Cien días: de las cifras del Gobierno a los resultados que espera el Perú

Por Wens Silvestre

El balance de Keiko Fujimori presenta avances que deben verificarse. La siguiente etapa exige demostrar cómo mejoran la seguridad, los servicios públicos y la protección frente a El Niño.

Las expectativas también comprometen a quien gobierna. Cuando las promesas avanzan más rápido que las soluciones, la confianza se desgasta. Tras sus primeros cien días en la Presidencia, Keiko Fujimori tiene la responsabilidad de acercar lo ofrecido a la experiencia cotidiana de los peruanos. Su mensaje del 5 de noviembre presentó cifras y acciones que merecen una evaluación seria. La prueba de su gestión será demostrar cuánto contribuyen a resolver los problemas de la población.

La presidenta sostuvo que cien días son insuficientes para superar dificultades acumuladas durante años, pero permiten mostrar una manera de gobernar. El argumento es razonable. En ese plazo cabe exigir prioridades claras, equipos competentes y capacidad para ejecutar decisiones. También corresponde explicar qué compromisos avanzaron, cuáles se retrasaron y qué se hará para corregirlos. Ese debe ser el criterio para evaluar esta primera etapa.

El balance exige una crítica precisa. Las acciones reportadas merecen examinarse por su alcance y sus efectos. Para ello, es necesario distinguir los recursos movilizados, las intervenciones concluidas y los beneficios que efectivamente recibe la ciudadanía. Esa distinción permite reconocer los avances sin confundirlos con problemas resueltos.

La seguridad constituye la prueba más urgente. Fujimori afirmó que el promedio pasó de 7,5 a 6,5 crímenes diarios y reconoció: “No hemos vencido al crimen aún”. Informó, además, sobre capturas, organizaciones desarticuladas y medidas penitenciarias. La cifra requiere una explicación pública de su fuente, los periodos comparados y los delitos comprendidos. Solo con datos consistentes podrá determinarse si existe una mejora sostenida y dónde se concentra.

La eficacia de esta política debe evaluarse también por la reducción de las extorsiones, la protección de quienes denuncian y la solidez de las investigaciones. Los operativos necesitan inteligencia, continuidad y coordinación entre policías, fiscales y autoridades penitenciarias. La prioridad es que las personas puedan trabajar, desplazarse y emprender sin amenazas. Ese objetivo debe orientar tanto las decisiones como la rendición de cuentas.

Frente a El Niño, la presidenta reportó S/ 1.500 millones invertidos en prevención, 179 kilómetros de ríos descolmatados y un avance del 85 % de lo programado en esa intervención. También mencionó defensas ribereñas, puentes y lugares identificados para instalar albergues. Son afirmaciones concretas cuyo cumplimiento y utilidad deben verificarse en cada territorio.

El alcance de esos datos importa. El porcentaje de ejecución de un programa de descolmatación describe una intervención específica; la preparación del país depende de muchas otras capacidades. Asimismo, un lugar identificado para albergar damnificados requiere agua, saneamiento, suministros y personal para convertirse en una alternativa segura. La población necesita saber qué zonas siguen expuestas, cómo evacuar y qué respuesta puede esperar de las autoridades.

La gestión debe concentrarse en concluir las intervenciones críticas y comprobar su funcionamiento antes de que las emergencias desborden la capacidad de respuesta. Esto exige coordinación continua con gobiernos regionales y municipalidades, información accesible y decisiones oportunas para resolver obstáculos. La prevención también debe atender sequías, incendios y pérdidas agropecuarias, con especial atención a las familias que disponen de menos recursos para recuperarse.

En obras y servicios públicos, Fujimori destacó la reactivación de proyectos y el desbloqueo de 71 iniciativas de agua y saneamiento en 21 regiones. Resolver trabas puede constituir un avance importante, especialmente después de años de paralización. Su valor social se concretará cuando las obras funcionen y sus beneficiarios reciban efectivamente el servicio.

Por eso, la gestión debería priorizar proyectos viables y asegurar los recursos necesarios para operarlos. Un establecimiento de salud requiere personal, medicamentos, equipamiento y mantenimiento. Un sistema de agua debe garantizar calidad y continuidad del suministro. La planificación tiene que abarcar esas condiciones desde el inicio: una infraestructura que funciona de manera deficiente prolonga la frustración ciudadana y compromete nuevos recursos.

En economía, el mensaje reunió indicadores actuales y expectativas. La presidenta destacó una tasa de desempleo de 4,4 % en Lima Metropolitana, proyecciones de crecimiento del 4 % entre analistas consultados por el BCR y recursos adicionales para 2027. Cada dato necesita su contexto: el desempleo de Lima tiene un alcance territorial específico, las proyecciones están sujetas a incertidumbre y los recursos anunciados deberán convertirse en intervenciones eficaces.

La confianza económica debe favorecer la inversión productiva, el empleo de calidad y las oportunidades fuera de la capital. Esto requiere infraestructura útil, mejores servicios y condiciones que faciliten la actividad de las pequeñas empresas. Los apoyos temporales frente a desastres pueden aliviar pérdidas, siempre que tengan destinatarios bien identificados, criterios transparentes y financiamiento sostenible. Su diseño debe contribuir a la recuperación de las familias y de sus medios de vida. 

Todas estas prioridades dependen de una misma condición: la capacidad del Estado para ejecutar bien. La presidenta debería exigir a cada ministerio un conjunto acotado de metas, responsables identificables y plazos realistas. Un registro público de compromisos permitiría seguir el presupuesto, el avance físico y la población atendida. Explicar las desviaciones y corregirlas a tiempo daría credibilidad a ese seguimiento.

La conducción política es parte de esa capacidad. La herencia recibida ayuda a comprender las dificultades, pero gobernar exige asumirlas y actuar sobre ellas. La relación con el Congreso y las autoridades territoriales debe producir acuerdos concretos, respetar la fiscalización y abrir espacio a la crítica informada. Escuchar a las comunidades afectadas también permite detectar fallas que los informes administrativos pueden pasar por alto.

El balance de los cien días ofrece compromisos que ahora deben someterse a seguimiento. La próxima rendición de cuentas debería mostrar qué cambió, para quiénes y con qué recursos, además de explicar las decisiones adoptadas cuando algo falló. Así será posible evaluar la capacidad del Gobierno para sostener los avances y corregir el rumbo.

Fujimori tiene la responsabilidad de formular compromisos realizables y cumplirlos con transparencia. La confianza se fortalecerá cuando las cifras oficiales encuentren respaldo en hogares protegidos, servicios que funcionen y ciudadanos que puedan vivir con menos miedo. Allí se medirá el valor de estos primeros cien días.

Dialogar es una obligación democrática

Por Wens Silvestre

El Parlamento existe porque una sociedad tiene diferencias y necesita procesarlas mediante la palabra, la deliberación y el voto. Cuando sus integrantes convierten al adversario en enemigo, descalifican sus argumentos por su procedencia política o consideran cualquier concesión una derrota, debilitan la institución que deberían fortalecer. El diálogo es una responsabilidad inherente a la representación democrática. Desde la perspectiva deliberativa de Jürgen Habermas, la legitimidad de las decisiones se sustenta en un proceso libre e inclusivo de formación de la voluntad política. Esta idea exige que las posiciones puedan discutirse y someterse al examen público.

Esta exigencia alcanza al oficialismo y a la oposición, aunque sus responsabilidades sean distintas. A quienes respaldan al Gobierno les corresponde explicar sus propuestas, sustentar su necesidad y construir los apoyos para aprobarlas. A quienes discrepan les corresponde fiscalizar, advertir riesgos y plantear alternativas. Ninguna de esas funciones justifica la imposición, el agravio o el bloqueo como conducta permanente. Reconocer al otro como interlocutor legítimo expresa un principio de igualdad democrática: sus razones merecen ser escuchadas y examinadas, aunque no lleguen a convencernos. 

El oficialismo tiene una responsabilidad especial: tomar la iniciativa para generar confianza. Gobernar supone relacionarse también con quienes no votaron por el partido vencedor. La legitimidad electoral permite conducir el Gobierno, pero la construcción de acuerdos exige escuchar objeciones, responder con argumentos y admitir correcciones. Una observación atendible conserva su valor aunque provenga del adversario más incómodo. John Stuart Mill defendió en Sobre la libertad el valor de confrontar las propias convicciones con las razones contrarias: esa confrontación permite corregir errores y comprender mejor incluso aquello en lo que tenemos razón. Escuchar es, por ello, una forma de mejorar el juicio político.

La oposición, por su parte, debe preservar su independencia y ejercerla con responsabilidad. Puede rechazar una propuesta y explicar sus razones; también puede respaldar una medida útil sin convertirse en aliada del Gobierno. Cuando todo se evalúa según quién obtiene el beneficio político, las necesidades ciudadanas quedan subordinadas a la competencia partidaria. Fiscalizar exige rigor; oponerse exige ofrecer razones. La independencia se demuestra en la capacidad de juzgar cada propuesta con criterios propios y sostener ese juicio ante la ciudadanía.

El debate sobre la delegación de facultades permite plantear una cuestión central: cada materia debe evaluarse por su contenido, sus límites y sus consecuencias. Convertir un conjunto de medidas en una prueba de lealtad al Ejecutivo dificulta distinguir lo necesario de lo discutible. También lo dificulta rechazarlo íntegramente por su origen. Una negociación responsable debe identificar coincidencias, precisar controles y reservar para una discusión más amplia aquello que todavía no reúne respaldo suficiente.

Aprobar un acuerdo parcial puede representar un avance valioso. Si existen coincidencias sobre determinadas medidas, corresponde trabajar para concretarlas y continuar deliberando sobre las restantes. La búsqueda de una victoria total puede terminar sacrificando soluciones posibles. La firmeza política debe expresarse en los objetivos que se defienden y en la capacidad de encontrar caminos viables para alcanzarlos. Una sociedad plural puede compartir decisiones concretas sin que sus integrantes renuncien a sus diferencias más profundas.

El lenguaje importa. Las amenazas, los insultos y las asociaciones descalificadoras con el terrorismo deterioran las condiciones del debate. También las acusaciones indiscriminadas que atribuyen intenciones autoritarias a cualquier discrepancia. Una vez que se niega legitimidad al interlocutor, resulta más difícil reconocer sus aportes o modificar una posición sin que ello parezca una rendición. Hablar con respeto facilita discutir con mayor profundidad y exigir mejores respuestas. El deber de civilidad que plantea John Rawls, referido especialmente a las cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica, ofrece un fundamento para esta exigencia: justificar las posiciones mediante razones públicas y estar dispuesto a escuchar las de los demás. La cortesía importa, pero la responsabilidad democrática exige también ese esfuerzo de justificación.

Sin embargo, el consenso también necesita límites y transparencia. Los acuerdos deben poder explicarse públicamente por sus beneficios, sus costos y las garantías que incorporan. El reparto de posiciones, la protección recíproca o el debilitamiento de los controles no adquieren legitimidad por reunir muchos votos. El valor democrático de un acuerdo depende tanto de su contenido como de la forma en que se construye. Una mayoría puede zanjar una votación; su fuerza numérica no basta para justificar una injusticia ni para sustraer sus decisiones al escrutinio ciudadano.

Por eso, dialogar requiere un método: interlocutores con capacidad de negociar, observaciones sustentadas, respuestas concretas, trabajo técnico entre bancadas y compromisos verificables. Requiere además reconocer las diferencias que persisten. Buscar consenso obliga a realizar un esfuerzo serio por acercar posiciones; cuando ese esfuerzo no alcanza, corresponde decidir mediante el voto y respetar el resultado, conservando el derecho a la crítica y al control. El desacuerdo seguirá formando parte de la democracia. La calidad de sus instituciones se revela en la manera de encauzarlo y en su disposición a revisar las decisiones cuando existan razones para hacerlo.

Las familias que esperan seguridad, atención de salud, educación y oportunidades tienen razones para exigir un Parlamento capaz de producir decisiones útiles. Oficialismo y oposición deben demostrar que pueden discrepar con firmeza, tratarse con respeto y cooperar cuando el interés público lo exige. La autoridad política también se construye escuchando, corrigiendo y cumpliendo acuerdos. Dialogar supone reconocer que ninguna bancada agota la voz de la ciudadanía y que toda decisión pública merece razones que puedan defenderse ante ella. Esa es una obligación democrática que ninguna bancada debería eludir.

La paz no se reclama

 La distancia entre las exigencias de Donald Trump y los criterios del Nobel de la Paz

Por Wens Silvestre | 10 de octubre de 2026

Trump puede acreditar mediaciones y acuerdos de alto el fuego. Pero su aspiración al Nobel pierde fuerza ante la guerra que su gobierno mantiene, la protección política de Netanyahu frente a la justicia internacional y sus propias presiones contra países aliados.

Donald Trump ha repetido que merece el Nobel de la Paz y ha sostenido que puso fin a ocho guerras. Para evaluar esa pretensión, importa determinar si su actuación, considerada en conjunto y a la luz de los criterios del galardón, constituye una contribución consistente y duradera a la paz. 

El testamento de Alfred Nobel dispuso que el premio reconociera a quien hubiera realizado el mayor o mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, la reducción de los ejércitos y la promoción de congresos de paz. La práctica del Comité ha evolucionado, pero la elección de 2026 ofrece una referencia reciente: distinguió a Navi Pillay por sus esfuerzos en favor de la paz y el derecho internacional (Nobel Prize, 2026). No existe un sistema público de puntuación ni una regla que excluya automáticamente a un dirigente por haber usado la fuerza. La evaluación corresponde a un comité independiente, que considera las contribuciones de los candidatos hasta el momento de adoptar su decisión (Nobel Peace Prize Committee, s. f.). 

Tampoco la nominación equivale a un aval. El Comité no verifica de antemano el mérito de cada propuesta, no admite solicitudes personales y mantiene reservados los nombres de nominadores y candidatos durante cincuenta años. Por eso, las cartas de respaldo que Trump invoca o una nominación anunciada por un gobierno no le confieren derecho al premio. La entrega de la medalla por María Corina Machado en enero tampoco le transfirió la condición de laureado: el Comité aclaró que un Nobel no puede compartirse ni transferirse una vez otorgado (Nobel Peace Prize Committee, 2026).

Al valorar sus resultados, Trump merece reconocimiento cuando una intervención suya ayuda a detener combates o facilita la liberación de personas retenidas. Pero ese mérito puntual no acredita que haya puesto fin a ocho guerras. Al revisar en 2025 la afirmación de que había resuelto siete conflictos, PolitiFact encontró un panorama muy distinto: en algunos casos se trataba de ceses del fuego o de disputas sin una guerra activa; en otros, la influencia de Trump era discutida, la violencia continuaba o el desacuerdo seguía abierto. Por eso consideró engañosa su afirmación de haber terminado siete guerras (PolitiFact, 2025).

La distinción importa. Un alto el fuego puede salvar vidas y abrir una puerta diplomática; no equivale por sí mismo a un acuerdo político que resuelva las causas de un conflicto. La atribución del mérito también exige considerar el trabajo de los negociadores, los gobiernos de la región y las organizaciones participantes. El criterio razonable es reconocer la contribución que pueda documentarse y evaluar si sus resultados perduran más allá del anuncio.

Gaza permite apreciar esa diferencia. El alto el fuego negociado en 2025 fue un resultado concreto: detuvo las principales operaciones militares y permitió el retorno de los rehenes que aún seguían retenidos. Esa contribución merece ser reconocida. Pero el acuerdo se negoció durante meses bajo las administraciones de Biden y Trump, con la participación de aliados árabes, y su aplicación posterior no produjo una paz estable. Un año después, el cumplimiento de las disposiciones centrales seguía bloqueado, la reconstrucción apenas avanzaba y continuaban los ataques israelíes; AP informó de más de 1.400 palestinos muertos desde la entrada en vigor del alto el fuego, según el balance del Ministerio de Salud de Gaza (Associated Press, 2026a).

La gravedad de lo ocurrido en Gaza exige precisión. En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU concluyó que Israel había cometido genocidio en la Franja. Se trata de la conclusión de una comisión investigadora de Naciones Unidas, que debe distinguirse de una sentencia penal definitiva contra Netanyahu. Por separado, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad; estas órdenes tampoco equivalen a una condena (OHCHR, 2025; International Criminal Court, 2024).

Frente a ese proceso, Trump no se limitó a discrepar de la jurisdicción de la Corte. En julio de 2026 dijo que la campaña de Estados Unidos contra la CPI buscaba evitar que Netanyahu y otras personas fueran procesados (Reuters, 2026a). La Casa Blanca había sancionado a funcionarios del tribunal y, en octubre, el gobierno amplió las medidas contra la propia institución, con el propósito declarado de cortarle recursos y dificultar su funcionamiento (The White House, 2025; Reuters, 2026b). La administración también invoca la defensa de la soberanía estadounidense; aun así, el apoyo explícito a Netanyahu y el efecto de obstaculizar la rendición de cuentas pesan en la evaluación de su compromiso con una paz fundada en el derecho.

La contradicción es aún más directa en Irán. El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos e Israel iniciaron ataques que dieron inicio a la guerra actual. Al cierre de este artículo, el conflicto seguía activo: persistían el bloqueo naval, las amenazas de reanudar ataques y las negociaciones indirectas sin un acuerdo verificable. Trump ha calificado las conversaciones de productivas, aunque también ha rechazado propuestas y mantenido exigencias incompatibles con la posición iraní (Reuters, 2026c; Associated Press, 2026b).

El régimen iraní es autoritario y sus acciones también deben juzgarse. Pero eso no convierte la decisión de Washington de iniciar una guerra en una contribución a la paz ni permite presentar como resuelto un conflicto que continúa. Haber conseguido un cese del fuego en un enfrentamiento previo no borra la responsabilidad por una nueva guerra ni convierte la amenaza de fuerza en un resultado de paz.

La conducta de Trump ante Noruega añade otra dimensión al problema. En enero, después de que ocho países europeos anunciaran su oposición a las amenazas arancelarias vinculadas con Groenlandia, Trump escribió al primer ministro noruego que, al no haber recibido el Nobel, ya no se sentía obligado a pensar exclusivamente en la paz y exigió control total estadounidense sobre la isla. El Gobierno noruego confirmó el mensaje y recordó que el premio lo concede un comité independiente, no el Ejecutivo de Noruega (Norwegian Government, 2026; Associated Press, 2026c).

El episodio no demuestra una presión formal de Trump sobre el Comité, pero sí documenta que vinculó un agravio personal por el Nobel con amenazas comerciales y una pretensión de control territorial sobre Groenlandia. En octubre, tras conocerse la elección de Pillay, volvió a descalificar la decisión y advirtió a Noruega que Estados Unidos no olvidaría lo ocurrido (Reuters, 2026d). Exigir reconocimiento, desacreditar a quien lo recibe y amenazar a un país que no decide el premio cuestiona su respeto por la independencia institucional y por la diplomacia que el galardón pretende reconocer.

Este balance crítico no exige desconocer las mediaciones que Trump haya impulsado. El alto el fuego de Gaza y otros esfuerzos diplomáticos pueden haber producido alivios reales. Pero el Nobel no es una compensación por declaraciones de éxito ni un trofeo que se obtiene por insistencia. La evidencia disponible muestra acuerdos de estabilidad desigual y con distintos grados de participación estadounidense, una tregua en Gaza con un horizonte político estancado, una guerra con Irán iniciada por Washington junto con Israel y una campaña estadounidense que el propio Trump vinculó con la defensa de Netanyahu ante la CPI. 

Por esas razones, su pretensión al Nobel de la Paz de 2026 no se sostiene. Afirmar que se puso fin a una guerra exige demostrar que el cese de las hostilidades perdura, que se protege a la población civil y que la negociación respeta a los demás Estados y las instituciones encargadas de exigir responsabilidades. Cuando el discurso promete paz, pero la acción combina guerra, coerción y presión contra la justicia internacional, esa contradicción debilita el fundamento de su aspiración al premio.

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Fuentes consultadas

Associated Press. (2026a, 10 de octubre). A US-brokered ceasefire was supposed to end the war in Gaza. A year later, progress has stalled. Enlace

Associated Press. (2026b, 10 de octubre). Trump and Iran agree on one thing. The US election calendar isn’t driving their decisions on the war. Enlace

Associated Press. (2026c, 19 de enero). Trump ties his stance on Greenland to not getting Nobel Peace Prize. Enlace

International Criminal Court. (2024, 21 de noviembre). Netanyahu. Arrest warrant and alleged crimes. Enlace

Norwegian Government. (2026, 19 de enero). Statement from the Prime Minister on communications with President Donald Trump. Enlace

Nobel Peace Prize Committee. (s. f.). Nomination process and who can be nominated. Enlace

Nobel Peace Prize Committee. (2026, 9 de enero). A Nobel Prize cannot be revoked, shared or transferred. Enlace

Nobel Prize. (s. f.). Facts on the Nobel Peace Prize. Enlace

Nobel Prize. (2026, 9 de octubre). Nobel Peace Prize 2026 press release. Enlace

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2025, 16 de septiembre). Israel has committed genocide in the Gaza Strip, UN Commission finds. Enlace

PolitiFact. (2025, 23 de septiembre). At UN, Donald Trump repeats that he ended 7 wars. That’s still misleading. Enlace

Reuters. (2026a, 31 de julio). Trump says ICC campaign aimed at defending Netanyahu, not himself. Enlace

Reuters. (2026b, 9 de octubre). US imposes sanctions on ICC hours after former judge wins Nobel Peace Prize. Enlace

Reuters. (2026c, 8 de octubre). Trump says US will not attack Iran before midterm elections, citing productive talks. Enlace

Reuters. (2026d, 10 de octubre). Trump says Norway has an “indelible stain” for not awarding him Nobel Peace Prize. Enlace

The White House. (2025, 6 de febrero). Imposing sanctions on the International Criminal Court. Enlace

El negocio del estruendo

Trump, el poder y los intereses que prosperan detrás de la política del enemigo

Por Wens Silvestre

El mayor error al analizar a Donald Trump consiste en atribuir todo lo que hace a un temperamento incontrolable. Sus insultos, amenazas, contradicciones y repentinos cambios de posición pueden parecer manifestaciones espontáneas de una personalidad dominada por la ira y la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, considerados en conjunto, revelan un método de ejercicio del poder: mantener a la sociedad en conflicto permanente, convertir al adversario en enemigo y acaparar la atención pública mientras se transforma silenciosamente la relación entre el Estado, la política y los negocios privados.

No existe evidencia suficiente para afirmar que cada exabrupto de Trump haya sido cuidadosamente programado para encubrir una operación económica determinada. Sostenerlo sería sustituir el análisis por una teoría conspirativa. Pero sí existe evidencia para plantear algo más grave: el ruido político facilita un sistema en el que la familia presidencial, sus aliados, determinados donantes y empresas reguladas pueden obtener beneficios, mientras los mecanismos de fiscalización son debilitados, intimidados o desacreditados. 

El insulto es la parte visible. La captura del Estado y la monetización de la proximidad al poder constituyen el problema de fondo.

La distracción como método político

Trump comprendió, antes que muchos políticos tradicionales, que en la nueva economía de la atención no siempre es necesario convencer: basta con dominar la conversación. Una amenaza contra un país, una descalificación a un periodista o la invención de un nuevo enemigo desplazan de inmediato otros asuntos de la agenda pública.

Una investigación publicada en Nature Communications, basada en su primera presidencia, encontró que un aumento de la cobertura mediática sobre asuntos potencialmente perjudiciales para Trump iba seguido de una intensificación de sus mensajes sobre otros temas y, posteriormente, de una disminución de aquella cobertura incómoda. El estudio no demuestra que cada mensaje fuera deliberadamente calculado, pero sí identificó un patrón compatible con una estrategia de distracción mediática.

Este procedimiento no solo desvía la atención: también agota a la sociedad. Cuando cada día trae consigo un nuevo motivo de indignación, los ciudadanos pierden capacidad para distinguir entre un insulto, una amenaza constitucional, una guerra, un contrato público y un negocio familiar. La saturación acaba por normalizar lo extraordinario.

La retórica del enemigo cumple, además, una función defensiva. Si jueces, fiscales, periodistas, científicos, universidades o legisladores son presentados de antemano como corruptos, antipatriotas o integrantes de una conspiración, cualquier investigación que emprendan puede desacreditarse como persecución política.

De ese modo, Trump presenta la rendición de cuentas como un ataque contra sus seguidores. La identificación emocional con el líder hace que las acusaciones no necesariamente reduzcan su apoyo: incluso pueden reforzarlo.

Su discurso configura una comunidad unida menos por un proyecto económico coherente que por adversarios compartidos: inmigrantes, universidades, medios de comunicación, funcionarios profesionales, jueces, opositores políticos, gobiernos extranjeros e incluso empresas que se niegan a adoptar el vocabulario presidencial.

No todos los simpatizantes de Trump comparten sus excesos. Algunos lo apoyan por sus posiciones sobre impuestos, inmigración, conservadurismo judicial, seguridad o rechazo a las élites tradicionales. Pero cuando la adhesión partidaria conduce a justificar el uso del Estado contra los adversarios, el respaldo a determinadas políticas se convierte en tolerancia frente al abuso de poder.

Una presidencia que también es un negocio

Durante su segundo mandato, la dimensión económica del fenómeno Trump ha adquirido una magnitud difícilmente comparable con la de cualquier presidente estadounidense contemporáneo.

Su declaración financiera correspondiente a 2025 registró más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de criptomonedas: casi 800 millones vinculados a World Liberty Financial y 635 millones provenientes de la moneda digital Trump. Reuters estimó que la familia habría obtenido al menos 2.300 millones de dólares de sus principales proyectos criptográficos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

La administración sostiene que no existe conflicto porque los negocios están administrados por sus hijos. Sin embargo, Trump sigue siendo beneficiario de los activos colocados en el fideicomiso. No se trata de un fideicomiso ciego ni de una auténtica separación patrimonial. El presidente continúa enriqueciéndose en un mercado sobre el cual su gobierno adopta decisiones regulatorias, reduce las acciones de fiscalización y promueve políticas favorables.

Esta superposición convierte al presidente, simultáneamente, en gobernante, regulador, promotor y beneficiario.

Los vínculos internacionales profundizan la preocupación. MGX, empresa controlada por Abu Dabi y presidida por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, utilizó 2.000 millones de dólares de la moneda estable USD1 —emitida por World Liberty Financial— para efectuar una inversión en Binance. Las reservas que respaldan esa moneda generan intereses para entidades afiliadas, entre ellas una participada por la Trump Organization.

Una revisión de las cincuenta mayores billeteras de World Liberty identificó que treinta y seis parecían estar vinculadas con compradores extranjeros. Esto no prueba, por sí solo, la existencia de un pago ilícito, pero abre un canal por el que actores extranjeros sujetos a decisiones diplomáticas, comerciales o regulatorias de Estados Unidos pueden transferir valor a una empresa que beneficia a la familia presidencial.

También hay secuencias de hechos que exigen investigación.

El empresario del sector de las criptomonedas Justin Sun compró 75 millones de dólares en tokens de World Liberty. Poco después de que ampliara su inversión, la Comisión de Bolsa y Valores suspendió el proceso que mantenía contra él.

Crypto.com donó alrededor de 11 millones de dólares a organizaciones políticas vinculadas a Trump. La investigación federal que afrontaba fue archivada posteriormente, y la empresa anunció una operación de aproximadamente 1.000 millones de dólares con Trump Media.

Binance participó en la operación realizada mediante USD1. Posteriormente, Trump indultó a su fundador, Changpeng Zhao, condenado por incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Ninguno de estos hechos demuestra, por separado, un intercambio corrupto. Las empresas y la Casa Blanca niegan cualquier vinculación impropia. Sin embargo, la reiteración de operaciones en las que una contraparte regulada beneficia económicamente al entorno presidencial y después recibe una decisión gubernamental favorable constituye una señal suficientemente seria como para exigir documentos, comunicaciones internas y testimonios bajo juramento.

Esta expansión alcanza también a la defensa, los drones y la inteligencia artificial. El fondo 1789 Capital, del que Donald Trump Jr. es socio, invirtió en Vulcan Elements; tres meses después, se anunció un préstamo de 620 millones de dólares del Pentágono. El fondo también respalda a Reflection AI, seleccionada para operar en redes militares clasificadas.

Empresas de drones relacionadas, directa o indirectamente, con Donald Trump Jr. y Eric Trump han buscado financiamiento público, obtenido contratos o proyectado negocios con el Pentágono y gobiernos extranjeros. Los hijos del presidente afirman actuar como inversionistas pasivos. Pero, precisamente porque se trata de sectores dependientes de decisiones gubernamentales, esa pasividad debe comprobarse y no simplemente presumirse.

Jared Kushner representa otro punto de intersección. Su empresa Affinity Partners administra capital procedente de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras él participa como enviado estadounidense en negociaciones diplomáticas, aunque sin ser formalmente empleado federal. Su abogado sostiene que no ha infringido ninguna norma aplicable. Sin embargo, el problema ético persiste: quien negocia en nombre de Estados Unidos mantiene, al mismo tiempo, intereses financieros relacionados con los gobiernos ante los cuales negocia.

A ello se añade la relación con el sector petrolero. Durante la campaña de 2024, Trump pidió a ejecutivos del petróleo y el gas reunir 1.000 millones de dólares para respaldar su candidatura, mientras ofrecía eliminar regulaciones, acelerar permisos y proteger beneficios tributarios. Una investigación de senadores demócratas sostiene que, posteriormente, el sector recibió cientos de miles de millones de dólares en ventajas fiscales, subsidios y desregulación. La Casa Blanca rechaza que haya existido un acuerdo corrupto.

Una vez más, la coincidencia no constituye por sí sola una prueba penal. Pero sería irresponsable que el Congreso dejara de investigar si existió correspondencia entre aportes, promesas y decisiones oficiales.

Cuando la amenaza se convierte en acción pública

La cuestión ya no se limita a los negocios ni a los discursos.

Una investigación de Reuters documentó, hasta noviembre de 2025, por lo menos 470 personas, empresas e instituciones objeto de represalias durante el segundo mandato de Trump. Entre ellas figuraban fiscales, agentes federales, funcionarios, militares, universidades, medios de comunicación y bufetes de abogados. Reuters identificó cientos de acciones punitivas, decenas de amenazas y diversos casos de organizaciones que modificaron sus políticas para evitar sanciones gubernamentales.

Cuatro grandes bufetes obtuvieron sentencias favorables de jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, quienes concluyeron que las órdenes dirigidas contra ellos vulneraban derechos constitucionales. Otros despachos optaron por negociar y comprometer servicios jurídicos gratuitos alineados con las prioridades de la administración.

El gobierno reconoció ante los tribunales que canceló 7.600 millones de dólares destinados a casi trescientos proyectos de energía limpia situados en dieciséis estados que habían votado por Kamala Harris. Las cancelaciones no se basaron en el costo ni en el desempeño individual de cada proyecto, sino en la identidad política de los estados beneficiarios.

Harvard afronta la pérdida de más de 2.000 millones de dólares tras resistirse a exigencias ideológicas de la Casa Blanca. Medios como CNN, MS NOW y Politico han acudido a los tribunales para impugnar su exclusión de espacios presidenciales debido a coberturas que Trump considera hostiles.

Más recientemente, recursos públicos originalmente destinados a fines de seguridad se utilizaron para financiar anuncios televisivos que exaltaban personalmente al presidente en vísperas de las elecciones legislativas. Tras los cuestionamientos de ambos partidos, Trump anunció que los nuevos anuncios serían financiados por una organización política, pero la Casa Blanca no ofreció devolver lo ya gastado por el Estado.

La administración sostiene que cumple el mandato recibido de los electores y corrige la instrumentalización política ocurrida durante gobiernos anteriores. Sin embargo, un mandato electoral autoriza a desarrollar políticas públicas; no a convertir presupuestos, investigaciones, contratos, subvenciones o agencias federales en instrumentos de lealtad personal.

En el ámbito exterior se advierte el mismo patrón transaccional. Las amenazas arancelarias, las presiones sobre los aliados, las pretensiones sobre Groenlandia, el condicionamiento de la protección militar y la guerra con Irán han debilitado la previsibilidad estadounidense.

La guerra contra Irán se inició sin autorización legislativa expresa. La Cámara de Representantes aprobó una resolución destinada a exigir esa autorización, pero el Senado la rechazó por apenas 50 votos contra 49. La continuidad de un conflicto de semejante magnitud, más allá del plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, plantea la apropiación presidencial de una competencia que la Constitución atribuye al Congreso.

Esa incertidumbre tiene un costo. Eleva los precios de los combustibles, altera las cadenas de suministro, desalienta inversiones y obliga a aliados y empresas a incorporar una prima de riesgo político. Mientras algunos exportadores, contratistas de defensa, especuladores o inversionistas cercanos al poder pueden beneficiarse, el costo termina trasladándose a los ciudadanos mediante inflación, impuestos, deuda y menor estabilidad económica.

Los escenarios que enfrenta el régimen Trump

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 serán decisivas. Una encuesta Reuters/Ipsos situó la aprobación presidencial en alrededor del 32 %, mientras cerca del 65 % desaprobaba su gestión. Reuters encontró, además, que aproximadamente dos tercios de los candidatos republicanos que competían en circunscripciones reñidas procuraban distanciarse de Trump en asuntos como la guerra con Irán, los precios y determinados proyectos tecnológicos.

Las encuestas no equivalen a resultados electorales, pero muestran el desgaste de la coalición presidencial. De esos comicios pueden surgir cuatro escenarios.

Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump interpretará la victoria como una ratificación de su estrategia. Seguirá contando con un Congreso poco inclinado a investigarlo y aumentará la presión sobre tribunales, medios, universidades y gobiernos estatales. Los principales controles quedarían en manos del Poder Judicial, los estados, la prensa y la sociedad civil.

Si los demócratas conquistan solamente la Cámara de Representantes, podrán presidir comisiones, emitir citaciones, exigir documentos y abrir una investigación formal de impeachment. Sería el escenario más probable para examinar los negocios familiares, contratos, indultos, decisiones regulatorias y financiamiento extranjero. No obstante, una acusación aprobada por la Cámara difícilmente conduciría a la destitución sin una ruptura significativa dentro del Partido Republicano, pues el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.

Si los demócratas ganan únicamente el Senado, no podrán iniciar por sí solos un impeachment, facultad exclusiva de la Cámara de Representantes. Pero controlarían las confirmaciones, las investigaciones senatoriales y parte del proceso presupuestario, y podrían dificultar el nombramiento de funcionarios dispuestos a ejecutar represalias políticas.

Si la oposición obtiene ambas cámaras, se abriría el escenario de mayor fiscalización. Podrían desarrollarse simultáneamente investigaciones sobre corrupción, guerra, libertades civiles, utilización electoral del presupuesto y negocios familiares. Incluso entonces, la destitución seguiría requiriendo votos republicanos. El impeachment no puede ser una simple operación matemática de la oposición: exige construir pruebas capaces de atravesar la frontera partidaria.

El representante Steve Cohen presentó en septiembre veintiséis artículos de impeachment relacionados con el abuso de poder, la violación del juramento presidencial, la utilización corrupta del indulto y posibles infracciones de las cláusulas de emolumentos. Días antes, otra resolución había sido archivada por 232 votos contra 147, con la participación de legisladores demócratas que consideraron insuficiente la investigación previa.

Esa objeción es razonable, pero no puede convertirse en pretexto para la pasividad. Si faltan pruebas, corresponde investigarlas. Si existen conflictos de interés, hay que identificar a los beneficiarios. Si hay decisiones regulatorias sospechosamente coincidentes con pagos o inversiones, debe reconstruirse la cronología. Y si las acusaciones resultan infundadas, también debe decirse públicamente.

La obligación constitucional del Congreso

El impeachment no fue concebido para sancionar malos modales, discursos ofensivos o políticas equivocadas. Fue establecido para enfrentar la traición, el soborno y otros altos delitos y faltas, categoría que la tradición constitucional estadounidense vincula con el abuso de poder, la corrupción del cargo, la usurpación de competencias y las violaciones graves de la confianza pública.

El Congreso no está obligado a condenar antes de investigar. Pero sí tiene la obligación institucional de fiscalizar cuando existe evidencia razonable de que el presidente podría estar utilizando el poder público para obtener beneficios privados, castigar a adversarios o erosionar deliberadamente los controles constitucionales.

Una investigación seria debería identificar a los verdaderos compradores de los activos digitales de Trump; requerir las comunicaciones entre la Casa Blanca y la SEC, el Departamento de Justicia, el Pentágono, el Departamento de Estado y otras agencias; reconstruir las operaciones de las empresas vinculadas a sus familiares; establecer si existieron recusaciones; y contrastar los pagos, donaciones e inversiones con las decisiones públicas que beneficiaron a sus protagonistas.

Solo después correspondería formular artículos de impeachment concretos y susceptibles de ser probados. Una acusación excesivamente extensa, que mezcle corrupción, disputas ideológicas y declaraciones ofensivas, podría facilitar la defensa política de Trump. Sería preferible concentrarse en conductas claramente vinculadas con el abuso del poder presidencial, las represalias oficiales, la apropiación de competencias del Congreso, el uso partidario de fondos públicos y los eventuales beneficios privados derivados de actos oficiales.

Los republicanos deberían comprender que el poder que hoy permiten utilizar contra los adversarios de Trump podría ser empleado mañana por un presidente demócrata contra ellos. Los demócratas, por su parte, deberían entender que el impeachment no puede reducirse a un instrumento electoral ni a una demostración de indignación.

La pregunta no es si Donald Trump resulta desagradable, autoritario o moralmente inaceptable. La pregunta constitucional es si está utilizando la Presidencia para transformar la autoridad pública en poder personal y, a su vez, el poder personal en beneficio económico.

Esperar una confesión explícita sería ingenuo. Acusar sin pruebas concluyentes sería irresponsable. Pero negarse a investigar ante la acumulación de indicios supone una renuncia del Congreso a su función esencial.

Trump puede ser el protagonista más visible, pero el futuro de la democracia estadounidense dependerá también de quienes tienen la responsabilidad de controlarlo. El verdadero peligro comienza cuando legisladores, empresarios, universidades, medios y funcionarios concluyen que es más rentable obedecer al presidente que exigirle cuentas.

Cuando el miedo se convierte en criterio administrativo, la adulación en ventaja competitiva y la proximidad al gobernante en modelo de negocio, la democracia conserva sus instituciones sobre el papel, pero comienza a perderlas en la realidad.

Referencias

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Associated Press. (2026). Crypto deal exposes potential conflicts of interest in Trump presidency.

Cohen, S. (2026, 25 de septiembre). Introducing 26 Articles of Impeachment Against President Donald Trump. Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Congress.gov, Constitution Annotated. (s. f.). Historical Background on Impeachable Offenses. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Lewandowsky, S., Jetter, M., & Ecker, U. K. H. (2020). Using the president’s tweets to understand political diversion in the age of social media. Nature Communications, 11, 5764.

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Reuters. (2025, 28 de octubre). Inside the Trump family’s global crypto cash machine.

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U.S. Office of Government Ethics. (1983). President and Vice President not Subject to 18 U.S.C. §§ 202–209.

 

Estados Unidos, China y el fin de la confianza automática

Por Wens Silvestre

Durante buena parte del último medio siglo, la política internacional fue presentada como una competencia entre sistemas: democracia frente a autoritarismo, mercado frente a planificación estatal, orden basado en reglas frente a política de poder. Esa descripción conserva alguna utilidad, pero resulta insuficiente para responder la pregunta que hoy preocupa a gobiernos, empresas y ciudadanos: ¿en cuál de las grandes potencias se puede confiar?

La respuesta no debería depender de simpatías ideológicas. La confiabilidad internacional no se mide por los discursos de un gobierno ni por la naturaleza formal de su régimen, sino por su comportamiento: cumplimiento de acuerdos, estabilidad de las reglas, respeto de la soberanía, transparencia de las decisiones y existencia de mecanismos efectivos cuando se produce un incumplimiento.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos y China presentan una paradoja. Estados Unidos posee instituciones más transparentes y mecanismos jurídicos más independientes, pero su política exterior se ha vuelto crecientemente volátil y transaccional. China mantiene una dirección estratégica más constante, pero concentra el poder, publica menos información y deja escaso margen para cuestionar sus decisiones. 

En términos sencillos: Estados Unidos ofrece más garantías institucionales, pero menos previsibilidad política; China ofrece mayor continuidad política, pero menos garantías institucionales.

La confianza internacional, además, no es una cuestión meramente moral. Tiene valor económico. Un país percibido como confiable obtiene financiamiento más barato, atrae inversiones, consolida alianzas, reduce el costo de supervisar contratos y consigue que otros gobiernos acepten compromisos de largo plazo.

Durante décadas, Estados Unidos acumuló ese capital. El predominio del dólar, la profundidad de sus mercados financieros, sus universidades, su capacidad tecnológica y su red de alianzas no descansaron solamente en su poder militar. También se apoyaron en la expectativa de que las instituciones estadounidenses limitarían las decisiones arbitrarias de sus gobernantes.

Esa confianza nunca fue absoluta. Estados Unidos intervino militarmente en numerosos países, apoyó cambios de régimen, aplicó sanciones extraterritoriales e interpretó selectivamente el derecho internacional. La invasión de Irak, el desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua, el retiro del acuerdo nuclear con Irán y el bloqueo del sistema de apelación de la Organización Mundial del Comercio muestran que Washington también deja de lado las reglas cuando considera comprometidos sus intereses.

La Base Mundial de Datos sobre Sanciones muestra que Estados Unidos fue el usuario individual más frecuente de esta herramienta: participó en más de un tercio de los episodios registrados entre 1950 y 2019. Por consiguiente, la coerción económica no es una innovación china ni una respuesta exclusiva frente a amenazas excepcionales. Ha sido también un instrumento habitual de la política exterior estadounidense.

El segundo gobierno de Donald Trump ha profundizado este problema. Su política exterior parte de una concepción marcadamente transaccional de las relaciones internacionales: cada vínculo debe producir un beneficio inmediato y mensurable para Estados Unidos. Los aliados son evaluados por cuánto pagan; los tratados, por el saldo comercial; la cooperación, por la ventaja obtenida; y los aranceles, como mecanismos de presión.

Esta aproximación puede producir concesiones rápidas, pero erosiona un activo construido durante décadas: la expectativa de continuidad. Si un tratado puede ser reinterpretado, suspendido o vaciado mediante una decisión presidencial, los demás países comienzan a preguntarse qué valor tiene asumir compromisos duraderos con Washington.

Los aranceles aplicados incluso a países con acuerdos comerciales, las presiones sobre aliados, la reducción de la cooperación internacional y las oscilaciones frente a conflictos como el de Ucrania transmiten un mensaje problemático: la relación con Estados Unidos depende crecientemente de la apreciación personal y coyuntural de su presidente.

El problema, sin embargo, no se reduce a Trump. Algunas tendencias han sobrevivido a administraciones republicanas y demócratas. El bloqueo estadounidense al Órgano de Apelación de la OMC comenzó antes de su segundo mandato y continuó bajo gobiernos de distinto signo. El proteccionismo industrial también se volvió bipartidista. Trump, no obstante, ha llevado esa lógica a un nivel mucho más explícito e imprevisible.

Estados Unidos corre así el riesgo de consumir el capital de confianza acumulado por generaciones anteriores. Una potencia puede obligar temporalmente a otros países a aceptar sus condiciones, pero la coerción reiterada incentiva la diversificación, la búsqueda de monedas alternativas, la formación de nuevas alianzas y la reducción de dependencias.

La experiencia china debe examinarse con el mismo rigor. Desde la guerra con Vietnam de 1979, China ha evitado intervenciones militares globales comparables con las de Estados Unidos. No ha desarrollado una red mundial de bases semejante a la estadounidense ni ha hecho del cambio de régimen un instrumento habitual de política exterior.

Su principio de no intervención ha resultado atractivo para países de África, Asia y América Latina. China comercia e invierte sin exigir necesariamente reformas políticas, cambios de gobierno o adhesión a una determinada concepción de democracia. Además, ha financiado infraestructura que los organismos multilaterales y los países occidentales no siempre estuvieron dispuestos a asumir.

La acusación de que China aplica sistemáticamente una “diplomacia de la trampa de deuda” tampoco ha sido demostrada como una estrategia general. Estudios sobre Sri Lanka y otros países no encontraron evidencia concluyente de una política deliberada destinada a provocar incumplimientos para apoderarse de activos. Los gobiernos receptores, sus decisiones fiscales y la selección deficiente de proyectos también han desempeñado papeles determinantes.

China, además, no incumple automáticamente las reglas comerciales. Diferentes estudios encontraron que implementó una proporción importante de los fallos dictados en su contra en la OMC. Las controversias más relevantes se relacionan con subsidios, empresas estatales, sobrecapacidad, propiedad intelectual y falta de transparencia, no con un rechazo general de todos los compromisos internacionales.

Pero sería igualmente equivocado idealizar su conducta. China utiliza su mercado como instrumento de presión cuando otro país cruza alguna de sus líneas rojas. Australia, Lituania, Corea del Sur y Filipinas han experimentado restricciones comerciales, turísticas o administrativas vinculadas con controversias políticas.

Beijing también rechazó el laudo arbitral de 2016 que desestimó buena parte de sus reclamaciones en el mar de China Meridional. En torno a Taiwán, las fronteras con India y las aguas disputadas con Filipinas, la doctrina de no intervención cede frente a una política de poder cada vez más firme.

Por eso, la continuidad china no debe confundirse con neutralidad o altruismo. China cumple con mayor previsibilidad cuando el acuerdo coincide con su estrategia nacional. Cuando considera amenazados su territorio, su seguridad, la autoridad del Partido Comunista o su política de “una sola China”, su comportamiento puede ser tan coercitivo como el de otras potencias.

La principal debilidad de China como socio no es necesariamente que incumpla más, sino que resulta más difícil anticipar, conocer y cuestionar sus decisiones.

En Estados Unidos, una medida gubernamental puede ser investigada por el Congreso, impugnada ante tribunales, examinada por la prensa y criticada abiertamente por empresas y ciudadanos. Esos controles pueden debilitarse, pero continúan existiendo.

En China, la política exterior, los préstamos y las inversiones estratégicas están estrechamente vinculados con el Partido Comunista, los bancos públicos y las empresas estatales. Estudios de contratos chinos han identificado cláusulas de confidencialidad, garantías especiales y condiciones que dificultan conocer plenamente las obligaciones asumidas.

Esta opacidad eleva el riesgo para los países con instituciones débiles. No porque todo proyecto chino sea perjudicial, sino porque un gobierno receptor puede negociar mal, ocultar compromisos o aceptar una infraestructura de baja rentabilidad sin que sus ciudadanos dispongan de información suficiente.

La responsabilidad, por tanto, no pertenece exclusivamente a China. Ninguna potencia puede imponer un contrato opaco sin la participación de funcionarios locales dispuestos a suscribirlo.

La competencia entre Estados Unidos y China busca, cada vez con mayor intensidad, que los demás países tomen partido. Washington presenta la rivalidad como defensa de un orden basado en reglas. Beijing se proyecta como representante del Sur Global y promotor de un desarrollo sin hegemonía. Ninguna de las dos narrativas describe completamente la realidad.

Estados Unidos defiende reglas que también incumple cuando restringen su libertad de acción. China reclama igualdad soberana, pero exige deferencia frente a sus intereses fundamentales. Estados Unidos emplea sanciones financieras y aranceles; China utiliza el comercio, la infraestructura y el acceso a su mercado. Ambos presentan sus intereses nacionales como si coincidieran con bienes públicos mundiales.

Para la mayoría de los países, especialmente los de América Latina, África y Asia, escoger incondicionalmente a una potencia sería un error. La dependencia de Estados Unidos expone a sanciones, presiones financieras y cambios políticos. La dependencia de China genera vulnerabilidad comercial, tecnológica, logística y contractual.

La respuesta más razonable es una autonomía pragmática. Esto significa cooperar con cada potencia en los ámbitos donde ofrece beneficios comprobables y establecer límites allí donde podría generarse una dependencia irreversible.

Los países pueden comerciar con China sin entregarle el control de sus telecomunicaciones, datos o infraestructura crítica. Pueden mantener cooperación de seguridad con Estados Unidos sin aceptar interferencias en decisiones soberanas. Pueden recibir financiamiento de ambos exigiendo licitaciones competitivas, transparencia contractual, sostenibilidad fiscal, transferencia tecnológica y evaluación ambiental.

La diversificación no es neutralidad moral. Un país puede condenar una invasión, defender los derechos humanos y respetar el derecho internacional sin someter toda su política exterior a una potencia. La autonomía tampoco significa equidistancia ante cualquier acontecimiento, sino capacidad para adoptar posiciones propias basadas en principios e intereses nacionales.

Los ciudadanos, por su parte, deben dejar de evaluar a las potencias como si se tratara de equipos deportivos. La admiración por la capacidad tecnológica estadounidense no debería ocultar sus intervenciones. El reconocimiento del desarrollo chino no debería justificar la censura, la opacidad o la coerción territorial.

Tampoco corresponde aceptar que cualquier crítica a Estados Unidos sea antioccidental o que cualquier observación sobre China forme parte necesariamente de una campaña de contención. Esa polarización empobrece el debate y favorece precisamente a los gobiernos que desean evitar la rendición de cuentas.

La pregunta decisiva no es qué potencia afirma tener mejores intenciones, sino qué compromisos acepta hacer públicos, qué mecanismos admite para resolver controversias y qué consecuencias enfrenta cuando incumple.

El mundo no necesita reemplazar una hegemonía estadounidense por una hegemonía china. Necesita un sistema en el que ninguna potencia pueda convertir su tamaño económico, su moneda, su tecnología o su poder militar en una licencia para imponer condiciones.

En determinadas relaciones económicas, China puede aparecer hoy como un socio más previsible, mientras Estados Unidos conserva instituciones más abiertas y mecanismos jurídicos superiores. Pero ninguno merece confianza automática.

El liderazgo internacional del futuro no debería medirse por el número de países presionados, las bases militares instaladas, los puertos controlados o los aranceles impuestos. Debería medirse por la capacidad de ofrecer cooperación estable sin exigir subordinación.

La principal lección de los últimos cincuenta años es incómoda pero necesaria: las grandes potencias tienden a respetar sus compromisos mientras estos no contradicen intereses que consideran fundamentales. Por eso, la seguridad de los países medianos y pequeños no puede descansar en la supuesta benevolencia de Washington o Beijing, sino en instituciones nacionales sólidas, contratos transparentes, relaciones diversificadas y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

En un mundo de rivalidad creciente, la verdadera soberanía no consiste en escoger de quién depender. Consiste en conservar la capacidad de no depender completamente de nadie.