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domingo, 30 de marzo de 2025

La reforma pendiente del Estado y el desafío electoral del 2026: más presupuesto, menos resultados

Por Wens Silvestre

A un año de las elecciones generales del 2026, el Perú se enfrenta a una encrucijada política, económica e institucional que pondrá a prueba no solo la solidez de su democracia, sino también la madurez de su clase política y su ciudadanía. Según el Jurado Nacional de Elecciones, 41 partidos políticos están actualmente inscritos y habilitados para participar, mientras que otras 32 agrupaciones están en proceso de inscripción. Esta cifra refleja no una vitalidad democrática, sino más bien una preocupante fragmentación del sistema político.

El proceso será particularmente trascendental, ya que, además de elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso, se restablecerá el Senado después de 35 años, con la elección de 60 senadores y 130 diputados. No obstante, el contexto en el que se celebrarán estos comicios es profundamente adverso: crisis de seguridad, corrupción estructural, ineficiencia del Estado, pobreza estancada y desconfianza generalizada en las instituciones.

Una encuesta reciente del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) revela que el Congreso solo cuenta con 2% de aprobación ciudadana, mientras que la presidenta Dina Boluarte alcanza apenas un 4%. Esta desaprobación histórica se explica, en gran medida, por una gestión pública que no responde a las expectativas ciudadanas, a pesar del notable crecimiento del presupuesto público en las últimas dos décadas.

En efecto, el presupuesto del sector público aprobado para 2025 (PIA) asciende a S/ 251.8 mil millones, y el modificado ya bordea los S/ 260.6 mil millones. Comparado con el año 2006, cuando el PIA era de S/ 50.9 mil millones, el crecimiento ha sido alrededor 500% en términos nominales. Sin embargo, este aumento no ha implicado mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos.

Una revisión de la estructura del gasto revela un patrón preocupante: el crecimiento del presupuesto ha estado fuertemente concentrado en remuneraciones y pagos previsionales. En 2008, el gasto en personal, pensiones y servicios de terceros sumaba S/ 28.5 mil millones (40.2% del presupuesto). Para 2025, esta cifra asciende a S/ 114.1 mil millones (45.3% del PIA), y un crecimiento nominal de 400%. No obstante, la calidad de los servicios en salud, educación, justicia y seguridad sigue siendo deficiente. En otras palabras, el Estado se ha convertido en una maquinaria costosa que no entrega resultados tangibles.

La situación es especialmente crítica en sectores sensibles como educación. El Perú pasó del puesto 63 en matemáticas en la prueba PISA 2009 al puesto 59 en 2022. Esta mejora marginal no refleja el aumento presupuestal ni el esfuerzo esperado por parte del aparato estatal. En paralelo, la pobreza monetaria apenas se redujo de 36% en 2008 a 29% en 2024, una caída modesta frente al incremento de 400% en el gasto público en personal.

Estos indicadores son sintomáticos de un Estado capturado por intereses particulares, donde la meritocracia ha sido desplazada por el amiguismo, el clientelismo y el reparto de cuotas de poder. La proliferación de partidos sin democracia interna —estructurados alrededor de caudillos eternos— ha bloqueado la posibilidad de construir verdaderas coaliciones programáticas. El Congreso actual y buena parte del Ejecutivo han sido incapaces de responder a la crisis estructural que atraviesa el país.

Más allá de los números, lo que está en juego en el 2026 es el futuro de nuestra institucionalidad. Se requiere una reforma del Estado que priorice la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, con énfasis en la recuperación de la meritocracia como principio rector del servicio público. Sin este cambio estructural, el país seguirá atrapado en un ciclo de gasto improductivo, descontento social y parálisis institucional.

El reto es también ciudadano. Los electores deben informarse y elegir con criterio, superando la tentación de los discursos populistas y desconfiando de partidos que no practican lo que predican. Solo una ciudadanía activa, exigente y crítica podrá empujar los cambios que el país necesita.

El 2026 puede ser un punto de inflexión. Pero para que lo sea, debemos dejar de premiar la improvisación y el oportunismo. El Perú no necesita más gasto, necesita mejor gestión. Y eso solo será posible con una verdadera voluntad de reforma y una renovación ética de su clase dirigente. 

miércoles, 15 de enero de 2025

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.


domingo, 29 de mayo de 2016

Mi voto democrático por PPK

Estamos a ocho días para elegir al próximo presidente de la República. Los ciudadanos tenemos que elegir entre dos opciones. En esta ocasión solo hablaré de mi preferencia personal, respetando la predilección por la otra candidatura.

El Perú necesita a PPK por su liderazgo, experiencia profesional y sabiduría adquirida durante sus años de vivencias en el Perú profundo y el resto del mundo, sumado a su destacable formación académica y conocimiento cabal sobre el funcionamiento del Estado y la gestión pública que nos permitirá implementar rápidamente los ajustes necesarios para cumplir más eficaz y eficientemente el rol prestacional del Estado durante el próximo quinquenio.

Somos un país heterogéneo en muchos aspectos: geográfico, cultural, social, económico, entre otros, no menos importantes. Sin embargo, esas condiciones no impiden conservar la hermandad en medio de las diferencias entre los peruanos. En ese sentido, ningún candidato logrará convencer con sus propuestas al ciento por ciento de los ciudadanos, menos satisfacer todas las expectativas de los individuos o grupos de interés. Pretenderlo es, por decir lo menos, una ilusión y un imposible, más aun cuando se trata de un periodo de gobierno breve y con su diversidad de limitaciones para lograr un cambio sustancial.

Así, mi preferencia se sustenta en una visión de país, en el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en la credibilidad de la propuesta programática de reformas del sistema administrativo y funcional del Estado, además, siendo promotor de la libre concurrencia, con un rol regulador y prestacional más proactivo, eficiente y eficaz del Estado, y, creyente de la iniciativa de los individuos, tengo el convencimiento que Pedro Pablo Kuczynski, es el líder ético que se acerca mejor a mis expectativas.

Mi visión de país es que la sociedad ha mejorado sostenidamente su calidad de vida, las instituciones democráticas se han fortalecido, al igual que hay pleno respeto por los derechos fundamentales. La economía crece inmejorablemente generando más empleo de calidad, los ciudadanos son tratados con igualdad ante Ley y los individuos obtienen mejores ingresos y disfrutan de una mayor libertad para hacer y no hacer. Los actos de corrupción y la delincuencia son aislados.

La misión de PPK es acercarnos a esa visión, veo en él y en su equipo técnico como los más aptos para cumplir esa tarea.

Mi voto por PPK es racional y consecuente con mi línea de pensamiento democrático.

El riesgo de un populismo desmedido

El populismo, sin importar el color ideológico de un gobierno, es nocivo para la sociedad, porque destruye la iniciativa individual y el disfrute de la libertad de crear; fortalece instituciones basados en el asistencialismo estatal, engendrando el clientelismo al servicio de la organización política del gobernante, en desmedro del fortalecimiento de la democracia.

Los últimos tres gobiernos democráticos han perdido una gran oportunidad de fortalecer las instituciones democráticas por estar ocupados en satisfacer sus egos e interés personales y haciéndose de la vista gorda y, en algunos casos, involucrados en hechos de corrupción, en vez de combatirla; tan parecido a lo ocurrido durante el gobierno fujimorista de los años noventa del siglo pasado próximo. Recordemos que éste último se encargó de enterrar las instituciones democráticas, sepultando las aspiraciones de una incipiente democracia republicana, sembrando la corrupción institucionalizada en el Estado, siendo ésta una de las causas fundamentales de hechos de violencia en el país.

El populismo indistintamente de las ideologías es nocivo para la democracia y para las personas, porque los intereses personales de los que toman dicha bandera, pueden más, y por eso les convienen cultivar y tener más pobres y mantenerlos en esa condición, con la única intención de conservar el poder. Su estrategia es otorgar dádivas y subsidios, mediante programas sociales sin fecha de expiración, disque para “luchar contra la pobreza”, cuando es para conservar pobres a la gente. Para financiar estos gastos, aumentan impuestos, y si no alcanza, hipotecan el país con más endeudamiento, que tarde o temprano, todos los ciudadanos la tenemos que honrar. Pero, los efectos del excesivo gasto corriente, tienen consecuencias fatales para la economía, dado que sacrifica recursos que debería ser destinados para invertir en las prioridades, en cumplimiento de rol prestacional del Estado, esto es, educación, salud, inversiones en infraestructura (carreteras, ferrocarriles, colegios, centros de salud, agua potable, saneamiento básico, etc.) y, lo peor, es que trae consigo, aumento recurrente de los precios (inflación), desincentiva la iniciativa privada, sacrifica la inversión, y se deteriora la economía, convirtiéndose en un círculo vicioso camino a la destrucción de la economía, como viene ocurriendo en Venezuela, reitero, indistintamente de qué color político es el populista que dirige el gobierno, los efectos son los mismos para la economía doméstica.

En ese contexto, necesitamos un Estado del tamaño necesario menos interventor y promotor de la competencia, como lo ordena la Constitución.

Rechazo el populismo desmedido, que te ofrece el oro y el moro, a sabiendas que no podrá cumplir con sus ofrecimientos, eso en la práctica se convierte en una estafa a los ciudadanos.

Necesitamos de un Estado que cumpla con eficacia y eficiencia su rol prestacional.

Necesitamos de un Estado que cumpla con su función jurisdiccional con igualdad ante Ley y justicia para todos, sin distinciones.

Necesitamos de un Estado donde el mérito sea una práctica rutinaria.

Necesitamos de un Estado que reduzca y simplifique el enredado sistema administrativo y jurisdiccional existente.


Para lograrlo veo a PPK como el más apto para cumplir y satisfacer esas necesidades que los ciudadanos exigen ahora.

lunes, 18 de enero de 2016

SEIS REQUISITOS PARA UN CANDIDATO IDEAL

Por: Wens Silvestre

Estamos próximos a un nuevo proceso electoral para elegir al nuevo presidente de la República y a los nuevos miembros del Parlamento Nacional.

Un candidato ideal, desde mi perspectiva, debe cumplir seis requisitos fundamentales:

- En primer lugar, mi candidato debe ser ético pero también eficiente (como lo señala don Francisco Miro Quesada en su artículo titulado “Ético y eficiente”[1]). No basta con ser un profesional, conocer la gestión pública y haber demostrado “eficiencia” en un cargo público, pero eludiendo o violentando las normas y procedimientos. Tampoco, no basta con ser solamente un profesional ético pero ineficiente. Es importante ser un profesional ético y eficiente. Los ciudadanos debemos hacer un acto de reflexión antes emitir un voto. Debemos ser coherentes con las buenas costumbres y los valores, y rechazar a los inmorales al margen de su supuesta “eficiencia” y evitar que ocupen un cargo público de elección de gran responsabilidad. Un gran sector de la ciudadanía es tolerante y permisible con la corrupción. No tengo una respuesta única para anotar las causas de ese comportamiento, pero podríamos inferir que es consecuencia de una crisis moral que se ha cultivado en el país, y no debemos permitir que esa hierba mala continúen inundando los campos. Necesitamos sacar la hierba mala de la política. Es un proceso de reflexión y sobre todo de un acto de desprendimiento de cada uno de los ciudadanos, renunciando a nuestros intereses propios en bien del beneficio general.

- En segundo término, mi candidato debe pertenecer a la institucionalidad democrática de un partido político. Lamentablemente, debido a la debilidad institucional de los partidos políticos a falta de una verdadera democracia interna, se ha ahuyentado a los buenos ciudadanos, y ha prevalecido el individualismo y el caudillismo, ese mal que los partidos llamados tradicionales y los que emergen en cada contienda electoral, continúan cometiendo el mismo error, sin importarles el daño que le hacen a la institucionalidad democrática del país. Las individualidades y el caudillismo son males que deben ser desterrados de la praxis en los partidos políticos. Deben ceder el paso a las nuevas generaciones de pensamiento libre y profundamente democrático; y una herramienta fundamental para construir institucionalidad es la alternancia en las listas de precandidatos a un cargo público. Siendo un elemento fundamental, debemos apoyar aquella lista que se acerque a un equipo elegido democráticamente y no a un individuo en particular.

- En tercer lugar, mi candidato favorito debe ser coherente entre lo que piensa, dice y hace. En este país los políticos que dirigen el aparato del Estado, son masivamente incoherentes, salvo honrosas excepciones. Llegan al poder con la etiqueta de servir, y acaban sirviéndose todo lo que pueden, al igual que, a su entorno (entran pobres y salen ricos, mediante actos probablemente corruptos). Prometen algo y deciden hacer otra cosa. No hay coherencia en sus planteamientos, es una mezcla de promesas sin medir las consecuencias de la imposibilidad de implementarla, y llegado el momento, los ciudadanos que apostaron por dichos ofrecimientos se sienten defraudados y acumulan una serie de frustraciones que se refleja en la indiferencia hacia los políticos y la política. Otros, mezclan propuestas de corte asistencial para mantener un caudal electoral, de tal manera que la población favorecida se convierta en un activo a mediano y largo plazo, en tanto, aplica medidas para mantener el statu quo, sin importarle el costo económico para el resto de los ciudadanos. Esas mezclas tóxicas, dejan sin rumbo al país.

- En cuarto lugar, mi candidato favorito debe hacer propuestas alcanzables, objetivas y realizables. Debe indicar la ruta de cómo llegar a la meta. Hay candidatos, como ciertos emergentes que prometen cosas insostenibles e irreales, como el caso de uno que planteó ampliar los programas sociales para todos los peruanos, lo cual es inaudito, porque los programas sociales (debería llamarse sociales productivos) sólo deben enfocarse en los más necesitados y vulnerables, y es que el Estado no tiene recursos suficientes ni para cubrir los gastos asistenciales para ese segmento de la población, asimismo, hay que recordar que el tamaño del sector público, medido a través del gasto de gobierno, apenas representa el 21% del PBI, es decir, el grueso del aporte del ingreso nacional depende del sector privado, y ese sector merece el apoyo del Estado, y no al revés, pretender convertir a los peruanos en mendigos, es mala señal. ¿Quién pagaría los impuestos necesarios para mantener al Estado, si a todos los peruanos nos incluyeran en un programa social?

- En quinto lugar, mi candidato debe ser amante de la libertad, reflexivo, respetuoso de las diferencias ideológicas y políticas, tolerante con las críticas, asumir la responsabilidad de sus actos y promotor de la transparencia de las acciones y actos en las entidades públicas. Las cualidades personales de un líder democrático deben manifestarse en cada uno de sus actos, y seguramente se reflejará en sus más cercanos seguidores. Es probable que éstos se comporten tal cual se comporta su líder. Es fundamental que los medios de comunicación muestren estos comportamientos. La construcción de la democracia en el país no está para experimentos de ciudadanos que venden una imagen para el público, siendo otra es su verdadero rostro. Por eso, es necesario conocer la trayectoria profesional y personal del candidato.

- En sexto lugar, mi candidato debe tener una visión de país. Sus propuestas y acciones deben apuntar a una visión a largo plazo, y no a un corto plazo electoral. Debe continuar lo bueno de su antecesor, corregir las deficiencias del Estado y debe sembrar las nuevas bases para el futuro, siempre teniendo claro las prioridades sociales y económicas, sin perder de vista el horizonte del bienestar.

Probablemente, existan otros elementos fundamentales a considerar para elegir bien, sin embargo, considero que las señaladas líneas arriba son prioridades que cada ciudadano debe tener en consideración y complementar con las suyas.



[1] http://elcomercio.pe/opinion/columnistas/etico-y-eficiente-francisco-miro-quesada-rada-noticia-1870902 Pub. (14/01/2016)
[2} Dibujo créditos Recruiting Works

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