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martes, 6 de agosto de 2024

Minería informal e ilegal en Huanta: una amenaza oculta

Por Wens Silvestre

La reciente ola de protestas en Huanta y sus distritos vecinos, Luricocha, Iguain y Huamanguilla, pone de manifiesto un problema que ha estado latente durante demasiado tiempo: la devastadora actividad de la minería informal e ilegal en las cabeceras de cuenca. Estas protestas no solo son una respuesta desesperada ante la contaminación y destrucción de recursos hídricos vitales, sino también un grito de auxilio de comunidades que ven amenazada su subsistencia diaria. 

Las lagunas de Razuhuillca, ubicadas en las cabeceras de la microcuenca de Huanta, son la principal fuente de agua para más de 60 mil personas que dependen de ella para consumo humano y agrícola. La provincia de Huanta, con una población estimada de 113,291 habitantes en 2021, donde el 65% reside en áreas rurales, depende mayoritariamente de la agricultura y ganadería. La minería ilegal, sin embargo, viene contaminando estas fuentes de agua probablemente con metales pesados como el mercurio y el cianuro, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de toda la comunidad.

La minería en cabeceras de cuenca altera significativamente los ciclos hidrológicos, desviando ríos y causando erosión y sedimentación que destruyen hábitats naturales y reducen la calidad del agua. Estos efectos son especialmente devastadores en ecosistemas tan frágiles como los andinos, donde la pérdida de biodiversidad es una consecuencia inevitable.

Además, el cambio climático añade otra capa de vulnerabilidad. El retroceso de glaciares, como el del nevado Razuhuillca, exacerbado por la minería y el calentamiento global, reduce las reservas de agua dulce, fundamentales para el valle. En épocas de lluvias, la limitada infraestructura para almacenar agua resulta en una pérdida significativa de este recurso, mientras que, en temporadas secas, la escasez se siente aún más agudamente.

El Estado peruano ha intentado, sin éxito, formalizar la minería informal e ilegal a través de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin embargo, las sucesivas extensiones de plazo han permitido que la minería informal e ilegal continúe operando sin cumplir con los requisitos de formalización. Esto no solo perpetúa la destrucción ambiental, sino que también evidencia una debilidad en la gobernanza y aplicación de la ley.

Las protestas en Huanta no son simplemente una queja; son una declaración de derechos. Las comunidades tienen el derecho a ser consultadas y a participar en la toma de decisiones que afectan su entorno y su calidad de vida. La falta de consulta y la imposición de actividades mineras en sus territorios sin su consentimiento son una violación de sus derechos fundamentales.

Para abordar esta crisis, es esencial que el gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas concretas. Esto incluye establecer y hacer cumplir leyes ambientales más estrictas, mejorar las capacidades de monitoreo y control, promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La huelga de las organizaciones sociales de Huanta refleja una demanda legítima y urgente por la protección de sus recursos hídricos y la defensa de sus derechos frente a las actividades mineras ilegales e informales. Es fundamental que las autoridades actúen con determinación para resolver este conflicto, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.

jueves, 15 de agosto de 2019

Tía María: Impacto en la economía nacional

Por: Wens Silvestre

Según el Marco Macroeconómico Multianual 2019-2022, el subsector minería metálica, contribuye con el PBI en alrededor de 12,1%.  Para el presente año, dicho sector tenía proyectado crecer en 3,0%. En esa línea, el PBI para el 2019 crecería en 4,2%, sin embargo, esta cifra se ha ido reduciendo, así por ejemplo, para el FMI la economía peruana reajustó su proyección de crecimiento a 3,5% (julio). Podemos afirmar que esta proyección irá reajustándose y tendiendo a una tasa mucho menor de crecimiento en los próximos meses, más aun considerando las cifras publicadas por el INEI, registrando un crecimiento de 2,62% en junio,  y en lo que va del primer semestre apenas creció en 1,73%.

El fundamento principal para el crecimiento de la economía durante el 2019 se sostendría en el alza de la demanda interna, principalmente por el impulso de la inversión privada, sostenido por el incremento de las inversiones mineras, que a su vez, se alimentaría por la construcción de proyectos ya avanzados como las ampliaciones de Toquepala y Marcona, y las obras preliminares de los nuevos proyectos como Quellaveco, Mina Justa y la ampliación de Toromocho.

Ahora bien, la dinámica del sector minero arrastraría a otros sectores como construcción, transportes y servicios. Sin embargo, el impacto de las medidas incoherentes del Poder Ejecutivo, en relación a la licencia de construcción de la planta de beneficio del proyecto denominado “Tía María” ubicada en la provincia de Islay, departamento de Arequipa, ha generado una situación de grave incertidumbre al sector minero del país.

El primer impacto de contagio se viene dando en el proyecto Quellaveco (Moquegua). Las inversiones en las actividades de exploración se vienen reduciendo.  Según el propio MINEM, las inversiones en exploración durante el primer semestre del presente año, se han reducido en 17% respecto al mismo periodo del año 2018. Cabe hacer notar que en los últimos 7 años, la inversión en exploración minera cayó en 54%.

Como consecuencia del caso Tía María y, ahora Quellaveco, el escenario para las inversiones mineras es, por lo menos, incierta. Pero, su impacto en la economía se hará notar probablemente también en las cuentas fiscales, al paralizarse las inversiones en exploración y en la construcción de nuevas y ampliaciones de plantas de beneficio, que a su vez genera un efecto dominó en otros sectores de la economía nacional que contribuyen al fisco.

El mal precedente generado por las afirmaciones del presidente Vizcarra, es más que un exabrupto y debe ser evaluado desde un punto de vista político así como legal. Lo concreto es que no actúa como jefe de Estado. Sus afirmaciones pueden ser tomadas por la empresa Southern Perú como injerencia y abuso de poder, dado que el presidente de la República es el primer ciudadano que le correspondía cumplir y hacer cumplir la Constitución y los tratados, leyes y demás disposiciones legales[1], y sus afirmaciones no se condicen con este mandado constitucional. En ese contexto, la empresa minera puede iniciar un proceso legal, como ya lo anunció en un comunicado, ante las instancias correspondientes, cuyo resultado podría ser oneroso para el Estado peruano.

De igual manera, es un hecho que los efectos de las indecisiones del Gobierno en el sector minero, traerá consigo efectos en la economía en su conjunto. Los agentes económicos se mostrarán pesimistas y las inversiones en sectores como construcción y transporte y otros relacionados al sector minero se verán afectadas. Por otro lado, el PBI de las regiones del sur, ya están siendo perjudicadas, principalmente el departamento de Arequipa. Así, según la Cámara de Comercio de Arequipa, difundidas el día de ayer, señala que las pérdidas en el sector exportador de su región y los otros sectores suman hasta la fecha unos US$ 800 millones, en tanto, un 50% de la PEA se vio paralizada por las protestas. Igualmente, un 40% de los ingresos de Arequipa están relacionados al sector minero. En consecuencia, los ingresos fiscales también se verán reducidas.

En contexto, el cálculo del impacto del conflicto social en el sur, tanto en el sector privado como público desde el punto de vista de ingresos y gastos, le corresponde responder al ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, durante su exposición en el Parlamento, el señor Oliva afirmó que las protestas contra el proyecto Tía María no impactaron la actividad económica ni la producción minera del sur del país, aunque reconoció que el paro en Arequipa, sí la afectó económicamente, dejando S/ 250 millones en pérdidas. ¿No, pero sí? Al respecto, el señor Manuel Fumagalli, presidente de la SNMPE, afirmó que las pérdidas sólo en exportaciones de concentrados suman US$ 500 millones, y los bloqueos siguen afectando a Quellaveco. Esta última afirmación tiene una aproximación con la declaración realizada en la víspera por la presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa.

En relación al impacto sobre las inversiones en el sector minero y su relación con la población involucradas le corresponde responder al Ministro de Energía y Minas (este último tiene como misión promover la inversión en su sector).

En ese contexto, quedaron como temas pendientes de una explicación los siguientes puntos:

1.- ¿Cuáles serán las medidas que adoptarán el sector economía para promover las inversiones no solo en el sector minero sino en los otros sectores, para de esa manera salir de la incertidumbre que generó las propias acciones del Poder Ejecutivo, evitando el efecto contagio del conflicto Tía María, pero sobre todo reducir el costo en la economía regional sureña?
2.- ¿Cómo harán para recuperar la confianza de los inversionistas del sector minero en el corto y mediano plazo?
3.- ¿Cuáles serán las medidas fiscales que implementarán para mantener la sostenibilidad fiscal y se mantengan las proyecciones de gasto e ingresos públicos?
4.- En relación específico al sector minero las inversiones mineras el 2014 ascendía a US$ 8 079 millones; durante el 2018, bajó a US$ 4 947 millones, es decir, una caída de 38.8%. En lo que va del 2019, al cierre del primer cuatrimestre, las inversiones mineras sólo registró US$ 1 624 millones. En lo que queda del año, estas inversiones se ralentizarán debido al efecto Tía María, y a la falta de confianza en el sector empresarial ¿qué medidas implementará el Ministerio de Energía y Minas, para garantizar que las inversiones mineras programadas y comprometidas se ejecuten?
5.- Con respecto a las inversiones en exploración minera al primer cuatrimestre registra una caída de 25.2%, respecto al periodo similar del año 2018. Asimismo, es necesario hacer notar que hace cinco años (2014) las inversiones en exploración ascendía a US$ 625,4 millones, sin embargo, al cierre de 2018, esta cifra disminuyó a US$ 412.5 millones, es decir, una caída de 34%. ¿Qué medidas viene implementando su sector para evitar una caída sistemática en la exploración minera?



[1] Artículo 118, Inc. 1. de la Constitución Política del Perú
[2] Gráfico: Crédito Southern

jueves, 30 de mayo de 2013

Perú crecería a un ritmo anual de 6% - 6.5% entre el 2014 - 2016

Por: Wens Silvestre
Según el Marco Macroeconómico Multianual 2014-2016, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante dicho periodo, la economía peruana crecerá a un ritmo de 6,0% - 6,5% anual, como consecuencia de un mayor dinamismo del mercado interno y externo. La demanda interna crecerá a un ritmo de 6,4%, gracias al crecimiento de la inversión privada (10,0%) y la inversión pública (12,5%). Las estimaciones de crecimiento se explican por la recuperación de la economía global, mejores expectativas, bajos costos de financiamiento y mejores perspectivas de la inversión privada. Se espera también una recuperación de las exportaciones (9,3%) principalmente por el crecimiento del sector minero como consecuencia de la puesta en marcha de proyectos mineros que se estima duplicará la producción de cobre al 2016. Por otro lado nuestras importaciones crecerán a un ritmo de 8,7%.

El consumo privado, crecerá a un ritmo de 5,5% anual (2014-2016), impulsado por la expectativa positiva de los consumidores, crecimiento del empleo y el crecimiento de crédito. Los ingresos de los trabajadores continúan con su mejora, en tanto el subempleo continúa su nivel de descenso.

La inversión privada, en tanto los inversores mantengan las expectativas positivas y se ejecuten los programas de inversiones en los diferentes sectores (principalmente en el sector minas destacan los proyectos Las Bambas, ampliación Cerro Verde, Toromocho, Constancia y la ampliación de Marcona), crecerá a un ritmo de 10%. La participación de la inversión con respecto al PBI alcanzaría a 30,2% (2016).

En el sector externo se prevé que nuestras exportaciones crecerán a un ritmo de 9,3% anual (por mayores volúmenes de ventas de cobre) y hacia el 2016 ascendería a US$ 59 mil millones (23,4% PBI). Las importaciones crecerán a un ritmo de 8,7%, sin embargo, representaría el 24,2% del PBI (2016), Estos resultado coadyuvado por el mayor flujo de renta de factores generarán un déficit en cuenta corriente que ascendería a -4,0% del PBI (2016).