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jueves, 19 de febrero de 2026

Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.

sábado, 5 de octubre de 2024

¿Es urgente modernizar el Sistema de Defensa Nacional para la Fuerza Aérea del Perú?

 Por Wens Silvestre

La reciente confirmación del gobierno peruano sobre la compra de 24 aviones de combate por un total de 3.500 millones de dólares ha reavivado el debate sobre la necesidad y pertinencia de modernizar el sistema de defensa nacional, particularmente la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A pesar de las críticas iniciales por el elevado costo de esta adquisición, es imperativo entender que esta decisión no solo responde a una necesidad estratégica interna, sino también a las cambiantes dinámicas geopolíticas y de seguridad globales que afectan directamente a Perú.

El escenario global ha evolucionado de manera rápida y desafiante en los últimos años. La competencia entre las grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia— ha escalado, aumentando las tensiones en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina. Además, la proliferación de tecnologías militares avanzadas, como los drones armados y las armas hipersónicas, está redefiniendo la forma en que los países proyectan poder y aseguran su defensa. 

KF 21, F16, Rafale
En este contexto, los países que no modernicen sus fuerzas armadas corren el riesgo de quedarse atrás y quedar vulnerables frente a amenazas emergentes. Para Perú, la necesidad de una modernización de su Fuerza Aérea no es solo un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar la defensa de la soberanía nacional y la protección de sus vastos recursos naturales, especialmente en áreas críticas como la Amazonía y las zonas marítimas del Pacífico.

La Fuerza Aérea del Perú ha operado, desde la década de 1990, con una flota de aviones de combate que, si bien en su momento fueron avanzados, hoy han quedado obsoletos frente a las demandas actuales. Aviones como los MiG-29 y los SU-25 adquiridos durante el gobierno de Alberto Fujimori, o los Mirage 2000 que datan de los años 80, ya no ofrecen las capacidades tecnológicas necesarias para enfrentar amenazas modernas. La antigüedad de estos equipos y las dificultades en el acceso a repuestos y mantenimiento adecuado han reducido significativamente la capacidad operativa de la FAP.

La adquisición de nuevos aviones de combate es, por lo tanto, una medida urgente y estratégica. Entre las opciones que el gobierno peruano está considerando se encuentran modelos avanzados como el Rafale francés, el F-16 Block 70 de Estados Unidos, y el KF-21 Boramae surcoreano. Estos aviones no solo representan una mejora significativa en términos de capacidad de combate, sino que también son multirrol, es decir, pueden realizar una variedad de misiones, desde defensa aérea hasta ataques aire-tierra y vigilancia estratégica.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, subrayó durante el anuncio de la compra que “la seguridad y el desarrollo son variables interdependientes”. Esta afirmación es clave para entender por qué la modernización de las Fuerzas Armadas, y en particular de la FAP, es esencial para el desarrollo de Perú. En un país como el nuestro, donde las amenazas internas como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía son persistentes, la capacidad de control aéreo y vigilancia es fundamental.

La adquisición de estos nuevos aviones permitirá a la FAP monitorear vastas áreas del territorio, desde las fronteras en los Andes hasta el control del VRAEM y la Amazonía, áreas donde operan grupos armados y redes criminales. Además, la incorporación de tecnología de punta en los sistemas de combate aéreo permitirá al país responder rápidamente a amenazas externas o internas y, en última instancia, proteger la seguridad de los ciudadanos.

El debate sobre los costos

Uno de los principales puntos de crítica hacia la compra de los aviones es el costo significativo que representa: 3.500 millones de dólares, con un financiamiento escalonado de 2.000 millones en 2025 y 1.500 millones en 2026. Sin embargo, es fundamental entender que este gasto no es un despilfarro, sino una inversión en la seguridad y estabilidad a largo plazo del país. Las críticas que cuestionan esta compra a menudo pasan por alto que, sin una defensa adecuada, el desarrollo económico y social se ve constantemente amenazado.

Algunos sectores políticos sostienen que Perú enfrenta necesidades más urgentes, como la seguridad interna, la pobreza y la mejora de los servicios públicos que deberían priorizarse sobre la compra de aviones. Si bien estas preocupaciones son legítimas, reducir el debate a una elección binaria entre defensa nacional y necesidades sociales es un error. La defensa aérea no es un gasto aislado o lujoso, sino una parte fundamental para garantizar la seguridad integral del país, proteger la soberanía y facilitar la vigilancia y control territorial en regiones donde el Estado enfrenta desafíos, como el VRAEM. Además, una fuerza aérea modernizada también es clave para responder eficazmente a desastres naturales, interdicción contra el narcotráfico y otras emergencias. Descartar la inversión en defensa podría dejar al Perú vulnerable frente a actores externos e internos que podrían aprovechar la debilidad estratégica, lo que a largo plazo resultaría en costos más altos para el Estado en términos de seguridad, estabilidad y desarrollo económico.

El costo de no modernizar nuestras Fuerzas Armadas es, en última instancia, mucho mayor que el precio de estos aviones. El riesgo de una vulnerabilidad prolongada frente a las amenazas internas y externas puede tener consecuencias devastadoras para el país. Además, el esquema de financiamiento a través de endeudamiento interno ha sido diseñado para minimizar el impacto fiscal inmediato, permitiendo que la compra se realice sin comprometer otros sectores prioritarios como la salud y la educación.

¿Qué avión deberíamos elegir?

La selección del tipo de avión a adquirir es un tema fundamental que debe basarse en varios factores, entre ellos la capacidad multirrol, el costo operativo a largo plazo y la transferencia de tecnología. Entre los candidatos, el F-16 Block 70 se presenta como una opción robusta, con un historial probado y costos operativos relativamente bajos. Además, este modelo tiene una sólida cadena de suministro y un amplio soporte logístico en la región, lo que garantizaría su sostenibilidad a largo plazo.

El Rafale francés, aunque avanzado, presenta un costo operativo más alto y una cadena de suministro más limitada en América Latina, lo que podría dificultar su mantenimiento en el futuro. Por otro lado, el KF-21 Boramae de Corea del Sur es una opción prometedora, pero aún en desarrollo, lo que implica ciertos riesgos tecnológicos y logísticos.

Finalmente, la decisión no debe tomarse únicamente en términos técnicos, sino también en función de las relaciones diplomáticas y geopolíticas. Un acuerdo con Estados Unidos o Francia podría fortalecer los lazos con Occidente, mientras que un acuerdo con Corea del Sur ofrecería oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto, lo que podría ser beneficioso para la industria nacional de defensa.

En síntesis, la modernización de la Fuerza Aérea del Perú es una necesidad estratégica urgente que no puede postergarse. En un mundo donde las amenazas se vuelven más complejas y el entorno geopolítico cambia rápidamente, contar con una fuerza aérea moderna y eficiente es esencial para garantizar la seguridad nacional y promover el desarrollo interno. Si bien el costo de la adquisición es alto, los beneficios en términos de estabilidad, seguridad y soberanía son incalculables. Perú debe mirar al futuro con determinación, asegurándose de que sus Fuerzas Armadas estén preparadas para los desafíos que vendrán, tanto internos como externos.

martes, 10 de septiembre de 2024

Re-globalización: Comercio en un mundo geopolitizado

 Por Wens Silvestre

En los últimos años, el comercio global ha entrado en una nueva fase que, a falta de un mejor término, podemos llamar "re-globalización". Esta etapa no es simplemente un retorno a la expansión comercial de décadas pasadas, sino una evolución del comercio internacional en respuesta a un contexto geopolítico mucho más complejo y volátil. Las tensiones entre grandes potencias, los avances tecnológicos y la necesidad de asegurar la resiliencia de las cadenas de suministro han forjado un nuevo paradigma de comercio, uno que equilibra las demandas de seguridad nacional con los beneficios económicos de la integración global.

El comercio internacional ha sido, históricamente, una fuente de prosperidad y paz, conectando economías, aumentando la eficiencia y elevando los niveles de vida en todo el mundo. Sin embargo, la narrativa reciente que vincula el comercio con la seguridad nacional ha cobrado fuerza, especialmente en las economías avanzadas. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han comenzado a reconsiderar sus relaciones comerciales, particularmente con actores estratégicos como China y Rusia, en un esfuerzo por proteger industrias clave y evitar dependencias económicas que podrían convertirse en riesgos geopolíticos.

El argumento es simple: las naciones no pueden permitirse depender de actores que, en un momento dado, podrían utilizar su control sobre bienes esenciales o tecnologías estratégicas como una herramienta de influencia política o militar. Esto se ha visto, por ejemplo, en la carrera por el dominio de las tecnologías de semiconductores o en la lucha por asegurar fuentes de energía en medio de la guerra en Ucrania. Así, el comercio, que solía verse como una herramienta para el crecimiento y la integración pacífica, se ha convertido en un campo de batalla geopolítico.

En este nuevo contexto, la re-globalización se caracteriza por un giro hacia el friendshoring y el reshoring. Los países buscan acercar sus cadenas de suministro a socios confiables o, directamente, relocalizarlas para evitar depender de países avanzados potencialmente adversarias. El ejemplo más claro de esta tendencia es la creciente inversión de Estados Unidos en la producción local de semiconductores, así como su restricción de la exportación de tecnología avanzada a China. A su vez, China ha redoblado sus esfuerzos para volverse autosuficiente en sectores clave, con políticas agresivas de innovación y expansión industrial.

Este enfoque no implica una desglobalización total, sino una adaptación del comercio global a las realidades geopolíticas contemporáneas. Se busca mitigar los riesgos de interrupciones globales como las que vimos durante la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania, y garantizar que las naciones puedan mantener el acceso a bienes y servicios críticos, incluso en tiempos de crisis.

Sin embargo, este enfoque también trae consigo riesgos. La diversificación de las cadenas de suministro y la construcción de nuevas capacidades industriales a nivel local pueden implicar costos más altos, lo que podría traducirse en una disminución de la eficiencia económica global y en un aumento de los precios para los consumidores. En un mundo donde la inflación ya es una preocupación creciente, esto podría generar tensiones económicas internas.

El otro gran componente de la re-globalización es la necesidad de hacer del comercio una herramienta más inclusiva y sostenible. Para miles de millones de personas en países en desarrollo, el comercio sigue siendo una fuente esencial de oportunidades económicas, empleo y desarrollo pacífico. A pesar de los debates sobre seguridad nacional en las economías avanzadas, el acceso a mercados globales ha sido un motor clave para la reducción de la pobreza en los últimos 40 años.

Los datos muestran claramente que la apertura comercial ha contribuido a sacar a millones de personas de la pobreza, particularmente en Asia. China es el ejemplo más claro de cómo la integración en la economía global, a través de la exportación de manufacturas y bienes de bajo valor agregado, permitió un crecimiento económico sin precedentes, reduciendo la pobreza de manera masiva. Sin embargo, este modelo también debe evolucionar. El cambio climático y la creciente demanda de sostenibilidad exigen que el comercio global se reconfigure para promover prácticas más responsables y resilientes.

La re-globalización debe incorporar criterios de sostenibilidad ambiental. Esto significa no solo reducir las emisiones de carbono en las cadenas de suministro, sino también promover prácticas comerciales que no perpetúen la degradación del medio ambiente o exacerben las desigualdades. Las economías emergentes, muchas de las cuales dependen del comercio de materias primas, deben estar equipadas para adaptarse a esta nueva realidad y diversificar sus economías hacia sectores más sostenibles y resilientes.

La re-globalización plantea un desafío existencial para el sistema multilateral de comercio, especialmente para la Organización Mundial del Comercio (OMC). Si la OMC quiere seguir siendo relevante en este nuevo entorno, necesitará reformarse. Las reglas del comercio mundial deben adaptarse para lidiar con las tensiones entre seguridad nacional y libre comercio, pero sin caer en el proteccionismo descontrolado que podría deshacer décadas de progreso.

Esto implica fortalecer los mecanismos de resolución de disputas y encontrar un equilibrio entre la soberanía de los Estados para proteger sus intereses estratégicos y la necesidad de mantener un sistema de comercio abierto. Además, la OMC debe dar un papel más destacado a las economías en desarrollo, asegurando que sus voces sean escuchadas y que se beneficien equitativamente del comercio global.

La re-globalización es inevitable, pero también presenta una oportunidad. En lugar de revertir décadas de progreso en la integración económica, los países deben adaptar sus políticas comerciales para enfrentar los desafíos geopolíticos, al tiempo que garantizan que el comercio siga siendo una herramienta poderosa para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Los líderes deben ser conscientes de los riesgos de un enfoque demasiado centrado en la seguridad nacional, ya que podría aumentar los costos económicos y erosionar los beneficios del comercio global. Sin embargo, si se maneja de manera inteligente, la re-globalización podría crear un mundo más resiliente, inclusivo y sostenible, donde el comercio continúe siendo un pilar del desarrollo global.

El comercio no solo puede, sino que debe, ser una fuerza para el bien en este nuevo mundo geopolitizado.