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domingo, 14 de junio de 2026

El verdadero examen de Keiko Fujimori empieza después de ganar

Por Wens Silvestre

Con el conteo electoral avanzado, Keiko Fujimori aparece más cerca que nunca de la Presidencia. Pero precisamente por eso conviene abandonar la euforia de campaña y mirar, sin adornos, el país que recibiría si finalmente se confirma su triunfo. Al 14 de junio, con más del 98,5 % de votos contabilizados, Fujimori mantenía una ventaja ajustada frente a Roberto Sánchez, en medio de actas observadas, pedidos de nulidad y una tensión electoral que todavía exige prudencia institucional. Según información electoral disponible, el resultado oficial podría tardar aún algunos días o semanas, debido a mesas en revisión y a una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Si finalmente se confirma su triunfo, Fujimori no recibirá un cheque en blanco. Recibirá un país partido casi en dos mitades, con legitimidad electoral legal, pero políticamente estrecha. Su primera obligación no será celebrar la victoria, sino impedir que esta sea leída como revancha, restauración o autorización para ocupar el Estado con lógica partidaria. 

El riesgo principal de un eventual gobierno suyo no consiste en que vuelva literalmente el Perú de los años noventa. Esa imagen puede ser eficaz para la propaganda, pero no alcanza para el análisis. El peligro real, si no existen límites claros, sería más actual y más silencioso: una democracia formalmente intacta, pero sometida a una presión creciente desde una coalición partidaria con poder sobre el Ejecutivo, el Congreso, las designaciones públicas y los organismos de control.

Ese será el punto decisivo. Fujimori puede ofrecer estabilidad económica, orden público y capacidad de gestión. Pero, si no toma distancia verificable de prácticas parlamentarias asociadas al blindaje político, la presión sobre instituciones y la disputa por organismos de control, su victoria podría confirmar los temores de sus críticos. No necesitaría cerrar el Congreso ni suspender elecciones para deteriorar la democracia. Bastaría con controlar nombramientos, condicionar fiscales, debilitar investigaciones, colonizar organismos autónomos y usar la seguridad como argumento para reducir controles.

El nuevo Parlamento vuelve ese riesgo más concreto. El Congreso bicameral no será un actor decorativo. La Cámara de Diputados tendrá capacidad de censura e interpelación; el Senado revisará leyes y participará en decisiones institucionales clave. Si Fuerza Popular, como primera minoría, articula una coalición pragmática con disciplina y apetito de poder, Fujimori podría tener una gobernabilidad que ningún presidente peruano reciente tuvo. La pregunta es para qué la usará.

La gobernabilidad puede ser oportunidad o amenaza. Puede servir para reconstruir un Estado débil, aprobar reformas de seguridad, ordenar la política fiscal y recuperar inversión. O puede servir para blindar aliados, distribuir cargos, aprobar leyes clientelares y debilitar la independencia de instituciones que deberían controlar al poder.

El país que recibiría tampoco permite fantasías. El Perú llega a 2026 con pobreza persistente, informalidad masiva, inseguridad extendida, infraestructura deficiente, corrupción enquistada y un Estado que suele gastar mal incluso cuando gasta más. A ello se suma un entorno internacional menos benigno: tensiones geopolíticas, encarecimiento del capital, volatilidad energética y posibles shocks sobre materias primas. En una economía dependiente de exportaciones mineras, cualquier deterioro de los términos de intercambio puede golpear inversión, recaudación y crecimiento.

El margen fiscal es otro frente delicado. El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 proyectaba para 2026 un déficit fiscal de 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 32,1 % del PBI. Pero esas cifras descansan sobre una premisa difícil: que el próximo gobierno logre disciplina fiscal en un Congreso habituado a aprobar obligaciones permanentes sin financiamiento suficiente.

El Consejo Fiscal ha encendido la alarma. Entre 2021 y 2026 identificó 229 leyes con impacto fiscal adverso y 352 iniciativas legislativas en trámite. En su simulación, si se aplican las leyes vigentes y avanzan las iniciativas más costosas, la deuda pública podría acercarse al 70 % del PBI hacia 2036. Esta no es una advertencia tecnocrática menor. Es el recordatorio de que el populismo fiscal puede destruir lentamente lo que la macroeconomía peruana construyó durante décadas.

El caso de las pensiones militares y policiales resume el problema. La Ley 32561 modificó el régimen previsional del personal militar y policial. Según el Consejo Fiscal, citado por Gestión, solo tres de sus modificaciones generarían un costo fiscal neto de al menos S/ 46.000 millones en valor presente. Ese tipo de norma puede ser popular, pero compromete recursos futuros que el Estado necesitará para seguridad, salud, educación, infraestructura y respuesta ante desastres.

Aquí Fujimori enfrenta una prueba incómoda. No basta con prometer respeto al mercado, inversión privada y estabilidad. La responsabilidad económica no se demuestra en conferencias con empresarios, sino cuando se le dice no a la propia bancada. Si Fuerza Popular fue parte de mayorías parlamentarias que aprobaron o toleraron leyes con impacto fiscal adverso durante el quinquenio, un gobierno de Keiko tendrá que corregir ese legado, no administrarlo.

Su primer compromiso debería ser explícito: ninguna ley que cree gasto permanente sin financiamiento permanente. El artículo 79 de la Constitución no puede seguir siendo una cortesía ignorada por el Congreso. Debe convertirse en línea roja. Si el Parlamento aprueba normas que vulneran la sostenibilidad fiscal, el Ejecutivo debe observarlas, impugnarlas ante el Tribunal Constitucional o proponer su derogación. Y si esas normas vienen de aliados, con mayor razón.

La segunda prueba será la seguridad. Fujimori ganó parte de su impulso ofreciendo orden frente a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Esa demanda social es legítima. Un Estado que no protege la vida, el trabajo y la propiedad pierde autoridad moral. Pero la mano dura sin inteligencia, policía profesional, fiscalías sólidas, cárceles controladas y jueces independientes termina siendo espectáculo penal. Puede producir titulares, no seguridad.

El riesgo no está en enfrentar con firmeza al crimen, sino en que la inseguridad sea usada para justificar medidas excepcionales sin evaluación, controles ni resultados verificables. Estados de emergencia sucesivos, presencia militar mal diseñada, reformas penales simbólicas y discursos de guerra pueden dar sensación de autoridad, pero no desmantelan economías criminales. El próximo gobierno necesita una política de seguridad medible: reducción de extorsiones, recuperación penitenciaria, inteligencia financiera, control de armas, protección a fiscales y depuración policial. Orden no es arbitrariedad. Orden es Estado eficaz dentro de la ley.

La tercera prueba será institucional. Fujimori debe convencer a una parte importante del país que desconfía de ella y de su partido. Y no lo logrará con frases de reconciliación, sino con renuncias verificables. Debe comprometerse a no usar el Ejecutivo ni el Congreso para interferir en investigaciones fiscales, promover nombramientos sin idoneidad en organismos constitucionales, proteger indebidamente a aliados políticos, debilitar herramientas contra la criminalidad organizada o condicionar la independencia de la Defensoría, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y los órganos electorales.

La palabra clave no es unidad. Es autocontención. Un presidente con poder necesita límites. Una presidenta con una bancada fuerte necesita límites más estrictos. Y una presidenta Fujimori, por la historia de su apellido y de su partido, necesita límites visibles desde el primer día.

La cuarta prueba será el Estado. El Perú no necesita simplemente un Estado más grande o más chico. Necesita un Estado que funcione. Hoy conviven ministerios sobredimensionados, gobiernos regionales débiles, municipios capturados por redes locales, obras paralizadas y sobrevaloradas, compras corruptas, servicios mediocres y burocracia que castiga al ciudadano formal. Si Fujimori quiere mostrar un cambio real, debe hacer de la reforma estatal una prioridad, no un eslogan.

Eso significa profesionalizar la alta dirección pública, proteger la meritocracia, digitalizar trámites, cerrar programas inútiles, evaluar gasto, fortalecer control interno y sancionar corrupción sin selectividad. Si el Estado sigue siendo tratado como espacio de reparto político, ningún plan de seguridad ni de inversión será sostenible.

La quinta prueba será social. Fujimori no puede gobernar solo para Lima, la costa urbana y los sectores que votaron contra Sánchez. El mapa electoral muestra un país partido entre ciudades que temen la incertidumbre económica y regiones rurales que sienten que el crecimiento nunca llegó. Si su gobierno interpreta la victoria como derrota del Perú rural, incubará la próxima crisis.

La pobreza no se combate solo con bonos. Se combate con empleo formal, caminos, agua, salud primaria, educación técnica, conectividad, crédito productivo y seguridad jurídica para pequeños productores. La informalidad no se reduce persiguiendo al informal, sino haciendo menos costoso y más útil ingresar a la formalidad. Si Fujimori no entiende ese reclamo, Sánchez habrá perdido la elección, pero su malestar seguirá gobernando las calles.

La sexta prueba será climática. Un evento El Niño fuerte o incluso moderado puede golpear infraestructura, agricultura, pesca, salud pública y precios de alimentos. Para un país con quebradas vulnerables, obras inconclusas y reconstrucciones eternas, el clima no es un asunto ambiental: es un riesgo fiscal, social y político. Un gobierno serio debe llegar con un plan preventivo antes de que lleguen las lluvias: limpieza de cauces, defensas ribereñas, puentes críticos, hospitales preparados, compras transparentes, seguros agrarios, alerta temprana y control ciudadano del gasto de emergencia. El Niño suele desnudar al Estado peruano. Fujimori no podrá decir que no fue advertida.

La séptima prueba será internacional. La geopolítica ya no es telón de fondo. Conflictos militares, tensiones comerciales, competencia entre China y Estados Unidos, volatilidad del cobre, cambios en tasas de interés y encarecimiento logístico pueden afectar inversión, exportaciones y financiamiento. Perú necesita pragmatismo exterior: atraer inversión sin dependencia, defender mercados sin ideologizar alianzas y fortalecer sectores exportadores sin regalar estabilidad regulatoria a cambio de rentas privadas.

Fujimori podría beneficiarse de una percepción inicial de mayor previsibilidad frente a los mercados. Pero esa ventana puede cerrarse rápido si el gobierno usa el poder para repartirse instituciones, si el Congreso multiplica gastos, si la inseguridad sigue creciendo o si un shock externo encuentra al país sin reservas políticas ni fiscales.

Por eso, la pregunta ya no es si Keiko Fujimori puede ganar. La pregunta es si puede gobernar contra su propia sombra.

Para convencer de un cambio real, debería anunciar en los primeros días un pacto de garantías democráticas y fiscales. No un discurso ceremonial, sino compromisos verificables: gabinete técnico y plural; respeto a la autonomía del BCRP; defensa del Consejo Fiscal; observación de leyes que vulneren el artículo 79; no interferencia en el Ministerio Público ni el Poder Judicial; concursos transparentes para altos cargos; política de seguridad con metas públicas; y una agenda social dirigida a las regiones que no votaron por ella.

También debería comprometerse a no usar la mayoría parlamentaria relativa para elegir autoridades de control por reparto partidario. Ese será el termómetro más importante. Si las primeras decisiones del nuevo Congreso apuntan a copar instituciones, la moderación habrá terminado antes de empezar. Si, por el contrario, se promueven perfiles independientes, idóneos y fiscalizables, Fujimori podría empezar a desmontar parte de la desconfianza acumulada.

El país no le pide que renuncie a su identidad política ni a su promesa de orden. Le pide algo más básico: que demuestre que el Estado no será administrado como patrimonio partidario. La conducta parlamentaria de Fuerza Popular ha mostrado rasgos difíciles de conciliar con una derecha liberal fiscalmente disciplinada: apoyos a normas costosas, pactos con sectores ideológicamente opuestos y decisiones orientadas a preservar cuotas de poder. El desafío de Fujimori no es demostrar que pertenece a una etiqueta ideológica, sino que puede gobernar sin mercantilismo político, sin clientelismo fiscal y sin confundir autoridad con obediencia.

Si gana Keiko Fujimori tendrá una oportunidad histórica y un riesgo simétrico. Podrá ser la presidenta que cierre dos décadas de bloqueo político personal y estabilice el país. O podrá confirmar el temor de que el fujimorismo, cuando vuelve al poder, tiende a administrar el Estado con lógica de control partidario antes que con límites republicanos.

Los próximos cinco años no admitirán frivolidad. Déficit fiscal, leyes costosas, inseguridad, pobreza, corrupción, ineficiencia estatal, El Niño y shocks externos formarán una tormenta de gobernabilidad. En ese contexto, la moderación no será una virtud retórica. Será una condición de supervivencia.

Si Keiko Fujimori quiere ser creíble, debe empezar por una frase que todo gobernante con poder debería repetir con humildad: el poder que gané no me pertenece. Solo entonces su victoria dejará de parecer una amenaza para convertirse, tal vez, en una oportunidad republicana.


lunes, 4 de mayo de 2026

Cuando el mundo paga y el poder cobra

Wens Silvestre

Hay una indignación que ya no pertenece a un país, a una ideología ni a una frontera. Es la indignación de cualquier ciudadano global que observa cómo el poder militar y económico más grande del planeta puede ser usado no para proteger la paz, sino para administrarla como mercancía; no para defender la soberanía de los pueblos, sino para someterla; no para servir al interés público, sino para abrir rutas de ganancia a quienes orbitan el poder.

Donald Trump representa hoy una de las formas más crudas de esa degradación: la conversión de la Presidencia de Estados Unidos en una maquinaria donde la guerra, la diplomacia, los mercados, los contratos, las amenazas y los apellidos familiares parecen moverse dentro de una misma lógica mercantil. Se habla de seguridad nacional, de defensa de Occidente, de lucha contra amenazas externas. Pero detrás de esa retórica solemne aparece una sospecha moralmente insoportable: que el llamado “interés norteamericano” no sea, en realidad, el interés del pueblo estadounidense, sino el interés particular de una élite política, económica y familiar que encuentra en cada crisis una oportunidad de negocio. 

Desde fuera de Estados Unidos, el espectáculo resulta brutal. Un presidente decide escalar tensiones en Medio Oriente, amenaza a Irán, interviene en zonas atravesadas por conflictos históricos, presiona a países soberanos, altera rutas energéticas, sacude el precio del petróleo y obliga al mundo entero a pagar la factura. No la pagan solo los gobiernos involucrados. La pagan las familias que pierden hijos bajo las bombas. La pagan los desplazados que cruzan fronteras sin destino. La pagan los trabajadores que ven subir el combustible. La pagan los pueblos pobres cuando el precio de la energía encarece los alimentos. La paga el ciudadano común, en cualquier continente, cuando una decisión tomada en Washington se transforma en inflación, miedo, deuda y muerte.

Y mientras el mundo paga, algunos ganan.

Esa es la obscenidad central. La guerra no solo destruye: también produce beneficios. Produce contratos militares, especulación energética, valorización de empresas de defensa, mercados de predicción, oportunidades petroleras, negocios de reconstrucción, acceso diplomático y ventajas para quienes conocen de cerca el pulso del poder. Cuando el presidente de una potencia militar mueve tropas, ordena ataques, anuncia treguas o amenaza bloqueos, no solo altera el mapa geopolítico: mueve mercados. Y cuando el entorno familiar o empresarial de ese presidente aparece cerca de sectores que pueden beneficiarse de esas decisiones, la sospecha deja de ser paranoia y se convierte en exigencia democrática de investigación.

No se trata de afirmar irresponsablemente lo que aún debe probarse en sede judicial o parlamentaria. Se trata de señalar algo evidente para cualquier conciencia crítica: ningún gobernante debería tener la posibilidad de tomar decisiones de guerra mientras su entorno privado se mueve en mercados sensibles a esas decisiones. Ninguna familia presidencial debería estar cerca de negocios de defensa, criptoactivos, energía, contratos o plataformas especulativas mientras el jefe de esa familia decide sobre bombardeos, sanciones, alianzas militares o treguas. La sola posibilidad de que la guerra se vuelva rentable para los cercanos al poder ya corrompe la legitimidad de la decisión.

Porque la guerra exige el máximo estándar moral. No se puede pedir a los pueblos sacrificio, sangre y obediencia mientras los poderosos calculan retornos. No se puede hablar de seguridad global cuando la inseguridad de millones se transforma en utilidad privada. No se puede invocar la soberanía de unos países mientras se pisotea la soberanía de otros. No se puede exigir respeto al derecho internacional si la potencia más poderosa interpreta las reglas como un menú opcional.

El lenguaje imperial siempre ha sido experto en disfrazarse. A una intervención se le llama operación preventiva. A una imposición económica, sanción necesaria. A una amenaza militar, mensaje disuasivo. A la subordinación de gobiernos débiles, alianza estratégica. Al control de recursos, estabilidad regional. Y al beneficio de corporaciones y grupos cercanos al poder, libre mercado.

Pero los pueblos conocen la traducción real de esas palabras. Saben que “seguridad” muchas veces significa control. Saben que “democracia” muchas veces significa obediencia al poder dominante. Saben que “orden internacional” muchas veces significa jerarquía. Saben que “interés nacional” puede convertirse en la máscara respetable de intereses privados.

Trump no inventó esa lógica. Sería ingenuo creerlo. Estados Unidos ha intervenido, presionado y condicionado a otros países durante décadas, bajo gobiernos republicanos y demócratas. América Latina, Medio Oriente, África y Asia conocen demasiado bien la pedagogía de la potencia: primero se define quién es amenaza; luego se impone una narrativa; después vienen sanciones, bases, drones, bombardeos, deuda, reconstrucción y contratos. La novedad con Trump es el descaro. Lo que antes se envolvía en lenguaje institucional ahora aparece con una crudeza empresarial casi vulgar: la política como transacción, la diplomacia como negocio, la guerra como mercado, la Presidencia como marca.

Esa es la razón por la que la indignación debe ser global. Porque las decisiones de un presidente estadounidense no se quedan dentro de Estados Unidos. Cuando Washington decide una guerra, el planeta tiembla. Cuando amenaza un bloqueo, sube el petróleo. Cuando sanciona, se reordenan economías. Cuando protege a unos y castiga a otros, define la vida cotidiana de millones que jamás votaron en sus elecciones. Esa es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo: pueblos enteros sufren consecuencias de decisiones tomadas por un poder político al que no pueden controlar democráticamente.

Por eso, desde la mirada de un ciudadano global, el abuso de poder de Trump no es un asunto interno estadounidense. Es un problema mundial. Cuando un presidente con capacidad nuclear, influencia financiera planetaria y control sobre alianzas militares usa ese poder con opacidad, arbitrariedad o beneficio particular, el riesgo deja de ser nacional. Se vuelve humano.

La soberanía de los países débiles se vuelve decorativa si puede ser aplastada por decisiones tomadas desde una oficina lejana. La legalidad internacional se vuelve frágil si la potencia puede violarla y luego justificarlo con comunicados estratégicos. La economía global se vuelve rehén si los mercados reaccionan no a la productividad ni al bienestar, sino al temperamento de un gobernante. Y la democracia se vuelve una ficción si los controles institucionales no pueden impedir que el interés privado capture decisiones de guerra.

Lo más indignante no es solo el abuso. Es la naturalización del abuso.

Se nos pide aceptar que así funciona el mundo. Que las potencias tienen zonas de influencia. Que las guerras son inevitables. Que los precios suben por “tensiones geopolíticas”, como si esas tensiones nacieran solas y no fueran producidas por decisiones humanas. Que las empresas se beneficien es normal. Que los familiares del poder estén cerca de negocios estratégicos es apenas una coincidencia. Que los pueblos muertos son daños colaterales. Que los desplazados son cifras. Que la indignación es ingenua.

No. Ingenuo es creer que puede haber paz mientras la guerra sea rentable. Ingenuo es creer que habrá respeto a la soberanía mientras algunas potencias se atribuyan derecho a disciplinar al resto del planeta. Ingenuo es creer que la democracia sobrevive cuando el poder público se mezcla con negocios familiares. Ingenuo es creer que un presidente que castiga críticos presiona instituciones, debilita controles y gobierna mediante amenazas externas puede ser tratado como un actor democrático ordinario.

Un ciudadano global no necesita odiar a Estados Unidos para rechazar esta política. Al contrario: puede distinguir entre el pueblo estadounidense y quienes usan su bandera para justificar abusos. Puede reconocer que millones de ciudadanos estadounidenses también pagan el costo de estas decisiones: en impuestos, inflación, pérdida de derechos, deterioro institucional y vergüenza moral. El problema no es un pueblo. El problema es una forma de poder que pretende hablar en nombre de un pueblo mientras sirve a intereses mucho más estrechos.

Lo que debe denunciarse es la captura mercantilista del Estado. Ese momento en que la política deja de ser servicio público y se vuelve administración de oportunidades privadas. Ese momento en que una guerra ya no se decide solo por razones estratégicas, sino bajo la sombra de quién puede ganar con ella. Ese momento en que la Presidencia deja de ser mandato constitucional y empieza a parecer una plataforma de negocios globales.

Frente a eso, el impeachment no sería una exageración. Sería una defensa mínima del principio republicano más elemental: ningún gobernante está por encima de la ley, ningún presidente puede usar la guerra como instrumento personal, ningún interés familiar puede contaminar decisiones que cuestan vidas, ningún poder militar puede ejercerse sin control democrático.

Pero incluso el impeachment sería insuficiente si el mundo no aprende la lección más profunda. El problema no termina con un hombre. Trump es el síntoma brutal de un sistema que permite que la guerra sea negocio, que la energía sea chantaje, que la soberanía sea selectiva y que los mercados celebren lo que los pueblos lloran.

Por eso la respuesta debe ser ética, política y global. Los ciudadanos del mundo tenemos derecho a exigir que ninguna potencia convierta nuestra estabilidad en ficha de negociación. Tenemos derecho a exigir que ningún presidente use el lenguaje de la seguridad para encubrir intereses particulares. Tenemos derecho a exigir que las guerras no se decidan en función de contratos, precios, encuestas o negocios familiares. Tenemos derecho a recordar que la soberanía no es privilegio de los fuertes, sino derecho de todos los pueblos.

La historia juzga con dureza a quienes bombardean en nombre de la paz y lucran en nombre de la seguridad. Pero también juzga a quienes, viendo el saqueo, prefieren mirar hacia otro lado.

Hoy la pregunta no es solo qué hará Estados Unidos con Trump. La pregunta es qué hará el mundo frente a una forma de poder que convierte la vida humana en variable de mercado.

Porque cuando la guerra se vuelve negocio, la paz deja de ser un objetivo y se convierte en una amenaza para quienes se enriquecen con el conflicto.

Y cuando eso ocurre, indignarse no es un gesto retórico. Es el primer acto de resistencia moral.

domingo, 30 de marzo de 2025

La reforma pendiente del Estado y el desafío electoral del 2026: más presupuesto, menos resultados

Por Wens Silvestre

A un año de las elecciones generales del 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política, económica e institucional que pondrá a prueba no solo la solidez de su democracia, sino también la madurez de su clase política y su ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos están actualmente inscritos y habilitados para participar, mientras que otras 32 agrupaciones están en proceso de inscripción. Esta cifra refleja no una vitalidad democrática, sino más bien una preocupante fragmentación del sistema político.

El proceso será particularmente trascendental, ya que, además de elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso, se restablecerá el Senado después de 35 años, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. No obstante, el contexto en el que se celebrarán estos comicios es profundamente adverso: crisis de seguridad, corrupción estructural, ineficiencia del Estado, pobreza estancada y desconfianza generalizada en las instituciones.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso solo cuenta con 2% de aprobación ciudadana, mientras que la presidenta Dina Boluarte alcanza apenas un 4%. Esta desaprobación histórica se explica, en gran medida, por una gestión pública que no responde a las expectativas ciudadanas, a pesar del notable crecimiento del presupuesto público en las últimas dos décadas.

En efecto, el presupuesto del sector público aprobado para 2025 (PIA) asciende a S/ 251.8 mil millones, y el modificado ya bordea los S/ 260.6 mil millones. Comparado con el año 2006, cuando el PIA era de S/ 50.9 mil millones, el crecimiento ha sido alrededor 500% en términos nominales. Sin embargo, este aumento no ha implicado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

Una revisión de la estructura del gasto revela un patrón preocupante: el crecimiento del presupuesto ha estado fuertemente concentrado en remuneraciones y pagos previsionales. En 2008, el gasto en personal, pensiones y servicios de terceros sumaba S/ 28.5 mil millones (40.2% del presupuesto). Para 2025, esta cifra asciende a S/ 114.1 mil millones (45.3% del PIA), y un crecimiento nominal de 400%. No obstante, la calidad de los servicios en salud, educación, justicia y seguridad sigue siendo deficiente. En otras palabras, el Estado se ha convertido en una maquinaria costosa que no entrega resultados tangibles.

La situación es especialmente crítica en sectores sensibles como educación. El Perú pasó del puesto 63 en matemáticas en la prueba PISA 2009 al puesto 59 en 2022. Esta mejora marginal no refleja el aumento presupuestal ni el esfuerzo esperado por parte del aparato estatal. En paralelo, la pobreza monetaria apenas se redujo de 36% en 2008 a 29% en 2024, una caída modesta frente al incremento de 400% en el gasto público en personal.

Estos indicadores son sintomáticos de un Estado capturado por intereses particulares, donde la meritocracia ha sido desplazada por el amiguismo, el clientelismo y el reparto de cuotas de poder. La proliferación de partidos sin democracia interna —estructurados alrededor de caudillos eternos— ha bloqueado la posibilidad de construir verdaderas coaliciones programáticas. El Congreso actual y buena parte del Ejecutivo han sido incapaces de responder a la crisis estructural que atraviesa el país.

Más allá de los números, lo que está en juego en el 2026 es el futuro de nuestra institucionalidad. Se requiere una reforma del Estado que priorice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la recuperación de la meritocracia como principio rector del servicio público. Sin este cambio estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de gasto improductivo, descontento social y parálisis institucional.

El reto es también ciudadano. Los electores deben informarse y elegir con criterio, superando la tentación de los discursos populistas y desconfiando de partidos que no practican lo que predican. Solo una ciudadanía activa, exigente y crítica podrá empujar los cambios que el país necesita.

El 2026 puede ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, debemos dejar de premiar la improvisación y el oportunismo. El Perú no necesita más gasto, necesita mejor gestión. Y eso solo será posible con una verdadera voluntad de reforma y una renovación ética de su clase dirigente. 

jueves, 6 de marzo de 2025

Corrupción y crisis climática: El caso peruano desde una perspectiva global

 Por Wens Silvestre

La crisis climática constituye uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo. Sin embargo, un obstáculo crítico, aunque a menudo ignorado, es la corrupción. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International (TI, 2025), la corrupción no solo socava el desarrollo sostenible, sino que también profundiza la crisis climática, desviando recursos y debilitando políticas fundamentales.

A nivel global, la corrupción afecta particularmente los fondos destinados a la adaptación y mitigación del cambio climático. Se estima que entre 82 y 238 mil millones de dólares anuales se pierden debido a prácticas corruptas en proyectos ambientales (TI, 2025). La falta de transparencia facilita la malversación y el cabildeo indebido, especialmente en países con instituciones débiles o capturadas por intereses privados. 

Índice de Percepción de Corrupción 2024

En este contexto global, Perú enfrenta desafíos aún más complejos. Según el CPI 2024, Perú obtuvo un puntaje de 31 sobre 100, situándose entre los países con una percepción elevada de corrupción. Esta situación tiene consecuencias directas y devastadoras en las políticas climáticas nacionales.

La corrupción en Perú se manifiesta de manera crítica en cuatro dimensiones:

1.    Influencia indebida en la toma de decisiones ambientales: Las industrias extractivas, especialmente mineras y petroleras, ejercen una fuerte presión política y económica que obstaculiza la implementación de regulaciones ambientales y climáticas efectivas. Este tipo de captura regulatoria ha llevado a la aprobación de proyectos con altos costos ambientales, como ha sucedido recurrentemente en la Amazonía peruana.

2.    Malversación de fondos climáticos: Perú muestra serios antecedentes de corrupción en la administración de fondos públicos. Esto representa un riesgo significativo en la gestión de los fondos internacionales destinados a proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. La falta de transparencia y rendición de cuentas ha facilitado la desviación de recursos críticos, afectando directamente a las comunidades más vulnerables.

3.    Débil protección ambiental: La corrupción también ha debilitado notablemente la capacidad de fiscalización ambiental. Casos recurrentes de sobornos y colusión entre empresas y autoridades locales han facilitado actividades ilegales como la minería informal y la tala ilegal, agravando los efectos del cambio climático y generando conflictos sociales que erosionan aún más la gobernabilidad.

4.    Amenazas contra activistas ambientales: En Perú, como en otros países con altos niveles de corrupción, los defensores ambientales enfrentan amenazas constantes y violencia física. Esta violencia se ve facilitada por la impunidad generada por un sistema judicial debilitado por la corrupción, que desprotege a los activistas ambientales e indígenas que defienden sus territorios.

Para enfrentar estos desafíos, nuestro país necesita urgentemente priorizar la lucha contra la corrupción como eje central de sus políticas climáticas. Se requieren medidas concretas que incluyan la creación de mecanismos transparentes para el manejo de fondos ambientales, la implementación efectiva de registros de cabildeo, fortalecimiento de sistemas anticorrupción independientes y mecanismos de rendición de cuentas claros que involucren activamente a las comunidades locales.

En síntesis, mientras el mundo lidia con la crisis climática, Perú debe entender que combatir la corrupción es esencial no solo para su desarrollo económico y social, sino también para su supervivencia ambiental. La lucha contra la corrupción debe ser integral y decidida si se busca proteger efectivamente a las generaciones futuras de los devastadores efectos del cambio climático.

Referencias:

Transparency International (2025). Índice de Percepción de la Corrupción 2024.

Disponible en:

https://images.transparencycdn.org/images/Report-CPI-2024-English.pdf

sábado, 22 de febrero de 2025

Un huésped peligroso en la Casa Blanca

Por Wens Silvestre

La política estadounidense ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia, pero pocas veces ha estado tan expuesta a la irracionalidad, la impulsividad y el populismo extremo como bajo la administración de Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca ha significado un golpe a la estabilidad global, a las relaciones con los aliados históricos de Estados Unidos y a la economía mundial, colocando al país en una espiral de proteccionismo destructivo, aislamiento diplomático y vulnerabilidad estratégica.

Este nuevo periodo de gobierno no solo reafirma su tendencia a la desinformación y la manipulación, sino que, además, su gestión errática y caótica está debilitando a Estados Unidos desde dentro mientras fortalece a sus principales adversarios: Rusia, China y otros regímenes autoritarios.

Para empezar, uno de los pilares de la política económica de Trump ha sido el anuncio de la imposición de aranceles descontrolados a socios comerciales clave como México, Canadá y China. Con su decisión de aplicar un 25% de aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses (probablemente en vigencia a partir de marzo) y un 10% a las chinas, el presidente ha desatado una guerra comercial innecesaria que, lejos de beneficiar a EE.UU., está encareciendo los bienes de consumo, afectando la competitividad de las empresas estadounidenses y disparando la inflación.

El mismo Wall Street Journal advierte que estas medidas están creando una crisis en las cadenas de suministro, aumentando los costos de producción en sectores clave como la industria automotriz y la manufactura. La teoría de que estos aranceles impulsarán la reindustrialización estadounidense es una falacia: las empresas no pueden simplemente trasladar sus fábricas de la noche a la mañana, y las alternativas son demasiado costosas en términos de tiempo y capital.

Como consecuencia, el resultado será un golpe directo al bolsillo de los consumidores estadounidenses, que verán precios más altos en productos básicos, mientras la inflación sigue presionando la economía.

Por otro lado, más preocupante aún es la nueva doctrina de política exterior de Trump, que mina la seguridad nacional de EE.UU. y traiciona a sus aliados históricos. Su deseo de reintegrar a Rusia en el G7, su insistencia en negociar unilateralmente la paz en Ucrania (imponiendo condiciones favorables a Putin) y su estrategia de confrontación con la OTAN han generado una ruptura en la confianza internacional en Estados Unidos.

El hecho de que Trump haya calificado a Zelensky de “dictador” y haya sugerido que Ucrania debe aceptar las condiciones de paz impuestas por EE.UU. y Rusia, demuestra su desprecio por la soberanía de un país invadido y su predisposición a complacer a Putin. En lugar de reforzar el liderazgo estadounidense en la seguridad global, está cediendo terreno a los autoritarismos que buscan debilitar el orden internacional.

En cuanto a China, sus amenazas de imponer aranceles del 150% a los países BRICS y cortar relaciones comerciales con ellos, son una demostración de ignorancia económica. Los BRICS representan una parte fundamental del comercio global, y una ruptura con ellos significaría un colapso en las exportaciones agrícolas estadounidenses, un encarecimiento extremo de la energía y la exclusión de EE.UU. de mercados clave.

Si Trump realmente estuviera interesado en el bienestar económico de su país, buscaría acuerdos estratégicos en lugar de aplicar medidas extremas que solo aíslan a EE.UU.

En el ámbito institucional, más allá de la economía y la política exterior, Trump ha dado pasos peligrosos en la erosión de las instituciones democráticas. Su decisión de suspender la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que evita que empresas estadounidenses sobornen a funcionarios de otros países, envía un mensaje de impunidad a las corporaciones y refuerza la corrupción global.

Con esta medida, Trump no solo destruye años de lucha anticorrupción en el mundo, sino que también debilita la credibilidad de EE.UU. como defensor de la transparencia y la ética en los negocios internacionales.

A esto se suma su insistencia en desmantelar el Estado federal, promoviendo despidos masivos en la administración pública bajo la excusa de la “eficiencia gubernamental”, mientras otorga poderes a multimillonarios como Elon Musk para reestructurar el aparato estatal.

Este enfoque autoritario pone en peligro los servicios públicos esenciales y genera un modelo de gobierno basado en el caos, la corrupción y el nepotismo, con decisiones tomadas por capricho en lugar de políticas fundamentadas.

Aún más preocupante, uno de los aspectos más alarmantes de la presidencia de Trump es su impulsividad y falta de previsión estratégica. Un líder con acceso al arsenal nuclear de EE.UU., que se deja guiar por emociones y decisiones improvisadas, representa una amenaza real para la estabilidad mundial.

Sus ataques a la OTAN, su retórica agresiva y su desprecio por el multilateralismo podrían desencadenar conflictos innecesarios o debilitar alianzas estratégicas en un momento donde las tensiones globales están en su punto más alto.

Las acciones impredecibles de Trump crean un escenario donde aliados históricos como Europa buscan independizarse de EE.UU. en materia de defensa, mientras adversarios como Rusia y China capitalizan el vacío de liderazgo estadounidense.

En síntesis, Donald Trump no es solo un presidente populista. Es un líder desconectado de la realidad, guiado por su ego y carente de visión estratégica. Sus políticas económicas son irracionales y dañinas para su propio país, sus acciones en política exterior traicionan a sus aliados y fortalecen a regímenes autoritarios, y su desprecio por las instituciones pone en riesgo el futuro de la democracia estadounidense.

Cada día que pasa, su presencia en la Casa Blanca se convierte en un peligro latente no solo para EE.UU., sino para el mundo entero. Su legado, lejos de hacer a América “grande otra vez”, está dejando una nación más aislada, vulnerable y debilitada en el escenario internacional.

Si la historia nos ha enseñado algo, es que el liderazgo irresponsable siempre tiene un alto costo. Y en el caso de Trump, ese costo podría ser el colapso del orden global tal como lo conocemos. ¿Cuánto más puede resistir el mundo las consecuencias de un liderazgo impulsivo y destructivo antes de que el daño sea irreparable?

miércoles, 15 de enero de 2025

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.


domingo, 9 de junio de 2024

La corrupción y el desarrollo sostenible

Por: Wens Silvestre

Nuestro país enfrenta una crisis social y económica que parece tener raíces profundas en su historia. Desde la época virreinal, el país ha estado marcado por un mestizaje que, lejos de ser una simple mezcla cultural, ha servido para perpetuar las desigualdades y consolidar estructuras de poder que aún persisten. Esta herencia colonial ha dejado una huella indeleble en la gestión del Estado y en las prácticas cotidianas de los peruanos.

Uno de los problemas más acuciantes es la corrupción, un mal institucionalizado que se manifiesta en todas las esferas de la vida pública y privada. La incapacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal ha creado un entorno donde la corrupción no solo es tolerada, sino que se ha normalizado. Esta situación es particularmente evidente en la gestión estatal, donde la colusión y el uso indebido de los recursos públicos son la norma más que la excepción.

El Estado peruano, concebido para proteger las libertades individuales y asegurar el bienestar común a través de la división de poderes, ha fallado en su misión. Aunque la Constitución ha sido enmendada en numerosas ocasiones, el funcionamiento del Estado sigue siendo deficiente. En lugar de servir a la ciudadanía, muchos funcionarios públicos utilizan sus posiciones para perseguir fines personales y de grupo. Esta realidad se observa en todas las organizaciones que conforman el aparato estatal. 

Un ejemplo claro es el de los servidores públicos en unidades orgánicas de logística que se coluden con proveedores "amigos", ignorando las leyes y reglamentos de contratación para su propio beneficio. Este tipo de actos no solo dañan a la entidad estatal, sino a la sociedad en su conjunto. La frase común entre los funcionarios, "si no es tu dinero, qué te importa", refleja una actitud de indiferencia hacia el uso de los recursos públicos. 

El resultado de esta gestión ineficiente es evidente: en los últimos 20 años, el presupuesto del Estado se ha quintuplicado, pero la calidad de los servicios ha disminuido. Los ciudadanos, quienes deberían beneficiarse de estos recursos, ven cómo su calidad de vida no mejora mientras los funcionarios engordan sus arcas. Esta situación genera una constante crisis política, exacerbada por la corrupción que afecta a todos los niveles del gobierno. 

Desde la década de 1990 hasta 2024, todos los presidentes peruanos han sido procesados o están siendo procesados por corrupción, al igual que numerosos congresistas, jueces y fiscales. La incapacidad de reflexión y la cultura del negacionismo han permitido que los corruptos eludan la justicia, perpetuando un ciclo de impunidad. Los ciudadanos, por su parte, parecen incapaces de reflexionar y elegir a líderes menos propensos a la corrupción. 

Para romper este círculo vicioso, es necesario que desarrollemos una capacidad de autocrítica y reflexión sincera sobre el daño causado por la corrupción. Más allá del color político, los ciudadanos tienen la obligación de cuestionar y criticar la mala gestión de sus autoridades. Asimismo, los funcionarios públicos deben autoevaluar su desempeño y, si no están preparados para sus roles, renunciar para evitar dañar aún más a la sociedad. 

La mediocridad y la testarudez de los políticos actuales han silenciado la indignación ciudadana. Sin embargo, aún hay esperanza. La clave para un Perú mejor radica en ciudadanos reflexivos y autocríticos que rescaten la indignación del silencio cómplice y ejerzan su derecho al voto de manera razonable y reflexiva. 

En un país donde el crecimiento económico ha sido notable en las últimas décadas, pero la desigualdad y la corrupción siguen siendo barreras significativas, el desarrollo sostenible requiere una reforma profunda. Es fundamental implementar políticas efectivas que promuevan y fortalezcan no solo las capacidades y ética de los trabajadores al servicio del Estado, sino la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Solo así se podrá construir un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. 

Nuestro país tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Con ciudadanos comprometidos y un liderazgo político íntegro, el país puede superar sus retos históricos y avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos sus habitantes. El camino es largo y arduo, pero al final siempre hay una luz de esperanza para quienes estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor.

viernes, 29 de marzo de 2024

Desconfianza en el gobierno y corrupción: Un círculo vicioso que agrava la inseguridad y el deterioro democrático en el país

 

Por: Wens Silvestre

En medio de un panorama oscuro marcado por la desconfianza generalizada en el gobierno y las instituciones del Estado, nuestro país enfrenta una crisis multidimensional que va más allá de los índices de seguridad ciudadana. Según los últimos datos revelados por Ipsos, la aprobación de la gestión presidencial de Dina Boluarte ha alcanzado un preocupante 9%, mientras que su desaprobación ha escalado hasta el 88%. Paralelamente, el ministro del Interior, Víctor Torres, enfrenta una situación similar, con apenas un 10% de aprobación y un 75% de desaprobación.

Estos números no son solo indicativos de un descontento generalizado, sino que reflejan una profunda falta de credibilidad en las autoridades y el sistema político en su conjunto. La gestión del Congreso de la República y del Poder Judicial tampoco escapa a esta desaprobación, con índices del 85% y 73% respectivamente.

Este panorama de desconfianza y descontento generalizado mina la legitimidad de las instituciones del Estado y erosiona la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático. La correlación entre la desconfianza en el gobierno y la corrupción es innegable. La falta de transparencia y la impunidad que caracterizan los escándalos de corrupción socavan la capacidad del Estado para garantizar la seguridad ciudadana y el imperio de la ley.

Los ciudadanos perciben que los recursos destinados a combatir la delincuencia son desviados hacia intereses particulares, mientras que los responsables de garantizar la justicia actúan con negligencia o complicidad. Esta situación de desconfianza y corrupción tiene consecuencias devastadoras para la seguridad de la población. La falta de legitimidad de las instituciones estatales socava la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana y debilita la capacidad del Estado para enfrentar los desafíos del crimen organizado y la violencia urbana.

La percepción de impunidad y la falta de confianza en la justicia alimentan un clima de inseguridad y desesperanza en el que la población se siente vulnerable y desprotegida. Además, el deterioro de la democracia como resultado de la corrupción y la falta de transparencia amenaza con socavar los pilares fundamentales de la convivencia democrática.

La erosión de la confianza en las instituciones democráticas alimenta la polarización política, el descontento social y la desafección ciudadana, creando un caldo de cultivo para la radicalización y el autoritarismo. En este contexto, es imperativo que el gobierno y las instituciones del Estado asuman su responsabilidad de restaurar la confianza y reconstruir la legitimidad perdida.

Esto requiere un compromiso firme con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Es necesario combatir la corrupción en todas sus formas y garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia. Asimismo, es fundamental promover la participación ciudadana y la sociedad civil en la toma de decisiones y la supervisión de las políticas públicas.

La construcción de una cultura de integridad y ética en el servicio público es esencial para restaurar la confianza en las instituciones del Estado y fortalecer la democracia. En última instancia, solo a través de un esfuerzo conjunto y decidido para combatir la corrupción, reconstruir la confianza y fortalecer las instituciones democráticas, nuestro país podrá superar los desafíos que enfrenta y construir un futuro más seguro y justo para todos sus ciudadanos.

jueves, 1 de febrero de 2024

Desafiando la sombra de la corrupción global

Por: Wens Silvestre

El reciente informe del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023, presentado por Transparencia Internacional en Berlín, revela un sombrío panorama en la lucha contra la corrupción a nivel mundial. Este índice, que evalúa los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 180 países y territorios, pone de manifiesto la estrecha conexión entre la injusticia y la propagación de prácticas corruptas en todo el mundo.

El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, subraya la urgencia de fortalecer los sistemas de justicia como un paso esencial para frenar la corrupción. Sin embargo, los resultados del IPC 2023 indican que la mayoría de los países han experimentado mínimos avances en esta batalla fundamental, con un promedio global estancado en 43 puntos durante los últimos doce años.

Entre los destacados globales, Dinamarca lidera el IPC, seguida de Finlandia y Nueva Zelanda. Estos países evidencian la correlación positiva entre eficientes sistemas de justicia y bajos niveles de corrupción. En el otro extremo, naciones como Somalia, Venezuela y Siria ocupan las posiciones más bajas, víctimas de prolongadas crisis y conflictos armados que han socavado sus estructuras institucionales.

En las tendencias regionales, Europa Occidental y la Unión Europea, a pesar de tener el mayor puntaje, experimentan una preocupante caída debido al debilitamiento de controles y equilibrios. África subsahariana mantiene el promedio más bajo, enfrentando desafíos en democracia y estado de derecho. Europa del Este y Asia Central luchan contra un estado de derecho disfuncional y corrupción sistémica. Oriente Medio, África del Norte y Asia Pacífico muestran escasas mejoras, mientras que las Américas enfrentan impunidad debido a la falta de independencia judicial.

Perú, al descender tres niveles con 33 puntos, revela un ligero incremento en prácticas corruptas, indicando nulos avances en su lucha anticorrupción en el sector público. Esta situación se agrava al considerar que, en la última década, Perú ha disminuido su índice de corrupción de 38 a 33 puntos, señalando un fracaso en su combate anticorrupción.

La influencia de la corrupción en la justicia es evidente en casos como la guerra de Rusia contra Ucrania, que plantea desafíos a la gobernanza e infraestructura. Sin embargo, Ucrania mejora en el IPC al enfocarse en reformas judiciales. Por otro lado, Guatemala sufre un declive debido a gobiernos corruptos que han debilitado las instituciones judiciales.

Ante este panorama desolador, Transparencia Internacional emite un llamado urgente a los gobiernos para garantizar la independencia, recursos y transparencia en los sistemas de justicia. Daniel Eriksson destaca la necesidad de eliminar barreras para que las víctimas de corrupción puedan obtener justicia, enfatizando que la corrupción, la injusticia y el debilitamiento de la justicia forman un círculo vicioso que afecta desproporcionadamente a los vulnerables.

Como ciudadanos globales, debemos exigir a nuestros líderes un compromiso real en la lucha contra la corrupción. La transparencia y la justicia son los cimientos sobre los cuales se construye un futuro más equitativo y transparente para todos. Es hora de desafiar la sombra de la corrupción global y trabajar juntos para garantizar que la luz de la verdad y la integridad prevalezca.

jueves, 12 de enero de 2017

Decretos Legislativos expedidos al amparo de la Ley Autoritativa 30506


A propósito de la presentación del señor Fernando Zavala, Primer Ministro y algunos ministros que lo acompañan en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para exponer y sustentar sobre los decretos legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506, mediante el cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Cumplido los noventa (90) días, el Poder ejecutivo emitió un total de 112 decretos legislativos. Elaboré un resumen de cada uno de ellos y la puedes visualizar haciendo clic en el siguiente enlace:

Relación de Decretos Legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506