Por Wens Silvestre
El
Perú no necesita esperar la etiqueta de “mega El Niño” para tomarse en serio la
amenaza. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta
probabilidad de desarrollo de El Niño durante 2026, posiblemente moderado o
fuerte; y, en el plano nacional, ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero,
con previsión de continuidad hasta febrero de 2027 y recomendaciones explícitas
de prevención y preparación para la temporada de lluvias 2026-2027. El dato
central no es solo meteorológico: es político. Un país expuesto no puede seguir
actuando como si cada evento extremo fuera una sorpresa.
En
el Perú, esa combinación es particularmente peligrosa. El Niño puede significar
inundaciones en la costa norte, huaicos en quebradas activadas, colapso de
carreteras, escuelas y viviendas; pero también puede significar déficit de
lluvias en la sierra central y sur, estrés hídrico, pérdida de pastos, caída de
la producción agrícola de secano, mortandad de ganado y conflictos por agua. El
dossier técnico del MINAM y SENAMHI sobre El Niño ya señalaba que eventos como
1997-1998 produjeron lluvias extraordinarias en la costa norte y déficit severo
de precipitación en la sierra sur.
Por
eso, el error más grave es mirar El Niño solo desde la costa. Cuando Lima o
Piura se inundan, el desastre se vuelve visible; cuando la sierra se seca, el
drama avanza en silencio. La sequía no tiene la espectacularidad de un río
desbordado, pero puede ser igual o más destructiva: primero falta lluvia, luego
humedad en el suelo, después baja la producción agrícola y, si el déficit
persiste, disminuyen caudales, manantes y recarga de aguas subterráneas. El
Instituto Geofísico del Perú describe justamente esa progresión: de sequía
meteorológica a agrícola e hidrológica, con aumento de la escasez hídrica y de
la demanda de agua.
La
sierra sur merece atención prioritaria. SENAMHI ha documentado que la
variabilidad asociada a El Niño explica buena parte de las deficiencias de
lluvias en los Andes, especialmente en la sierra central y sur occidental,
aunque la relación no sea absoluta. En Ayacucho, por ejemplo, CENEPRED ha
identificado escenarios de sequía meteorológica en provincias como Lucanas,
Parinacochas y Paucar del Sara Sara, donde determinados déficits de
precipitación pueden presentarse con recurrencias preocupantes. Por eso,
afirmar que el sur ayacuchano puede enfrentar estrés hídrico no es alarmismo:
es una hipótesis territorialmente razonable que debe activar planificación
hídrica, no discursos de emergencia cuando ya no haya agua.
La
selva tampoco debe quedar fuera del análisis. En 2024, SENAMHI reportó déficit
hídrico con caudales entre “debajo de lo normal” y “muy debajo de lo normal”,
afectando especialmente Puno, Loreto y Piura. En Loreto, el río Amazonas
descendió progresivamente hasta uno de sus niveles más bajos desde la sequía de
2010, con impactos en transporte fluvial, salud, comercio, educación, agua
potable, saneamiento y turismo. Esa experiencia debe leerse como advertencia:
en la Amazonía, la sequía no solo seca cultivos; aísla comunidades, encarece
alimentos, interrumpe servicios y debilita la vida cotidiana de poblaciones que
dependen del río como carretera, mercado y fuente de agua.
El
problema, entonces, no es únicamente cuánto lloverá. El problema es dónde hemos
puesto las casas, las carreteras, los colegios, los hospitales, los canales de
riego, los puentes y los sistemas de agua. El Niño se vuelve desastre cuando
encuentra infraestructura diseñada con el clima del pasado, ubicada sin evaluar
suficientemente el riesgo futuro y construida como si las lluvias extremas, las
sequías, el calor y los huaicos fueran eventos excepcionales, no amenazas
recurrentes.
Aquí
debe producirse un cambio de fondo: ningún proyecto de inversión pública
debería aprobarse sin criterios climáticos obligatorios de localización,
diseño, operación y mantenimiento. No como anexo decorativo, no como
declaración ambiental genérica, sino como condición vinculante. El propio MEF
ya incorpora en Invierte.pe la gestión del riesgo en contexto de cambio
climático y reconoce que el riesgo debe ser criterio para seleccionar la
localización y tecnología del proyecto, además de analizar peligros actuales y
futuros, exposición, vulnerabilidad y nivel de riesgo.
Eso
debe traducirse en reglas duras. Una escuela no debe construirse en zona
inundable solo porque el terreno es barato. Un puente no debe diseñarse con
caudales históricos si la cuenca está cambiando. Un hospital no puede quedar
aislado por el primer huaico. Un sistema de agua potable en la sierra sur no
puede depender de una fuente única sin considerar sequía plurimensual. Un
camino vecinal en ceja de selva no puede ignorar deslizamientos, lluvias
extremas y erosión. La inversión pública debe pasar de la pregunta “¿cuánto
cuesta construir?” a otra más seria: “¿seguirá funcionando bajo el clima que
viene?”.
La
respuesta del Gobierno peruano ha mejorado, pero sigue incompleta. En 1982-1983
predominó la reacción. En 1997-1998 hubo prevención táctica, pero no
transformación estructural. En 2015-2016 se planificó más, aunque con
debilidades de ejecución. En 2017, el Niño Costero mostró que un evento
localizado podía desbordar al Estado. En 2023-2024 volvió a observarse una
política híbrida: presupuesto, maquinaria, descolmatación, defensas ribereñas y
planes; útiles, sí, pero todavía atrapados en la lógica de correr detrás del
peligro.
La
prevención real no consiste solo en limpiar cauces cuando ENFEN emite una
alerta. Consiste en ordenar el territorio, reubicar población en zonas de
riesgo no mitigable, proteger cabeceras de cuenca, restaurar ecosistemas que
regulan agua, construir drenajes pluviales urbanos, tecnificar riego, cosechar
agua, fortalecer reservorios comunales, proteger bofedales y diseñar
infraestructura con escenarios climáticos. En la costa, prevención significa
convivir inteligentemente con lluvias extremas. En la sierra, significa
prepararse para la escasez. En la selva, significa anticipar ríos demasiado
bajos o demasiado altos.
El
Perú tiene instituciones técnicas capaces: SENAMHI, IGP, IMARPE, ANA, ENFEN,
INDECI, CENEPRED. Lo que falta no es información; falta convertir esa
información en autoridad. Los mapas de riesgo deben pesar más que la presión
política. Los pronósticos climáticos deben modificar presupuestos. La
localización de proyectos debe obedecer a ciencia, no a disponibilidad
improvisada de terrenos. Y la reconstrucción no debe repetir el mismo error en
el mismo lugar con otro expediente.
Ante
un nuevo El Niño, el Gobierno tiene una oportunidad decisiva. Puede repetir el
ritual de siempre: declarar emergencia, enviar maquinaria, repartir ayuda,
reconstruir tarde y olvidar pronto. O puede asumir que el cambio climático
obliga a gobernar de otra manera. La infraestructura pública no puede seguir
siendo vulnerable por diseño. Cada sol invertido sin criterio climático es una
deuda futura; cada obra mal ubicada es una emergencia en incubación.
El
Niño no solo calienta el Pacífico. También desnuda la temperatura institucional
del país. Nos muestra si aprendimos o si solo archivamos informes. Nos recuerda
que la sequía en Ayacucho, la bajante en Loreto, el huaico en la costa y la
pérdida de cultivos en la sierra son expresiones distintas de una misma falla:
gobernar el riesgo como si fuera accidente.
La
naturaleza pone el evento; el Estado decide si se convierte en desastre. Y en
un país que ya conoce la historia, improvisar no es falta de experiencia: es
falta de responsabilidad.
