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miércoles, 26 de noviembre de 2025

Sin reforma fiscal no hay futuro

Por Wens Silvestre

El alto riesgo de una crisis fiscal que enfrentamos como país no cayó del cielo ni es producto exclusivo de factores externos. Es, sobre todo, el resultado de una distorsión constitucional deliberadamente cultivada y políticamente explotada: la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) que, en el Expediente 00018-2021-PI/TC, abrió una peligrosa puerta para que el Congreso apruebe leyes con impacto fiscal sin límite, sin responsabilidad y sin financiamiento real. Esa sentencia —que separa artificialmente la creación de obligaciones del acto de generar gasto público— ha sido el punto de partida de una ola legislativa que amenaza la sostenibilidad del país, socava la misión del Estado y premia la irresponsabilidad política.

En la sentencia, el TC sostuvo que el Congreso puede crear obligaciones económicas siempre que no generen gasto en el año fiscal vigente. Es decir, si el costo se traslada al futuro, no existe infracción constitucional. Ese razonamiento, a pesar de su aparente neutralidad jurídica, es una contradicción en términos: toda obligación económica que crea un derecho exigible es gasto, aunque se ejecute más adelante. Disociar obligación de gasto es una ficción incompatible con cualquier lógica presupuestaria moderna. Pero el TC la adoptó, y el Congreso la convirtió en un arma política. El resultado es un Parlamento que legisla sin coordinación con el Ejecutivo, sin respetar la programación multianual y, sobre todo, sin asumir costo político alguno por comprometer recursos que no existen.

Los datos del Consejo Fiscal son demoledores. Entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, más del triple del promedio histórico. Y lo hizo, en gran medida, ignorando advertencias técnicas: 101 de esas leyes fueron aprobadas por insistencia. Hablamos de decisiones con costos que no son simbólicos: bonificaciones docentes que superan los S/ 40 mil millones, homologaciones remunerativas regionales de varios miles de millones, beneficios tributarios que debilitan ingresos públicos y ampliaciones de negociación colectiva que elevan el gasto corriente sin contrapartidas de productividad. 

A ello se suman 352 proyectos en trámite, los 10 más costosos con un impacto anual de S/ 25 mil millones. Para dimensionarlo: es más de lo que el país invierte en seguridad ciudadana, 18 veces Pensión 65 y 23 veces el Programa Juntos. Esta es una fábrica legislativa sin frenos, alentada por un incentivo perverso: aprobar beneficios hoy y dejar la cuenta para mañana.

Por lo demás, lo que está en juego no es solo el equilibrio macroeconómico. Es también la naturaleza del Estado y su misión. La mayor parte de estas iniciativas comparte un patrón preocupante: están dirigidas a ampliar beneficios de trabajadores del Estado, sin relación alguna con mejora del servicio público, menos aún con la productividad. No son políticas de meritocracia ni modernización: son privilegios corporativos que presionan la planilla pública y desplazan el gasto esencial.

Cada sol destinado a bonificaciones, regímenes especiales o nombramientos masivos sin criterio de necesidad es un sol menos para seguridad ciudadana, atención primaria de salud, justicia, infraestructura básica o programas sociales. El Estado no crece en capacidad; solo crece en obligaciones. Es decir, el Congreso legisla para quienes ya están dentro de la maquinaria estatal, no para quienes dependen de ella. Y, al final, quienes pagan el costo son los ciudadanos que dependen de servicios públicos esenciales cada vez más debilitados.

A ello se suma una consecuencia macrofiscal que ya nadie puede ocultar. Las proyecciones del Consejo Fiscal advierten que, si se ejecutan las leyes aprobadas y las iniciativas en cola, el déficit fiscal aumentaría 5 puntos del PBI adicionales. Y la deuda pública podría trepar hasta 70% del PBI en una década, niveles inéditos en la historia reciente del país. Más aún si consideramos que durante dos décadas fuimos reconocidos por nuestra disciplina fiscal, resulta alarmante cómo ese patrimonio institucional se debilita a un ritmo acelerado, empujado por decisiones legislativas tomadas sin responsabilidad y sin una mirada de país. No es una predicción alarmista: es la consecuencia aritmética de comprometer gastos permanentes sin fuente de financiamiento. Una senda que países como Argentina o Ecuador conocen demasiado bien.

Reformar el artículo 79 de la Constitución no recorta derechos ni limita la representación democrática. Lo que hace es devolver sentido al diseño constitucional original: el Congreso no puede crear gastos ni obligaciones con impacto fiscal sin iniciativa del Poder Ejecutivo, ni en el presupuesto anual vigente ni en los futuros. El artículo 79 fue creado precisamente para evitar que el Legislativo comprometa recursos que no administra. Su ambigüedad permitió que el TC lo distorsionara. Reformarlo es cerrar esa zona gris.

Con la reforma:

  •  cualquier impacto fiscal debe ser promovido o autorizado por el Ejecutivo;
  •  las obligaciones laborales y beneficios tributarios no pueden aprobarse sin fuente;
  • el Congreso deberá pasar filtros de admisibilidad rigurosos;
  • el equilibrio presupuestal deja de ser un saludo a la bandera;
  •  la programación multianual vuelve a tener sentido.
Sin la reforma, continuará la deriva legislativa y el deterioro fiscal.

Por último, conviene decirlo sin rodeos: permitir que el Congreso comprometa recursos futuros para obtener réditos inmediatos es una forma de irresponsabilidad pública que bordea la inmoralidad política. No existe democracia sana sobre finanzas públicas insostenibles. No existe Estado eficaz sobre un presupuesto capturado por grupos de interés. No existe futuro cuando el presente consume más de lo que el país puede pagar.

La necesaria reforma del artículo 79 no solo repara un vacío jurídico: restaura el principio ético básico de que quienes toman decisiones deben hacerse cargo de sus consecuencias. El Perú ya ha visto el comienzo de esta película y sabe cómo termina: déficit insostenible, recortes abruptos, pérdida de credibilidad, deterioro social. Esperar más sería un acto de negligencia colectiva. El Congreso debe corregir la distorsión que él mismo ha aprovechado. El TC debe revisar una doctrina que resultó dañina. Y la ciudadanía debe exigir que el Estado deje de ser un botín y vuelva a ser un instrumento de servicio público.

Reformar el artículo 79 no resolverá todos los problemas del Estado peruano, pero sin esa reforma ningún otro intento de modernización sobrevivirá al desorden fiscal. No se trata de blindar al Ejecutivo ni de recortar facultades del Legislativo. Se trata de impedir que continúe la peligrosa ilusión de que crear obligaciones no es gastar y de que legislar sin financiamiento es inocuo. Se trata, en última instancia, de algo más simple y más profundo: devolver al Estado su capacidad de cumplir su misión.

miércoles, 22 de octubre de 2025

Investidura sin ancla fiscal

Por Wens Silvestre

La investidura del gabinete Álvarez llega con la promesa de “recuperar la autoridad del Estado” y un reconocimiento explícito de la crisis de confianza. Bien; era indispensable decirlo. Pero el contexto exige más que frases: exige reglas. Porque el mismo día en que el país escucha la oferta de puentes y diálogo, el Gobierno decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, habilitando empleo de FF. AA. junto a la PNP, restricciones a reunión y desplazamiento, y una gradación de medidas que ya conocimos —con resultados pobres— bajo la gestión previa. El mensaje político es inequívoco: la autoridad se quiere afirmar desde la excepción antes que desde la gestión. 

Ahora bien, la emergencia no es en sí misma un pecado institucional. Lo problemático es con qué control y para qué. Si no hay protocolo público de uso de la fuerza, cadena de mando identificada y metas operativas (extorsión a la baja, 911 con tiempos de atención, cámaras efectivas), la medida corre el riesgo de ser un atajo para contener protesta en lugar de abatir crimen. La lectura no es paranoica: así lo advierten crónicas internacionales y locales al notar que las mismas recetas se repiten y que el objetivo real podría ser neutralizar la calle tras los hechos del 15 de octubre.

Con todo, el eje seguridad tiene espacio para políticas que sí ayudan: flagrancia afinada para extorsión, cooperación regulada con operadoras, inteligencia penitenciaria y trazabilidad financiera. Pero ese menú cabe en leyes específicas y protocolos ejecutivos; no exige un cheque en blanco de delegación legislativa por 90 días “con todas las herramientas del derecho”. En un gobierno interino y con déficit de legitimidad, las herramientas extraordinarias deben ser excepcionales, acotadas y auditables; de lo contrario, el costo reputacional supera la ganancia táctica.

Mientras tanto, la otra emergencia —la fiscal— no admite más dilación. El Consejo Fiscal documentó una oleada de 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y octubre de 2025; 101 de ellas por insistencia, con un costo anual superior a S/ 36 mil millones. Solo cinco normas aprobadas desde agosto de 2024 suman ≈S/ 22 mil millones al año (1,8% del PBI): FONCOMUN (Ley 32387), capacitaciones SUNAT para microempresas (Ley 32335), amnistía IR por rentas no declaradas (Ley 32201), homologación del CAFAE 276 (Ley 32424) y negociación colectiva descentralizada con incidencia económica (Ley 32216). El trazo grueso es brutal: sin corrección, el déficit se separa de la trayectoria del MMM y la deuda pública podría trepar hacia ≈70% del PBI en 2036, devorando espacio para salud, seguridad y agua.

Aquí conviene hablar claro de responsabilidades recientes. Bajo la presidencia parlamentaria de José Jerí, el Congreso promulgó por insistencia la Ley 32424 (homologación del CAFAE 276) el 20 de agosto de 2025, pese a observaciones de sostenibilidad; además, en septiembre de 2025 se aprobó por insistencia la Ley 32448, que elimina el requisito de opinión favorable del MEF para convenios colectivos centralizados y permite indexaciones, abriendo una compuerta de gasto rígido. Son decisiones populistas por su efecto permanente y su baja calidad de diseño; y, sí, ocurrieron ya en la actual conducción congresal. Un Ejecutivo serio que hoy pide “confianza” debería deslindar y proponer su corrección.

No es menor que el gabinete evite pronunciarse sobre Petroperú —¿habrá más rescates?— ni ancle sus anuncios a una regla PAYGO (“no gasto sin fuente”). Pedir facultades y activar emergencias sin decir cómo se financiarán operativos, tecnología, horas-policía o medicamentos es una asimetría peligrosa. Y lo mismo ocurre con REINFO: bien que el premier advierta que ampliarlo incentiva la ilegalidad; falta el paquete operativo (control de combustibles, explosivos y flujos de dinero) con fechas, responsables y coordinación fiscal-policía.

¿Qué sería, entonces, una investidura adecuada al momento? Primero, autoridad con reglas: protocolo de uso de la fuerza, cadena de mando y meta de cero fallecidos en control de multitudes; emergencia focalizada con revisión semanal del Congreso y prohibición expresa de usarla para limitar protesta pacífica; y cualquier delegación acotada (extorsión/INPE/empresas de telecomunicaciones) con cláusula de caducidad y control judicial para vigilancia. Segundo, gestión con métricas: plan de 100 días con indicadores públicos (extorsión, Central de Emergencias 911, % cámaras operativas, 100 hospitales con ≥80% de stock). Tercero, disciplina fiscal: corregir las leyes más costosas aprobadas por insistencia en 2024–2025 (empezando por CAFAE 32424 y el “efecto MEF” de 32448), y congelar exoneraciones y beneficios de baja calidad. Cuarto, neutralidad electoral: mesa ONPE–JNE–Defensoría con protocolo de seguridad electoral no militarizada.

De lo contrario, el cuadro es conocido: más excepcionalidad, menos legitimidad, más intereses y menos servicios. El discurso puede sonar conciliador; la práctica, en cambio, teje un andamiaje de emergencia y delegación sin candados y una coartada fiscal para no corregir la herencia populista —incluida la que el propio Jerí convalidó desde la presidencia del Congreso. La transición necesita gobernar con reglas, no sobre-atenderse con poderes extraordinarios; y necesita contabilidad honesta, no magia.

En suma: la investidura será creíble si el gobierno ata sus anuncios a protocolos, metas y financiamiento, y si rectifica el curso fiscal que el Consejo Fiscal ha puesto en rojo. Si no, la autoridad que dice recuperar será apenas un paraguas político para llegar a abril; y la factura —en deuda, en derechos y en confianza— la pagará el siguiente gobierno.

domingo, 13 de octubre de 2024

Crisis de gobernabilidad y el clamor de la ciudadanía

 Por Wens Silvestre

La última encuesta de Datum deja poco margen a la interpretación: la confianza de la ciudadanía en el Estado peruano, especialmente en el Congreso (9%) y la presidenta Dina Boluarte (5%), está en uno de sus puntos más bajos. En medio de una crisis de legitimidad de las instituciones, surgen movimientos sociales como el paro nacional de transportistas, un reflejo de un país que clama por ser escuchado.

Esta movilización, que inicialmente buscaba la derogación de la Ley de Crimen Organizado y el archivamiento de la Ley de Terrorismo Urbano, fue más allá de la problemática sectorial del transporte. Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, ha anunciado que el próximo paro nacional –aún por definirse, pero posiblemente entre el 22 y el 24 de octubre– contará con una participación aún más amplia, involucrando a sectores como bodegueros, panaderos, pesqueros, universitarios, y choferes, entre otros. La situación es tan crítica que se ha creado una Coordinadora Nacional de Lucha, con el objetivo de consolidar una voz unificada y contundente frente al Congreso.

Popularidad de presidenta de la República

Los reclamos de los transportistas no son aislados; representan el sentir generalizado de un país donde la inseguridad, la crisis económica y la falta de atención estatal parecen haberse vuelto la norma. La decisión de suspender temporalmente el paro tras la promesa de diálogo con el Legislativo no logró sofocar el malestar. Los dirigentes pronto descubrieron, en palabras de Campos, que “no iban a derogar la Ley 32108”, y que los congresistas no estaban dispuestos a ceder. El fracaso del diálogo solo ha exacerbado la percepción de indiferencia del Congreso y ha fortalecido la determinación de los gremios de llevar a cabo un paro aún más masivo.

En este contexto, la encuesta de Datum expone una profunda crisis de confianza en las instituciones. La población percibe al Congreso y al Ejecutivo no solo como ineficientes, sino como desinteresados en atender sus necesidades. Esta desconfianza no solo mina la gobernabilidad, sino que abre la puerta a escenarios de inestabilidad que podrían ser aprovechados por sectores autoritarios o radicales.

Escenarios posibles

1. Si el Congreso y el Ejecutivo mantienen su postura actual de indiferencia y falta de respuesta concreta a las demandas ciudadanas, el país podría enfrentar un aumento en la conflictividad social. No solo transportistas, sino otros gremios podrían sumarse a movilizaciones, desencadenando paros nacionales de 48 o 72 horas, como lo advierte Campos. Este escenario elevaría el descontento ciudadano y podría derivar en actos de violencia, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

2. En un intento de evitar un paro de gran escala, el Legislativo podría optar por realizar concesiones parciales, como el inicio de mesas de diálogo sectoriales o la revisión de ciertos puntos de la legislación en cuestión. Sin embargo, si estas concesiones se perciben como insuficientes o como simples gestos políticos, los gremios podrían interpretarlas como una falta de compromiso real, lo que solo pospondría la conflictividad y fortalecería su organización para futuras movilizaciones.

3. Reforma institucional y reestructuración de la relación Estado-sociedad, este sería el escenario menos probable, pero el único capaz de resolver de raíz la crisis. Requeriría que el Congreso y el Ejecutivo reconozcan la gravedad de la situación y emprendan una agenda de reformas que aborde problemas estructurales como la corrupción, la inseguridad y la desconexión con las necesidades ciudadanas. Esto implicaría revisar legislaciones que han generado rechazo, y promover un Estado más eficiente y transparente. Este tipo de reestructuración es demandante, y podría encontrar oposición dentro de los propios poderes del Estado; sin embargo, es la única alternativa para evitar el colapso de la institucionalidad.

Nuestro país se encuentra en un dilema. Las próximas semanas serán decisivas, no solo para los transportistas y demás gremios que evalúan sumarse al paro, sino para el futuro de la democracia en el país. El anuncio de un nuevo paro nacional y la consolidación de la Coordinadora Nacional de Lucha revelan el apremio de los reclamos y el hartazgo de la ciudadanía. La demanda es clara: un cambio que solo puede surgir desde la esfera política, mediante una voluntad genuina de reformar y responder a las necesidades del pueblo peruano.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con escepticismo y esperanza, esperando que sus representantes en el Congreso y el Ejecutivo comprendan que la indiferencia no es una opción. Nuestra democracia necesita instituciones fuertes y comprometidas, capaces de restaurar la confianza en un Estado que hoy parece haber olvidado su principal deber: servir al pueblo.

Fuente gráfico: Datum 


domingo, 9 de junio de 2024

La corrupción y el desarrollo sostenible

Por: Wens Silvestre

Nuestro país enfrenta una crisis social y económica que parece tener raíces profundas en su historia. Desde la época virreinal, el país ha estado marcado por un mestizaje que, lejos de ser una simple mezcla cultural, ha servido para perpetuar las desigualdades y consolidar estructuras de poder que aún persisten. Esta herencia colonial ha dejado una huella indeleble en la gestión del Estado y en las prácticas cotidianas de los peruanos.

Uno de los problemas más acuciantes es la corrupción, un mal institucionalizado que se manifiesta en todas las esferas de la vida pública y privada. La incapacidad para distinguir entre lo que está bien y lo que está mal ha creado un entorno donde la corrupción no solo es tolerada, sino que se ha normalizado. Esta situación es particularmente evidente en la gestión estatal, donde la colusión y el uso indebido de los recursos públicos son la norma más que la excepción.

El Estado peruano, concebido para proteger las libertades individuales y asegurar el bienestar común a través de la división de poderes, ha fallado en su misión. Aunque la Constitución ha sido enmendada en numerosas ocasiones, el funcionamiento del Estado sigue siendo deficiente. En lugar de servir a la ciudadanía, muchos funcionarios públicos utilizan sus posiciones para perseguir fines personales y de grupo. Esta realidad se observa en todas las organizaciones que conforman el aparato estatal. 

Un ejemplo claro es el de los servidores públicos en unidades orgánicas de logística que se coluden con proveedores "amigos", ignorando las leyes y reglamentos de contratación para su propio beneficio. Este tipo de actos no solo dañan a la entidad estatal, sino a la sociedad en su conjunto. La frase común entre los funcionarios, "si no es tu dinero, qué te importa", refleja una actitud de indiferencia hacia el uso de los recursos públicos. 

El resultado de esta gestión ineficiente es evidente: en los últimos 20 años, el presupuesto del Estado se ha quintuplicado, pero la calidad de los servicios ha disminuido. Los ciudadanos, quienes deberían beneficiarse de estos recursos, ven cómo su calidad de vida no mejora mientras los funcionarios engordan sus arcas. Esta situación genera una constante crisis política, exacerbada por la corrupción que afecta a todos los niveles del gobierno. 

Desde la década de 1990 hasta 2024, todos los presidentes peruanos han sido procesados o están siendo procesados por corrupción, al igual que numerosos congresistas, jueces y fiscales. La incapacidad de reflexión y la cultura del negacionismo han permitido que los corruptos eludan la justicia, perpetuando un ciclo de impunidad. Los ciudadanos, por su parte, parecen incapaces de reflexionar y elegir a líderes menos propensos a la corrupción. 

Para romper este círculo vicioso, es necesario que desarrollemos una capacidad de autocrítica y reflexión sincera sobre el daño causado por la corrupción. Más allá del color político, los ciudadanos tienen la obligación de cuestionar y criticar la mala gestión de sus autoridades. Asimismo, los funcionarios públicos deben autoevaluar su desempeño y, si no están preparados para sus roles, renunciar para evitar dañar aún más a la sociedad. 

La mediocridad y la testarudez de los políticos actuales han silenciado la indignación ciudadana. Sin embargo, aún hay esperanza. La clave para un Perú mejor radica en ciudadanos reflexivos y autocríticos que rescaten la indignación del silencio cómplice y ejerzan su derecho al voto de manera razonable y reflexiva. 

En un país donde el crecimiento económico ha sido notable en las últimas décadas, pero la desigualdad y la corrupción siguen siendo barreras significativas, el desarrollo sostenible requiere una reforma profunda. Es fundamental implementar políticas efectivas que promuevan y fortalezcan no solo las capacidades y ética de los trabajadores al servicio del Estado, sino la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Solo así se podrá construir un futuro más justo y próspero para todos los peruanos. 

Nuestro país tiene la oportunidad de cambiar su rumbo. Con ciudadanos comprometidos y un liderazgo político íntegro, el país puede superar sus retos históricos y avanzar hacia un desarrollo sostenible que beneficie a todos sus habitantes. El camino es largo y arduo, pero al final siempre hay una luz de esperanza para quienes estamos dispuestos a luchar por un futuro mejor.

domingo, 5 de mayo de 2024

Riesgos de la delegación de facultades legislativas: ¿Un camino hacia la reforma o la perpetuación de problemas?

Por: Wens Silvestre 

En los últimos años, el sistema político peruano ha sido testigo de una serie de movimientos legislativos que han generado tanto debate como preocupación entre los expertos en política económica y gestión pública. El más reciente de estos episodios tuvo lugar el 3 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento el proyecto de ley 7752/2023-PE, denominado "Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional". 

Este proyecto marca el cuarto pedido de facultades para legislar realizado por el actual régimen en casi tres años de gobierno. Con una propuesta de ley que abarca áreas tan diversas como la economía, la seguridad y la defensa nacional, surge la pregunta inevitable: ¿estamos frente a un enfoque integral para abordar los desafíos del país o simplemente a una repetición de patrones que no han dado los resultados esperados?

Al analizar los antecedentes de los proyectos de ley anteriores, como el proyecto 583/2021-PE y el proyecto 3941/2022-PE, podemos identificar una tendencia preocupante. Si bien cada uno de estos proyectos se centraba en áreas específicas, como la reactivación económica y la modernización del Estado, su aprobación no ha necesariamente conducido a los resultados deseados. Más bien, han surgido preocupaciones en torno al cumplimiento de reglas macrofiscales y la efectividad de las políticas implementadas.

El último proyecto de ley, el 7752/2023-PE, presenta riesgos adicionales. En particular, la propuesta de establecer un nuevo proceso de reducción gradual del déficit fiscal y la deuda pública plantea interrogantes sobre su viabilidad y sus posibles consecuencias a largo plazo. Además, la autorización para abordar el proceso de formalización minera integral, si bien es loable en teoría, suscita dudas sobre su capacidad para resolver los problemas arraigados en este sector que no ha logrado resultados positivos en los veinte años de más bien simulación de formalización minera.

La falta de claridad en los objetivos y la ruta a seguir por parte del Poder Ejecutivo es evidente. La repetición de pedidos de facultades para legislar sobre temas similares sin una evaluación exhaustiva de los resultados anteriores sugiere una falta de dirección estratégica y una posible desconexión con las necesidades reales del país.

Además, la falta de seguimiento adecuado por parte del Congreso a los decretos legislativos emitidos en cumplimiento de las leyes autoritativas otorgadas al Poder Ejecutivo refleja una renuncia a su función principal de legislar en beneficio del país. En lugar de realizar un análisis riguroso y objetivo de cada propuesta, el Congreso parece haber optado por delegar su responsabilidad legislativa al Poder Ejecutivo.

En este contexto, es fundamental que el Congreso asuma su papel como contrapeso del Poder Ejecutivo y realice una evaluación objetiva de este y futuros pedidos de facultades para legislar. La reforma integral del Estado requiere un enfoque colaborativo y transparente, donde se aborden los problemas estructurales de manera efectiva y sostenible.

En resumen, los desafíos y riesgos asociados con la delegación de facultades legislativas en el Perú son evidentes. Si bien existe la necesidad de abordar urgentemente problemas como la reactivación económica y la seguridad ciudadana, es fundamental que cualquier propuesta legislativa se base en un análisis riguroso y en un compromiso real con el cambio. Los parches ya no son suficientes para resolver los problemas estructurales del país; es hora de adoptar un enfoque integral y orientado al futuro.

jueves, 12 de enero de 2017

Decretos Legislativos expedidos al amparo de la Ley Autoritativa 30506


A propósito de la presentación del señor Fernando Zavala, Primer Ministro y algunos ministros que lo acompañan en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, para exponer y sustentar sobre los decretos legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506, mediante el cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar, por el plazo de noventa (90) días calendario, en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú S.A., en los términos a que hace referencia el artículo 104 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso de la República.

Cumplido los noventa (90) días, el Poder ejecutivo emitió un total de 112 decretos legislativos. Elaboré un resumen de cada uno de ellos y la puedes visualizar haciendo clic en el siguiente enlace:

Relación de Decretos Legislativos emitidos al amparo de la Ley 30506