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domingo, 30 de agosto de 2026

Presupuesto 2027: gobernar antes del desastre

El proyecto eleva el gasto corriente mientras reduce el gasto de capital, en vísperas de un verano con 83% de probabilidad de un Niño Costero fuerte o extraordinario.

Por Wens Silvestre | 30 de agosto de 2026

Cifras clave: S/ 266 506 millones de presupuesto; gasto corriente +6,9%; gasto de capital -1,8%; reserva de contingencia S/ 9 601 millones.

El presupuesto público es la Política General de Gobierno expresada en cifras. Los discursos pueden declarar prioridades; el presupuesto revela cuáles recibirán recursos, cuáles deberán esperar y qué riesgos está dispuesto a asumir el Estado. Por eso, el proyecto para 2027 debe evaluarse no solo por su tamaño, sino por su coherencia con las dos urgencias que el propio Gobierno colocó en el centro de su agenda: reducir la vulnerabilidad frente a desastres y elevar la productividad del país.

El proyecto asciende a S/ 266 506 millones, S/ 8 945 millones más que el presupuesto de 2026, un incremento nominal de 3,5%. La cifra parece prudente en términos agregados. El problema aparece al observar su composición: los gastos corrientes aumentan de S/ 166 643 millones a S/ 178 142 millones, es decir, 6,9%; mientras que los gastos de capital disminuyen de S/ 58 190 millones a S/ 57 143 millones, una caída de 1,8%. El servicio de la deuda también baja, de S/ 32 728 millones a S/ 31 221 millones. En 2027, por tanto, el gasto corriente absorberá 66,8% del presupuesto, el gasto de capital 21,4% y la deuda 11,7%. 

La partida de personal y obligaciones sociales llegará a S/ 96 582 millones: equivale a 36,2% de todo el presupuesto y aumenta en más de S/ 3 000 millones frente a 2026. No todo gasto corriente es improductivo -allí están maestros, policías, médicos y servicios esenciales-, pero su expansión permanente estrecha la capacidad de reasignar recursos cuando ocurre una emergencia. El problema no es pagar al servidor público; es crear obligaciones sin resultados medibles, financiamiento permanente ni una revisión de productividad.

Una política de gobierno que debe aprobar el examen presupuestario

La Política General de Gobierno 2026-2031 presentada por el premier Luis Galarreta contiene cinco ejes. Dos son directamente relevantes para este debate: reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y cambio climático; y elevar la productividad con empleo formal e integración territorial. Ambos requieren infraestructura resiliente, mantenimiento, prevención y capacidad subnacional. Sin embargo, el proyecto incrementa el gasto corriente y reduce el capital. Esa divergencia obliga al Ejecutivo a explicar, partida por partida, cómo financiará sus propias prioridades.

Hay algunos elementos positivos. La reserva de contingencia pasa de S/ 4 683 millones en 2026 a S/ 9 601 millones en 2027: aumenta S/ 4 918 millones, más de 105%. El proyecto también impide anular recursos de las actividades de atención de emergencias y de intervenciones extraordinarias frente al Fenómeno El Niño, y autoriza a gobiernos regionales y locales a emplear hasta 20% del canon, sobrecanon, regalías y FONCOR en reducción del riesgo. Además, el Gobierno instaló una comisión nacional para el evento 2026-2027; el ministro de Desarrollo Agrario informó que se habían aprobado S/ 180 millones para prevención y que se solicitarían S/ 450 millones adicionales.

Pero habilitar recursos no equivale a prevenir, y una reserva genérica no reemplaza una cartera ejecutable. Los S/ 9 601 millones financian contingencias de distinta naturaleza y no constituyen, por sí solos, un fondo climático. Tampoco basta permitir que municipios y regiones usen canon o FONCOR: muchos territorios expuestos carecen de esos ingresos y otros enfrentan debilidades técnicas para formular, contratar y ejecutar intervenciones antes de las lluvias. La prevención necesita obras identificadas, responsables, hitos mensuales y mecanismos de desbloqueo, no únicamente autorizaciones legales.

El Niño ya no es un riesgo abstracto

El Comunicado Oficial ENFEN N.° 15-2026, del 28 de agosto, mantiene la alerta de El Niño Costero. Para el verano diciembre de 2026-marzo de 2027 asigna 43% de probabilidad a una magnitud extraordinaria y 40% a una magnitud fuerte: en conjunto, 83%. Entre setiembre de 2026 y enero de 2027, la probabilidad de una magnitud extraordinaria es de al menos 62%. En el Pacífico central, la probabilidad conjunta de un Niño fuerte o muy fuerte llega a 85%. Estas cifras no son una certeza meteorológica, pero sí un umbral de riesgo que un Estado responsable debe incorporar en su presupuesto.

El propio MMM reconoce la amenaza. Su escenario base supone que el PBI crecerá 3,4% en 2027. No obstante, en el escenario de un Niño Costero extraordinario, el crecimiento se reduciría 0,6 puntos porcentuales y quedaría alrededor de 2,8%. El Consejo Fiscal recuerda que episodios anteriores han restado entre 0,8 y 4,1 puntos porcentuales al PBI, según su magnitud. El impacto no termina en agricultura y pesca: alcanza carreteras, viviendas, agua, saneamiento, salud, comercio, manufactura y recaudación tributaria.

Esta vulnerabilidad vuelve más exigente el marco macroeconómico. El Consejo Fiscal considera que el crecimiento de 3,4% previsto para 2027 enfrenta riesgos significativos a la baja y califica de “notablemente exigente” el promedio de 4% proyectado para 2028-2030. Alcanzarlo exigiría que la inversión privada crezca alrededor de 7,5% anual, pese a los retrasos de proyectos, la menor escala de la cartera minera y las restricciones institucionales. Presupuestar sobre un escenario optimista no es necesariamente irresponsable; ejecutar como si el escenario adverso no existiera, sí lo sería.

La advertencia fiscal que no debe ignorarse

El MMM proyecta un déficit fiscal de 1,4% del PBI y una deuda pública de 29,3% en 2027, para luego converger a un déficit de 1% y una deuda de 27,7% en 2030. Pero el Consejo Fiscal advierte que esas cifras son referenciales porque el Gobierno anunció una modificación de las reglas fiscales. El riesgo es que El Niño termine siendo utilizado para abrir espacio a gastos ajenos a la emergencia. La recomendación técnica es correcta: primero debe cuantificarse el costo de prevención, respuesta y reconstrucción; después, y solo si el margen existente es insuficiente, discutir una modificación transparente y acotada de las reglas.

La prudencia es todavía más necesaria porque la mejora reciente de los ingresos descansa en gran medida en precios elevados de minerales y factores transitorios. El Consejo Fiscal estima que los ingresos de 2026 aumentarían en más de S/ 30 000 millones frente a 2025 y los de 2027 en cerca de S/ 15 000 millones adicionales. Esa bonanza no debe confundirse con una capacidad tributaria permanente. Si los precios de exportación sufrieran una corrección semejante a la de 2013-2016, la pérdida de ingresos podría alcanzar 2,6 puntos del PBI hacia el final del horizonte del MMM.

Tampoco puede ignorarse la trayectoria del gasto. Para 2026, el Consejo Fiscal estima que el gasto no financiero del Gobierno General llegará a unos S/ 262 000 millones, cerca de S/ 10 000 millones por encima del límite de la regla, y que sería el cuarto año consecutivo de incumplimiento conjunto de las reglas de gasto. Entre 2023 y 2026, la participación del gasto corriente en el presupuesto no financiero subió de 68,7% a 74,3%, mientras la inversión cayó de 28,5% a 22,3%. A ello se suma un costo anual cercano a S/ 50 000 millones en 2027 por normas sobre recursos humanos aprobadas entre 2021 y 2026. El presupuesto de 2027 no corrige todavía esa rigidez; la administra.

Descentralizar recursos exige asegurar ejecución

El presupuesto del Gobierno Nacional aumentará 1,5%, hasta S/ 166 613 millones; el de los gobiernos regionales disminuirá 0,8%, a S/ 58 672 millones; y el de los gobiernos locales crecerá 20,6%, hasta S/ 41 222 millones. El impulso municipal se explica en buena medida por inversión: la adquisición de activos no financieros de los gobiernos locales sube cerca de 39%. En contraste, esa partida cae alrededor de 17% en los gobiernos regionales.

Esta redistribución puede acercar obras al territorio, pero coincide con el primer año de nuevas autoridades regionales y municipales, cuando la inversión suele desacelerarse por cambios de equipos, aprendizaje y reprogramaciones. Frente a El Niño, transferir más sin acompañamiento puede convertir presupuesto en saldo no ejecutado. El MEF, la PCM y los sectores deben desplegar equipos técnicos, expedientes estandarizados, contratación anticipada y control concurrente en cuencas, quebradas, drenajes, carreteras, escuelas, centros de salud y sistemas de agua.

Lo que debe exigir el Congreso

La discusión parlamentaria debería producir, como mínimo, un anexo presupuestario específico para El Niño 2026-2027. Ese documento debe separar prevención, preparación, respuesta y reconstrucción; identificar proyectos y actividades por territorio, unidad ejecutora y fuente de financiamiento; establecer metas físicas y fechas; y presentar escenarios de costo para un evento moderado, fuerte y extraordinario. Cada liberación de la reserva de contingencia debería vincularse a umbrales técnicos del ENFEN, SENAMHI, ANA o CENEPRED y publicarse en un tablero de seguimiento.

También se requiere blindar la finalidad de los recursos climáticos. Ninguna ampliación del déficit o excepción fiscal justificada por El Niño debería financiar remuneraciones, beneficios, consultorías o proyectos sin relación directa con la emergencia. Los ingresos extraordinarios deben recomponer ahorro fiscal y el Fondo de Estabilización Fiscal, además de financiar intervenciones urgentes de alta rentabilidad social. La primera fuente de espacio fiscal debe ser la repriorización del gasto corriente de baja eficacia, no el endeudamiento indiscriminado ni una nueva flexibilización permanente de las reglas.

El proyecto contiene instrumentos valiosos, pero todavía necesita una arquitectura de ejecución compatible con el riesgo que enfrenta el país. La coherencia presupuestaria se medirá en tres decisiones: contener obligaciones permanentes sin resultados, proteger la inversión y convertir la reserva en prevención verificable. El Niño no esperará a que el Estado complete sus trámites. Un presupuesto de S/ 266 506 millones puede parecer grande; será suficiente únicamente si llega al lugar correcto antes de que lleguen las lluvias.

Fuentes principales

Congreso de la República. Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 y anexos 1 y 2, 27 de agosto de 2026.

Ministerio de Economía y Finanzas. Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.

Consejo Fiscal. Informe N.° 04-2026-CF: Opinión sobre el proyecto de MMM 2027-2030.

Congreso de la República. Presidente del Consejo de Ministros expuso la Política General de Gobierno, 21 de agosto de 2026.

ENFEN. Comunicado Oficial N.° 15-2026, 28 de agosto de 2026.


miércoles, 3 de septiembre de 2025

Presupuesto 2026: más planilla, menos futuro

 Por Wens Silvestre

El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2026 confirma una tendencia incómoda: gastamos cada vez más en sostener el aparato estatal y menos en crear capacidades para que la gente salga de la pobreza por vías permanentes—empleo, infraestructura básica y servicios públicos que funcionen.

La aritmética que no cierra

Los totales crecen apenas 2,3% versus 2025, pero el gasto corriente sube 5,9% y absorbe todo el incremento, mientras el gasto de capital cae 13,0%. Dentro del corriente, el gasto en personal escala 13,8% (≈ S/ 11,3 mil millones adicionales), sin exigencia explícita de productividad, resultados ni mejoras verificables en la calidad del servicio al ciudadano. En paralelo, el servicio de la deuda salta 18,7%, presionando aún más un presupuesto que ya luce rígido.

En inversión, el indicador operativo por excelencia —Adquisición de Activos No Financieros— se contrae 15,9%. El golpe es particularmente duro en gobiernos locales (caída cercana a S/ 5,2 mil millones), justo donde se ejecuta el agua y saneamiento, caminos vecinales, pistas y veredas que cambian la vida cotidiana.

Productividad laboral estatal: el gran ausente

El Estado incrementa planillas y obligaciones sin atarlas a productividad ni a estándares de servicio. No hay metas de tiempo de atención, resolución de trámites, reducción de colas o satisfacción ciudadana asociadas al crecimiento de personal. Tampoco vemos reformas de gestión (meritocracia, movilidad lateral, despidos por bajo desempeño con debido proceso) que justifiquen remuneraciones crecientes.

Un presupuesto responsable no paga capacidades nominales, paga resultados: atenciones efectivas en salud, aprendizajes medibles en educación, tiempos de permiso de construcción reducidos, trámites 100% digitales, homicidios y robos a la baja con patrullaje inteligente. Nada de eso aparece como condición para expandir el gasto corriente.

La cuenta de la deuda: más grande y más cerca

El alza de servicio de deuda (≈ S/ 5,2 mil millones adicionales) se come una parte sustancial del espacio fiscal. Si el Ejecutivo no disciplina el corriente y no relanza inversión con alto retorno social, el país se encamina a un presupuesto crecientemente cautivo: más intereses, menos margen para cerrar brechas.

Pobreza e infraestructura: prioridades invertidas

Reducir pobreza sosteniblemente exige crecimiento y productividad; ambas dependen de infraestructura básica y servicios públicos de calidad. Pero estamos haciendo lo contrario: recortar inversión y engordar costos fijos. Este sesgo:

Política y economía política del presupuesto

Con un Ejecutivo débil y un Congreso populista, el menú de leyes favorece a servidores del propio Estado —nombramientos automáticos, aumentos de sueldos, bonificaciones, beneficios, rigideces—, no a la ciudadanía. Se legisla mirando la nómina pública más que la misión del Estado: seguridad, justicia y servicios básicos de calidad. Es el camino más corto hacia el despilfarro: gastar mucho y lograr poco.

Agenda mínima para corregir el rumbo (todavía en 2026)

1. Regla de planilla: tope de crecimiento del gasto en personal ≤ (inflación + crecimiento potencial) y condicionado a metas de productividad por sector (KPIs verificables de servicio).

2. Cero nuevas plazas netas y reordenamiento por movilidad interna; concursos meritocráticos y salida por desempeño deficiente con debido proceso.

3. Presupuesto por Resultados 2.0: metas trimestrales públicas (salud, educación, seguridad, trámites). Sin cumplimiento, congelamiento de créditos para bienes y servicios no esenciales.

4. Regla de “oro” operativa: endeudamiento solo para inversión con evaluación costo-beneficio y mantenimiento garantizado; prohibido financiar gasto corriente con deuda.

5. Reasignación inmediata (modificatorias) hacia agua y saneamiento, conectividad vial y digital, y mantenimiento en gobiernos locales y regionales, donde el retorno social es más alto y rápido.

6. Revisión independiente del gasto (spending review) enfocada en duplicidades, subsidios regresivos y programas sin impacto; cada punto de S/ ahorrado debe ir a inversión y servicios esenciales.

7. Compras públicas pro-productividad: contratos de servicio con SLA (acuerdos de nivel de servicio), penalidades por incumplimiento y licitaciones que ponderen calidad (no solo precio).

8. Digitalización total de trámites masivos con metas de reducción de tiempos y costos para empresas y ciudadanos; auditoría externa de experiencia usuaria.

9. Transparencia radical: tablero mensual por pliego con ejecución, hitos de inversión y métricas de servicio; premios y sanciones institucionales.

En conclusión, presupuestar no es “hacer caja” para la planilla; es asignar poder público a aquello que genera libertad económica y oportunidades para la gente. El proyecto 2026, tal como está, rigidiza el gasto, expande el gasto corriente (personal sube 13.8% sin anclajes de productividad), sacrifica inversión y agranda la bola de nieve de la deuda (+18.7%) y erosiona el espacio fiscal. Si el Ejecutivo no reasigna hacia inversión con retorno social y no ata planilla a resultados, el presupuesto 2026 será otra capitulación ante la inercia. El Estado existe para servir al ciudadano -no para servirse a sí mismo. Corregir no requiere magia: se necesita voluntad política para pagar resultados, priorizar infraestructura y devolverle al presupuesto su razón de ser: servir al ciudadano, no al aparato estatal.

domingo, 1 de septiembre de 2024

Presupuesto 2025: Entre la sostenibilidad fiscal y los desafíos estructurales

 Por Wens Silvestre

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, ascendente a 251.8 mil millones de soles, lo que representa un incremento del 4.6% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, que fue de 240.8 mil millones de soles. Este presupuesto refleja un esfuerzo por mantener el crecimiento económico en medio de un panorama marcado por la incertidumbre global, la crisis política interna, y los problemas persistentes de corrupción e ineficiencia en la gestión pública.

Las entidades del Gobierno Nacional concentran el 63,5% del presupuesto para el 2025, una proporción similar a la de 2024 (63,7%). Los Gobiernos Regionales recibirán el 21,6%, ligeramente inferior a 2024 (21,9%), y los Gobiernos Locales manejarán el 14,9%, un aumento en comparación con el 14,4% de 2024. Además, el gasto corriente asciende a S/ 157,364 millones, representando un aumento del 6.2% respecto al 2024. Este incremento sugiere una priorización en el mantenimiento de la burocracia estatal y en la prestación de servicios, a costa de una expansión limitada del gasto de capital, que solo crece un 4.1%. Aunque el gasto de capital aumenta hasta S/ 66,874 millones, este crecimiento es modesto, lo que podría limitar la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo económico a largo plazo.

Presupuesto comparativo 2024 2025

Comparado con 2024, el gasto corriente aumenta en términos absolutos, pero esta expansión no se traduce en un cambio significativo en la estructura del presupuesto, lo que indica que no se están tomando medidas sustanciales para reducir la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, el ligero incremento en el gasto de capital no es suficiente para compensar las necesidades de inversión en un país que aún enfrenta importantes desafíos de infraestructura.

En el Gobierno Nacional, se observa un incremento del gasto corriente del 10.5%, mientras que el gasto de capital disminuye en un 6.3%. Este aumento del gasto corriente está alineado con la tendencia de priorizar la prestación de servicios y el cumplimiento de metas institucionales, lo que refleja una necesidad de fortalecer la capacidad operativa del gobierno central. Sin embargo, la reducción en el gasto de capital podría limitar la ejecución de proyectos de infraestructura, lo que puede afectar el crecimiento proyectado del 3.1% del PBI en 2025. Este enfoque podría generar tensiones en la sostenibilidad a largo plazo si no se logra un balance adecuado entre gasto corriente y de capital.

La asignación presupuestal a los Gobiernos Regionales y Locales muestra una tendencia positiva, con un incremento general en los recursos. El aumento significativo en el gasto de capital para los Gobiernos Locales (24.2%) sugiere un impulso hacia proyectos de infraestructura y desarrollo local, lo cual es crucial para cerrar brechas regionales y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, el ligero aumento en el gasto corriente para los Gobiernos Regionales (1.0%) podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos operativos y de prestación de servicios en estas regiones.

La reducción en el pago del servicio de la deuda tanto para el Gobierno Nacional (-2,9%) como para los Gobiernos Locales (-13,9%) podría reflejar un proceso de refinanciamiento de la deuda pública. Esto podría liberar recursos para otros fines prioritarios a corto plazo, pero también podría generar mayores obligaciones futuras, lo que debe considerarse cuidadosamente en términos de sostenibilidad fiscal.

Financiamiento del Presupuesto 2025

El MMM 2025-2028 establece que el déficit fiscal alcanzará el 2.8% del PBI en 2024 y proyecta un crecimiento del PBI de 3.2% para ese mismo año. Sin embargo, la opinión del Consejo Fiscal (CF) expresa preocupación, señalando que es muy probable que esta meta de déficit no se cumpla, dado que a junio de 2024 ya se había alcanzado un déficit del 4% del PBI. Para alcanzar la meta proyectada, los ingresos deberían aumentar en un 13%, lo cual, según el CF, resulta poco probable en el escenario actual.

Esto plantea un desafío significativo para el financiamiento del presupuesto 2025. Si el déficit fiscal de 2024 supera el 2.8%, será necesario ajustar las proyecciones para 2025 y considerar posibles medidas correctivas, como la ampliación de la base tributaria y el control más estricto del gasto público.

El MMM proyecta un crecimiento del PBI del 3.1% para 2025, con sectores como la pesca, que se espera crezca un 7.0%, y la construcción, que muestra un aumento del 4.0%. Sin embargo, el CF advierte que el crecimiento del 3.1% podría ser inconsistente con un escenario internacional menos favorable. Si el crecimiento económico es más débil de lo proyectado, esto afectará directamente los ingresos fiscales, complicando aún más el cumplimiento de las metas de déficit.

El análisis del CF resalta la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para evitar el incumplimiento de las reglas fiscales. La SUNAT estimó un incumplimiento en el pago del IGV en 2023 de S/ 34,669 millones, equivalente al 3.5% del PBI. Esto indica un área de mejora significativa en la gestión tributaria. El aumento de la eficiencia en la recaudación es esencial para financiar el presupuesto sin aumentar la carga impositiva, lo cual podría desalentar la inversión privada y el consumo.

El gasto tributario estimado para 2025 ascenderá a S/ 17,624 millones (1.58% del PBI), con un potencial de aumentar a S/ 24,010 millones (2.15% del PBI). Estos gastos tributarios representan recursos significativos que podrían ser utilizados para reducir el déficit fiscal o para financiar programas críticos de inversión. La reducción de estos gastos, junto con la lucha contra la evasión fiscal, debería ser una prioridad en la política fiscal para mejorar la sostenibilidad del financiamiento público.

El contexto político y la ineficiencia del Sector Público

La crisis política y la corrupción endémica siguen siendo factores críticos que erosionan la eficacia del gasto público. El aumento del gasto corriente refleja, en parte, una estructura estatal que ha sido resistente a la reforma y a la racionalización de sus operaciones. En lugar de redirigir recursos hacia inversiones productivas, el Estado continúa financiando una burocracia costosa que no necesariamente mejora la calidad de los servicios públicos.

Este contexto se agrava por la ineficiencia en la gestión pública, donde los recursos se ven frecuentemente malgastados o desviados debido a la corrupción. Esta situación no solo afecta la percepción pública y la confianza en las instituciones, sino que también limita la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas que promuevan el desarrollo económico y social.

En síntesis, el presupuesto público para 2025 refleja un equilibrio frágil entre las necesidades de financiamiento y la sostenibilidad fiscal. Si bien el incremento en el gasto corriente puede ser necesario para mantener ciertos servicios públicos, la falta de un incremento significativo en el gasto de capital podría limitar las oportunidades de crecimiento económico a largo plazo. Además, sin reformas fiscales profundas y un enfoque decidido en la lucha contra la corrupción, el gobierno peruano corre el riesgo de perpetuar un ciclo de ineficiencia y endeudamiento que podría obstaculizar sus aspiraciones de desarrollo.

El camino hacia la estabilidad económica y fiscal requiere no solo una gestión prudente de los recursos, sino también una voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales que han frenado el progreso del país. Sin un compromiso real para mejorar la eficiencia del gasto y ampliar la base tributaria, las metas presupuestarias y de crecimiento económico para 2025 podrían resultar inalcanzables.