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martes, 8 de julio de 2025

El uso político del servicio civil y el aumento salarial de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte decidió aprobar, a través del Decreto Supremo Nº 136-2025-EF, un aumento de más del 128% en su propia compensación económica, pasando de S/ 15,600 a S/ 35,568 mensuales, en medio de una de las etapas más críticas del Perú en términos fiscales, políticos y sociales. Este acto, revestido de tecnocracia pero fundado en intereses políticos, expone un fenómeno recurrente en los regímenes latinoamericanos: la captura del aparato institucional para beneficio propio. Esta vez, la herramienta ha sido el sistema de servicio civil, representado por SERVIR.

La Ley del Servicio Civil (Ley Nº 30057) fue concebida para profesionalizar al Estado, garantizar meritocracia, equidad y eficiencia en el aparato público. No obstante, lo ocurrido en este caso demuestra una instrumentalización perversa del marco legal para validar un aumento salarial injustificable desde la óptica de los principios que rigen dicha ley: mérito, transparencia, equidad, austeridad, legalidad y responsabilidad fiscal. 

Según el propio texto de la norma, el artículo 52 permite la aprobación de escalas de compensación para cargos dentro del régimen del servicio civil, siempre que estos estén debidamente registrados en el Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) aprobado por SERVIR. Ni la presidenta ni los ministros están comprendidos en ese régimen. Por tanto, el uso del artículo 23 de la Ley de Presupuesto 2025 para justificar el aumento no solo es legalmente forzado, sino también políticamente irresponsable.

Un gobierno sin respaldo, pero con privilegios

A julio de 2025, la presidenta Dina Boluarte se mantiene en el poder con menos del 4% de aprobación ciudadana, según las últimas encuestas nacionales. Es considerada una de las presidentas más impopulares de América del Sur, incluso por medios internacionales como BBC Mundo y Reuters, que reflejan el sentimiento ciudadano de indignación y rechazo.

Mientras el país enfrenta una crisis de inseguridad ciudadana, un déficit fiscal que supera el 3.2% del PBI, y regiones con niveles alarmantes de pobreza e informalidad, el gobierno decide duplicar el sueldo de la mandataria sin evaluación pública, sin transparencia y sin legitimidad social. Este es un acto que revela la profunda desconexión entre el poder y la realidad del país.

SERVIR como escudo tecnocrático

Lo más preocupante es que este aumento ha sido justificado por informes técnicos del MEF y SERVIR que no han sido publicados ni debatidos públicamente. Esto debilita la confianza ciudadana en instituciones que, como SERVIR, fueron creadas para promover la transparencia y la profesionalización del Estado, y no para validar decisiones autocomplacientes.

La credibilidad institucional no solo se erosiona cuando los políticos abusan del poder, sino también cuando los órganos técnicos se pliegan a intereses de coyuntura. En este caso, SERVIR ha perdido la oportunidad de ejercer su rol de garante del principio de austeridad y legalidad en el servicio público.

El impacto político y económico del privilegio

El costo fiscal de esta medida es mínimo comparado con el impacto en la moral pública y la credibilidad del Estado. Lo que está en juego no es solo una planilla, sino el principio de que nadie debe legislar o ejecutar en beneficio propio, mucho menos cuando se es percibido como una autoridad ilegítima. Este tipo de decisiones afianzan la cultura del privilegio, profundizan la brecha entre ciudadanos y autoridades y deterioran la calidad de la democracia.

Como bien advirtió Milton Friedman:

“Lo que realmente importa es controlar cómo y en qué gasta el gobierno. El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos.”

Cuando un gobierno que no representa ni el 5% de la voluntad popular aumenta sus propias remuneraciones en medio de un clima de pobreza y crisis fiscal, no solo está violando el principio de austeridad, sino enterrando cualquier legitimidad para exigir sacrificios al resto del país.

En síntesis, este aumento, más allá de su legalidad discutible, es éticamente inaceptable y políticamente corrosivo. En un país que necesita reconstruir su institucionalidad y restablecer la confianza ciudadana, utilizar al sistema de servicio civil como coartada para otorgarse beneficios personales es una traición al espíritu republicano. Corresponde al Congreso derogar este decreto supremo, restablecer el principio de legalidad y asegurar que el servicio civil no se convierta en un instrumento al servicio del poder, sino en la columna vertebral de un Estado justo y eficiente.

martes, 13 de febrero de 2024

Perú: Crisis política y cuestionamientos al liderazgo de Dina Boluarte

Por: Wens Silvestre

Evaluación presidencial

En el transcurso de los últimos catorce meses, la presidencia de Dina Boluarte ha enfrentado una serie de desafíos que han dejado una huella indeleble en la percepción pública. La más reciente encuesta de Ipsos revela una aprobación del 8%, marcando el nivel más bajo desde su asunción al cargo, planteando preguntas inquietantes sobre la eficacia de su liderazgo y la capacidad del gobierno para abordar los problemas clave del país.

La actual situación se inserta en un contexto más amplio de transformaciones históricas y desafíos estructurales. La complejidad para entender y resolver la crisis política se ve exacerbada al considerar eventos importantes como el fallido golpe de Estado de  Pedro Castillo, la renuncia de Manuel Merino, la vacancia de Martín Vizcarra y la forzada dimisión de  Pedro Pablo Kuczynski. Estos eventos,  que resultaron en la sucesión de presidentes en tan solo cuatro  años (de julio de 2016 a septiembre de 2020), indican la profundidad de la crisis cuyas raíces pueden remontarse aún más atrás en el tiempo.  La complejidad y la falta de un punto de inicio claro para la crisis reflejan las transformaciones sustanciales en el marco político peruano.

Uno de los aspectos críticos es la aparente falta de liderazgo directo por parte de Boluarte.    La decisión de delegar la comunicación gubernamental a su primer ministro puede interpretarse como una estrategia eficiente para dividir responsabilidades, pero también como una percepción de falta de liderazgo directo que ha contribuido a la disminución de su nivel de aprobación.

La baja legitimidad de Boluarte, surgida de su posición como vicepresidenta en la lista electoral y posiblemente por su condición de mujer en un entorno social marcado por complejidades, se destaca como un desafío adicional. Además, la falta de reconocimiento de las inquietudes del público, especialmente en relación a las trágicas muertes ocurridas en las movilizaciones posteriores a la caída de Castillo, ha tenido un impacto negativo en el inicio de su mandato.

La crisis política en Perú se remonta a cambios fundamentales en el país durante la segunda mitad del siglo pasado. La desaparición de marcos ideológicos y fuerzas políticas tradicionales ha dejado un vacío que aún no se ha llenado por completo. Nuevos actores, representando a profesionales de origen popular, empresarios exitosos surgidos desde abajo, provincianos en altos cargos públicos y mujeres líderes, han surgido en un escenario político que carece de la pureza ideológica de partidos pasados. En ese contexto, el populismo emerge y se fortalece ofreciendo soluciones inmediatas a las demandas populares, cuyo impacto económico generalmente es perjudicial.

La dificultad para representar políticamente a la sociedad peruana es un tema clave. La presión por definir ideológicamente y mantener la pureza en la conducta ha debilitado a los nuevos partidos políticos, mientras que las expectativas de diversos sectores plantean un dilema sobre cómo abordar estas realidades heterogéneas de manera efectiva.

La polaridad política mundial y su reflejo en Perú, manifestada en empates electorales, plantea la necesidad de un debate profundo sobre el futuro del país, con la elección presidencial del 2026 como una oportunidad para reflexionar y discutir las demandas y aspiraciones de los diversos sectores emergentes.

La gestión de Boluarte se enfrenta no solo a problemas inmediatos, sino también a raíces históricas y estructurales que requieren soluciones profundas y una visión de largo plazo. El país se encuentra en una encrucijada donde la capacidad de reconocer, entender y abordar estas complejidades determinará su futuro político y social. La ciudadanía, ávida de respuestas y acciones concretas, exige un liderazgo que comprenda la magnitud de la crisis y que ofrezca soluciones innovadoras y efectivas. La creciente inestabilidad política y la debilidad institucional reflejan tensiones que deben abordarse cuidadosamente para garantizar la consolidación democrática y fomentar un desarrollo económico sostenible a largo plazo. La necesidad de políticas económicas basadas en fundamentos sólidos y una gestión institucional fortalecida se vuelve imperativa para mitigar los riesgos económicos asociados con el auge del populismo en el Perú.