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domingo, 26 de julio de 2026

Bicameralidad, equilibrio político y responsabilidad nacional

Por Wens Silvestre

La elección de Miguel Torres, representante de Fuerza Popular, como presidente del Senado y titular del Congreso para el periodo 2026-2027, así como la elección de Oscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, al frente de la Cámara de Diputados, expresa una realidad política que marcará el inicio del nuevo periodo gubernamental: el poder parlamentario estará distribuido entre fuerzas distintas y ninguna podrá imponer unilateralmente su agenda.

El resultado, especialmente ajustado en el Senado, no debe interpretarse únicamente como una victoria del oficialismo o de la oposición. Constituye, principalmente, una señal de fragmentación, equilibrio precario y necesidad de concertación. La nueva bicameralidad peruana iniciará su funcionamiento bajo una correlación política que puede convertirse tanto en una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas como en una fuente permanente de bloqueo e inestabilidad. 

El primer escenario posible es el de la cooperación democrática. En este supuesto, la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara de Diputados reconocen que sus responsabilidades trascienden los intereses partidarios. Ambas cámaras podrían establecer mecanismos de coordinación, definir prioridades legislativas comunes y garantizar que la revisión senatorial contribuya a mejorar las leyes aprobadas por los diputados. Esta sería la expresión más saludable de la bicameralidad: una Cámara de Diputados cercana a las demandas políticas y territoriales de la ciudadanía, y un Senado orientado a la reflexión, revisión y corrección técnica de las decisiones legislativas.

Este escenario exige madurez política. El diálogo no significa renunciar a las diferencias ni eliminar la fiscalización. Significa reconocer que existen materias que no pueden ser tratadas como patrimonio de una bancada, de un gobierno o de una coalición electoral. La seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la calidad de la educación, el acceso a la salud, la descentralización, la protección ambiental, la prevención de desastres y la reactivación económica son asuntos nacionales. Sobre ellos debe construirse una agenda mínima de entendimiento.

Un segundo escenario es el de la confrontación permanente. La Cámara de Diputados, conducida por una fuerza opositora, podría utilizar intensivamente sus atribuciones de control político para interpelar, censurar o investigar a ministros y funcionarios. A su vez, el Senado, con una conducción cercana al Gobierno, podría revisar, modificar o rechazar sistemáticamente las iniciativas provenientes de los diputados. En ese contexto, cada cámara actuaría no como parte de un mismo Poder Legislativo, sino como una trinchera política enfrentada a la otra.

Las consecuencias serían graves. Las reformas urgentes se postergarían, la producción legislativa perdería eficacia y la ciudadanía percibiría que la bicameralidad solo ha duplicado los espacios de conflicto. El Congreso podría quedar atrapado en una sucesión de acusaciones, censuras, investigaciones y respuestas defensivas, mientras los problemas reales del país permanecen sin solución. La confrontación podría incluso trasladarse a la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, elevando el riesgo de una crisis de gobernabilidad.

Un tercer escenario es el de la negociación particularista. En lugar de acuerdos públicos sobre políticas nacionales, podrían desarrollarse negociaciones fragmentadas para distribuir presidencias de comisiones, cargos, presupuestos, nombramientos o beneficios territoriales. Este tipo de transacción puede producir una estabilidad aparente, pero debilita la legitimidad institucional y alimenta la percepción de que la política sirve para atender intereses de grupo.

El peligro no radica en negociar. La política democrática requiere negociación. El problema surge cuando los acuerdos se realizan sin transparencia, sin criterios técnicos y sin una orientación hacia el bien común. La concertación legítima debe permitir construir soluciones nacionales; el reparto particularista convierte las decisiones públicas en instrumentos de intercambio entre élites políticas.

También es posible un cuarto escenario: la fragmentación de las alianzas. Las coaliciones que permitieron elegir a las mesas directivas podrían no mantenerse unidas durante todo el periodo parlamentario. Las diferencias ideológicas, regionales y programáticas aparecerán con mayor claridad cuando se debatan reformas económicas, políticas sociales, cuestiones constitucionales, designaciones de altas autoridades o decisiones presupuestarias. En ese caso, los presidentes de ambas cámaras deberán actuar como articuladores y no únicamente como representantes de sus organizaciones políticas.

Miguel Torres enfrentará una responsabilidad especialmente delicada. Como presidente del Senado y del Congreso, deberá demostrar que puede diferenciar su pertenencia partidaria de su función institucional. Su papel no debe ser proteger al Gobierno frente al control parlamentario ni bloquear automáticamente las iniciativas de la oposición. Le corresponde garantizar el respeto a las minorías, promover una deliberación ordenada y preservar la autonomía de ambas cámaras.

Oscar Reto Otero, por su parte, tendrá el desafío de conducir una Cámara de Diputados con capacidad de control político, pero también con la obligación de legislar responsablemente. La oposición no debe confundirse con la obstrucción. Fiscalizar es exigir información, verificar responsabilidades y corregir decisiones públicas; no convertir cada discrepancia en una crisis ministerial. Una Cámara que abuse de la censura o de la investigación puede terminar debilitando su propia legitimidad.

El país necesita que ambas autoridades comprendan que el éxito del nuevo Congreso bicameral no será medido por la cantidad de leyes aprobadas, de ministros censurados o de adversarios derrotados. Será evaluado por su capacidad para ofrecer estabilidad, producir normas de calidad, controlar democráticamente al poder y responder a los problemas concretos de la población.

Por ello, resulta indispensable acordar una agenda nacional para el periodo 2026-2027. Esta agenda debería contener prioridades limitadas, verificables y acompañadas de plazos, responsables e indicadores. No se requiere un pacto que elimine la oposición ni una alianza que uniformice las posiciones políticas. Se necesita un compromiso básico que permita distinguir entre los asuntos legítimamente sometidos a competencia partidaria y aquellos que exigen respuestas de Estado.

La seguridad, el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción, la educación, la salud, el cierre de brechas de infraestructura, la atención de las regiones, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento institucional no pueden depender exclusivamente de la agenda de un partido. Tampoco pueden ser utilizados como instrumentos de presión o propaganda.

La nueva bicameralidad tendrá sentido únicamente si mejora la representación, la deliberación y la calidad normativa. Si se convierte en una duplicación de burocracias, enfrentamientos y privilegios, la ciudadanía cuestionará rápidamente su utilidad. La responsabilidad de evitarlo recae tanto en el oficialismo como en la oposición.

El Perú no necesita un Senado al servicio del Gobierno ni una Cámara de Diputados dedicada a bloquearlo. Necesita un Congreso capaz de controlar sin destruir, legislar sin improvisar y negociar sin subordinar el interés general a conveniencias particulares.

La oportunidad histórica está abierta. La distribución del poder obliga al diálogo. Convertir esa obligación en una verdadera cultura de consenso será la principal prueba política del nuevo periodo parlamentario.


miércoles, 6 de marzo de 2024

Reflexiones constitucionales y perspectivas democráticas en el Perú: La bicameralidad en debate


Por: Wens Silvestre

En los últimos años, el Perú ha experimentado una constante crisis política que ha erosionado la confianza ciudadana en sus instituciones democráticas. La caída del presidente Pedro Castillo y las subsiguientes acciones del Congreso han evidenciado desafíos que enfrenta el país en términos de transparencia, responsabilidad y respeto por los principios democráticos fundamentales.

La baja aprobación del Congreso peruano, como reflejo de la falta de confianza ciudadana en sus representantes, plantea interrogantes sobre la salud de la democracia en el país. La serie de escándalos y la impunidad de los miembros del Congreso han alimentado un clima de descontento y frustración entre la población. La vulneración de procesos legislativos, como el intento de adelanto de elecciones revertido mediante estrategias legales, ha socavado la confianza en la capacidad del sistema político para responder a las demandas y expectativas del pueblo.

En este escenario, la reciente aprobación en segunda votación de la ley que propone la reintroducción de la bicameralidad en el Congreso merece un análisis detenido. Esta reforma constitucional, que pretende establecer la bicameralidad, se presenta como una respuesta a la necesidad de mejorar la representatividad y la participación política en el país.

El objeto de la ley es claro: reformar la Constitución Política del Perú para instaurar la bicameralidad en el Congreso de la República. Se argumenta que esta medida busca propiciar una mejor representación regional. Sin embargo, la forma en que se ha llevado a cabo este proceso plantea preguntas sobre la legitimidad y transparencia de la decisión, especialmente en lo que respecta a las restricciones sobre quiénes pueden acceder a cargos de senador, condicionando la elegibilidad a experiencia previa como congresistas o diputados, generando interrogantes sobre la renovación y diversidad en la representación política.

La propuesta detalla la composición de la Cámara de Diputados y Senadores, estableciendo que la Cámara de Diputados contará con 130 representantes, mientras que la Cámara de Senadores tendrá 60 miembros. La inclusión de la garantía de elegir al menos un senador por cada circunscripción electoral y por cada una de las regiones busca asegurar una representación más equitativa y descentralizada en el Senado y la duración de los mandatos de cinco años. La garantía de que la implementación de la bicameralidad no aumentará el gasto público, es clave, financiándose con el mismo presupuesto de la institución, es una medida tranquilizadora. Sin embargo, la clave está en la efectividad de estas disposiciones y su capacidad para lograr los objetivos declarados.

El proceso de aprobación, al superar más de dos tercios del número legal de congresistas requeridos en segunda votación se excepcionó del referéndum constitucional, destaca la importancia de la aceptación en el Congreso. No obstante, la ciudadanía debe estar alerta y participar activamente para asegurar que estas decisiones reflejen verdaderamente los intereses del pueblo.

En síntesis, la reintroducción de la bicameralidad en el Parlamento peruano se presenta como una medida para fortalecer la representatividad y participación política. Sin embargo, la implementación de esta reforma debe ser vigilada de cerca para evitar abusos y asegurar que realmente contribuya a la consolidación de una democracia más fuerte y representativa en el Perú. La participación ciudadana, la transparencia y el escrutinio constante serán fundamentales para el éxito y la legitimidad de este proceso.