Por Wens Silvestre
El
Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2026 confirma una tendencia
incómoda: gastamos cada vez más en sostener el aparato estatal y menos en crear
capacidades para que la gente salga de la pobreza por vías permanentes—empleo,
infraestructura básica y servicios públicos que funcionen.
La
aritmética que no cierra
Los
totales crecen apenas 2,3% versus 2025, pero el gasto corriente sube 5,9% y
absorbe todo el incremento, mientras el gasto de capital cae 13,0%. Dentro del
corriente, el gasto en personal escala 13,8% (≈ S/ 11,3 mil millones
adicionales), sin exigencia explícita de productividad, resultados ni mejoras
verificables en la calidad del servicio al ciudadano. En paralelo, el servicio
de la deuda salta 18,7%, presionando aún más un presupuesto que ya luce rígido.
En
inversión, el indicador operativo por excelencia —Adquisición de Activos No
Financieros— se contrae 15,9%. El golpe es particularmente duro en gobiernos
locales (caída cercana a S/ 5,2 mil millones), justo donde se ejecuta el agua y
saneamiento, caminos vecinales, pistas y veredas que cambian la vida cotidiana.
El
Estado incrementa planillas y obligaciones sin atarlas a productividad ni a estándares
de servicio. No hay metas de tiempo de atención, resolución de trámites,
reducción de colas o satisfacción ciudadana asociadas al crecimiento de
personal. Tampoco vemos reformas de gestión (meritocracia, movilidad lateral,
despidos por bajo desempeño con debido proceso) que justifiquen remuneraciones
crecientes.
Un
presupuesto responsable no paga capacidades nominales, paga resultados:
atenciones efectivas en salud, aprendizajes medibles en educación, tiempos de
permiso de construcción reducidos, trámites 100% digitales, homicidios y robos
a la baja con patrullaje inteligente. Nada de eso aparece como condición para
expandir el gasto corriente.
La
cuenta de la deuda: más grande y más cerca
El
alza de servicio de deuda (≈ S/ 5,2 mil millones adicionales) se come una parte
sustancial del espacio fiscal. Si el Ejecutivo no disciplina el corriente y no
relanza inversión con alto retorno social, el país se encamina a un presupuesto
crecientemente cautivo: más intereses, menos margen para cerrar brechas.
Pobreza
e infraestructura: prioridades invertidas
Reducir pobreza sosteniblemente exige crecimiento y productividad; ambas dependen de infraestructura básica y servicios públicos de calidad. Pero estamos haciendo lo contrario: recortar inversión y engordar costos fijos. Este sesgo:
- retrasa metas de agua y saneamiento, energía confiable, conectividad vial y digital;
- ahoga la operación y mantenimiento (se
degrada lo ya construido);
- expulsa inversión privada al mantener un
entorno de servicios estatales impredecibles.
Política
y economía política del presupuesto
Con
un Ejecutivo débil y un Congreso populista, el menú de leyes favorece a servidores
del propio Estado —nombramientos automáticos, aumentos de sueldos, bonificaciones,
beneficios, rigideces—, no a la ciudadanía. Se legisla mirando la nómina
pública más que la misión del Estado: seguridad, justicia y servicios básicos
de calidad. Es el camino más corto hacia el despilfarro: gastar mucho y lograr
poco.
Agenda
mínima para corregir el rumbo (todavía en 2026)
1.
Regla de planilla: tope de crecimiento del gasto en personal ≤ (inflación +
crecimiento potencial) y condicionado a metas de productividad por sector (KPIs
verificables de servicio).
2.
Cero nuevas plazas netas y reordenamiento por movilidad interna; concursos
meritocráticos y salida por desempeño deficiente con debido proceso.
3.
Presupuesto por Resultados 2.0: metas trimestrales públicas (salud, educación,
seguridad, trámites). Sin cumplimiento, congelamiento de créditos para bienes y
servicios no esenciales.
4.
Regla de “oro” operativa: endeudamiento solo para inversión con evaluación
costo-beneficio y mantenimiento garantizado; prohibido financiar gasto
corriente con deuda.
5.
Reasignación inmediata (modificatorias) hacia agua y saneamiento, conectividad
vial y digital, y mantenimiento en gobiernos locales y regionales, donde el
retorno social es más alto y rápido.
6.
Revisión independiente del gasto (spending review) enfocada en
duplicidades, subsidios regresivos y programas sin impacto; cada punto de S/
ahorrado debe ir a inversión y servicios esenciales.
7.
Compras públicas pro-productividad: contratos de servicio con SLA (acuerdos de
nivel de servicio), penalidades por incumplimiento y licitaciones que ponderen calidad
(no solo precio).
8.
Digitalización total de trámites masivos con metas de reducción de tiempos y
costos para empresas y ciudadanos; auditoría externa de experiencia usuaria.
9.
Transparencia radical: tablero mensual por pliego con ejecución, hitos de
inversión y métricas de servicio; premios y sanciones institucionales.
En conclusión, presupuestar no es “hacer caja” para la planilla; es asignar poder
público a aquello que genera libertad económica y oportunidades para la gente. El proyecto
2026, tal como está, rigidiza el gasto, expande el gasto corriente (personal
sube 13.8% sin anclajes de productividad), sacrifica inversión y agranda la
bola de nieve de la deuda (+18.7%) y erosiona el espacio fiscal. Si el
Ejecutivo no reasigna hacia inversión con retorno social y no ata planilla a
resultados, el presupuesto 2026 será otra capitulación ante la inercia. El
Estado existe para servir al ciudadano -no para servirse a sí mismo. Corregir
no requiere magia: se necesita voluntad política para pagar resultados,
priorizar infraestructura y devolverle al presupuesto su razón de ser: servir
al ciudadano, no al aparato estatal.
