Qué le conviene elegir al país

Por Wens Silvestre

Llegamos a esta segunda vuelta en una situación excepcional: una primera vuelta muy fragmentada, un conteo todavía discutido y demorado, una crisis de confianza en la administración electoral y un Congreso bicameral que nacerá sin mayorías claras. Al 25 de abril, Keiko Fujimori lidera la elección presidencial con alrededor de 17.06% y el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (12.05%) y Rafael López Aliaga (11.9%), una diferencia estrechísima; el conteo continúa incompleto y los resultados finales se esperan recién para mayo. La Misión de Observación Electoral de la OEA, por su parte, sí advirtió graves problemas logísticos y un ambiente tóxico de desinformación, pero también dejó constancia de que las narrativas de fraude se venían difundiendo sin pruebas debidamente sustentadas. 

Esa realidad obliga a formular una tesis sobria: al país no le conviene elegir el plan más ruidoso ni el más ideológico, sino el que tenga mayor probabilidad de gobernar, negociar y producir resultados dentro de las restricciones reales del periodo 2026-2031. Esas restricciones son dos. La primera es institucional: desde 2026 el Congreso será bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que añade una cámara revisora, más puntos de veto y una necesidad mayor de acuerdos políticos. La segunda es macroeconómica: el MMM 2026-2029 fija una senda de consolidación fiscal exigente, con déficit de 1,8% en 2026, 1,4% en 2027 y 1,0% desde 2028, y con deuda pública de 32,1% del PBI en 2026 y una trayectoria descendente hacia 30,8% en 2029. Eso significa que el próximo gobierno no tendrá espacio para prometerlo todo ni para refundarlo todo.

Si además se mira la composición congresal proyectada con el avance del conteo, la conclusión se vuelve más clara. En la Cámara de Diputados, las proyecciones periodísticas más consistentes daban a Fuerza Popular la primera minoría con al menos 40 escaños; junto con Renovación Popular, el bloque de derecha llegaría a 56 votos, mientras que Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras también sumarían 56, quedando el Partido del Buen Gobierno con 18 como bisagra. En el Senado, al 20 de abril, las proyecciones situaban a Fuerza Popular en 22 curules, a Juntos por el Perú en 14, a Renovación Popular en 8, a Ahora Nación en 4, y a Partido del Buen Gobierno y Obras juntos en 12. En otras palabras: nadie va a gobernar solo. El próximo presidente o presidenta tendrá que armar mayorías variables, no imponer un proyecto puro.

Desde ese punto de vista, el plan de Fuerza Popular tiene una virtud técnica central: es el que mejor conversa con el marco constitucional y con el MMM. Su propuesta se mueve dentro de la economía social de mercado, ofrece disciplina fiscal, ampliación de base tributaria sin golpear más al formal, shock desregulatorio, inversión privada, orden y una agenda sectorial extensa en seguridad, salud, educación y servicios públicos. Su debilidad está en que varias de sus metas son abiertamente optimistas: promete reducir en 40% los tiempos de tramitación, eliminar más de 500 procedimientos y atraer inversiones entre US$ 5.000 y 7.000 millones adicionales por año, generando 500.000 empleos formales anuales. Puede ser una dirección razonable, pero esas cifras son más una apuesta política que una proyección comparable a la del MMM. Aun así, entre los tres planes, es el que menos fricción genera con la Constitución vigente, que consagra la economía social de mercado, la libertad de empresa y la actividad subsidiaria del Estado.

El plan de Renovación Popular es más nítido ideológicamente por la derecha económica. Tiene a su favor una apuesta clara por la simplificación administrativa, la inversión privada, la infraestructura, la energía, el fortalecimiento de ProInversión y una agenda de privatización que incluye la venta o liquidación de Petroperú y la privatización de las distribuidoras eléctricas estatales. Ese es su punto fuerte: ofrece una señal promercado más explícita que Fuerza Popular. Pero su principal problema técnico es la inconsistencia macroeconómica. Plantea reducir el IGV para formalizar, pero al mismo tiempo promete más recaudación; habla de un crecimiento de 7% al quinto año e incluso de un objetivo superior al 8%, cuando el MMM proyecta un crecimiento de alrededor de 3,2%-3,5% y advierte que el país necesita elevar ingresos permanentes, no erosionarlos con fórmulas tributarias de efecto incierto. En síntesis: RP tiene varias propuestas útiles, pero su aritmética fiscal y sus metas macro no resultan plenamente creíbles.

El plan de Juntos por el Perú es, sin duda, el más ambicioso en diagnóstico estructural. Tiene mejor elaboración que sus rivales en temas de agua, territorio, cabeceras de cuenca, Amazonía, consulta, soberanía alimentaria, nueva relación con recursos naturales y crítica a la desigualdad territorial. En eso ofrece aportes valiosos al debate nacional. Pero su problema no es de sensibilidad social, sino de viabilidad política e institucional. Su columna vertebral pasa por una nueva Constitución, la eliminación del aval a los contratos-ley, una economía mixta con mayor iniciativa estatal y la reserva directa al Estado de sectores estratégicos como gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. El problema es que la Constitución vigente ya establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento, y toda reforma constitucional debe pasar por el procedimiento del artículo 206. Eso exige una acumulación parlamentaria y social que hoy no existe. En un Congreso fragmentado, sin mayoría constituyente y con Senado revisor, el riesgo de bloqueo sería altísimo.

Por eso, si la pregunta es qué le conviene al país elegir, la respuesta técnica no debería formularse en términos de simpatía partidaria sino de minimización de riesgo institucional y macroeconómico. Nuestro país necesita salir de la crisis política, no abrir otra más grande. Necesita un gobierno que pueda convivir con un Congreso dividido, que no choque de entrada con las reglas fiscales, que tenga capacidad de formar una mayoría bisagra con sectores intermedios, y que pueda concentrarse en cuatro urgencias concretas: seguridad, reactivación, ejecución de inversión y restauración mínima de confianza institucional. Bajo esos criterios, lo que más conviene es una opción reformista dentro del marco vigente, no una refundación sin mayoría ni una promesa de crecimiento que no cuadra con la caja fiscal ni con la aritmética parlamentaria.

Dicho con mayor precisión: si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Juntos por el Perú, la opción menos riesgosa para la estabilidad del país sería Fuerza Popular. No porque su plan sea perfecto —no lo es—, sino porque es mucho más gobernable bajo la Constitución y el MMM. Si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Renovación Popular, también parece más conveniente Fuerza Popular, por una razón distinta: tiene una plataforma más completa, mayor capacidad probable de articulación parlamentaria y menos disonancia entre oferta política y restricciones fiscales.

En suma, después de una primera vuelta fragmentada y de una crisis electoral que ha vuelto a exponer la precariedad del sistema político, el voto útil para el país no es el que más castiga ni el que más emociona, sino el que más probablemente gobierna. El próximo quinquenio no será de grandes epopeyas, sino de restricciones, pactos, correcciones y prioridades duras. El ciudadano debería votar, entonces, por quien pueda garantizar tres cosas al mismo tiempo: respeto a las reglas, viabilidad fiscal y capacidad de construir una mayoría funcional. Hoy, con toda la información disponible, esa combinación favorece más a una salida de estabilización y reforma incremental que a una de refundación o a una de maximalismo privatizador. Esa, y no otra, es la elección que más le conviene a nuestro país.