El negocio del estruendo

Trump, el poder y los intereses que prosperan detrás de la política del enemigo

Por Wens Silvestre

El mayor error al analizar a Donald Trump consiste en atribuir todo lo que hace a un temperamento incontrolable. Sus insultos, amenazas, contradicciones y repentinos cambios de posición pueden parecer manifestaciones espontáneas de una personalidad dominada por la ira y la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, considerados en conjunto, revelan un método de ejercicio del poder: mantener a la sociedad en conflicto permanente, convertir al adversario en enemigo y acaparar la atención pública mientras se transforma silenciosamente la relación entre el Estado, la política y los negocios privados.

No existe evidencia suficiente para afirmar que cada exabrupto de Trump haya sido cuidadosamente programado para encubrir una operación económica determinada. Sostenerlo sería sustituir el análisis por una teoría conspirativa. Pero sí existe evidencia para plantear algo más grave: el ruido político facilita un sistema en el que la familia presidencial, sus aliados, determinados donantes y empresas reguladas pueden obtener beneficios, mientras los mecanismos de fiscalización son debilitados, intimidados o desacreditados. 

El insulto es la parte visible. La captura del Estado y la monetización de la proximidad al poder constituyen el problema de fondo.

La distracción como método político

Trump comprendió, antes que muchos políticos tradicionales, que en la nueva economía de la atención no siempre es necesario convencer: basta con dominar la conversación. Una amenaza contra un país, una descalificación a un periodista o la invención de un nuevo enemigo desplazan de inmediato otros asuntos de la agenda pública.

Una investigación publicada en Nature Communications, basada en su primera presidencia, encontró que un aumento de la cobertura mediática sobre asuntos potencialmente perjudiciales para Trump iba seguido de una intensificación de sus mensajes sobre otros temas y, posteriormente, de una disminución de aquella cobertura incómoda. El estudio no demuestra que cada mensaje fuera deliberadamente calculado, pero sí identificó un patrón compatible con una estrategia de distracción mediática.

Este procedimiento no solo desvía la atención: también agota a la sociedad. Cuando cada día trae consigo un nuevo motivo de indignación, los ciudadanos pierden capacidad para distinguir entre un insulto, una amenaza constitucional, una guerra, un contrato público y un negocio familiar. La saturación acaba por normalizar lo extraordinario.

La retórica del enemigo cumple, además, una función defensiva. Si jueces, fiscales, periodistas, científicos, universidades o legisladores son presentados de antemano como corruptos, antipatriotas o integrantes de una conspiración, cualquier investigación que emprendan puede desacreditarse como persecución política.

De ese modo, Trump presenta la rendición de cuentas como un ataque contra sus seguidores. La identificación emocional con el líder hace que las acusaciones no necesariamente reduzcan su apoyo: incluso pueden reforzarlo.

Su discurso configura una comunidad unida menos por un proyecto económico coherente que por adversarios compartidos: inmigrantes, universidades, medios de comunicación, funcionarios profesionales, jueces, opositores políticos, gobiernos extranjeros e incluso empresas que se niegan a adoptar el vocabulario presidencial.

No todos los simpatizantes de Trump comparten sus excesos. Algunos lo apoyan por sus posiciones sobre impuestos, inmigración, conservadurismo judicial, seguridad o rechazo a las élites tradicionales. Pero cuando la adhesión partidaria conduce a justificar el uso del Estado contra los adversarios, el respaldo a determinadas políticas se convierte en tolerancia frente al abuso de poder.

Una presidencia que también es un negocio

Durante su segundo mandato, la dimensión económica del fenómeno Trump ha adquirido una magnitud difícilmente comparable con la de cualquier presidente estadounidense contemporáneo.

Su declaración financiera correspondiente a 2025 registró más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de criptomonedas: casi 800 millones vinculados a World Liberty Financial y 635 millones provenientes de la moneda digital Trump. Reuters estimó que la familia habría obtenido al menos 2.300 millones de dólares de sus principales proyectos criptográficos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

La administración sostiene que no existe conflicto porque los negocios están administrados por sus hijos. Sin embargo, Trump sigue siendo beneficiario de los activos colocados en el fideicomiso. No se trata de un fideicomiso ciego ni de una auténtica separación patrimonial. El presidente continúa enriqueciéndose en un mercado sobre el cual su gobierno adopta decisiones regulatorias, reduce las acciones de fiscalización y promueve políticas favorables.

Esta superposición convierte al presidente, simultáneamente, en gobernante, regulador, promotor y beneficiario.

Los vínculos internacionales profundizan la preocupación. MGX, empresa controlada por Abu Dabi y presidida por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, utilizó 2.000 millones de dólares de la moneda estable USD1 —emitida por World Liberty Financial— para efectuar una inversión en Binance. Las reservas que respaldan esa moneda generan intereses para entidades afiliadas, entre ellas una participada por la Trump Organization.

Una revisión de las cincuenta mayores billeteras de World Liberty identificó que treinta y seis parecían estar vinculadas con compradores extranjeros. Esto no prueba, por sí solo, la existencia de un pago ilícito, pero abre un canal por el que actores extranjeros sujetos a decisiones diplomáticas, comerciales o regulatorias de Estados Unidos pueden transferir valor a una empresa que beneficia a la familia presidencial.

También hay secuencias de hechos que exigen investigación.

El empresario del sector de las criptomonedas Justin Sun compró 75 millones de dólares en tokens de World Liberty. Poco después de que ampliara su inversión, la Comisión de Bolsa y Valores suspendió el proceso que mantenía contra él.

Crypto.com donó alrededor de 11 millones de dólares a organizaciones políticas vinculadas a Trump. La investigación federal que afrontaba fue archivada posteriormente, y la empresa anunció una operación de aproximadamente 1.000 millones de dólares con Trump Media.

Binance participó en la operación realizada mediante USD1. Posteriormente, Trump indultó a su fundador, Changpeng Zhao, condenado por incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Ninguno de estos hechos demuestra, por separado, un intercambio corrupto. Las empresas y la Casa Blanca niegan cualquier vinculación impropia. Sin embargo, la reiteración de operaciones en las que una contraparte regulada beneficia económicamente al entorno presidencial y después recibe una decisión gubernamental favorable constituye una señal suficientemente seria como para exigir documentos, comunicaciones internas y testimonios bajo juramento.

Esta expansión alcanza también a la defensa, los drones y la inteligencia artificial. El fondo 1789 Capital, del que Donald Trump Jr. es socio, invirtió en Vulcan Elements; tres meses después, se anunció un préstamo de 620 millones de dólares del Pentágono. El fondo también respalda a Reflection AI, seleccionada para operar en redes militares clasificadas.

Empresas de drones relacionadas, directa o indirectamente, con Donald Trump Jr. y Eric Trump han buscado financiamiento público, obtenido contratos o proyectado negocios con el Pentágono y gobiernos extranjeros. Los hijos del presidente afirman actuar como inversionistas pasivos. Pero, precisamente porque se trata de sectores dependientes de decisiones gubernamentales, esa pasividad debe comprobarse y no simplemente presumirse.

Jared Kushner representa otro punto de intersección. Su empresa Affinity Partners administra capital procedente de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras él participa como enviado estadounidense en negociaciones diplomáticas, aunque sin ser formalmente empleado federal. Su abogado sostiene que no ha infringido ninguna norma aplicable. Sin embargo, el problema ético persiste: quien negocia en nombre de Estados Unidos mantiene, al mismo tiempo, intereses financieros relacionados con los gobiernos ante los cuales negocia.

A ello se añade la relación con el sector petrolero. Durante la campaña de 2024, Trump pidió a ejecutivos del petróleo y el gas reunir 1.000 millones de dólares para respaldar su candidatura, mientras ofrecía eliminar regulaciones, acelerar permisos y proteger beneficios tributarios. Una investigación de senadores demócratas sostiene que, posteriormente, el sector recibió cientos de miles de millones de dólares en ventajas fiscales, subsidios y desregulación. La Casa Blanca rechaza que haya existido un acuerdo corrupto.

Una vez más, la coincidencia no constituye por sí sola una prueba penal. Pero sería irresponsable que el Congreso dejara de investigar si existió correspondencia entre aportes, promesas y decisiones oficiales.

Cuando la amenaza se convierte en acción pública

La cuestión ya no se limita a los negocios ni a los discursos.

Una investigación de Reuters documentó, hasta noviembre de 2025, por lo menos 470 personas, empresas e instituciones objeto de represalias durante el segundo mandato de Trump. Entre ellas figuraban fiscales, agentes federales, funcionarios, militares, universidades, medios de comunicación y bufetes de abogados. Reuters identificó cientos de acciones punitivas, decenas de amenazas y diversos casos de organizaciones que modificaron sus políticas para evitar sanciones gubernamentales.

Cuatro grandes bufetes obtuvieron sentencias favorables de jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, quienes concluyeron que las órdenes dirigidas contra ellos vulneraban derechos constitucionales. Otros despachos optaron por negociar y comprometer servicios jurídicos gratuitos alineados con las prioridades de la administración.

El gobierno reconoció ante los tribunales que canceló 7.600 millones de dólares destinados a casi trescientos proyectos de energía limpia situados en dieciséis estados que habían votado por Kamala Harris. Las cancelaciones no se basaron en el costo ni en el desempeño individual de cada proyecto, sino en la identidad política de los estados beneficiarios.

Harvard afronta la pérdida de más de 2.000 millones de dólares tras resistirse a exigencias ideológicas de la Casa Blanca. Medios como CNN, MS NOW y Politico han acudido a los tribunales para impugnar su exclusión de espacios presidenciales debido a coberturas que Trump considera hostiles.

Más recientemente, recursos públicos originalmente destinados a fines de seguridad se utilizaron para financiar anuncios televisivos que exaltaban personalmente al presidente en vísperas de las elecciones legislativas. Tras los cuestionamientos de ambos partidos, Trump anunció que los nuevos anuncios serían financiados por una organización política, pero la Casa Blanca no ofreció devolver lo ya gastado por el Estado.

La administración sostiene que cumple el mandato recibido de los electores y corrige la instrumentalización política ocurrida durante gobiernos anteriores. Sin embargo, un mandato electoral autoriza a desarrollar políticas públicas; no a convertir presupuestos, investigaciones, contratos, subvenciones o agencias federales en instrumentos de lealtad personal.

En el ámbito exterior se advierte el mismo patrón transaccional. Las amenazas arancelarias, las presiones sobre los aliados, las pretensiones sobre Groenlandia, el condicionamiento de la protección militar y la guerra con Irán han debilitado la previsibilidad estadounidense.

La guerra contra Irán se inició sin autorización legislativa expresa. La Cámara de Representantes aprobó una resolución destinada a exigir esa autorización, pero el Senado la rechazó por apenas 50 votos contra 49. La continuidad de un conflicto de semejante magnitud, más allá del plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, plantea la apropiación presidencial de una competencia que la Constitución atribuye al Congreso.

Esa incertidumbre tiene un costo. Eleva los precios de los combustibles, altera las cadenas de suministro, desalienta inversiones y obliga a aliados y empresas a incorporar una prima de riesgo político. Mientras algunos exportadores, contratistas de defensa, especuladores o inversionistas cercanos al poder pueden beneficiarse, el costo termina trasladándose a los ciudadanos mediante inflación, impuestos, deuda y menor estabilidad económica.

Los escenarios que enfrenta el régimen Trump

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 serán decisivas. Una encuesta Reuters/Ipsos situó la aprobación presidencial en alrededor del 32 %, mientras cerca del 65 % desaprobaba su gestión. Reuters encontró, además, que aproximadamente dos tercios de los candidatos republicanos que competían en circunscripciones reñidas procuraban distanciarse de Trump en asuntos como la guerra con Irán, los precios y determinados proyectos tecnológicos.

Las encuestas no equivalen a resultados electorales, pero muestran el desgaste de la coalición presidencial. De esos comicios pueden surgir cuatro escenarios.

Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump interpretará la victoria como una ratificación de su estrategia. Seguirá contando con un Congreso poco inclinado a investigarlo y aumentará la presión sobre tribunales, medios, universidades y gobiernos estatales. Los principales controles quedarían en manos del Poder Judicial, los estados, la prensa y la sociedad civil.

Si los demócratas conquistan solamente la Cámara de Representantes, podrán presidir comisiones, emitir citaciones, exigir documentos y abrir una investigación formal de impeachment. Sería el escenario más probable para examinar los negocios familiares, contratos, indultos, decisiones regulatorias y financiamiento extranjero. No obstante, una acusación aprobada por la Cámara difícilmente conduciría a la destitución sin una ruptura significativa dentro del Partido Republicano, pues el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.

Si los demócratas ganan únicamente el Senado, no podrán iniciar por sí solos un impeachment, facultad exclusiva de la Cámara de Representantes. Pero controlarían las confirmaciones, las investigaciones senatoriales y parte del proceso presupuestario, y podrían dificultar el nombramiento de funcionarios dispuestos a ejecutar represalias políticas.

Si la oposición obtiene ambas cámaras, se abriría el escenario de mayor fiscalización. Podrían desarrollarse simultáneamente investigaciones sobre corrupción, guerra, libertades civiles, utilización electoral del presupuesto y negocios familiares. Incluso entonces, la destitución seguiría requiriendo votos republicanos. El impeachment no puede ser una simple operación matemática de la oposición: exige construir pruebas capaces de atravesar la frontera partidaria.

El representante Steve Cohen presentó en septiembre veintiséis artículos de impeachment relacionados con el abuso de poder, la violación del juramento presidencial, la utilización corrupta del indulto y posibles infracciones de las cláusulas de emolumentos. Días antes, otra resolución había sido archivada por 232 votos contra 147, con la participación de legisladores demócratas que consideraron insuficiente la investigación previa.

Esa objeción es razonable, pero no puede convertirse en pretexto para la pasividad. Si faltan pruebas, corresponde investigarlas. Si existen conflictos de interés, hay que identificar a los beneficiarios. Si hay decisiones regulatorias sospechosamente coincidentes con pagos o inversiones, debe reconstruirse la cronología. Y si las acusaciones resultan infundadas, también debe decirse públicamente.

La obligación constitucional del Congreso

El impeachment no fue concebido para sancionar malos modales, discursos ofensivos o políticas equivocadas. Fue establecido para enfrentar la traición, el soborno y otros altos delitos y faltas, categoría que la tradición constitucional estadounidense vincula con el abuso de poder, la corrupción del cargo, la usurpación de competencias y las violaciones graves de la confianza pública.

El Congreso no está obligado a condenar antes de investigar. Pero sí tiene la obligación institucional de fiscalizar cuando existe evidencia razonable de que el presidente podría estar utilizando el poder público para obtener beneficios privados, castigar a adversarios o erosionar deliberadamente los controles constitucionales.

Una investigación seria debería identificar a los verdaderos compradores de los activos digitales de Trump; requerir las comunicaciones entre la Casa Blanca y la SEC, el Departamento de Justicia, el Pentágono, el Departamento de Estado y otras agencias; reconstruir las operaciones de las empresas vinculadas a sus familiares; establecer si existieron recusaciones; y contrastar los pagos, donaciones e inversiones con las decisiones públicas que beneficiaron a sus protagonistas.

Solo después correspondería formular artículos de impeachment concretos y susceptibles de ser probados. Una acusación excesivamente extensa, que mezcle corrupción, disputas ideológicas y declaraciones ofensivas, podría facilitar la defensa política de Trump. Sería preferible concentrarse en conductas claramente vinculadas con el abuso del poder presidencial, las represalias oficiales, la apropiación de competencias del Congreso, el uso partidario de fondos públicos y los eventuales beneficios privados derivados de actos oficiales.

Los republicanos deberían comprender que el poder que hoy permiten utilizar contra los adversarios de Trump podría ser empleado mañana por un presidente demócrata contra ellos. Los demócratas, por su parte, deberían entender que el impeachment no puede reducirse a un instrumento electoral ni a una demostración de indignación.

La pregunta no es si Donald Trump resulta desagradable, autoritario o moralmente inaceptable. La pregunta constitucional es si está utilizando la Presidencia para transformar la autoridad pública en poder personal y, a su vez, el poder personal en beneficio económico.

Esperar una confesión explícita sería ingenuo. Acusar sin pruebas concluyentes sería irresponsable. Pero negarse a investigar ante la acumulación de indicios supone una renuncia del Congreso a su función esencial.

Trump puede ser el protagonista más visible, pero el futuro de la democracia estadounidense dependerá también de quienes tienen la responsabilidad de controlarlo. El verdadero peligro comienza cuando legisladores, empresarios, universidades, medios y funcionarios concluyen que es más rentable obedecer al presidente que exigirle cuentas.

Cuando el miedo se convierte en criterio administrativo, la adulación en ventaja competitiva y la proximidad al gobernante en modelo de negocio, la democracia conserva sus instituciones sobre el papel, pero comienza a perderlas en la realidad.

Referencias

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