Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026

Por Wens Silvestre

El país no necesita que Gobierno y oposición piensen igual. Necesita que sean capaces de ponerse de acuerdo en aquello que el Perú no puede esperar.

La presentación de la Política General de Gobierno, realizada el 20 de agosto por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, dejó una idea central: ordenar el Estado para recuperar seguridad, impulsar el crecimiento y convertir decisiones en resultados. Los cinco ejes anunciados —seguridad; prevención frente a desastres y cambio climático; desarrollo de las personas; productividad; y gobernabilidad democrática— ofrecen una hoja de ruta cuya prueba será la ejecución.

En ese marco, el anunciado pedido de facultades legislativas —aún en revisión al 22 de agosto— será una prueba de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bicameral. No debería convertirse en una disputa automática entre oficialismo y oposición. El país necesita algo más útil: un Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026, limitado a problemas cuyo retraso tiene costos inmediatos. No se trata de formar una coalición ni de pedir al Parlamento que renuncie a sus atribuciones, sino de distinguir lo urgente de lo estructural. 

La correlación política obliga al diálogo. Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos, acompañado por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. Esa mayoría no es oposición homogénea. Existe una oportunidad: negociar materias concretas y evitar una ley ómnibus que mezcle seguridad, reforma penal, tributación, legislación laboral, ambiente y reorganización estatal. La Constitución marca el límite: el artículo 104 permite delegar facultades sobre materia específica y por plazo determinado.

La primera urgencia es la seguridad. Entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 2026, registros oficiales presentados por el Ministerio del Interior al Congreso mostraron una reducción de 29 % en denuncias por extorsión y de 22 % en homicidios respecto del mismo periodo de 2025. Son datos sujetos a actualización; recuerdan que la política criminal debe evaluarse con indicadores. La eficacia no se mide por operativos o cámaras, sino por la disminución de delitos, el esclarecimiento de casos, la desarticulación de organizaciones y el control penitenciario.

Por ello, una delegación en seguridad debería ser precisa: corregir obstáculos legales frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, la flagrancia, la inteligencia criminal y el control penitenciario. Seguridad sin legalidad termina debilitando la institucionalidad que pretende proteger.

La segunda urgencia es climática. El comunicado del ENFEN del 14 de agosto mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé, para la región Niño 1+2, una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano. Galarreta informó, además, que se han priorizado 536 puntos críticos para limpieza de cauces y descolmatación. Aquí la política debe ceder a la evidencia y a la gestión.

Pero no todo problema requiere una nueva ley. Limpiar quebradas, movilizar maquinaria, reforzar defensas ribereñas, mantener drenajes y coordinar entre niveles de gobierno son tareas ejecutivas. Si pueden realizarse con la legislación vigente, deben comenzar de inmediato. Las facultades extraordinarias solo se justifican ante una barrera normativa concreta; además, toda contratación de emergencia debe ser transparente. Emergencia no puede significar opacidad.

A la vez, el riesgo climático tiene dimensión económica. La producción nacional creció 3,05 % en el primer semestre de 2026, pero en junio avanzó solo 1,75 %, con retrocesos en agro, pesca y manufactura. A ello se suma una fragilidad social persistente: la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025, lo que permitió que unas 567 mil personas salieran de esa condición; aun así, en el área rural alcanza 35,5 %. Crecer no basta: la estabilidad debe traducirse en inversión, productividad, formalización y empleo.

En esa línea, algunos ajustes puntuales —como la simplificación de regímenes para pequeñas empresas o la modernización aduanera— pueden encontrar consensos si contribuyen a ampliar la formalidad, facilitar la inversión y mejorar la eficiencia sin erosionar la recaudación. Distinto es el caso de reformas tributarias, laborales, ambientales o de reorganización del Estado de mayor alcance, cuyos efectos trascienden la coyuntura y requieren una evaluación técnica, fiscal y regulatoria más amplia. La economía necesita reformas, pero también predictibilidad.

Precisamente por ello, las materias que no respondan a una urgencia inmediata deberían recibir un tratamiento diferenciado. Si el Ejecutivo considera indispensable legislar también por delegación en esos ámbitos, podría presentar un segundo proyecto de facultades, separado del paquete destinado a seguridad y prevención frente a El Niño, con materias claramente delimitadas, sustento técnico y un plazo propio para su evaluación parlamentaria. Así se evitaría que la premura frente al crimen o una emergencia climática termine sirviendo de vehículo para reformas estructurales que merecen mayor escrutinio. La urgencia exige velocidad; las reformas de largo alcance, además, exigen deliberación.

Finalmente, la gobernabilidad no se agota en la relación entre Palacio y el Congreso. La Defensoría del Pueblo registró 191 conflictos sociales en julio de 2026: 150 activos y 41 latentes. Cuatro surgieron ese mes y dos se reactivaron. Un Estado que aparece cuando empieza la protesta ya llegó tarde. Prevenir conflictos exige presencia territorial, diálogo temprano y coordinación con regiones y municipios.

De allí que una salida razonable sea una delegación breve —60 días—, concentrada en seguridad y en las medidas indispensables frente a El Niño, con objetivos, normas a modificar, responsables e indicadores públicos. Las reformas estructurales deberían seguir el procedimiento legislativo regular.

Gobierno y oposición no fueron elegidos para coincidir en todo. La democracia necesita discrepancia y fiscalización. Pero también necesita reconocer aquello que no puede esperar. La extorsión no puede esperar. El Niño no puede esperar. La prevención de conflictos y la protección de infraestructura crítica tampoco.

Por eso, un Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026 no sería un pacto de adhesión al Ejecutivo, sino un compromiso institucional con objetivos, plazos y resultados. El éxito no debería medirse por cuántas facultades obtiene el Gobierno o bloquea la oposición, sino por la capacidad del sistema político para reducir el miedo, proteger al país, sostener el crecimiento, disminuir la pobreza y recuperar confianza. Quizá el desafío más necesario sea ponernos de acuerdo en lo urgente sin dejar de discrepar en todo lo demás.

La nueva agenda económica: entre la disciplina fiscal y el desafío de crecer

Por Wens Silvestre

Los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.

La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.

También es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años, el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados, infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará movilidad social.

El problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.

Uno de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales. Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 % del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en evaluación.

Aunque las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda verificable de convergencia fiscal.

En ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.

Petroperú constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.

Cuba descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.

El aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 % puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o trasladarse hacia la informalidad.

La gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado. La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.

Algo similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y transparencia.

Más relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería formar parte de una estrategia más amplia.

En esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.

La meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza, pero importa tanto su cantidad como su calidad.

La prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas, infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya disminuido antes de que ocurra la emergencia.

El contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales, laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus propuestas y construir acuerdos más duraderos.

Los anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica sirva para postergar las reformas.

La verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables, recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.

Bicameralidad, equilibrio político y responsabilidad nacional

Por Wens Silvestre

La elección de Miguel Torres, representante de Fuerza Popular, como presidente del Senado y titular del Congreso para el periodo 2026-2027, así como la elección de Oscar de Jesús Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno, al frente de la Cámara de Diputados, expresa una realidad política que marcará el inicio del nuevo periodo gubernamental: el poder parlamentario estará distribuido entre fuerzas distintas y ninguna podrá imponer unilateralmente su agenda.

El resultado, especialmente ajustado en el Senado, no debe interpretarse únicamente como una victoria del oficialismo o de la oposición. Constituye, principalmente, una señal de fragmentación, equilibrio precario y necesidad de concertación. La nueva bicameralidad peruana iniciará su funcionamiento bajo una correlación política que puede convertirse tanto en una oportunidad para mejorar la calidad de las decisiones públicas como en una fuente permanente de bloqueo e inestabilidad. 

El primer escenario posible es el de la cooperación democrática. En este supuesto, la Presidencia del Senado y la Presidencia de la Cámara de Diputados reconocen que sus responsabilidades trascienden los intereses partidarios. Ambas cámaras podrían establecer mecanismos de coordinación, definir prioridades legislativas comunes y garantizar que la revisión senatorial contribuya a mejorar las leyes aprobadas por los diputados. Esta sería la expresión más saludable de la bicameralidad: una Cámara de Diputados cercana a las demandas políticas y territoriales de la ciudadanía, y un Senado orientado a la reflexión, revisión y corrección técnica de las decisiones legislativas.

Este escenario exige madurez política. El diálogo no significa renunciar a las diferencias ni eliminar la fiscalización. Significa reconocer que existen materias que no pueden ser tratadas como patrimonio de una bancada, de un gobierno o de una coalición electoral. La seguridad ciudadana, la lucha contra el crimen organizado, la generación de empleo, la reducción de la pobreza, la calidad de la educación, el acceso a la salud, la descentralización, la protección ambiental, la prevención de desastres y la reactivación económica son asuntos nacionales. Sobre ellos debe construirse una agenda mínima de entendimiento.

Un segundo escenario es el de la confrontación permanente. La Cámara de Diputados, conducida por una fuerza opositora, podría utilizar intensivamente sus atribuciones de control político para interpelar, censurar o investigar a ministros y funcionarios. A su vez, el Senado, con una conducción cercana al Gobierno, podría revisar, modificar o rechazar sistemáticamente las iniciativas provenientes de los diputados. En ese contexto, cada cámara actuaría no como parte de un mismo Poder Legislativo, sino como una trinchera política enfrentada a la otra.

Las consecuencias serían graves. Las reformas urgentes se postergarían, la producción legislativa perdería eficacia y la ciudadanía percibiría que la bicameralidad solo ha duplicado los espacios de conflicto. El Congreso podría quedar atrapado en una sucesión de acusaciones, censuras, investigaciones y respuestas defensivas, mientras los problemas reales del país permanecen sin solución. La confrontación podría incluso trasladarse a la relación entre el Ejecutivo y la Cámara de Diputados, elevando el riesgo de una crisis de gobernabilidad.

Un tercer escenario es el de la negociación particularista. En lugar de acuerdos públicos sobre políticas nacionales, podrían desarrollarse negociaciones fragmentadas para distribuir presidencias de comisiones, cargos, presupuestos, nombramientos o beneficios territoriales. Este tipo de transacción puede producir una estabilidad aparente, pero debilita la legitimidad institucional y alimenta la percepción de que la política sirve para atender intereses de grupo.

El peligro no radica en negociar. La política democrática requiere negociación. El problema surge cuando los acuerdos se realizan sin transparencia, sin criterios técnicos y sin una orientación hacia el bien común. La concertación legítima debe permitir construir soluciones nacionales; el reparto particularista convierte las decisiones públicas en instrumentos de intercambio entre élites políticas.

También es posible un cuarto escenario: la fragmentación de las alianzas. Las coaliciones que permitieron elegir a las mesas directivas podrían no mantenerse unidas durante todo el periodo parlamentario. Las diferencias ideológicas, regionales y programáticas aparecerán con mayor claridad cuando se debatan reformas económicas, políticas sociales, cuestiones constitucionales, designaciones de altas autoridades o decisiones presupuestarias. En ese caso, los presidentes de ambas cámaras deberán actuar como articuladores y no únicamente como representantes de sus organizaciones políticas.

Miguel Torres enfrentará una responsabilidad especialmente delicada. Como presidente del Senado y del Congreso, deberá demostrar que puede diferenciar su pertenencia partidaria de su función institucional. Su papel no debe ser proteger al Gobierno frente al control parlamentario ni bloquear automáticamente las iniciativas de la oposición. Le corresponde garantizar el respeto a las minorías, promover una deliberación ordenada y preservar la autonomía de ambas cámaras.

Oscar Reto Otero, por su parte, tendrá el desafío de conducir una Cámara de Diputados con capacidad de control político, pero también con la obligación de legislar responsablemente. La oposición no debe confundirse con la obstrucción. Fiscalizar es exigir información, verificar responsabilidades y corregir decisiones públicas; no convertir cada discrepancia en una crisis ministerial. Una Cámara que abuse de la censura o de la investigación puede terminar debilitando su propia legitimidad.

El país necesita que ambas autoridades comprendan que el éxito del nuevo Congreso bicameral no será medido por la cantidad de leyes aprobadas, de ministros censurados o de adversarios derrotados. Será evaluado por su capacidad para ofrecer estabilidad, producir normas de calidad, controlar democráticamente al poder y responder a los problemas concretos de la población.

Por ello, resulta indispensable acordar una agenda nacional para el periodo 2026-2027. Esta agenda debería contener prioridades limitadas, verificables y acompañadas de plazos, responsables e indicadores. No se requiere un pacto que elimine la oposición ni una alianza que uniformice las posiciones políticas. Se necesita un compromiso básico que permita distinguir entre los asuntos legítimamente sometidos a competencia partidaria y aquellos que exigen respuestas de Estado.

La seguridad, el crecimiento económico, la lucha contra la corrupción, la educación, la salud, el cierre de brechas de infraestructura, la atención de las regiones, la adaptación al cambio climático y el fortalecimiento institucional no pueden depender exclusivamente de la agenda de un partido. Tampoco pueden ser utilizados como instrumentos de presión o propaganda.

La nueva bicameralidad tendrá sentido únicamente si mejora la representación, la deliberación y la calidad normativa. Si se convierte en una duplicación de burocracias, enfrentamientos y privilegios, la ciudadanía cuestionará rápidamente su utilidad. La responsabilidad de evitarlo recae tanto en el oficialismo como en la oposición.

El Perú no necesita un Senado al servicio del Gobierno ni una Cámara de Diputados dedicada a bloquearlo. Necesita un Congreso capaz de controlar sin destruir, legislar sin improvisar y negociar sin subordinar el interés general a conveniencias particulares.

La oportunidad histórica está abierta. La distribución del poder obliga al diálogo. Convertir esa obligación en una verdadera cultura de consenso será la principal prueba política del nuevo periodo parlamentario.

El Tribunal cerró la puerta cuando el gasto ya estaba dentro

Por Wens Silvestre

La rectificación tardía del artículo 79 y la factura fiscal que heredará el próximo gobierno

Durante varios años, el Congreso peruano encontró una manera aparentemente legal de prometer beneficios, crear obligaciones y ordenar nuevas prestaciones sin asumir la responsabilidad de explicar quién las pagaría. Bastaba con disponer que la medida se ejecutaría en los años siguientes, que se aplicaría “progresivamente”, que estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal o que no demandaría recursos adicionales durante el ejercicio fiscal vigente. La obligación quedaba creada; la factura, en cambio, se enviaba al futuro.

Esa práctica no surgió solamente de la creatividad legislativa. Fue posibilitada por una interpretación del Tribunal Constitucional que redujo la prohibición del artículo 79 de la Constitución al presupuesto del año en curso. Según esa lectura, el congresista no podía crear un desembolso inmediatamente imputable al presupuesto vigente, pero sí podía aprobar una ley que se convirtiera en fuente jurídica de obligaciones estatales para que el Poder Ejecutivo incorporara posteriormente las partidas necesarias. La diferencia entre “gasto público actual” y “obligación futura” terminó convirtiéndose en una ventana constitucional por la que ingresaron compromisos permanentes, muchas veces sin financiamiento, evaluación técnica ni jerarquización de prioridades.

La Sentencia 158/2026, recaída en el Expediente 00018-2023-PI/TC, ha decidido finalmente cerrar esa ventana. El Tribunal se aparta expresamente de la posición adoptada en el Expediente 00018-2021-PI/TC y establece que los congresistas no tienen iniciativa para incrementar gastos que afecten el presupuesto anual ni aquellos que impacten en el futuro. Es un cambio jurisprudencial explícito, calificado por el propio Tribunal como overruling.

La corrección es jurídicamente necesaria. Pero llega cuando la caja fiscal ya está llena de pagarés políticos. 

La Constitución no prohibía solamente gastar este año

El artículo 79 es categórico: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo respecto de su propio presupuesto. Su texto no dice “durante el año fiscal vigente”, “con cargo al presupuesto actual” ni “si el desembolso es inmediato”. Esa limitación temporal fue introducida por la interpretación jurisprudencial, no por la Constitución.

Además, el artículo 79 no puede leerse como una isla. Forma parte de una Constitución presupuestaria en la que el artículo 77 dispone que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto anual y que los recursos deben asignarse equitativamente, atendiendo criterios de eficiencia y necesidades sociales básicas. El artículo 78 exige que el proyecto presupuestal esté efectivamente equilibrado. Y el artículo 118, inciso 17, atribuye al presidente de la República la administración de la hacienda pública.

Leídos sistemáticamente, estos artículos distribuyen responsabilidades. El Congreso delibera, representa, fiscaliza y aprueba el presupuesto, pero el Ejecutivo formula la política fiscal, administra el tesoro, proyecta ingresos, programa gastos y responde por el equilibrio financiero. Permitir que ciento treinta congresistas creen unilateralmente obligaciones futuras equivale a fragmentar la conducción fiscal entre múltiples centros de decisión que pueden prometer beneficios sin cargar directamente con el costo político de financiarlos.

El problema, por tanto, nunca fue únicamente contable. Fue también un problema de separación de poderes y de responsabilidad democrática. Quien aprueba un derecho económico permanente debe explicar qué ingreso permanente lo financiará, qué gasto será desplazado y qué efectos producirá sobre las siguientes generaciones. Prometer sin financiar no constituye necesariamente generosidad social: con frecuencia es una forma de trasladar el costo de la popularidad presente al contribuyente futuro.

La doctrina de la obligación futura

La anterior jurisprudencia sostuvo que una ley de iniciativa congresal no vulneraba el artículo 79 mientras no produjera un gasto inmediatamente imputable a la Ley de Presupuesto vigente. También admitió que la ley podía constituirse en fuente jurídica de obligaciones que el Ejecutivo tendría que presupuestar posteriormente. Esa doctrina apareció en diversos pronunciamientos sobre negociación colectiva, salud pública, incorporación de personal y otras materias.

En términos formales, el Congreso no abría la caja fiscal durante el año corriente. En términos materiales, dejaba al Ejecutivo tres alternativas para los años siguientes: aumentar los ingresos, endeudarse o reducir otras partidas. La ley podía no ejecutar el gasto hoy, pero restringía la libertad presupuestaria de mañana.

La distinción era especialmente problemática porque las obligaciones permanentes no desaparecen al terminar un ejercicio fiscal. Remuneraciones, pensiones, bonificaciones, incorporaciones laborales, transferencias automáticas y beneficios tributarios condicionan todos los presupuestos posteriores. Una ley que crea una pensión vitalicia puede no alterar el presupuesto del día de su promulgación, pero compromete recursos durante décadas. Sostener que no existe iniciativa de gasto porque el primer pago se producirá después equivale a confundir la fecha de vencimiento de la factura con el momento en que se contrajo la obligación.

El nuevo Tribunal reconoce esa insuficiencia. Su sentencia señala que la sostenibilidad financiera no puede reducirse al impacto sobre el presupuesto vigente, sino que debe abarcar la planificación multianual. De este modo, recupera una idea elemental: el equilibrio presupuestario no consiste únicamente en hacer cuadrar las cuentas de diciembre, sino en preservar la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones de manera continua.

Doscientas cincuenta y ocho leyes después

La magnitud del problema ya no permite tratarlo como una controversia académica. En su pronunciamiento de julio de 2026, el Consejo Fiscal identificó 258 leyes aprobadas entre 2021 y 2026 que incrementan el gasto público. Considerando solamente 48 leyes aprobadas desde septiembre de 2025, calculó un costo fiscal permanente de S/23.300 millones anuales, equivalente al 1,9 % del producto bruto interno. Otras tres leyes representarían un costo acumulado de S/82.300 millones.

El deterioro venía siendo advertido. En octubre de 2025, el Consejo Fiscal había contabilizado 229 leyes con impacto fiscal adverso, entre ellas normas que aumentaban el gasto, reducían ingresos o introducían rigideces en las finanzas públicas. Ciento una habían sido promulgadas por insistencia del Congreso y su costo anual conjunto superaba los S/36.000 millones.

En marzo de 2026, el mismo organismo estimó que las medidas aprobadas durante las primeras sesiones legislativas del año generaban por sí solas al menos S/11.400 millones de gasto permanente anual. Esa suma equivalía a varias veces el presupuesto de programas como Pensión 65, becas educativas, alimentación escolar o lucha contra la desnutrición infantil. El Consejo Fiscal no cuestionaba que pudieran existir necesidades legítimas detrás de esas leyes; advertía que cada sol asignado sin evaluación ni financiamiento tiene un costo de oportunidad sobre otras necesidades igualmente legítimas.

La caja pública no es infinita y tampoco se renueva por mandato legislativo. En 2025, el déficit fiscal fue de 2,2 % del PBI, mientras que las reglas fiscales fueron incumplidas sucesivamente en 2023, 2024 y 2025. Al cierre de 2025, los activos financieros del sector público no financiero se encontraban en un mínimo histórico de 7,4 % del PBI; apenas alrededor de 2,5 % correspondía a recursos disponibles para el Tesoro, incluyendo el Fondo de Estabilización Fiscal. El Estado, por tanto, enfrenta mayores compromisos con menores colchones para responder a una crisis.

Los ejercicios prospectivos son todavía más preocupantes. El Consejo Fiscal calculó en 2025 que la implementación de 21 leyes cuyo impacto había podido cuantificarse elevaría el déficit promedio a 3,2 % del PBI entre 2026 y 2036 y llevaría la deuda pública aproximadamente al 47 % del PBI en 2036. Si además se aprobaran 53 iniciativas entonces en trámite, el déficit promedio alcanzaría 5,8 % del PBI y la deuda podría llegar a 69,8 % del PBI en 2036. Incluso bajo escenarios alternativos más favorables, la trayectoria de la deuda continuaba siendo ascendente.

Estas cifras no constituyen una predicción inevitable. Son escenarios condicionados a la implementación de las medidas analizadas y a determinados supuestos macroeconómicos. Sin embargo, muestran la dirección del riesgo: la acumulación de obligaciones permanentes sin ingresos permanentes vuelve incompatible el gasto legalmente prometido con la estabilidad fiscal.

La responsabilidad no pertenece únicamente al Congreso

Sería cómodo atribuir todo el daño al Parlamento. También sería incompleto.

El Congreso tiene la responsabilidad principal por haber convertido la legislación en un mecanismo de distribución de beneficios sin evaluación rigurosa de su financiamiento. En numerosos casos ignoró las observaciones técnicas, aprobó normas por insistencia y utilizó fórmulas como “sin demandar recursos adicionales” o “con cargo al presupuesto institucional” para ocultar que una obligación real no deja de costar por el simple hecho de negar su costo en una disposición legal.

Pero el Poder Ejecutivo tampoco puede presentarse como un espectador impotente. El Consejo Fiscal reveló que, pese al elevado número de leyes que generaban gasto permanente, desde 2021 solo se habían presentado tres demandas de inconstitucionalidad hasta octubre de 2025. Muchas normas fueron promulgadas sin observación presidencial o no fueron impugnadas oportunamente ante el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo tenía el deber de observar las autógrafas, sustentar públicamente sus costos, acudir al control constitucional y transparentar su impacto en el Marco Macroeconómico Multianual y en los proyectos de presupuesto. Su pasividad, y en algunos casos su participación en la aprobación o promulgación de medidas fiscalmente costosas, debilitó su propia competencia para administrar la hacienda pública.

El Tribunal Constitucional también debe asumir su cuota de responsabilidad institucional. La interpretación que circunscribió la prohibición del artículo 79 al presupuesto vigente no fue una consecuencia inevitable del texto constitucional. Fue una construcción jurisprudencial que permitió separar artificialmente la creación de la obligación y su ejecución presupuestaria. La nueva sentencia corrige esa doctrina, pero la corrección no borra las consecuencias producidas mientras estuvo vigente.

Estamos, por ello, ante una responsabilidad compartida: un Congreso que prometió, un Ejecutivo que con frecuencia no observó ni demandó y un Tribunal que durante años proporcionó una interpretación favorable a las obligaciones diferidas.

Una rectificación que no limpia el pasado

La nueva sentencia establece como regla vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto. También dispone que los proyectos congresales con impacto económico excepcionalmente admisibles deben coordinarse con el Ejecutivo, identificar expresamente una fuente de financiamiento —mediante nuevos ingresos o reasignaciones—, contar con un informe previo de sostenibilidad fiscal y programar progresivamente su ejecución con intervención del Ministerio de Economía y Finanzas.

No se trata, en consecuencia, de prohibir toda iniciativa parlamentaria relacionada con derechos sociales. El Tribunal admite un espacio excepcional, pero lo somete a responsabilidad financiera y cooperación entre poderes. Esta precisión es fundamental: la sostenibilidad fiscal no debe utilizarse como coartada para desconocer el contenido mínimo de los derechos fundamentales, pero los derechos tampoco pueden convertirse en una coartada para emitir cheques sin fondos.

El aspecto más delicado se encuentra en los efectos temporales del fallo. El Tribunal dispuso que los casos conocidos a partir de la publicación de la sentencia estarán sujetos a los nuevos criterios. No declaró inválidas en bloque las leyes aprobadas bajo la jurisprudencia anterior ni ordenó revisar automáticamente las 258 normas identificadas por el Consejo Fiscal.

Por ello, la rectificación es prospectiva, pero la deuda legislativa es retrospectiva. El nuevo criterio servirá para controlar futuras iniciativas y para resolver nuevas demandas, pero cada ley anterior seguirá produciendo efectos mientras no sea derogada, modificada, interpretada conforme a la Constitución o declarada inconstitucional.

La tarea urgente del próximo gobierno

El Consejo Fiscal ha recomendado expresamente que tanto la administración actual como la siguiente utilicen todas las herramientas institucionales disponibles, incluidas las acciones de inconstitucionalidad contra leyes que afecten la sostenibilidad fiscal y presenten indicios de inconstitucionalidad.

Sin embargo, no bastará con anunciar una ofensiva judicial indiscriminada. No todas las 258 leyes son necesariamente inconstitucionales por el solo hecho de generar gasto. Algunas pueden responder a mandatos constitucionales, contar con financiamiento suficiente o haber sido coordinadas con el Ejecutivo. Otras pueden presentar defectos subsanables. El próximo gobierno deberá realizar un inventario técnico y jurídico, cuantificar los costos efectivamente materializados, identificar las fuentes de financiamiento, determinar el grado de ejecución y priorizar las normas de mayor impacto y más evidente incompatibilidad constitucional.

La urgencia tiene un límite procesal. El Nuevo Código Procesal Constitucional establece que la demanda de inconstitucionalidad debe presentarse dentro de los seis años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. Esto significa que las leyes aprobadas desde 2021 comenzarán a alcanzar progresivamente su fecha de prescripción a partir de 2027. El próximo gobierno no dispondrá de todo el quinquenio para evaluar las primeras normas: deberá actuar desde sus primeros meses.

La estrategia debería combinar control constitucional, propuestas de derogación o modificación, mecanismos de implementación condicionada a disponibilidad financiera real y una reforma del procedimiento legislativo. Ningún dictamen que cree gasto debería llegar al Pleno sin estimación independiente de costos, fuente permanente de financiamiento, opinión fiscal del Ejecutivo y explicación pública del gasto que será desplazado.

También será indispensable transparentar todas las obligaciones en el Marco Macroeconómico Multianual. El Consejo Fiscal ha advertido que las proyecciones oficiales no incorporan de manera clara y completa los compromisos derivados de diversas leyes aprobadas. Ocultar una obligación fuera del presupuesto no la hace desaparecer; solamente posterga el momento en que el desequilibrio se vuelve visible.

Los derechos sociales también necesitan una caja sostenible

Defender la disciplina fiscal no significa defender un Estado indiferente. Significa impedir que los derechos sean degradados a promesas que ningún gobierno podrá cumplir. Una política social sin financiamiento permanente puede producir expectativas legítimas, litigios, obligaciones devengadas y frustración ciudadana, pero no necesariamente servicios públicos sostenibles.

El verdadero conflicto no es entre responsabilidad fiscal y justicia social. Es entre una justicia social financiable, universal y duradera, y una distribución fragmentada de beneficios que favorece a grupos con capacidad de presión mientras desplaza silenciosamente a quienes dependen de programas menos visibles.

Cada sol comprometido en una ley sin financiamiento será pagado mediante mayores impuestos, menor inversión pública, reducción de otros servicios, utilización de ahorros fiscales o incremento de la deuda. La ley puede decidir quién recibe el beneficio, pero no puede abolir el costo.

La Sentencia 158/2026 devuelve al artículo 79 el alcance que nunca debió perder: el Congreso no puede crear gasto presente ni futuro al margen de la conducción fiscal del Ejecutivo. Pero la sentencia llega cuando cientos de normas ya han convertido la excepción en sistema.

El Tribunal ha cerrado finalmente la puerta. El problema es que, mientras estuvo abierta, ingresaron obligaciones suficientes para hipotecar varios presupuestos futuros. Ahora corresponde al próximo gobierno decidir si administra resignadamente esa hipoteca o utiliza, antes de que prescriban los plazos, las herramientas constitucionales para impedir que la irresponsabilidad legislativa de un periodo se transforme en la austeridad forzada de toda una generación

El planeta en retroalimentación: la crisis climática ante la indiferencia del poder

Por Wens Silvestre

Olas de calor marinas, pérdida de biodiversidad, eventos extremos y gobiernos atrapados entre el negacionismo, la guerra y la insuficiencia política.

En la costa peruana, el invierno parece haber empezado a perder su memoria. Allí donde el mar frío solía traer garúa, humedad persistente y temperaturas frescas, hoy aparece un aire templado, casi veraniego, impulsado por aguas anómalamente cálidas. No se trata de una rareza meteorológica ni de una exageración sensorial de quienes viven frente al Pacífico. Boletines recientes del litoral peruano han registrado anomalías positivas de temperatura superficial del mar de hasta +7 °C frente a la costa norte, junto con anomalías del nivel del mar superiores a +20 cm en varias zonas. Además, SENAMHI ha reportado olas de calor diurnas y nocturnas en Lima Metropolitana, con días y noches muy cálidos fuera de lo habitual para la estación.

Esta imagen resulta poderosa porque resume una transformación mayor: el océano, que durante siglos funcionó como regulador silencioso del clima costero, empieza a devolver el exceso de energía acumulado por un planeta alterado. Lo que ocurre frente al Perú dialoga con las olas de calor en Europa, con los corales blanqueados, con las sequías amazónicas, con los incendios, con la irregularidad de los friajes y con un El Niño 2026–2027 que amenaza con actuar sobre un sistema climático ya sobrecargado. NOAA informó en junio de 2026 que las condiciones de El Niño están presentes y se espera que se fortalezcan hacia el invierno boreal 2026–2027; la OMM, por su parte, advirtió una alta probabilidad de continuidad del evento al menos hasta noviembre de 2026. 

Por ello, el problema ya no puede describirse como una suma de anomalías aisladas. La crisis climática ha entrado en una fase de retroalimentaciones visibles: el mar caliente eleva la temperatura del aire costero; el aire caliente reduce el alivio nocturno; los suelos secos intensifican las olas de calor; los incendios liberan carbono; la pérdida de bosques disminuye la capacidad de capturar humedad y CO₂; y los océanos cálidos blanquean corales, desplazan peces y alteran redes tróficas. En consecuencia, el sistema climático se ha vuelto más energético, más acoplado y menos estable.

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el periodo 2015–2025 reúne los once años más cálidos registrados, y que 2025 fue uno de los tres años más cálidos desde que existen registros instrumentales modernos, con una temperatura global aproximada de 1,44 °C por encima del promedio preindustrial. Sin embargo, este dato no es una abstracción estadística: es el telón de fondo de cada ola de calor, de cada océano anómalamente cálido, de cada noche que deja de refrescar, de cada cultivo que pierde rendimiento y de cada especie empujada fuera de su rango ecológico. La crisis climática ya no es solo un aumento gradual de temperatura; es, sobre todo, una crisis de habitabilidad.

Durante mucho tiempo, el océano absorbió gran parte del exceso de calor generado por las emisiones humanas. Esa absorción hizo que el calentamiento atmosférico fuera menos abrupto de lo que habría sido en un planeta sin mares. No obstante, esa función amortiguadora tiene un costo: el océano se calienta, se expande, se acidifica, pierde oxígeno y produce olas de calor marinas cada vez más intensas.

En zonas de surgencia como la costa peruana, estas olas de calor marinas no son simples episodios de agua tibia. Alteran la arquitectura climática inmediata. Si el mar que debía enfriar la capa baja de la atmósfera se calienta, cambian la nubosidad, la garúa, la humedad relativa, la temperatura nocturna y la sensación térmica. Así, el invierno costero se vuelve ambiguo: ni plenamente frío ni plenamente seco, sino desordenado. Es la señal local de un desequilibrio planetario.

Mientras tanto, en otros mares, el efecto es ecológico antes que atmosférico. NOAA informó que el cuarto evento global de blanqueamiento coralino, desarrollado entre 2023 y mediados de 2025, afectó por estrés térmico a cerca del 84 % del área mundial de arrecifes y documentó blanqueamiento masivo en al menos 83 países y territorios. Ese dato debería estremecer más que cualquier declaración diplomática, porque los corales no son ornamentos submarinos: son infraestructura viva. Sostienen biodiversidad, pesca, turismo, protección costera y alimentación para millones de personas.

Cuando un arrecife colapsa, no desaparece solo un paisaje submarino. Se pierde refugio para peces juveniles, se debilitan cadenas alimentarias, se expone la costa al oleaje y se empobrece la economía de comunidades que no causaron la crisis. Por tanto, la pérdida de biodiversidad no es un capítulo sentimental del cambio climático; es la destrucción de los sistemas que permiten que la vida se recupere después del golpe.

La modernidad política ha tratado la biodiversidad como un lujo: algo valioso, sí, pero secundario frente a la economía, la energía o la seguridad. Esa mirada es científicamente equivocada. Bosques, humedales, manglares, arrecifes, pastos marinos, suelos vivos, glaciares y redes de especies forman parte de la infraestructura que mantiene condiciones habitables. El IPCC ha señalado que el cambio climático ya produce impactos adversos y pérdidas en la naturaleza y en las personas, y que los ecosistemas sostienen medios de vida y servicios esenciales, aunque también tienen límites de adaptación. En otras palabras, la naturaleza no es un escenario sobre el que ocurre la economía humana: es la base material que la hace posible.

De ahí que la pérdida de biodiversidad agrave la crisis climática. Menos bosque significa menos evapotranspiración, menos reciclaje de humedad, menos sombra y menos carbono almacenado. Menos manglar significa más vulnerabilidad costera. Menos corales significa menos pesca y menos protección natural ante tormentas. Menos insectos, aves y anfibios significa redes ecológicas más frágiles. Así, la crisis climática empuja a la biodiversidad hacia el límite; y la pérdida de biodiversidad, a su vez, reduce la capacidad del planeta para amortiguar la crisis.

Esa es la retroalimentación que los discursos oficiales suelen suavizar: no estamos dañando “el ambiente” como si fuera una entidad externa. Estamos desmantelando los mecanismos vivos que hacen posible la agricultura, el agua, la pesca, la salud y la estabilidad social.

Los impactos sobre la vida humana ya no pertenecen al lenguaje del futuro. Están en el presente: trabajadores expuestos al sol, pescadores que encuentran especies desplazadas, agricultores que enfrentan lluvias erráticas, ciudades que consumen más electricidad para enfriar viviendas mal diseñadas, familias que pagan alimentos más caros por sequías o inundaciones, niños y ancianos que atraviesan noches sin alivio térmico. Además, una ola de calor no mata solo por alcanzar una temperatura máxima. Mata por duración, humedad, falta de sombra, precariedad urbana, pobreza energética y ausencia de descanso nocturno. Del mismo modo, una sequía no destruye solo cultivos; destruye ingresos, endeuda familias, aumenta precios y puede empujar migraciones.

Por eso la crisis climática es profundamente desigual. Quienes menos han contribuido al calentamiento suelen ser quienes más expuestos están a sus impactos. El IPCC ha subrayado que las comunidades vulnerables, históricamente menos responsables de las emisiones actuales, son afectadas de forma desproporcionada por los daños climáticos. Esa desigualdad convierte la crisis climática en una cuestión ética y política, no solo ambiental.

Ante esta realidad, la respuesta de los gobiernos sigue siendo insuficiente. No porque no exista ninguna política climática: hay leyes, planes de adaptación, inversiones renovables, mercados de carbono, compromisos nacionales y estrategias de resiliencia. Sería falso afirmar que todos los gobiernos son negacionistas. El problema es más grave: muchos aceptan la ciencia, pronuncian discursos correctos y aun así actúan por debajo de la escala del peligro.

UNEP estima que, con las políticas actuales, el mundo se encamina a aproximadamente 2,8 °C de calentamiento este siglo; incluso con la plena implementación de las contribuciones nacionales determinadas, la proyección se mantiene en torno a 2,3–2,5 °C, lejos del objetivo de París. A la vez, la brecha de adaptación es escandalosa: los países en desarrollo necesitarán entre 310 000 y 365 000 millones de dólares anuales hacia 2035, pero en 2023 recibieron apenas 26 000 millones en financiamiento público internacional para adaptación. La conclusión es incómoda: el mundo no está fallando por falta de información, sino por prioridades políticas.

Donald Trump representa la expresión más abierta de esa regresión. Su administración inició la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la EPA anunció en 2026 la eliminación del Endangerment Finding de 2009, base jurídica clave para regular gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio. No se trata de mera indiferencia, sino de una política activa de desregulación, nacionalismo fósil y hostilidad hacia la ciencia climática. Pero sería cómodo culpar solo a Trump. La irresponsabilidad climática contemporánea no es únicamente el negacionismo explícito. También es la aceptación retórica de la emergencia combinada con subsidios fósiles, expansión extractiva, adaptación subfinanciada, urbanismo vulnerable y diplomacia climática sin dientes.

A esto se suma que la agenda de las guerras ha eclipsado la agenda climática en buena parte del mundo. No porque la haya eliminado, sino porque la ha subordinado. La seguridad energética, el rearme, la competencia geopolítica y el control de recursos vuelven a ocupar el centro del cálculo estatal. SIPRI informó que el gasto militar mundial alcanzó 2,887 billones de dólares en 2025, el undécimo año consecutivo de aumento. La comparación con el financiamiento climático es moralmente brutal: mientras la adaptación para los países vulnerables recibe apenas una fracción de lo necesario, el mundo encuentra recursos gigantescos para prepararse para guerras, sostener conflictos o ampliar arsenales.

No se trata de negar amenazas geopolíticas reales. Se trata de advertir una contradicción histórica: los Estados invierten con rapidez cuando perciben un enemigo armado, pero actúan con lentitud ante una amenaza climática que ya destruye hogares, cosechas, arrecifes, glaciares, vidas y economías. La física del clima no espera a que terminen las guerras. La atmósfera no suspende su acumulación de CO₂ por razones diplomáticas.

La ciencia ha cumplido con una claridad notable. Ha descrito los mecanismos, reducido incertidumbres, advertido riesgos, identificado trayectorias y mostrado alternativas. En consecuencia, el fracaso principal no está en el conocimiento; está en la voluntad. La crisis climática no exige solamente mejores tecnologías, aunque las necesita. Exige otra jerarquía de prioridades. Exige entender que la economía no puede prosperar sobre ecosistemas colapsados; que la seguridad nacional pierde sentido en territorios inhabitables; que el crecimiento pierde legitimidad cuando destruye las condiciones básicas de la vida; y que la adaptación no puede ser privilegio de países ricos y barrios acomodados.

La Tierra ya no envía advertencias discretas. Responde con retroalimentaciones: mares que calientan costas, bosques que pierden humedad, hielos que dejan de reflejar luz, corales que blanquean, ciudades que acumulan calor, alimentos que encarecen, enfermedades que se expanden y especies que desaparecen.

El drama político de nuestro tiempo no consiste en que no sepamos lo que ocurre. Consiste en que lo sabemos y aun así seguimos negociando con la física: aplazando la adaptación, financiando combustibles fósiles, militarizando presupuestos y tratando la biodiversidad como un adorno prescindible. La crisis climática no es el fin abstracto del mundo. Es algo más concreto y más difícil de enfrentar: el deterioro progresivo de las condiciones que hacen posible una vida digna, diversa y estable en la Tierra. Frente a eso, la indiferencia política no es neutralidad. Es una forma de violencia contra el futuro.

Referencias Bibliográficas

Artículos científicos

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Fuentes oficiales y reportes institucionales

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La inteligencia artificial no cabe en el G7: por qué el mundo necesita un G11AI

Por Wens Silvestre

El G7 ha entendido algo decisivo: la inteligencia artificial ya no es una promesa tecnológica, sino una infraestructura de poder. Sus efectos alcanzan al sistema financiero, al empleo, a la infancia, a la seguridad nacional, a la energía, a la guerra y a la democracia. Sin embargo, el mismo diagnóstico que vuelve pertinente su preocupación revela también su mayor limitación: una tecnología de alcance planetario no puede gobernarse desde un club restringido de aliados.

En la cumbre de Évian, los líderes del G7 pidieron a sus ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales que, junto con supervisores financieros, instituciones globales y empresas tecnológicas, analizaran las oportunidades y riesgos de la IA, especialmente en el sector financiero, la productividad y los mercados laborales. También solicitaron al grupo cibernético del G7 mejorar el intercambio de información ante los avances de los modelos de IA de frontera.

La declaración es relevante porque reconoce que la IA puede convertirse en un factor de inestabilidad sistémica. Un algoritmo mal gobernado en una red social puede degradar la conversación pública; un modelo opaco en el sistema bancario puede amplificar riesgos financieros; una IA generativa sin controles puede facilitar fraudes, deepfakes, manipulación electoral o ataques cibernéticos. Por eso, cuando el G7 habla de “preparación”, no se refiere solo a innovación: habla de defensa institucional ante una tecnología que avanza más rápido que los marcos políticos que deberían contenerla. 

El problema es que el G7 llega tarde y llega incompleto. Llega tarde porque la IA ya está instalada en la economía, la educación, la seguridad y la vida cotidiana. Llega incompleto porque deja fuera a actores sin los cuales cualquier arquitectura global será parcial. China no es un invitado opcional en esta conversación: es uno de los polos centrales de la IA mundial. El Stanford AI Index 2026 señala que la brecha de desempeño entre modelos estadounidenses y chinos prácticamente se ha cerrado, aunque Estados Unidos aún produce más modelos de alto nivel y concentra mayor inversión privada.

Tampoco puede ignorarse a Rusia, aunque por una razón distinta. Rusia no lidera la IA de frontera al nivel de Estados Unidos o China; de hecho, Reuters informó que Sberbank busca chips chinos para sostener GigaChat porque las sanciones occidentales limitan su acceso a hardware avanzado, y que Rusia sigue rezagada frente a los dos grandes líderes de la IA. Pero Rusia sí es una potencia nuclear, militar y cibernética. En gobernanza de IA, no solo importa quién innova más; importa también quién puede causar mayor daño estratégico.

Ahí está el punto central: la gobernanza global de la IA no debe organizarse solo por afinidad política, sino por capacidad de impacto. El G7 puede coordinar a democracias industriales, pero no puede pretender regular en soledad una tecnología que ya se despliega en cadenas de suministro globales, sistemas militares, mercados financieros, redes de información y plataformas transnacionales.

Las declaraciones del G7 tienen méritos. La llamada a proteger a los menores en entornos digitales, por ejemplo, introduce preocupaciones urgentes: seguridad por defecto, controles parentales, verificación de edad compatible con privacidad, distinción entre contenido auténtico y sintético, y prohibición de material abusivo generado o manipulado con IA. También es pertinente la preocupación por minerales críticos, porque la IA depende de centros de datos, chips, energía y cadenas de suministro vulnerables. El G7 reconoció la concentración de mercado y la necesidad de diversificar suministros estratégicos.

Pero, el límite aparece en el tipo de respuesta: diagnósticos, exhortaciones, coordinación voluntaria, diálogo con empresas y buenas prácticas. Eso es necesario, pero no suficiente. El Financial Stability Board, por ejemplo, propuso en 2026 doce prácticas para una adopción responsable de IA en instituciones financieras; sin embargo, aclaró que no constituyen un estándar internacional obligatorio y que no están diseñadas específicamente para abordar los riesgos emergentes de los modelos de frontera.

En otras palabras: mientras la IA se mueve con velocidad industrial, la gobernanza avanza con lenguaje diplomático.

Por eso es razonable proponer un G11AI: no como reemplazo de la ONU, ni como ampliación formal del G7, sino como una mesa especializada, reducida y estratégica para la gobernanza de la inteligencia artificial avanzada. Ese foro podría incluir a los siete miembros del G7 —Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón— más China, India, Corea del Sur y Rusia. La Unión Europea debería participar como actor institucional permanente, aunque no sea un Estado nacional.

La lógica de ese G11AI sería clara. Estados Unidos y China estarían por liderazgo tecnológico. Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia por capacidad científica, regulatoria, industrial y financiera. Corea del Sur por su papel en semiconductores e innovación tecnológica. India por escala demográfica, talento digital, mercado y peso geopolítico. Rusia por riesgo estratégico, militar, nuclear y cibernético.

Ese G11AI debería concentrarse en cinco tareas: estándares comunes para modelos de frontera; protocolos de auditoría y evaluación independiente; reglas mínimas sobre IA militar y armas autónomas; mecanismos de alerta ante incidentes cibernéticos o financieros; y protección global frente a deepfakes, manipulación informativa y explotación infantil. No se trataría de crear un club de confianza, sino una mesa de contención. Con los aliados se construyen consensos; con los rivales se reducen riesgos.

La objeción inmediata es comprensible: ¿cómo sentar a China y Rusia en una mesa promovida por democracias liberales? La respuesta es incómoda, pero inevitable: porque los riesgos sistémicos no esperan a que exista afinidad ideológica. La historia nuclear enseñó que los adversarios deben hablar no porque confíen entre sí, sino porque el costo del silencio puede ser catastrófico.

El G7 tiene legitimidad parcial, capacidad económica y experiencia institucional. Pero no tiene universalidad. Y en la IA, la ausencia de universalidad no es un detalle diplomático: es una falla estructural. Si China queda fuera, habrá estándares paralelos. Si Rusia queda fuera, la dimensión militar y cibernética quedará subestimada. Si India y el Sur Global quedan en los márgenes, la gobernanza será vista como una arquitectura diseñada por ricos para administrar beneficios propios y exportar riesgos ajenos.

La IA no necesita solo “barreras de seguridad”; necesita una política mundial del poder algorítmico. El G7 ha dado un paso correcto al reconocer la magnitud del desafío. Pero ahora debe aceptar una verdad más difícil: la inteligencia artificial no cabe en el G7. Si la tecnología es global, la gobernanza también debe serlo. Y si los riesgos son civilizatorios, la mesa debe incluir no solo a quienes comparten valores, sino también a quienes tienen la capacidad real de alterar el destino común.