Después del ruido, la política

Por Wens Silvestre

Las elecciones del 12 de abril no solo definieron una segunda vuelta. Dejaron, sobre todo, un diagnóstico del país. El Perú llegó a las urnas con una oferta presidencial desbordada, un sistema de partidos exhausto y un aparato institucional sometido a una prueba de complejidad inédita: 35 fórmulas presidenciales, 37 organizaciones políticas, cinco elecciones en una sola cédula y un proceso atravesado por reformas recientes que multiplicaron la dificultad para votantes, miembros de mesa y autoridades electorales. La misión de observación de la Unión Europea describió estos comicios como los más complejos de la historia reciente del país, mientras la OEA advirtió que la etapa previa ya venía marcada por controversias sobre tachas, exclusiones y reglas de competencia.

A esa complejidad se añadió un episodio que terminó por empañar la jornada: la demora en la apertura de locales de votación en Lima por la falta de entrega de material electoral. La ONPE reconoció el problema, informó que el JNE amplió excepcionalmente el plazo de instalación de mesas y el horario de votación, y al día siguiente tuvo que organizar una jornada extraordinaria en 13 locales de Lima Metropolitana para 55.261 electores que no habían podido sufragar el domingo. La propia misión europea señaló que ese aplazamiento comprometió la percepción pública de una elección que, en otros aspectos, había sido organizada razonablemente.

Conviene subrayarlo con claridad: lo ocurrido no demuestra, hasta ahora, un fraude probado; demuestra algo quizá más inquietante y más persistente, que es la fragilidad del sistema. La OEA registró campañas de desinformación y narrativas de fraude orientadas a cuestionar anticipadamente la integridad del proceso sin que se aportaran pruebas para sostener esas afirmaciones. También observó episodios de hostilidad, agresiones durante la campaña, ataques contra autoridades electorales y presiones sobre periodistas y medios. Es decir, el problema no fue únicamente técnico. Fue político y cultural: una parte de la competencia democrática volvió a comportarse como si perder fuera, por definición, señal de conspiración.

Pero sería un error leer esta elección solo como una suma de fallas. También ha revelado algo que el país venía posponiendo: el agotamiento de la política entendida como demolición. La fragmentación, que en la primera vuelta se tradujo en una dispersión extrema del voto, tendrá su reflejo en el nuevo Congreso bicameral. Si el mapa preliminar que hoy muestran los resultados se confirma, el próximo Parlamento estará compuesto por varias fuerzas relevantes y ninguna de ellas tendrá mayoría propia en ambas cámaras. Esa ausencia de hegemonía puede ser el preámbulo de un nuevo ciclo de bloqueo; pero también puede convertirse, por primera vez en mucho tiempo, en una pedagogía de los límites.

Ese punto importa más de lo que parece. Con la bicameralidad restablecida, la Cámara de Diputados concentrará la iniciativa legislativa y el control político, mientras el Senado revisará los proyectos aprobados y asumirá atribuciones especialmente sensibles, entre ellas decisiones sobre altos funcionarios del Estado. La propia observación europea ha llamado la atención sobre el peso institucional que adquiere el futuro Senado, y desde el Congreso se ha explicado que el nuevo diseño reparte deliberadamente las funciones entre una cámara de impulso político y otra de revisión y equilibrio. En teoría, eso puede ralentizar el decisionismo y contener la improvisación; en la práctica, todo dependerá de si las bancadas entienden que revisar no es sabotear y controlar no es dinamitar. 

A partir de ahí, el horizonte del próximo quinquenio se vuelve menos épico y más parlamentario. Gane quien gane la segunda vuelta, el nuevo presidente no contará con un cheque en blanco. Gobernará con un mandato recortado por la aritmética legislativa, por la dispersión del electorado y por una legitimidad de origen necesariamente modesta en un contexto donde ningún liderazgo ha conseguido articular una mayoría social robusta. Dicho sin rodeos: la próxima presidencia será fuerte en simbolismo y débil en instrumentos, salvo que logre construir acuerdos estables. Y eso, en el Perú reciente, equivale a pedir un cambio de cultura política, no solo un cambio de gobierno.

La pregunta de fondo, entonces, no es si tendremos un Ejecutivo cómodo. No lo tendremos. La pregunta es si el Congreso querrá seguir siendo una máquina de desgaste o si entenderá, al fin, que el país ya no soporta otro ciclo de mezquindad institucional. Ser oposición no puede seguir significando sabotear cada iniciativa del Gobierno; y ser oficialismo tampoco puede consistir en exigir obediencia parlamentaria como si el voto presidencial autorizara a ignorar los contrapesos. La fragmentación obliga a otra cosa: a negociar, a ceder, a jerarquizar. Obliga, en suma, a hacer política en serio.

No se trata de un optimismo ingenuo. Nada garantiza por sí solo que el nuevo Parlamento será más sobrio que el anterior. Los incentivos para la estridencia siguen ahí: el cálculo corto, el personalismo, la tentación del espectáculo y la rentabilidad del conflicto. Además, la OEA recordó que la mayoría de las organizaciones políticas eligió sus candidaturas por delegados y que incluso pocos días antes de la elección todavía persistían apelaciones por tachas y exclusiones, síntomas de una estructura partidaria frágil y poco institucionalizada. Ese dato debería prevenirnos contra cualquier idealización del Congreso que viene. Las bancadas pueden ser numerosas en escaños y débiles en cohesión; visibles en campaña y erráticas en el ejercicio del poder.

Y, sin embargo, hay una posibilidad razonable que vale la pena defender. Precisamente porque nadie podrá imponer por sí solo su voluntad, todos estarán más obligados a medir las consecuencias de sus excesos. Precisamente porque el Senado revisará y la Cámara de Diputados fiscalizará, ambos podrían verse empujados a una disciplina institucional mayor que la que conocimos en los últimos años. Precisamente porque la ciudadanía llega exhausta, las fuerzas políticas pagarán un costo más alto si convierten la bicameralidad en una simple duplicación del caos. El nuevo Congreso podría no ser mejor por virtud, pero sí por necesidad. Y a veces, en política, eso basta para empezar a corregir el rumbo.

Nuestro país no necesita en este momento otro salvador, otro redentor u otro caudillo providencial. Necesita dirigentes capaces de comprender que la democracia no consiste en aplastar al adversario, sino en administrar desacuerdos sin destruir las reglas comunes. La elección del 12 de abril fue confusa, áspera y, por momentos, exasperante. Pero también puede dejar una enseñanza útil: después de tantos años de polarización estéril, quizá el país solo pueda avanzar si aprende a gobernarse desde la contención.

Ese es, al final, el desafío real del tiempo que viene. No únicamente elegir a un presidente, sino obligar al sistema político a madurar. El próximo Congreso puede ser un factor de chantaje o un espacio de corrección; una trinchera de revanchas o un taller de acuerdos imperfectos pero indispensables. Vale esperar, sí, un Parlamento más reflexivo y más respetuoso de las instituciones. No porque el Perú haya resuelto de pronto sus viejos vicios, sino porque la nueva correlación de fuerzas tal vez no deje otra salida honorable. Y acaso esa sea la mejor noticia posible en medio de tanta incertidumbre: que, por una vez, la política se vea forzada a comportarse como política y no como demolición.