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domingo, 23 de agosto de 2026

Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026

Por Wens Silvestre

El país no necesita que Gobierno y oposición piensen igual. Necesita que sean capaces de ponerse de acuerdo en aquello que el Perú no puede esperar.

La presentación de la Política General de Gobierno, realizada el 20 de agosto por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, dejó una idea central: ordenar el Estado para recuperar seguridad, impulsar el crecimiento y convertir decisiones en resultados. Los cinco ejes anunciados —seguridad; prevención frente a desastres y cambio climático; desarrollo de las personas; productividad; y gobernabilidad democrática— ofrecen una hoja de ruta cuya prueba será la ejecución.

En ese marco, el anunciado pedido de facultades legislativas —aún en revisión al 22 de agosto— será una prueba de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bicameral. No debería convertirse en una disputa automática entre oficialismo y oposición. El país necesita algo más útil: un Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026, limitado a problemas cuyo retraso tiene costos inmediatos. No se trata de formar una coalición ni de pedir al Parlamento que renuncie a sus atribuciones, sino de distinguir lo urgente de lo estructural. 

La correlación política obliga al diálogo. Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos, acompañado por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. Esa mayoría no es oposición homogénea. Existe una oportunidad: negociar materias concretas y evitar una ley ómnibus que mezcle seguridad, reforma penal, tributación, legislación laboral, ambiente y reorganización estatal. La Constitución marca el límite: el artículo 104 permite delegar facultades sobre materia específica y por plazo determinado.

La primera urgencia es la seguridad. Entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 2026, registros oficiales presentados por el Ministerio del Interior al Congreso mostraron una reducción de 29 % en denuncias por extorsión y de 22 % en homicidios respecto del mismo periodo de 2025. Son datos sujetos a actualización; recuerdan que la política criminal debe evaluarse con indicadores. La eficacia no se mide por operativos o cámaras, sino por la disminución de delitos, el esclarecimiento de casos, la desarticulación de organizaciones y el control penitenciario.

Por ello, una delegación en seguridad debería ser precisa: corregir obstáculos legales frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, la flagrancia, la inteligencia criminal y el control penitenciario. Seguridad sin legalidad termina debilitando la institucionalidad que pretende proteger.

La segunda urgencia es climática. El comunicado del ENFEN del 14 de agosto mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé, para la región Niño 1+2, una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano. Galarreta informó, además, que se han priorizado 536 puntos críticos para limpieza de cauces y descolmatación. Aquí la política debe ceder a la evidencia y a la gestión.

Pero no todo problema requiere una nueva ley. Limpiar quebradas, movilizar maquinaria, reforzar defensas ribereñas, mantener drenajes y coordinar entre niveles de gobierno son tareas ejecutivas. Si pueden realizarse con la legislación vigente, deben comenzar de inmediato. Las facultades extraordinarias solo se justifican ante una barrera normativa concreta; además, toda contratación de emergencia debe ser transparente. Emergencia no puede significar opacidad.

A la vez, el riesgo climático tiene dimensión económica. La producción nacional creció 3,05 % en el primer semestre de 2026, pero en junio avanzó solo 1,75 %, con retrocesos en agro, pesca y manufactura. A ello se suma una fragilidad social persistente: la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025, lo que permitió que unas 567 mil personas salieran de esa condición; aun así, en el área rural alcanza 35,5 %. Crecer no basta: la estabilidad debe traducirse en inversión, productividad, formalización y empleo.

En esa línea, algunos ajustes puntuales —como la simplificación de regímenes para pequeñas empresas o la modernización aduanera— pueden encontrar consensos si contribuyen a ampliar la formalidad, facilitar la inversión y mejorar la eficiencia sin erosionar la recaudación. Distinto es el caso de reformas tributarias, laborales, ambientales o de reorganización del Estado de mayor alcance, cuyos efectos trascienden la coyuntura y requieren una evaluación técnica, fiscal y regulatoria más amplia. La economía necesita reformas, pero también predictibilidad.

Precisamente por ello, las materias que no respondan a una urgencia inmediata deberían recibir un tratamiento diferenciado. Si el Ejecutivo considera indispensable legislar también por delegación en esos ámbitos, podría presentar un segundo proyecto de facultades, separado del paquete destinado a seguridad y prevención frente a El Niño, con materias claramente delimitadas, sustento técnico y un plazo propio para su evaluación parlamentaria. Así se evitaría que la premura frente al crimen o una emergencia climática termine sirviendo de vehículo para reformas estructurales que merecen mayor escrutinio. La urgencia exige velocidad; las reformas de largo alcance, además, exigen deliberación.

Finalmente, la gobernabilidad no se agota en la relación entre Palacio y el Congreso. La Defensoría del Pueblo registró 191 conflictos sociales en julio de 2026: 150 activos y 41 latentes. Cuatro surgieron ese mes y dos se reactivaron. Un Estado que aparece cuando empieza la protesta ya llegó tarde. Prevenir conflictos exige presencia territorial, diálogo temprano y coordinación con regiones y municipios.

De allí que una salida razonable sea una delegación breve —60 días—, concentrada en seguridad y en las medidas indispensables frente a El Niño, con objetivos, normas a modificar, responsables e indicadores públicos. Las reformas estructurales deberían seguir el procedimiento legislativo regular.

Gobierno y oposición no fueron elegidos para coincidir en todo. La democracia necesita discrepancia y fiscalización. Pero también necesita reconocer aquello que no puede esperar. La extorsión no puede esperar. El Niño no puede esperar. La prevención de conflictos y la protección de infraestructura crítica tampoco.

Por eso, un Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026 no sería un pacto de adhesión al Ejecutivo, sino un compromiso institucional con objetivos, plazos y resultados. El éxito no debería medirse por cuántas facultades obtiene el Gobierno o bloquea la oposición, sino por la capacidad del sistema político para reducir el miedo, proteger al país, sostener el crecimiento, disminuir la pobreza y recuperar confianza. Quizá el desafío más necesario sea ponernos de acuerdo en lo urgente sin dejar de discrepar en todo lo demás.

domingo, 29 de diciembre de 2024

Demagogia y populismo: el balance crítico de una gestión de gubernamental

Por: Wens Silvestre 

La gestión de Dina Boluarte, estrechamente ligada al Congreso —representado por bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y otras—ha sido un terreno fértil para desaciertos que han impactado no solo en la estabilidad política del país, sino también en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Este artículo busca ofrecer un balance crítico de su administración, destacando los efectos nocivos de la demagogia y el populismo que predominan en el Ejecutivo y el Legislativo, y que ponen en peligro el futuro del país. 

Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, Dina Boluarte ha acumulado un largo historial de cuestionamientos. Las investigaciones judiciales relacionadas con su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y casos emblemáticos como el “Rolexgate” han debilitado su ya frágil credibilidad. A esto se suma una preocupante inacción en 2024: Boluarte no registró actividades oficiales en 106 días, casi un tercio del año, lo que evidencia una desconexión preocupante con las necesidades urgentes del país. 

El Congreso, por su parte, ha demostrado ser un aliado estratégico en esta dinámica. Con su respaldo, Boluarte ha sobrevivido a múltiples intentos de vacancia. Sin embargo, este blindaje político no está exento de costos: perpetúa un Ejecutivo carente de visión y refuerza la percepción de un Parlamento más preocupado por intereses partidarios que por el bienestar colectivo. Los efectos de estas decisiones populistas—como leyes que aumentan el gasto sin sustento técnico—se sienten en la economía y en la confianza ciudadana. 

La crisis fiscal del Perú es uno de los puntos más preocupantes de la actual gestión. El déficit fiscal superó el 3% del PBI en 2024, encendiendo alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este desequilibrio no es casualidad: la administración ha priorizado medidas populistas, como bonos masivos y subsidios, en lugar de focalizar el gasto en inversiones estratégicas en infraestructura, salud o educación. 

Populismo y demagogiaEn este contexto, resuena la advertencia de Milton Friedman: "Concéntrese en una sola cosa: ¿Cuánto gasta el gobierno? Porque ese es el verdadero impuesto... El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos."

Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, los ciudadanos terminan pagando el precio, ya sea mediante inflación, deuda o recortes en servicios esenciales. Perú está hipotecando su futuro con decisiones que no solo desestabilizan la economía, sino que también siembran incertidumbre entre inversionistas y actores internacionales.

El Congreso no ha sido un contrapeso adecuado frente a los errores del Ejecutivo; por el contrario, ha fomentado la crisis. Desde la aprobación de leyes que limitan el rol de los organismos fiscalizadores hasta propuestas que desincentivan la inversión privada, el Parlamento parece haber abandonado su rol fiscalizador para convertirse en un bastión de medidas populistas que erosionan la democracia.

La falta de un liderazgo responsable en el Legislativo agrava la percepción de un sistema político fallido. Esta complicidad entre Ejecutivo y Congreso no solo daña la imagen institucional, sino que alimenta un círculo vicioso de desconfianza ciudadana y apatía hacia la política. 

Nuestro país necesita abandonar el ciclo de demagogia y populismo que domina tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. La crisis actual no se resolverá con parches ni discursos grandilocuentes, sino con reformas profundas que prioricen la transparencia, la eficiencia y el interés público. 

El control del gasto público debe ser una prioridad. Sin una gestión responsable, cualquier medida será insuficiente para garantizar el crecimiento económico sostenible que el país necesita. Además, es imperativo reconstruir la institucionalidad para que las decisiones políticas reflejen los intereses de los ciudadanos y no de grupos de poder. 

Milton Friedman tenía razón: lo que importa no es la deuda per se, sino cómo y en qué se gasta el dinero público. El Perú está en un punto de inflexión, y sus líderes tienen la oportunidad de corregir el rumbo o condenar al país a un estancamiento perpetuo. 

El balance de la gestión de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso no deja lugar a dudas: el populismo y la demagogia han debilitado las bases de nuestra democracia. Sin embargo, también es un llamado a la reflexión y a la acción. El Perú no puede permitirse más demoras ni excusas. 

Es hora de que los líderes políticos miren más allá de sus intereses particulares y trabajen en reformas estructurales que fortalezcan la democracia, recuperen la confianza ciudadana y garanticen un futuro más justo y próspero para todos. 

Porque al final del día, la política no debería ser un juego de poder, sino un instrumento para construir un país mejor.

domingo, 13 de octubre de 2024

Crisis de gobernabilidad y el clamor de la ciudadanía

 Por Wens Silvestre

La última encuesta de Datum deja poco margen a la interpretación: la confianza de la ciudadanía en el Estado peruano, especialmente en el Congreso (9%) y la presidenta Dina Boluarte (5%), está en uno de sus puntos más bajos. En medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, surgen movimientos sociales como el paro nacional de transportistas, un reflejo de un país que clama por ser escuchado.

Esta movilización, que inicialmente buscaba la derogación de la Ley de Crimen Organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, fue más allá de la problemática sectorial del transporte. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha anunciado que el próximo paro nacional –aún por definirse, pero posiblemente entre el 22 y el 24 de octubre– contará con una participación aún más amplia, involucrando a sectores como bodegueros, panaderos, pesqueros, universitarios, y choferes, entre otros. La situación es tan crítica que se ha creado una Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de consolidar una voz unificada y contundente frente al Congreso.

Popularidad de presidenta de la República

Los reclamos de los transportistas no son aislados; representan el sentir generalizado de un país donde la inseguridad, la crisis económica y la falta de atención estatal parecen haberse vuelto la norma. La decisión de suspender temporalmente el paro tras la promesa de diálogo con el Legislativo no logró sofocar el malestar. Los dirigentes pronto descubrieron, en palabras de Campos, que “no iban a derogar la Ley 32108”, y que los congresistas no estaban dispuestos a ceder. El fracaso del diálogo solo ha exacerbado la percepción de indiferencia del Congreso y ha fortalecido la determinación de los gremios de llevar a cabo un paro aún más masivo.

En este contexto, la encuesta de Datum expone una profunda crisis de confianza en las instituciones. La población percibe al Congreso y al Ejecutivo no solo como ineficientes, sino como desinteresados en atender sus necesidades. Esta desconfianza no solo mina la gobernabilidad, sino que abre la puerta a escenarios de inestabilidad que podrían ser aprovechados por sectores autoritarios o radicales.

Escenarios posibles

1. Si el Congreso y el Ejecutivo mantienen su postura actual de indiferencia y falta de respuesta concreta a las demandas ciudadanas, el país podría enfrentar un aumento en la conflictividad social. No solo transportistas, sino otros gremios podrían sumarse a movilizaciones, desencadenando paros nacionales de 48 o 72 horas, como lo advierte Campos. Este escenario elevaría el descontento ciudadano y podría derivar en actos de violencia, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

2. En un intento de evitar un paro de gran escala, el Legislativo podría optar por realizar concesiones parciales, como el inicio de mesas de diálogo sectoriales o la revisión de ciertos puntos de la legislación en cuestión. Sin embargo, si estas concesiones se perciben como insuficientes o como simples gestos políticos, los gremios podrían interpretarlas como una falta de compromiso real, lo que solo pospondría la conflictividad y fortalecería su organización para futuras movilizaciones.

3. Reforma institucional y reestructuración de la relación Estado-sociedad, este sería el escenario menos probable, pero el único capaz de resolver de raíz la crisis. Requeriría que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la gravedad de la situación y emprendan una agenda de reformas que aborde problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad y la desconexión con las necesidades ciudadanas. Esto implicaría revisar legislaciones que han generado rechazo, y promover un Estado más eficiente y transparente. Este tipo de reestructuración es demandante, y podría encontrar oposición dentro de los propios poderes del Estado; sin embargo, es la única alternativa para evitar el colapso de la institucionalidad.

Nuestro país se encuentra en un dilema. Las próximas semanas serán decisivas, no solo para los transportistas y demás gremios que evalúan sumarse al paro, sino para el futuro de la democracia en el país. El anuncio de un nuevo paro nacional y la consolidación de la Coordinadora Nacional de Lucha revelan el apremio de los reclamos y el hartazgo de la ciudadanía. La demanda es clara: un cambio que solo puede surgir desde la esfera política, mediante una voluntad genuina de reformar y responder a las necesidades del pueblo peruano.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y esperanza, esperando que sus representantes en el Congreso y el Ejecutivo comprendan que la indiferencia no es una opción. Nuestra democracia necesita instituciones fuertes y comprometidas, capaces de restaurar la confianza en un Estado que hoy parece haber olvidado su principal deber: servir al pueblo.

Fuente gráfico: Datum