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martes, 11 de febrero de 2014

"Inclusión social" de los servidores civiles debió empezar en la base de la pirámide



Por: Wens Silvestre

Lo que ha ocurrido con la publicación del Decreto Supremo N° 023-2014-EF es simplemente la consecuencia de la comentada política de "inclusión social”, pero esta vez, los beneficiarios son los funcionarios de confianza y de libre remoción de la alta dirección de las entidades de la administración pública de los tres niveles de gobierno, empezando por los ministros que obtendrán remuneraciones (denominado “compensación económica”) el doble de lo que venían percibiendo actualmente. Aunque vale recordar que en la gestión actual un grupo de funcionarios públicos “técnicos” del Poder Ejecutivo ya venían percibiendo hasta 25 mil nuevos soles mensuales. Recordemos también que durante el gobierno del señor Alan García se determinó que el Presidente de la República ganaría S/. 15.6 mil nuevos soles y los ministros percibían por debajo de este monto. Pareciera que el señor Alan García era más coherente y entendía mejor el significado de la inclusión social, considerando que la brecha entre un trabajador que percibía un sueldo mínimo legal no era tanto como lo será a partir de este mes.

La medida dispuesta por la actual gestión gubernamental es apresurada y relativamente desproporcionada por el cambio brusco, considerando que aún ni siquiera se publicó el Reglamento de la Ley del Servicio Civil.

El señor Ministro de Economía y Finanzas ha justificado su medida porque considera necesario mejorar la eficiencia del Estado. Pero, parece que no entendió que el Estado es una organización conformado por un gran número de servidores y no de unos cuantos. Sólo teniendo en consideración esa observación me atrevería a decir que es muy probable que su pretendido objetivo de tener un Estado eficiente, no se logrará, porque, reitero, de poco o nada sirve duplicar los sueldos a funcionarios de confianza de la alta dirección de las entidades del Estado, cuando sabemos que los operadores y los que realmente brindan el servicio directo al ciudadano están mal remunerados (compensados) y, son ellos realmente quienes mueven y cumplen con eficiencia o deficiencia con los objetivos y metas de una organización estatal ¿cuán efectiva será la medida adoptada que contribuya en el mejoramiento de la capacidad del Estado para lograr sus fines y objetivos manteniendo “congelado” (ceteris paribus) el resto de los medios o factores que suman al mejoramiento de la eficiencia de una mega-organización como es el Estado? Considero que no habrá mejoramiento ni cambio en el corto plazo y, muy poco en el mediano plazo, porque mejorar la eficiencia en las organizaciones del Estado, implica una serie de factores internos y externos de carácter institucional, legal, administrativo, organizativo, etc. Es pertinente recordar que las reglas de juego impuesto por el Estado, muchas veces limitan el accionar de los servidores y la pretendida medida de atraer personal calificado será también limitado, considerando, además, que entender el funcionamiento del Estado y la peculiaridad de cada organización estatal, requiere de tiempo, y la dinámica es claramente distinta a las entidades privadas, donde la reglas la pone la propia organización para lograr su eficiencia. En ese sentido, era pertinente que primero se publicara el reglamento de la Ley del Servicio Civil y en ella, debió considerarse el proceso de incremento de remuneraciones (compensaciones económicas), priorizando a los sectores menos incluidos del aparato estatal: los servidores operativos (los profesores, médicos, enfermeras, auxiliares, científicos, todo el personal de los órganos de línea de una organización, que son la razón de ser del Estado) y luego seguir con los funcionarios de confianza y de libre remoción. ¿Qué servidor civil trabajará con optimismo en un ambiente donde la distancia remunerativa con su jefe es abismal? Por ahí, debió empezar el incremento de las remuneraciones de los servidores públicos y progresivamente con los que dirigen las entidades públicas.

Finalmente, la curiosa comparación de las remuneraciones que perciben los ministros en países como Brasil y Chile, es una justificación sin mayor consideración, porque para empezar son realidades distintas y tamaños de economía mayor que la nuestra, situación del PBI per cápita mayor que la nuestra, nivel educativo mejor que nosotros, niveles de pobreza mucho más bajo que nosotros, etc. En todo caso, por qué no se comparó con lo que perciben los ministros de Colombia (el más cercano parecido al país), Ecuador, Uruguay, Argentina, Venezuela, etc. Claramente en estos últimos, las remuneraciones están aproximadamente en el nivel del monto que percibían hasta enero pasado.

Una sana recomendación a la actual gestión gubernamental es observar y aprender del líder del gobierno uruguayo, creo que le enseñaría más el significado de inclusión social y, lo más importante, qué es servir a los ciudadanos, sin ver el beneficio propio.

Un proceso gradual de incremento de las remuneraciones en el sector público hubiera sido saludado por la mayoría de ciudadanos. Sin duda.

© 2014 Wens Silvestre. Todos los derechos reservados
Foto: Palacio de Gobierno

jueves, 4 de julio de 2013

Ley del Servicio Civil -Ley N° 30057- sus alcances y excepciones


La norma marca un hito en la reforma del servicio civil del Estado. Proceso será progresivo y se prevé concluir su implementación en seis (6) años. Las compensaciones económicas serán mejoradas para el personal competente. Si llega a cumplirse con la norma, trabajadores estatales que actualmente perciben  remuneraciones irrisorias, podrían mejorar sustancialmente sus ingresos, siempre que demuestren ser competentes en el ejercicios de sus funciones y resultados.

Reglamento saldrá publicado en 180 días.

“El objeto de la presente Ley es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado, así como para aquellas personas que están encargadas de su gestión, del ejercicio de sus potestades y de la prestación de servicios a cargo de estas.” (Artículo I).

“La finalidad de la presente Ley es que las entidades públicas del Estado alcancen mayores niveles de eficacia y eficiencia, y presten efectivamente servicios de calidad a través de un mejor Servicio Civil, así como promover el desarrollo de las personas que lo integran.” (Artículo II).

Los principios que la rigen son:
  • -          Interés general
  • -          Eficiencia y eficacia
  • -          Igualdad de oportunidades
  • -          Mérito
  • -          Provisión presupuestaria
  • -          Legalidad y especialidad operativa
  • -          Transparencia
  • -          Rendición de cuentas de la gestión.
  • -          Probidad y ética pública
  • -          Flexibilidad
  • -          Protección contra el término arbitrario del Servicio Civil. (Artículo III)


Ámbito de aplicación (Artículo 1  de las Disposiciones Generales)

El régimen del Servicio Civil se aplica a las entidades públicas de:
a) El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos.
b) El Poder Legislativo.
c) El Poder Judicial.
d) Los Gobiernos Regionales.
e) Los Gobiernos Locales.
f) Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes confieren autonomía.
g) Las demás entidades y organismos, proyectos y programas del Estado, cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto, se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público.

Aunque en la primera disposición complementaria y final de la referida Ley estableció las excepciones en su aplicación.

“PRIMERA. Trabajadores, servidores, obreros, entidades y carreras no comprendidos en la presente Ley
No están comprendidos en la presente Ley los trabajadores de las empresas del Estado, sin perjuicio de lo dispuesto en la tercera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1023, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República ni los servidores sujetos a carreras especiales. Tampoco se encuentran comprendidos los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales.

Para los efectos del régimen del Servicio Civil se reconocen como carreras especiales las normadas por:
a) Ley 28091, Ley del Servicio Diplomático de la República.
b) Ley 23733, Ley universitaria.
c) Ley 23536, Ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los Profesionales de la Salud.
d) Ley 29944, Ley de Reforma Magisterial.
e) Ley 28359, Ley de Situación Militar de los Oficiales de las Fuerzas Armadas.
f) Decreto Legislativo 1149, Ley de la Carrera y Situación del personal de la Policía Nacional del Perú.
g) Ley 29709, Ley de la Carrera Especial Pública
Penitenciaria.
h) Decreto Legislativo 052, Ley Orgánica del Ministerio Público.
i) Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial.
Las carreras especiales, los trabajadores de empresas del Estado, los servidores sujetos a carreras especiales, los obreros de los gobiernos regionales y gobiernos locales, las personas designadas para ejercer una función pública determinada o un encargo específico, ya sea a dedicación exclusiva o parcial, remunerado o no, así como los servidores civiles del Banco Central de Reserva del Perú, el Congreso de la República, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, y la Contraloría General de la República se rigen supletoriamente por el artículo III del Título Preliminar, referido a los Principios de la Ley del Servicio Civil; el Título II, referido a la Organización del Servicio Civil; y el Título V, referido al Régimen Disciplinario y Proceso Administrativo  Sancionador, establecidos en la presente Ley.”

Traslado de servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 al régimen del Servicio Civil (Cuarta Disposición)

"Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 pueden trasladarse voluntariamente y previo concurso público de méritos al régimen previsto en la presente Ley. Las normas reglamentarias establecen las condiciones con las que se realizan los concursos de traslado de régimen. La participación en los concursos para trasladarse al nuevo régimen no requiere de la renuncia previa al régimen de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057, según corresponda.

Los servidores bajo los regímenes de los Decretos Legislativos 276, 728 y 1057 que ganen los concursos y opten voluntariamente por el traslado al nuevo régimen previsto en la presente Ley, dejan de pertenecer a los regímenes señalados con la respectiva liquidación de sus beneficios sociales, según corresponda, y no tienen derecho a ninguna de las condiciones y beneficios establecidos en ellos; a partir de su traslado al nuevo régimen, cualquier disposición, resolución administrativa o judicial que contravenga esta disposición es nula de pleno derecho o inejecutable por el Sector Público.

Estos servidores no están sujetos al período de prueba previsto en la presente Ley.

Los servidores civiles que ingresan al régimen de Servicio Civil previsto en la presente Ley deben aportar al Sistema Privado de Pensiones o al Sistema Nacional de Pensiones, según corresponda. Los servidores civiles que han alcanzado el derecho a percibir una pensión pero optan por seguir prestando servicios, deben tramitar la suspensión de la pensión correspondiente.”

Servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 pueden presentarse al concurso (Sétima Disposición)

“Los servidores bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057, Decreto Legislativo que regula el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios, pueden presentarse a los concursos para puestos que se convoquen bajo el nuevo régimen previsto en la presente Ley. En caso de obtener un puesto, para ser efectivamente incorporados al nuevo régimen deben haber renunciado al régimen anterior y a partir de su traslado al régimen del Servicio Civil no tienen derecho a ninguna de las condiciones ni beneficios establecidos en él.”