Mostrando las entradas con la etiqueta Reforma del Estado. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Reforma del Estado. Mostrar todas las entradas

domingo, 14 de junio de 2026

El verdadero examen de Keiko Fujimori empieza después de ganar

Por Wens Silvestre

Con el conteo electoral avanzado, Keiko Fujimori aparece más cerca que nunca de la Presidencia. Pero precisamente por eso conviene abandonar la euforia de campaña y mirar, sin adornos, el país que recibiría si finalmente se confirma su triunfo. Al 14 de junio, con más del 98,5 % de votos contabilizados, Fujimori mantenía una ventaja ajustada frente a Roberto Sánchez, en medio de actas observadas, pedidos de nulidad y una tensión electoral que todavía exige prudencia institucional. Según información electoral disponible, el resultado oficial podría tardar aún algunos días o semanas, debido a mesas en revisión y a una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Si finalmente se confirma su triunfo, Fujimori no recibirá un cheque en blanco. Recibirá un país partido casi en dos mitades, con legitimidad electoral legal, pero políticamente estrecha. Su primera obligación no será celebrar la victoria, sino impedir que esta sea leída como revancha, restauración o autorización para ocupar el Estado con lógica partidaria. 

El riesgo principal de un eventual gobierno suyo no consiste en que vuelva literalmente el Perú de los años noventa. Esa imagen puede ser eficaz para la propaganda, pero no alcanza para el análisis. El peligro real, si no existen límites claros, sería más actual y más silencioso: una democracia formalmente intacta, pero sometida a una presión creciente desde una coalición partidaria con poder sobre el Ejecutivo, el Congreso, las designaciones públicas y los organismos de control.

Ese será el punto decisivo. Fujimori puede ofrecer estabilidad económica, orden público y capacidad de gestión. Pero, si no toma distancia verificable de prácticas parlamentarias asociadas al blindaje político, la presión sobre instituciones y la disputa por organismos de control, su victoria podría confirmar los temores de sus críticos. No necesitaría cerrar el Congreso ni suspender elecciones para deteriorar la democracia. Bastaría con controlar nombramientos, condicionar fiscales, debilitar investigaciones, colonizar organismos autónomos y usar la seguridad como argumento para reducir controles.

El nuevo Parlamento vuelve ese riesgo más concreto. El Congreso bicameral no será un actor decorativo. La Cámara de Diputados tendrá capacidad de censura e interpelación; el Senado revisará leyes y participará en decisiones institucionales clave. Si Fuerza Popular, como primera minoría, articula una coalición pragmática con disciplina y apetito de poder, Fujimori podría tener una gobernabilidad que ningún presidente peruano reciente tuvo. La pregunta es para qué la usará.

La gobernabilidad puede ser oportunidad o amenaza. Puede servir para reconstruir un Estado débil, aprobar reformas de seguridad, ordenar la política fiscal y recuperar inversión. O puede servir para blindar aliados, distribuir cargos, aprobar leyes clientelares y debilitar la independencia de instituciones que deberían controlar al poder.

El país que recibiría tampoco permite fantasías. El Perú llega a 2026 con pobreza persistente, informalidad masiva, inseguridad extendida, infraestructura deficiente, corrupción enquistada y un Estado que suele gastar mal incluso cuando gasta más. A ello se suma un entorno internacional menos benigno: tensiones geopolíticas, encarecimiento del capital, volatilidad energética y posibles shocks sobre materias primas. En una economía dependiente de exportaciones mineras, cualquier deterioro de los términos de intercambio puede golpear inversión, recaudación y crecimiento.

El margen fiscal es otro frente delicado. El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 proyectaba para 2026 un déficit fiscal de 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 32,1 % del PBI. Pero esas cifras descansan sobre una premisa difícil: que el próximo gobierno logre disciplina fiscal en un Congreso habituado a aprobar obligaciones permanentes sin financiamiento suficiente.

El Consejo Fiscal ha encendido la alarma. Entre 2021 y 2026 identificó 229 leyes con impacto fiscal adverso y 352 iniciativas legislativas en trámite. En su simulación, si se aplican las leyes vigentes y avanzan las iniciativas más costosas, la deuda pública podría acercarse al 70 % del PBI hacia 2036. Esta no es una advertencia tecnocrática menor. Es el recordatorio de que el populismo fiscal puede destruir lentamente lo que la macroeconomía peruana construyó durante décadas.

El caso de las pensiones militares y policiales resume el problema. La Ley 32561 modificó el régimen previsional del personal militar y policial. Según el Consejo Fiscal, citado por Gestión, solo tres de sus modificaciones generarían un costo fiscal neto de al menos S/ 46.000 millones en valor presente. Ese tipo de norma puede ser popular, pero compromete recursos futuros que el Estado necesitará para seguridad, salud, educación, infraestructura y respuesta ante desastres.

Aquí Fujimori enfrenta una prueba incómoda. No basta con prometer respeto al mercado, inversión privada y estabilidad. La responsabilidad económica no se demuestra en conferencias con empresarios, sino cuando se le dice no a la propia bancada. Si Fuerza Popular fue parte de mayorías parlamentarias que aprobaron o toleraron leyes con impacto fiscal adverso durante el quinquenio, un gobierno de Keiko tendrá que corregir ese legado, no administrarlo.

Su primer compromiso debería ser explícito: ninguna ley que cree gasto permanente sin financiamiento permanente. El artículo 79 de la Constitución no puede seguir siendo una cortesía ignorada por el Congreso. Debe convertirse en línea roja. Si el Parlamento aprueba normas que vulneran la sostenibilidad fiscal, el Ejecutivo debe observarlas, impugnarlas ante el Tribunal Constitucional o proponer su derogación. Y si esas normas vienen de aliados, con mayor razón.

La segunda prueba será la seguridad. Fujimori ganó parte de su impulso ofreciendo orden frente a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Esa demanda social es legítima. Un Estado que no protege la vida, el trabajo y la propiedad pierde autoridad moral. Pero la mano dura sin inteligencia, policía profesional, fiscalías sólidas, cárceles controladas y jueces independientes termina siendo espectáculo penal. Puede producir titulares, no seguridad.

El riesgo no está en enfrentar con firmeza al crimen, sino en que la inseguridad sea usada para justificar medidas excepcionales sin evaluación, controles ni resultados verificables. Estados de emergencia sucesivos, presencia militar mal diseñada, reformas penales simbólicas y discursos de guerra pueden dar sensación de autoridad, pero no desmantelan economías criminales. El próximo gobierno necesita una política de seguridad medible: reducción de extorsiones, recuperación penitenciaria, inteligencia financiera, control de armas, protección a fiscales y depuración policial. Orden no es arbitrariedad. Orden es Estado eficaz dentro de la ley.

La tercera prueba será institucional. Fujimori debe convencer a una parte importante del país que desconfía de ella y de su partido. Y no lo logrará con frases de reconciliación, sino con renuncias verificables. Debe comprometerse a no usar el Ejecutivo ni el Congreso para interferir en investigaciones fiscales, promover nombramientos sin idoneidad en organismos constitucionales, proteger indebidamente a aliados políticos, debilitar herramientas contra la criminalidad organizada o condicionar la independencia de la Defensoría, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y los órganos electorales.

La palabra clave no es unidad. Es autocontención. Un presidente con poder necesita límites. Una presidenta con una bancada fuerte necesita límites más estrictos. Y una presidenta Fujimori, por la historia de su apellido y de su partido, necesita límites visibles desde el primer día.

La cuarta prueba será el Estado. El Perú no necesita simplemente un Estado más grande o más chico. Necesita un Estado que funcione. Hoy conviven ministerios sobredimensionados, gobiernos regionales débiles, municipios capturados por redes locales, obras paralizadas y sobrevaloradas, compras corruptas, servicios mediocres y burocracia que castiga al ciudadano formal. Si Fujimori quiere mostrar un cambio real, debe hacer de la reforma estatal una prioridad, no un eslogan.

Eso significa profesionalizar la alta dirección pública, proteger la meritocracia, digitalizar trámites, cerrar programas inútiles, evaluar gasto, fortalecer control interno y sancionar corrupción sin selectividad. Si el Estado sigue siendo tratado como espacio de reparto político, ningún plan de seguridad ni de inversión será sostenible.

La quinta prueba será social. Fujimori no puede gobernar solo para Lima, la costa urbana y los sectores que votaron contra Sánchez. El mapa electoral muestra un país partido entre ciudades que temen la incertidumbre económica y regiones rurales que sienten que el crecimiento nunca llegó. Si su gobierno interpreta la victoria como derrota del Perú rural, incubará la próxima crisis.

La pobreza no se combate solo con bonos. Se combate con empleo formal, caminos, agua, salud primaria, educación técnica, conectividad, crédito productivo y seguridad jurídica para pequeños productores. La informalidad no se reduce persiguiendo al informal, sino haciendo menos costoso y más útil ingresar a la formalidad. Si Fujimori no entiende ese reclamo, Sánchez habrá perdido la elección, pero su malestar seguirá gobernando las calles.

La sexta prueba será climática. Un evento El Niño fuerte o incluso moderado puede golpear infraestructura, agricultura, pesca, salud pública y precios de alimentos. Para un país con quebradas vulnerables, obras inconclusas y reconstrucciones eternas, el clima no es un asunto ambiental: es un riesgo fiscal, social y político. Un gobierno serio debe llegar con un plan preventivo antes de que lleguen las lluvias: limpieza de cauces, defensas ribereñas, puentes críticos, hospitales preparados, compras transparentes, seguros agrarios, alerta temprana y control ciudadano del gasto de emergencia. El Niño suele desnudar al Estado peruano. Fujimori no podrá decir que no fue advertida.

La séptima prueba será internacional. La geopolítica ya no es telón de fondo. Conflictos militares, tensiones comerciales, competencia entre China y Estados Unidos, volatilidad del cobre, cambios en tasas de interés y encarecimiento logístico pueden afectar inversión, exportaciones y financiamiento. Perú necesita pragmatismo exterior: atraer inversión sin dependencia, defender mercados sin ideologizar alianzas y fortalecer sectores exportadores sin regalar estabilidad regulatoria a cambio de rentas privadas.

Fujimori podría beneficiarse de una percepción inicial de mayor previsibilidad frente a los mercados. Pero esa ventana puede cerrarse rápido si el gobierno usa el poder para repartirse instituciones, si el Congreso multiplica gastos, si la inseguridad sigue creciendo o si un shock externo encuentra al país sin reservas políticas ni fiscales.

Por eso, la pregunta ya no es si Keiko Fujimori puede ganar. La pregunta es si puede gobernar contra su propia sombra.

Para convencer de un cambio real, debería anunciar en los primeros días un pacto de garantías democráticas y fiscales. No un discurso ceremonial, sino compromisos verificables: gabinete técnico y plural; respeto a la autonomía del BCRP; defensa del Consejo Fiscal; observación de leyes que vulneren el artículo 79; no interferencia en el Ministerio Público ni el Poder Judicial; concursos transparentes para altos cargos; política de seguridad con metas públicas; y una agenda social dirigida a las regiones que no votaron por ella.

También debería comprometerse a no usar la mayoría parlamentaria relativa para elegir autoridades de control por reparto partidario. Ese será el termómetro más importante. Si las primeras decisiones del nuevo Congreso apuntan a copar instituciones, la moderación habrá terminado antes de empezar. Si, por el contrario, se promueven perfiles independientes, idóneos y fiscalizables, Fujimori podría empezar a desmontar parte de la desconfianza acumulada.

El país no le pide que renuncie a su identidad política ni a su promesa de orden. Le pide algo más básico: que demuestre que el Estado no será administrado como patrimonio partidario. La conducta parlamentaria de Fuerza Popular ha mostrado rasgos difíciles de conciliar con una derecha liberal fiscalmente disciplinada: apoyos a normas costosas, pactos con sectores ideológicamente opuestos y decisiones orientadas a preservar cuotas de poder. El desafío de Fujimori no es demostrar que pertenece a una etiqueta ideológica, sino que puede gobernar sin mercantilismo político, sin clientelismo fiscal y sin confundir autoridad con obediencia.

Si gana Keiko Fujimori tendrá una oportunidad histórica y un riesgo simétrico. Podrá ser la presidenta que cierre dos décadas de bloqueo político personal y estabilice el país. O podrá confirmar el temor de que el fujimorismo, cuando vuelve al poder, tiende a administrar el Estado con lógica de control partidario antes que con límites republicanos.

Los próximos cinco años no admitirán frivolidad. Déficit fiscal, leyes costosas, inseguridad, pobreza, corrupción, ineficiencia estatal, El Niño y shocks externos formarán una tormenta de gobernabilidad. En ese contexto, la moderación no será una virtud retórica. Será una condición de supervivencia.

Si Keiko Fujimori quiere ser creíble, debe empezar por una frase que todo gobernante con poder debería repetir con humildad: el poder que gané no me pertenece. Solo entonces su victoria dejará de parecer una amenaza para convertirse, tal vez, en una oportunidad republicana.


miércoles, 26 de noviembre de 2025

Sin reforma fiscal no hay futuro

Por Wens Silvestre

El alto riesgo de una crisis fiscal que enfrentamos como país no cayó del cielo ni es producto exclusivo de factores externos. Es, sobre todo, el resultado de una distorsión constitucional deliberadamente cultivada y políticamente explotada: la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) que, en el Expediente 00018-2021-PI/TC, abrió una peligrosa puerta para que el Congreso apruebe leyes con impacto fiscal sin límite, sin responsabilidad y sin financiamiento real. Esa sentencia —que separa artificialmente la creación de obligaciones del acto de generar gasto público— ha sido el punto de partida de una ola legislativa que amenaza la sostenibilidad del país, socava la misión del Estado y premia la irresponsabilidad política.

En la sentencia, el TC sostuvo que el Congreso puede crear obligaciones económicas siempre que no generen gasto en el año fiscal vigente. Es decir, si el costo se traslada al futuro, no existe infracción constitucional. Ese razonamiento, a pesar de su aparente neutralidad jurídica, es una contradicción en términos: toda obligación económica que crea un derecho exigible es gasto, aunque se ejecute más adelante. Disociar obligación de gasto es una ficción incompatible con cualquier lógica presupuestaria moderna. Pero el TC la adoptó, y el Congreso la convirtió en un arma política. El resultado es un Parlamento que legisla sin coordinación con el Ejecutivo, sin respetar la programación multianual y, sobre todo, sin asumir costo político alguno por comprometer recursos que no existen.

Los datos del Consejo Fiscal son demoledores. Entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, más del triple del promedio histórico. Y lo hizo, en gran medida, ignorando advertencias técnicas: 101 de esas leyes fueron aprobadas por insistencia. Hablamos de decisiones con costos que no son simbólicos: bonificaciones docentes que superan los S/ 40 mil millones, homologaciones remunerativas regionales de varios miles de millones, beneficios tributarios que debilitan ingresos públicos y ampliaciones de negociación colectiva que elevan el gasto corriente sin contrapartidas de productividad. 

A ello se suman 352 proyectos en trámite, los 10 más costosos con un impacto anual de S/ 25 mil millones. Para dimensionarlo: es más de lo que el país invierte en seguridad ciudadana, 18 veces Pensión 65 y 23 veces el Programa Juntos. Esta es una fábrica legislativa sin frenos, alentada por un incentivo perverso: aprobar beneficios hoy y dejar la cuenta para mañana.

Por lo demás, lo que está en juego no es solo el equilibrio macroeconómico. Es también la naturaleza del Estado y su misión. La mayor parte de estas iniciativas comparte un patrón preocupante: están dirigidas a ampliar beneficios de trabajadores del Estado, sin relación alguna con mejora del servicio público, menos aún con la productividad. No son políticas de meritocracia ni modernización: son privilegios corporativos que presionan la planilla pública y desplazan el gasto esencial.

Cada sol destinado a bonificaciones, regímenes especiales o nombramientos masivos sin criterio de necesidad es un sol menos para seguridad ciudadana, atención primaria de salud, justicia, infraestructura básica o programas sociales. El Estado no crece en capacidad; solo crece en obligaciones. Es decir, el Congreso legisla para quienes ya están dentro de la maquinaria estatal, no para quienes dependen de ella. Y, al final, quienes pagan el costo son los ciudadanos que dependen de servicios públicos esenciales cada vez más debilitados.

A ello se suma una consecuencia macrofiscal que ya nadie puede ocultar. Las proyecciones del Consejo Fiscal advierten que, si se ejecutan las leyes aprobadas y las iniciativas en cola, el déficit fiscal aumentaría 5 puntos del PBI adicionales. Y la deuda pública podría trepar hasta 70% del PBI en una década, niveles inéditos en la historia reciente del país. Más aún si consideramos que durante dos décadas fuimos reconocidos por nuestra disciplina fiscal, resulta alarmante cómo ese patrimonio institucional se debilita a un ritmo acelerado, empujado por decisiones legislativas tomadas sin responsabilidad y sin una mirada de país. No es una predicción alarmista: es la consecuencia aritmética de comprometer gastos permanentes sin fuente de financiamiento. Una senda que países como Argentina o Ecuador conocen demasiado bien.

Reformar el artículo 79 de la Constitución no recorta derechos ni limita la representación democrática. Lo que hace es devolver sentido al diseño constitucional original: el Congreso no puede crear gastos ni obligaciones con impacto fiscal sin iniciativa del Poder Ejecutivo, ni en el presupuesto anual vigente ni en los futuros. El artículo 79 fue creado precisamente para evitar que el Legislativo comprometa recursos que no administra. Su ambigüedad permitió que el TC lo distorsionara. Reformarlo es cerrar esa zona gris.

Con la reforma:

  •  cualquier impacto fiscal debe ser promovido o autorizado por el Ejecutivo;
  •  las obligaciones laborales y beneficios tributarios no pueden aprobarse sin fuente;
  • el Congreso deberá pasar filtros de admisibilidad rigurosos;
  • el equilibrio presupuestal deja de ser un saludo a la bandera;
  •  la programación multianual vuelve a tener sentido.
Sin la reforma, continuará la deriva legislativa y el deterioro fiscal.

Por último, conviene decirlo sin rodeos: permitir que el Congreso comprometa recursos futuros para obtener réditos inmediatos es una forma de irresponsabilidad pública que bordea la inmoralidad política. No existe democracia sana sobre finanzas públicas insostenibles. No existe Estado eficaz sobre un presupuesto capturado por grupos de interés. No existe futuro cuando el presente consume más de lo que el país puede pagar.

La necesaria reforma del artículo 79 no solo repara un vacío jurídico: restaura el principio ético básico de que quienes toman decisiones deben hacerse cargo de sus consecuencias. El Perú ya ha visto el comienzo de esta película y sabe cómo termina: déficit insostenible, recortes abruptos, pérdida de credibilidad, deterioro social. Esperar más sería un acto de negligencia colectiva. El Congreso debe corregir la distorsión que él mismo ha aprovechado. El TC debe revisar una doctrina que resultó dañina. Y la ciudadanía debe exigir que el Estado deje de ser un botín y vuelva a ser un instrumento de servicio público.

Reformar el artículo 79 no resolverá todos los problemas del Estado peruano, pero sin esa reforma ningún otro intento de modernización sobrevivirá al desorden fiscal. No se trata de blindar al Ejecutivo ni de recortar facultades del Legislativo. Se trata de impedir que continúe la peligrosa ilusión de que crear obligaciones no es gastar y de que legislar sin financiamiento es inocuo. Se trata, en última instancia, de algo más simple y más profundo: devolver al Estado su capacidad de cumplir su misión.

lunes, 5 de mayo de 2025

Desgobierno y cinismo: la república que se desangra en silencio

Por Wens Silvestre

Nuestro país atraviesa un momento crítico. No es una crisis más en la larga sucesión de inestabilidades que nos han marcado como país. Es una fractura profunda, un desgobierno estructural, una violencia que se ha vuelto sistemática, normalizada, aceptada por omisión. Una nación que se desangra en silencio mientras los políticos -los del Ejecutivo y una mayoría del Congreso- observan desde su burbuja de privilegios, más preocupados por blindar su poder que por defender la vida, la justicia o la esperanza de los peruanos.

La muerte de 13 trabajadores mineros en Pataz no es una anécdota. Es el síntoma más desgarrador de un Estado que ha cedido su autoridad a las mafias. Secuestrados, asesinados, enterrados en el silencio oficial. El premier Gustavo Adrianzén, lejos de liderar una respuesta decidida, deslizó inicialmente que “no tenía noticia de que el suceso fuera veraz”. ¿Qué mayor prueba de la bancarrota de nuestro sistema de inteligencia? ¿Cómo puede un jefe de gabinete que ignora una masacre nacional seguir en su cargo?

Y mientras tanto, el crimen organizado se fortalece. Las bandas vinculadas a la minería ilegal controlan territorios, financian sicariato, corrompen autoridades locales y extienden sus redes con absoluta impunidad. El REINFO -un registro creado para formalizar la pequeña minería- se ha convertido en una herramienta para el blanqueo de actividades ilícitas. Una mayoría del Parlamento, lejos de enmendar este desastre, aprobaron en diciembre de 2024 una nueva ampliación del proceso, cediendo una vez más al chantaje de los intereses ilegales disfrazados de “formalización”.

Desde marzo, el gobierno de Dina Boluarte ha acumulado una cadena de escándalos, mentiras y fracasos. El premier Adrianzén mintió descaradamente al Congreso al afirmar que Petroperú se encontraba en vías de recuperación, cuando ya se conocían -aunque no públicamente- las pérdidas por más de US$111 millones en el primer trimestre de 2025. ¿Dónde quedó la transparencia? ¿Qué valor tiene la palabra de un funcionario que falsea cifras frente al Parlamento?

Tampoco es menor la propuesta de obligar a los medios a transmitir propaganda oficial durante estados de emergencia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, sugirió modificar la Ley de Radio y Televisión para que los canales cumplan con “una franja informativa” del Ejecutivo. ¿Esto en un país donde la libertad de prensa ha sido clave para destapar escándalos de corrupción e ineficiencia? Esta pretensión es, sin duda, un atentado contra la democracia liberal.

 El Congreso: un reflejo deformado de la ciudadanía

Por su parte, el Parlamento no es menos culpable. Con 2% de aprobación, ha alcanzado mínimos históricos, y no por azar. La desconexión con la ciudadanía es total. Los discursos incendiarios, las alianzas hipócritas con el gobierno, el encubrimiento sistemático de ministros incompetentes o cuestionados, revelan una institución vaciada de propósito. No representan a nadie más que a sí mismos.

Mientras tanto, el país sangra. La inseguridad ha llegado a niveles nunca antes vistos. Extorsiones, homicidios, toques de queda, zonas enteras controladas por mafias. En vez de presentar reformas estructurales, los poderes del Estado responden con medidas efectistas, declaraciones vacías y una inercia que ofende.

El pueblo, cansado, observa. Marcha. Grita. Pide cambios. Pero nadie escucha. Los gobernantes han optado por la indiferencia, una forma de violencia simbólica que es aún más dolorosa: la de saberse ignorado por quienes juraron defender la patria. Este desgobierno es más que una mala gestión. Es la negación del contrato social. Es el triunfo del cinismo sobre la ética. Es la política reducida al cálculo de la supervivencia en el poder.

Una salida

Desde una perspectiva republicana, el país necesita recuperar el Estado. No uno burocrático e ineficiente, sino uno meritocrático, transparente, con límites al poder y con capacidad de proteger derechos y vidas. Se requiere una reforma política profunda, que elimine el caudillismo y la informalidad partidaria; una reforma del Estado, que recupere la eficiencia sin ceder a la captura corporativa; y un nuevo pacto social, que devuelva a la ciudadanía su voz.

Hoy el Perú no se descompone por falta de leyes, sino por la ausencia de virtudes cívicas. No es la pobreza lo que nos destruye, sino el oportunismo, la cobardía y la mentira institucionalizada.

Censurar al premier es solo un primer paso. Lo que se necesita es un verdadero acto de reparación: rescatar la política del fango en el que ha sido arrojada y devolverla a su noble propósito de servir al bien común. Porque si no se actúa ahora, el Perú no será solo un país fallido: será una promesa traicionada.

 

domingo, 30 de marzo de 2025

La reforma pendiente del Estado y el desafío electoral del 2026: más presupuesto, menos resultados

Por Wens Silvestre

A un año de las elecciones generales del 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política, económica e institucional que pondrá a prueba no solo la solidez de su democracia, sino también la madurez de su clase política y su ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos están actualmente inscritos y habilitados para participar, mientras que otras 32 agrupaciones están en proceso de inscripción. Esta cifra refleja no una vitalidad democrática, sino más bien una preocupante fragmentación del sistema político.

El proceso será particularmente trascendental, ya que, además de elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso, se restablecerá el Senado después de 35 años, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. No obstante, el contexto en el que se celebrarán estos comicios es profundamente adverso: crisis de seguridad, corrupción estructural, ineficiencia del Estado, pobreza estancada y desconfianza generalizada en las instituciones.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso solo cuenta con 2% de aprobación ciudadana, mientras que la presidenta Dina Boluarte alcanza apenas un 4%. Esta desaprobación histórica se explica, en gran medida, por una gestión pública que no responde a las expectativas ciudadanas, a pesar del notable crecimiento del presupuesto público en las últimas dos décadas.

En efecto, el presupuesto del sector público aprobado para 2025 (PIA) asciende a S/ 251.8 mil millones, y el modificado ya bordea los S/ 260.6 mil millones. Comparado con el año 2006, cuando el PIA era de S/ 50.9 mil millones, el crecimiento ha sido alrededor 500% en términos nominales. Sin embargo, este aumento no ha implicado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

Una revisión de la estructura del gasto revela un patrón preocupante: el crecimiento del presupuesto ha estado fuertemente concentrado en remuneraciones y pagos previsionales. En 2008, el gasto en personal, pensiones y servicios de terceros sumaba S/ 28.5 mil millones (40.2% del presupuesto). Para 2025, esta cifra asciende a S/ 114.1 mil millones (45.3% del PIA), y un crecimiento nominal de 400%. No obstante, la calidad de los servicios en salud, educación, justicia y seguridad sigue siendo deficiente. En otras palabras, el Estado se ha convertido en una maquinaria costosa que no entrega resultados tangibles.

La situación es especialmente crítica en sectores sensibles como educación. El Perú pasó del puesto 63 en matemáticas en la prueba PISA 2009 al puesto 59 en 2022. Esta mejora marginal no refleja el aumento presupuestal ni el esfuerzo esperado por parte del aparato estatal. En paralelo, la pobreza monetaria apenas se redujo de 36% en 2008 a 29% en 2024, una caída modesta frente al incremento de 400% en el gasto público en personal.

Estos indicadores son sintomáticos de un Estado capturado por intereses particulares, donde la meritocracia ha sido desplazada por el amiguismo, el clientelismo y el reparto de cuotas de poder. La proliferación de partidos sin democracia interna —estructurados alrededor de caudillos eternos— ha bloqueado la posibilidad de construir verdaderas coaliciones programáticas. El Congreso actual y buena parte del Ejecutivo han sido incapaces de responder a la crisis estructural que atraviesa el país.

Más allá de los números, lo que está en juego en el 2026 es el futuro de nuestra institucionalidad. Se requiere una reforma del Estado que priorice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la recuperación de la meritocracia como principio rector del servicio público. Sin este cambio estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de gasto improductivo, descontento social y parálisis institucional.

El reto es también ciudadano. Los electores deben informarse y elegir con criterio, superando la tentación de los discursos populistas y desconfiando de partidos que no practican lo que predican. Solo una ciudadanía activa, exigente y crítica podrá empujar los cambios que el país necesita.

El 2026 puede ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, debemos dejar de premiar la improvisación y el oportunismo. El Perú no necesita más gasto, necesita mejor gestión. Y eso solo será posible con una verdadera voluntad de reforma y una renovación ética de su clase dirigente. 

miércoles, 15 de enero de 2025

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.


domingo, 30 de junio de 2024

¿Cómo puede Perú mejorar su habitabilidad frente al cambio climático y la ineficiencia estatal?

Por: Wens Silvestre

El Índice de Habitabilidad Global 2024 de The Economist Intelligence Unit (EIU) ofrece un retrato claro de las ciudades que mejoran y deterioran la calidad de vida a nivel global. Si bien el índice destaca las fortalezas de ciudades en Norteamérica, Europa Occidental y Asia-Pacífico, también pone en relieve los desafíos que enfrentan muchos países en desarrollo, incluyendo Perú. Para que Perú pueda mejorar su posición en este índice, es fundamental que aborde varios factores clave que afectan la habitabilidad: estabilidad, atención médica, cultura y medio ambiente, educación e infraestructura resiliente, todo ello bajo la sombra del cambio climático y la ineficiencia estatal.

Ejemplos de países con mejores índices de habitabilidad incluyen Viena, Austria, con puntuaciones perfectas en estabilidad, atención médica, educación e infraestructura, manteniéndose como la ciudad más habitable del mundo. Copenhague, Dinamarca, ocupa el segundo lugar con altas puntuaciones en todas las categorías, destacando en estabilidad y atención médica. Zúrich, Suiza, con un sólido rendimiento en infraestructura y atención médica, se sitúa en el tercer puesto. Por otro lado, entre los peores índices de habitabilidad están Damasco, Siria, la ciudad menos habitable del mundo, con puntuaciones extremadamente bajas en estabilidad y atención médica debido a los conflictos en curso; Trípoli, Libia, en el penúltimo lugar con bajas calificaciones en estabilidad e infraestructura, también afectada por conflictos prolongados; y Lagos, Nigeria, enfrentando desafíos significativos en infraestructura, atención médica y estabilidad.

Índice de Habitabilidad Global 2024
Fuente: The Economist Intelligence Unit
La estabilidad es un pilar fundamental de la habitabilidad, ya que afecta directamente la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. En Perú, la estabilidad se ha visto comprometida por la inestabilidad política y los conflictos sociales recurrentes, exacerbados por la pugna entre los poderes del Estado. Para mejorar en este aspecto, es esencial reforzar el Estado de Derecho, asegurando que las leyes se apliquen de manera equitativa y que las instituciones funcionen correctamente. Además, se deben implementar reformas estructurales para mejorar la eficiencia del Estado, asegurando la contratación de personal calificado y la eliminación de la corrupción. Promover el diálogo social para resolver conflictos a través de la negociación, y fortalecer la seguridad ciudadana adoptando un enfoque integral que aborde las causas profundas de la delincuencia y fortalezca la confianza en las instituciones e incrementando la presencia policial y mejorando la formación de los cuerpos de seguridad, también son medidas necesarias.

La atención médica de calidad es otro factor crítico que afecta la calidad de vida. Perú ha logrado avances en la cobertura de salud, pero aún enfrenta deficiencias significativas en cuanto a la calidad y accesibilidad de los servicios de salud. Para abordar estos desafíos, es fundamental mejorar la infraestructura sanitaria invirtiendo en hospitales y centros de salud bien equipados, especialmente en zonas rurales y desfavorecidas. Asegurar la formación continua y adecuada del personal de salud, y ampliar la cobertura de salud fortaleciendo los programas de salud pública preventiva, también son medidas importantes.

La riqueza cultural y la calidad del medio ambiente también son determinantes clave de la habitabilidad. Perú, con su rica herencia cultural y biodiversidad, tiene un potencial significativo en esta área. Preservar y promover la cultura fomentando el desarrollo de actividades culturales, festivales y eventos que celebren la diversidad cultural del país, es esencial. Asimismo, se deben implementar políticas efectivas para la conservación de ecosistemas, reducir la contaminación y promover prácticas sostenibles. Abordar el cambio climático desarrollando estrategias de mitigación y adaptación para enfrentar sus efectos, protegerá la economía, la salud y la infraestructura del país. Fomentar el turismo sostenible también beneficiará a las comunidades locales y preservará el medio ambiente.

La educación es la base para el desarrollo económico y social. Aunque Perú ha hecho progresos, aún hay mucho por hacer para mejorar la calidad educativa. Aumentar la inversión en educación, mejorar la infraestructura escolar y capacitar adecuadamente a los docentes, son pasos fundamentales. Reducir la deserción escolar implementando programas para mantener a los niños en la escuela, especialmente en áreas rurales y periurbanas, y fomentar la educación técnica y vocacional adaptando el sistema educativo a las necesidades del mercado laboral, también son medidas necesarias.

Una infraestructura robusta y resiliente es esencial para el desarrollo económico y la mejora de la calidad de vida. En Perú, la infraestructura aún presenta deficiencias importantes. Desarrollar infraestructuras básicas resilientes asegurando el acceso a servicios básicos como agua potable, electricidad y saneamiento en todas las regiones del país, diseñando sistemas que puedan resistir eventos climáticos extremos, es primordial. Mejorar el transporte público desarrollando un sistema eficiente, seguro y accesible que reduzca el tráfico y la contaminación, y fomentar la conectividad digital expandiendo el acceso a internet de alta velocidad, son también medidas importantes. Finalmente, construir infraestructuras adaptativas que puedan adaptarse a las condiciones cambiantes del clima, minimizando los daños y asegurando la continuidad de los servicios, es esencial.

Para que Perú pueda mejorar su clasificación en el Índice de Habitabilidad Global, es fundamental que aborde estos desafíos con políticas integrales y sostenibles. La mejora de la estabilidad, la atención médica, la cultura y el medio ambiente, la educación y la infraestructura resiliente no solo elevará la posición de Perú en el índice, sino que también mejorará significativamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Además, es decisivo que el país desarrolle estrategias efectivas para enfrentar el cambio climático, protegiendo así sus recursos naturales y la salud de su población. Finalmente, la implementación de reformas estatales para mejorar la eficiencia del gobierno y garantizar la calidad de los servicios públicos será esencial para construir un futuro más próspero y habitable para todos los peruanos.


miércoles, 28 de junio de 2023

Hacia un nuevo Perú: Reformas necesarias para un futuro prometedor

En los últimos años, Perú ha experimentado cambios significativos en su realidad política y social. Sin embargo, muchos de estos cambios no han cumplido las expectativas de un amplio sector de la población. En este contexto, resuenan con fuerza las palabras de numerosos ciudadanos: "Necesitamos un nuevo sistema, nuevas reglas, nuevas oportunidades". Estas palabras, cargadas de intención y visión, reflejan la urgente necesidad de llevar a cabo reformas en múltiples dimensiones del país, con el fin de impulsar un futuro prometedor.

El primer aspecto fundamental que se plantea es la necesidad de un nuevo sistema. Perú requiere una revisión profunda de su sistema político y económico para abordar las deficiencias y desafíos que enfrenta. Esto implica una re
organización de las instituciones y los procesos de toma de decisiones, con el objetivo de fomentar la transparencia, la eficiencia y la participación ciudadana. La revisión del sistema económico implica identificar las áreas que requieren mejoras, ajustes o cambios significativos. Es esencial que el nuevo sistema político y económico esté diseñado para garantizar una distribución equitativa del poder, salvaguardar los derechos fundamentales y promover el crecimiento inclusivo, la estabilidad, la equidad y la sostenibilidad a largo plazo.

 Además, es crucial abordar el tema de las nuevas reglas. En este sentido, se hace imprescindible revisar y reformar las leyes y regulaciones vigentes. Esto implica establecer un marco legal más justo, transparente y actualizado, capaz de responder a los desafíos y necesidades del Perú contemporáneo. La reforma legal debe asegurar la igualdad ante la ley, promover la rendición de cuentas y fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción. Asimismo, es fundamental que las nuevas reglas fomenten la estabilidad y la seguridad jurídica, impulsando un entorno propicio para la inversión y el desarrollo económico sostenible.

La máxima también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de crear nuevas oportunidades para todos los peruanos. Para lograrlo, es necesario establecer políticas que impulsen la innovación, la educación de calidad y la igualdad de acceso a oportunidades económicas. Esto implica brindar apoyo y estímulo a los emprendedores locales, promoviendo un entorno propicio para el desarrollo de nuevas empresas y la generación de empleo. Además, se deben implementar programas de inclusión social y educativa que garanticen que ningún peruano se quede rezagado, independientemente de su origen o condición socioeconómica.

Sin embargo, debemos ser conscientes de que la implementación de estas reformas no será fácil. Requiere de un liderazgo fuerte y comprometido, con la capacidad de construir consensos políticos y generar confianza en la sociedad. Además, es imprescindible fomentar la participación ciudadana, asegurando que las voces de todos los peruanos sean escuchadas y consideradas en el proceso de cambio.

En conclusión, Perú se encuentra en un momento crucial de su historia, en el cual las palabras "nuevo sistema, nuevas reglas, nuevas oportunidades" adquieren una relevancia especial. Si queremos construir un futuro prometedor, es imperativo que abordemos los desafíos que enfrentamos y realicemos las reformas necesarias en todos los niveles. Esto requerirá voluntad política, participación ciudadana y un enfoque centrado en el bienestar de todos los peruanos. Estoy convencido de que, con determinación y una visión clara, Perú puede avanzar hacia un horizonte de progreso y desarrollo que beneficie a todos sus habitantes.

martes, 15 de junio de 2021

El reto de diseñar e implementar una política general de Gobierno responsable

Por: Wens Silvestre

En medio de la incertidumbre política y al margen de los resultados finales del proceso electoral, es necesario que el régimen de Gobierno que asuma el próximo 28 de julio, busque, a través del diálogo sincero, la unidad y reconciliación entre peruanos, con la finalidad de enfocar sus esfuerzos en continuar con el proceso de vacunación contra la COVID-19, la reactivación económica y la recuperación de empleo, que permita reducir la pobreza a nivel pre-pandemia. Estos objetivos sólo serán posibles, si el Gobierno es capaz de armonizar  sus políticas con el  sector empresarial y la sociedad en su conjunto.  En tanto, a mediano y largo plazo, los objetivos están ligados a mejorar la seguridad ciudadana, consolidar el dinamismo económico descentralizado, lucha anticorrupción y reforma del Estado camino a mejorar su eficacia y eficiencia.

Sin duda, un Gobierno responsable, en principio, debe velar por conservar y mejorar la estabilidad política y macroeconómica (económico y financiero). Esta condición es importante porque genera confianza para que los agentes económicos tomen decisiones a largo plazo. Además, es importante porque ayuda en la estrategia para atraer inversión privada y generar mayores recursos fiscales, necesarios para financiar el presupuesto del sector público. En efecto, una economía sana propenderá a contar con unidades económicas rentables, el mismo permitirá una mayor recaudación tributaria, elevando la presión tributaria. Asimismo, garantizará tener una buena calificación riesgo país que permite acceder a créditos a tasas muy bajas.

En otro escenario, un Gobierno irresponsable hará todo lo contrario y afectará de manera distinta a todos los peruanos, a corto, mediano y largo plazo.

La pandemia impactó a nuestra economía, registrando una caída de 12,9% durante el 2020 y, en consecuencia, también se ha visto afectado las cuentas fiscales, el nivel de empleo, entre otras variables. 

En relación al impacto fiscal, por ejemplo, el presupuesto del sector público ha sido financiado en parte con endeudamiento público, debido a una caída en la recaudación tributaria. Así, durante el 2020 el déficit fiscal llegó a 10,7% del PBI y para el presente año se pretende reducir a 6,2%, teniendo como resultado un incremento del saldo de deuda pública como porcentaje del PBI, pasando de 26,8% a 37,5% (2020). En este proceso de reactivación económica, el gobierno  ha venido implementando una política fiscal expansiva. Sin embargo, esa política no puede ser permanente en la medida que es financiado en parte con endeudamiento. Recordemos que tenemos una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, aunque se relajó durante el 2020 para atender esta emergencia, es necesario retornar paulatinamente a los niveles pre-pandemia, con la finalidad de recuperar la confianza en los mercados internacionales y nos permita tener financiamiento a bajas tasas de interés, y no afectar la estabilidad de precios interés.

Por otro lado, en relación al empleo, durante el 2020, según el INEI, 2.2  millones de peruanos perdieron su empleo. En ese sentido, el objetivo social fundamental a corto plazo, es recuperar los niveles de empleo pre-Covid-19, y reducir el nivel de pobreza que pasó de 20,2% (2019) a 30,1% (2020). Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, la economía peruana crecerá 10,3% durante el 2021. Empero, lograr alcanzar dicha estimación dependerá del control de la pandemia,  de la sostenibilidad fiscal y de las medidas que adopta el Gobierno entrante que recupere la confianza en la viabilidad del país. De allí, la importancia de contar con estabilidad política-social y macroeconómica.

Además, es necesario no perder de vista los elementos de un creciente riesgo sobre la  estabilidad política-social y el crecimiento económico. La disipación de estos riesgos, dependerá de quién asuma la conducción del Poder Ejecutivo y de la política general de Gobierno que anuncie y ejecute durante su gestión.

Finalmente, es necesario reiterar la necesidad de ejercer una gestión responsable, cuya política de Gobierno se oriente a consolidar el proceso de reactivación económica, consolidar la disciplina fiscal y regulaciones que no afecte el funcionamiento de los mercados y con reformas que no involucre cambios en el capítulo económico de la Constitución. Un escenario contrario, como mencioné, generarán resultados adversos que impactará directamente a la población de distinta manera, a lo largo del tiempo. En ese sentido, es importante recuperar la certidumbre y confianza en los agentes económicos.

jueves, 4 de julio de 2013

Ley del Servicio Civil -Ley N° 30057- sus alcances y excepciones


La norma marca un hito en la reforma del servicio civil del Estado. Proceso será progresivo y se prevé concluir su implementación en seis (6) años. Las compensaciones económicas serán mejoradas para el personal competente. Si llega a cumplirse con la norma, trabajadores estatales que actualmente perciben  remuneraciones irrisorias, podrían mejorar sustancialmente sus ingresos, siempre que demuestren ser competentes en el ejercicios de sus funciones y resultados.

Reglamento saldrá publicado en 180 días.

“El objeto de la presente Ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas.” (Artículo I).

“La finalidad de la presente Ley es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran.” (Artículo II).

Los principios que la rigen son:
  • -          Interés general
  • -          Eficiencia y eficacia
  • -          Igualdad de oportunidades
  • -          Mérito
  • -          Provisión presupuestaria
  • -          Legalidad y especialidad operativa
  • -          Transparencia
  • -          Rendición de cuentas de la gestión.
  • -          Probidad y ética pública
  • -          Flexibilidad
  • -          Protección contra el término arbitrario del Servicio Civil. (Artículo III)


Ámbito de aplicación (Artículo 1  de las Disposiciones Generales)

El régimen del Servicio Civil se aplica a las entidades públicas de:
a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos.
b) El Poder Legislativo.
c) El Poder Judicial.
d) Los Gobiernos Regionales.
e) Los Gobiernos Locales.
f) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
g) Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público.

Aunque en la primera disposición complementaria y final de la referida Ley estableció las excepciones en su aplicación.

“PRIMERA. Trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no comprendidos en la presente Ley
No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Para los efectos del régimen del Servicio Civil se reconocen como carreras especiales las normadas por:
a) Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República.
b) Ley 23733, Ley universitaria.
c) Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los Profesionales de la Salud.
d) Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
e) Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.
f) Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú.
g) Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública
Penitenciaria.
h) Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
i) Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial.
Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República se rigen supletoriamente por el artículo III del Título Preliminar, referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la Organización del Servicio Civil; y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso Administrativo  Sancionador, establecidos en la presente Ley.”

Traslado de servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 al régimen del Servicio Civil (Cuarta Disposición)

"Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso público de méritos al régimen previsto en la presente Ley. Las normas reglamentarias establecen las condiciones con las que se realizan los concursos de traslado de régimen. La participación en los concursos para trasladarse al nuevo régimen no requiere de la renuncia previa al régimen de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, según corresponda.

Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 que ganen los concursos y opten voluntariamente por el traslado al nuevo régimen previsto en la presente Ley, dejan de pertenecer a los regímenes señalados con la respectiva liquidación de sus beneficios sociales, según corresponda, y no tienen derecho a ninguna de las condiciones y beneficios establecidos en ellos; a partir de su traslado al nuevo régimen, cualquier disposición, resolución administrativa o judicial que contravenga esta disposición es nula de pleno derecho o inejecutable por el Sector Público.

Estos servidores no están sujetos al período de prueba previsto en la presente Ley.

Los servidores civiles que ingresan al régimen de Servicio Civil previsto en la presente Ley deben aportar al Sistema Privado de Pensiones o al Sistema Nacional de Pensiones, según corresponda. Los servidores civiles que han alcanzado el derecho a percibir una pensión pero optan por seguir prestando servicios, deben tramitar la suspensión de la pensión correspondiente.”

Servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 pueden presentarse al concurso (Sétima Disposición)

“Los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, pueden presentarse a los concursos para puestos que se convoquen bajo el nuevo régimen previsto en la presente Ley. En caso de obtener un puesto, para ser efectivamente incorporados al nuevo régimen deben haber renunciado al régimen anterior y a partir de su traslado al régimen del Servicio Civil no tienen derecho a ninguna de las condiciones ni beneficios establecidos en él.”