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viernes, 7 de agosto de 2026

La nueva agenda económica: entre la disciplina fiscal y el desafío de crecer

Por Wens Silvestre

Los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.

La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.

También es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años, el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados, infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará movilidad social.

El problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.

Uno de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales. Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 % del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en evaluación.

Aunque las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda verificable de convergencia fiscal.

En ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.

Petroperú constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.

Cuba descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.

El aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 % puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o trasladarse hacia la informalidad.

La gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado. La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.

Algo similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y transparencia.

Más relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería formar parte de una estrategia más amplia.

En esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.

La meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza, pero importa tanto su cantidad como su calidad.

La prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas, infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya disminuido antes de que ocurra la emergencia.

El contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales, laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus propuestas y construir acuerdos más duraderos.

Los anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica sirva para postergar las reformas.

La verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables, recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.

miércoles, 29 de abril de 2026

La trampa de la IA: más productividad, menos aprendizaje

Por Wens Silvestre

La gran seducción de la inteligencia artificial en el mundo profesional no es filosófica, sino contable: promete hacer más en menos tiempo. Y, en efecto, los estudios más recientes muestran que esa promesa no es humo. En desarrollo de software, un artículo de Management Science publicado en febrero de 2026 halló un aumento agregado de 26.08% en tareas completadas entre desarrolladores que usaron IA generativa; a nivel agregado, otro trabajo de 2026 encontró que una mayor exposición a IA puede elevar el output y, en ciertos contextos, incluso el empleo cuando la herramienta funciona como complemento del trabajo humano. La productividad, por tanto, no es una fantasía tecnoutópica: está ocurriendo. El problema es otro. Estamos empezando a medir muy bien lo que la IA acelera y muy mal lo que puede debilitar. 

Ese es, a mi juicio, el punto decisivo. Una sociedad puede aumentar su rendimiento visible mientras empobrece el proceso invisible que forma criterio, pericia y autonomía profesional. La pregunta verdaderamente incómoda ya no es si la IA “ayuda”, porque ayuda; la pregunta es qué tipo de profesional produce esa ayuda. La evidencia de 2026 sobre desarrollo cognitivo sugiere que la IA puede fortalecer la competencia profesional cuando actúa como una herramienta de contraste, reflexión y reorganización mental. En un experimento con 371 profesionales, Min Jae Park mostró que los mejores resultados aparecen cuando los usuarios adoptan estrategias de “acomodación”, es decir, cuando no usan la IA solo para confirmar hábitos previos, sino para reestructurar sus modelos de trabajo. Algo parecido encontró Gang Zhou en un estudio longitudinal con 558 docentes universitarios: la adopción de IA generativa se asoció positivamente con la competencia profesional, y ese efecto estuvo mediado por el aprendizaje autorregulado. Dicho de forma simple: la IA puede desarrollar, pero solo cuando obliga a seguir pensando.

El problema comienza cuando las organizaciones confunden apoyo cognitivo con sustitución cognitiva. Ahí aparece lo que Michael Caosun y Sinan Aral llaman la “augmentation trap”: la empresa adopta IA porque obtiene ganancias inmediatas de productividad, pero en el largo plazo erosiona la habilidad que hacía posible un buen uso de esa misma productividad. El resultado puede ser paradójico: más eficiencia hoy, menos pericia mañana. No se trata de una advertencia romántica contra la tecnología, sino de una observación estructural sobre incentivos. A una firma le conviene capturar el beneficio rápido; al profesional, en cambio, le puede costar años reconstruir una habilidad que dejó de ejercitar. La IA, usada como primer cerebro en vez de segundo interlocutor, no expande la inteligencia profesional: la externaliza.

Por eso el costo oculto de la IA no debe medirse solo en despidos visibles, sino también en aprendizajes que ya no ocurren. Leland Crane y Paul Soto (2026) encontraron evidencia robusta de que el crecimiento del empleo en ocupaciones intensivas en programación ha sido aproximadamente 3% menor desde la introducción de ChatGPT, una vez controlados los shocks sectoriales. No es el apocalipsis laboral, pero tampoco es una anécdota. La señal es clara: una ocupación puede volverse más productiva sin volverse más absorbente para el empleo. La economía gana velocidad; la escalera de entrada se estrecha.

Y esa estrechez golpea primero donde más importa para el futuro: en los profesionales jóvenes. El working paper sueco Same Storm, Different Boats mostró que, dentro de los mismos empleadores, el empleo de personas de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a IA cayó 5.5% hacia inicios de 2025, mientras el de trabajadores mayores de 50 años subió 1.3%. En paralelo, otro preprint de 2026 encontró que el riesgo de desempleo en ocupaciones expuestas a IA venía aumentando desde inicios de 2022 y que las cohortes graduadas desde 2021 ingresaban con menor frecuencia a empleos intensivos en esas tareas. El desplazamiento, entonces, no siempre adopta la forma dramática del reemplazo masivo. A veces llega como algo más silencioso y quizá más grave: menos espacios para aprender haciendo, menos tareas “menores” que en realidad eran la cantera del criterio futuro.

Aquí aparece la gran falacia de nuestra época: creer que toda tarea automatizada es una tarea sobrante. No lo es. Muchas tareas aparentemente rutinarias eran, en realidad, etapas formativas. Redactar un primer informe imperfecto, revisar datos a mano, comparar fuentes, corregir errores, sintetizar sin ayuda: todo eso no solo producía un resultado; también formaba una mente profesional. Cuando la IA elimina de golpe esas fricciones, no solo ahorra tiempo: puede recortar el entrenamiento que transformaba a un principiante en experto. Lo que se pierde no es únicamente empleo; se pierde trayectoria. Y una economía que destruye sus trayectorias de aprendizaje puede descubrir demasiado tarde que la eficiencia inmediata era una forma elegante de descapitalización intelectual.

Esto no obliga a rechazar la IA, pero sí a discutir con seriedad cómo se integra. La evidencia reciente sugiere que el impacto laboral depende de si la IA complementa o sustituye. Johnston y Makridis muestran que la exposición a IA eleva output y empleo cuando la tecnología requiere colaboración humana; esa expansión no aparece del mismo modo cuando la IA opera con mayor autonomía. Incluso el modelo de Wang y Wong, más abstracto, ilustra bien el dilema: bajo ciertos supuestos, la IA puede triplicar la productividad de los trabajadores expuestos y aun así asociarse con una pérdida de empleo de 23% en el largo plazo. No es una profecía cerrada, pero sí una advertencia seria: la productividad no garantiza inclusión, del mismo modo que la velocidad no garantiza desarrollo.

La discusión pública, entonces, necesita madurar. El verdadero riesgo no es que la IA nos quite de inmediato todo el trabajo, sino que nos acostumbre a una cultura profesional donde producir más importe más que comprender mejor. Y cuando eso ocurre, el deterioro del empleo y el deterioro de la cognición dejan de ser problemas separados: se vuelven dos caras del mismo proceso. Se contrata menos para aprender porque se supone que la máquina ya sabe; y se piensa menos para decidir porque se supone que la máquina ya respondió. El resultado es una profesionalidad cada vez más rápida, pero también más dependiente.

Si de verdad queremos una integración inteligente de la IA, hay que defender algo que hoy parece casi subversivo: el derecho a la fricción cognitiva. Hacen falta espacios de trabajo donde el profesional formule primero, contraste después y use la IA al final como interlocutora crítica, no como sustituta del juicio. Hacen falta también instituciones que protejan roles junior, porque sin ellos no hay relevo de expertise, solo consumo acelerado de conocimiento heredado. Una sociedad puede celebrar máquinas que escriben, programan, diagnostican y resumen en segundos. Pero, si en ese entusiasmo renuncia a formar personas capaces de entender, corregir y disputar lo que esas máquinas producen, habrá ganado eficiencia al precio más alto: perder la inteligencia profesional que pretendía potenciar.

Referencias

Caosun, M., & Aral, S. (2026). The augmentation trap: AI productivity and the cost of cognitive offloading [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2604.03501

Crane, L. D., & Soto, P. E. (2026, March 20). AI and coder employment: Compiling the evidence [Working paper]. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., & Salz, T. (2026). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. Management Science. Advance online publication. doi:10.1287/mnsc.2025.00535

Frank, M. R., Javadian Sabet, A., Simon, L., Bana, S. H., & Yu, R. (2026). AI-exposed jobs deteriorated before ChatGPT [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2601.02554

Johnston, A., & Makridis, C. A. (2026). AI, output, and employment (CESifo Working Paper No. 12579). CESifo.

Lodefalk, M., Löthman, L., Koch, M., & Engberg, E. (2026). Same storm, different boats: Generative AI and the age gradient in hiring (Ratio Working Paper No. 388). Ratio Working Paper Series.

Park, M. J. (2026). AI as a cognitive collaborator: Assimilation and accommodation in human–machine teaming for innovation. Journal of Innovation & Knowledge, 12, 100892. doi:10.1016/j.jik.2025.100892

Wang, P., & Wong, T.-N. (2026). Artificial intelligence and technological unemployment. Journal of Monetary Economics, 158, 103905. doi:10.1016/j.jmoneco.2026.103905

Zhou, G., Yang, Q., & Chen, X. (2026). Longitudinal associations between generative artificial intelligence adoption and university PE teachers’ professional competence. Frontiers in Psychology, 17, 1775028. doi:10.3389/fpsyg.2026.1775028

martes, 15 de junio de 2021

El reto de diseñar e implementar una política general de Gobierno responsable

Por: Wens Silvestre

En medio de la incertidumbre política y al margen de los resultados finales del proceso electoral, es necesario que el régimen de Gobierno que asuma el próximo 28 de julio, busque, a través del diálogo sincero, la unidad y reconciliación entre peruanos, con la finalidad de enfocar sus esfuerzos en continuar con el proceso de vacunación contra la COVID-19, la reactivación económica y la recuperación de empleo, que permita reducir la pobreza a nivel pre-pandemia. Estos objetivos sólo serán posibles, si el Gobierno es capaz de armonizar  sus políticas con el  sector empresarial y la sociedad en su conjunto.  En tanto, a mediano y largo plazo, los objetivos están ligados a mejorar la seguridad ciudadana, consolidar el dinamismo económico descentralizado, lucha anticorrupción y reforma del Estado camino a mejorar su eficacia y eficiencia.

Sin duda, un Gobierno responsable, en principio, debe velar por conservar y mejorar la estabilidad política y macroeconómica (económico y financiero). Esta condición es importante porque genera confianza para que los agentes económicos tomen decisiones a largo plazo. Además, es importante porque ayuda en la estrategia para atraer inversión privada y generar mayores recursos fiscales, necesarios para financiar el presupuesto del sector público. En efecto, una economía sana propenderá a contar con unidades económicas rentables, el mismo permitirá una mayor recaudación tributaria, elevando la presión tributaria. Asimismo, garantizará tener una buena calificación riesgo país que permite acceder a créditos a tasas muy bajas.

En otro escenario, un Gobierno irresponsable hará todo lo contrario y afectará de manera distinta a todos los peruanos, a corto, mediano y largo plazo.

La pandemia impactó a nuestra economía, registrando una caída de 12,9% durante el 2020 y, en consecuencia, también se ha visto afectado las cuentas fiscales, el nivel de empleo, entre otras variables. 

En relación al impacto fiscal, por ejemplo, el presupuesto del sector público ha sido financiado en parte con endeudamiento público, debido a una caída en la recaudación tributaria. Así, durante el 2020 el déficit fiscal llegó a 10,7% del PBI y para el presente año se pretende reducir a 6,2%, teniendo como resultado un incremento del saldo de deuda pública como porcentaje del PBI, pasando de 26,8% a 37,5% (2020). En este proceso de reactivación económica, el gobierno  ha venido implementando una política fiscal expansiva. Sin embargo, esa política no puede ser permanente en la medida que es financiado en parte con endeudamiento. Recordemos que tenemos una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aunque se relajó durante el 2020 para atender esta emergencia, es necesario retornar paulatinamente a los niveles pre-pandemia, con la finalidad de recuperar la confianza en los mercados internacionales y nos permita tener financiamiento a bajas tasas de interés, y no afectar la estabilidad de precios interés.

Por otro lado, en relación al empleo, durante el 2020, según el INEI, 2.2  millones de peruanos perdieron su empleo. En ese sentido, el objetivo social fundamental a corto plazo, es recuperar los niveles de empleo pre-Covid-19, y reducir el nivel de pobreza que pasó de 20,2% (2019) a 30,1% (2020). Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, la economía peruana crecerá 10,3% durante el 2021. Empero, lograr alcanzar dicha estimación dependerá del control de la pandemia,  de la sostenibilidad fiscal y de las medidas que adopta el Gobierno entrante que recupere la confianza en la viabilidad del país. De allí, la importancia de contar con estabilidad política-social y macroeconómica.

Además, es necesario no perder de vista los elementos de un creciente riesgo sobre la  estabilidad política-social y el crecimiento económico. La disipación de estos riesgos, dependerá de quién asuma la conducción del Poder Ejecutivo y de la política general de Gobierno que anuncie y ejecute durante su gestión.

Finalmente, es necesario reiterar la necesidad de ejercer una gestión responsable, cuya política de Gobierno se oriente a consolidar el proceso de reactivación económica, consolidar la disciplina fiscal y regulaciones que no afecte el funcionamiento de los mercados y con reformas que no involucre cambios en el capítulo económico de la Constitución. Un escenario contrario, como mencioné, generarán resultados adversos que impactará directamente a la población de distinta manera, a lo largo del tiempo. En ese sentido, es importante recuperar la certidumbre y confianza en los agentes económicos.