El verdadero examen de Keiko Fujimori empieza después de ganar

Por Wens Silvestre

Con el conteo electoral avanzado, Keiko Fujimori aparece más cerca que nunca de la Presidencia. Pero precisamente por eso conviene abandonar la euforia de campaña y mirar, sin adornos, el país que recibiría si finalmente se confirma su triunfo. Al 14 de junio, con más del 98,5 % de votos contabilizados, Fujimori mantenía una ventaja ajustada frente a Roberto Sánchez, en medio de actas observadas, pedidos de nulidad y una tensión electoral que todavía exige prudencia institucional. Según información electoral disponible, el resultado oficial podría tardar aún algunos días o semanas, debido a mesas en revisión y a una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Si finalmente se confirma su triunfo, Fujimori no recibirá un cheque en blanco. Recibirá un país partido casi en dos mitades, con legitimidad electoral legal, pero políticamente estrecha. Su primera obligación no será celebrar la victoria, sino impedir que esta sea leída como revancha, restauración o autorización para ocupar el Estado con lógica partidaria. 

El riesgo principal de un eventual gobierno suyo no consiste en que vuelva literalmente el Perú de los años noventa. Esa imagen puede ser eficaz para la propaganda, pero no alcanza para el análisis. El peligro real, si no existen límites claros, sería más actual y más silencioso: una democracia formalmente intacta, pero sometida a una presión creciente desde una coalición partidaria con poder sobre el Ejecutivo, el Congreso, las designaciones públicas y los organismos de control.

Ese será el punto decisivo. Fujimori puede ofrecer estabilidad económica, orden público y capacidad de gestión. Pero, si no toma distancia verificable de prácticas parlamentarias asociadas al blindaje político, la presión sobre instituciones y la disputa por organismos de control, su victoria podría confirmar los temores de sus críticos. No necesitaría cerrar el Congreso ni suspender elecciones para deteriorar la democracia. Bastaría con controlar nombramientos, condicionar fiscales, debilitar investigaciones, colonizar organismos autónomos y usar la seguridad como argumento para reducir controles.

El nuevo Parlamento vuelve ese riesgo más concreto. El Congreso bicameral no será un actor decorativo. La Cámara de Diputados tendrá capacidad de censura e interpelación; el Senado revisará leyes y participará en decisiones institucionales clave. Si Fuerza Popular, como primera minoría, articula una coalición pragmática con disciplina y apetito de poder, Fujimori podría tener una gobernabilidad que ningún presidente peruano reciente tuvo. La pregunta es para qué la usará.

La gobernabilidad puede ser oportunidad o amenaza. Puede servir para reconstruir un Estado débil, aprobar reformas de seguridad, ordenar la política fiscal y recuperar inversión. O puede servir para blindar aliados, distribuir cargos, aprobar leyes clientelares y debilitar la independencia de instituciones que deberían controlar al poder.

El país que recibiría tampoco permite fantasías. El Perú llega a 2026 con pobreza persistente, informalidad masiva, inseguridad extendida, infraestructura deficiente, corrupción enquistada y un Estado que suele gastar mal incluso cuando gasta más. A ello se suma un entorno internacional menos benigno: tensiones geopolíticas, encarecimiento del capital, volatilidad energética y posibles shocks sobre materias primas. En una economía dependiente de exportaciones mineras, cualquier deterioro de los términos de intercambio puede golpear inversión, recaudación y crecimiento.

El margen fiscal es otro frente delicado. El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 proyectaba para 2026 un déficit fiscal de 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 32,1 % del PBI. Pero esas cifras descansan sobre una premisa difícil: que el próximo gobierno logre disciplina fiscal en un Congreso habituado a aprobar obligaciones permanentes sin financiamiento suficiente.

El Consejo Fiscal ha encendido la alarma. Entre 2021 y 2026 identificó 229 leyes con impacto fiscal adverso y 352 iniciativas legislativas en trámite. En su simulación, si se aplican las leyes vigentes y avanzan las iniciativas más costosas, la deuda pública podría acercarse al 70 % del PBI hacia 2036. Esta no es una advertencia tecnocrática menor. Es el recordatorio de que el populismo fiscal puede destruir lentamente lo que la macroeconomía peruana construyó durante décadas.

El caso de las pensiones militares y policiales resume el problema. La Ley 32561 modificó el régimen previsional del personal militar y policial. Según el Consejo Fiscal, citado por Gestión, solo tres de sus modificaciones generarían un costo fiscal neto de al menos S/ 46.000 millones en valor presente. Ese tipo de norma puede ser popular, pero compromete recursos futuros que el Estado necesitará para seguridad, salud, educación, infraestructura y respuesta ante desastres.

Aquí Fujimori enfrenta una prueba incómoda. No basta con prometer respeto al mercado, inversión privada y estabilidad. La responsabilidad económica no se demuestra en conferencias con empresarios, sino cuando se le dice no a la propia bancada. Si Fuerza Popular fue parte de mayorías parlamentarias que aprobaron o toleraron leyes con impacto fiscal adverso durante el quinquenio, un gobierno de Keiko tendrá que corregir ese legado, no administrarlo.

Su primer compromiso debería ser explícito: ninguna ley que cree gasto permanente sin financiamiento permanente. El artículo 79 de la Constitución no puede seguir siendo una cortesía ignorada por el Congreso. Debe convertirse en línea roja. Si el Parlamento aprueba normas que vulneran la sostenibilidad fiscal, el Ejecutivo debe observarlas, impugnarlas ante el Tribunal Constitucional o proponer su derogación. Y si esas normas vienen de aliados, con mayor razón.

La segunda prueba será la seguridad. Fujimori ganó parte de su impulso ofreciendo orden frente a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Esa demanda social es legítima. Un Estado que no protege la vida, el trabajo y la propiedad pierde autoridad moral. Pero la mano dura sin inteligencia, policía profesional, fiscalías sólidas, cárceles controladas y jueces independientes termina siendo espectáculo penal. Puede producir titulares, no seguridad.

El riesgo no está en enfrentar con firmeza al crimen, sino en que la inseguridad sea usada para justificar medidas excepcionales sin evaluación, controles ni resultados verificables. Estados de emergencia sucesivos, presencia militar mal diseñada, reformas penales simbólicas y discursos de guerra pueden dar sensación de autoridad, pero no desmantelan economías criminales. El próximo gobierno necesita una política de seguridad medible: reducción de extorsiones, recuperación penitenciaria, inteligencia financiera, control de armas, protección a fiscales y depuración policial. Orden no es arbitrariedad. Orden es Estado eficaz dentro de la ley.

La tercera prueba será institucional. Fujimori debe convencer a una parte importante del país que desconfía de ella y de su partido. Y no lo logrará con frases de reconciliación, sino con renuncias verificables. Debe comprometerse a no usar el Ejecutivo ni el Congreso para interferir en investigaciones fiscales, promover nombramientos sin idoneidad en organismos constitucionales, proteger indebidamente a aliados políticos, debilitar herramientas contra la criminalidad organizada o condicionar la independencia de la Defensoría, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y los órganos electorales.

La palabra clave no es unidad. Es autocontención. Un presidente con poder necesita límites. Una presidenta con una bancada fuerte necesita límites más estrictos. Y una presidenta Fujimori, por la historia de su apellido y de su partido, necesita límites visibles desde el primer día.

La cuarta prueba será el Estado. El Perú no necesita simplemente un Estado más grande o más chico. Necesita un Estado que funcione. Hoy conviven ministerios sobredimensionados, gobiernos regionales débiles, municipios capturados por redes locales, obras paralizadas y sobrevaloradas, compras corruptas, servicios mediocres y burocracia que castiga al ciudadano formal. Si Fujimori quiere mostrar un cambio real, debe hacer de la reforma estatal una prioridad, no un eslogan.

Eso significa profesionalizar la alta dirección pública, proteger la meritocracia, digitalizar trámites, cerrar programas inútiles, evaluar gasto, fortalecer control interno y sancionar corrupción sin selectividad. Si el Estado sigue siendo tratado como espacio de reparto político, ningún plan de seguridad ni de inversión será sostenible.

La quinta prueba será social. Fujimori no puede gobernar solo para Lima, la costa urbana y los sectores que votaron contra Sánchez. El mapa electoral muestra un país partido entre ciudades que temen la incertidumbre económica y regiones rurales que sienten que el crecimiento nunca llegó. Si su gobierno interpreta la victoria como derrota del Perú rural, incubará la próxima crisis.

La pobreza no se combate solo con bonos. Se combate con empleo formal, caminos, agua, salud primaria, educación técnica, conectividad, crédito productivo y seguridad jurídica para pequeños productores. La informalidad no se reduce persiguiendo al informal, sino haciendo menos costoso y más útil ingresar a la formalidad. Si Fujimori no entiende ese reclamo, Sánchez habrá perdido la elección, pero su malestar seguirá gobernando las calles.

La sexta prueba será climática. Un evento El Niño fuerte o incluso moderado puede golpear infraestructura, agricultura, pesca, salud pública y precios de alimentos. Para un país con quebradas vulnerables, obras inconclusas y reconstrucciones eternas, el clima no es un asunto ambiental: es un riesgo fiscal, social y político. Un gobierno serio debe llegar con un plan preventivo antes de que lleguen las lluvias: limpieza de cauces, defensas ribereñas, puentes críticos, hospitales preparados, compras transparentes, seguros agrarios, alerta temprana y control ciudadano del gasto de emergencia. El Niño suele desnudar al Estado peruano. Fujimori no podrá decir que no fue advertida.

La séptima prueba será internacional. La geopolítica ya no es telón de fondo. Conflictos militares, tensiones comerciales, competencia entre China y Estados Unidos, volatilidad del cobre, cambios en tasas de interés y encarecimiento logístico pueden afectar inversión, exportaciones y financiamiento. Perú necesita pragmatismo exterior: atraer inversión sin dependencia, defender mercados sin ideologizar alianzas y fortalecer sectores exportadores sin regalar estabilidad regulatoria a cambio de rentas privadas.

Fujimori podría beneficiarse de una percepción inicial de mayor previsibilidad frente a los mercados. Pero esa ventana puede cerrarse rápido si el gobierno usa el poder para repartirse instituciones, si el Congreso multiplica gastos, si la inseguridad sigue creciendo o si un shock externo encuentra al país sin reservas políticas ni fiscales.

Por eso, la pregunta ya no es si Keiko Fujimori puede ganar. La pregunta es si puede gobernar contra su propia sombra.

Para convencer de un cambio real, debería anunciar en los primeros días un pacto de garantías democráticas y fiscales. No un discurso ceremonial, sino compromisos verificables: gabinete técnico y plural; respeto a la autonomía del BCRP; defensa del Consejo Fiscal; observación de leyes que vulneren el artículo 79; no interferencia en el Ministerio Público ni el Poder Judicial; concursos transparentes para altos cargos; política de seguridad con metas públicas; y una agenda social dirigida a las regiones que no votaron por ella.

También debería comprometerse a no usar la mayoría parlamentaria relativa para elegir autoridades de control por reparto partidario. Ese será el termómetro más importante. Si las primeras decisiones del nuevo Congreso apuntan a copar instituciones, la moderación habrá terminado antes de empezar. Si, por el contrario, se promueven perfiles independientes, idóneos y fiscalizables, Fujimori podría empezar a desmontar parte de la desconfianza acumulada.

El país no le pide que renuncie a su identidad política ni a su promesa de orden. Le pide algo más básico: que demuestre que el Estado no será administrado como patrimonio partidario. La conducta parlamentaria de Fuerza Popular ha mostrado rasgos difíciles de conciliar con una derecha liberal fiscalmente disciplinada: apoyos a normas costosas, pactos con sectores ideológicamente opuestos y decisiones orientadas a preservar cuotas de poder. El desafío de Fujimori no es demostrar que pertenece a una etiqueta ideológica, sino que puede gobernar sin mercantilismo político, sin clientelismo fiscal y sin confundir autoridad con obediencia.

Si gana Keiko Fujimori tendrá una oportunidad histórica y un riesgo simétrico. Podrá ser la presidenta que cierre dos décadas de bloqueo político personal y estabilice el país. O podrá confirmar el temor de que el fujimorismo, cuando vuelve al poder, tiende a administrar el Estado con lógica de control partidario antes que con límites republicanos.

Los próximos cinco años no admitirán frivolidad. Déficit fiscal, leyes costosas, inseguridad, pobreza, corrupción, ineficiencia estatal, El Niño y shocks externos formarán una tormenta de gobernabilidad. En ese contexto, la moderación no será una virtud retórica. Será una condición de supervivencia.

Si Keiko Fujimori quiere ser creíble, debe empezar por una frase que todo gobernante con poder debería repetir con humildad: el poder que gané no me pertenece. Solo entonces su victoria dejará de parecer una amenaza para convertirse, tal vez, en una oportunidad republicana.