Privilegios con deuda pública

Por Wens Silvestre

Nuestro país vuelve a enfrentar una decisión fiscal que revela la precariedad de sus prioridades públicas. El Proyecto de Ley 14799, presentado por el Poder Ejecutivo, propone créditos suplementarios por S/ 4 160 millones para el Presupuesto 2026, a favor del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Su financiamiento provendría de Recursos Ordinarios y de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, e incluiría una emisión interna de bonos por S/ 1 260 millones, además de una transferencia de S/ 300 millones de utilidades de FONAFE al Tesoro Público. Aunque la iniciativa se presenta como un mecanismo para financiar inversiones, garantizar la continuidad de servicios y atender la transición democrática, debería ser examinada con mucha mayor severidad. No estamos ante un simple ajuste presupuestal. Estamos ante una propuesta que, en un contexto de estrechez fiscal, pobreza persistente y riesgo de un El Niño fuerte, pretende ampliar el gasto público, habilitar endeudamiento y financiar beneficios para trabajadores del Estado sin exigir mejoras verificables en productividad, calidad del servicio o resultados para el ciudadano.

El problema no es que el Estado gaste. El Estado debe gastar donde corresponde: prevención, seguridad hídrica, infraestructura crítica, salud, educación efectiva, protección social focalizada y reducción de vulnerabilidades. El problema es que este crédito suplementario no parece responder a una jerarquía seria de prioridades nacionales. Mezcla inversiones, continuidad operativa, procesos electorales, transferencias, bonos y medidas remunerativas. Y lo hace, además, recurriendo a emisión de bonos e ingresos extraordinarios que deberían servir para reducir el déficit, recomponer ahorros fiscales o preparar al país frente a una emergencia climática.

La exposición de motivos del propio proyecto reconoce que el margen fiscal para 2026 es reducido. Según las proyecciones oficiales, el déficit fiscal se ubicaría alrededor de 1,75 % del PBI, muy cerca del límite legal de 1,8 %. El margen disponible bordea los S/ 1 260 millones. Sin embargo, en lugar de preservar ese espacio como colchón fiscal ante choques climáticos, económicos o sociales, el Ejecutivo propone utilizarlo para ampliar el gasto. En términos simples: se pretende gastar el salvavidas antes de que llegue la tormenta.

Y la tormenta no es una metáfora. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante 2026, posiblemente moderado o fuerte. En el plano nacional, el ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y recomienda medidas de prevención y preparación frente a la temporada de lluvias 2026-2027. En un país con quebradas ocupadas, drenajes insuficientes, carreteras vulnerables, colegios mal ubicados, sistemas de agua precarios y agricultura expuesta a sequías, la prudencia fiscal no es un lujo tecnocrático: es una condición básica de supervivencia institucional.

Por eso resulta especialmente cuestionable que el proyecto no esté estructurado como una verdadera herramienta de prevención climática. Si el Gobierno hubiera presentado un crédito suplementario orientado estrictamente a drenaje pluvial, defensas ribereñas técnicamente sustentadas, mantenimiento de vías críticas, protección de sistemas de agua potable, seguridad hídrica en la sierra sur, cosecha de agua, reservorios, protección de bofedales, continuidad logística en la Amazonía y capacidad de respuesta ante huaicos, inundaciones o sequías, la discusión sería distinta. Pero no es el caso. El PL 14799 dispersa recursos y abre espacio para financiar obligaciones y beneficios que no guardan relación directa con la prevención del riesgo climático.

El punto más delicado es su sesgo remunerativo. En un país donde más del 25 % de la población sigue en pobreza monetaria, no puede normalizarse que el Ministerio de Economía y Finanzas justifique aumentos de gratificaciones, bonos o beneficios para trabajadores del Estado sin vincularlos a productividad, meritocracia o mejora del servicio público. El trabajador estatal cumple una función importante, pero el dinero público no puede ser tratado como un mecanismo automático de compensación corporativa. Todo incremento debería responder a una reforma del empleo público, evaluación de desempeño, racionalización de plazas, cierre de brechas de gestión y mejora efectiva en la atención al ciudadano.

Lo que se está instalando es una forma de populismo fiscal desde el propio Ejecutivo. Antes se criticaba, con razón, al Congreso por aprobar leyes con impacto fiscal sin financiamiento. Hoy el problema se agrava cuando el ministro de Economía, llamado a ser guardián de la sostenibilidad fiscal, termina justificando más gasto sin exigir contraprestaciones institucionales. El MEF no puede convertirse en ventanilla presupuestal de presiones sectoriales. Su responsabilidad es ordenar prioridades, proteger la estabilidad macrofiscal y recordar que cada sol destinado a gasto inercial es un sol que deja de invertirse en prevención, infraestructura resiliente o servicios esenciales para los más pobres.

El Consejo Fiscal ha advertido reiteradamente sobre esta deriva. En los últimos años, el país ha incumplido reglas fiscales, ha expandido gasto corriente y ha aprobado normas con impacto fiscal adverso. También ha señalado que los ingresos extraordinarios no deberían alimentar mayor gasto permanente, sino contribuir a la consolidación fiscal. Esa advertencia es elemental: cuando los ingresos son transitorios, gastarlos como si fueran permanentes genera una ilusión de solvencia. Hoy se puede pagar el bono; mañana quedan la presión política, la rigidez presupuestal y la deuda.

El endeudamiento público tampoco es gratuito. Emitir bonos para financiar gastos de bajo impacto o beneficios no asociados a productividad significa trasladar el costo a contribuyentes futuros. La deuda puede ser legítima cuando financia infraestructura estratégica, resiliencia climática, capital humano o inversiones con retorno social. Pero endeudarse para sostener gasto intrascendente o medidas remunerativas desordenadas equivale a hipotecar capacidad fiscal sin fortalecer al país. En medio del riesgo de un El Niño, esa decisión es aún más irresponsable: se consume espacio fiscal antes de conocer la magnitud del daño que podrían enfrentar la costa, la sierra y la Amazonía.

La pregunta correcta no es si los trabajadores públicos merecen o no mejores ingresos. La pregunta correcta es si el Estado peruano puede seguir otorgando beneficios incondicionales sin exigir resultados, mientras millones de ciudadanos pobres enfrentan servicios públicos deficientes, escuelas deterioradas, postas sin capacidad resolutiva, inseguridad, falta de agua y exposición permanente a desastres. En una democracia fiscalmente responsable, los beneficios al aparato estatal deben justificarse ante el ciudadano que los financia.

El PL 14799 también transmite una señal política equivocada. En vez de ordenar el gasto, lo expande. En vez de reservar recursos para contingencias, los compromete. En vez de priorizar la prevención ante El Niño, financia un paquete heterogéneo. En vez de exigir productividad estatal, concede beneficios. En vez de corregir el populismo fiscal del Congreso, lo acompaña desde el Ejecutivo.

La prevención no consiste en aparecer con casco amarillo cuando el río ya se desbordó. Prevención es contar con recursos disponibles, obras bien priorizadas, mantenimiento oportuno, mapas de riesgo vinculantes, infraestructura resiliente y capacidad logística antes de la emergencia. Cada sol comprometido en gasto no prioritario reduce esa capacidad. Cada bono sin reforma posterga la discusión sobre productividad estatal. Cada emisión de deuda para gasto corriente o cuasi corriente debilita la respuesta futura.

El Perú no puede seguir gobernando el riesgo como si fuera accidente. Si El Niño golpea con fuerza, no bastará decir que faltaron recursos. Los recursos existían, pero se eligió gastarlos de otra manera. Esa es la responsabilidad política de fondo.

Por eso, el Congreso no debería aprobar el PL 14799 en sus términos actuales. Como mínimo, debe exigir una reestructuración integral del proyecto: separar inversión preventiva de gasto remunerativo, excluir beneficios no vinculados a productividad, prohibir que la deuda financie gasto corriente, crear una reserva específica para El Niño 2026-2027 y condicionar toda inversión a criterios obligatorios de riesgo climático. Además, cualquier aumento para trabajadores del Estado debe estar asociado a metas verificables de desempeño, eficiencia y calidad del servicio.

Un país pobre, fiscalmente estrecho y climáticamente vulnerable no puede darse el lujo de gastar como si no hubiera mañana. La deuda pública debe servir para construir resiliencia, no para financiar complacencias. Los ingresos extraordinarios deben proteger al país, no alimentar gasto inercial. Y el MEF debe volver a ser una autoridad técnica, no un operador del populismo presupuestal.

El Niño no solo pondrá a prueba nuestras quebradas, ríos y carreteras. También pondrá a prueba la seriedad del Estado. Si el Gobierno decide gastar hoy el margen fiscal en beneficios incondicionales, mañana no podrá alegar sorpresa cuando falten recursos para prevenir, responder y reconstruir. La irresponsabilidad fiscal también es una forma de negligencia frente al desastre.