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jueves, 18 de junio de 2026

Privilegios con deuda pública

Por Wens Silvestre

Nuestro país vuelve a enfrentar una decisión fiscal que revela la precariedad de sus prioridades públicas. El Proyecto de Ley 14799, presentado por el Poder Ejecutivo, propone créditos suplementarios por S/ 4 160 millones para el Presupuesto 2026, a favor del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Su financiamiento provendría de Recursos Ordinarios y de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, e incluiría una emisión interna de bonos por S/ 1 260 millones, además de una transferencia de S/ 300 millones de utilidades de FONAFE al Tesoro Público. Aunque la iniciativa se presenta como un mecanismo para financiar inversiones, garantizar la continuidad de servicios y atender la transición democrática, debería ser examinada con mucha mayor severidad. No estamos ante un simple ajuste presupuestal. Estamos ante una propuesta que, en un contexto de estrechez fiscal, pobreza persistente y riesgo de un El Niño fuerte, pretende ampliar el gasto público, habilitar endeudamiento y financiar beneficios para trabajadores del Estado sin exigir mejoras verificables en productividad, calidad del servicio o resultados para el ciudadano.

El problema no es que el Estado gaste. El Estado debe gastar donde corresponde: prevención, seguridad hídrica, infraestructura crítica, salud, educación efectiva, protección social focalizada y reducción de vulnerabilidades. El problema es que este crédito suplementario no parece responder a una jerarquía seria de prioridades nacionales. Mezcla inversiones, continuidad operativa, procesos electorales, transferencias, bonos y medidas remunerativas. Y lo hace, además, recurriendo a emisión de bonos e ingresos extraordinarios que deberían servir para reducir el déficit, recomponer ahorros fiscales o preparar al país frente a una emergencia climática.

La exposición de motivos del propio proyecto reconoce que el margen fiscal para 2026 es reducido. Según las proyecciones oficiales, el déficit fiscal se ubicaría alrededor de 1,75 % del PBI, muy cerca del límite legal de 1,8 %. El margen disponible bordea los S/ 1 260 millones. Sin embargo, en lugar de preservar ese espacio como colchón fiscal ante choques climáticos, económicos o sociales, el Ejecutivo propone utilizarlo para ampliar el gasto. En términos simples: se pretende gastar el salvavidas antes de que llegue la tormenta.

Y la tormenta no es una metáfora. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante 2026, posiblemente moderado o fuerte. En el plano nacional, el ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y recomienda medidas de prevención y preparación frente a la temporada de lluvias 2026-2027. En un país con quebradas ocupadas, drenajes insuficientes, carreteras vulnerables, colegios mal ubicados, sistemas de agua precarios y agricultura expuesta a sequías, la prudencia fiscal no es un lujo tecnocrático: es una condición básica de supervivencia institucional.

Por eso resulta especialmente cuestionable que el proyecto no esté estructurado como una verdadera herramienta de prevención climática. Si el Gobierno hubiera presentado un crédito suplementario orientado estrictamente a drenaje pluvial, defensas ribereñas técnicamente sustentadas, mantenimiento de vías críticas, protección de sistemas de agua potable, seguridad hídrica en la sierra sur, cosecha de agua, reservorios, protección de bofedales, continuidad logística en la Amazonía y capacidad de respuesta ante huaicos, inundaciones o sequías, la discusión sería distinta. Pero no es el caso. El PL 14799 dispersa recursos y abre espacio para financiar obligaciones y beneficios que no guardan relación directa con la prevención del riesgo climático.

El punto más delicado es su sesgo remunerativo. En un país donde más del 25 % de la población sigue en pobreza monetaria, no puede normalizarse que el Ministerio de Economía y Finanzas justifique aumentos de gratificaciones, bonos o beneficios para trabajadores del Estado sin vincularlos a productividad, meritocracia o mejora del servicio público. El trabajador estatal cumple una función importante, pero el dinero público no puede ser tratado como un mecanismo automático de compensación corporativa. Todo incremento debería responder a una reforma del empleo público, evaluación de desempeño, racionalización de plazas, cierre de brechas de gestión y mejora efectiva en la atención al ciudadano.

Lo que se está instalando es una forma de populismo fiscal desde el propio Ejecutivo. Antes se criticaba, con razón, al Congreso por aprobar leyes con impacto fiscal sin financiamiento. Hoy el problema se agrava cuando el ministro de Economía, llamado a ser guardián de la sostenibilidad fiscal, termina justificando más gasto sin exigir contraprestaciones institucionales. El MEF no puede convertirse en ventanilla presupuestal de presiones sectoriales. Su responsabilidad es ordenar prioridades, proteger la estabilidad macrofiscal y recordar que cada sol destinado a gasto inercial es un sol que deja de invertirse en prevención, infraestructura resiliente o servicios esenciales para los más pobres.

El Consejo Fiscal ha advertido reiteradamente sobre esta deriva. En los últimos años, el país ha incumplido reglas fiscales, ha expandido gasto corriente y ha aprobado normas con impacto fiscal adverso. También ha señalado que los ingresos extraordinarios no deberían alimentar mayor gasto permanente, sino contribuir a la consolidación fiscal. Esa advertencia es elemental: cuando los ingresos son transitorios, gastarlos como si fueran permanentes genera una ilusión de solvencia. Hoy se puede pagar el bono; mañana quedan la presión política, la rigidez presupuestal y la deuda.

El endeudamiento público tampoco es gratuito. Emitir bonos para financiar gastos de bajo impacto o beneficios no asociados a productividad significa trasladar el costo a contribuyentes futuros. La deuda puede ser legítima cuando financia infraestructura estratégica, resiliencia climática, capital humano o inversiones con retorno social. Pero endeudarse para sostener gasto intrascendente o medidas remunerativas desordenadas equivale a hipotecar capacidad fiscal sin fortalecer al país. En medio del riesgo de un El Niño, esa decisión es aún más irresponsable: se consume espacio fiscal antes de conocer la magnitud del daño que podrían enfrentar la costa, la sierra y la Amazonía.

La pregunta correcta no es si los trabajadores públicos merecen o no mejores ingresos. La pregunta correcta es si el Estado peruano puede seguir otorgando beneficios incondicionales sin exigir resultados, mientras millones de ciudadanos pobres enfrentan servicios públicos deficientes, escuelas deterioradas, postas sin capacidad resolutiva, inseguridad, falta de agua y exposición permanente a desastres. En una democracia fiscalmente responsable, los beneficios al aparato estatal deben justificarse ante el ciudadano que los financia.

El PL 14799 también transmite una señal política equivocada. En vez de ordenar el gasto, lo expande. En vez de reservar recursos para contingencias, los compromete. En vez de priorizar la prevención ante El Niño, financia un paquete heterogéneo. En vez de exigir productividad estatal, concede beneficios. En vez de corregir el populismo fiscal del Congreso, lo acompaña desde el Ejecutivo.

La prevención no consiste en aparecer con casco amarillo cuando el río ya se desbordó. Prevención es contar con recursos disponibles, obras bien priorizadas, mantenimiento oportuno, mapas de riesgo vinculantes, infraestructura resiliente y capacidad logística antes de la emergencia. Cada sol comprometido en gasto no prioritario reduce esa capacidad. Cada bono sin reforma posterga la discusión sobre productividad estatal. Cada emisión de deuda para gasto corriente o cuasi corriente debilita la respuesta futura.

El Perú no puede seguir gobernando el riesgo como si fuera accidente. Si El Niño golpea con fuerza, no bastará decir que faltaron recursos. Los recursos existían, pero se eligió gastarlos de otra manera. Esa es la responsabilidad política de fondo.

Por eso, el Congreso no debería aprobar el PL 14799 en sus términos actuales. Como mínimo, debe exigir una reestructuración integral del proyecto: separar inversión preventiva de gasto remunerativo, excluir beneficios no vinculados a productividad, prohibir que la deuda financie gasto corriente, crear una reserva específica para El Niño 2026-2027 y condicionar toda inversión a criterios obligatorios de riesgo climático. Además, cualquier aumento para trabajadores del Estado debe estar asociado a metas verificables de desempeño, eficiencia y calidad del servicio.

Un país pobre, fiscalmente estrecho y climáticamente vulnerable no puede darse el lujo de gastar como si no hubiera mañana. La deuda pública debe servir para construir resiliencia, no para financiar complacencias. Los ingresos extraordinarios deben proteger al país, no alimentar gasto inercial. Y el MEF debe volver a ser una autoridad técnica, no un operador del populismo presupuestal.

El Niño no solo pondrá a prueba nuestras quebradas, ríos y carreteras. También pondrá a prueba la seriedad del Estado. Si el Gobierno decide gastar hoy el margen fiscal en beneficios incondicionales, mañana no podrá alegar sorpresa cuando falten recursos para prevenir, responder y reconstruir. La irresponsabilidad fiscal también es una forma de negligencia frente al desastre.

jueves, 14 de mayo de 2026

La agonía de Petroperú no puede hipotecar al Estado


Por Wens Silvestre

El Decreto de Urgencia Nro. 003-2026 marca un nuevo punto de inflexión en la crisis de Petroperú. Bajo el argumento de mitigar una eventual crisis energética nacional y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, el Ejecutivo autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes hasta por US$ 2,000 millones, más costos financieros. El objetivo declarado es financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles e insumos, y sostener servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. La norma no dispone un desembolso inmediato, pero sí abre una exposición fiscal potencialmente gigantesca. En términos sencillos: si Petroperú no puede responder, el Estado quedará comprometido.

El problema es que este respaldo no aparece en el vacío. Llega después de años de pérdidas, endeudamiento, apoyo estatal recurrente y una reorganización patrimonial que aún no demuestra resultados concretos. El propio decreto reconoce que Petroperú pasó de una rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021 a pérdidas operativas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara. También admite que, a marzo de 2026, la empresa registraba pérdidas operativas y netas significativas, con efectos directos sobre su viabilidad financiera y su patrimonio. Es decir, el Estado no enfrenta solo una emergencia energética: está sosteniendo una empresa estructuralmente debilitada.

El Ejecutivo invoca factores externos: conflicto en Medio Oriente, cierre del Estrecho de Ormuz, mayor volatilidad del petróleo y riesgos de abastecimiento. Es cierto que un shock internacional puede afectar a un país importador neto de combustibles como el Perú. También lo es que los hidrocarburos siguen siendo centrales para el transporte, el comercio, la minería, la electricidad y la producción. Pero una emergencia externa no puede convertirse en licencia para socializar indefinidamente las pérdidas de una empresa estatal mal gestionada. La seguridad energética debe protegerse; la insolvencia empresarial no debe maquillarse como política de Estado.

La inconsistencia fiscal es evidente. Si los US$ 2,000 millones se convierten a un tipo de cambio referencial cercano a S/ 3.70, hablamos de aproximadamente S/ 7,400 millones. Frente a un PIA del Ministerio de Energía y Minas de alrededor de S/ 669.77 millones, la exposición autorizada equivale a más de once veces su presupuesto institucional anual. La frase “con cargo a su presupuesto institucional” resulta, por tanto, formalmente cómoda, pero materialmente poco creíble. Si la contingencia se activa, no pagará realmente el presupuesto ordinario del MINEM; pagará el Estado peruano, directa o indirectamente, mediante reasignaciones, endeudamiento, créditos suplementarios o mayor presión sobre el Tesoro.

Esto ocurre en un país donde el déficit fiscal sigue acechando. Según el BCRP, el déficit fiscal bajó de 3.5% del PBI en 2024 a 2.2% en 2025, pero en marzo de 2026 todavía se mantenía en 2.2% del PBI. Hubo corrección, sí, pero no holgura. La disciplina fiscal peruana se encuentra en una zona de fragilidad, no de abundancia. Y esa fragilidad se vuelve más delicada cuando el Estado asume contingencias masivas fuera de una discusión presupuestal transparente y sin una matriz pública de riesgos.

La paradoja es mayor si se considera que el Perú viene de un contexto externo extraordinariamente favorable. El BCRP reportó que los términos de intercambio crecieron 30.5% interanual en diciembre de 2025, impulsados principalmente por el alza de los precios de exportación, en especial del oro, el cobre y el café. También informó que, en 2025, los términos de intercambio aumentaron 19.2% anual y alcanzaron niveles excepcionalmente altos. En otras palabras, el país se benefició de un contexto internacional favorable para sus materias primas; sin embargo, no logró reconstruir plenamente su espacio fiscal ni reducir la pobreza a los niveles previos a la pandemia. Peor aún, no ha generado ahorros suficientes para enfrentar eventuales periodos de menor crecimiento o deterioro de los términos de intercambio.

La pobreza monetaria cayó en 2025, sí, pero sigue siendo socialmente inaceptable. El INEI informó que afectó al 25.7% de la población, por debajo del 27.6% registrado en 2024, aunque todavía más de cinco puntos por encima del 20.2% de 2019, antes de la pandemia. Esto significa que, pese a la mejora, el país no ha recuperado su línea social previa al shock sanitario. En 2025, uno de cada cuatro peruanos seguía siendo pobre en términos monetarios. La línea de pobreza fue de S/ 462 mensuales por persona; para un hogar de cuatro miembros, S/ 1,848. Esa es la escala real de precariedad frente a la cual debe evaluarse cualquier contingencia fiscal.

La pobreza multidimensional agrava aún más el juicio ético. El INEI publicó en 2025 el avance de la medición oficial de pobreza multidimensional, orientada a complementar la pobreza monetaria mediante dimensiones vinculadas a salud, educación, vivienda, servicios básicos, energía, empleo y protección social. Estimaciones recientes con base en la ENAHO señalan que la pobreza multidimensional habría bajado de 29.8% en 2024 a 26.2% en 2025, pero aún afectaría a más de 9.1 millones de peruanos y superaría a la pobreza monetaria.

Por eso, el debate sobre Petroperú no es solo contable; es moral y político. Cada sol comprometido para sostener una empresa estatal insolvente compite con agua, saneamiento, salud, educación, primera infancia, seguridad alimentaria, conectividad rural y empleo formal. Si el Estado tiene millones de ciudadanos con privaciones monetarias y multidimensionales, no puede tratar los rescates empresariales como simples operaciones técnicas. El costo de oportunidad es humano.

A ello se suma otra presión estructural: el gasto reivindicativo y salarial del Estado. En los últimos años, el Congreso y el Ejecutivo han acumulado leyes y compromisos con impacto fiscal: aumentos remunerativos, beneficios laborales, pensiones, nombramientos y medidas sectoriales sin financiamiento sostenible. El Consejo Fiscal advirtió que, desde 2021, el Congreso aprobó 229 leyes con implicancias fiscales, y que existían cientos de proyectos adicionales de gasto. Incluso alertó que diez propuestas podían costar alrededor de S/ 25,000 millones anuales y elevar el déficit hasta 5.5% del PBI en 2026 en un escenario de aprobación descontrolada.

La propia discusión pública sobre un pacto fiscal en 2025 reconoció la acumulación de medidas de gasto que amenazan la estabilidad fiscal. El Consejo Fiscal mencionó que diez propuestas bajo revisión podían tener un impacto conjunto de US$ 7,400 millones anuales, incluyendo incrementos salariales y beneficios tributarios aprobados o promovidos en los últimos años. La aritmética es brutal: el Estado se compromete por todos lados, pero la pobreza sigue esperando.

El DU 003-2026 intenta crear una arquitectura sofisticada: vehículo de propósito especial, fideicomisos, Proinversión como estructurador, protocolos de canalización de flujos y control sobre la disposición de recursos. Todo ello puede sonar moderno, pero no sustituye la pregunta central: ¿quién asume la pérdida si Petroperú no genera caja? La respuesta, por ahora, parece ser el Estado.

Ese es el verdadero problema. La reorganización patrimonial dispuesta por el DU 010-2025 debía ser el camino hacia una solución estructural: ordenar activos, atraer inversión, mejorar la gestión, reducir pasivos y dejar de depender del Tesoro. Pero el DU 003-2026 parece convertir esa reorganización en un puente sostenido por recursos contingentes del Estado. Un puente puede ser razonable si conduce a una salida. Pero si solo conecta un rescate con otro, deja de ser puente y se convierte en túnel fiscal.

El Congreso debe actuar con seriedad. Se requiere exigir al MEF, al MINEM, a Petroperú y a Proinversión una matriz completa de riesgos fiscales, condiciones financieras, entidades participantes, tasas, plazos, garantías, comisiones, fuente real de repago, gatillos de activación, protocolos de uso de recursos y metas verificables de desempeño. También debe exigirse control concurrente de la Contraloría y publicación periódica de avances.

El país debe garantizar combustibles, sí. Pero no puede garantizar indefinidamente la supervivencia financiera de una empresa que no demuestra viabilidad. La seguridad energética es una obligación pública; la socialización de pérdidas no lo es.

La agonía de Petroperú no puede seguir hipotecando a un Estado con déficit, presiones salariales crecientes, pobreza persistente y brechas multidimensionales profundas. Si el Gobierno quiere comprometer hasta US$ 2,000 millones en contingencias, debe demostrar que no está comprando tiempo político, sino financiando una salida real. De lo contrario, el DU 003-2026 no será una medida de seguridad energética: será otro capítulo de una larga historia en la que el Estado rescata empresas mientras posterga ciudadanos.

domingo, 6 de septiembre de 2020

Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021

 

Por: Wens Silvestre

La distribución del presupuesto público 2021, continúa siendo centralista. En efecto, el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, ascenderá a 183.03 mil millones de soles, es decir, 5.66 mil millones de soles más que el presente año, sin embargo, en la distribución de la torta presupuestal, el Gobierno Nacional pasará de administrar 124.58 mil millones de soles (2020) a 129.04 mil millones (2021), es decir, 70,2% a 70,5%, respectivamente; en tanto, los Gobiernos Regionales pasará de 31.9 a 33.1 mil millones de soles, es decir, les corresponderá el 18,08%, similar al presente año (18%), en tanto, los Gobiernos Locales, prácticamente, les corresponderá una cifra similar, 20.9 mil millones, empero en términos absolutos representa una ligera disminución durante el 2021, pasando de  11.77% a 11,42%.

En los últimos años, el Poder Ejecutivo ha expuesto sus planteamientos, referidos a la lucha contra la corrupción, la inseguridad, fortalecimiento de gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar de la población (salud, educación, saneamiento). Sin embargo, los resultados de la administración de los recursos no muestran avances objetivos. ¿A dónde va a parar ingentes recursos públicos? En el año 2015, el presupuesto público era 130.6 mil millones de soles para el 2020 se empezó con un PIA de 177.4 mil millones de soles, es decir, un crecimiento de 40.1% de recursos para cumplir con los objetivos de mejora de la calidad de los ciudadanos y reducción de la pobreza. Sin embargo, según el INEI, la tasa de pobreza en el país se estancó en los últimos tres años en alrededor de 20%, y el 2020 se incrementará sustancialmente estos niveles de pobreza, por efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19, cuyas medidas impuestas por este gobierno para contenerlo (sin éxito), acabaron destruyendo nuestra economía, generando una recesión económica, sin precedentes, y una pérdida de más 6.7 millones de empleos, solo durante el segundo trimestre del presente año.

¿Qué se hizo con ingentes recursos públicos? ¿Qué pasó con los programas sociales? ¿Será acaso efectos de una pésima gestión de la crisis sanitaria y mal manejo de política económica? ¿Tenemos acaso un gobierno indolente ante la población más necesitada? Tal vez anda más preocupado por su agenda personal y de mantener su popularidad a costa de los recursos públicos que ha venido despilfarrando, con el argumento de atención a la población más necesitada, agudizada por la crisis sanitaria.

En efecto, pese a que el “Nuevo Parlamento” le dio todas las facilidades al Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y económica, hasta se delegó facultades para legislar principalmente en materia de salud y economía, los resultados le fueron esquivos, porque es un gobierno que no supo administrar la crisis y no aprendió a conducir la organización del Estado, salvo su liderazgo para sistemáticamente debilitar la gobernabilidad e institucionalidad democrática del país, so pretexto de legitimar sus ambiguas y parciales propuestas de reforma del sistema de administración de justicia y del sistema político. Ese constante ataque se concentró en la representación nacional y tiene una explicación: la debilidad de quien lidera el Poder Ejecutivo.

El gobierno tiene un deficiente manejo de la política económica. En efecto, el crecimiento mediocre registrado hasta el 2019, fue solo gracias a una economía que viene funcionamiento en piloto automático, desde hace cuatro quinquenios, y en el presente año, se viene demostrando que no tenemos un ministerio de Economía, sino un ministerio de Hacienda, que se ha dedicado a la distribución de recursos públicos, financiados sustancialmente con operaciones de crédito interno y externo, como consecuencia de la caída de la recaudación fiscal, a raíz de la parálisis de la economía. Este pésimo escenario para nuestra economía, seguirá registrando cifras por debajo de las proyecciones optimistas del MEF. Así, por ejemplo, durante el 2019, el MEF tenía proyectado un crecimiento de 4,5%, y solo crecimos 2,2%. Para el 2020, el MEF estimó crecer 4,0%, sin embargo,  debido a la crisis, proyecta una caída del 12%( probablemente la caída será mayor al 15%), es decir, las proyecciones del MEF, no se cumplen, porque maneja un escenario demasiado optimista, como para sorprender a la población. La realidad le ha demostrado sistemáticamente que el MEF está haciendo mal su trabajo. El MEF ha perdido la credibilidad como ente técnico, pasando a convertirse en entidad más política.

Este gobierno, cuya responsabilidad es dirigir la política general del Gobierno, viene desatendiendo lo fundamental para mejorar los ingresos familiares de la población: promover el crecimiento de la economía. De ahí su pobre resultado en la lucha contra la pobreza. Empero, se alimenta de su gaseosa popularidad, aprovechando la vulnerabilidad del Parlamento.

¿Qué podemos esperar de un gobierno que ni siquiera ha podido sostener el crecimiento de la inversión pública? ¿Cómo es posible que a falta de menos de cuatro meses para culminar el año, solo ejecutó el 21,0% de su presupuesto? El aparato burocrático ha crecido para enredar los procedimientos de los sistemas administrativos, que hace mucho más complicado gestionar los recursos públicos. Si no se destrabas y se hace más sencillo los procedimientos, más complicado será ejecutar un sol del presupuesto. Lo único eficiente del Estado es gastar en planilla, pero no en la razón de ser del Estado, mejorar la prestación de los servicios básicos para la población.

¿Puede un gobierno garantizar un crecimiento de la economía de 10,0% durante el 2021? La respuesta es sencilla, NO, porque no está concentrado en implementar políticas que enciendan los motores de la economía. El gobierno aspira que la inversión privada crezca en 22%. Sin embargo, este año tenía proyectado un crecimiento de 4,8%, pero su proyección actual, es de -34,2%, es decir, una estrepitosa caída, en tanto, la inversión pública, estima que crecerá por arte de magia en 21,7% frente a una caída de 15,5% durante el presente año; el consumo privado y público sólo estima un crecimiento de 6,5% y 7,1%, respectivamente.

En ese escenario optimista, el Gobierno proyecta un incremento del presupuesto 2021 en 3%. Sin embargo, este crecimiento será financiado a costa de un déficit fiscal de 6,2% del PBI (menor al déficit de 10,7% del PBI 2020) que implica mayor endeudamiento interno y externo, que ascenderá a 47.65 mil millones de soles (26,03% del presupuesto público) para poder financiar un presupuesto centralista, que pese a las promesas públicas del gobierno de subir a 40% de la torta presupuestal para las instancias descentralizadas.

En resumen, las instancias descentralizadas, tendrán una participación de la torta presupuestal solo de 29,5% ligeramente inferior al 29,8% destinado para el presente año.

Es la muestra de una política de una promesa incumplida, y volveremos a tener alcaldes tocando la puerta de los ministerios para mendigar recursos financieros para la ejecución de proyectos, restándole predictibilidad en la planificación y gestión de los gobiernos regionales y locales.

Recordemos que el proceso de descentralización, busca promover el desarrollo económico y social en igualdad de condiciones en todos los departamentos[1].

Ese proceso sistemático de concentración de recursos a nivel de Gobierno Central en los últimos tres quinquenios, no se condice con el proceso de descentralización progresiva que la Constitución ordena y le sugiero al actual régimen evaluar esa forma de distribuir los recursos públicos.

En este contexto, es necesario exhortar al Poder Ejecutivo, con la finalidad que presente una propuesta distinta en la distribución presupuestal. Asimismo, es necesario que cumpla con lo dispuesto en la Ley 30804, Ley que modifica la Ley de Mancomunidades Regionales, que establece claramente que se les debe incluir, a las Mancomunidades Regionales, en la ley de presupuesto los recursos que les corresponde para garantizar su funcionamiento. Así, por ejemplo, la Mancomunidad Regional Los Andes, en su oportunidad, le solicitó al MEF, cumplir con la Ley de Mancomunidades Regionales, pero, esta entidad viene incumplimiento con el mandato de una ley.



[1] En ese contexto, se hicieron grandes reformas a nivel constitucional; asimismo, se dio la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), Ley Orgánica de Municipalidades (2003), Ley Marco de la Promoción de la Inversión Descentralizada (2003), el Decreto Legislativo 955 Descentralización Fiscal (2004), entre otros

miércoles, 7 de septiembre de 2016

Presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 en debate

El Gobierno Central concentrará el 74,1% del presupuesto, los Gobiernos Regionales administrará el 15.3%y los Gobiernos Locales sólo recibirán el 10.6%
Por: Wens Silvestre
        
El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, remitido al Congreso de la República para su debate, asciende a la suma de 142,471.52 millones de soles, un ligero incremento del 2,9% respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2016, ascendente a 138,490.59 millones de soles, y tasa inferior al crecimiento del PIA  2016 respecto al 2015, que tuvo un incremento de 6,0%.

 La característica fundamental en este presupuesto público es mantener la tendencia a una alta concentración de los recursos administrados por las entidades del Gobierno Nacional, quienes administrarán el 74.1% del presupuesto público, en tanto, los Gobiernos Regionales se encargarán del 15.3% y los Gobiernos Locales administrarán sólo el 10.6%, es decir, es notorio un proceso de consolidación sistemática de concentración de recursos a nivel de Gobierno Central en los últimos 15 años que no se condice con el proceso de descentralización progresiva que la Constitución ordena.

Es necesario que el Poder Ejecutivo evalúe la distribución de los recursos públicos a favor de los gobiernos subnacionales, considerando que el mantenimiento de una política presupuestaria centralista con alta concentración de recursos administrados por las instancias nacionales durante el 2017, continuará debilitando el proceso de descentralización que exige una equitativa distribución de los recursos presupuestales a favor de los Gobiernos Regionales y Locales.

En términos comparativos los pliegos que conforman el Gobierno Nacional, administrarán 1.2% más que el presente año, en tanto, los Gobiernos Locales, administraran 1.9% más que 2016 y los Gobierno Regionales, crecerán en 12.7% durante el ejercicio 2017. Cabe indicar que el proyecto de presupuesto considera 1,002.28 millones de soles para el financiamiento de continuidad de proyectos de inversión pública, principalmente para los gobiernos regionales y locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y DÉFICIT FISCAL CONTINUARÁN DURANTE EL 2017

Una característica fundamental del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2017 es conservar un alto índice de endeudamiento público (Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito) que durante el 2015 financiaba el 5.2% del presupuesto público; el 2016 subió significativamente a 16.4% y, finalmente, para el 2017 se reducirá ligeramente financiando el 13.8% de los gastos públicos. Bajo este escenario, el financiamiento del presupuesto, incluido los recursos destinados a proyectos de inversión pública continuará dependiendo sustancialmente de endeudamiento público. En términos nominales la fuente de endeudamiento durante el 2015 ascendió a 6,795.25 millones de soles; para el 2016 esta cifra creció a 22,666.55 millones de soles (un incremento de 233.56%), en tanto, durante el 2017 llegará a 19,693.4 millones de soles (ligero descenso de 13,1% respecto al presente año). El saldo de la deuda pública ha ido creciendo desde el 19,1% del PBI (2014) a 26.0% (2017), un pasivo que pagarán las futuras generaciones. Es necesario indicar que el saldo de la deuda pública se ha ido incrementado en el último quinquenio pasando de 103,85 mil millones de nuevos soles (2011) a 168,6 mil millones de nuevos soles (2016).





El déficit fiscal 2016 se estima en 3,0% del PBI, por encima de lo proyectado, en tanto, para el 2017 crecerá hasta el 2.5% del PBI observado (2,2% del PBI potencial); una política fiscal moderadamente expansiva  con endeudamiento.

La deuda pública tenderá al alza con respecto a los años anteriores, debido a un menor resultado económico. Sin embargo, se espera una consolidación fiscal gradual a partir del 2019, como consecuencia del crecimiento económico que traerá consigo una mayor recaudación fiscal, así se espera que el saldo de la deuda pública no supere el límite de 30% del PBI.


GASTO CORRIENTE CRECE MÁS QUE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Los recursos destinados a la adquisición de activos no financieros (inversión pública) durante el 2017 crecerá en 4.9% con respecto al 2016, pasando de 32,627 millones de soles a 34,232 millones de soles, representando el 24% del presupuesto público. Sin embargo, continúa llamando la atención el incremento de gasto corriente en 8.1% que pasará de 74,946 millones de soles a 80,997 millones de soles. Asimismo, la reserva de contingencia disminuirá en 55.1%, pasando de 8,298 millones de soles (2016) a 3,724 millones de soles (2017). Finalmente, los gastos financieros crecerá en 6.4%.

INVERSIONES PÚBLICAS MÁS IMPORTANTES

Los gastos de capital se estiman en S/. 34,232 millones que representan el 24% del presupuesto, orientado principalmente al financiamiento de proyectos de inversión pública, así como a la elaboración de estudios de perfiles y factibilidad. Dicho monto incluye las transferencias financieras de diversos sectores para la ejecución de los proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital destinados al desarrollo de las acciones a cargo del Estado.

Las entidades del Gobierno Nacional administrarán S/. 25,660 millones, en tanto, los Gobiernos Regionales S/. 3 958 millones y los Gobiernos Locales S/. 4,614 millones.

El grueso de las inversiones públicas se concentrará en sectores de vivienda (4,565 millones de soles) destinados a transferencias para la dotación de infraestructura del sector saneamiento (agua y desagüe), Bono Familiar Habitacional y Mejoramiento Integral de Barrios. Además, incluye 1,000 millones de soles a favor de los Gobierno Locales a través del programa Mejora de la Gestión Municipal; 300 millones de soles para la ejecución de infraestructura de riego en el marco del Fondo Mi Riego; 150 millones para FONIPREL, entre otros recursos destinado a proyectos de inversión.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO PÚBLICO POR FUNCIÓN

En cuanto a la asignación de recursos por función, se está destinando a Educación el 18.4% del presupuesto total, superior en 0.5% respecto del presente año, asignándole 26,181 millones de soles; Salud con 9.7%, similar al registrado el 2016, alcanzando la suma de 13,775.7  millones de nuevos soles; Transporte 9.9%, ligeramente superior en 0.6%, respecto a 2016, ascendiendo a 14,083 millones de soles; Orden Público y Seguridad 6.6%, con la suma de 9,361.0 millones de soles; Protección Social 4.1%, equivalente a 5,780.4 millones de soles; Defensa y Seguridad Nacional 3.4%, equivalente a 4,885 millones de soles; el resto de funciones (Saneamiento, Justicia, Agropecuaria, entre otras, 47.9%).

viernes, 15 de abril de 2016

Economía crece 6,04% en febrero superando las expectativas

Minería empujó el crecimiento de la economía peruana con un salto de 23,64%.

En nota difundida por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional creció 6,04% registrando 79 meses de resultados positivos, acumulando en el primer bimestre del año una variación de 4,72% y en términos anualizados aumentó en 3,79%.

El INEI precisó que el crecimiento del mes se explica por la tendencia positiva del consumo de los hogares reflejado en las mayores ventas al por menor (3,84%), el consumo con tarjeta de crédito (22,99%), la mayor importación de bienes de consumo no duradero (17,24%). Asimismo, contribuyó el mayor consumo de gobierno (12,81%), la recuperación de la demanda externa (0,4%), principalmente de productos tradicionales en 5,5% (agrícolas, pesqueros y mineros).

De igual modo, contribuyó al incremento de la producción nacional la evolución favorable de la mayoría de los sectores; entre los que destacaron Minería e Hidrocarburos, Construcción, Transporte, Telecomunicaciones y Comercio que en conjunto explicaron el 65% de la variación mensual que contó con un día adicional por ser Año Bisiesto. En tanto, los sectores Manufactura y Pesca disminuyeron sus niveles de producción.

Mayor producción pecuaria incidió en el crecimiento del sector Agropecuario
El sector Agropecuario se incrementó en 0,08% debido a la mayor producción del subsector pecuario en 2,36%, donde destacó la producción de ave (3,3%), huevos (3,2%), leche fresca (1,5%) y porcino (1,4%). Mientras que, el subsector agrícola disminuyó en 1,75% por la menor producción de mango (-66,9%) y caña de azúcar (-13,2%) debido al menor rendimiento de estos cultivos especialmente en el departamento de La Libertad; también, disminuyó la producción de espárrago (-7,0%), plátano (-4,1%) y papa (-0,1%) por las menores superficies sembradas, como resultado de los efectos adversos del clima. En cambio, creció la producción de maíz amarillo duro (5,0%), café (12,9%) y arroz cáscara (28,9%).

Término de la segunda temporada de pesca de anchoveta explica resultado negativo del sector
El sector Pesca disminuyó en 18,94% por la finalización de la segunda temporada de pesca de anchoveta para consumo industrial (noviembre 2015 - enero 2016), periodo en el cual se capturó 207 toneladas provenientes de la zona sur del país; en tanto que en la zona norte-centro se estableció veda total. A esta situación, se sumó la menor captura de especies para consumo humano directo      (-22,96%), principalmente para congelado (-44,5%) y enlatado (0,4%); no obstante, creció la pesca destinada a curado (91,4%) y consumo en estado fresco (1,1%).

Producción del sector Minería e Hidrocarburos registró su tasa más alta desde junio de 2002 y creció 23,64%
La producción del Sector Minería e Hidrocarburos creció en 23,64% y al mes de febrero acumuló 12 meses de resultados positivos, siendo esta la tasa más alta desde junio 2002 (24,98%) por el inicio de operaciones de la minera Antamina, que en dicho mes registró un crecimiento de 82,90% por la explotación de cobre.

Contribuyeron en el crecimiento del subsector minería metálica en 33,67%, la mayor extracción de cobre (73,7%), plata (24,2%), oro (13,3%), molibdeno (6,3%) y plomo (4,4%), principalmente por parte de las empresas Cerro Verde, Hudbay Perú (Constancia), El Brocal, Antapaccay, Ares, Anabi, Antamina, Milpo, Poderosa, Buenaventura, Volcán y el aporte de la minera Las Bambas que inició operaciones en diciembre 2015. Sin embargo, disminuyó la producción de hierro (-3,5%), zinc (-5,4%), estaño (-8,4%), líquidos de gas natural (-15,1%), gas natural (-10,9%) y petróleo crudo (-13,2%).

Menor producción del subsector fabril no primario influyó en el resultado del sector Manufactura
En febrero de este año, la producción manufacturera disminuyó en 0,73% por el comportamiento del subsector fabril no primario que se redujo en 1,31%, debido a la menor producción de bienes de consumo (-3,22%) y bienes de capital (-15,41%). Contrarrestó parcialmente esta caída, el aumento del subsector fabril primario en 1,33% (quinto mes de resultados positivos) debido a la mayor producción de metales preciosos y no ferrosos (9,9%), los productos de refinación de petróleo (3,2%) y la producción de azúcar por la mayor disponibilidad del insumo, que permitió atender la demanda interna y externa  a Colombia y Ecuador.

Sector Construcción creció 5,37% y dejó atrás 13 meses de resultados desfavorables
La producción del sector Construcción aumentó en 5,37% impulsada por la recuperación de la inversión en obras privadas de proyectos mineros, centros comerciales, condominios y edificios de vivienda. También, contribuyó el avance físico de obras públicas de los gobiernos regionales (7,6%) y   locales (60,9%); en tanto que disminuyó la ejecución de obras públicas del Gobierno Nacional   (-15,2%).

Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería aumentó en 4,57%
La producción del Sector Transporte, Almacenamiento y Mensajería se incrementó en 4,57% como resultado de la actividad de almacenamiento y mensajería (9,34%) y transporte (2,55%). El incremento del subsector transporte se sustentó en el comportamiento favorable de actividades vinculadas al transporte acuático, terrestre de carga, tanto por vía férrea como por carretera y transporte por vía aérea.

El comportamiento del subsector Almacenamiento es explicado por la mayor actividad de almacenes y depósitos.

Producción del Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información creció en 7,20%
El Sector Telecomunicaciones y Otros Servicios de Información se incrementó en 7,20% impulsado por el crecimiento en Telecomunicaciones 7,21% y Otros Servicios 7,16%. De igual modo, se observó una mayor demanda de los servicios de internet y televisión por suscripción, servicios de telefonía, servicios de programación y consultoría informática y, edición de libros.

El sector Servicios Prestados a Empresas se incrementó en 3,39%
En febrero de 2016, la producción del sector Servicios Prestados a Empresas aumentó en 3,39% por efecto del mayor dinamismo en las actividades de agencia de viajes y operadores turísticos; centrales telefónicas, limpieza de edificios; alquiler de maquinaria (excavadoras y montacargas) y vehículos pesados; proyectos de ingeniería y arquitectura, actividades jurídicas, contables y asesoría en gestión empresarial; así como publicidad e investigación de mercado.

Fuente. Nota de prensa INEI.

miércoles, 2 de marzo de 2016

Déficit fiscal en debate

Por: Wens Silvestre


El  Poder  Ejecutivo  remitió al  Congreso de  la  República  una iniciativa legislativa que pretende establecer la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector Público No Financiero para los años fiscales siguientes al 2016.


Al respecto, recordemos que a finales del año 2013 se modificó la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, siendo su nueva denominación Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal (Ley N° 30099, vigente a partir de enero 2015), esta norma establece los lineamientos para asegurar una administración prudente, responsable, transparente y predecible de las finanzas públicas, con la finalidad de mantener el crecimiento económico del país. Asimismo, decreta que el Estado debe asegurar permanentemente la sostenibilidad fiscal, otorgar predictibilidad al financiamiento del gasto público, desvinculándolo del componente más volátil de los ingresos públicos, y gestionar de manera adecuada los riesgos fiscales de corto y largo plazo. Por otro lado, la primera disposición complementaria de la citada ley, establecía que para el año 2015 y lo que restaba de la presente administración en el año 2016, la guía ex ante del resultado fiscal estructural del Sector Público No Financiero (SPNF) se fijó en un déficit del 1,0% del PBI potencial. Sin embargo, este techo de déficit fiscal, fue modificado por dos decretos de urgencia, a raíz de los efectos negativos de un entorno externo desfavorable para la economía, sumado a una reducción de la inversión pública de los gobiernos regionales y locales, una reducción de la inversión privada, mayores gastos fiscales y menores ingresos tributarios de los esperados; en esa perspectiva, consideró un déficit fiscal estructural estimado en 2,5% (2015) y 3,0% (2016).

El Decreto de Urgencia N° 003-2015, estableció que el Poder Ejecutivo remitiría al Congreso de la República un proyecto de ley para fijar la guía ex ante del resultado fiscal para los años fiscales siguientes al 2016, la cual debe considerar una reducción anual no menor a 0,5% del PBI, hasta llegar a la guía ex ante del resultado fiscal estructural del SPNF establecida en la Ley N° 30099, es decir, 1%. Así, el Poder Ejecutivo, cumplió con remitir dicha propuesta la semana pasada, y propone que el déficit fiscal para el año fiscal 2017 no podrá ser mayor a un déficit del 1,5% del PBI (potencial) y de 1,0% para el 2018. El debate y aprobación de dicha iniciativa debe darse en el transcurso del mes de marzo, considerando que ya se iniciará las actividades del cronograma de elaboración del proyecto de presupuesto del año fiscal 2017, que necesariamente debe tener claro las fuentes de financiamiento y el techo de déficit fiscal.

El tratamiento de esta iniciativa es importante en vista que estos topes servirán como base para la Declaración de Política Macro Fiscal, y de no aprobarse, se aplicaría una guía ex ante con un déficit fiscal estructural de 1,0% del PBI potencial para el año 2017, lo que implicaría una reducción en los Gastos de Gobierno en aproximadamente 3,800 millones de soles, como se expone en la exposición de dicha propuesta. Esta reducción de Gasto no Financiero del Gobierno General, implicaría una caída real de 2,3% respecto del 2016, afectando al crecimiento estimado del PBI para el 2017 de [4,2% - 4,5%] a [3,7%- 4,0%].

En resumen, el debate se centrará en la consideración si el déficit propuesto por el Poder Ejecutivo, es o no razonable para los miembros de las diversas bancadas, considerando que estamos ad portas de un proceso electoral y las diversas propuestas planteados por los candidatos presidenciales implicará un crecimiento de los gastos de gobierno, lo que erogará un mayor presupuesto público e implicará un mayor endeudamiento, en vista de la reducción de la recaudación en el Impuesto a la Renta, debido a los resultados económicos pocos alentadores de las empresas para el presente año y la lenta recuperación en los siguientes periodos. En ese sentido, la propuesta del Poder Ejecutivo, es optimista y es probable que el límite del déficit fiscal para el año 2017, debería tender alrededor del 2,0% (cifra cercana a la considerada en el MMM 2016-2018 revisado) y no al 1,5% como lo propone.

© 2015 Wens Silvestre. Todos los derechos reservados

martes, 13 de octubre de 2015

¿A dónde va la economía peruana?

Por: Wens Silvestre

En los últimos años se ha acentuado diversos problemas sociales, que van desde la mayor escalada en inseguridad ciudadana, pasando por el incremento de la corrupción en diversas entidades públicas del Estado, y el estallido de diversos conflictos sociales, dispersos a nivel nacional. En medio de un gobierno cada vez más debilitado, incapaz de responder a las expectativas de la población, la sociedad pregona el peligroso inicio de un  proceso de búsqueda de la justicia bajo sus propias reglas. No es una sorpresa escuchar repetidamente, a través de las redes sociales, la frase: “Chapa tu choro… ”. Un gobierno distraído en un creciente pantanal de denuncias de actos de corrupción, no le permite concentrarse en los temas importantes que exige la sociedad.

La realidad peruana se mueve en un escenario complejo y la economía también es perturbada, y hace sentir sus efectos en el nivel de ingresos, empleo, precios, gastos e indudablemente es un freno para la reducción de la pobreza en el país.

La economía peruana pareciera sin rumbo, y anda a la deriva. Los decisores de política económica andan implementando medidas para disimular los efectos de la caída en el ritmo de crecimiento. Dicha debilidad se fortaleció debido a factores internos, personificado en la ambivalencia de un gobierno carente de liderazgo y coherencia en sus discursos y decisiones, favoreciendo, además, al debilitamiento de la institucionalidad democrática.

LA CIFRAS DE LA PREOCUPACIÓN

La economía marcó el inicio de una escalada de descenso en su tasa de crecimiento cuando pasó de 5,8% (2013) a 2,37% (2014).

Durante el primer semestre de 2015, la economía sólo se expandió en 2,42%, tasa lejos del objetivo planteado por el MEF a inicios de año. Las justificaciones son múltiples, desde el deterioro del desempeño económico de China, disminución de los índices de los términos de intercambio de las materias primas, pasando por la incompetencia de los hacedores de la política económica, que tardaron en reaccionar, y para complicarlo implementaron medidas incompletas y carentes de eficacia. Lo concreto, es que la economía se ha enrarecido y anda sin un horizonte claro y bajo la sombra del factor político.

Los ingresos tributarios del gobierno central pasará de 17% (2014) al 15.2% (2015). En esa perspectiva, la recaudación tributaria de enero a agosto de 2015, cayó en 8.5%. En tanto, la recaudación de agosto se contrajo en 11.3% respecto al similar mes de 2014.

La deuda pública como porcentaje del PBI pasará de 20.1% (2014) a 24.8% (2016), siendo el objetivo a inicios de este gobierno, dejarlo en alrededor de 15% del PBI. En ese contexto, el déficit fiscal pasará de 0.3% del PBI (2014) a 3% del PBI (2016). Asimismo, el saldo de la deuda pública se habrá incrementado en 38.3% entre el 2014 y el 2016, según cifras del MEF, el saldo al 2014 ascendía a 115.39 mil millones de nuevos soles y para el 2016 este monto llegaría a 159,61 mil millones de nuevos soles. El mayor endeudamiento implica que los recursos ordinarios se destinarán a mayores gastos corrientes, es así que para el presupuesto público de 2016, se prevé un crecimiento de 7% en este tipo de gastos, respecto al 2015. Claro indicio de una cierta irresponsabilidad fiscal, dada que las políticas fiscales expansivas (anti-cíclicas) debe enfocarse prioritariamente en mayores gastos de capital, es decir, intervenciones que consigan retornos sociales y económicos, y no en simples gastos corrientes que a la larga sólo buscaría réditos políticos ad portas de un proceso electoral.

INEPTITUD DEL MEF Y FALTA DE COORDINACIÓN CON EL BCRP AGRAVARÍA LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS.

El pesimismo del MEF (expuesto ante el pleno del Congreso el pasado 03 de setiembre), decisiones incoherentes en materia de racionalización de las gastos tributarios (más beneficios y exoneraciones tributarias para ciertos sectores como a favor del mercado de valores) y sus medidas irresponsables al incrementar el gasto corriente por encima del promedio de la década pasada, son algunos elementos a tener en consideración de las falencias en materia de política fiscal. Es necesario recordar, que el gasto corriente representaba el 13.0% del PBI (2011), pasó a 15.6% del PBI (2014), ritmo que rompió la regla de responsabilidad fiscal, trazado en la década pasada, y hoy bajo un nuevo marco legal (aprobado a fines de 2013), diseñado para hacer crecer el gasto corriente por encima del 4% anual (en términos reales), se hace notar la voracidad creciente del referido gasto, principalmente de remuneraciones que pasó de 4.7% del PBI (2011) a 6.2% del PBI (2015). En esa perspectiva, según el Marco Macroeconómico Multianual 2016-2018, el gasto  corriente durante el 2016, continuará elevándose y se situará en 15.9%.

La inversión pública como porcentaje del PBI continuará en el rango de 5-6% del PBI, es así que, en el 2011 el gasto de capital representó el 5,0% del PBI, en tanto, el 2015, representará el 5.8%. Ese magro crecimiento contrasta con el de gasto corriente.

Por otro lado, el Banco Central de Reserva, ha tratado de mantener la estabilidad monetaria con intervenciones frecuentes en el mercado cambiario con la finalidad de reducir la volatilidad cambiaria, principalmente del dólar americano frente al nuevo sol. Aun así, la moneda local se ha depreciado en  aproximadamente 16% durante los últimos doce meses.

El MEF y el BCRP tiene escasa o nula coordinación en materia de política económica, cada quien daría la impresión de que va por su lado. 

¿QUÉ HACER?

Corresponde a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo, promover medidas eficaces para atraer inversión privada en otras industrias crecientes como la textil, agroindustria, turismo y la gran industria de la transformación de materia prima; destinar más recursos públicos para proyectos de infraestructura básica y el fortalecimiento de programas sociales productivos. 

El Perú debe seguir avanzando en la construcción de una sociedad más justa, incluyente, sostenible, mejorando los niveles de ingreso de las familias y reduciendo las brechas sociales en educación, salud y vivienda, prioritariamente.

viernes, 4 de septiembre de 2015

PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL 2016 ASCIENDE A S/. 138.49 MIL MILLONES

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO CRECERÁ 233.5% PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO PÚBLICO 2016

El proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016, remitido al Congreso de la República para su debate, asciende a la suma de 138,490.5 millones de nuevos soles, un incremento del 6,0% respecto al Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2015, ascendente a 130,621.29 millones de nuevos soles, y tasa inferior al crecimiento del PIA  2015 respecto al 2014, que tuvo un incremento de 9,8%.

La característica fundamental en este presupuesto público es la tendencia a una alta concentración de los recursos administrados por las entidades del Gobierno Nacional, quienes administrarán el 75% del presupuesto público, en tanto, los Gobiernos Regionales se encargarán del 13.9% y los Gobiernos Locales administrarán sólo el 10.7%, es decir, es notorio un proceso sistemático de concentración de recursos a nivel de Gobierno Central que no se condice con el proceso de descentralización progresiva que la Constitución ordena.

En términos comparativos los pliegos que conforman el Gobierno Nacional, administrarán 9.4% más que el presente año, en tanto, los Gobiernos Locales, administraran 6.0% menos que 2015 y los Gobierno Regionales, decrecerá en 0.6% durante el ejercicio 2016. Cabe indicar que el proyecto de presupuesto considera la creación de fondos para el financiamiento de proyectos de inversión pública para los gobiernos regionales y locales por 600 millones de nuevos soles.

SUBIRÁ GASTO CORRIENTE Y BAJARÁ INVERSIÓN PÚBLICA

Los recursos destinados a la adquisición de activos no financieros (inversión pública) durante el 2016 se reducirá en 3.5% con respecto al 2015, pasando de 33,810 millones de nuevos soles a 32,627 millones de nuevos soles, representando el 24% del presupuesto público. Sin embargo, llama la atención el incremento de gasto corriente crecerá en 7.7% que pasará de 69,569 millones a 74,946 millones de nuevos soles. Asimismo, la reserva de contingencia aumentará en 55.8%, pasando de 5,325 millones de nuevos soles (2015) a 8,298 millones de nuevos soles (2016). Finalmente, los gastos financieros crecerá en 5.6%.

En cuanto a la asignación de recursos por función, se está destinando a Educación el 17.9% del presupuesto total, superior en 0.9% respecto del presente año, asignándole 24,513 millones de nuevos soles; Salud con 9.7%, inferior en 1.8%, respecto al 2015, alcanzando la suma de 13,463  millones de nuevos soles; Transporte 9.3%, ligeramente superior en 0.3%, respecto a 2015, ascendiendo a 12,838 millones de nuevos soles; Orden Público y Seguridad 6.0%, con la suma de 8,325 millones de nuevos soles; Protección Social 4.1%, equivalente a 5,638 millones de nuevos soles; Defensa y Seguridad Nacional 3.7%, equivalente a 5,376 millones de nuevos soles; el resto de funciones (Saneamiento, Justicia, Agropecuaria, entre otras, 49.3%).

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DEL PRESUPUESTO 2016 - GASTOS NO FINANCIEROS NI PREVISIONALES


Sin duda el departamento de Lima concentra el 34.6% del presupuesto global, seguido de los gastos distribuidos de forma multidepartamental (incluye sectores PCM, Poder Judicial, Justicia, Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Trabajo y Promoción del Empleo; Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional de la Magistratura, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Congreso de la República, Jurado Nacional de Elecciones, ONPE, RENIEC, Comercio Exterior y Turismo) con 14.1%. El departamento del interior del país con mayores recursos para el 2015 será Cusco con 4.9%, seguida de Piura (3.7%), Provincial Constitucional del Callao con 3.4%, Puno con 3.3%, Cajamarca (3.2%), La Libertad (2.9%), Ancash (2.7%), Arequipa (2,6%) y el resto con cifras inferiores a 2.5%.

CRECE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO Y DÉFICIT FISCAL

Una característica fundamental del proyecto de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016 es el incremento sustancial de la fuente de financiamiento Recursos Oficiales de Crédito (endeudamiento público) que pasará de 5.2% a 16.4%. Bajo este escenario, el financiamiento del presupuesto, incluido los recursos destinados a proyectos de inversión pública dependerá sustancialmente de endeudamiento público y pasará de 6,795.25 millones de nuevos soles (2015) a 22,666.55 millones de nuevos soles durante el 2016, es decir un incremento de 233.56%. La deuda pública pasará de 19.1% (2014) a 25.1% del PBI (2016-2018), pese a que la meta inicial establecido por el MEF era dejar por debajo de 15% del PBI al término del presente periodo gubernamental. Es necesario indicar que durante su período de gobierno el saldo de la deuda pública se habrá incrementado hasta en un 53.6%, pasando de 103,856 millones de nuevos soles (2011) a 159,606 millones de nuevos soles (2016).

El déficit fiscal 2015 se estima en 2.7% del PBI, en tanto, para el 2016 crecerá hasta el 3.0% del PBI, sin duda una política fiscal expansiva a costa de deudas que los peruanos tendremos que pagar en los siguientes años.

DISCRETA PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DEL PBI

El Marco Macroeconómico Multianual revisado 2016-2018, estima un discreto crecimiento del PBI de 4.3% durante el 2016, siempre y cuando se cumpla los supuestos de una mayor inversión pública, mayor demanda externa que impulsará las exportaciones no tradicionales y una mayor producción minera. Durante el 2016 se ejecutaran los proyectos Línea 2 del Metro de Lima, el aeropuerto Internacional de Chinchero, Chavimochic III, entre otros, la producción de los proyectos cupríferos como las Bambas, la ampliación del proyecto Cerro Verde.


Nota: Fuentes de información:
-El Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016
-MMM 2016-2018 revisado
-Ley de Presupuesto Sector Público para el Año Fiscal 2015 -Ley N° 30281
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