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miércoles, 6 de marzo de 2024

Reflexiones constitucionales y perspectivas democráticas en el Perú: La bicameralidad en debate


Por: Wens Silvestre

En los últimos años, el Perú ha experimentado una constante crisis política que ha erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. La caída del presidente Pedro Castillo y las subsiguientes acciones del Congreso han evidenciado desafíos que enfrenta el país en términos de transparencia, responsabilidad y respeto por los principios democráticos fundamentales.

La baja aprobación del Congreso peruano, como reflejo de la falta de confianza ciudadana en sus representantes, plantea interrogantes sobre la salud de la democracia en el país. La serie de escándalos y la impunidad de los miembros del Congreso han alimentado un clima de descontento y frustración entre la población. La vulneración de procesos legislativos, como el intento de adelanto de elecciones revertido mediante estrategias legales, ha socavado la confianza en la capacidad del sistema político para responder a las demandas y expectativas del pueblo.

En este escenario, la reciente aprobación en segunda votación de la ley que propone la reintroducción de la bicameralidad en el Congreso merece un análisis detenido. Esta reforma constitucional, que pretende establecer la bicameralidad, se presenta como una respuesta a la necesidad de mejorar la representatividad y la participación política en el país.

El objeto de la ley es claro: reformar la Constitución Política del Perú para instaurar la bicameralidad en el Congreso de la República. Se argumenta que esta medida busca propiciar una mejor representación regional. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo este proceso plantea preguntas sobre la legitimidad y transparencia de la decisión, especialmente en lo que respecta a las restricciones sobre quiénes pueden acceder a cargos de senador, condicionando la elegibilidad a experiencia previa como congresistas o diputados, generando interrogantes sobre la renovación y diversidad en la representación política.

La propuesta detalla la composición de la Cámara de Diputados y Senadores, estableciendo que la Cámara de Diputados contará con 130 representantes, mientras que la Cámara de Senadores tendrá 60 miembros. La inclusión de la garantía de elegir al menos un senador por cada circunscripción electoral y por cada una de las regiones busca asegurar una representación más equitativa y descentralizada en el Senado y la duración de los mandatos de cinco años. La garantía de que la implementación de la bicameralidad no aumentará el gasto público, es clave, financiándose con el mismo presupuesto de la institución, es una medida tranquilizadora. Sin embargo, la clave está en la efectividad de estas disposiciones y su capacidad para lograr los objetivos declarados.

El proceso de aprobación, al superar más de dos tercios del número legal de congresistas requeridos en segunda votación se excepcionó del referéndum constitucional, destaca la importancia de la aceptación en el Congreso. No obstante, la ciudadanía debe estar alerta y participar activamente para asegurar que estas decisiones reflejen verdaderamente los intereses del pueblo.

En síntesis, la reintroducción de la bicameralidad en el Parlamento peruano se presenta como una medida para fortalecer la representatividad y participación política. Sin embargo, la implementación de esta reforma debe ser vigilada de cerca para evitar abusos y asegurar que realmente contribuya a la consolidación de una democracia más fuerte y representativa en el Perú. La participación ciudadana, la transparencia y el escrutinio constante serán fundamentales para el éxito y la legitimidad de este proceso.

jueves, 10 de mayo de 2018

Parlamento unicameral o bicameral


Por: Wens Silvestre

A propósito de una pregunta en la materia de Derecho Parlamentario, relacionado al sistema parlamentario –monocameralismo o bicameralismo- y la organización que requiere para funcionar, y si éste tiene correlación o influyen en el buen cumplimiento o en la eficacia de la función parlamentaria. Al respecto, expongo resumidamente un punto de vista.

Antes de responder directamente a la interrogante planteada, a manera de referencia debo señalar unos datos interesantes obtenidos de un estudio realizado por Latinobarómetro[1] (2015). Las cifras estadísticas a nivel de Latinoamérica, en relación a la representación parlamentaria señala que solo el 23% de la población se siente representado por su Congreso, en tanto, el 70% consideró que no se encontraba representado. Lo interesante es que los países que estaban igual o por debajo del promedio señalado era independientemente de si se refería a un sistema parlamentario unicameral: Perú (8%), Costa Rica (17%) y Ecuador (23%) o Bicameral: Paraguay (14%), México (17%), Chile (19%) y Colombia (22%). Pero, también es necesario hacer notar que el parlamento que mejor representa a sus ciudadanos es Uruguay (bicameral) con 45%, seguido de Nicaragua (unicameral) con 36%.

Con dichas cifras podríamos inferir que en realidad no es tan relevante si un parlamento es unicameral o bicameral, sino importa cuánto representado se siente el ciudadano para sentir que pueden aprobar la labor del Congreso.

El Congreso, independientemente del sistema parlamentario (unicameral o bicameral) requiere una organización capaz de responder con eficacia en la materialización de sus funciones parlamentarias clásicas (legislativa, control político y de representación) y las otras funciones que viene asumiendo, para responder a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos. En ese contexto, una organización parlamentaria que coadyuve a fortalecer las labores legislativas, de representación política o de control parlamentario, requiere de unidades orgánicas que faciliten dichas funciones, previa identificación de los macroprocesos, procesos, actividades, etc., y a partir de dicha identificación se plantearía el diseño de una organización y funcionamiento apropiado para el Parlamento en atención a las necesidades y expectativas de la población y en el marco de la Constitución y las leyes.

Por ejemplo, en la función legislativa, se requiere mejorar la técnica legislativa dándole énfasis en la calidad de ley y su evaluación posterior con la finalidad de aprobar solo las leyes necesarias, y evitar fabricar leyes innecesarias o de nulo impacto a favor de la sociedad. Esto coadyuvaría a legitimar, al ser consultados previamente, dado que identificarán la importancia de dicha norma en el desarrollo económico o social, además de contribuir en fortalecer la gobernabilidad y la democracia.  Estas herramientas podrían ayudar a mejorar la eficacia y legitimidad del Parlamento.

Por otro lado, en cuanto al control parlamentario, como lo plantean en el documento del módulo, un viraje hacia la evaluación de políticas públicas, de la ejecución presupuestal, de la calidad del gasto público y del rol de reglamentar las leyes, coadyuvaría a que el control parlamentario no se perciba solo como un proceso sancionador, obstruccionista y de escasa utilidad, sino como un rol proactivo que permita mejorar las políticas públicas, la calidad de los gastos públicos, entre otros.

Finalmente, en relación a la función de representación, es necesario un mayor involucramiento de la ciudadanía en el rol del Parlamento. Ello implica el diseño de mecanismos efectivos de participación ciudadana, mejora de los procesos de rendición de cuentas de la labor parlamentaria y mayor transparencia de todos los procesos y actividades parlamentarias, aprovechando las tecnologías de información que día a día son más accesibles a la ciudadanía a través de aplicativos de los teléfonos inteligentes y otros medios masivos.



[1] Latinobarómetro –Informe 2005-2015. Disponible en: http://gobernanza.udg.mx/sites/default/files/INFORME_LB_2015.pdf visto 06/04/2018