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lunes, 12 de octubre de 2026

La paz no se reclama

 La distancia entre las exigencias de Donald Trump y los criterios del Nobel de la Paz

Por Wens Silvestre | 10 de octubre de 2026

Trump puede acreditar mediaciones y acuerdos de alto el fuego. Pero su aspiración al Nobel pierde fuerza ante la guerra que su gobierno mantiene, la protección política de Netanyahu frente a la justicia internacional y sus propias presiones contra países aliados.

Donald Trump ha repetido que merece el Nobel de la Paz y ha sostenido que puso fin a ocho guerras. Para evaluar esa pretensión, importa determinar si su actuación, considerada en conjunto y a la luz de los criterios del galardón, constituye una contribución consistente y duradera a la paz. 

El testamento de Alfred Nobel dispuso que el premio reconociera a quien hubiera realizado el mayor o mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos y la promoción de congresos de paz. La práctica del Comité ha evolucionado, pero la elección de 2026 ofrece una referencia reciente: distinguió a Navi Pillay por sus esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional (Nobel Prize, 2026). No existe un sistema público de puntuación ni una regla que excluya automáticamente a un dirigente por haber usado la fuerza. La evaluación corresponde a un comité independiente, que considera las contribuciones de los candidatos hasta el momento de adoptar su decisión (Nobel Peace Prize Committee, s. f.). 

Tampoco la nominación equivale a un aval. El Comité no verifica de antemano el mérito de cada propuesta, no admite solicitudes personales y mantiene reservados los nombres de nominadores y candidatos durante cincuenta años. Por eso, las cartas de respaldo que Trump invoca o una nominación anunciada por un gobierno no le confieren derecho al premio. La entrega de la medalla por María Corina Machado en enero tampoco le transfirió la condición de laureado: el Comité aclaró que un Nobel no puede compartirse ni transferirse una vez otorgado (Nobel Peace Prize Committee, 2026).

Al valorar sus resultados, Trump merece reconocimiento cuando una intervención suya ayuda a detener combates o facilita la liberación de personas retenidas. Pero ese mérito puntual no acredita que haya puesto fin a ocho guerras. Al revisar en 2025 la afirmación de que había resuelto siete conflictos, PolitiFact encontró un panorama muy distinto: en algunos casos se trataba de ceses del fuego o de disputas sin una guerra activa; en otros, la influencia de Trump era discutida, la violencia continuaba o el desacuerdo seguía abierto. Por eso consideró engañosa su afirmación de haber terminado siete guerras (PolitiFact, 2025).

La distinción importa. Un alto el fuego puede salvar vidas y abrir una puerta diplomática; no equivale por sí mismo a un acuerdo político que resuelva las causas de un conflicto. La atribución del mérito también exige considerar el trabajo de los negociadores, los gobiernos de la región y las organizaciones participantes. El criterio razonable es reconocer la contribución que pueda documentarse y evaluar si sus resultados perduran más allá del anuncio.

Gaza permite apreciar esa diferencia. El alto el fuego negociado en 2025 fue un resultado concreto: detuvo las principales operaciones militares y permitió el retorno de los rehenes que aún seguían retenidos. Esa contribución merece ser reconocida. Pero el acuerdo se negoció durante meses bajo las administraciones de Biden y Trump, con la participación de aliados árabes, y su aplicación posterior no produjo una paz estable. Un año después, el cumplimiento de las disposiciones centrales seguía bloqueado, la reconstrucción apenas avanzaba y continuaban los ataques israelíes; AP informó de más de 1.400 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el balance del Ministerio de Salud de Gaza (Associated Press, 2026a).

La gravedad de lo ocurrido en Gaza exige precisión. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja. Se trata de la conclusión de una comisión investigadora de Naciones Unidas, que debe distinguirse de una sentencia penal definitiva contra Netanyahu. Por separado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad; estas órdenes tampoco equivalen a una condena (OHCHR, 2025; International Criminal Court, 2024).

Frente a ese proceso, Trump no se limitó a discrepar de la jurisdicción de la Corte. En julio de 2026 dijo que la campaña de Estados Unidos contra la CPI buscaba evitar que Netanyahu y otras personas fueran procesados (Reuters, 2026a). La Casa Blanca había sancionado a funcionarios del tribunal y, en octubre, el gobierno amplió las medidas contra la propia institución, con el propósito declarado de cortarle recursos y dificultar su funcionamiento (The White House, 2025; Reuters, 2026b). La administración también invoca la defensa de la soberanía estadounidense; aun así, el apoyo explícito a Netanyahu y el efecto de obstaculizar la rendición de cuentas pesan en la evaluación de su compromiso con una paz fundada en el derecho.

La contradicción es aún más directa en Irán. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques que dieron inicio a la guerra actual. Al cierre de este artículo, el conflicto seguía activo: persistían el bloqueo naval, las amenazas de reanudar ataques y las negociaciones indirectas sin un acuerdo verificable. Trump ha calificado las conversaciones de productivas, aunque también ha rechazado propuestas y mantenido exigencias incompatibles con la posición iraní (Reuters, 2026c; Associated Press, 2026b).

El régimen iraní es autoritario y sus acciones también deben juzgarse. Pero eso no convierte la decisión de Washington de iniciar una guerra en una contribución a la paz ni permite presentar como resuelto un conflicto que continúa. Haber conseguido un cese del fuego en un enfrentamiento previo no borra la responsabilidad por una nueva guerra ni convierte la amenaza de fuerza en un resultado de paz.

La conducta de Trump ante Noruega añade otra dimensión al problema. En enero, después de que ocho países europeos anunciaran su oposición a las amenazas arancelarias vinculadas con Groenlandia, Trump escribió al primer ministro noruego que, al no haber recibido el Nobel, ya no se sentía obligado a pensar exclusivamente en la paz y exigió control total estadounidense sobre la isla. El Gobierno noruego confirmó el mensaje y recordó que el premio lo concede un comité independiente, no el Ejecutivo de Noruega (Norwegian Government, 2026; Associated Press, 2026c).

El episodio no demuestra una presión formal de Trump sobre el Comité, pero sí documenta que vinculó un agravio personal por el Nobel con amenazas comerciales y una pretensión de control territorial sobre Groenlandia. En octubre, tras conocerse la elección de Pillay, volvió a descalificar la decisión y advirtió a Noruega que Estados Unidos no olvidaría lo ocurrido (Reuters, 2026d). Exigir reconocimiento, desacreditar a quien lo recibe y amenazar a un país que no decide el premio cuestiona su respeto por la independencia institucional y por la diplomacia que el galardón pretende reconocer.

Este balance crítico no exige desconocer las mediaciones que Trump haya impulsado. El alto el fuego de Gaza y otros esfuerzos diplomáticos pueden haber producido alivios reales. Pero el Nobel no es una compensación por declaraciones de éxito ni un trofeo que se obtiene por insistencia. La evidencia disponible muestra acuerdos de estabilidad desigual y con distintos grados de participación estadounidense, una tregua en Gaza con un horizonte político estancado, una guerra con Irán iniciada por Washington junto con Israel y una campaña estadounidense que el propio Trump vinculó con la defensa de Netanyahu ante la CPI. 

Por esas razones, su pretensión al Nobel de la Paz de 2026 no se sostiene. Afirmar que se puso fin a una guerra exige demostrar que el cese de las hostilidades perdura, que se protege a la población civil y que la negociación respeta a los demás Estados y las instituciones encargadas de exigir responsabilidades. Cuando el discurso promete paz, pero la acción combina guerra, coerción y presión contra la justicia internacional, esa contradicción debilita el fundamento de su aspiración al premio.


Fuentes consultadas

Associated Press. (2026a, 10 de octubre). A US-brokered ceasefire was supposed to end the war in Gaza. A year later, progress has stalled. Enlace

Associated Press. (2026b, 10 de octubre). Trump and Iran agree on one thing. The US election calendar isn’t driving their decisions on the war. Enlace

Associated Press. (2026c, 19 de enero). Trump ties his stance on Greenland to not getting Nobel Peace Prize. Enlace

International Criminal Court. (2024, 21 de noviembre). Netanyahu. Arrest warrant and alleged crimes. Enlace

Norwegian Government. (2026, 19 de enero). Statement from the Prime Minister on communications with President Donald Trump. Enlace

Nobel Peace Prize Committee. (s. f.). Nomination process and who can be nominated. Enlace

Nobel Peace Prize Committee. (2026, 9 de enero). A Nobel Prize cannot be revoked, shared or transferred. Enlace

Nobel Prize. (s. f.). Facts on the Nobel Peace Prize. Enlace

Nobel Prize. (2026, 9 de octubre). Nobel Peace Prize 2026 press release. Enlace

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025, 16 de septiembre). Israel has committed genocide in the Gaza Strip, UN Commission finds. Enlace

PolitiFact. (2025, 23 de septiembre). At UN, Donald Trump repeats that he ended 7 wars. That’s still misleading. Enlace

Reuters. (2026a, 31 de julio). Trump says ICC campaign aimed at defending Netanyahu, not himself. Enlace

Reuters. (2026b, 9 de octubre). US imposes sanctions on ICC hours after former judge wins Nobel Peace Prize. Enlace

Reuters. (2026c, 8 de octubre). Trump says US will not attack Iran before midterm elections, citing productive talks. Enlace

Reuters. (2026d, 10 de octubre). Trump says Norway has an “indelible stain” for not awarding him Nobel Peace Prize. Enlace

The White House. (2025, 6 de febrero). Imposing sanctions on the International Criminal Court. Enlace

jueves, 8 de octubre de 2026

El negocio del estruendo

Trump, el poder y los intereses que prosperan detrás de la política del enemigo

Por Wens Silvestre

El mayor error al analizar a Donald Trump consiste en atribuir todo lo que hace a un temperamento incontrolable. Sus insultos, amenazas, contradicciones y repentinos cambios de posición pueden parecer manifestaciones espontáneas de una personalidad dominada por la ira y la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, considerados en conjunto, revelan un método de ejercicio del poder: mantener a la sociedad en conflicto permanente, convertir al adversario en enemigo y acaparar la atención pública mientras se transforma silenciosamente la relación entre el Estado, la política y los negocios privados.

No existe evidencia suficiente para afirmar que cada exabrupto de Trump haya sido cuidadosamente programado para encubrir una operación económica determinada. Sostenerlo sería sustituir el análisis por una teoría conspirativa. Pero sí existe evidencia para plantear algo más grave: el ruido político facilita un sistema en el que la familia presidencial, sus aliados, determinados donantes y empresas reguladas pueden obtener beneficios, mientras los mecanismos de fiscalización son debilitados, intimidados o desacreditados. 

El insulto es la parte visible. La captura del Estado y la monetización de la proximidad al poder constituyen el problema de fondo.

La distracción como método político

Trump comprendió, antes que muchos políticos tradicionales, que en la nueva economía de la atención no siempre es necesario convencer: basta con dominar la conversación. Una amenaza contra un país, una descalificación a un periodista o la invención de un nuevo enemigo desplazan de inmediato otros asuntos de la agenda pública.

Una investigación publicada en Nature Communications, basada en su primera presidencia, encontró que un aumento de la cobertura mediática sobre asuntos potencialmente perjudiciales para Trump iba seguido de una intensificación de sus mensajes sobre otros temas y, posteriormente, de una disminución de aquella cobertura incómoda. El estudio no demuestra que cada mensaje fuera deliberadamente calculado, pero sí identificó un patrón compatible con una estrategia de distracción mediática.

Este procedimiento no solo desvía la atención: también agota a la sociedad. Cuando cada día trae consigo un nuevo motivo de indignación, los ciudadanos pierden capacidad para distinguir entre un insulto, una amenaza constitucional, una guerra, un contrato público y un negocio familiar. La saturación acaba por normalizar lo extraordinario.

La retórica del enemigo cumple, además, una función defensiva. Si jueces, fiscales, periodistas, científicos, universidades o legisladores son presentados de antemano como corruptos, antipatriotas o integrantes de una conspiración, cualquier investigación que emprendan puede desacreditarse como persecución política.

De ese modo, Trump presenta la rendición de cuentas como un ataque contra sus seguidores. La identificación emocional con el líder hace que las acusaciones no necesariamente reduzcan su apoyo: incluso pueden reforzarlo.

Su discurso configura una comunidad unida menos por un proyecto económico coherente que por adversarios compartidos: inmigrantes, universidades, medios de comunicación, funcionarios profesionales, jueces, opositores políticos, gobiernos extranjeros e incluso empresas que se niegan a adoptar el vocabulario presidencial.

No todos los simpatizantes de Trump comparten sus excesos. Algunos lo apoyan por sus posiciones sobre impuestos, inmigración, conservadurismo judicial, seguridad o rechazo a las élites tradicionales. Pero cuando la adhesión partidaria conduce a justificar el uso del Estado contra los adversarios, el respaldo a determinadas políticas se convierte en tolerancia frente al abuso de poder.

Una presidencia que también es un negocio

Durante su segundo mandato, la dimensión económica del fenómeno Trump ha adquirido una magnitud difícilmente comparable con la de cualquier presidente estadounidense contemporáneo.

Su declaración financiera correspondiente a 2025 registró más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de criptomonedas: casi 800 millones vinculados a World Liberty Financial y 635 millones provenientes de la moneda digital Trump. Reuters estimó que la familia habría obtenido al menos 2.300 millones de dólares de sus principales proyectos criptográficos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

La administración sostiene que no existe conflicto porque los negocios están administrados por sus hijos. Sin embargo, Trump sigue siendo beneficiario de los activos colocados en el fideicomiso. No se trata de un fideicomiso ciego ni de una auténtica separación patrimonial. El presidente continúa enriqueciéndose en un mercado sobre el cual su gobierno adopta decisiones regulatorias, reduce las acciones de fiscalización y promueve políticas favorables.

Esta superposición convierte al presidente, simultáneamente, en gobernante, regulador, promotor y beneficiario.

Los vínculos internacionales profundizan la preocupación. MGX, empresa controlada por Abu Dabi y presidida por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, utilizó 2.000 millones de dólares de la moneda estable USD1 —emitida por World Liberty Financial— para efectuar una inversión en Binance. Las reservas que respaldan esa moneda generan intereses para entidades afiliadas, entre ellas una participada por la Trump Organization.

Una revisión de las cincuenta mayores billeteras de World Liberty identificó que treinta y seis parecían estar vinculadas con compradores extranjeros. Esto no prueba, por sí solo, la existencia de un pago ilícito, pero abre un canal por el que actores extranjeros sujetos a decisiones diplomáticas, comerciales o regulatorias de Estados Unidos pueden transferir valor a una empresa que beneficia a la familia presidencial.

También hay secuencias de hechos que exigen investigación.

El empresario del sector de las criptomonedas Justin Sun compró 75 millones de dólares en tokens de World Liberty. Poco después de que ampliara su inversión, la Comisión de Bolsa y Valores suspendió el proceso que mantenía contra él.

Crypto.com donó alrededor de 11 millones de dólares a organizaciones políticas vinculadas a Trump. La investigación federal que afrontaba fue archivada posteriormente, y la empresa anunció una operación de aproximadamente 1.000 millones de dólares con Trump Media.

Binance participó en la operación realizada mediante USD1. Posteriormente, Trump indultó a su fundador, Changpeng Zhao, condenado por incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Ninguno de estos hechos demuestra, por separado, un intercambio corrupto. Las empresas y la Casa Blanca niegan cualquier vinculación impropia. Sin embargo, la reiteración de operaciones en las que una contraparte regulada beneficia económicamente al entorno presidencial y después recibe una decisión gubernamental favorable constituye una señal suficientemente seria como para exigir documentos, comunicaciones internas y testimonios bajo juramento.

Esta expansión alcanza también a la defensa, los drones y la inteligencia artificial. El fondo 1789 Capital, del que Donald Trump Jr. es socio, invirtió en Vulcan Elements; tres meses después, se anunció un préstamo de 620 millones de dólares del Pentágono. El fondo también respalda a Reflection AI, seleccionada para operar en redes militares clasificadas.

Empresas de drones relacionadas, directa o indirectamente, con Donald Trump Jr. y Eric Trump han buscado financiamiento público, obtenido contratos o proyectado negocios con el Pentágono y gobiernos extranjeros. Los hijos del presidente afirman actuar como inversionistas pasivos. Pero, precisamente porque se trata de sectores dependientes de decisiones gubernamentales, esa pasividad debe comprobarse y no simplemente presumirse.

Jared Kushner representa otro punto de intersección. Su empresa Affinity Partners administra capital procedente de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras él participa como enviado estadounidense en negociaciones diplomáticas, aunque sin ser formalmente empleado federal. Su abogado sostiene que no ha infringido ninguna norma aplicable. Sin embargo, el problema ético persiste: quien negocia en nombre de Estados Unidos mantiene, al mismo tiempo, intereses financieros relacionados con los gobiernos ante los cuales negocia.

A ello se añade la relación con el sector petrolero. Durante la campaña de 2024, Trump pidió a ejecutivos del petróleo y el gas reunir 1.000 millones de dólares para respaldar su candidatura, mientras ofrecía eliminar regulaciones, acelerar permisos y proteger beneficios tributarios. Una investigación de senadores demócratas sostiene que, posteriormente, el sector recibió cientos de miles de millones de dólares en ventajas fiscales, subsidios y desregulación. La Casa Blanca rechaza que haya existido un acuerdo corrupto.

Una vez más, la coincidencia no constituye por sí sola una prueba penal. Pero sería irresponsable que el Congreso dejara de investigar si existió correspondencia entre aportes, promesas y decisiones oficiales.

Cuando la amenaza se convierte en acción pública

La cuestión ya no se limita a los negocios ni a los discursos.

Una investigación de Reuters documentó, hasta noviembre de 2025, por lo menos 470 personas, empresas e instituciones objeto de represalias durante el segundo mandato de Trump. Entre ellas figuraban fiscales, agentes federales, funcionarios, militares, universidades, medios de comunicación y bufetes de abogados. Reuters identificó cientos de acciones punitivas, decenas de amenazas y diversos casos de organizaciones que modificaron sus políticas para evitar sanciones gubernamentales.

Cuatro grandes bufetes obtuvieron sentencias favorables de jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, quienes concluyeron que las órdenes dirigidas contra ellos vulneraban derechos constitucionales. Otros despachos optaron por negociar y comprometer servicios jurídicos gratuitos alineados con las prioridades de la administración.

El gobierno reconoció ante los tribunales que canceló 7.600 millones de dólares destinados a casi trescientos proyectos de energía limpia situados en dieciséis estados que habían votado por Kamala Harris. Las cancelaciones no se basaron en el costo ni en el desempeño individual de cada proyecto, sino en la identidad política de los estados beneficiarios.

Harvard afronta la pérdida de más de 2.000 millones de dólares tras resistirse a exigencias ideológicas de la Casa Blanca. Medios como CNN, MS NOW y Politico han acudido a los tribunales para impugnar su exclusión de espacios presidenciales debido a coberturas que Trump considera hostiles.

Más recientemente, recursos públicos originalmente destinados a fines de seguridad se utilizaron para financiar anuncios televisivos que exaltaban personalmente al presidente en vísperas de las elecciones legislativas. Tras los cuestionamientos de ambos partidos, Trump anunció que los nuevos anuncios serían financiados por una organización política, pero la Casa Blanca no ofreció devolver lo ya gastado por el Estado.

La administración sostiene que cumple el mandato recibido de los electores y corrige la instrumentalización política ocurrida durante gobiernos anteriores. Sin embargo, un mandato electoral autoriza a desarrollar políticas públicas; no a convertir presupuestos, investigaciones, contratos, subvenciones o agencias federales en instrumentos de lealtad personal.

En el ámbito exterior se advierte el mismo patrón transaccional. Las amenazas arancelarias, las presiones sobre los aliados, las pretensiones sobre Groenlandia, el condicionamiento de la protección militar y la guerra con Irán han debilitado la previsibilidad estadounidense.

La guerra contra Irán se inició sin autorización legislativa expresa. La Cámara de Representantes aprobó una resolución destinada a exigir esa autorización, pero el Senado la rechazó por apenas 50 votos contra 49. La continuidad de un conflicto de semejante magnitud, más allá del plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, plantea la apropiación presidencial de una competencia que la Constitución atribuye al Congreso.

Esa incertidumbre tiene un costo. Eleva los precios de los combustibles, altera las cadenas de suministro, desalienta inversiones y obliga a aliados y empresas a incorporar una prima de riesgo político. Mientras algunos exportadores, contratistas de defensa, especuladores o inversionistas cercanos al poder pueden beneficiarse, el costo termina trasladándose a los ciudadanos mediante inflación, impuestos, deuda y menor estabilidad económica.

Los escenarios que enfrenta el régimen Trump

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 serán decisivas. Una encuesta Reuters/Ipsos situó la aprobación presidencial en alrededor del 32 %, mientras cerca del 65 % desaprobaba su gestión. Reuters encontró, además, que aproximadamente dos tercios de los candidatos republicanos que competían en circunscripciones reñidas procuraban distanciarse de Trump en asuntos como la guerra con Irán, los precios y determinados proyectos tecnológicos.

Las encuestas no equivalen a resultados electorales, pero muestran el desgaste de la coalición presidencial. De esos comicios pueden surgir cuatro escenarios.

Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump interpretará la victoria como una ratificación de su estrategia. Seguirá contando con un Congreso poco inclinado a investigarlo y aumentará la presión sobre tribunales, medios, universidades y gobiernos estatales. Los principales controles quedarían en manos del Poder Judicial, los estados, la prensa y la sociedad civil.

Si los demócratas conquistan solamente la Cámara de Representantes, podrán presidir comisiones, emitir citaciones, exigir documentos y abrir una investigación formal de impeachment. Sería el escenario más probable para examinar los negocios familiares, contratos, indultos, decisiones regulatorias y financiamiento extranjero. No obstante, una acusación aprobada por la Cámara difícilmente conduciría a la destitución sin una ruptura significativa dentro del Partido Republicano, pues el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.

Si los demócratas ganan únicamente el Senado, no podrán iniciar por sí solos un impeachment, facultad exclusiva de la Cámara de Representantes. Pero controlarían las confirmaciones, las investigaciones senatoriales y parte del proceso presupuestario, y podrían dificultar el nombramiento de funcionarios dispuestos a ejecutar represalias políticas.

Si la oposición obtiene ambas cámaras, se abriría el escenario de mayor fiscalización. Podrían desarrollarse simultáneamente investigaciones sobre corrupción, guerra, libertades civiles, utilización electoral del presupuesto y negocios familiares. Incluso entonces, la destitución seguiría requiriendo votos republicanos. El impeachment no puede ser una simple operación matemática de la oposición: exige construir pruebas capaces de atravesar la frontera partidaria.

El representante Steve Cohen presentó en septiembre veintiséis artículos de impeachment relacionados con el abuso de poder, la violación del juramento presidencial, la utilización corrupta del indulto y posibles infracciones de las cláusulas de emolumentos. Días antes, otra resolución había sido archivada por 232 votos contra 147, con la participación de legisladores demócratas que consideraron insuficiente la investigación previa.

Esa objeción es razonable, pero no puede convertirse en pretexto para la pasividad. Si faltan pruebas, corresponde investigarlas. Si existen conflictos de interés, hay que identificar a los beneficiarios. Si hay decisiones regulatorias sospechosamente coincidentes con pagos o inversiones, debe reconstruirse la cronología. Y si las acusaciones resultan infundadas, también debe decirse públicamente.

La obligación constitucional del Congreso

El impeachment no fue concebido para sancionar malos modales, discursos ofensivos o políticas equivocadas. Fue establecido para enfrentar la traición, el soborno y otros altos delitos y faltas, categoría que la tradición constitucional estadounidense vincula con el abuso de poder, la corrupción del cargo, la usurpación de competencias y las violaciones graves de la confianza pública.

El Congreso no está obligado a condenar antes de investigar. Pero sí tiene la obligación institucional de fiscalizar cuando existe evidencia razonable de que el presidente podría estar utilizando el poder público para obtener beneficios privados, castigar a adversarios o erosionar deliberadamente los controles constitucionales.

Una investigación seria debería identificar a los verdaderos compradores de los activos digitales de Trump; requerir las comunicaciones entre la Casa Blanca y la SEC, el Departamento de Justicia, el Pentágono, el Departamento de Estado y otras agencias; reconstruir las operaciones de las empresas vinculadas a sus familiares; establecer si existieron recusaciones; y contrastar los pagos, donaciones e inversiones con las decisiones públicas que beneficiaron a sus protagonistas.

Solo después correspondería formular artículos de impeachment concretos y susceptibles de ser probados. Una acusación excesivamente extensa, que mezcle corrupción, disputas ideológicas y declaraciones ofensivas, podría facilitar la defensa política de Trump. Sería preferible concentrarse en conductas claramente vinculadas con el abuso del poder presidencial, las represalias oficiales, la apropiación de competencias del Congreso, el uso partidario de fondos públicos y los eventuales beneficios privados derivados de actos oficiales.

Los republicanos deberían comprender que el poder que hoy permiten utilizar contra los adversarios de Trump podría ser empleado mañana por un presidente demócrata contra ellos. Los demócratas, por su parte, deberían entender que el impeachment no puede reducirse a un instrumento electoral ni a una demostración de indignación.

La pregunta no es si Donald Trump resulta desagradable, autoritario o moralmente inaceptable. La pregunta constitucional es si está utilizando la Presidencia para transformar la autoridad pública en poder personal y, a su vez, el poder personal en beneficio económico.

Esperar una confesión explícita sería ingenuo. Acusar sin pruebas concluyentes sería irresponsable. Pero negarse a investigar ante la acumulación de indicios supone una renuncia del Congreso a su función esencial.

Trump puede ser el protagonista más visible, pero el futuro de la democracia estadounidense dependerá también de quienes tienen la responsabilidad de controlarlo. El verdadero peligro comienza cuando legisladores, empresarios, universidades, medios y funcionarios concluyen que es más rentable obedecer al presidente que exigirle cuentas.

Cuando el miedo se convierte en criterio administrativo, la adulación en ventaja competitiva y la proximidad al gobernante en modelo de negocio, la democracia conserva sus instituciones sobre el papel, pero comienza a perderlas en la realidad.

Referencias

Associated Press. (2026). Trump administration admits grants for clean energy were canceled based on politics.

Associated Press. (2026). Crypto deal exposes potential conflicts of interest in Trump presidency.

Cohen, S. (2026, 25 de septiembre). Introducing 26 Articles of Impeachment Against President Donald Trump. Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Congress.gov, Constitution Annotated. (s. f.). Historical Background on Impeachable Offenses. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Lewandowsky, S., Jetter, M., & Ecker, U. K. H. (2020). Using the president’s tweets to understand political diversion in the age of social media. Nature Communications, 11, 5764.

Reuters. (2025, 26 de noviembre). Trump’s campaign of retribution: At least 470 targets and counting.

Reuters. (2025, 28 de octubre). Inside the Trump family’s global crypto cash machine.

Reuters. (2026, 9 de junio). Parsing the Trumps’ crypto profits, investors’ losses.

Reuters. (2026, 30 de junio). Trump reports over $1.4 billion in income from crypto ventures.

Reuters. (2026, 24 de septiembre). Trump rolled back regulations for oil company campaign donors, Democrats say.

Reuters. (2026, 24 de septiembre). US Senate rejects resolution curbing Trump’s Iran war powers.

Reuters. (2026, 28 de septiembre). Democrats to probe lucrative Trump family business deals if they win midterms.

Reuters. (2026, 7 de octubre). Democrats sue Trump to halt taxpayer-funded TV ads that praised him.

Reuters. (2026, 8 de octubre). Most Republicans in tight midterm races distance themselves from Trump, Reuters review finds.

U.S. Office of Government Ethics. (1983). President and Vice President not Subject to 18 U.S.C. §§ 202–209.

 

lunes, 4 de mayo de 2026

Cuando el mundo paga y el poder cobra

Wens Silvestre

Hay una indignación que ya no pertenece a un país, a una ideología ni a una frontera. Es la indignación de cualquier ciudadano global que observa cómo el poder militar y económico más grande del planeta puede ser usado no para proteger la paz, sino para administrarla como mercancía; no para defender la soberanía de los pueblos, sino para someterla; no para servir al interés público, sino para abrir rutas de ganancia a quienes orbitan el poder.

Donald Trump representa hoy una de las formas más crudas de esa degradación: la conversión de la Presidencia de Estados Unidos en una maquinaria donde la guerra, la diplomacia, los mercados, los contratos, las amenazas y los apellidos familiares parecen moverse dentro de una misma lógica mercantil. Se habla de seguridad nacional, de defensa de Occidente, de lucha contra amenazas externas. Pero detrás de esa retórica solemne aparece una sospecha moralmente insoportable: que el llamado “interés norteamericano” no sea, en realidad, el interés del pueblo estadounidense, sino el interés particular de una élite política, económica y familiar que encuentra en cada crisis una oportunidad de negocio. 

Desde fuera de Estados Unidos, el espectáculo resulta brutal. Un presidente decide escalar tensiones en Medio Oriente, amenaza a Irán, interviene en zonas atravesadas por conflictos históricos, presiona a países soberanos, altera rutas energéticas, sacude el precio del petróleo y obliga al mundo entero a pagar la factura. No la pagan solo los gobiernos involucrados. La pagan las familias que pierden hijos bajo las bombas. La pagan los desplazados que cruzan fronteras sin destino. La pagan los trabajadores que ven subir el combustible. La pagan los pueblos pobres cuando el precio de la energía encarece los alimentos. La paga el ciudadano común, en cualquier continente, cuando una decisión tomada en Washington se transforma en inflación, miedo, deuda y muerte.

Y mientras el mundo paga, algunos ganan.

Esa es la obscenidad central. La guerra no solo destruye: también produce beneficios. Produce contratos militares, especulación energética, valorización de empresas de defensa, mercados de predicción, oportunidades petroleras, negocios de reconstrucción, acceso diplomático y ventajas para quienes conocen de cerca el pulso del poder. Cuando el presidente de una potencia militar mueve tropas, ordena ataques, anuncia treguas o amenaza bloqueos, no solo altera el mapa geopolítico: mueve mercados. Y cuando el entorno familiar o empresarial de ese presidente aparece cerca de sectores que pueden beneficiarse de esas decisiones, la sospecha deja de ser paranoia y se convierte en exigencia democrática de investigación.

No se trata de afirmar irresponsablemente lo que aún debe probarse en sede judicial o parlamentaria. Se trata de señalar algo evidente para cualquier conciencia crítica: ningún gobernante debería tener la posibilidad de tomar decisiones de guerra mientras su entorno privado se mueve en mercados sensibles a esas decisiones. Ninguna familia presidencial debería estar cerca de negocios de defensa, criptoactivos, energía, contratos o plataformas especulativas mientras el jefe de esa familia decide sobre bombardeos, sanciones, alianzas militares o treguas. La sola posibilidad de que la guerra se vuelva rentable para los cercanos al poder ya corrompe la legitimidad de la decisión.

Porque la guerra exige el máximo estándar moral. No se puede pedir a los pueblos sacrificio, sangre y obediencia mientras los poderosos calculan retornos. No se puede hablar de seguridad global cuando la inseguridad de millones se transforma en utilidad privada. No se puede invocar la soberanía de unos países mientras se pisotea la soberanía de otros. No se puede exigir respeto al derecho internacional si la potencia más poderosa interpreta las reglas como un menú opcional.

El lenguaje imperial siempre ha sido experto en disfrazarse. A una intervención se le llama operación preventiva. A una imposición económica, sanción necesaria. A una amenaza militar, mensaje disuasivo. A la subordinación de gobiernos débiles, alianza estratégica. Al control de recursos, estabilidad regional. Y al beneficio de corporaciones y grupos cercanos al poder, libre mercado.

Pero los pueblos conocen la traducción real de esas palabras. Saben que “seguridad” muchas veces significa control. Saben que “democracia” muchas veces significa obediencia al poder dominante. Saben que “orden internacional” muchas veces significa jerarquía. Saben que “interés nacional” puede convertirse en la máscara respetable de intereses privados.

Trump no inventó esa lógica. Sería ingenuo creerlo. Estados Unidos ha intervenido, presionado y condicionado a otros países durante décadas, bajo gobiernos republicanos y demócratas. América Latina, Medio Oriente, África y Asia conocen demasiado bien la pedagogía de la potencia: primero se define quién es amenaza; luego se impone una narrativa; después vienen sanciones, bases, drones, bombardeos, deuda, reconstrucción y contratos. La novedad con Trump es el descaro. Lo que antes se envolvía en lenguaje institucional ahora aparece con una crudeza empresarial casi vulgar: la política como transacción, la diplomacia como negocio, la guerra como mercado, la Presidencia como marca.

Esa es la razón por la que la indignación debe ser global. Porque las decisiones de un presidente estadounidense no se quedan dentro de Estados Unidos. Cuando Washington decide una guerra, el planeta tiembla. Cuando amenaza un bloqueo, sube el petróleo. Cuando sanciona, se reordenan economías. Cuando protege a unos y castiga a otros, define la vida cotidiana de millones que jamás votaron en sus elecciones. Esa es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo: pueblos enteros sufren consecuencias de decisiones tomadas por un poder político al que no pueden controlar democráticamente.

Por eso, desde la mirada de un ciudadano global, el abuso de poder de Trump no es un asunto interno estadounidense. Es un problema mundial. Cuando un presidente con capacidad nuclear, influencia financiera planetaria y control sobre alianzas militares usa ese poder con opacidad, arbitrariedad o beneficio particular, el riesgo deja de ser nacional. Se vuelve humano.

La soberanía de los países débiles se vuelve decorativa si puede ser aplastada por decisiones tomadas desde una oficina lejana. La legalidad internacional se vuelve frágil si la potencia puede violarla y luego justificarlo con comunicados estratégicos. La economía global se vuelve rehén si los mercados reaccionan no a la productividad ni al bienestar, sino al temperamento de un gobernante. Y la democracia se vuelve una ficción si los controles institucionales no pueden impedir que el interés privado capture decisiones de guerra.

Lo más indignante no es solo el abuso. Es la naturalización del abuso.

Se nos pide aceptar que así funciona el mundo. Que las potencias tienen zonas de influencia. Que las guerras son inevitables. Que los precios suben por “tensiones geopolíticas”, como si esas tensiones nacieran solas y no fueran producidas por decisiones humanas. Que las empresas se beneficien es normal. Que los familiares del poder estén cerca de negocios estratégicos es apenas una coincidencia. Que los pueblos muertos son daños colaterales. Que los desplazados son cifras. Que la indignación es ingenua.

No. Ingenuo es creer que puede haber paz mientras la guerra sea rentable. Ingenuo es creer que habrá respeto a la soberanía mientras algunas potencias se atribuyan derecho a disciplinar al resto del planeta. Ingenuo es creer que la democracia sobrevive cuando el poder público se mezcla con negocios familiares. Ingenuo es creer que un presidente que castiga críticos presiona instituciones, debilita controles y gobierna mediante amenazas externas puede ser tratado como un actor democrático ordinario.

Un ciudadano global no necesita odiar a Estados Unidos para rechazar esta política. Al contrario: puede distinguir entre el pueblo estadounidense y quienes usan su bandera para justificar abusos. Puede reconocer que millones de ciudadanos estadounidenses también pagan el costo de estas decisiones: en impuestos, inflación, pérdida de derechos, deterioro institucional y vergüenza moral. El problema no es un pueblo. El problema es una forma de poder que pretende hablar en nombre de un pueblo mientras sirve a intereses mucho más estrechos.

Lo que debe denunciarse es la captura mercantilista del Estado. Ese momento en que la política deja de ser servicio público y se vuelve administración de oportunidades privadas. Ese momento en que una guerra ya no se decide solo por razones estratégicas, sino bajo la sombra de quién puede ganar con ella. Ese momento en que la Presidencia deja de ser mandato constitucional y empieza a parecer una plataforma de negocios globales.

Frente a eso, el impeachment no sería una exageración. Sería una defensa mínima del principio republicano más elemental: ningún gobernante está por encima de la ley, ningún presidente puede usar la guerra como instrumento personal, ningún interés familiar puede contaminar decisiones que cuestan vidas, ningún poder militar puede ejercerse sin control democrático.

Pero incluso el impeachment sería insuficiente si el mundo no aprende la lección más profunda. El problema no termina con un hombre. Trump es el síntoma brutal de un sistema que permite que la guerra sea negocio, que la energía sea chantaje, que la soberanía sea selectiva y que los mercados celebren lo que los pueblos lloran.

Por eso la respuesta debe ser ética, política y global. Los ciudadanos del mundo tenemos derecho a exigir que ninguna potencia convierta nuestra estabilidad en ficha de negociación. Tenemos derecho a exigir que ningún presidente use el lenguaje de la seguridad para encubrir intereses particulares. Tenemos derecho a exigir que las guerras no se decidan en función de contratos, precios, encuestas o negocios familiares. Tenemos derecho a recordar que la soberanía no es privilegio de los fuertes, sino derecho de todos los pueblos.

La historia juzga con dureza a quienes bombardean en nombre de la paz y lucran en nombre de la seguridad. Pero también juzga a quienes, viendo el saqueo, prefieren mirar hacia otro lado.

Hoy la pregunta no es solo qué hará Estados Unidos con Trump. La pregunta es qué hará el mundo frente a una forma de poder que convierte la vida humana en variable de mercado.

Porque cuando la guerra se vuelve negocio, la paz deja de ser un objetivo y se convierte en una amenaza para quienes se enriquecen con el conflicto.

Y cuando eso ocurre, indignarse no es un gesto retórico. Es el primer acto de resistencia moral.

miércoles, 7 de enero de 2026

Estados Unidos entre el liderazgo perdido y el poder por imposición

Por Wens Silvestre

Durante décadas, Estados Unidos fue algo más que la principal potencia militar y económica del planeta. Fue, sobre todo, el arquitecto de un orden internacional que —con todas sus imperfecciones— se sostenía en reglas, alianzas estables y cierta previsibilidad. Hoy, a la luz del patrón de decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump, esa condición aparece seriamente erosionada.

El problema no es un episodio aislado ni una política dura en sí misma. El problema es el patrón. Presión transaccional sobre aliados, condicionalidad del apoyo estratégico, uso de la coerción económica y militar como herramienta habitual de negociación y una creciente personalización del poder. Bajo esta lógica, la política exterior deja de ser una arquitectura compartida y se convierte en una sucesión de hechos consumados, donde la fuerza y la amenaza sustituyen a las normas.

La intervención en Venezuela y el intento de convertir el petróleo en instrumento de tutela política no solo vulneran la soberanía de un país débil. Envían, además, un mensaje inquietante al resto del mundo. La soberanía deja de ser un principio y pasa a convertirse en una variable negociable. Las presiones a países de América Latina, las amenazas explícitas o implícitas a quienes se resisten a alinearse y la extensión de esta lógica a escenarios tan sensibles como Groenlandia refuerzan la idea de que el poder estadounidense se ejerce cada vez menos con legitimidad y cada vez más con intimidación.

En Europa, el daño es más silencioso, pero igualmente profundo. Condicionar la defensa colectiva de la OTAN a cálculos de gasto, introducir dudas sobre compromisos históricos y tratar la seguridad como un contrato renegociable debilita la credibilidad del principal sistema de disuasión del mundo. No se trata únicamente de exigir mayor responsabilidad a los aliados, sino de poner precio a la protección, con el consiguiente incentivo para que rivales prueben los límites y aliados busquen salidas autónomas.

El caso de Ucrania resume la contradicción central del momento. Por un lado, apoyo estratégico. Por otro, un respaldo condicionado y colateralizado por intereses económicos. Cuando la seguridad de un país agredido se vincula a concesiones sobre activos estratégicos, la solidaridad deja de ser un principio y pasa a ser una transacción. Esa ambigüedad no fortalece la paz, la debilita.

Así, Estados Unidos no aparece hoy como un país en declive material. Sigue siendo una potencia formidable. Sin embargo, emerge cada vez más como una fuente de incertidumbre global. Ha comenzado a perder su ventaja estratégica más importante, la confianza. Los aliados dudan, los mercados incorporan primas de riesgo y los Estados más pequeños actúan defensivamente ante la posibilidad de coerción. El liderazgo por consenso se transforma en dominio por imposición y el orden por reglas cede frente a una geopolítica de fuerza.

La paradoja es evidente. Un Estado que parece más fuerte en la decisión inmediata se vuelve más frágil en el largo plazo. El poder que no se legitima genera resistencia, fragmenta alianzas y multiplica los riesgos de errores de cálculo. Y cuando la principal potencia del sistema internacional opera bajo esta lógica, el resultado no es mayor seguridad, sino un mundo más inestable, más desconfiado y más peligroso.

Estados Unidos no deja de ser poderoso. Lo que pierde es su condición de referente. Y esa transformación, más que cualquier adversario externo, se ha convertido en uno de los mayores riesgos contemporáneos para la paz global.

lunes, 21 de abril de 2025

La emergencia es climática, pero el colapso es político

 Por Wens Silvestre

Ya no son proyecciones, ni escenarios hipotéticos, ni simulaciones de laboratorio. Son datos. Son muertes. Son miles de millones en pérdidas. Es el calor abrasador que azota ciudades. Es el deshielo que arrastra vidas. Es el océano cada vez más caliente que asfixia ecosistemas y altera sistemas climáticos enteros. El 2024 fue el año más cálido jamás registrado. El planeta, oficialmente, ya ha cruzado el umbral de +1,5 °C en promedio global. El Acuerdo de París, hasta ayer un horizonte preventivo, hoy parece un punto de referencia superado.

Y, sin embargo, el negacionismo climático —tanto el burdo como el disfrazado— sigue presente en las cumbres políticas, en los escritorios de decisión y, lo más preocupante, en la mente de líderes que deberían guiar al mundo. En pleno 2025, Donald Trump vuelve a la presidencia de los Estados Unidos retirando nuevamente al país del Acuerdo de París y prohibiendo a científicos federales colaborar con el IPCC. No es solo negación: es obstrucción deliberada al conocimiento, al multilateralismo y a la esperanza de un mundo habitable.

La evidencia que desborda la indiferencia

En Europa, según el informe State of the Climate 2024, la temperatura media ha superado los +2,4 °C respecto a la era preindustrial. Más del 30% de los ríos europeos experimentaron inundaciones por encima de sus umbrales críticos. En Svalbard, el verano fue +2,58 °C más cálido que la media histórica. El Mediterráneo registró su temperatura superficial más alta en la historia. Más de 335 personas perdieron la vida solo por eventos extremos en el continente.

A nivel global, el Global Energy Review 2025 de la Agencia Internacional de Energía deja una paradoja brutal: récord de instalaciones renovables (más de 700 GW), pero también récord de emisiones de CO₂ (37,8 Gt). ¿La razón? Seguimos sumando renovables, pero no restamos fósiles. Agregamos lo nuevo sin desmantelar lo viejo. Una transición energética que no desplaza, solo decora.

La política del "mientras tanto"

Mientras la ciencia avanza y la naturaleza responde con creciente violencia, la política global se divide entre el coraje y la conveniencia. En Europa, la narrativa climática está siendo capturada por disputas internas y populismos de corto aliento. En China e India, la velocidad del crecimiento fósil sigue superando a la expansión de las renovables. En América Latina y África, las promesas se estrellan contra realidades presupuestarias y estructuras de poder fósil dependientes.

Y mientras tanto, los líderes negacionistas alimentan una falsa seguridad. Dicen que el cambio climático no es urgente, que la ciencia exagera, que la economía no puede soportar la transición. Pero ¿cuánto cuesta no hacer nada? Según la ONU, el costo de los desastres climáticos superó los 300.000 millones de dólares en 2023. Y sigue creciendo.

Adaptar, mitigar y anticipar: las tres claves de la coherencia climática

La solución existe. Tiene nombre y tiene respaldo técnico. Se llama mitigación, se llama adaptación, se llama cambio estructural. No es retórica. Es planificación urbana con infraestructura verde, donde las ciudades no solo crecen, sino que respiran: techos verdes que reducen el efecto isla de calor, corredores ecológicos que conectan biodiversidad con calidad de vida, calles rediseñadas para peatones y ciclistas antes que para autos. Es gestión integral de residuos, donde la economía circular deja de ser una promesa para convertirse en una práctica masiva: menos vertederos, más compostaje, más reciclaje real, más innovación para evitar que lo desechado termine degradando ecosistemas.

Es abandonar progresivamente el carbón, el gas y el petróleo, no como un acto simbólico, sino con calendarios vinculantes, planes de cierre programado y transición justa para los trabajadores y las regiones dependientes de la industria fósil. Es electrificar la movilidad, no solo en los centros urbanos privilegiados, sino también en zonas rurales, con transporte público eficiente, infraestructura de recarga distribuida y acceso equitativo a tecnologías limpias.

Es reformar los sistemas fiscales para que quien contamina pague más y quien protege reciba incentivos: subsidios a energías limpias en lugar de a combustibles fósiles, impuestos al carbono con criterios redistributivos, y beneficios reales para quienes apuestan por la eficiencia energética, la restauración ecológica o la innovación climática. 

Y, por encima de todo, es reducir desigualdades estructurales, porque el cambio climático no es solo una crisis ambiental, sino también una crisis de justicia. Los más pobres, que menos han contribuido al problema, son quienes más lo sufren. Adaptarse, entonces, no es solo prepararse para el cambio; es garantizar que ninguna comunidad, ningún territorio, ningún niño quede atrás cada vez que una sequía extrema, un huracán o una inundación nos recuerdan que el clima ya cambio.

Adaptar no es rendirse; es prepararse. Mitigar no es un lujo verde; es supervivencia.

El conocimiento acumulado en informes científicos, como los del IPCC, el Copernicus Climate Change Service (C3S) y la Agencia Internacional de Energía (IEA), no deja espacio a la interpretación ideológica ni al relativismo interesado. Estos documentos no son meras recomendaciones: son el resultado de décadas de observación sistemática, modelos validados, consenso científico global y evidencia empírica replicada. Negarlos o relativizarlos es tan absurdo como negar la gravedad o la circulación del sistema cardiovascular. El clima no negocia, ni espera a que el péndulo político se acomode.

Lo que sí permiten estos informes es actuar con inteligencia estratégica, sentido de justicia y visión de largo plazo. Permiten diseñar políticas públicas basadas en datos, no en ocurrencias ni en cálculos electorales. Nos dicen dónde están los mayores focos de vulnerabilidad, qué sectores deben priorizarse, qué tecnologías están listas para escalarse y qué costos —sociales, financieros, ecológicos— implica no actuar. 

En ese sentido, las políticas climáticas ya no son una cuestión de sensibilidad ambiental o buena voluntad ética, aunque también lo sean. Son la única estrategia racional de supervivencia económica, de sostenibilidad fiscal, de estabilidad geopolítica y de paz social. Negarse a reducir emisiones hoy es comprometer la seguridad alimentaria, energética y sanitaria de mañana. Ignorar la adaptación es dejar indefensas a millones de personas ante el colapso de sus territorios. Postergar la transición justa es sembrar frustración, desempleo estructural y migraciones forzadas que luego alimentan discursos extremistas.

La ciencia ha entregado el mapa. La política tiene que decidir si quiere navegar hacia un futuro habitable o estrellarse contra el muro de su propia ceguera. Y lo más grave: ya no se trata de evitar el impacto, sino de decidir cuán profundo, duradero e injusto queremos que sea.

La urgencia de liderazgos valientes

Lo que falta no es evidencia, sino voluntad. El verdadero déficit climático es de liderazgo. Se necesitan gobiernos capaces de decir verdades incómodas, de asumir costos políticos temporales para evitar colapsos permanentes. Se necesitan medios que dejen de presentar “ambos lados” del debate cuando uno de ellos ya ha sido invalidado por la física, la química y la vida misma. Y se necesita una ciudadanía informada, activa, vigilante.

¿Qué más hace falta para actuar? ¿Un año más caluroso? ¿Un océano más ácido? ¿Otro millón de desplazados por sequías e inundaciones? No deberíamos necesitar más tragedias para entender lo obvio. El planeta ya gritó. La ciencia ya escribió. Ahora, la historia —nuestra historia— espera ser decidida.

Nota: Este artículo refleja la opinión del autor, con base en evidencia científica de los informes “Global Energy Review 2025” de la AIE y “State of the Climate 2024” del C3S.

sábado, 22 de febrero de 2025

Un huésped peligroso en la Casa Blanca

Por Wens Silvestre

La política estadounidense ha enfrentado múltiples desafíos a lo largo de su historia, pero pocas veces ha estado tan expuesta a la irracionalidad, la impulsividad y el populismo extremo como bajo la administración de Donald Trump. Su regreso a la Casa Blanca ha significado un golpe a la estabilidad global, a las relaciones con los aliados históricos de Estados Unidos y a la economía mundial, colocando al país en una espiral de proteccionismo destructivo, aislamiento diplomático y vulnerabilidad estratégica.

Este nuevo periodo de gobierno no solo reafirma su tendencia a la desinformación y la manipulación, sino que, además, su gestión errática y caótica está debilitando a Estados Unidos desde dentro mientras fortalece a sus principales adversarios: Rusia, China y otros regímenes autoritarios.

Para empezar, uno de los pilares de la política económica de Trump ha sido el anuncio de la imposición de aranceles descontrolados a socios comerciales clave como México, Canadá y China. Con su decisión de aplicar un 25% de aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses (probablemente en vigencia a partir de marzo) y un 10% a las chinas, el presidente ha desatado una guerra comercial innecesaria que, lejos de beneficiar a EE.UU., está encareciendo los bienes de consumo, afectando la competitividad de las empresas estadounidenses y disparando la inflación.

El mismo Wall Street Journal advierte que estas medidas están creando una crisis en las cadenas de suministro, aumentando los costos de producción en sectores clave como la industria automotriz y la manufactura. La teoría de que estos aranceles impulsarán la reindustrialización estadounidense es una falacia: las empresas no pueden simplemente trasladar sus fábricas de la noche a la mañana, y las alternativas son demasiado costosas en términos de tiempo y capital.

Como consecuencia, el resultado será un golpe directo al bolsillo de los consumidores estadounidenses, que verán precios más altos en productos básicos, mientras la inflación sigue presionando la economía.

Por otro lado, más preocupante aún es la nueva doctrina de política exterior de Trump, que mina la seguridad nacional de EE.UU. y traiciona a sus aliados históricos. Su deseo de reintegrar a Rusia en el G7, su insistencia en negociar unilateralmente la paz en Ucrania (imponiendo condiciones favorables a Putin) y su estrategia de confrontación con la OTAN han generado una ruptura en la confianza internacional en Estados Unidos.

El hecho de que Trump haya calificado a Zelensky de “dictador” y haya sugerido que Ucrania debe aceptar las condiciones de paz impuestas por EE.UU. y Rusia, demuestra su desprecio por la soberanía de un país invadido y su predisposición a complacer a Putin. En lugar de reforzar el liderazgo estadounidense en la seguridad global, está cediendo terreno a los autoritarismos que buscan debilitar el orden internacional.

En cuanto a China, sus amenazas de imponer aranceles del 150% a los países BRICS y cortar relaciones comerciales con ellos, son una demostración de ignorancia económica. Los BRICS representan una parte fundamental del comercio global, y una ruptura con ellos significaría un colapso en las exportaciones agrícolas estadounidenses, un encarecimiento extremo de la energía y la exclusión de EE.UU. de mercados clave.

Si Trump realmente estuviera interesado en el bienestar económico de su país, buscaría acuerdos estratégicos en lugar de aplicar medidas extremas que solo aíslan a EE.UU.

En el ámbito institucional, más allá de la economía y la política exterior, Trump ha dado pasos peligrosos en la erosión de las instituciones democráticas. Su decisión de suspender la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), que evita que empresas estadounidenses sobornen a funcionarios de otros países, envía un mensaje de impunidad a las corporaciones y refuerza la corrupción global.

Con esta medida, Trump no solo destruye años de lucha anticorrupción en el mundo, sino que también debilita la credibilidad de EE.UU. como defensor de la transparencia y la ética en los negocios internacionales.

A esto se suma su insistencia en desmantelar el Estado federal, promoviendo despidos masivos en la administración pública bajo la excusa de la “eficiencia gubernamental”, mientras otorga poderes a multimillonarios como Elon Musk para reestructurar el aparato estatal.

Este enfoque autoritario pone en peligro los servicios públicos esenciales y genera un modelo de gobierno basado en el caos, la corrupción y el nepotismo, con decisiones tomadas por capricho en lugar de políticas fundamentadas.

Aún más preocupante, uno de los aspectos más alarmantes de la presidencia de Trump es su impulsividad y falta de previsión estratégica. Un líder con acceso al arsenal nuclear de EE.UU., que se deja guiar por emociones y decisiones improvisadas, representa una amenaza real para la estabilidad mundial.

Sus ataques a la OTAN, su retórica agresiva y su desprecio por el multilateralismo podrían desencadenar conflictos innecesarios o debilitar alianzas estratégicas en un momento donde las tensiones globales están en su punto más alto.

Las acciones impredecibles de Trump crean un escenario donde aliados históricos como Europa buscan independizarse de EE.UU. en materia de defensa, mientras adversarios como Rusia y China capitalizan el vacío de liderazgo estadounidense.

En síntesis, Donald Trump no es solo un presidente populista. Es un líder desconectado de la realidad, guiado por su ego y carente de visión estratégica. Sus políticas económicas son irracionales y dañinas para su propio país, sus acciones en política exterior traicionan a sus aliados y fortalecen a regímenes autoritarios, y su desprecio por las instituciones pone en riesgo el futuro de la democracia estadounidense.

Cada día que pasa, su presencia en la Casa Blanca se convierte en un peligro latente no solo para EE.UU., sino para el mundo entero. Su legado, lejos de hacer a América “grande otra vez”, está dejando una nación más aislada, vulnerable y debilitada en el escenario internacional.

Si la historia nos ha enseñado algo, es que el liderazgo irresponsable siempre tiene un alto costo. Y en el caso de Trump, ese costo podría ser el colapso del orden global tal como lo conocemos. ¿Cuánto más puede resistir el mundo las consecuencias de un liderazgo impulsivo y destructivo antes de que el daño sea irreparable?