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domingo, 9 de junio de 2024

La corrupción y el desarrollo sostenible

Por: Wens Silvestre

Nuestro país enfrenta una crisis social y económica que parece tener raíces profundas en su historia. Desde la época virreinal, el país ha estado marcado por un mestizaje que, lejos de ser una simple mezcla cultural, ha servido para perpetuar las desigualdades y consolidar estructuras de poder que aún persisten. Esta herencia colonial ha dejado una huella indeleble en la gestión del Estado y en las prácticas cotidianas de los peruanos.

Uno de los problemas más acuciantes es la corrupción, un mal institucionalizado que se manifiesta en todas las esferas de la vida pública y privada. La incapacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal ha creado un entorno donde la corrupción no solo es tolerada, sino que se ha normalizado. Esta situación es particularmente evidente en la gestión estatal, donde la colusión y el uso indebido de los recursos públicos son la norma más que la excepción.

El Estado peruano, concebido para proteger las libertades individuales y asegurar el bienestar común a través de la división de poderes, ha fallado en su misión. Aunque la Constitución ha sido enmendada en numerosas ocasiones, el funcionamiento del Estado sigue siendo deficiente. En lugar de servir a la ciudadanía, muchos funcionarios públicos utilizan sus posiciones para perseguir fines personales y de grupo. Esta realidad se observa en todas las organizaciones que conforman el aparato estatal. 

Un ejemplo claro es el de los servidores públicos en unidades orgánicas de logística que se coluden con proveedores "amigos", ignorando las leyes y reglamentos de contratación para su propio beneficio. Este tipo de actos no solo dañan a la entidad estatal, sino a la sociedad en su conjunto. La frase común entre los funcionarios, "si no es tu dinero, qué te importa", refleja una actitud de indiferencia hacia el uso de los recursos públicos. 

El resultado de esta gestión ineficiente es evidente: en los últimos 20 años, el presupuesto del Estado se ha quintuplicado, pero la calidad de los servicios ha disminuido. Los ciudadanos, quienes deberían beneficiarse de estos recursos, ven cómo su calidad de vida no mejora mientras los funcionarios engordan sus arcas. Esta situación genera una constante crisis política, exacerbada por la corrupción que afecta a todos los niveles del gobierno. 

Desde la década de 1990 hasta 2024, todos los presidentes peruanos han sido procesados o están siendo procesados por corrupción, al igual que numerosos congresistas, jueces y fiscales. La incapacidad de reflexión y la cultura del negacionismo han permitido que los corruptos eludan la justicia, perpetuando un ciclo de impunidad. Los ciudadanos, por su parte, parecen incapaces de reflexionar y elegir a líderes menos propensos a la corrupción. 

Para romper este círculo vicioso, es necesario que desarrollemos una capacidad de autocrítica y reflexión sincera sobre el daño causado por la corrupción. Más allá del color político, los ciudadanos tienen la obligación de cuestionar y criticar la mala gestión de sus autoridades. Asimismo, los funcionarios públicos deben autoevaluar su desempeño y, si no están preparados para sus roles, renunciar para evitar dañar aún más a la sociedad. 

La mediocridad y la testarudez de los políticos actuales han silenciado la indignación ciudadana. Sin embargo, aún hay esperanza. La clave para un Perú mejor radica en ciudadanos reflexivos y autocríticos que rescaten la indignación del silencio cómplice y ejerzan su derecho al voto de manera razonable y reflexiva. 

En un país donde el crecimiento económico ha sido notable en las últimas décadas, pero la desigualdad y la corrupción siguen siendo barreras significativas, el desarrollo sostenible requiere una reforma profunda. Es fundamental implementar políticas efectivas que promuevan y fortalezcan no solo las capacidades y ética de los trabajadores al servicio del Estado, sino la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Solo así se podrá construir un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. 

Nuestro país tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Con ciudadanos comprometidos y un liderazgo político íntegro, el país puede superar sus retos históricos y avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos sus habitantes. El camino es largo y arduo, pero al final siempre hay una luz de esperanza para quienes estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor.

martes, 13 de febrero de 2024

Perú: Crisis política y cuestionamientos al liderazgo de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

Evaluación presidencial

En el transcurso de los últimos catorce meses, la presidencia de Dina Boluarte ha enfrentado una serie de desafíos que han dejado una huella indeleble en la percepción pública. La más reciente encuesta de Ipsos revela una aprobación del 8%, marcando el nivel más bajo desde su asunción al cargo, planteando preguntas inquietantes sobre la eficacia de su liderazgo y la capacidad del gobierno para abordar los problemas clave del país.

La actual situación se inserta en un contexto más amplio de transformaciones históricas y desafíos estructurales. La complejidad para entender y resolver la crisis política se ve exacerbada al considerar eventos importantes como el fallido golpe de Estado de  Pedro Castillo, la renuncia de Manuel Merino, la vacancia de Martín Vizcarra y la forzada dimisión de  Pedro Pablo Kuczynski. Estos eventos,  que resultaron en la sucesión de presidentes en tan solo cuatro  años (de julio de 2016 a septiembre de 2020), indican la profundidad de la crisis cuyas raíces pueden remontarse aún más atrás en el tiempo.  La complejidad y la falta de un punto de inicio claro para la crisis reflejan las transformaciones sustanciales en el marco político peruano.

Uno de los aspectos críticos es la aparente falta de liderazgo directo por parte de Boluarte.    La decisión de delegar la comunicación gubernamental a su primer ministro puede interpretarse como una estrategia eficiente para dividir responsabilidades, pero también como una percepción de falta de liderazgo directo que ha contribuido a la disminución de su nivel de aprobación.

La baja legitimidad de Boluarte, surgida de su posición como vicepresidenta en la lista electoral y posiblemente por su condición de mujer en un entorno social marcado por complejidades, se destaca como un desafío adicional. Además, la falta de reconocimiento de las inquietudes del público, especialmente en relación a las trágicas muertes ocurridas en las movilizaciones posteriores a la caída de Castillo, ha tenido un impacto negativo en el inicio de su mandato.

La crisis política en Perú se remonta a cambios fundamentales en el país durante la segunda mitad del siglo pasado. La desaparición de marcos ideológicos y fuerzas políticas tradicionales ha dejado un vacío que aún no se ha llenado por completo. Nuevos actores, representando a profesionales de origen popular, empresarios exitosos surgidos desde abajo, provincianos en altos cargos públicos y mujeres líderes, han surgido en un escenario político que carece de la pureza ideológica de partidos pasados. En ese contexto, el populismo emerge y se fortalece ofreciendo soluciones inmediatas a las demandas populares, cuyo impacto económico generalmente es perjudicial.

La dificultad para representar políticamente a la sociedad peruana es un tema clave. La presión por definir ideológicamente y mantener la pureza en la conducta ha debilitado a los nuevos partidos políticos, mientras que las expectativas de diversos sectores plantean un dilema sobre cómo abordar estas realidades heterogéneas de manera efectiva.

La polaridad política mundial y su reflejo en Perú, manifestada en empates electorales, plantea la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del país, con la elección presidencial del 2026 como una oportunidad para reflexionar y discutir las demandas y aspiraciones de los diversos sectores emergentes.

La gestión de Boluarte se enfrenta no solo a problemas inmediatos, sino también a raíces históricas y estructurales que requieren soluciones profundas y una visión de largo plazo. El país se encuentra en una encrucijada donde la capacidad de reconocer, entender y abordar estas complejidades determinará su futuro político y social. La ciudadanía, ávida de respuestas y acciones concretas, exige un liderazgo que comprenda la magnitud de la crisis y que ofrezca soluciones innovadoras y efectivas. La creciente inestabilidad política y la debilidad institucional reflejan tensiones que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la consolidación democrática y fomentar un desarrollo económico sostenible a largo plazo. La necesidad de políticas económicas basadas en fundamentos sólidos y una gestión institucional fortalecida se vuelve imperativa para mitigar los riesgos económicos asociados con el auge del populismo en el Perú.