Por Wens Silvestre
Los
primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten
identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir
el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad
macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la
productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo
económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del
Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.
La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.
También
es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años,
el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la
demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite
sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados,
infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances
en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará
movilidad social.
El
problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un
programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables
e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la
rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.
Uno
de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales.
Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 %
del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar
el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en
evaluación.
Aunque
las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas
fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que
transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como
El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la
excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier
modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones
existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda
verificable de convergencia fiscal.
En
ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso
anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes
podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser
necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos
transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y
cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el
debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.
Petroperú
constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio
orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y
devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un
primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere
conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por
unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.
Cuba
descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la
cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o
privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera
eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar
indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.
El
aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también
exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los
ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 %
puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la
región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja
productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o
trasladarse hacia la informalidad.
La
gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado.
La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios
previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los
eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales
para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.
Algo
similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a
los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero
su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La
reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar
choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen
desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura
de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y
transparencia.
Más
relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá
únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras
perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los
beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento
tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería
formar parte de una estrategia más amplia.
En
esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral,
mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia
problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas
instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia
de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.
La
meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a
aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa.
Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión
sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y
salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba
acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza,
pero importa tanto su cantidad como su calidad.
La
prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño
no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas,
infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya
disminuido antes de que ocurra la emergencia.
El
contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin
control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales,
laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también
puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus
propuestas y construir acuerdos más duraderos.
Los
anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente
reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El
Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una
excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica
sirva para postergar las reformas.
La
verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan
verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención
efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y
pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante
una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una
política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables,
recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.
