Dialogar es una obligación democrática

Por Wens Silvestre

El Parlamento existe porque una sociedad tiene diferencias y necesita procesarlas mediante la palabra, la deliberación y el voto. Cuando sus integrantes convierten al adversario en enemigo, descalifican sus argumentos por su procedencia política o consideran cualquier concesión una derrota, debilitan la institución que deberían fortalecer. El diálogo es una responsabilidad inherente a la representación democrática. Desde la perspectiva deliberativa de Jürgen Habermas, la legitimidad de las decisiones se sustenta en un proceso libre e inclusivo de formación de la voluntad política. Esta idea exige que las posiciones puedan discutirse y someterse al examen público.

Esta exigencia alcanza al oficialismo y a la oposición, aunque sus responsabilidades sean distintas. A quienes respaldan al Gobierno les corresponde explicar sus propuestas, sustentar su necesidad y construir los apoyos para aprobarlas. A quienes discrepan les corresponde fiscalizar, advertir riesgos y plantear alternativas. Ninguna de esas funciones justifica la imposición, el agravio o el bloqueo como conducta permanente. Reconocer al otro como interlocutor legítimo expresa un principio de igualdad democrática: sus razones merecen ser escuchadas y examinadas, aunque no lleguen a convencernos. 

El oficialismo tiene una responsabilidad especial: tomar la iniciativa para generar confianza. Gobernar supone relacionarse también con quienes no votaron por el partido vencedor. La legitimidad electoral permite conducir el Gobierno, pero la construcción de acuerdos exige escuchar objeciones, responder con argumentos y admitir correcciones. Una observación atendible conserva su valor aunque provenga del adversario más incómodo. John Stuart Mill defendió en Sobre la libertad el valor de confrontar las propias convicciones con las razones contrarias: esa confrontación permite corregir errores y comprender mejor incluso aquello en lo que tenemos razón. Escuchar es, por ello, una forma de mejorar el juicio político.

La oposición, por su parte, debe preservar su independencia y ejercerla con responsabilidad. Puede rechazar una propuesta y explicar sus razones; también puede respaldar una medida útil sin convertirse en aliada del Gobierno. Cuando todo se evalúa según quién obtiene el beneficio político, las necesidades ciudadanas quedan subordinadas a la competencia partidaria. Fiscalizar exige rigor; oponerse exige ofrecer razones. La independencia se demuestra en la capacidad de juzgar cada propuesta con criterios propios y sostener ese juicio ante la ciudadanía.

El debate sobre la delegación de facultades permite plantear una cuestión central: cada materia debe evaluarse por su contenido, sus límites y sus consecuencias. Convertir un conjunto de medidas en una prueba de lealtad al Ejecutivo dificulta distinguir lo necesario de lo discutible. También lo dificulta rechazarlo íntegramente por su origen. Una negociación responsable debe identificar coincidencias, precisar controles y reservar para una discusión más amplia aquello que todavía no reúne respaldo suficiente.

Aprobar un acuerdo parcial puede representar un avance valioso. Si existen coincidencias sobre determinadas medidas, corresponde trabajar para concretarlas y continuar deliberando sobre las restantes. La búsqueda de una victoria total puede terminar sacrificando soluciones posibles. La firmeza política debe expresarse en los objetivos que se defienden y en la capacidad de encontrar caminos viables para alcanzarlos. Una sociedad plural puede compartir decisiones concretas sin que sus integrantes renuncien a sus diferencias más profundas.

El lenguaje importa. Las amenazas, los insultos y las asociaciones descalificadoras con el terrorismo deterioran las condiciones del debate. También las acusaciones indiscriminadas que atribuyen intenciones autoritarias a cualquier discrepancia. Una vez que se niega legitimidad al interlocutor, resulta más difícil reconocer sus aportes o modificar una posición sin que ello parezca una rendición. Hablar con respeto facilita discutir con mayor profundidad y exigir mejores respuestas. El deber de civilidad que plantea John Rawls, referido especialmente a las cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica, ofrece un fundamento para esta exigencia: justificar las posiciones mediante razones públicas y estar dispuesto a escuchar las de los demás. La cortesía importa, pero la responsabilidad democrática exige también ese esfuerzo de justificación.

Sin embargo, el consenso también necesita límites y transparencia. Los acuerdos deben poder explicarse públicamente por sus beneficios, sus costos y las garantías que incorporan. El reparto de posiciones, la protección recíproca o el debilitamiento de los controles no adquieren legitimidad por reunir muchos votos. El valor democrático de un acuerdo depende tanto de su contenido como de la forma en que se construye. Una mayoría puede zanjar una votación; su fuerza numérica no basta para justificar una injusticia ni para sustraer sus decisiones al escrutinio ciudadano.

Por eso, dialogar requiere un método: interlocutores con capacidad de negociar, observaciones sustentadas, respuestas concretas, trabajo técnico entre bancadas y compromisos verificables. Requiere además reconocer las diferencias que persisten. Buscar consenso obliga a realizar un esfuerzo serio por acercar posiciones; cuando ese esfuerzo no alcanza, corresponde decidir mediante el voto y respetar el resultado, conservando el derecho a la crítica y al control. El desacuerdo seguirá formando parte de la democracia. La calidad de sus instituciones se revela en la manera de encauzarlo y en su disposición a revisar las decisiones cuando existan razones para hacerlo.

Las familias que esperan seguridad, atención de salud, educación y oportunidades tienen razones para exigir un Parlamento capaz de producir decisiones útiles. Oficialismo y oposición deben demostrar que pueden discrepar con firmeza, tratarse con respeto y cooperar cuando el interés público lo exige. La autoridad política también se construye escuchando, corrigiendo y cumpliendo acuerdos. Dialogar supone reconocer que ninguna bancada agota la voz de la ciudadanía y que toda decisión pública merece razones que puedan defenderse ante ella. Esa es una obligación democrática que ninguna bancada debería eludir.

Bicameralidad, equilibrio político y responsabilidad nacional

Por Wens Silvestre

La elección de Miguel Torres, representante de Fuerza Popular, como presidente del Senado y titular del Congreso para el periodo 2026-2027, así como la elección de Oscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, al frente de la Cámara de Diputados, expresa una realidad política que marcará el inicio del nuevo periodo gubernamental: el poder parlamentario estará distribuido entre fuerzas distintas y ninguna podrá imponer unilateralmente su agenda.

El resultado, especialmente ajustado en el Senado, no debe interpretarse únicamente como una victoria del oficialismo o de la oposición. Constituye, principalmente, una señal de fragmentación, equilibrio precario y necesidad de concertación. La nueva bicameralidad peruana iniciará su funcionamiento bajo una correlación política que puede convertirse tanto en una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas como en una fuente permanente de bloqueo e inestabilidad. 

El primer escenario posible es el de la cooperación democrática. En este supuesto, la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara de Diputados reconocen que sus responsabilidades trascienden los intereses partidarios. Ambas cámaras podrían establecer mecanismos de coordinación, definir prioridades legislativas comunes y garantizar que la revisión senatorial contribuya a mejorar las leyes aprobadas por los diputados. Esta sería la expresión más saludable de la bicameralidad: una Cámara de Diputados cercana a las demandas políticas y territoriales de la ciudadanía, y un Senado orientado a la reflexión, revisión y corrección técnica de las decisiones legislativas.

Este escenario exige madurez política. El diálogo no significa renunciar a las diferencias ni eliminar la fiscalización. Significa reconocer que existen materias que no pueden ser tratadas como patrimonio de una bancada, de un gobierno o de una coalición electoral. La seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la calidad de la educación, el acceso a la salud, la descentralización, la protección ambiental, la prevención de desastres y la reactivación económica son asuntos nacionales. Sobre ellos debe construirse una agenda mínima de entendimiento.

Un segundo escenario es el de la confrontación permanente. La Cámara de Diputados, conducida por una fuerza opositora, podría utilizar intensivamente sus atribuciones de control político para interpelar, censurar o investigar a ministros y funcionarios. A su vez, el Senado, con una conducción cercana al Gobierno, podría revisar, modificar o rechazar sistemáticamente las iniciativas provenientes de los diputados. En ese contexto, cada cámara actuaría no como parte de un mismo Poder Legislativo, sino como una trinchera política enfrentada a la otra.

Las consecuencias serían graves. Las reformas urgentes se postergarían, la producción legislativa perdería eficacia y la ciudadanía percibiría que la bicameralidad solo ha duplicado los espacios de conflicto. El Congreso podría quedar atrapado en una sucesión de acusaciones, censuras, investigaciones y respuestas defensivas, mientras los problemas reales del país permanecen sin solución. La confrontación podría incluso trasladarse a la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, elevando el riesgo de una crisis de gobernabilidad.

Un tercer escenario es el de la negociación particularista. En lugar de acuerdos públicos sobre políticas nacionales, podrían desarrollarse negociaciones fragmentadas para distribuir presidencias de comisiones, cargos, presupuestos, nombramientos o beneficios territoriales. Este tipo de transacción puede producir una estabilidad aparente, pero debilita la legitimidad institucional y alimenta la percepción de que la política sirve para atender intereses de grupo.

El peligro no radica en negociar. La política democrática requiere negociación. El problema surge cuando los acuerdos se realizan sin transparencia, sin criterios técnicos y sin una orientación hacia el bien común. La concertación legítima debe permitir construir soluciones nacionales; el reparto particularista convierte las decisiones públicas en instrumentos de intercambio entre élites políticas.

También es posible un cuarto escenario: la fragmentación de las alianzas. Las coaliciones que permitieron elegir a las mesas directivas podrían no mantenerse unidas durante todo el periodo parlamentario. Las diferencias ideológicas, regionales y programáticas aparecerán con mayor claridad cuando se debatan reformas económicas, políticas sociales, cuestiones constitucionales, designaciones de altas autoridades o decisiones presupuestarias. En ese caso, los presidentes de ambas cámaras deberán actuar como articuladores y no únicamente como representantes de sus organizaciones políticas.

Miguel Torres enfrentará una responsabilidad especialmente delicada. Como presidente del Senado y del Congreso, deberá demostrar que puede diferenciar su pertenencia partidaria de su función institucional. Su papel no debe ser proteger al Gobierno frente al control parlamentario ni bloquear automáticamente las iniciativas de la oposición. Le corresponde garantizar el respeto a las minorías, promover una deliberación ordenada y preservar la autonomía de ambas cámaras.

Oscar Reto Otero, por su parte, tendrá el desafío de conducir una Cámara de Diputados con capacidad de control político, pero también con la obligación de legislar responsablemente. La oposición no debe confundirse con la obstrucción. Fiscalizar es exigir información, verificar responsabilidades y corregir decisiones públicas; no convertir cada discrepancia en una crisis ministerial. Una Cámara que abuse de la censura o de la investigación puede terminar debilitando su propia legitimidad.

El país necesita que ambas autoridades comprendan que el éxito del nuevo Congreso bicameral no será medido por la cantidad de leyes aprobadas, de ministros censurados o de adversarios derrotados. Será evaluado por su capacidad para ofrecer estabilidad, producir normas de calidad, controlar democráticamente al poder y responder a los problemas concretos de la población.

Por ello, resulta indispensable acordar una agenda nacional para el periodo 2026-2027. Esta agenda debería contener prioridades limitadas, verificables y acompañadas de plazos, responsables e indicadores. No se requiere un pacto que elimine la oposición ni una alianza que uniformice las posiciones políticas. Se necesita un compromiso básico que permita distinguir entre los asuntos legítimamente sometidos a competencia partidaria y aquellos que exigen respuestas de Estado.

La seguridad, el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción, la educación, la salud, el cierre de brechas de infraestructura, la atención de las regiones, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento institucional no pueden depender exclusivamente de la agenda de un partido. Tampoco pueden ser utilizados como instrumentos de presión o propaganda.

La nueva bicameralidad tendrá sentido únicamente si mejora la representación, la deliberación y la calidad normativa. Si se convierte en una duplicación de burocracias, enfrentamientos y privilegios, la ciudadanía cuestionará rápidamente su utilidad. La responsabilidad de evitarlo recae tanto en el oficialismo como en la oposición.

El Perú no necesita un Senado al servicio del Gobierno ni una Cámara de Diputados dedicada a bloquearlo. Necesita un Congreso capaz de controlar sin destruir, legislar sin improvisar y negociar sin subordinar el interés general a conveniencias particulares.

La oportunidad histórica está abierta. La distribución del poder obliga al diálogo. Convertir esa obligación en una verdadera cultura de consenso será la principal prueba política del nuevo periodo parlamentario.