.C.), acusado de haberse apoderado de las monedas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue condenado y obligado a huir.

Las  evidencias empíricas indican que ni siquiera los países más avanzados en transparencia se libran de la corrupción (Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Singapur, etc.). Sin embargo, podemos afirmar que  los Estados más corruptos, son también los más autoritarios y socialistas. La corrupción está presente en todos los Estados, ninguno se libra, independientemente del tipo de gobierno, claro está se percibe en mayor o en menor grado. En efecto, durante el 2020, según Transparencia Internacional (TI), dos tercios de los países del mundo no alcanzaron los 50 puntos de 100 en el índice de percepción de la corrupción, es decir, se podría afirmar que dos tercios de los Estados del mundo son los más corruptos, identificando como práctica habitual el soborno, malversación de fondos y el nepotismo. TI calificó a Venezuela (socialista), Yemen (camino a Estado fallido), Siria (totalitarismo), Somalia (Estado fallido) y Sudán del Sur (Estado nuevo cogobierno), como los países más corruptos del planeta, ocupando los últimos 5 lugares del ranking de TI. Perú se ubica en el puesto 94 con solo 38 puntos de 100, es decir, está en el paquete de los más corruptos. Bolivia, que algunos admiran y lo consideran un modelo a seguir, está debajo de Perú, ocupa el lugar 124 con solo 31 puntos. Ver Índice de percepción de la corrupción.

En ese contexto, podemos afirmar que la extinción de la corrupción no depende de la solitaria acción o voluntad de una persona o una organización política o solo de los servidores de una organización del Estado. Es un mal que está en los individuos, he ahí su complejidad para combatirla. Para aminorar sus efectos y la percepción de la corrupción, los gobiernos tienden a implementar mayoritariamente medidas reactivas y coercitivas, otros implementan medidas proactivas preventivas, fortaleciendo los sistemas de control y transparencia de los actos y acciones de los servidores públicos. No hay una fórmula mágica que asegure la extinción de la corrupción. Sin embargo, la fórmula para reducirla,  dependerá de la eficacia de las medidas coercitivas y preventivas, pero, además, dependerá de un  proceso de largo aliento, de cambios generacionales, de la formación moral y  de los valores éticos de los individuos.

En una democracia como la nuestra, donde prima el Estado de derecho, son las autoridades competentes las llamadas a prevenir, corregir y sancionar a los individuos que estén inmersos en algún acto de corrupción. Para eso, el Estado cuenta con un sistema nacional de control, cuyo órgano rector es la Contraloría General de la República, así como los órganos jurisdiccionales encargados de vigilar y sancionar cuando corresponda

Finalmente, la lucha contra la corrupción, no depende de un “salvador”, menos de un caudillo. La lucha contra la corrupción es tarea de todos, no solo debe liderar el Estado y sus servidores públicos, sino depende del compromiso de todos los individuos que forman parte de una sociedad. Además, la historia nos demuestra que extinguir la corrupción, es casi una utopía, tiene más sentido hablar de reducir a su mínima expresión la percepción de la corrupción. En consecuencia, si un candidato te promete una gestión “sin corrupción”, por lo menos, debes dudarlo, porque ni siquiera los países más avanzados del planeta están libres de ese mal social.

jueves, 3 de octubre de 2013

Principales proveedores del Estado durante el 2013

Los principales proveedores del Estado es una recopilación del portal de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La siguiente lista se pueden apreciar a los primeros 250 proveedores que contrataron con diversas entidades de la administración pública en sus tres niveles de gobiernos.

Lo curioso de la lista que aparece a continuación, es que el propio MEF lidera la lista y es, según la información accedida, el principal proveedor en el presente año. Habría que preguntarse cómo es que el MEF se convierte en uno de los proveedores del Estado o bajo qué condiciones. Los 250 proveedores del Estado han contratado, a la fecha, por el monto de S/. 11,393 millones, es decir, el 42,3% del total contratado a la fecha que asciende a S/. 26,890 millones.

Cabe indicar que  439 414 en el número de proveedores del Estado a la fecha.

Consulta de Proveedores del Estado
Fecha de la Consulta:
03-octubre-2013
Resultados: 1 - 250 de 439414, Página 1 de 1758
Código Nombre Monto Girado
  : TOTAL 228,346,835,500.07
Año : 2013 26,890,948,615.95
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Agrupación por Proveedor
----------------------------------------------
20131370645 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 1,252,954,582.86
20100030595 BANCO DE LA NACION 349,469,191.41
20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU 313,147,160.13
20100128218 PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 288,445,340.40
20511130124 INTERSUR CONCESIONES S.A. 270,384,845.21
20109565017 CONSTRUCCION Y ADMINISTRACION S.A. 254,972,010.75
20511125040 CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 2 S.A. 242,374,284.79
20552312814 CONSORCIO VIAL QUILCA MATARANI 238,615,968.91
20524191408 CONSORCIO TREN ELECTRICO 221,658,252.22
20511129975 CONCESIONARIA INTEROCEANICA SUR - TRAMO 3 S.A. 218,938,013.79
20414671773 FONDO MIVIVIENDA S.A. 182,474,452.50
20108068281 CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 163,929,245.00
20550621291 CONSORCIO KISHUARA III 161,064,678.91
20518370881 CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU 151,332,280.30
20551865534 CONSORCIO VIAL HUAURA 142,557,977.72
20100114187 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERA LES S.A. 139,235,894.61
20545650976 CONSORCIO VIAL QUINUA 132,076,775.32
20511004251 CONCESIONARIA IIRSA NORTE S.A. 129,507,844.92
20100053455 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK 129,303,510.58
20100082391 COSAPI S A 111,521,162.25
20552338619 CONSORCIO VIAL JUNIN 111,346,885.67
20100043140 SCOTIABANK PERU SAA 109,455,506.16
20100152356 SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL 107,125,492.37
20100017491 TELEFONICA DEL PERU SAA 104,484,486.19
20289015699 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD 104,334,327.13
20144364059 FUERZA AEREA DEL PERU 90,214,629.51
20537172682 CONSORCIO NUEVA GAMBETTA 89,277,853.06
20100130204 BBVA BANCO CONTINENTAL 83,197,812.78
20545603544 CONSORCIO CHOTA COCHABAMBA 82,211,216.27
20545768462 CONSORCIO INTEGRACION 80,293,648.69
20100003351 SERVICIOS INDUSTRIALES DE LA MARINA S.A. 79,718,516.74
20100163471 JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A. 77,436,591.24
20100035392 EL PACIFICO PERUANO-SUIZA CIA SEG Y REA 73,035,197.34
20302891452 RELIMA AMBIENTAL S.A. 71,691,158.90
20343443961 CONCAR S.A. 70,700,693.15
20537594838 CONSORCIO COSAPI - JOHESA 68,235,278.55
20269985900 EMP.DE DISTRIB.ELECT.DE LIMA NORTE S.A.A 64,737,780.58
20166012687 ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 62,447,977.91
20494158427 CONSORCIO JUANJUI III 61,397,637.35
20347029697 CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC COR P.(PERU) 60,873,049.57
20131312955 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - SUNAT 59,525,721.10
20501439020 OBRAS DE INGENIERIA S.A. 57,829,847.35
20346814731 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA-SUCURSAL DEL PERU 57,386,173.10
20553672130 CONSORCIO VIAL SAN MARCOS 56,932,513.93
20551261434 CONSORCIO CHICAGO II 55,912,793.76
20331898008 LUZ DEL SUR S.A.A. 55,445,924.01
20550972167 CONSORCIO ANDAHUAYLAS 53,817,114.61
20517216241 SURVIAL S.A. 53,371,485.92
20502503180 NIISA CORPORATION S.A. 53,043,355.92
20297566866 PETRAMAS S.A.C. 52,285,234.92
20102297581 CONSTRUCTORA MALAGA HNOS S.A. 51,005,109.43
20551271740 CONSORCIO VIAL TAMBILLO 49,302,751.88
20512201611 INDUSTRIAS ROLAND PRINT S.A.C. / INROPRIN S.A.C. 48,486,115.18
20100028698 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 44,058,898.09
20100153751 GMD S A 43,293,203.40
20125449361 EMP.SERV.LIMP.MUNIC.PUBLICA CALLAO S.A. 42,735,188.27
20536895231 CONSORCIO CAJAMARCA 42,688,296.51
20553475067 CONSORCIO VIAL ACOBAMBA 42,682,651.31
20535571041 CONSORCIO COSAPI - TRANSLEI ( CUSCO -QUILLABAMBA) 42,301,454.72
20100083362 COSAPI DATA S A 41,950,395.35
20517252558 CONCESIONARIA VIAL DEL SUR S.A.- COVISUR S.A. 40,893,008.59
20131380951 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 40,330,769.52
20454073143 LA POSITIVA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS 40,018,075.33
20522232883 CONSORCIO ROLAND PRINT-SERVICIOS PLASTICOS -INNOVAPUCP 39,735,835.40
20551084630 CONSORCIO AGUAS DE UCAYALI 39,367,730.00
20302241598 KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. 39,136,146.54
20493327268 MORGAN DEL ORIENTE SAC 39,086,445.94
20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION SUCURSA L DEL PERU 38,870,857.86
20552395507 CONSORCIO ALVAC - JOHESA 38,730,000.00
20101639275 IPESA S.A.C. 36,943,329.00
20100041953 RIMAC SEGUROS Y REASEGUROS 36,725,664.34
20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS 36,302,586.95
20545740452 VVO CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. SUCURSAL DEL PERU 35,398,807.58
20482557369 NEO MOTORS S.A.C. 34,687,958.67
20549317279 CONSORCIO GESTIONES VIALES DEL NORTE 34,376,549.34
20547094043 CONSORCIO CAJAMARCA 2 33,954,587.42
20301171316 CONSTRUCOES E COM.CAMARGO CORREA SA SUC. 33,691,172.84
20202380621 MAPFRE PERU COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 33,633,374.19
20420248645 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUB LICO - OSITRAN 33,438,034.15
20293774308 TRACTO - CAMIONES USA E.I.R.L 32,593,340.85
20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A 32,160,857.81
20516872561 CONSORCIO  OBRAINSA  -  SVC 32,030,514.76
20524979226 CONSORCIO IZCUCHACA 31,988,475.90
20549321039 CONSORCIO ABRA TOCCTO 31,376,346.24
20515121201 CONCESION CANCHAQUE S.A.C 31,328,497.46
20509656607 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. SUCURSAL PERU 31,200,602.14
20100240301 MANFER S.R.LTDA. CONTRATISTAS GENERALES 31,061,287.01
20550176549 CONSORCIO VIAL LA ENCAÑADA 31,037,045.14
20130471464 COMERCIAL TRES ESTRELLAS S.A. 30,461,378.66
20431115825 PACIFICO S.A. ENT. PRESTADORA DE SALUD 30,247,464.25
20509093521 CONCESIONARIA TRASVASE OLMOS S.A. 30,015,142.49
20100366151 SANTILLANA SA 29,465,295.52
20100072751 EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU 29,097,464.68
20254165035 OFICINA DE NORMALIZACION PREVISIONAL ONP 28,729,541.68
20296027945 C.A.M.E CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES SA 27,657,478.77
20523730852 CONSORCIO CESEL - PÖYRY O CONSORCIO CESEL SA - PÖYRY 27,617,520.59
20467534026 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 26,143,972.99
20364212829 INGENIERIA Y CONSTRUCCION PERUANA S.A.C. 26,011,314.87
20550629195 CONSORCIO PERICOS - SAN IGNACIO 25,204,365.89
20264545812 SEVILLA RODRIGUEZ SRL 25,177,944.46
20546681476 CONSORCIO SANEAMIENTO PACASMAYO 25,042,018.92
20371828851 QUAD/GRAPHICS PERU S.A. 24,265,582.94
20504036961 SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A (SICE) 24,160,953.37
20100717124 PROTECCION Y RESGUARDO S A 23,854,981.06
20483453362 A & J INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 23,708,097.40
20548572763 CONSORCIO PERUANO DE CONSERVACION 23,408,015.07
20502797230 DIVEIMPORT S.A. 23,322,961.64
20514513172 AEROPUERTOS DEL PERU S.A. 23,271,490.36
20551219152 CONSORCIO EJECUTOR ATE 23,205,185.58
20100162076 EMPRESA DE SEGURIDAD,VIGILANCIA Y CONTROL S.A.C 23,186,840.47
20103913340 ORVISA SOCIEDAD ANONIMA 22,794,161.46
20550239214 CONSORCIO SAYAN 22,658,090.27
20511609675 ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 22,266,133.70
20548083568 CONSORCIO MALA II 22,057,706.67
20430090799 INVERSIONES GENERALES ESTRELLA S.A. 22,045,321.50
20503563704 CHUNG & TONG INGENIEROS S.A.C. 22,006,925.11
20100018625 MEDIFARMA S A 21,942,988.15
20100123411 INDRA PERU S.A. 21,913,764.71
20518620828 CONSORCIO VIAL KISHUARA 21,908,056.11
20543208923 CONSORCIO GMD S.A. - INDRA PERU S.A. 20,941,649.40
20131369558 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 20,746,509.29
20138695884 FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. - FINVER CALLAO S.A. 20,546,557.89
20349065488 EUROSHOP S.A. 20,351,461.55
20552403534 CONSORCIO EJECUTOR TINGO MARIA 20,229,978.00
20100049008 CIA PERUANA DE RADIODIFUSION S A 19,874,156.95
20510051395 SOLUCIONES ALIMENTICIAS S.A.C 19,584,919.89
20550879035 CONSORCIO VIAL APURIMAC 19,474,287.13
20129646099 ELECTROCENTRO S.A. 19,228,116.70
20539870956 CONSORCIO SANCHEZ CARRION 19,097,110.56
20508794968 INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. 18,971,289.89
20521807599 CONSORCIO HOSPITALARIO 18,949,855.99
20543011976 GYM FERROVIAS S.A. 18,872,522.98
20515392735 SERVICIOS GENERALES RONALD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SERGEROSAC 18,776,015.04
20515702602 CONSORCIO LAS VEGAS 18,758,494.71
20503379521 INGENIERIA CORPORATIVA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 18,551,020.92
20489532981 MEGA INVERSIONES S.R.L. 18,391,660.12
20547385871 CONSORCIO HOSPITALARIO LAS MERCEDES 18,367,657.98
20548828822 CONSORCIO VIAL ILAVE 18,183,058.94
20133176404 JAST S.R.L. 18,007,927.95
20116544289 ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 17,964,358.94
20549992677 CONSORCIO VILCANOTA 17,861,880.83
20547233183 CONSORCIO NORORIENTAL DE VIALIDAD 17,636,141.76
20259662011 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA - UNICEF 17,412,184.31
20530862845 'INGENIERIA Y DESARROLLO' S.A.C 17,366,997.30
20545054699 CONSORCIO NOR PERU 17,213,138.24
20546845924 CONSORCIO SANTA CRUZ 17,154,478.03
20100114420 ANDINA DE RADIODIFUSION S.A.C. 16,961,116.07
20131369981 INSTITUTO NACIONAL DE ESTAD. E INFORMATI 16,918,124.97
20191808241 MULTIOBRAS S.A. CONTRATISTAS GENERALES 16,890,194.27
20277577314 SERVICENTRO JAKELINE S.C.R.LTDA. 16,699,917.15
20524491207 CONSORCIO SERVICIOS VIALES 16,673,914.96
20547871465 CONSORCIO VIAL SIHUAS 16,670,838.76
20558202794 CONSORCIO CERRO COLORADO PLUVIAL 16,371,866.43
20551817050 CONSORCIO COLTANI 16,305,657.46
20549506322 CONSORCIO VIAL DEL CENTRO 16,225,461.18
20131367423 MUNICIPALIDAD SANTIAGO DE SURCO 16,191,441.01
20544756321 CONSORCIO FERROVIARIO DE LA SELVA 16,087,208.15
20100176450 REPSOL GAS DEL PERU S.A. 16,057,185.80
20480332459 INGENIEROS ABC CONTRATISTAS GENERALES SAC 15,955,860.00
20125862561 PROMOTORA INTERAMERICANA DE SERVICIOS SA 15,954,673.63
20351575574 CONSTRUCTORA URANIO S.A.C 15,757,569.88
20173136499 INDUSTRIAS ARGUELLES Y SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 15,680,622.27
20132023540 EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRONORTEMEDIO SOCIEDAD ANONIMA - HIDRANDINA 15,668,904.57
20137988349 SOCIEDAD AGRICOLA SAN AGUSTIN S.A. 15,548,782.00
20536429183 TOYOTA TSUSHO AUTOMOVILES S.A.C. 15,482,274.66
20141501705 S T I CONTRATISTAS GENERALES S R L 15,363,939.59
20101064191 CESEL S A 15,295,832.34
20100070031 VOLVO PERU S A 15,138,423.49
20547769857 CONSORCIO HOSPITALARIO MOYOBAMBA 15,086,628.09
20544462921 SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, COPASA, SUCURSAL DEL PERU 14,937,776.31
20421413216 FDO.CONSOLIDADO DE RESERV. PREVISIONALES 14,929,125.00
20511179051 FRECUENCIA LATINA REPRESENTACIONES S.A.C. 14,836,921.89
20154491873 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO 14,637,268.99
20100144922 GRUPO PANA S.A. 14,555,260.73
20535804754 CORPORACION COMERCIALIZADORA & CONFECCIONES GENERALES E.I.R.L. 14,506,611.90
20550908230 CONSORCIO TECNOLOGIA INTEGRAL TRADING S.A.C Y CONSTRUCTORA HANARO S.A 14,462,445.78
20550052904 CONSORCIO LA MERCED II 14,422,459.03
20535848379 CONSORCIO VIAS PERU 14,324,975.91
20550349826 JM INGENIEROS - C&C EJECUTIVOS 14,282,458.64
20550795796 CONSORCIO CHORRILLOS 14,059,359.85
20552890699 CONSORCIO VIAL MAYOCC 14,002,500.94
20127745910 MAXIMA INTERNACIONAL S.A. 13,965,680.28
20536289586 CONSORCIO VIAL VALLE SAGRADO 13,951,245.29
20100999430 DOMIRUTH TRAVEL SERVICE S.A.C 13,831,197.59
20100049181 TAI LOY S.A. 13,812,262.74
20106641529 SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD SA 13,770,020.10
20253881438 COBRA PERU S.A 13,674,467.52
20101049711 C.A.H. CONTRATISTAS GENERALES S.A. 13,628,071.58
20254813720 CHAVIN DE HUANTAR E.I.R.L 13,628,048.63
20492353214 GRUPORPP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 13,605,182.74
20301552115 AMERIKA PROMASER S.R.L. 13,571,268.31
20550568200 CONSORCIO SANTA TERESITA 13,561,625.62
20550980933 CONSORCIO HUARALINO 13,555,657.57
20487281388 EMPRESA CONSTRUCTORA  ERWI S.A.C. 13,206,857.93
20367759551 CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS DEL SUR SAC 13,203,517.79
20518737181 MESTRAL S.A.C. 13,190,783.08
20291059792 GOALS S.A. 13,154,153.45
20550087368 CONSORCIO CONSTRUCTOR HUANTA 13,121,641.82
20550722306 CONSORCIO PUENTE VIEJO 13,009,094.25
20548680574 SIGMA EQUIPMENT DEL PERU S.A.C. 13,004,174.01
20377339461 B.BRAUN MEDICAL PERU S.A. 13,002,892.88
20550967759 CONSORCIO HUANCAYO 12,896,936.33
20509586986 CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.S. SUCURSAL PERU 12,896,933.24
20492168581 CONSORCIO REQUE 12,752,925.37
10012050017 SUCA MAMANI FERNAN TEODORO 12,647,138.52
20447206987 H & O CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. 12,630,975.51
20299922821 BB TECNOLOGIA INDUSTRIAL S.A.C. 12,563,400.70
20543779670 CONSORCIO FANNING II 12,519,347.26
20129895986 STENICA SA. 12,517,585.17
20414955020 RIMAC S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SALUD 12,459,597.13
20552070977 CONSORCIO SUPERVISOR HUAURA 12,399,286.56
20548472386 CONSORCIO CENTRO DE RIESGOS COMERCIALES S.A.C. - COSAPI DATA S.A 12,368,292.67
20100193117 CORPORACION MISTI S.A. 12,214,324.89
20539993012 CONSORCIO BOLIVARIANO 12,165,375.36
20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS SOCIEDAD ANONIMA 'O ' S.P.S.A. 12,163,120.86
20155140942 CENTRO VACACIONAL DE HUAMPANI 12,076,923.56
20514964778 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 12,033,563.06
20358000348 CORRALES INGENIEROS S.R.L. 11,904,846.03
20547347511 CONSORCIO SAN GENARO 11,852,783.21
20125508716 XIMESA S.A.C. 11,842,234.50
20524233259 CONSORCIO PALLASCA 11,677,238.64
10282707069 BELLIDO VILCHEZ JORGE POMPEYO 11,612,370.95
20101317316 DIESTRA S.A.C. 11,428,702.39
20412126913 AUREUM CONSTRUCTORES S.A.C. 11,344,087.51
20507983481 JMK CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 11,333,966.61
20256136865 SERVICIOS POSTALES DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA     "SERPOST S.A." 11,325,979.02
20503900395 SERVICIOS GENERALES JHAN MARCO E.I.R.L. 11,318,854.79
20503578485 CORPORACION ORDOñEZ CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 11,294,918.77
20112846477 TRAVEL TIME S A 11,165,774.24
20160286068 MAQUINARIAS S.A. 11,162,229.78
20559513149 CONSORCIO VIAL SIPAN 11,076,212.12
20479401765 CONSTRUCTORA OLFRA S.A.C. 11,048,395.24
20517754499 DIRECCION GENERAL DE ELECTRIFICACION RURAL 11,016,529.14
20125412875 COMERCIAL GIOVA S.A. 10,971,899.69
20100432472 CIA INDUSTRIAL ALFISA S R LTDA 10,929,634.24
20524041422 CONSORCIO PICHARI 10,876,444.71
20367062283 CONSTRUCCION Y SERVICIOS LOGISTICOS S.A 10,858,272.96
20100868254 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS EN GENERAL SRL - COPEGER SRL 10,679,777.56
20261898706 ADEXUS PERU SA 10,657,075.79
20492632440 VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS S.A.C. - VEMAEQUIP S.A.C. 10,548,125.06
20551575374 CONSORCIO SAN MARTIN I 10,495,787.03
20344966096 SYSTEM DATABASE S.A. 10,440,291.56
20232236273 EMP CONCESIONARIA DE ELECT DE UCAYALI SA 10,345,895.48
20537143747 CONSORCIO MAZOCRUZ 10,321,579.40
20100226147 FRANCISCO CARBAJAL BERNAL S.A. 10,303,393.58
20451647998 CONSORCIO PROCESOS DIGITALES 10,159,687.03
20454999445 ENOBRA CONTRATISTAS S.A.C. 10,142,354.23
20541143891 CONSORCIO AGUAS CALIENTES 10,139,174.90
20549960392 CONSORCIO ACTIVA PERU M&O CONSTRUCTION SAC - CONSTRUCIONES MOYUA SL - OBRAS ESPECIALES NAVARRA S.A. 10,068,281.76
20486463440 O Y M CONSTRUCTORES S.A.C. 10,051,141.79