La trampa de la IA: más productividad, menos aprendizaje

Por Wens Silvestre

La gran seducción de la inteligencia artificial en el mundo profesional no es filosófica, sino contable: promete hacer más en menos tiempo. Y, en efecto, los estudios más recientes muestran que esa promesa no es humo. En desarrollo de software, un artículo de Management Science publicado en febrero de 2026 halló un aumento agregado de 26.08% en tareas completadas entre desarrolladores que usaron IA generativa; a nivel agregado, otro trabajo de 2026 encontró que una mayor exposición a IA puede elevar el output y, en ciertos contextos, incluso el empleo cuando la herramienta funciona como complemento del trabajo humano. La productividad, por tanto, no es una fantasía tecnoutópica: está ocurriendo. El problema es otro. Estamos empezando a medir muy bien lo que la IA acelera y muy mal lo que puede debilitar. 

Ese es, a mi juicio, el punto decisivo. Una sociedad puede aumentar su rendimiento visible mientras empobrece el proceso invisible que forma criterio, pericia y autonomía profesional. La pregunta verdaderamente incómoda ya no es si la IA “ayuda”, porque ayuda; la pregunta es qué tipo de profesional produce esa ayuda. La evidencia de 2026 sobre desarrollo cognitivo sugiere que la IA puede fortalecer la competencia profesional cuando actúa como una herramienta de contraste, reflexión y reorganización mental. En un experimento con 371 profesionales, Min Jae Park mostró que los mejores resultados aparecen cuando los usuarios adoptan estrategias de “acomodación”, es decir, cuando no usan la IA solo para confirmar hábitos previos, sino para reestructurar sus modelos de trabajo. Algo parecido encontró Gang Zhou en un estudio longitudinal con 558 docentes universitarios: la adopción de IA generativa se asoció positivamente con la competencia profesional, y ese efecto estuvo mediado por el aprendizaje autorregulado. Dicho de forma simple: la IA puede desarrollar, pero solo cuando obliga a seguir pensando.

El problema comienza cuando las organizaciones confunden apoyo cognitivo con sustitución cognitiva. Ahí aparece lo que Michael Caosun y Sinan Aral llaman la “augmentation trap”: la empresa adopta IA porque obtiene ganancias inmediatas de productividad, pero en el largo plazo erosiona la habilidad que hacía posible un buen uso de esa misma productividad. El resultado puede ser paradójico: más eficiencia hoy, menos pericia mañana. No se trata de una advertencia romántica contra la tecnología, sino de una observación estructural sobre incentivos. A una firma le conviene capturar el beneficio rápido; al profesional, en cambio, le puede costar años reconstruir una habilidad que dejó de ejercitar. La IA, usada como primer cerebro en vez de segundo interlocutor, no expande la inteligencia profesional: la externaliza.

Por eso el costo oculto de la IA no debe medirse solo en despidos visibles, sino también en aprendizajes que ya no ocurren. Leland Crane y Paul Soto (2026) encontraron evidencia robusta de que el crecimiento del empleo en ocupaciones intensivas en programación ha sido aproximadamente 3% menor desde la introducción de ChatGPT, una vez controlados los shocks sectoriales. No es el apocalipsis laboral, pero tampoco es una anécdota. La señal es clara: una ocupación puede volverse más productiva sin volverse más absorbente para el empleo. La economía gana velocidad; la escalera de entrada se estrecha.

Y esa estrechez golpea primero donde más importa para el futuro: en los profesionales jóvenes. El working paper sueco Same Storm, Different Boats mostró que, dentro de los mismos empleadores, el empleo de personas de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a IA cayó 5.5% hacia inicios de 2025, mientras el de trabajadores mayores de 50 años subió 1.3%. En paralelo, otro preprint de 2026 encontró que el riesgo de desempleo en ocupaciones expuestas a IA venía aumentando desde inicios de 2022 y que las cohortes graduadas desde 2021 ingresaban con menor frecuencia a empleos intensivos en esas tareas. El desplazamiento, entonces, no siempre adopta la forma dramática del reemplazo masivo. A veces llega como algo más silencioso y quizá más grave: menos espacios para aprender haciendo, menos tareas “menores” que en realidad eran la cantera del criterio futuro.

Aquí aparece la gran falacia de nuestra época: creer que toda tarea automatizada es una tarea sobrante. No lo es. Muchas tareas aparentemente rutinarias eran, en realidad, etapas formativas. Redactar un primer informe imperfecto, revisar datos a mano, comparar fuentes, corregir errores, sintetizar sin ayuda: todo eso no solo producía un resultado; también formaba una mente profesional. Cuando la IA elimina de golpe esas fricciones, no solo ahorra tiempo: puede recortar el entrenamiento que transformaba a un principiante en experto. Lo que se pierde no es únicamente empleo; se pierde trayectoria. Y una economía que destruye sus trayectorias de aprendizaje puede descubrir demasiado tarde que la eficiencia inmediata era una forma elegante de descapitalización intelectual.

Esto no obliga a rechazar la IA, pero sí a discutir con seriedad cómo se integra. La evidencia reciente sugiere que el impacto laboral depende de si la IA complementa o sustituye. Johnston y Makridis muestran que la exposición a IA eleva output y empleo cuando la tecnología requiere colaboración humana; esa expansión no aparece del mismo modo cuando la IA opera con mayor autonomía. Incluso el modelo de Wang y Wong, más abstracto, ilustra bien el dilema: bajo ciertos supuestos, la IA puede triplicar la productividad de los trabajadores expuestos y aun así asociarse con una pérdida de empleo de 23% en el largo plazo. No es una profecía cerrada, pero sí una advertencia seria: la productividad no garantiza inclusión, del mismo modo que la velocidad no garantiza desarrollo.

La discusión pública, entonces, necesita madurar. El verdadero riesgo no es que la IA nos quite de inmediato todo el trabajo, sino que nos acostumbre a una cultura profesional donde producir más importe más que comprender mejor. Y cuando eso ocurre, el deterioro del empleo y el deterioro de la cognición dejan de ser problemas separados: se vuelven dos caras del mismo proceso. Se contrata menos para aprender porque se supone que la máquina ya sabe; y se piensa menos para decidir porque se supone que la máquina ya respondió. El resultado es una profesionalidad cada vez más rápida, pero también más dependiente.

Si de verdad queremos una integración inteligente de la IA, hay que defender algo que hoy parece casi subversivo: el derecho a la fricción cognitiva. Hacen falta espacios de trabajo donde el profesional formule primero, contraste después y use la IA al final como interlocutora crítica, no como sustituta del juicio. Hacen falta también instituciones que protejan roles junior, porque sin ellos no hay relevo de expertise, solo consumo acelerado de conocimiento heredado. Una sociedad puede celebrar máquinas que escriben, programan, diagnostican y resumen en segundos. Pero, si en ese entusiasmo renuncia a formar personas capaces de entender, corregir y disputar lo que esas máquinas producen, habrá ganado eficiencia al precio más alto: perder la inteligencia profesional que pretendía potenciar.

Referencias

Caosun, M., & Aral, S. (2026). The augmentation trap: AI productivity and the cost of cognitive offloading [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2604.03501

Crane, L. D., & Soto, P. E. (2026, March 20). AI and coder employment: Compiling the evidence [Working paper]. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., & Salz, T. (2026). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. Management Science. Advance online publication. doi:10.1287/mnsc.2025.00535

Frank, M. R., Javadian Sabet, A., Simon, L., Bana, S. H., & Yu, R. (2026). AI-exposed jobs deteriorated before ChatGPT [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2601.02554

Johnston, A., & Makridis, C. A. (2026). AI, output, and employment (CESifo Working Paper No. 12579). CESifo.

Lodefalk, M., Löthman, L., Koch, M., & Engberg, E. (2026). Same storm, different boats: Generative AI and the age gradient in hiring (Ratio Working Paper No. 388). Ratio Working Paper Series.

Park, M. J. (2026). AI as a cognitive collaborator: Assimilation and accommodation in human–machine teaming for innovation. Journal of Innovation & Knowledge, 12, 100892. doi:10.1016/j.jik.2025.100892

Wang, P., & Wong, T.-N. (2026). Artificial intelligence and technological unemployment. Journal of Monetary Economics, 158, 103905. doi:10.1016/j.jmoneco.2026.103905

Zhou, G., Yang, Q., & Chen, X. (2026). Longitudinal associations between generative artificial intelligence adoption and university PE teachers’ professional competence. Frontiers in Psychology, 17, 1775028. doi:10.3389/fpsyg.2026.1775028

Qué le conviene elegir al país

Por Wens Silvestre

Llegamos a esta segunda vuelta en una situación excepcional: una primera vuelta muy fragmentada, un conteo todavía discutido y demorado, una crisis de confianza en la administración electoral y un Congreso bicameral que nacerá sin mayorías claras. Al 25 de abril, Keiko Fujimori lidera la elección presidencial con alrededor de 17.06% y el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (12.05%) y Rafael López Aliaga (11.9%), una diferencia estrechísima; el conteo continúa incompleto y los resultados finales se esperan recién para mayo. La Misión de Observación Electoral de la OEA, por su parte, sí advirtió graves problemas logísticos y un ambiente tóxico de desinformación, pero también dejó constancia de que las narrativas de fraude se venían difundiendo sin pruebas debidamente sustentadas. 

Esa realidad obliga a formular una tesis sobria: al país no le conviene elegir el plan más ruidoso ni el más ideológico, sino el que tenga mayor probabilidad de gobernar, negociar y producir resultados dentro de las restricciones reales del periodo 2026-2031. Esas restricciones son dos. La primera es institucional: desde 2026 el Congreso será bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que añade una cámara revisora, más puntos de veto y una necesidad mayor de acuerdos políticos. La segunda es macroeconómica: el MMM 2026-2029 fija una senda de consolidación fiscal exigente, con déficit de 1,8% en 2026, 1,4% en 2027 y 1,0% desde 2028, y con deuda pública de 32,1% del PBI en 2026 y una trayectoria descendente hacia 30,8% en 2029. Eso significa que el próximo gobierno no tendrá espacio para prometerlo todo ni para refundarlo todo.

Si además se mira la composición congresal proyectada con el avance del conteo, la conclusión se vuelve más clara. En la Cámara de Diputados, las proyecciones periodísticas más consistentes daban a Fuerza Popular la primera minoría con al menos 40 escaños; junto con Renovación Popular, el bloque de derecha llegaría a 56 votos, mientras que Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras también sumarían 56, quedando el Partido del Buen Gobierno con 18 como bisagra. En el Senado, al 20 de abril, las proyecciones situaban a Fuerza Popular en 22 curules, a Juntos por el Perú en 14, a Renovación Popular en 8, a Ahora Nación en 4, y a Partido del Buen Gobierno y Obras juntos en 12. En otras palabras: nadie va a gobernar solo. El próximo presidente o presidenta tendrá que armar mayorías variables, no imponer un proyecto puro.

Desde ese punto de vista, el plan de Fuerza Popular tiene una virtud técnica central: es el que mejor conversa con el marco constitucional y con el MMM. Su propuesta se mueve dentro de la economía social de mercado, ofrece disciplina fiscal, ampliación de base tributaria sin golpear más al formal, shock desregulatorio, inversión privada, orden y una agenda sectorial extensa en seguridad, salud, educación y servicios públicos. Su debilidad está en que varias de sus metas son abiertamente optimistas: promete reducir en 40% los tiempos de tramitación, eliminar más de 500 procedimientos y atraer inversiones entre US$ 5.000 y 7.000 millones adicionales por año, generando 500.000 empleos formales anuales. Puede ser una dirección razonable, pero esas cifras son más una apuesta política que una proyección comparable a la del MMM. Aun así, entre los tres planes, es el que menos fricción genera con la Constitución vigente, que consagra la economía social de mercado, la libertad de empresa y la actividad subsidiaria del Estado.

El plan de Renovación Popular es más nítido ideológicamente por la derecha económica. Tiene a su favor una apuesta clara por la simplificación administrativa, la inversión privada, la infraestructura, la energía, el fortalecimiento de ProInversión y una agenda de privatización que incluye la venta o liquidación de Petroperú y la privatización de las distribuidoras eléctricas estatales. Ese es su punto fuerte: ofrece una señal promercado más explícita que Fuerza Popular. Pero su principal problema técnico es la inconsistencia macroeconómica. Plantea reducir el IGV para formalizar, pero al mismo tiempo promete más recaudación; habla de un crecimiento de 7% al quinto año e incluso de un objetivo superior al 8%, cuando el MMM proyecta un crecimiento de alrededor de 3,2%-3,5% y advierte que el país necesita elevar ingresos permanentes, no erosionarlos con fórmulas tributarias de efecto incierto. En síntesis: RP tiene varias propuestas útiles, pero su aritmética fiscal y sus metas macro no resultan plenamente creíbles.

El plan de Juntos por el Perú es, sin duda, el más ambicioso en diagnóstico estructural. Tiene mejor elaboración que sus rivales en temas de agua, territorio, cabeceras de cuenca, Amazonía, consulta, soberanía alimentaria, nueva relación con recursos naturales y crítica a la desigualdad territorial. En eso ofrece aportes valiosos al debate nacional. Pero su problema no es de sensibilidad social, sino de viabilidad política e institucional. Su columna vertebral pasa por una nueva Constitución, la eliminación del aval a los contratos-ley, una economía mixta con mayor iniciativa estatal y la reserva directa al Estado de sectores estratégicos como gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. El problema es que la Constitución vigente ya establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento, y toda reforma constitucional debe pasar por el procedimiento del artículo 206. Eso exige una acumulación parlamentaria y social que hoy no existe. En un Congreso fragmentado, sin mayoría constituyente y con Senado revisor, el riesgo de bloqueo sería altísimo.

Por eso, si la pregunta es qué le conviene al país elegir, la respuesta técnica no debería formularse en términos de simpatía partidaria sino de minimización de riesgo institucional y macroeconómico. Nuestro país necesita salir de la crisis política, no abrir otra más grande. Necesita un gobierno que pueda convivir con un Congreso dividido, que no choque de entrada con las reglas fiscales, que tenga capacidad de formar una mayoría bisagra con sectores intermedios, y que pueda concentrarse en cuatro urgencias concretas: seguridad, reactivación, ejecución de inversión y restauración mínima de confianza institucional. Bajo esos criterios, lo que más conviene es una opción reformista dentro del marco vigente, no una refundación sin mayoría ni una promesa de crecimiento que no cuadra con la caja fiscal ni con la aritmética parlamentaria.

Dicho con mayor precisión: si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Juntos por el Perú, la opción menos riesgosa para la estabilidad del país sería Fuerza Popular. No porque su plan sea perfecto —no lo es—, sino porque es mucho más gobernable bajo la Constitución y el MMM. Si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Renovación Popular, también parece más conveniente Fuerza Popular, por una razón distinta: tiene una plataforma más completa, mayor capacidad probable de articulación parlamentaria y menos disonancia entre oferta política y restricciones fiscales.

En suma, después de una primera vuelta fragmentada y de una crisis electoral que ha vuelto a exponer la precariedad del sistema político, el voto útil para el país no es el que más castiga ni el que más emociona, sino el que más probablemente gobierna. El próximo quinquenio no será de grandes epopeyas, sino de restricciones, pactos, correcciones y prioridades duras. El ciudadano debería votar, entonces, por quien pueda garantizar tres cosas al mismo tiempo: respeto a las reglas, viabilidad fiscal y capacidad de construir una mayoría funcional. Hoy, con toda la información disponible, esa combinación favorece más a una salida de estabilización y reforma incremental que a una de refundación o a una de maximalismo privatizador. Esa, y no otra, es la elección que más le conviene a nuestro país.

Después del ruido, la política

Por Wens Silvestre

Las elecciones del 12 de abril no solo definieron una segunda vuelta. Dejaron, sobre todo, un diagnóstico del país. El Perú llegó a las urnas con una oferta presidencial desbordada, un sistema de partidos exhausto y un aparato institucional sometido a una prueba de complejidad inédita: 35 fórmulas presidenciales, 37 organizaciones políticas, cinco elecciones en una sola cédula y un proceso atravesado por reformas recientes que multiplicaron la dificultad para votantes, miembros de mesa y autoridades electorales. La misión de observación de la Unión Europea describió estos comicios como los más complejos de la historia reciente del país, mientras la OEA advirtió que la etapa previa ya venía marcada por controversias sobre tachas, exclusiones y reglas de competencia.

A esa complejidad se añadió un episodio que terminó por empañar la jornada: la demora en la apertura de locales de votación en Lima por la falta de entrega de material electoral. La ONPE reconoció el problema, informó que el JNE amplió excepcionalmente el plazo de instalación de mesas y el horario de votación, y al día siguiente tuvo que organizar una jornada extraordinaria en 13 locales de Lima Metropolitana para 55.261 electores que no habían podido sufragar el domingo. La propia misión europea señaló que ese aplazamiento comprometió la percepción pública de una elección que, en otros aspectos, había sido organizada razonablemente.

Conviene subrayarlo con claridad: lo ocurrido no demuestra, hasta ahora, un fraude probado; demuestra algo quizá más inquietante y más persistente, que es la fragilidad del sistema. La OEA registró campañas de desinformación y narrativas de fraude orientadas a cuestionar anticipadamente la integridad del proceso sin que se aportaran pruebas para sostener esas afirmaciones. También observó episodios de hostilidad, agresiones durante la campaña, ataques contra autoridades electorales y presiones sobre periodistas y medios. Es decir, el problema no fue únicamente técnico. Fue político y cultural: una parte de la competencia democrática volvió a comportarse como si perder fuera, por definición, señal de conspiración.

Pero sería un error leer esta elección solo como una suma de fallas. También ha revelado algo que el país venía posponiendo: el agotamiento de la política entendida como demolición. La fragmentación, que en la primera vuelta se tradujo en una dispersión extrema del voto, tendrá su reflejo en el nuevo Congreso bicameral. Si el mapa preliminar que hoy muestran los resultados se confirma, el próximo Parlamento estará compuesto por varias fuerzas relevantes y ninguna de ellas tendrá mayoría propia en ambas cámaras. Esa ausencia de hegemonía puede ser el preámbulo de un nuevo ciclo de bloqueo; pero también puede convertirse, por primera vez en mucho tiempo, en una pedagogía de los límites.

Ese punto importa más de lo que parece. Con la bicameralidad restablecida, la Cámara de Diputados concentrará la iniciativa legislativa y el control político, mientras el Senado revisará los proyectos aprobados y asumirá atribuciones especialmente sensibles, entre ellas decisiones sobre altos funcionarios del Estado. La propia observación europea ha llamado la atención sobre el peso institucional que adquiere el futuro Senado, y desde el Congreso se ha explicado que el nuevo diseño reparte deliberadamente las funciones entre una cámara de impulso político y otra de revisión y equilibrio. En teoría, eso puede ralentizar el decisionismo y contener la improvisación; en la práctica, todo dependerá de si las bancadas entienden que revisar no es sabotear y controlar no es dinamitar. 

A partir de ahí, el horizonte del próximo quinquenio se vuelve menos épico y más parlamentario. Gane quien gane la segunda vuelta, el nuevo presidente no contará con un cheque en blanco. Gobernará con un mandato recortado por la aritmética legislativa, por la dispersión del electorado y por una legitimidad de origen necesariamente modesta en un contexto donde ningún liderazgo ha conseguido articular una mayoría social robusta. Dicho sin rodeos: la próxima presidencia será fuerte en simbolismo y débil en instrumentos, salvo que logre construir acuerdos estables. Y eso, en el Perú reciente, equivale a pedir un cambio de cultura política, no solo un cambio de gobierno.

La pregunta de fondo, entonces, no es si tendremos un Ejecutivo cómodo. No lo tendremos. La pregunta es si el Congreso querrá seguir siendo una máquina de desgaste o si entenderá, al fin, que el país ya no soporta otro ciclo de mezquindad institucional. Ser oposición no puede seguir significando sabotear cada iniciativa del Gobierno; y ser oficialismo tampoco puede consistir en exigir obediencia parlamentaria como si el voto presidencial autorizara a ignorar los contrapesos. La fragmentación obliga a otra cosa: a negociar, a ceder, a jerarquizar. Obliga, en suma, a hacer política en serio.

No se trata de un optimismo ingenuo. Nada garantiza por sí solo que el nuevo Parlamento será más sobrio que el anterior. Los incentivos para la estridencia siguen ahí: el cálculo corto, el personalismo, la tentación del espectáculo y la rentabilidad del conflicto. Además, la OEA recordó que la mayoría de las organizaciones políticas eligió sus candidaturas por delegados y que incluso pocos días antes de la elección todavía persistían apelaciones por tachas y exclusiones, síntomas de una estructura partidaria frágil y poco institucionalizada. Ese dato debería prevenirnos contra cualquier idealización del Congreso que viene. Las bancadas pueden ser numerosas en escaños y débiles en cohesión; visibles en campaña y erráticas en el ejercicio del poder.

Y, sin embargo, hay una posibilidad razonable que vale la pena defender. Precisamente porque nadie podrá imponer por sí solo su voluntad, todos estarán más obligados a medir las consecuencias de sus excesos. Precisamente porque el Senado revisará y la Cámara de Diputados fiscalizará, ambos podrían verse empujados a una disciplina institucional mayor que la que conocimos en los últimos años. Precisamente porque la ciudadanía llega exhausta, las fuerzas políticas pagarán un costo más alto si convierten la bicameralidad en una simple duplicación del caos. El nuevo Congreso podría no ser mejor por virtud, pero sí por necesidad. Y a veces, en política, eso basta para empezar a corregir el rumbo.

Nuestro país no necesita en este momento otro salvador, otro redentor u otro caudillo providencial. Necesita dirigentes capaces de comprender que la democracia no consiste en aplastar al adversario, sino en administrar desacuerdos sin destruir las reglas comunes. La elección del 12 de abril fue confusa, áspera y, por momentos, exasperante. Pero también puede dejar una enseñanza útil: después de tantos años de polarización estéril, quizá el país solo pueda avanzar si aprende a gobernarse desde la contención.

Ese es, al final, el desafío real del tiempo que viene. No únicamente elegir a un presidente, sino obligar al sistema político a madurar. El próximo Congreso puede ser un factor de chantaje o un espacio de corrección; una trinchera de revanchas o un taller de acuerdos imperfectos pero indispensables. Vale esperar, sí, un Parlamento más reflexivo y más respetuoso de las instituciones. No porque el Perú haya resuelto de pronto sus viejos vicios, sino porque la nueva correlación de fuerzas tal vez no deje otra salida honorable. Y acaso esa sea la mejor noticia posible en medio de tanta incertidumbre: que, por una vez, la política se vea forzada a comportarse como política y no como demolición.

Entre promesas y responsabilidades

Por Wens Silvestre

En la recta final de las elecciones generales de 2026, nuestro país no solo enfrenta una competencia entre candidatos; enfrenta, sobre todo, una prueba de madurez cívica. Los últimos sondeos difundidos el 5 de abril, antes del inicio del silencio electoral, mostraron un escenario fragmentado: Keiko Fujimori aparece al frente, pero sin opción de cerrar la elección en primera vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado y el resto del pelotón permanece comprimido en márgenes estrechos. Reuters resumió esa fotografía con claridad: liderato relativamente estable en la punta, alta dispersión debajo de ella y una segunda vuelta prácticamente instalada como horizonte.

Ese dato, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién encabeza una encuesta, sino qué le está ofreciendo al país y con qué seriedad lo hace. El problema de esta campaña no ha sido la falta de propuestas; ha sido, más bien, la abundancia de ofertas acompañadas por una insuficiente explicación del cómo. En muchos casos, el discurso electoral ha preferido la consigna a la política pública, la frase efectista al diseño institucional, la indignación al método. Y allí radica uno de los mayores riesgos de esta elección: que la ciudadanía termine premiando la promesa más sonora, no la propuesta más viable. 

Al revisar los planes de gobierno oficialmente presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, conviene recordar algo elemental que a veces se pierde entre mítines, TikToks y debates crispados: el plan de gobierno no es un adorno burocrático ni un simple requisito de inscripción. El propio JNE lo define como el documento que contiene el diagnóstico, los objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas de una organización política; además, subraya que debe servir como parámetro para un voto informado y como referencia para la rendición de cuentas al final del mandato. Más aún, el marco actual exige un contenido mínimo, prioriza claridad y previsión, y prohíbe modificar el plan con posterioridad a su presentación.

Por eso, la pregunta correcta no es si una propuesta emociona, sino si resiste cuatro pruebas básicas. Primero, si identifica con seriedad un problema real del país. Segundo, si explica con qué instrumentos lo enfrentará. Tercero, si deja entrever de dónde saldrán los recursos y qué costos implicará. Y cuarto, si muestra alguna viabilidad política, jurídica y administrativa. Cuando una candidatura falla en una o varias de esas condiciones, lo que queda ya no es una política pública en sentido estricto, sino una oferta de campaña desnuda: vistosa, quizás seductora, pero débil frente a la realidad.

En ese examen, las candidaturas mejor posicionadas han mostrado diferencias marcadas. Algunas sí presentan una arquitectura relativamente consistente: objetivos, estrategias, metas, cronogramas, instrumentos de gestión, referencias a inversión, simplificación, digitalización, formalización o reformas sectoriales. Otras, en cambio, descansan más en la figura del líder, en la idea del golpe de autoridad, en la promesa de mano dura, en el voluntarismo o en la ilusión de que basta la voluntad presidencial para doblegar inercias históricas del Estado peruano. Hay también candidaturas cuyo relato es ideológicamente coherente, pero cuya ejecución dependería de rupturas constitucionales, mayorías improbables o transformaciones institucionales de muy baja factibilidad inmediata. En todos esos casos, la distancia entre prometer y gobernar sigue siendo inmensa.

Ese es, quizás, el rasgo más revelador del proceso electoral actual. No estamos ante una campaña pobre en imaginación, sino ante una campaña donde con frecuencia el “qué” avanza muy por delante del “cómo”. Se promete seguridad sin reforma policial y fiscal precisa; crecimiento sin detallar motores reales de productividad; empleo sin explicar condiciones de inversión; lucha anticorrupción sin rediseño institucional convincente; más Estado o menos Estado sin aclarar capacidad operativa, gradualidad ni costos de transición. En otras palabras, la política vuelve a ofrecer resultados como si estos pudieran decretarse, cuando en realidad todo cambio serio exige secuencia, financiamiento, cuadros técnicos, coordinación intergubernamental y tiempo.

La dispersión que muestran los sondeos también dice mucho sobre la calidad de nuestra vida pública. Con 35 candidaturas presidenciales registradas, un liderazgo parcial en la cima y una fuerte disputa por los siguientes lugares, el país llega a la elección en medio de una oferta sobrepoblada y una ciudadanía todavía desconfiada. No es extraño, entonces, que proliferen las promesas maximalistas: cuando el sistema está fragmentado, cada candidatura siente la tentación de sobresalir no por la solidez de su programa, sino por la espectacularidad de su oferta. La inflación de promesas se convierte así en un síntoma de precariedad política.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre los candidatos. También el ciudadano tiene una tarea que no puede delegar. Votar no consiste únicamente en escoger un nombre o rechazar otro; consiste en asumir, con la mayor lucidez posible, las consecuencias de esa decisión. La democracia no termina cuando se deposita la cédula en el ánfora. Allí, en rigor, comienza la parte más difícil: vigilar, exigir, comparar, recordar y reclamar. Si el plan de gobierno es la hoja de ruta ofrecida para conquistar el poder, entonces debe convertirse también en el primer documento que la ciudadanía use para supervisar al poder.

Por eso, el llamado que hoy merece hacerse no es a votar por tal o cual candidatura, sino a votar con conciencia de que ninguna oferta debe ser recibida como un acto de fe. El elector no es un espectador de feria ni un consumidor pasivo de eslóganes. Es un mandante temporal del poder político. Y quien manda, en democracia, tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir cumplimiento. Exigir que el candidato ganador honre lo que prometió. Exigir que gobierne con arreglo a su programa. Exigir que, si las circunstancias nacionales obligan a corregir, reordenar o priorizar de otro modo, no lo haga con arbitrariedad ni oportunismo, sino con explicación técnica, transparencia pública y responsabilidad frente al país.

Porque sí: gobernar también puede exigir ajustes. La realidad suele golpear más fuerte que la retórica de campaña, y el interés nacional no siempre coincide milimétricamente con el papel inscrito meses antes. Pero esa necesaria flexibilidad no puede ser una licencia para la traición programática. Si un gobierno se aparta de su hoja de ruta, debe justificarlo; si cambia prioridades, debe explicarlas; si abandona una promesa, debe responder por ello. La responsabilidad democrática no consiste en petrificar un documento, sino en impedir que el mandato popular sea usado como cheque en blanco.

En tiempos de ofertas desbordadas, el mejor antídoto no es el cinismo, sino la vigilancia ciudadana. El Perú no necesita electores fascinados por el milagro verbal de la campaña; necesita ciudadanos serenos, críticos y responsables, capaces de distinguir entre una propuesta pensada para gobernar y una promesa fabricada solo para seducir. Ese discernimiento no garantiza por sí solo un buen gobierno, pero sí reduce la probabilidad de un nuevo desencanto.

Al final, cada ciudadano es libre de elegir según su conciencia, su experiencia, sus convicciones y su esperanza. Esa libertad debe ser respetada siempre. Pero justamente porque el voto es libre, también debe ser responsable. Y un voto responsable no solo escoge: recuerda. No solo decide: vigila. No solo otorga poder: exige resultados. En una democracia fatigada como la nuestra, tal vez esa sea la forma más seria de defender el futuro del país.