Después del ruido, la política

Por Wens Silvestre

Las elecciones del 12 de abril no solo definieron una segunda vuelta. Dejaron, sobre todo, un diagnóstico del país. El Perú llegó a las urnas con una oferta presidencial desbordada, un sistema de partidos exhausto y un aparato institucional sometido a una prueba de complejidad inédita: 35 fórmulas presidenciales, 37 organizaciones políticas, cinco elecciones en una sola cédula y un proceso atravesado por reformas recientes que multiplicaron la dificultad para votantes, miembros de mesa y autoridades electorales. La misión de observación de la Unión Europea describió estos comicios como los más complejos de la historia reciente del país, mientras la OEA advirtió que la etapa previa ya venía marcada por controversias sobre tachas, exclusiones y reglas de competencia.

A esa complejidad se añadió un episodio que terminó por empañar la jornada: la demora en la apertura de locales de votación en Lima por la falta de entrega de material electoral. La ONPE reconoció el problema, informó que el JNE amplió excepcionalmente el plazo de instalación de mesas y el horario de votación, y al día siguiente tuvo que organizar una jornada extraordinaria en 13 locales de Lima Metropolitana para 55.261 electores que no habían podido sufragar el domingo. La propia misión europea señaló que ese aplazamiento comprometió la percepción pública de una elección que, en otros aspectos, había sido organizada razonablemente.

Conviene subrayarlo con claridad: lo ocurrido no demuestra, hasta ahora, un fraude probado; demuestra algo quizá más inquietante y más persistente, que es la fragilidad del sistema. La OEA registró campañas de desinformación y narrativas de fraude orientadas a cuestionar anticipadamente la integridad del proceso sin que se aportaran pruebas para sostener esas afirmaciones. También observó episodios de hostilidad, agresiones durante la campaña, ataques contra autoridades electorales y presiones sobre periodistas y medios. Es decir, el problema no fue únicamente técnico. Fue político y cultural: una parte de la competencia democrática volvió a comportarse como si perder fuera, por definición, señal de conspiración.

Pero sería un error leer esta elección solo como una suma de fallas. También ha revelado algo que el país venía posponiendo: el agotamiento de la política entendida como demolición. La fragmentación, que en la primera vuelta se tradujo en una dispersión extrema del voto, tendrá su reflejo en el nuevo Congreso bicameral. Si el mapa preliminar que hoy muestran los resultados se confirma, el próximo Parlamento estará compuesto por varias fuerzas relevantes y ninguna de ellas tendrá mayoría propia en ambas cámaras. Esa ausencia de hegemonía puede ser el preámbulo de un nuevo ciclo de bloqueo; pero también puede convertirse, por primera vez en mucho tiempo, en una pedagogía de los límites.

Ese punto importa más de lo que parece. Con la bicameralidad restablecida, la Cámara de Diputados concentrará la iniciativa legislativa y el control político, mientras el Senado revisará los proyectos aprobados y asumirá atribuciones especialmente sensibles, entre ellas decisiones sobre altos funcionarios del Estado. La propia observación europea ha llamado la atención sobre el peso institucional que adquiere el futuro Senado, y desde el Congreso se ha explicado que el nuevo diseño reparte deliberadamente las funciones entre una cámara de impulso político y otra de revisión y equilibrio. En teoría, eso puede ralentizar el decisionismo y contener la improvisación; en la práctica, todo dependerá de si las bancadas entienden que revisar no es sabotear y controlar no es dinamitar. 

A partir de ahí, el horizonte del próximo quinquenio se vuelve menos épico y más parlamentario. Gane quien gane la segunda vuelta, el nuevo presidente no contará con un cheque en blanco. Gobernará con un mandato recortado por la aritmética legislativa, por la dispersión del electorado y por una legitimidad de origen necesariamente modesta en un contexto donde ningún liderazgo ha conseguido articular una mayoría social robusta. Dicho sin rodeos: la próxima presidencia será fuerte en simbolismo y débil en instrumentos, salvo que logre construir acuerdos estables. Y eso, en el Perú reciente, equivale a pedir un cambio de cultura política, no solo un cambio de gobierno.

La pregunta de fondo, entonces, no es si tendremos un Ejecutivo cómodo. No lo tendremos. La pregunta es si el Congreso querrá seguir siendo una máquina de desgaste o si entenderá, al fin, que el país ya no soporta otro ciclo de mezquindad institucional. Ser oposición no puede seguir significando sabotear cada iniciativa del Gobierno; y ser oficialismo tampoco puede consistir en exigir obediencia parlamentaria como si el voto presidencial autorizara a ignorar los contrapesos. La fragmentación obliga a otra cosa: a negociar, a ceder, a jerarquizar. Obliga, en suma, a hacer política en serio.

No se trata de un optimismo ingenuo. Nada garantiza por sí solo que el nuevo Parlamento será más sobrio que el anterior. Los incentivos para la estridencia siguen ahí: el cálculo corto, el personalismo, la tentación del espectáculo y la rentabilidad del conflicto. Además, la OEA recordó que la mayoría de las organizaciones políticas eligió sus candidaturas por delegados y que incluso pocos días antes de la elección todavía persistían apelaciones por tachas y exclusiones, síntomas de una estructura partidaria frágil y poco institucionalizada. Ese dato debería prevenirnos contra cualquier idealización del Congreso que viene. Las bancadas pueden ser numerosas en escaños y débiles en cohesión; visibles en campaña y erráticas en el ejercicio del poder.

Y, sin embargo, hay una posibilidad razonable que vale la pena defender. Precisamente porque nadie podrá imponer por sí solo su voluntad, todos estarán más obligados a medir las consecuencias de sus excesos. Precisamente porque el Senado revisará y la Cámara de Diputados fiscalizará, ambos podrían verse empujados a una disciplina institucional mayor que la que conocimos en los últimos años. Precisamente porque la ciudadanía llega exhausta, las fuerzas políticas pagarán un costo más alto si convierten la bicameralidad en una simple duplicación del caos. El nuevo Congreso podría no ser mejor por virtud, pero sí por necesidad. Y a veces, en política, eso basta para empezar a corregir el rumbo.

Nuestro país no necesita en este momento otro salvador, otro redentor u otro caudillo providencial. Necesita dirigentes capaces de comprender que la democracia no consiste en aplastar al adversario, sino en administrar desacuerdos sin destruir las reglas comunes. La elección del 12 de abril fue confusa, áspera y, por momentos, exasperante. Pero también puede dejar una enseñanza útil: después de tantos años de polarización estéril, quizá el país solo pueda avanzar si aprende a gobernarse desde la contención.

Ese es, al final, el desafío real del tiempo que viene. No únicamente elegir a un presidente, sino obligar al sistema político a madurar. El próximo Congreso puede ser un factor de chantaje o un espacio de corrección; una trinchera de revanchas o un taller de acuerdos imperfectos pero indispensables. Vale esperar, sí, un Parlamento más reflexivo y más respetuoso de las instituciones. No porque el Perú haya resuelto de pronto sus viejos vicios, sino porque la nueva correlación de fuerzas tal vez no deje otra salida honorable. Y acaso esa sea la mejor noticia posible en medio de tanta incertidumbre: que, por una vez, la política se vea forzada a comportarse como política y no como demolición.

Entre promesas y responsabilidades

Por Wens Silvestre

En la recta final de las elecciones generales de 2026, nuestro país no solo enfrenta una competencia entre candidatos; enfrenta, sobre todo, una prueba de madurez cívica. Los últimos sondeos difundidos el 5 de abril, antes del inicio del silencio electoral, mostraron un escenario fragmentado: Keiko Fujimori aparece al frente, pero sin opción de cerrar la elección en primera vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado y el resto del pelotón permanece comprimido en márgenes estrechos. Reuters resumió esa fotografía con claridad: liderato relativamente estable en la punta, alta dispersión debajo de ella y una segunda vuelta prácticamente instalada como horizonte.

Ese dato, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién encabeza una encuesta, sino qué le está ofreciendo al país y con qué seriedad lo hace. El problema de esta campaña no ha sido la falta de propuestas; ha sido, más bien, la abundancia de ofertas acompañadas por una insuficiente explicación del cómo. En muchos casos, el discurso electoral ha preferido la consigna a la política pública, la frase efectista al diseño institucional, la indignación al método. Y allí radica uno de los mayores riesgos de esta elección: que la ciudadanía termine premiando la promesa más sonora, no la propuesta más viable. 

Al revisar los planes de gobierno oficialmente presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, conviene recordar algo elemental que a veces se pierde entre mítines, TikToks y debates crispados: el plan de gobierno no es un adorno burocrático ni un simple requisito de inscripción. El propio JNE lo define como el documento que contiene el diagnóstico, los objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas de una organización política; además, subraya que debe servir como parámetro para un voto informado y como referencia para la rendición de cuentas al final del mandato. Más aún, el marco actual exige un contenido mínimo, prioriza claridad y previsión, y prohíbe modificar el plan con posterioridad a su presentación.

Por eso, la pregunta correcta no es si una propuesta emociona, sino si resiste cuatro pruebas básicas. Primero, si identifica con seriedad un problema real del país. Segundo, si explica con qué instrumentos lo enfrentará. Tercero, si deja entrever de dónde saldrán los recursos y qué costos implicará. Y cuarto, si muestra alguna viabilidad política, jurídica y administrativa. Cuando una candidatura falla en una o varias de esas condiciones, lo que queda ya no es una política pública en sentido estricto, sino una oferta de campaña desnuda: vistosa, quizás seductora, pero débil frente a la realidad.

En ese examen, las candidaturas mejor posicionadas han mostrado diferencias marcadas. Algunas sí presentan una arquitectura relativamente consistente: objetivos, estrategias, metas, cronogramas, instrumentos de gestión, referencias a inversión, simplificación, digitalización, formalización o reformas sectoriales. Otras, en cambio, descansan más en la figura del líder, en la idea del golpe de autoridad, en la promesa de mano dura, en el voluntarismo o en la ilusión de que basta la voluntad presidencial para doblegar inercias históricas del Estado peruano. Hay también candidaturas cuyo relato es ideológicamente coherente, pero cuya ejecución dependería de rupturas constitucionales, mayorías improbables o transformaciones institucionales de muy baja factibilidad inmediata. En todos esos casos, la distancia entre prometer y gobernar sigue siendo inmensa.

Ese es, quizás, el rasgo más revelador del proceso electoral actual. No estamos ante una campaña pobre en imaginación, sino ante una campaña donde con frecuencia el “qué” avanza muy por delante del “cómo”. Se promete seguridad sin reforma policial y fiscal precisa; crecimiento sin detallar motores reales de productividad; empleo sin explicar condiciones de inversión; lucha anticorrupción sin rediseño institucional convincente; más Estado o menos Estado sin aclarar capacidad operativa, gradualidad ni costos de transición. En otras palabras, la política vuelve a ofrecer resultados como si estos pudieran decretarse, cuando en realidad todo cambio serio exige secuencia, financiamiento, cuadros técnicos, coordinación intergubernamental y tiempo.

La dispersión que muestran los sondeos también dice mucho sobre la calidad de nuestra vida pública. Con 35 candidaturas presidenciales registradas, un liderazgo parcial en la cima y una fuerte disputa por los siguientes lugares, el país llega a la elección en medio de una oferta sobrepoblada y una ciudadanía todavía desconfiada. No es extraño, entonces, que proliferen las promesas maximalistas: cuando el sistema está fragmentado, cada candidatura siente la tentación de sobresalir no por la solidez de su programa, sino por la espectacularidad de su oferta. La inflación de promesas se convierte así en un síntoma de precariedad política.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre los candidatos. También el ciudadano tiene una tarea que no puede delegar. Votar no consiste únicamente en escoger un nombre o rechazar otro; consiste en asumir, con la mayor lucidez posible, las consecuencias de esa decisión. La democracia no termina cuando se deposita la cédula en el ánfora. Allí, en rigor, comienza la parte más difícil: vigilar, exigir, comparar, recordar y reclamar. Si el plan de gobierno es la hoja de ruta ofrecida para conquistar el poder, entonces debe convertirse también en el primer documento que la ciudadanía use para supervisar al poder.

Por eso, el llamado que hoy merece hacerse no es a votar por tal o cual candidatura, sino a votar con conciencia de que ninguna oferta debe ser recibida como un acto de fe. El elector no es un espectador de feria ni un consumidor pasivo de eslóganes. Es un mandante temporal del poder político. Y quien manda, en democracia, tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir cumplimiento. Exigir que el candidato ganador honre lo que prometió. Exigir que gobierne con arreglo a su programa. Exigir que, si las circunstancias nacionales obligan a corregir, reordenar o priorizar de otro modo, no lo haga con arbitrariedad ni oportunismo, sino con explicación técnica, transparencia pública y responsabilidad frente al país.

Porque sí: gobernar también puede exigir ajustes. La realidad suele golpear más fuerte que la retórica de campaña, y el interés nacional no siempre coincide milimétricamente con el papel inscrito meses antes. Pero esa necesaria flexibilidad no puede ser una licencia para la traición programática. Si un gobierno se aparta de su hoja de ruta, debe justificarlo; si cambia prioridades, debe explicarlas; si abandona una promesa, debe responder por ello. La responsabilidad democrática no consiste en petrificar un documento, sino en impedir que el mandato popular sea usado como cheque en blanco.

En tiempos de ofertas desbordadas, el mejor antídoto no es el cinismo, sino la vigilancia ciudadana. El Perú no necesita electores fascinados por el milagro verbal de la campaña; necesita ciudadanos serenos, críticos y responsables, capaces de distinguir entre una propuesta pensada para gobernar y una promesa fabricada solo para seducir. Ese discernimiento no garantiza por sí solo un buen gobierno, pero sí reduce la probabilidad de un nuevo desencanto.

Al final, cada ciudadano es libre de elegir según su conciencia, su experiencia, sus convicciones y su esperanza. Esa libertad debe ser respetada siempre. Pero justamente porque el voto es libre, también debe ser responsable. Y un voto responsable no solo escoge: recuerda. No solo decide: vigila. No solo otorga poder: exige resultados. En una democracia fatigada como la nuestra, tal vez esa sea la forma más seria de defender el futuro del país.

El precio invisible del poder

Por Wens Silvestre

El verdadero costo de un liderazgo político no se mide únicamente en indicadores económicos o en éxitos diplomáticos, sino en la calidad del tejido social, en la solidez de las instituciones y, sobre todo, en la relación que una sociedad mantiene con la verdad y con su propia dignidad. En este sentido, las trayectorias de Vladimir Putin y Donald Trump permiten observar, desde contextos distintos, un fenómeno común: cuando el poder se ejerce como confrontación permanente y como afirmación personalista, el precio termina siendo asumido por la ciudadanía en dimensiones que van mucho más allá de lo visible. 

En primer lugar, ambos liderazgos han contribuido a erosionar el valor de la verdad como fundamento de la vida pública. En Rusia, esta erosión adopta la forma de una narrativa oficial que reconfigura la historia, redefine los hechos y limita el espacio de interpretación alternativa. En Estados Unidos, bajo Trump, el fenómeno ha sido distinto pero convergente: no se ha impuesto una única versión de la realidad, sino que se ha debilitado la idea misma de que la realidad pueda ser verificada de manera común. Así, la política deja de ser un terreno de debate informado y se convierte en una disputa de percepciones, donde la repetición y la intensidad pesan más que la evidencia. En consecuencia, la sociedad pierde un punto de referencia compartido, y sin ese punto de referencia, la deliberación democrática se vuelve frágil, volátil y profundamente polarizada.

Por otro lado, el trato hacia las instituciones revela una diferencia de grado, pero no de dirección. Putin ha consolidado un sistema en el que las instituciones han sido progresivamente subordinadas al poder central, reduciendo al mínimo los contrapesos efectivos. En cambio, Trump ha operado dentro de un sistema que aún conserva mecanismos de resistencia, pero ha tensionado esos límites de manera constante, cuestionando la legitimidad de tribunales, medios y procesos electorales cuando estos no le resultaban favorables. En ambos casos, el mensaje que se transmite a la sociedad es inquietante: las reglas dejan de ser un marco estable y pasan a ser obstáculos contingentes que pueden ser ignorados o reinterpretados según la conveniencia del líder. Con el tiempo, esta lógica no solo debilita a las instituciones, sino que erosiona la confianza ciudadana en ellas, generando un círculo vicioso de deslegitimación.

Asimismo, la política entendida como confrontación permanente tiene consecuencias humanas concretas. En el caso ruso, esto se manifiesta de forma directa en conflictos armados, represión interna y persecución de la disidencia. En el caso estadounidense, el impacto se expresa más en el plano simbólico y administrativo, aunque no por ello resulta menor: políticas migratorias restrictivas, discursos que normalizan la exclusión y decisiones internacionales que priorizan la fuerza sobre la negociación. En ambos contextos, se instala una lógica en la que el sufrimiento ajeno se vuelve secundario frente a la demostración de poder. De este modo, la empatía deja de ser un valor político relevante y es reemplazada por la eficacia del castigo o la contundencia de la acción.

De igual manera, la construcción del enemigo como herramienta política ha fragmentado profundamente a ambas sociedades. Putin ha recurrido a una narrativa en la que Rusia aparece permanentemente amenazada por fuerzas externas e internas, lo que justifica tanto la cohesión forzada como la represión. Trump, por su parte, ha movilizado antagonismos internos y externos con una intensidad inusual, señalando a migrantes, opositores y élites como responsables de los problemas nacionales. Aunque los contextos difieren, el resultado converge: la sociedad deja de percibirse como comunidad y comienza a organizarse en torno a identidades enfrentadas. En ese escenario, la política deja de ser un espacio de negociación y se convierte en un campo de batalla simbólico donde el adversario no es un interlocutor, sino un enemigo a derrotar.

El costo más profundo es de carácter moral. Tanto en Rusia como en Estados Unidos, estos liderazgos han contribuido a normalizar prácticas que antes habrían generado un rechazo más amplio: la mentira reiterada, la descalificación del adversario, la deshumanización de determinados grupos y la justificación del daño como instrumento político legítimo. Lo preocupante no es solo que estas prácticas existan, sino que progresivamente dejen de escandalizar. Cuando una sociedad se acostumbra a este tipo de dinámicas, no solo cambia su sistema político, sino también su horizonte ético.

A este panorama se suma un elemento que amplifica de manera decisiva el costo global de estos liderazgos: sus decisiones bélicas, marcadas por una lógica de fuerza y cálculo político inmediato, no se limitan a afectar a las poblaciones directamente involucradas, sino que irradian consecuencias hacia todo el sistema internacional. Las guerras impulsadas o escaladas bajo Vladimir Putin y Donald Trump generan efectos en cadena que trascienden fronteras: encarecimiento de alimentos y energía, disrupción de cadenas de suministro, incremento del gasto militar en detrimento de políticas sociales, crisis migratorias y un deterioro ambiental acelerado producto de la destrucción de infraestructuras y ecosistemas. De este modo, la guerra deja de ser un fenómeno localizado y se convierte en un multiplicador de desigualdades y vulnerabilidades a escala global, donde incluso sociedades alejadas del conflicto terminan pagando, en inflación, inseguridad y degradación ecológica, el precio de decisiones tomadas bajo una racionalidad de poder que subordina la vida humana y el equilibrio del planeta a objetivos estratégicos de corto plazo.

En definitiva, el problema no radica únicamente en las decisiones concretas de Vladimir Putin o Donald Trump, sino en la forma en que esas decisiones reconfiguran la cultura política de sus países. Rusia ha visto consolidarse un modelo donde la estabilidad se obtiene al precio de la libertad, mientras que Estados Unidos ha experimentado una tensión creciente entre su tradición institucional y una forma de liderazgo que la desafía constantemente. En ambos casos, el saldo no es solo político, sino profundamente social: una ciudadanía más desconfiada, más dividida y, en cierto modo, más habituada a vivir en un entorno donde el poder no se limita, sino que se impone. Y esa es, quizá, la consecuencia más duradera y más difícil de revertir.

Referencias:

Associated Press. (2025, February 7). State Department lays out plans for $7 billion-plus arms sale to Israel. https://apnews.com/article/israel-weapons-us-sale-netanyahu-trump-gaza-c53a61873314be2336c3733b97d89ff3

Committee to Protect Journalists. (2025, April 30). Alarm bells: Trump’s first 100 days ramp up fear for the press, democracy. https://cpj.org/special-reports/alarm-bells-trumps-first-100-days-ramp-up-fear-for-the-press-democracy/

Freedom House. (2025). Russia: Freedom in the World 2025 country report. https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-world/2025

Freedom House. (2025). Russia: Freedom on the Net 2025 country report. https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-net/2025

House Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol. (2022). Final report of the Select Committee to Investigate the January 6th Attack on the United States Capitol. U.S. Government Publishing Office. https://www.govinfo.gov/app/details/GPO-J6-REPORT

Kessler, G. (2021, January 24). Trump’s false or misleading claims total 30,573 over 4 years. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/politics/2021/01/24/trumps-false-or-misleading-claims-total-30573-over-four-years/

Putin, V. (2021, July 12). Article by Vladimir Putin “On the Historical Unity of Russians and Ukrainians”. President of Russia. https://en.kremlin.ru/events/president/news/66181

Putin, V. (2022, February 21). Address by the President of the Russian Federation. President of Russia. https://en.kremlin.ru/events/president/news/67828

Putin, V. (2022, February 24). Address by the President of the Russian Federation. President of Russia. https://en.kremlin.ru/events/president/news/67843

Reuters. (2024, September 28). Trump escalates harsh rhetoric against immigrants, Harris. https://www.reuters.com/world/us/trump-escalates-dark-rhetoric-against-immigrants-harris-2024-09-28/

Reuters. (2024, September 30). Putin promotes Dyumin and younger loyalists to Russia’s politburo. https://www.reuters.com/world/europe/putin-decree-promotes-ally-dyumin-russias-security-council-2024-09-30/

Reuters. (2025, April 22). How Trump moved swiftly to punish perceived foes in first 100 days. https://www.reuters.com/world/us/how-trump-moved-swiftly-punish-perceived-foes-his-first-100-days-2025-04-22/

La Tierra bajo asedio climático

 Por Wens Silvestre

Ya no estamos ante una advertencia abstracta ni ante una disputa semántica entre “cambio climático” y “calentamiento global”. Estamos ante una alteración física del planeta perfectamente medible. La OMM confirmó en marzo de 2026 que 2015–2025 fueron los 11 años más cálidos jamás registrados y que 2025 se ubicó aproximadamente 1,43 °C por encima del promedio de 1850–1900. No se trata solo de una curva térmica ascendente: el sistema Tierra está reteniendo más energía, el océano absorbe ese exceso a un costo creciente y los extremos climáticos se vuelven cada vez más disruptivos.

Y, sin embargo, el mundo político actúa como si todavía hubiera tiempo para el cálculo mezquino, la geopolítica fósil y la cobardía diplomática. Esa es la verdadera obscenidad de nuestro tiempo: la ciencia climática ya habló con claridad, pero los centros de poder global siguen respondiendo con silencio, dilación o sabotaje. UNEP advirtió en su Emissions Gap Report 2025 que las nuevas promesas climáticas apenas reducen el calentamiento proyectado y que el G20 concentra cerca del 77% de las emisiones globales, mientras sus miembros ni siquiera están en trayectoria para cumplir de forma colectiva sus propios compromisos para 2030. 

La tragedia no radica solo en que los grandes emisores contaminen mucho; radica en que contaminan, conocen las consecuencias y aun así retrasan la acción. El Global Carbon Budget 2025 proyectó que las emisiones fósiles globales alcanzaron un nuevo récord de 38,1 mil millones de toneladas de CO₂ en 2025. Es decir: incluso después de décadas de cumbres, declaraciones solemnes y metas supuestamente históricas, el metabolismo fósil de la economía mundial sigue expandiéndose.

Aquí conviene nombrar responsabilidades sin eufemismos. China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Rusia e Indonesia figuran entre los mayores emisores actuales de gases de efecto invernadero, y juntos concentran la mayor parte del problema contemporáneo. Pero, en responsabilidad histórica, el peso de Estados Unidos sigue siendo extraordinario: Our World in Data muestra que es el mayor contribuyente acumulado de CO₂ desde el inicio de la industrialización, con aproximadamente una cuarta parte del total histórico. Por eso, cuando una potencia así retrocede, no está cometiendo un simple error de política doméstica: está profundizando una crisis planetaria que ayudó decisivamente a crear.

En ese contexto, el negacionismo climático de Donald Trump no es una excentricidad retórica, sino una forma de irresponsabilidad estructural. En febrero de 2026, la EPA finalizó la rescisión del Endangerment Finding de 2009, la base científica y jurídica que había permitido regular gases de efecto invernadero en vehículos bajo la Clean Air Act. La propia EPA reconoce que, sin ese hallazgo, carece de autoridad estatutaria para fijar esos estándares. Traducido al lenguaje político real: no estamos ante una mera diferencia ideológica, sino ante un intento deliberado de desarmar la capacidad del Estado para actuar frente al calentamiento global.

Pero sería un error confortable reducir el problema a Trump. El negacionismo contemporáneo ya no opera siempre diciendo que el cambio climático no existe. Hoy suele adoptar una forma más sofisticada y, por ello mismo, más peligrosa: acepta el diagnóstico en el discurso, pero protege el petróleo, expande el gas, vacía las regulaciones, aplaza metas exigentes y subordina la transición energética a intereses geoestratégicos inmediatos. Ese negacionismo performativo se expresa tanto en democracias liberales como en petroestados, en potencias militares como en economías emergentes. Es la política del “sí, pero no ahora”; del “sí, pero sin tocar el modelo”; del “sí, pero primero la seguridad energética”, como si pudiera haber seguridad en un planeta climáticamente desestabilizado.

A esta inacción culpable se suma un agravante todavía menos discutido: las guerras recientes no son un fenómeno separado de la crisis climática, sino uno de sus multiplicadores. La guerra destruye ciudades, incendia paisajes, interrumpe redes eléctricas, hunde servicios públicos, multiplica desplazamientos y exige reconstrucciones intensivas en cemento, acero, combustibles y logística. La guerra, en suma, produce muerte inmediata y también emisiones diferidas. Es devastación humanitaria en el presente y devastación climática para el futuro.

El caso de Ucrania es el ejemplo más documentado. La evaluación publicada en febrero de 2026 por la Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War y EcoAction estimó que la invasión rusa había generado 311 millones de toneladas de CO₂e entre el 24 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2026; solo en el cuarto año del conflicto se añadieron 75 millones de toneladas. Esa huella climática es comparable a las emisiones anuales de un país industrializado mediano. No hablamos, entonces, de un daño “colateral”: hablamos de una guerra que también funciona como una máquina de carbono.

La guerra en Gaza ha comenzado a mostrar la misma verdad incómoda. Un estudio publicado en One Earth en 2026 estimó que el conflicto Israel-Gaza acumuló alrededor de 33,2 millones de toneladas de CO₂e al considerar no solo las emisiones directas del combate, sino también actividades previas y posteriores, incluida la reconstrucción. El propio estudio subraya que la parte visible de la destrucción no agota su costo climático: la guerra sigue emitiendo mucho después del último bombardeo, en cada edificio rehecho, en cada tonelada de escombro removido, en cada red básica reconstruida sobre ruinas.

Eso obliga a una conclusión más severa: las guerras regionales actuales no solo matan personas; también queman futuro climático. En Ucrania, en Gaza y en otras escaladas del Medio Oriente, la lógica militar intensifica la dependencia de combustibles fósiles, normaliza el secreto sobre emisiones militares y desplaza recursos políticos y financieros que deberían dirigirse a la adaptación, la mitigación y la resiliencia social. Cada misil y cada columna de humo son también una negación práctica de la estabilidad planetaria.

Por eso resulta tan hipócrita el lenguaje diplomático de los líderes mundiales. Hablan de transición verde en los foros internacionales, pero toleran una arquitectura internacional en la que las emisiones militares siguen pobremente reportadas, las guerras quedan fuera del centro del debate climático y las grandes potencias continúan tratando la atmósfera como si fuese un vertedero geopolítico. El silencio de los países líderes no es neutralidad: es complicidad. Cuando las potencias callan frente a la destrucción bélica y al mismo tiempo incumplen o debilitan sus propios compromisos climáticos, están diciendo con hechos que la habitabilidad de la Tierra vale menos que sus ventajas tácticas de corto plazo.

La cuestión, en el fondo, ya no es científica. La ciencia hizo su trabajo. Sabemos que el calentamiento continúa, que las emisiones siguen en niveles récord, que los grandes emisores concentran la responsabilidad y que las guerras agravan la trayectoria climática. La cuestión es moral y política: qué clase de civilización conoce el daño que está infligiendo y aun así persevera en él.

Lo más peligroso de esta época no es solo la acumulación de CO₂ en la atmósfera. Es la acumulación de cinismo en el poder. Porque mientras la física del planeta se vuelve más inestable, la política global se vuelve más indiferente. Y cuando la indiferencia de las potencias se combina con el negacionismo, el militarismo y la adicción fósil, la crisis climática deja de ser un accidente histórico para convertirse en una forma de barbarie administrada.

La historia juzgará con dureza a esta generación de líderes. No porque ignorara la evidencia, sino porque la tuvo delante y eligió mirar hacia otro lado. Y quizá ese sea el dato más perturbador de todos: la vida en la Tierra no está en riesgo por falta de conocimiento, sino por falta de coraje.

 

Referencias

Climate Action Tracker. (2025). USA: Policies & action. https://climateactiontracker.org/countries/usa/policies-action/ 

Climate Action Tracker. (2025). USA. https://climateactiontracker.org/countries/usa/

Conflict and Environment Observatory. (2025, November 6). New data reveals the military emissions gap is growing wider. https://ceobs.org/new-data-reveals-the-military-emissions-gap-is-growing-wider/

Conflict and Environment Observatory. (2025). Military emissions. https://ceobs.org/projects/military-emissions/

EcoAction, & Initiative on GHG Accounting of War. (2026, February). Climate damage caused by Russia’s war in Ukraine: 24 February 2022–23 February 2026. https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2026/02/Climate-Damage-Caused-by-War-48-months_ENs.pdf

Environmental Protection Agency. (2026, February 18). Rescission of the Greenhouse Gas Endangerment Finding and motor vehicle greenhouse gas emission standards under the Clean Air Act. https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-rescission-greenhouse-gas-endangerment

Global Carbon Project. (2025, November 13). Fossil fuel CO₂ emissions hit record high in 2025. https://globalcarbonbudget.org/fossil-fuel-co2-emissions-hit-record-high-in-2025/

International Energy Agency. (2025, October 22). Greenhouse gas emissions from energy data explorer. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer

National Aeronautics and Space Administration. (2026, January 15). NASA releases global temperature data. https://www.nasa.gov/news-release/nasa-releases-global-temperature-data/

Neimark, B., Otu-Larbi, F., Belcher, O., Ashworth, K., Larbi, R., El-Jechi, T., & Ansett, S. (2026). Israel-Gaza conflict carbon emissions exceeded 30 million tons in just 1 year. One Earth. Advance online publication. https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322%2826%2900049-7

Our World in Data. (2025, March 16). Which countries have contributed the most to historical CO₂ emissions? https://ourworldindata.org/data-insights/which-countries-have-contributed-the-most-to-historical-co-emissions

Our World in Data. (2025, November 13). CO₂ emissions per capita. https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita

United Nations Environment Programme. (2025). Emissions gap report 2025. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025

United Nations Framework Convention on Climate Change. (2026). First biennial transparency reports. https://unfccc.int/first-biennial-transparency-reports

The White House. (2025, January 20). Putting America first in international environmental agreements. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/

The White House. (2025, January 20). Unleashing American energy. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/unleashing-american-energy/

World Meteorological Organization. (2026). State of the global climate 2025. https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2025

World Resources Institute. (2025). State of climate action 2025. https://www.wri.org/research/state-climate-action-2025

Guerra y economía global

Por Wens Silvestre

La historia de las guerras modernas suele contarse en términos de territorios, ejércitos y alianzas. Sin embargo, el nuevo frente abierto entre Israel, Estados Unidos e Irán demuestra que los conflictos del siglo XXI ya no se libran únicamente en el campo de batalla. También se combaten en los mercados energéticos, en las rutas marítimas, en los sistemas financieros y, sobre todo, en las cadenas industriales que sostienen la vida cotidiana de miles de millones de personas.

El centro invisible de esta guerra no es una ciudad ni una base militar. Es un estrecho marítimo de apenas unas decenas de kilómetros de ancho: el Estrecho de Ormuz. Por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, además de grandes volúmenes de gas natural licuado y derivados petroquímicos. Cuando esa arteria se paraliza, el impacto se propaga de forma inmediata desde el Golfo Pérsico hasta las economías industriales de Asia, Europa y América. 

La primera consecuencia visible ha sido el precio del petróleo. En cuestión de días, el barril pasó de niveles cercanos a 70 dólares a superar los 90. Pero el petróleo no es solo combustible. Es también materia prima para fertilizantes, químicos industriales, plásticos, metales procesados y una amplia gama de insumos tecnológicos. Por eso el shock energético rápidamente se transforma en un shock industrial: aumenta el costo del transporte, encarece la producción agrícola, tensiona las cadenas de metales críticos y presiona la inflación global.

Este efecto en cascada revela una característica fundamental del sistema económico contemporáneo: su extraordinaria interdependencia. El cierre de una ruta energética en Oriente Medio puede afectar la producción de semiconductores en Asia, el precio de los alimentos en África o el costo de la electricidad en Europa. La globalización no eliminó los riesgos geopolíticos; simplemente los conectó a una escala mucho mayor.

En el plano estratégico, el conflicto también produce resultados ambiguos. Estados Unidos y sus aliados buscan debilitar la capacidad militar y regional de Irán, pero al hacerlo han abierto una dinámica de riesgo sistémico. Irán, por su parte, no necesita derrotar militarmente a sus adversarios para ejercer presión. Le basta con elevar el costo global del conflicto: amenazar rutas marítimas, golpear infraestructuras críticas o desestabilizar mercados energéticos.

En otras palabras, esta guerra no se decide solo en términos de victoria militar. También se decide en términos de resistencia económica. El actor que logre sostener el costo del conflicto por más tiempo —sin sufrir un colapso político interno ni una ruptura de sus alianzas— tendrá la ventaja estratégica.

Sin embargo, la pregunta más inquietante no es quién ganará, sino cuánto durará la guerra. Los mercados financieros suelen reaccionar violentamente a los conflictos al inicio, pero tienden a estabilizarse si perciben que la guerra será corta. El verdadero peligro aparece cuando la confrontación se prolonga y se transforma en un estado de tensión permanente. En ese escenario, la economía global entra en una fase de incertidumbre estructural: energía más cara, inflación persistente, crecimiento más débil y mayor volatilidad financiera.

Europa, altamente dependiente de importaciones energéticas, podría enfrentar nuevamente un ciclo de inflación importada. Asia, que absorbe la mayor parte del petróleo que atraviesa Ormuz, se expone a un shock industrial significativo. Incluso Estados Unidos —a pesar de su mayor autosuficiencia energética— no está completamente protegido frente al aumento de costos, la volatilidad financiera y la desaceleración del comercio global.

Pero quizá el aspecto más importante de esta guerra sea el menos discutido: su impacto sobre las poblaciones. Cada interrupción en las cadenas energéticas o agrícolas termina traduciéndose en precios más altos de alimentos, transporte y electricidad. Las guerras contemporáneas no solo se pagan con vidas en el frente; también se pagan con inflación, desempleo y deterioro del bienestar en países muy lejanos del campo de batalla.

Por eso el conflicto actual revela una paradoja profunda de la política internacional. En un mundo interdependiente, las guerras regionales tienen consecuencias globales. Sin embargo, las decisiones que conducen a ellas siguen siendo tomadas por un número muy reducido de actores estatales que rara vez asumen el costo económico total de sus decisiones.

La lección estratégica de esta crisis es clara: en el siglo XXI, la guerra ya no destruye únicamente ciudades. Puede desestabilizar sistemas económicos completos. Y cuanto más conectada esté la economía mundial, mayor será el alcance de esa destrucción.

La pregunta que queda abierta no es si el mundo puede soportar una guerra más. La verdadera pregunta es si puede soportar una guerra que interrumpa las arterias económicas de las que depende su propia estabilidad.

La Cumbre de Impacto de la IA en India 2026

Por Wens Silvestre

La Cumbre de Impacto de la IA en India 2026 cerró su semana ampliada el 21 de febrero con un logro diplomático que, en el tablero internacional, no es menor: una Declaración de Nueva Delhi sobre Impacto de la IA respaldada por 91 países y organizaciones. Sin embargo, el mismo cierre que celebra cooperación y bienestar deja al descubierto el límite central del encuentro: la arquitectura del impacto se diseñó como cooperación voluntaria, no como obligación pública.

La paradoja es nítida. India reunió a líderes políticos y a quienes hoy dirigen el desarrollo de la IA —Altman, Hassabis, Pichai, entre otros— y logró ordenar el debate en “chakras” comprensibles: recursos, confianza, ciencia, capital humano, eficiencia, inclusión y bien social. Pero la cumbre evitó un chakra decisivo para cualquier democracia que se tome en serio el progreso: IA para decisiones públicas trazables y para la lucha anticorrupción, es decir, IA para integridad del Estado.

Lo más valioso del cierre no fue la retórica, sino el paquete de instrumentos que la Declaración enumera: una carta para ampliar acceso a recursos básicos de IA, una plataforma para replicar casos de uso, un repositorio técnico de confianza, una red para ciencia, una plataforma de empoderamiento social, una guía para capacidades laborales y principios de eficiencia y resiliencia.

Eso suena técnico, pero es política pura: la cumbre apostó por una gobernanza “por infraestructuras compartidas” (repositorios, guías y plataformas) más que por tratados. Y ahí aparece el talón de Aquiles: el propio documento repite que varios de esos marcos son “voluntarios y no vinculantes”. En otras palabras: se construyó un andamiaje para cooperar… sin herramientas para exigir.

La cumbre también fue una fotografía del nuevo consenso industrial: democratizar el acceso, acelerar la adopción y, al mismo tiempo, prometer seguridad. Nadie quiere quedar como el freno; nadie quiere cargar con el próximo accidente.

Pichai: infraestructura y brecha como amenaza política

Sundar Pichai puso la tesis más ambiciosa —y más conveniente para un gigante de infraestructura digital— cuando afirmó: “Es el mayor cambio de plataforma de nuestras vidas” (traducción del original en inglés). Pero su frase más política fue otra: “No podemos permitir que la brecha digital se convierta en una brecha de IA” (traducción del original en inglés).

Ahí está el corazón “gente–planeta–progreso” en clave de poder: si la IA es el nuevo sistema operativo del mundo, el riesgo mayor no es solo técnico; es geográfico y social. El mensaje de Pichai fue claro: sin cómputo, conectividad y confianza, el Sur global no “adopta” la IA; la padece.

Altman: democratizar… pero con regulación urgente

Sam Altman defendió el mismo horizonte de acceso, pero con una advertencia doble. Dijo: “La democratización de la IA es la mejor manera de asegurar que la humanidad florezca” y, a la vez: “Necesitamos regulación, con urgencia, como con otras tecnologías poderosas” (traducciones del original en inglés).

Este doble movimiento —abrir y regular— es coherente si se lo lee como geopolítica: abrir para que el poder no se concentre en pocos, y regular para que nadie pague el costo social de una catástrofe prevenible. Pero también es una confesión: la industria sabe que sin Estado (o sin coordinación internacional efectiva) el “impacto” puede convertirse en “daño”.

Hassabis: el riesgo no es abstracto, es uso indebido y autonomía

Demis Hassabis, más que vender un destino, describió una frontera: la del uso indebido y la autonomía creciente. En un tramo muy citado, advirtió: “A medida que los sistemas se vuelven más autónomos y más independientes, serán más útiles… pero también tendrán más potencial de riesgo y de hacer cosas que quizá no pretendíamos cuando los diseñamos” (traducción del original en inglés).

Y cuando el foco fue la seguridad, puso nombre a los peligros concretos: “Tenemos que preocuparnos por riesgos biológicos y cibernéticos en IA muy pronto… y asegurarnos de que las defensas sean más fuertes que los ataques” (traducción del original en inglés). El punto es decisivo para la agenda pública: el riesgo no llega solo por “modelos malvados”, sino por sistemas útiles que, por diseño, actúan con más independencia. En el mundo real, esa independencia choca con normas, incentivos… y corrupción.

Amodei: el examen real es la difusión… y un Estado capaz

Dario Amodei bajó el debate al terreno donde la tecnología suele fracasar: implementación y distribución de beneficios. En una frase que sintetiza la apuesta por el Sur global, afirmó: “La IA tiene grandes riesgos y grandes beneficios, pero aquí la ganancia puede ser incluso mayor que en otros lugares” (traducción del original en inglés).

La trampa está en la condición: difusión institucional, no solo demostraciones. Incluso si la capacidad técnica crece, si la adopción pública ocurre con reglas débiles, la IA puede convertirse en multiplicador de arbitrariedad.

Lo que faltó: cuando “gobernar” no significa integridad

La Declaración enumera siete chakras y llama a cooperación entre múltiples actores. También incluye, de forma explícita, la idea de formar capacidades en el sector público, mencionando el entrenamiento de funcionarios como parte del desarrollo de capital humano. Pero esto es todavía gobierno como aspiración de eficiencia, no como control del poder.

Lo más revelador es lo que no está: al revisar el texto, no aparece referencia a “corrupción”, ni a “contratación pública” (licitaciones), ni a “transparencia” como eje de acción. Y ese silencio no es un detalle: es la ausencia de un chakra que, en muchas democracias, decide si la IA mejora la vida o moderniza redes clientelares.

Porque el Estado no solo “entrega servicios”: compra, licita, prioriza, audita, sanciona, recauda, subsidia, asigna obras. Si la IA entra ahí sin diseño institucional, puede:

·         automatizar sesgos (la corrupción también deja huellas en los datos),

·         legitimar decisiones opacas (“lo dijo el algoritmo”),

·         crear un nuevo mercado de captura: vender “soluciones” como antes se vendían consultorías.

El chakra ausente que debió estar: integridad pública y anticorrupción

Un “octavo chakra” debió llamarse, sin rodeos: integridad pública, transparencia y anticorrupción. Su agenda mínima habría incluido:

·         IA para detectar colusión en compras públicas (patrones de precios, rotación de ganadores, vínculos societarios),

·         IA para trazabilidad de decisiones (por qué se prioriza un distrito, un hospital, una obra),

·         IA para auditoría continua de subsidios y transferencias,

·         y, fundamentalmente, derecho ciudadano de explicación y apelación en decisiones automatizadas.

Sin ese chakra, la cumbre habló mucho de empoderamiento social y poco de empoderamiento cívico: el derecho a mirar dentro del Estado.

De lo voluntario a lo exigible: cómo convertir el “impacto” en deber público

La Declaración repite el carácter voluntario y no vinculante de varias iniciativas. Si India —y los firmantes— quieren que “impacto” no sea solo una consigna, la hoja de ruta debería traducirse en cuatro palancas de política pública:

1.    Ley para sistemas de alto impacto. Obligatoria, con definiciones claras: evaluación previa de impacto, monitoreo, reporte de incidentes, sanciones y prohibiciones específicas.

2.    Contratación pública como mecanismo de cumplimiento. Si el Estado compra IA, debe exigir por contrato: auditorías externas, acceso a registros, pruebas de sesgo y robustez, trazabilidad de datos, cláusulas de apagado y responsabilidad del proveedor.

3.    Registro público y auditoría democrática. Todo sistema usado para asignar recursos, vigilar, puntuar o priorizar personas debe estar registrado, con documentación pública proporcional al riesgo.

4.    Unidad anticorrupción preparada para la era de la IA. No como laboratorio, sino como institución: análisis de redes de contratistas, detección de anomalías, verificación cruzada, cooperación interagencial, y salvaguardas de privacidad y debido proceso.

La cumbre ya tiene plataformas y guías; lo que falta es deber jurídico y control ciudadano. Porque el futuro sostenible de la IA no depende solo de cómputo y talento: depende de si la IA entra al Estado para servir al público… o para modernizar la impunidad.

La Declaración de Nueva Delhi fue un buen inicio. Pero una cumbre de “impacto” será juzgada por su capacidad de nombrar el poder y ponerle límites. Y en 2026, el poder que más urge auditar no es el de la IA: es el de quien la usa para decidir por todos.

Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.