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jueves, 26 de junio de 2025

Democracias a la deriva y ciudadanía ausente

Por Wens Silvestre

Desde inicios del siglo XXI, pero con especial intensidad en el último quinquenio, las democracias del mundo han enfrentado una creciente erosión. Autocracias electas, liderazgos populistas, manipulación de información mediante tecnologías digitales y polarización social han debilitado los fundamentos del gobierno representativo. Informes como los de Freedom House, V-Dem y The Economist Democracy Index coinciden: hay más retrocesos que avances. Y lo más preocupante es que estos procesos no solo se dan en regímenes frágiles, sino en democracias consolidadas como Estados Unidos, Israel, India y Brasil.

En este escenario global, la apatía ciudadana y el debilitamiento de los partidos políticos como intermediarios entre el poder y la población explican, en parte, por qué se eligen líderes autoritarios, ineficientes o corruptos. No es solo un fracaso de las élites; es también una falla colectiva de la ciudadanía global por no asumir un rol activo y deliberativo. 

En el caso peruano, la crisis democrática ha sido aún más aguda. Entre 2016 y 2025, el país ha tenido seis presidentes en menos de diez años, y un Congreso que, lejos de representar al pueblo, ha actuado como un órgano de blindaje, cooptación institucional y producción legislativa arbitraria.

El Congreso ha utilizado su poder para aprobar leyes por insistencia, incluso contra la opinión técnica del Ejecutivo y de organismos autónomos. Se ha fortalecido su control indirecto sobre instituciones como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia y ha intentado socavar la independencia del Ministerio Público. Al mismo tiempo, ha promovido leyes abiertamente inconstitucionales o regresivas: la contrarreforma universitaria, la eliminación de detención preliminar, leyes punitivas contra adolescentes, restricciones al referéndum y leyes anti-ONG.

Lo más alarmante es que este copamiento se ha hecho sin una ciudadanía vigilante ni activa. La pasividad ha sido funcional al deterioro democrático.

¿Y el ciudadano? ¿Elector o cómplice?

La última encuesta de Datum (junio 2025) revela un dato estructuralmente preocupante: el 63 % de peruanos no simpatiza con ningún partido político y el 68 % prefiere votar por partidos nuevos (Congreso) antes que conocidos. Aunque esto refleja una legítima desilusión, también denota una ciudadanía que no ha desarrollado criterios sólidos de deliberación ni exigencia institucional.

Ø  El 53 % de encuestados prefiere un candidato "nuevo" en política frente a uno con experiencia (38%), incluso si eso implica mayor improvisación.

Ø  El 70 % decide su voto evaluando tanto al candidato como al partido, pero el 15 % lo hace solo por el candidato, sin importar el grupo que lo respalde.

Ø  Los atributos más valorados para el próximo presidente son sus propuestas (39 %) y su experiencia laboral (22 %), mientras que solo el 12% valora su trayectoria política.

La consecuencia es que figuras mediáticas o antisistema ganan protagonismo: Carlos Álvarez lidera la simpatía con 39 %, seguido por López Aliaga (29 %) y Yonhy Lescano (22 %). Paradójicamente, muchos de estos candidatos no tienen un proyecto institucional serio, y algunos acumulan altos niveles de rechazo (más del 30 % en varios casos).

Opciones rumbo a 2026: ¿refundar o repetir?

El Perú se encamina hacia las elecciones generales de 2026 con un ecosistema político devastado:

Ø  Los partidos tradicionales han perdido arraigo y credibilidad.

Ø  El Congreso continúa aprobando normas que debilitan la democracia y los derechos fundamentales.

Ø  El Ejecutivo, encabezado por Dina Boluarte, ha sido cómplice por omisión o conveniencia, prefiriendo sobrevivir al costo de abdicar del control constitucional.

Sin embargo, la encuesta de Datum también muestra que la ciudadanía quiere un cambio: exige seguridad (46 %), economía (41 %), y lucha contra la corrupción (39 %) como prioridades para el próximo gobierno. El problema es que no encuentra a quién confiarle esa tarea.

O elegimos mejor, o dejamos de ser democracia

Las democracias no mueren de un golpe. Mueren de apatía, improvisación y elecciones sin memoria. El Perú es hoy un espejo de lo que ocurre a nivel global: la democracia está siendo vaciada desde dentro, no solo por los políticos, sino también por una ciudadanía que elige sin evaluar, que vota sin exigir, que observa sin participar.

Si 2026 se convierte en una repetición de los errores del pasado —eligiendo figuras sin equipos, partidos sin principios o candidatos sin trayectoria ni visión de país— entonces el país seguirá descendiendo en su espiral autoritaria. La oportunidad aún existe. Pero no es tarea solo de los políticos. Es, sobre todo, tarea de los ciudadanos.

domingo, 29 de diciembre de 2024

Demagogia y populismo: el balance crítico de una gestión de gubernamental

Por: Wens Silvestre 

La gestión de Dina Boluarte, estrechamente ligada al Congreso —representado por bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y otras—ha sido un terreno fértil para desaciertos que han impactado no solo en la estabilidad política del país, sino también en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Este artículo busca ofrecer un balance crítico de su administración, destacando los efectos nocivos de la demagogia y el populismo que predominan en el Ejecutivo y el Legislativo, y que ponen en peligro el futuro del país. 

Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, Dina Boluarte ha acumulado un largo historial de cuestionamientos. Las investigaciones judiciales relacionadas con su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y casos emblemáticos como el “Rolexgate” han debilitado su ya frágil credibilidad. A esto se suma una preocupante inacción en 2024: Boluarte no registró actividades oficiales en 106 días, casi un tercio del año, lo que evidencia una desconexión preocupante con las necesidades urgentes del país. 

El Congreso, por su parte, ha demostrado ser un aliado estratégico en esta dinámica. Con su respaldo, Boluarte ha sobrevivido a múltiples intentos de vacancia. Sin embargo, este blindaje político no está exento de costos: perpetúa un Ejecutivo carente de visión y refuerza la percepción de un Parlamento más preocupado por intereses partidarios que por el bienestar colectivo. Los efectos de estas decisiones populistas—como leyes que aumentan el gasto sin sustento técnico—se sienten en la economía y en la confianza ciudadana. 

La crisis fiscal del Perú es uno de los puntos más preocupantes de la actual gestión. El déficit fiscal superó el 3% del PBI en 2024, encendiendo alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este desequilibrio no es casualidad: la administración ha priorizado medidas populistas, como bonos masivos y subsidios, en lugar de focalizar el gasto en inversiones estratégicas en infraestructura, salud o educación. 

Populismo y demagogiaEn este contexto, resuena la advertencia de Milton Friedman: "Concéntrese en una sola cosa: ¿Cuánto gasta el gobierno? Porque ese es el verdadero impuesto... El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos."

Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, los ciudadanos terminan pagando el precio, ya sea mediante inflación, deuda o recortes en servicios esenciales. Perú está hipotecando su futuro con decisiones que no solo desestabilizan la economía, sino que también siembran incertidumbre entre inversionistas y actores internacionales.

El Congreso no ha sido un contrapeso adecuado frente a los errores del Ejecutivo; por el contrario, ha fomentado la crisis. Desde la aprobación de leyes que limitan el rol de los organismos fiscalizadores hasta propuestas que desincentivan la inversión privada, el Parlamento parece haber abandonado su rol fiscalizador para convertirse en un bastión de medidas populistas que erosionan la democracia.

La falta de un liderazgo responsable en el Legislativo agrava la percepción de un sistema político fallido. Esta complicidad entre Ejecutivo y Congreso no solo daña la imagen institucional, sino que alimenta un círculo vicioso de desconfianza ciudadana y apatía hacia la política. 

Nuestro país necesita abandonar el ciclo de demagogia y populismo que domina tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. La crisis actual no se resolverá con parches ni discursos grandilocuentes, sino con reformas profundas que prioricen la transparencia, la eficiencia y el interés público. 

El control del gasto público debe ser una prioridad. Sin una gestión responsable, cualquier medida será insuficiente para garantizar el crecimiento económico sostenible que el país necesita. Además, es imperativo reconstruir la institucionalidad para que las decisiones políticas reflejen los intereses de los ciudadanos y no de grupos de poder. 

Milton Friedman tenía razón: lo que importa no es la deuda per se, sino cómo y en qué se gasta el dinero público. El Perú está en un punto de inflexión, y sus líderes tienen la oportunidad de corregir el rumbo o condenar al país a un estancamiento perpetuo. 

El balance de la gestión de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso no deja lugar a dudas: el populismo y la demagogia han debilitado las bases de nuestra democracia. Sin embargo, también es un llamado a la reflexión y a la acción. El Perú no puede permitirse más demoras ni excusas. 

Es hora de que los líderes políticos miren más allá de sus intereses particulares y trabajen en reformas estructurales que fortalezcan la democracia, recuperen la confianza ciudadana y garanticen un futuro más justo y próspero para todos. 

Porque al final del día, la política no debería ser un juego de poder, sino un instrumento para construir un país mejor.

domingo, 13 de octubre de 2024

Crisis de gobernabilidad y el clamor de la ciudadanía

 Por Wens Silvestre

La última encuesta de Datum deja poco margen a la interpretación: la confianza de la ciudadanía en el Estado peruano, especialmente en el Congreso (9%) y la presidenta Dina Boluarte (5%), está en uno de sus puntos más bajos. En medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, surgen movimientos sociales como el paro nacional de transportistas, un reflejo de un país que clama por ser escuchado.

Esta movilización, que inicialmente buscaba la derogación de la Ley de Crimen Organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, fue más allá de la problemática sectorial del transporte. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha anunciado que el próximo paro nacional –aún por definirse, pero posiblemente entre el 22 y el 24 de octubre– contará con una participación aún más amplia, involucrando a sectores como bodegueros, panaderos, pesqueros, universitarios, y choferes, entre otros. La situación es tan crítica que se ha creado una Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de consolidar una voz unificada y contundente frente al Congreso.

Popularidad de presidenta de la República

Los reclamos de los transportistas no son aislados; representan el sentir generalizado de un país donde la inseguridad, la crisis económica y la falta de atención estatal parecen haberse vuelto la norma. La decisión de suspender temporalmente el paro tras la promesa de diálogo con el Legislativo no logró sofocar el malestar. Los dirigentes pronto descubrieron, en palabras de Campos, que “no iban a derogar la Ley 32108”, y que los congresistas no estaban dispuestos a ceder. El fracaso del diálogo solo ha exacerbado la percepción de indiferencia del Congreso y ha fortalecido la determinación de los gremios de llevar a cabo un paro aún más masivo.

En este contexto, la encuesta de Datum expone una profunda crisis de confianza en las instituciones. La población percibe al Congreso y al Ejecutivo no solo como ineficientes, sino como desinteresados en atender sus necesidades. Esta desconfianza no solo mina la gobernabilidad, sino que abre la puerta a escenarios de inestabilidad que podrían ser aprovechados por sectores autoritarios o radicales.

Escenarios posibles

1. Si el Congreso y el Ejecutivo mantienen su postura actual de indiferencia y falta de respuesta concreta a las demandas ciudadanas, el país podría enfrentar un aumento en la conflictividad social. No solo transportistas, sino otros gremios podrían sumarse a movilizaciones, desencadenando paros nacionales de 48 o 72 horas, como lo advierte Campos. Este escenario elevaría el descontento ciudadano y podría derivar en actos de violencia, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

2. En un intento de evitar un paro de gran escala, el Legislativo podría optar por realizar concesiones parciales, como el inicio de mesas de diálogo sectoriales o la revisión de ciertos puntos de la legislación en cuestión. Sin embargo, si estas concesiones se perciben como insuficientes o como simples gestos políticos, los gremios podrían interpretarlas como una falta de compromiso real, lo que solo pospondría la conflictividad y fortalecería su organización para futuras movilizaciones.

3. Reforma institucional y reestructuración de la relación Estado-sociedad, este sería el escenario menos probable, pero el único capaz de resolver de raíz la crisis. Requeriría que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la gravedad de la situación y emprendan una agenda de reformas que aborde problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad y la desconexión con las necesidades ciudadanas. Esto implicaría revisar legislaciones que han generado rechazo, y promover un Estado más eficiente y transparente. Este tipo de reestructuración es demandante, y podría encontrar oposición dentro de los propios poderes del Estado; sin embargo, es la única alternativa para evitar el colapso de la institucionalidad.

Nuestro país se encuentra en un dilema. Las próximas semanas serán decisivas, no solo para los transportistas y demás gremios que evalúan sumarse al paro, sino para el futuro de la democracia en el país. El anuncio de un nuevo paro nacional y la consolidación de la Coordinadora Nacional de Lucha revelan el apremio de los reclamos y el hartazgo de la ciudadanía. La demanda es clara: un cambio que solo puede surgir desde la esfera política, mediante una voluntad genuina de reformar y responder a las necesidades del pueblo peruano.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y esperanza, esperando que sus representantes en el Congreso y el Ejecutivo comprendan que la indiferencia no es una opción. Nuestra democracia necesita instituciones fuertes y comprometidas, capaces de restaurar la confianza en un Estado que hoy parece haber olvidado su principal deber: servir al pueblo.

Fuente gráfico: Datum 


domingo, 9 de junio de 2024

La corrupción y el desarrollo sostenible

Por: Wens Silvestre

Nuestro país enfrenta una crisis social y económica que parece tener raíces profundas en su historia. Desde la época virreinal, el país ha estado marcado por un mestizaje que, lejos de ser una simple mezcla cultural, ha servido para perpetuar las desigualdades y consolidar estructuras de poder que aún persisten. Esta herencia colonial ha dejado una huella indeleble en la gestión del Estado y en las prácticas cotidianas de los peruanos.

Uno de los problemas más acuciantes es la corrupción, un mal institucionalizado que se manifiesta en todas las esferas de la vida pública y privada. La incapacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal ha creado un entorno donde la corrupción no solo es tolerada, sino que se ha normalizado. Esta situación es particularmente evidente en la gestión estatal, donde la colusión y el uso indebido de los recursos públicos son la norma más que la excepción.

El Estado peruano, concebido para proteger las libertades individuales y asegurar el bienestar común a través de la división de poderes, ha fallado en su misión. Aunque la Constitución ha sido enmendada en numerosas ocasiones, el funcionamiento del Estado sigue siendo deficiente. En lugar de servir a la ciudadanía, muchos funcionarios públicos utilizan sus posiciones para perseguir fines personales y de grupo. Esta realidad se observa en todas las organizaciones que conforman el aparato estatal. 

Un ejemplo claro es el de los servidores públicos en unidades orgánicas de logística que se coluden con proveedores "amigos", ignorando las leyes y reglamentos de contratación para su propio beneficio. Este tipo de actos no solo dañan a la entidad estatal, sino a la sociedad en su conjunto. La frase común entre los funcionarios, "si no es tu dinero, qué te importa", refleja una actitud de indiferencia hacia el uso de los recursos públicos. 

El resultado de esta gestión ineficiente es evidente: en los últimos 20 años, el presupuesto del Estado se ha quintuplicado, pero la calidad de los servicios ha disminuido. Los ciudadanos, quienes deberían beneficiarse de estos recursos, ven cómo su calidad de vida no mejora mientras los funcionarios engordan sus arcas. Esta situación genera una constante crisis política, exacerbada por la corrupción que afecta a todos los niveles del gobierno. 

Desde la década de 1990 hasta 2024, todos los presidentes peruanos han sido procesados o están siendo procesados por corrupción, al igual que numerosos congresistas, jueces y fiscales. La incapacidad de reflexión y la cultura del negacionismo han permitido que los corruptos eludan la justicia, perpetuando un ciclo de impunidad. Los ciudadanos, por su parte, parecen incapaces de reflexionar y elegir a líderes menos propensos a la corrupción. 

Para romper este círculo vicioso, es necesario que desarrollemos una capacidad de autocrítica y reflexión sincera sobre el daño causado por la corrupción. Más allá del color político, los ciudadanos tienen la obligación de cuestionar y criticar la mala gestión de sus autoridades. Asimismo, los funcionarios públicos deben autoevaluar su desempeño y, si no están preparados para sus roles, renunciar para evitar dañar aún más a la sociedad. 

La mediocridad y la testarudez de los políticos actuales han silenciado la indignación ciudadana. Sin embargo, aún hay esperanza. La clave para un Perú mejor radica en ciudadanos reflexivos y autocríticos que rescaten la indignación del silencio cómplice y ejerzan su derecho al voto de manera razonable y reflexiva. 

En un país donde el crecimiento económico ha sido notable en las últimas décadas, pero la desigualdad y la corrupción siguen siendo barreras significativas, el desarrollo sostenible requiere una reforma profunda. Es fundamental implementar políticas efectivas que promuevan y fortalezcan no solo las capacidades y ética de los trabajadores al servicio del Estado, sino la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Solo así se podrá construir un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. 

Nuestro país tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Con ciudadanos comprometidos y un liderazgo político íntegro, el país puede superar sus retos históricos y avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos sus habitantes. El camino es largo y arduo, pero al final siempre hay una luz de esperanza para quienes estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor.

viernes, 13 de mayo de 2011

MERCADERES EN EL TEMPLO

El editorial completo escrito por Fritz Du Bois, Director del Diario Perú21, publicado en la edición del día de hoy, a propósito de las leyes que se vienen aprobando en el Congreso de la República sin previa evaluación de los costos y beneficios para la sociedad en su conjunto. Me permito difundirla porque la considero una importante observación que hace Fritz.

"Mercaderes en el templo

Autor: Fritz Du Bois

El Parlamento es el templo de la democracia y, como tal, debería de ser respetado por los que son elegidos parlamentarios. Desafortunadamente, lo que estamos presenciando de los legisladores los asemeja más a los mercaderes que Jesús corrió a fuetazos.

Es realmente alarmante lo que está ocurriendo en el Congreso, ya que están tratando de completar una agenda legislativa plagada de leyes escandalosas que van a causar un enorme daño al país. Sin embargo, los congresistas ni se dan por enterados de la indignación del ciudadano.

Más aun, habiendo quedado desempleados el 80 por ciento del actual contingente de parlamentarios, se presenta la aterradora situación de que la mayoría de ellos no tienen futuro político ni potencial laboral en el mercado, pero les queda tiempo con capacidad de decisión para aprobar leyes que pueden representar jugosas ganancias para grupos de interés o empresarios.

Incluso, hasta han perdido la vergüenza y ya no revisan las leyes que son observadas por el Gobierno. Ahora, simplemente, las aprueban por insistencia, promulgándolas y enviándolas directamente a El Peruano.

De esa manera, han aprobado una ley para beneficiar con cientos de millones al grupo Oviedo y otra para darle un millonario cheque en blanco a compañeros o partidarios que son dirigentes de supuestas cooperativas de servicio que estaban camino al olvido pero que ahora, sin duda, van a florecer por doquier, ya que esos afortunados podrán lucrar significativamente con la distorsión tributaria que les han regalado. Felizmente, algunos de nuestros padres de la patria se ausentaron o se fueron al baño y la ley de autos usados no logró el apoyo necesario.

En realidad, se debería suspender las sesiones del Pleno para solo convocarlas en casos de urgencia y evitar el riesgo de que se aprueben leyes costosas y perjudiciales. Lamentablemente, el presidente del Congreso parece ser el más interesado en acelerar la aprobación de legislación tan cuestionada.

Así tenemos que aún le queda cinco semanas de trabajo a este Parlamento y, para colmo, han decidido reunirse en plenaria tres veces por semana. Al final de esta potencial orgía mercantilista, nuestros congresistas terminarán probablemente satisfechos y bien remunerados. Con ello, muchos podrán afrontar el forzoso descanso laboral que el electorado les ha dado para los próximos cinco años, pero dejarán al país quebrado."