Por Wens Silvestre
La
elección de Miguel Torres, representante de Fuerza Popular, como presidente del
Senado y titular del Congreso para el periodo 2026-2027, así como la elección
de Oscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, al frente de la
Cámara de Diputados, expresa una realidad política que marcará el inicio del
nuevo periodo gubernamental: el poder parlamentario estará distribuido entre
fuerzas distintas y ninguna podrá imponer unilateralmente su agenda.
El resultado, especialmente ajustado en el Senado, no debe interpretarse únicamente como una victoria del oficialismo o de la oposición. Constituye, principalmente, una señal de fragmentación, equilibrio precario y necesidad de concertación. La nueva bicameralidad peruana iniciará su funcionamiento bajo una correlación política que puede convertirse tanto en una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas como en una fuente permanente de bloqueo e inestabilidad.
El
primer escenario posible es el de la cooperación democrática. En este supuesto,
la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara de Diputados reconocen
que sus responsabilidades trascienden los intereses partidarios. Ambas cámaras
podrían establecer mecanismos de coordinación, definir prioridades legislativas
comunes y garantizar que la revisión senatorial contribuya a mejorar las leyes
aprobadas por los diputados. Esta sería la expresión más saludable de la
bicameralidad: una Cámara de Diputados cercana a las demandas políticas y
territoriales de la ciudadanía, y un Senado orientado a la reflexión, revisión
y corrección técnica de las decisiones legislativas.
Este
escenario exige madurez política. El diálogo no significa renunciar a las
diferencias ni eliminar la fiscalización. Significa reconocer que existen
materias que no pueden ser tratadas como patrimonio de una bancada, de un
gobierno o de una coalición electoral. La seguridad ciudadana, la lucha contra
el crimen organizado, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la
calidad de la educación, el acceso a la salud, la descentralización, la
protección ambiental, la prevención de desastres y la reactivación económica
son asuntos nacionales. Sobre ellos debe construirse una agenda mínima de
entendimiento.
Un
segundo escenario es el de la confrontación permanente. La Cámara de Diputados,
conducida por una fuerza opositora, podría utilizar intensivamente sus
atribuciones de control político para interpelar, censurar o investigar a
ministros y funcionarios. A su vez, el Senado, con una conducción cercana al
Gobierno, podría revisar, modificar o rechazar sistemáticamente las iniciativas
provenientes de los diputados. En ese contexto, cada cámara actuaría no como
parte de un mismo Poder Legislativo, sino como una trinchera política
enfrentada a la otra.
Las
consecuencias serían graves. Las reformas urgentes se postergarían, la
producción legislativa perdería eficacia y la ciudadanía percibiría que la
bicameralidad solo ha duplicado los espacios de conflicto. El Congreso podría
quedar atrapado en una sucesión de acusaciones, censuras, investigaciones y
respuestas defensivas, mientras los problemas reales del país permanecen sin
solución. La confrontación podría incluso trasladarse a la relación entre el
Ejecutivo y la Cámara de Diputados, elevando el riesgo de una crisis de
gobernabilidad.
Un
tercer escenario es el de la negociación particularista. En lugar de acuerdos
públicos sobre políticas nacionales, podrían desarrollarse negociaciones
fragmentadas para distribuir presidencias de comisiones, cargos, presupuestos,
nombramientos o beneficios territoriales. Este tipo de transacción puede
producir una estabilidad aparente, pero debilita la legitimidad institucional y
alimenta la percepción de que la política sirve para atender intereses de
grupo.
El
peligro no radica en negociar. La política democrática requiere negociación. El
problema surge cuando los acuerdos se realizan sin transparencia, sin criterios
técnicos y sin una orientación hacia el bien común. La concertación legítima
debe permitir construir soluciones nacionales; el reparto particularista
convierte las decisiones públicas en instrumentos de intercambio entre élites
políticas.
También
es posible un cuarto escenario: la fragmentación de las alianzas. Las
coaliciones que permitieron elegir a las mesas directivas podrían no mantenerse
unidas durante todo el periodo parlamentario. Las diferencias ideológicas,
regionales y programáticas aparecerán con mayor claridad cuando se debatan
reformas económicas, políticas sociales, cuestiones constitucionales,
designaciones de altas autoridades o decisiones presupuestarias. En ese caso,
los presidentes de ambas cámaras deberán actuar como articuladores y no
únicamente como representantes de sus organizaciones políticas.
Miguel
Torres enfrentará una responsabilidad especialmente delicada. Como presidente
del Senado y del Congreso, deberá demostrar que puede diferenciar su
pertenencia partidaria de su función institucional. Su papel no debe ser
proteger al Gobierno frente al control parlamentario ni bloquear
automáticamente las iniciativas de la oposición. Le corresponde garantizar el
respeto a las minorías, promover una deliberación ordenada y preservar la
autonomía de ambas cámaras.
Oscar
Reto Otero, por su parte, tendrá el desafío de conducir una Cámara de Diputados
con capacidad de control político, pero también con la obligación de legislar
responsablemente. La oposición no debe confundirse con la obstrucción.
Fiscalizar es exigir información, verificar responsabilidades y corregir
decisiones públicas; no convertir cada discrepancia en una crisis ministerial.
Una Cámara que abuse de la censura o de la investigación puede terminar
debilitando su propia legitimidad.
El
país necesita que ambas autoridades comprendan que el éxito del nuevo Congreso
bicameral no será medido por la cantidad de leyes aprobadas, de ministros
censurados o de adversarios derrotados. Será evaluado por su capacidad para
ofrecer estabilidad, producir normas de calidad, controlar democráticamente al
poder y responder a los problemas concretos de la población.
Por
ello, resulta indispensable acordar una agenda nacional para el periodo
2026-2027. Esta agenda debería contener prioridades limitadas, verificables y
acompañadas de plazos, responsables e indicadores. No se requiere un pacto que
elimine la oposición ni una alianza que uniformice las posiciones políticas. Se
necesita un compromiso básico que permita distinguir entre los asuntos
legítimamente sometidos a competencia partidaria y aquellos que exigen
respuestas de Estado.
La
seguridad, el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción, la
educación, la salud, el cierre de brechas de infraestructura, la atención de
las regiones, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento
institucional no pueden depender exclusivamente de la agenda de un partido.
Tampoco pueden ser utilizados como instrumentos de presión o propaganda.
La
nueva bicameralidad tendrá sentido únicamente si mejora la representación, la
deliberación y la calidad normativa. Si se convierte en una duplicación de
burocracias, enfrentamientos y privilegios, la ciudadanía cuestionará
rápidamente su utilidad. La responsabilidad de evitarlo recae tanto en el
oficialismo como en la oposición.
El
Perú no necesita un Senado al servicio del Gobierno ni una Cámara de Diputados
dedicada a bloquearlo. Necesita un Congreso capaz de controlar sin destruir,
legislar sin improvisar y negociar sin subordinar el interés general a
conveniencias particulares.
La
oportunidad histórica está abierta. La distribución del poder obliga al
diálogo. Convertir esa obligación en una verdadera cultura de consenso será la
principal prueba política del nuevo periodo parlamentario.
