El negocio del estruendo

Trump, el poder y los intereses que prosperan detrás de la política del enemigo

Por Wens Silvestre

El mayor error al analizar a Donald Trump consiste en atribuir todo lo que hace a un temperamento incontrolable. Sus insultos, amenazas, contradicciones y repentinos cambios de posición pueden parecer manifestaciones espontáneas de una personalidad dominada por la ira y la necesidad de reconocimiento. Sin embargo, considerados en conjunto, revelan un método de ejercicio del poder: mantener a la sociedad en conflicto permanente, convertir al adversario en enemigo y acaparar la atención pública mientras se transforma silenciosamente la relación entre el Estado, la política y los negocios privados.

No existe evidencia suficiente para afirmar que cada exabrupto de Trump haya sido cuidadosamente programado para encubrir una operación económica determinada. Sostenerlo sería sustituir el análisis por una teoría conspirativa. Pero sí existe evidencia para plantear algo más grave: el ruido político facilita un sistema en el que la familia presidencial, sus aliados, determinados donantes y empresas reguladas pueden obtener beneficios, mientras los mecanismos de fiscalización son debilitados, intimidados o desacreditados. 

El insulto es la parte visible. La captura del Estado y la monetización de la proximidad al poder constituyen el problema de fondo.

La distracción como método político

Trump comprendió, antes que muchos políticos tradicionales, que en la nueva economía de la atención no siempre es necesario convencer: basta con dominar la conversación. Una amenaza contra un país, una descalificación a un periodista o la invención de un nuevo enemigo desplazan de inmediato otros asuntos de la agenda pública.

Una investigación publicada en Nature Communications, basada en su primera presidencia, encontró que un aumento de la cobertura mediática sobre asuntos potencialmente perjudiciales para Trump iba seguido de una intensificación de sus mensajes sobre otros temas y, posteriormente, de una disminución de aquella cobertura incómoda. El estudio no demuestra que cada mensaje fuera deliberadamente calculado, pero sí identificó un patrón compatible con una estrategia de distracción mediática.

Este procedimiento no solo desvía la atención: también agota a la sociedad. Cuando cada día trae consigo un nuevo motivo de indignación, los ciudadanos pierden capacidad para distinguir entre un insulto, una amenaza constitucional, una guerra, un contrato público y un negocio familiar. La saturación acaba por normalizar lo extraordinario.

La retórica del enemigo cumple, además, una función defensiva. Si jueces, fiscales, periodistas, científicos, universidades o legisladores son presentados de antemano como corruptos, antipatriotas o integrantes de una conspiración, cualquier investigación que emprendan puede desacreditarse como persecución política.

De ese modo, Trump presenta la rendición de cuentas como un ataque contra sus seguidores. La identificación emocional con el líder hace que las acusaciones no necesariamente reduzcan su apoyo: incluso pueden reforzarlo.

Su discurso configura una comunidad unida menos por un proyecto económico coherente que por adversarios compartidos: inmigrantes, universidades, medios de comunicación, funcionarios profesionales, jueces, opositores políticos, gobiernos extranjeros e incluso empresas que se niegan a adoptar el vocabulario presidencial.

No todos los simpatizantes de Trump comparten sus excesos. Algunos lo apoyan por sus posiciones sobre impuestos, inmigración, conservadurismo judicial, seguridad o rechazo a las élites tradicionales. Pero cuando la adhesión partidaria conduce a justificar el uso del Estado contra los adversarios, el respaldo a determinadas políticas se convierte en tolerancia frente al abuso de poder.

Una presidencia que también es un negocio

Durante su segundo mandato, la dimensión económica del fenómeno Trump ha adquirido una magnitud difícilmente comparable con la de cualquier presidente estadounidense contemporáneo.

Su declaración financiera correspondiente a 2025 registró más de 1.400 millones de dólares de ingresos procedentes de criptomonedas: casi 800 millones vinculados a World Liberty Financial y 635 millones provenientes de la moneda digital Trump. Reuters estimó que la familia habría obtenido al menos 2.300 millones de dólares de sus principales proyectos criptográficos desde el retorno de Trump a la Casa Blanca.

La administración sostiene que no existe conflicto porque los negocios están administrados por sus hijos. Sin embargo, Trump sigue siendo beneficiario de los activos colocados en el fideicomiso. No se trata de un fideicomiso ciego ni de una auténtica separación patrimonial. El presidente continúa enriqueciéndose en un mercado sobre el cual su gobierno adopta decisiones regulatorias, reduce las acciones de fiscalización y promueve políticas favorables.

Esta superposición convierte al presidente, simultáneamente, en gobernante, regulador, promotor y beneficiario.

Los vínculos internacionales profundizan la preocupación. MGX, empresa controlada por Abu Dabi y presidida por el asesor de seguridad nacional de Emiratos Árabes Unidos, utilizó 2.000 millones de dólares de la moneda estable USD1 —emitida por World Liberty Financial— para efectuar una inversión en Binance. Las reservas que respaldan esa moneda generan intereses para entidades afiliadas, entre ellas una participada por la Trump Organization.

Una revisión de las cincuenta mayores billeteras de World Liberty identificó que treinta y seis parecían estar vinculadas con compradores extranjeros. Esto no prueba, por sí solo, la existencia de un pago ilícito, pero abre un canal por el que actores extranjeros sujetos a decisiones diplomáticas, comerciales o regulatorias de Estados Unidos pueden transferir valor a una empresa que beneficia a la familia presidencial.

También hay secuencias de hechos que exigen investigación.

El empresario del sector de las criptomonedas Justin Sun compró 75 millones de dólares en tokens de World Liberty. Poco después de que ampliara su inversión, la Comisión de Bolsa y Valores suspendió el proceso que mantenía contra él.

Crypto.com donó alrededor de 11 millones de dólares a organizaciones políticas vinculadas a Trump. La investigación federal que afrontaba fue archivada posteriormente, y la empresa anunció una operación de aproximadamente 1.000 millones de dólares con Trump Media.

Binance participó en la operación realizada mediante USD1. Posteriormente, Trump indultó a su fundador, Changpeng Zhao, condenado por incumplimientos relacionados con la prevención del lavado de dinero.

Ninguno de estos hechos demuestra, por separado, un intercambio corrupto. Las empresas y la Casa Blanca niegan cualquier vinculación impropia. Sin embargo, la reiteración de operaciones en las que una contraparte regulada beneficia económicamente al entorno presidencial y después recibe una decisión gubernamental favorable constituye una señal suficientemente seria como para exigir documentos, comunicaciones internas y testimonios bajo juramento.

Esta expansión alcanza también a la defensa, los drones y la inteligencia artificial. El fondo 1789 Capital, del que Donald Trump Jr. es socio, invirtió en Vulcan Elements; tres meses después, se anunció un préstamo de 620 millones de dólares del Pentágono. El fondo también respalda a Reflection AI, seleccionada para operar en redes militares clasificadas.

Empresas de drones relacionadas, directa o indirectamente, con Donald Trump Jr. y Eric Trump han buscado financiamiento público, obtenido contratos o proyectado negocios con el Pentágono y gobiernos extranjeros. Los hijos del presidente afirman actuar como inversionistas pasivos. Pero, precisamente porque se trata de sectores dependientes de decisiones gubernamentales, esa pasividad debe comprobarse y no simplemente presumirse.

Jared Kushner representa otro punto de intersección. Su empresa Affinity Partners administra capital procedente de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, mientras él participa como enviado estadounidense en negociaciones diplomáticas, aunque sin ser formalmente empleado federal. Su abogado sostiene que no ha infringido ninguna norma aplicable. Sin embargo, el problema ético persiste: quien negocia en nombre de Estados Unidos mantiene, al mismo tiempo, intereses financieros relacionados con los gobiernos ante los cuales negocia.

A ello se añade la relación con el sector petrolero. Durante la campaña de 2024, Trump pidió a ejecutivos del petróleo y el gas reunir 1.000 millones de dólares para respaldar su candidatura, mientras ofrecía eliminar regulaciones, acelerar permisos y proteger beneficios tributarios. Una investigación de senadores demócratas sostiene que, posteriormente, el sector recibió cientos de miles de millones de dólares en ventajas fiscales, subsidios y desregulación. La Casa Blanca rechaza que haya existido un acuerdo corrupto.

Una vez más, la coincidencia no constituye por sí sola una prueba penal. Pero sería irresponsable que el Congreso dejara de investigar si existió correspondencia entre aportes, promesas y decisiones oficiales.

Cuando la amenaza se convierte en acción pública

La cuestión ya no se limita a los negocios ni a los discursos.

Una investigación de Reuters documentó, hasta noviembre de 2025, por lo menos 470 personas, empresas e instituciones objeto de represalias durante el segundo mandato de Trump. Entre ellas figuraban fiscales, agentes federales, funcionarios, militares, universidades, medios de comunicación y bufetes de abogados. Reuters identificó cientos de acciones punitivas, decenas de amenazas y diversos casos de organizaciones que modificaron sus políticas para evitar sanciones gubernamentales.

Cuatro grandes bufetes obtuvieron sentencias favorables de jueces nombrados por presidentes de ambos partidos, quienes concluyeron que las órdenes dirigidas contra ellos vulneraban derechos constitucionales. Otros despachos optaron por negociar y comprometer servicios jurídicos gratuitos alineados con las prioridades de la administración.

El gobierno reconoció ante los tribunales que canceló 7.600 millones de dólares destinados a casi trescientos proyectos de energía limpia situados en dieciséis estados que habían votado por Kamala Harris. Las cancelaciones no se basaron en el costo ni en el desempeño individual de cada proyecto, sino en la identidad política de los estados beneficiarios.

Harvard afronta la pérdida de más de 2.000 millones de dólares tras resistirse a exigencias ideológicas de la Casa Blanca. Medios como CNN, MS NOW y Politico han acudido a los tribunales para impugnar su exclusión de espacios presidenciales debido a coberturas que Trump considera hostiles.

Más recientemente, recursos públicos originalmente destinados a fines de seguridad se utilizaron para financiar anuncios televisivos que exaltaban personalmente al presidente en vísperas de las elecciones legislativas. Tras los cuestionamientos de ambos partidos, Trump anunció que los nuevos anuncios serían financiados por una organización política, pero la Casa Blanca no ofreció devolver lo ya gastado por el Estado.

La administración sostiene que cumple el mandato recibido de los electores y corrige la instrumentalización política ocurrida durante gobiernos anteriores. Sin embargo, un mandato electoral autoriza a desarrollar políticas públicas; no a convertir presupuestos, investigaciones, contratos, subvenciones o agencias federales en instrumentos de lealtad personal.

En el ámbito exterior se advierte el mismo patrón transaccional. Las amenazas arancelarias, las presiones sobre los aliados, las pretensiones sobre Groenlandia, el condicionamiento de la protección militar y la guerra con Irán han debilitado la previsibilidad estadounidense.

La guerra contra Irán se inició sin autorización legislativa expresa. La Cámara de Representantes aprobó una resolución destinada a exigir esa autorización, pero el Senado la rechazó por apenas 50 votos contra 49. La continuidad de un conflicto de semejante magnitud, más allá del plazo establecido por la Resolución de Poderes de Guerra, plantea la apropiación presidencial de una competencia que la Constitución atribuye al Congreso.

Esa incertidumbre tiene un costo. Eleva los precios de los combustibles, altera las cadenas de suministro, desalienta inversiones y obliga a aliados y empresas a incorporar una prima de riesgo político. Mientras algunos exportadores, contratistas de defensa, especuladores o inversionistas cercanos al poder pueden beneficiarse, el costo termina trasladándose a los ciudadanos mediante inflación, impuestos, deuda y menor estabilidad económica.

Los escenarios que enfrenta el régimen Trump

Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 serán decisivas. Una encuesta Reuters/Ipsos situó la aprobación presidencial en alrededor del 32 %, mientras cerca del 65 % desaprobaba su gestión. Reuters encontró, además, que aproximadamente dos tercios de los candidatos republicanos que competían en circunscripciones reñidas procuraban distanciarse de Trump en asuntos como la guerra con Irán, los precios y determinados proyectos tecnológicos.

Las encuestas no equivalen a resultados electorales, pero muestran el desgaste de la coalición presidencial. De esos comicios pueden surgir cuatro escenarios.

Si los republicanos conservan ambas cámaras, Trump interpretará la victoria como una ratificación de su estrategia. Seguirá contando con un Congreso poco inclinado a investigarlo y aumentará la presión sobre tribunales, medios, universidades y gobiernos estatales. Los principales controles quedarían en manos del Poder Judicial, los estados, la prensa y la sociedad civil.

Si los demócratas conquistan solamente la Cámara de Representantes, podrán presidir comisiones, emitir citaciones, exigir documentos y abrir una investigación formal de impeachment. Sería el escenario más probable para examinar los negocios familiares, contratos, indultos, decisiones regulatorias y financiamiento extranjero. No obstante, una acusación aprobada por la Cámara difícilmente conduciría a la destitución sin una ruptura significativa dentro del Partido Republicano, pues el Senado requiere una mayoría de dos tercios para condenar.

Si los demócratas ganan únicamente el Senado, no podrán iniciar por sí solos un impeachment, facultad exclusiva de la Cámara de Representantes. Pero controlarían las confirmaciones, las investigaciones senatoriales y parte del proceso presupuestario, y podrían dificultar el nombramiento de funcionarios dispuestos a ejecutar represalias políticas.

Si la oposición obtiene ambas cámaras, se abriría el escenario de mayor fiscalización. Podrían desarrollarse simultáneamente investigaciones sobre corrupción, guerra, libertades civiles, utilización electoral del presupuesto y negocios familiares. Incluso entonces, la destitución seguiría requiriendo votos republicanos. El impeachment no puede ser una simple operación matemática de la oposición: exige construir pruebas capaces de atravesar la frontera partidaria.

El representante Steve Cohen presentó en septiembre veintiséis artículos de impeachment relacionados con el abuso de poder, la violación del juramento presidencial, la utilización corrupta del indulto y posibles infracciones de las cláusulas de emolumentos. Días antes, otra resolución había sido archivada por 232 votos contra 147, con la participación de legisladores demócratas que consideraron insuficiente la investigación previa.

Esa objeción es razonable, pero no puede convertirse en pretexto para la pasividad. Si faltan pruebas, corresponde investigarlas. Si existen conflictos de interés, hay que identificar a los beneficiarios. Si hay decisiones regulatorias sospechosamente coincidentes con pagos o inversiones, debe reconstruirse la cronología. Y si las acusaciones resultan infundadas, también debe decirse públicamente.

La obligación constitucional del Congreso

El impeachment no fue concebido para sancionar malos modales, discursos ofensivos o políticas equivocadas. Fue establecido para enfrentar la traición, el soborno y otros altos delitos y faltas, categoría que la tradición constitucional estadounidense vincula con el abuso de poder, la corrupción del cargo, la usurpación de competencias y las violaciones graves de la confianza pública.

El Congreso no está obligado a condenar antes de investigar. Pero sí tiene la obligación institucional de fiscalizar cuando existe evidencia razonable de que el presidente podría estar utilizando el poder público para obtener beneficios privados, castigar a adversarios o erosionar deliberadamente los controles constitucionales.

Una investigación seria debería identificar a los verdaderos compradores de los activos digitales de Trump; requerir las comunicaciones entre la Casa Blanca y la SEC, el Departamento de Justicia, el Pentágono, el Departamento de Estado y otras agencias; reconstruir las operaciones de las empresas vinculadas a sus familiares; establecer si existieron recusaciones; y contrastar los pagos, donaciones e inversiones con las decisiones públicas que beneficiaron a sus protagonistas.

Solo después correspondería formular artículos de impeachment concretos y susceptibles de ser probados. Una acusación excesivamente extensa, que mezcle corrupción, disputas ideológicas y declaraciones ofensivas, podría facilitar la defensa política de Trump. Sería preferible concentrarse en conductas claramente vinculadas con el abuso del poder presidencial, las represalias oficiales, la apropiación de competencias del Congreso, el uso partidario de fondos públicos y los eventuales beneficios privados derivados de actos oficiales.

Los republicanos deberían comprender que el poder que hoy permiten utilizar contra los adversarios de Trump podría ser empleado mañana por un presidente demócrata contra ellos. Los demócratas, por su parte, deberían entender que el impeachment no puede reducirse a un instrumento electoral ni a una demostración de indignación.

La pregunta no es si Donald Trump resulta desagradable, autoritario o moralmente inaceptable. La pregunta constitucional es si está utilizando la Presidencia para transformar la autoridad pública en poder personal y, a su vez, el poder personal en beneficio económico.

Esperar una confesión explícita sería ingenuo. Acusar sin pruebas concluyentes sería irresponsable. Pero negarse a investigar ante la acumulación de indicios supone una renuncia del Congreso a su función esencial.

Trump puede ser el protagonista más visible, pero el futuro de la democracia estadounidense dependerá también de quienes tienen la responsabilidad de controlarlo. El verdadero peligro comienza cuando legisladores, empresarios, universidades, medios y funcionarios concluyen que es más rentable obedecer al presidente que exigirle cuentas.

Cuando el miedo se convierte en criterio administrativo, la adulación en ventaja competitiva y la proximidad al gobernante en modelo de negocio, la democracia conserva sus instituciones sobre el papel, pero comienza a perderlas en la realidad.

Referencias

Associated Press. (2026). Trump administration admits grants for clean energy were canceled based on politics.

Associated Press. (2026). Crypto deal exposes potential conflicts of interest in Trump presidency.

Cohen, S. (2026, 25 de septiembre). Introducing 26 Articles of Impeachment Against President Donald Trump. Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Congress.gov, Constitution Annotated. (s. f.). Historical Background on Impeachable Offenses. Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

Lewandowsky, S., Jetter, M., & Ecker, U. K. H. (2020). Using the president’s tweets to understand political diversion in the age of social media. Nature Communications, 11, 5764.

Reuters. (2025, 26 de noviembre). Trump’s campaign of retribution: At least 470 targets and counting.

Reuters. (2025, 28 de octubre). Inside the Trump family’s global crypto cash machine.

Reuters. (2026, 9 de junio). Parsing the Trumps’ crypto profits, investors’ losses.

Reuters. (2026, 30 de junio). Trump reports over $1.4 billion in income from crypto ventures.

Reuters. (2026, 24 de septiembre). Trump rolled back regulations for oil company campaign donors, Democrats say.

Reuters. (2026, 24 de septiembre). US Senate rejects resolution curbing Trump’s Iran war powers.

Reuters. (2026, 28 de septiembre). Democrats to probe lucrative Trump family business deals if they win midterms.

Reuters. (2026, 7 de octubre). Democrats sue Trump to halt taxpayer-funded TV ads that praised him.

Reuters. (2026, 8 de octubre). Most Republicans in tight midterm races distance themselves from Trump, Reuters review finds.

U.S. Office of Government Ethics. (1983). President and Vice President not Subject to 18 U.S.C. §§ 202–209.

 

Estados Unidos, China y el fin de la confianza automática

Por Wens Silvestre

Durante buena parte del último medio siglo, la política internacional fue presentada como una competencia entre sistemas: democracia frente a autoritarismo, mercado frente a planificación estatal, orden basado en reglas frente a política de poder. Esa descripción conserva alguna utilidad, pero resulta insuficiente para responder la pregunta que hoy preocupa a gobiernos, empresas y ciudadanos: ¿en cuál de las grandes potencias se puede confiar?

La respuesta no debería depender de simpatías ideológicas. La confiabilidad internacional no se mide por los discursos de un gobierno ni por la naturaleza formal de su régimen, sino por su comportamiento: cumplimiento de acuerdos, estabilidad de las reglas, respeto de la soberanía, transparencia de las decisiones y existencia de mecanismos efectivos cuando se produce un incumplimiento.

Desde esta perspectiva, Estados Unidos y China presentan una paradoja. Estados Unidos posee instituciones más transparentes y mecanismos jurídicos más independientes, pero su política exterior se ha vuelto crecientemente volátil y transaccional. China mantiene una dirección estratégica más constante, pero concentra el poder, publica menos información y deja escaso margen para cuestionar sus decisiones. 

En términos sencillos: Estados Unidos ofrece más garantías institucionales, pero menos previsibilidad política; China ofrece mayor continuidad política, pero menos garantías institucionales.

La confianza internacional, además, no es una cuestión meramente moral. Tiene valor económico. Un país percibido como confiable obtiene financiamiento más barato, atrae inversiones, consolida alianzas, reduce el costo de supervisar contratos y consigue que otros gobiernos acepten compromisos de largo plazo.

Durante décadas, Estados Unidos acumuló ese capital. El predominio del dólar, la profundidad de sus mercados financieros, sus universidades, su capacidad tecnológica y su red de alianzas no descansaron solamente en su poder militar. También se apoyaron en la expectativa de que las instituciones estadounidenses limitarían las decisiones arbitrarias de sus gobernantes.

Esa confianza nunca fue absoluta. Estados Unidos intervino militarmente en numerosos países, apoyó cambios de régimen, aplicó sanciones extraterritoriales e interpretó selectivamente el derecho internacional. La invasión de Irak, el desconocimiento del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre Nicaragua, el retiro del acuerdo nuclear con Irán y el bloqueo del sistema de apelación de la Organización Mundial del Comercio muestran que Washington también deja de lado las reglas cuando considera comprometidos sus intereses.

La Base Mundial de Datos sobre Sanciones muestra que Estados Unidos fue el usuario individual más frecuente de esta herramienta: participó en más de un tercio de los episodios registrados entre 1950 y 2019. Por consiguiente, la coerción económica no es una innovación china ni una respuesta exclusiva frente a amenazas excepcionales. Ha sido también un instrumento habitual de la política exterior estadounidense.

El segundo gobierno de Donald Trump ha profundizado este problema. Su política exterior parte de una concepción marcadamente transaccional de las relaciones internacionales: cada vínculo debe producir un beneficio inmediato y mensurable para Estados Unidos. Los aliados son evaluados por cuánto pagan; los tratados, por el saldo comercial; la cooperación, por la ventaja obtenida; y los aranceles, como mecanismos de presión.

Esta aproximación puede producir concesiones rápidas, pero erosiona un activo construido durante décadas: la expectativa de continuidad. Si un tratado puede ser reinterpretado, suspendido o vaciado mediante una decisión presidencial, los demás países comienzan a preguntarse qué valor tiene asumir compromisos duraderos con Washington.

Los aranceles aplicados incluso a países con acuerdos comerciales, las presiones sobre aliados, la reducción de la cooperación internacional y las oscilaciones frente a conflictos como el de Ucrania transmiten un mensaje problemático: la relación con Estados Unidos depende crecientemente de la apreciación personal y coyuntural de su presidente.

El problema, sin embargo, no se reduce a Trump. Algunas tendencias han sobrevivido a administraciones republicanas y demócratas. El bloqueo estadounidense al Órgano de Apelación de la OMC comenzó antes de su segundo mandato y continuó bajo gobiernos de distinto signo. El proteccionismo industrial también se volvió bipartidista. Trump, no obstante, ha llevado esa lógica a un nivel mucho más explícito e imprevisible.

Estados Unidos corre así el riesgo de consumir el capital de confianza acumulado por generaciones anteriores. Una potencia puede obligar temporalmente a otros países a aceptar sus condiciones, pero la coerción reiterada incentiva la diversificación, la búsqueda de monedas alternativas, la formación de nuevas alianzas y la reducción de dependencias.

La experiencia china debe examinarse con el mismo rigor. Desde la guerra con Vietnam de 1979, China ha evitado intervenciones militares globales comparables con las de Estados Unidos. No ha desarrollado una red mundial de bases semejante a la estadounidense ni ha hecho del cambio de régimen un instrumento habitual de política exterior.

Su principio de no intervención ha resultado atractivo para países de África, Asia y América Latina. China comercia e invierte sin exigir necesariamente reformas políticas, cambios de gobierno o adhesión a una determinada concepción de democracia. Además, ha financiado infraestructura que los organismos multilaterales y los países occidentales no siempre estuvieron dispuestos a asumir.

La acusación de que China aplica sistemáticamente una “diplomacia de la trampa de deuda” tampoco ha sido demostrada como una estrategia general. Estudios sobre Sri Lanka y otros países no encontraron evidencia concluyente de una política deliberada destinada a provocar incumplimientos para apoderarse de activos. Los gobiernos receptores, sus decisiones fiscales y la selección deficiente de proyectos también han desempeñado papeles determinantes.

China, además, no incumple automáticamente las reglas comerciales. Diferentes estudios encontraron que implementó una proporción importante de los fallos dictados en su contra en la OMC. Las controversias más relevantes se relacionan con subsidios, empresas estatales, sobrecapacidad, propiedad intelectual y falta de transparencia, no con un rechazo general de todos los compromisos internacionales.

Pero sería igualmente equivocado idealizar su conducta. China utiliza su mercado como instrumento de presión cuando otro país cruza alguna de sus líneas rojas. Australia, Lituania, Corea del Sur y Filipinas han experimentado restricciones comerciales, turísticas o administrativas vinculadas con controversias políticas.

Beijing también rechazó el laudo arbitral de 2016 que desestimó buena parte de sus reclamaciones en el mar de China Meridional. En torno a Taiwán, las fronteras con India y las aguas disputadas con Filipinas, la doctrina de no intervención cede frente a una política de poder cada vez más firme.

Por eso, la continuidad china no debe confundirse con neutralidad o altruismo. China cumple con mayor previsibilidad cuando el acuerdo coincide con su estrategia nacional. Cuando considera amenazados su territorio, su seguridad, la autoridad del Partido Comunista o su política de “una sola China”, su comportamiento puede ser tan coercitivo como el de otras potencias.

La principal debilidad de China como socio no es necesariamente que incumpla más, sino que resulta más difícil anticipar, conocer y cuestionar sus decisiones.

En Estados Unidos, una medida gubernamental puede ser investigada por el Congreso, impugnada ante tribunales, examinada por la prensa y criticada abiertamente por empresas y ciudadanos. Esos controles pueden debilitarse, pero continúan existiendo.

En China, la política exterior, los préstamos y las inversiones estratégicas están estrechamente vinculados con el Partido Comunista, los bancos públicos y las empresas estatales. Estudios de contratos chinos han identificado cláusulas de confidencialidad, garantías especiales y condiciones que dificultan conocer plenamente las obligaciones asumidas.

Esta opacidad eleva el riesgo para los países con instituciones débiles. No porque todo proyecto chino sea perjudicial, sino porque un gobierno receptor puede negociar mal, ocultar compromisos o aceptar una infraestructura de baja rentabilidad sin que sus ciudadanos dispongan de información suficiente.

La responsabilidad, por tanto, no pertenece exclusivamente a China. Ninguna potencia puede imponer un contrato opaco sin la participación de funcionarios locales dispuestos a suscribirlo.

La competencia entre Estados Unidos y China busca, cada vez con mayor intensidad, que los demás países tomen partido. Washington presenta la rivalidad como defensa de un orden basado en reglas. Beijing se proyecta como representante del Sur Global y promotor de un desarrollo sin hegemonía. Ninguna de las dos narrativas describe completamente la realidad.

Estados Unidos defiende reglas que también incumple cuando restringen su libertad de acción. China reclama igualdad soberana, pero exige deferencia frente a sus intereses fundamentales. Estados Unidos emplea sanciones financieras y aranceles; China utiliza el comercio, la infraestructura y el acceso a su mercado. Ambos presentan sus intereses nacionales como si coincidieran con bienes públicos mundiales.

Para la mayoría de los países, especialmente los de América Latina, África y Asia, escoger incondicionalmente a una potencia sería un error. La dependencia de Estados Unidos expone a sanciones, presiones financieras y cambios políticos. La dependencia de China genera vulnerabilidad comercial, tecnológica, logística y contractual.

La respuesta más razonable es una autonomía pragmática. Esto significa cooperar con cada potencia en los ámbitos donde ofrece beneficios comprobables y establecer límites allí donde podría generarse una dependencia irreversible.

Los países pueden comerciar con China sin entregarle el control de sus telecomunicaciones, datos o infraestructura crítica. Pueden mantener cooperación de seguridad con Estados Unidos sin aceptar interferencias en decisiones soberanas. Pueden recibir financiamiento de ambos exigiendo licitaciones competitivas, transparencia contractual, sostenibilidad fiscal, transferencia tecnológica y evaluación ambiental.

La diversificación no es neutralidad moral. Un país puede condenar una invasión, defender los derechos humanos y respetar el derecho internacional sin someter toda su política exterior a una potencia. La autonomía tampoco significa equidistancia ante cualquier acontecimiento, sino capacidad para adoptar posiciones propias basadas en principios e intereses nacionales.

Los ciudadanos, por su parte, deben dejar de evaluar a las potencias como si se tratara de equipos deportivos. La admiración por la capacidad tecnológica estadounidense no debería ocultar sus intervenciones. El reconocimiento del desarrollo chino no debería justificar la censura, la opacidad o la coerción territorial.

Tampoco corresponde aceptar que cualquier crítica a Estados Unidos sea antioccidental o que cualquier observación sobre China forme parte necesariamente de una campaña de contención. Esa polarización empobrece el debate y favorece precisamente a los gobiernos que desean evitar la rendición de cuentas.

La pregunta decisiva no es qué potencia afirma tener mejores intenciones, sino qué compromisos acepta hacer públicos, qué mecanismos admite para resolver controversias y qué consecuencias enfrenta cuando incumple.

El mundo no necesita reemplazar una hegemonía estadounidense por una hegemonía china. Necesita un sistema en el que ninguna potencia pueda convertir su tamaño económico, su moneda, su tecnología o su poder militar en una licencia para imponer condiciones.

En determinadas relaciones económicas, China puede aparecer hoy como un socio más previsible, mientras Estados Unidos conserva instituciones más abiertas y mecanismos jurídicos superiores. Pero ninguno merece confianza automática.

El liderazgo internacional del futuro no debería medirse por el número de países presionados, las bases militares instaladas, los puertos controlados o los aranceles impuestos. Debería medirse por la capacidad de ofrecer cooperación estable sin exigir subordinación.

La principal lección de los últimos cincuenta años es incómoda pero necesaria: las grandes potencias tienden a respetar sus compromisos mientras estos no contradicen intereses que consideran fundamentales. Por eso, la seguridad de los países medianos y pequeños no puede descansar en la supuesta benevolencia de Washington o Beijing, sino en instituciones nacionales sólidas, contratos transparentes, relaciones diversificadas y una ciudadanía capaz de exigir cuentas.

En un mundo de rivalidad creciente, la verdadera soberanía no consiste en escoger de quién depender. Consiste en conservar la capacidad de no depender completamente de nadie.

Presupuesto 2027: gobernar antes del desastre

El proyecto eleva el gasto corriente mientras reduce el gasto de capital, en vísperas de un verano con 83% de probabilidad de un Niño Costero fuerte o extraordinario.

Por Wens Silvestre | 30 de agosto de 2026

Cifras clave: S/ 266 506 millones de presupuesto; gasto corriente +6,9%; gasto de capital -1,8%; reserva de contingencia S/ 9 601 millones.

El presupuesto público es la Política General de Gobierno expresada en cifras. Los discursos pueden declarar prioridades; el presupuesto revela cuáles recibirán recursos, cuáles deberán esperar y qué riesgos está dispuesto a asumir el Estado. Por eso, el proyecto para 2027 debe evaluarse no solo por su tamaño, sino por su coherencia con las dos urgencias que el propio Gobierno colocó en el centro de su agenda: reducir la vulnerabilidad frente a desastres y elevar la productividad del país.

El proyecto asciende a S/ 266 506 millones, S/ 8 945 millones más que el presupuesto de 2026, un incremento nominal de 3,5%. La cifra parece prudente en términos agregados. El problema aparece al observar su composición: los gastos corrientes aumentan de S/ 166 643 millones a S/ 178 142 millones, es decir, 6,9%; mientras que los gastos de capital disminuyen de S/ 58 190 millones a S/ 57 143 millones, una caída de 1,8%. El servicio de la deuda también baja, de S/ 32 728 millones a S/ 31 221 millones. En 2027, por tanto, el gasto corriente absorberá 66,8% del presupuesto, el gasto de capital 21,4% y la deuda 11,7%. 

La partida de personal y obligaciones sociales llegará a S/ 96 582 millones: equivale a 36,2% de todo el presupuesto y aumenta en más de S/ 3 000 millones frente a 2026. No todo gasto corriente es improductivo -allí están maestros, policías, médicos y servicios esenciales-, pero su expansión permanente estrecha la capacidad de reasignar recursos cuando ocurre una emergencia. El problema no es pagar al servidor público; es crear obligaciones sin resultados medibles, financiamiento permanente ni una revisión de productividad.

Una política de gobierno que debe aprobar el examen presupuestario

La Política General de Gobierno 2026-2031 presentada por el premier Luis Galarreta contiene cinco ejes. Dos son directamente relevantes para este debate: reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y los medios de vida frente a desastres y cambio climático; y elevar la productividad con empleo formal e integración territorial. Ambos requieren infraestructura resiliente, mantenimiento, prevención y capacidad subnacional. Sin embargo, el proyecto incrementa el gasto corriente y reduce el capital. Esa divergencia obliga al Ejecutivo a explicar, partida por partida, cómo financiará sus propias prioridades.

Hay algunos elementos positivos. La reserva de contingencia pasa de S/ 4 683 millones en 2026 a S/ 9 601 millones en 2027: aumenta S/ 4 918 millones, más de 105%. El proyecto también impide anular recursos de las actividades de atención de emergencias y de intervenciones extraordinarias frente al Fenómeno El Niño, y autoriza a gobiernos regionales y locales a emplear hasta 20% del canon, sobrecanon, regalías y FONCOR en reducción del riesgo. Además, el Gobierno instaló una comisión nacional para el evento 2026-2027; el ministro de Desarrollo Agrario informó que se habían aprobado S/ 180 millones para prevención y que se solicitarían S/ 450 millones adicionales.

Pero habilitar recursos no equivale a prevenir, y una reserva genérica no reemplaza una cartera ejecutable. Los S/ 9 601 millones financian contingencias de distinta naturaleza y no constituyen, por sí solos, un fondo climático. Tampoco basta permitir que municipios y regiones usen canon o FONCOR: muchos territorios expuestos carecen de esos ingresos y otros enfrentan debilidades técnicas para formular, contratar y ejecutar intervenciones antes de las lluvias. La prevención necesita obras identificadas, responsables, hitos mensuales y mecanismos de desbloqueo, no únicamente autorizaciones legales.

El Niño ya no es un riesgo abstracto

El Comunicado Oficial ENFEN N.° 15-2026, del 28 de agosto, mantiene la alerta de El Niño Costero. Para el verano diciembre de 2026-marzo de 2027 asigna 43% de probabilidad a una magnitud extraordinaria y 40% a una magnitud fuerte: en conjunto, 83%. Entre setiembre de 2026 y enero de 2027, la probabilidad de una magnitud extraordinaria es de al menos 62%. En el Pacífico central, la probabilidad conjunta de un Niño fuerte o muy fuerte llega a 85%. Estas cifras no son una certeza meteorológica, pero sí un umbral de riesgo que un Estado responsable debe incorporar en su presupuesto.

El propio MMM reconoce la amenaza. Su escenario base supone que el PBI crecerá 3,4% en 2027. No obstante, en el escenario de un Niño Costero extraordinario, el crecimiento se reduciría 0,6 puntos porcentuales y quedaría alrededor de 2,8%. El Consejo Fiscal recuerda que episodios anteriores han restado entre 0,8 y 4,1 puntos porcentuales al PBI, según su magnitud. El impacto no termina en agricultura y pesca: alcanza carreteras, viviendas, agua, saneamiento, salud, comercio, manufactura y recaudación tributaria.

Esta vulnerabilidad vuelve más exigente el marco macroeconómico. El Consejo Fiscal considera que el crecimiento de 3,4% previsto para 2027 enfrenta riesgos significativos a la baja y califica de “notablemente exigente” el promedio de 4% proyectado para 2028-2030. Alcanzarlo exigiría que la inversión privada crezca alrededor de 7,5% anual, pese a los retrasos de proyectos, la menor escala de la cartera minera y las restricciones institucionales. Presupuestar sobre un escenario optimista no es necesariamente irresponsable; ejecutar como si el escenario adverso no existiera, sí lo sería.

La advertencia fiscal que no debe ignorarse

El MMM proyecta un déficit fiscal de 1,4% del PBI y una deuda pública de 29,3% en 2027, para luego converger a un déficit de 1% y una deuda de 27,7% en 2030. Pero el Consejo Fiscal advierte que esas cifras son referenciales porque el Gobierno anunció una modificación de las reglas fiscales. El riesgo es que El Niño termine siendo utilizado para abrir espacio a gastos ajenos a la emergencia. La recomendación técnica es correcta: primero debe cuantificarse el costo de prevención, respuesta y reconstrucción; después, y solo si el margen existente es insuficiente, discutir una modificación transparente y acotada de las reglas.

La prudencia es todavía más necesaria porque la mejora reciente de los ingresos descansa en gran medida en precios elevados de minerales y factores transitorios. El Consejo Fiscal estima que los ingresos de 2026 aumentarían en más de S/ 30 000 millones frente a 2025 y los de 2027 en cerca de S/ 15 000 millones adicionales. Esa bonanza no debe confundirse con una capacidad tributaria permanente. Si los precios de exportación sufrieran una corrección semejante a la de 2013-2016, la pérdida de ingresos podría alcanzar 2,6 puntos del PBI hacia el final del horizonte del MMM.

Tampoco puede ignorarse la trayectoria del gasto. Para 2026, el Consejo Fiscal estima que el gasto no financiero del Gobierno General llegará a unos S/ 262 000 millones, cerca de S/ 10 000 millones por encima del límite de la regla, y que sería el cuarto año consecutivo de incumplimiento conjunto de las reglas de gasto. Entre 2023 y 2026, la participación del gasto corriente en el presupuesto no financiero subió de 68,7% a 74,3%, mientras la inversión cayó de 28,5% a 22,3%. A ello se suma un costo anual cercano a S/ 50 000 millones en 2027 por normas sobre recursos humanos aprobadas entre 2021 y 2026. El presupuesto de 2027 no corrige todavía esa rigidez; la administra.

Descentralizar recursos exige asegurar ejecución

El presupuesto del Gobierno Nacional aumentará 1,5%, hasta S/ 166 613 millones; el de los gobiernos regionales disminuirá 0,8%, a S/ 58 672 millones; y el de los gobiernos locales crecerá 20,6%, hasta S/ 41 222 millones. El impulso municipal se explica en buena medida por inversión: la adquisición de activos no financieros de los gobiernos locales sube cerca de 39%. En contraste, esa partida cae alrededor de 17% en los gobiernos regionales.

Esta redistribución puede acercar obras al territorio, pero coincide con el primer año de nuevas autoridades regionales y municipales, cuando la inversión suele desacelerarse por cambios de equipos, aprendizaje y reprogramaciones. Frente a El Niño, transferir más sin acompañamiento puede convertir presupuesto en saldo no ejecutado. El MEF, la PCM y los sectores deben desplegar equipos técnicos, expedientes estandarizados, contratación anticipada y control concurrente en cuencas, quebradas, drenajes, carreteras, escuelas, centros de salud y sistemas de agua.

Lo que debe exigir el Congreso

La discusión parlamentaria debería producir, como mínimo, un anexo presupuestario específico para El Niño 2026-2027. Ese documento debe separar prevención, preparación, respuesta y reconstrucción; identificar proyectos y actividades por territorio, unidad ejecutora y fuente de financiamiento; establecer metas físicas y fechas; y presentar escenarios de costo para un evento moderado, fuerte y extraordinario. Cada liberación de la reserva de contingencia debería vincularse a umbrales técnicos del ENFEN, SENAMHI, ANA o CENEPRED y publicarse en un tablero de seguimiento.

También se requiere blindar la finalidad de los recursos climáticos. Ninguna ampliación del déficit o excepción fiscal justificada por El Niño debería financiar remuneraciones, beneficios, consultorías o proyectos sin relación directa con la emergencia. Los ingresos extraordinarios deben recomponer ahorro fiscal y el Fondo de Estabilización Fiscal, además de financiar intervenciones urgentes de alta rentabilidad social. La primera fuente de espacio fiscal debe ser la repriorización del gasto corriente de baja eficacia, no el endeudamiento indiscriminado ni una nueva flexibilización permanente de las reglas.

El proyecto contiene instrumentos valiosos, pero todavía necesita una arquitectura de ejecución compatible con el riesgo que enfrenta el país. La coherencia presupuestaria se medirá en tres decisiones: contener obligaciones permanentes sin resultados, proteger la inversión y convertir la reserva en prevención verificable. El Niño no esperará a que el Estado complete sus trámites. Un presupuesto de S/ 266 506 millones puede parecer grande; será suficiente únicamente si llega al lugar correcto antes de que lleguen las lluvias.

Fuentes principales

Congreso de la República. Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027 y anexos 1 y 2, 27 de agosto de 2026.

Ministerio de Economía y Finanzas. Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030.

Consejo Fiscal. Informe N.° 04-2026-CF: Opinión sobre el proyecto de MMM 2027-2030.

Congreso de la República. Presidente del Consejo de Ministros expuso la Política General de Gobierno, 21 de agosto de 2026.

ENFEN. Comunicado Oficial N.° 15-2026, 28 de agosto de 2026.

Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026

Por Wens Silvestre

El país no necesita que Gobierno y oposición piensen igual. Necesita que sean capaces de ponerse de acuerdo en aquello que el Perú no puede esperar.

La presentación de la Política General de Gobierno, realizada el 20 de agosto por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ante la Cámara de Diputados, dejó una idea central: ordenar el Estado para recuperar seguridad, impulsar el crecimiento y convertir decisiones en resultados. Los cinco ejes anunciados —seguridad; prevención frente a desastres y cambio climático; desarrollo de las personas; productividad; y gobernabilidad democrática— ofrecen una hoja de ruta cuya prueba será la ejecución.

En ese marco, el anunciado pedido de facultades legislativas —aún en revisión al 22 de agosto— será una prueba de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bicameral. No debería convertirse en una disputa automática entre oficialismo y oposición. El país necesita algo más útil: un Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026, limitado a problemas cuyo retraso tiene costos inmediatos. No se trata de formar una coalición ni de pedir al Parlamento que renuncie a sus atribuciones, sino de distinguir lo urgente de lo estructural. 

La correlación política obliga al diálogo. Óscar Reto, del Partido del Buen Gobierno, fue elegido presidente de la Cámara de Diputados con 74 votos, acompañado por representantes de Juntos por el Perú, Ahora Nación y Partido Cívico Obras. Esa mayoría no es oposición homogénea. Existe una oportunidad: negociar materias concretas y evitar una ley ómnibus que mezcle seguridad, reforma penal, tributación, legislación laboral, ambiente y reorganización estatal. La Constitución marca el límite: el artículo 104 permite delegar facultades sobre materia específica y por plazo determinado.

La primera urgencia es la seguridad. Entre el 1 de enero y el 14 de mayo de 2026, registros oficiales presentados por el Ministerio del Interior al Congreso mostraron una reducción de 29 % en denuncias por extorsión y de 22 % en homicidios respecto del mismo periodo de 2025. Son datos sujetos a actualización; recuerdan que la política criminal debe evaluarse con indicadores. La eficacia no se mide por operativos o cámaras, sino por la disminución de delitos, el esclarecimiento de casos, la desarticulación de organizaciones y el control penitenciario.

Por ello, una delegación en seguridad debería ser precisa: corregir obstáculos legales frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado, la flagrancia, la inteligencia criminal y el control penitenciario. Seguridad sin legalidad termina debilitando la institucionalidad que pretende proteger.

La segunda urgencia es climática. El comunicado del ENFEN del 14 de agosto mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé, para la región Niño 1+2, una magnitud más probable entre fuerte y extraordinaria hasta el verano. Galarreta informó, además, que se han priorizado 536 puntos críticos para limpieza de cauces y descolmatación. Aquí la política debe ceder a la evidencia y a la gestión.

Pero no todo problema requiere una nueva ley. Limpiar quebradas, movilizar maquinaria, reforzar defensas ribereñas, mantener drenajes y coordinar entre niveles de gobierno son tareas ejecutivas. Si pueden realizarse con la legislación vigente, deben comenzar de inmediato. Las facultades extraordinarias solo se justifican ante una barrera normativa concreta; además, toda contratación de emergencia debe ser transparente. Emergencia no puede significar opacidad.

A la vez, el riesgo climático tiene dimensión económica. La producción nacional creció 3,05 % en el primer semestre de 2026, pero en junio avanzó solo 1,75 %, con retrocesos en agro, pesca y manufactura. A ello se suma una fragilidad social persistente: la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025, lo que permitió que unas 567 mil personas salieran de esa condición; aun así, en el área rural alcanza 35,5 %. Crecer no basta: la estabilidad debe traducirse en inversión, productividad, formalización y empleo.

En esa línea, algunos ajustes puntuales —como la simplificación de regímenes para pequeñas empresas o la modernización aduanera— pueden encontrar consensos si contribuyen a ampliar la formalidad, facilitar la inversión y mejorar la eficiencia sin erosionar la recaudación. Distinto es el caso de reformas tributarias, laborales, ambientales o de reorganización del Estado de mayor alcance, cuyos efectos trascienden la coyuntura y requieren una evaluación técnica, fiscal y regulatoria más amplia. La economía necesita reformas, pero también predictibilidad.

Precisamente por ello, las materias que no respondan a una urgencia inmediata deberían recibir un tratamiento diferenciado. Si el Ejecutivo considera indispensable legislar también por delegación en esos ámbitos, podría presentar un segundo proyecto de facultades, separado del paquete destinado a seguridad y prevención frente a El Niño, con materias claramente delimitadas, sustento técnico y un plazo propio para su evaluación parlamentaria. Así se evitaría que la premura frente al crimen o una emergencia climática termine sirviendo de vehículo para reformas estructurales que merecen mayor escrutinio. La urgencia exige velocidad; las reformas de largo alcance, además, exigen deliberación.

Finalmente, la gobernabilidad no se agota en la relación entre Palacio y el Congreso. La Defensoría del Pueblo registró 191 conflictos sociales en julio de 2026: 150 activos y 41 latentes. Cuatro surgieron ese mes y dos se reactivaron. Un Estado que aparece cuando empieza la protesta ya llegó tarde. Prevenir conflictos exige presencia territorial, diálogo temprano y coordinación con regiones y municipios.

De allí que una salida razonable sea una delegación breve —60 días—, concentrada en seguridad y en las medidas indispensables frente a El Niño, con objetivos, normas a modificar, responsables e indicadores públicos. Las reformas estructurales deberían seguir el procedimiento legislativo regular.

Gobierno y oposición no fueron elegidos para coincidir en todo. La democracia necesita discrepancia y fiscalización. Pero también necesita reconocer aquello que no puede esperar. La extorsión no puede esperar. El Niño no puede esperar. La prevención de conflictos y la protección de infraestructura crítica tampoco.

Por eso, un Acuerdo de Urgencias Nacionales 2026 no sería un pacto de adhesión al Ejecutivo, sino un compromiso institucional con objetivos, plazos y resultados. El éxito no debería medirse por cuántas facultades obtiene el Gobierno o bloquea la oposición, sino por la capacidad del sistema político para reducir el miedo, proteger al país, sostener el crecimiento, disminuir la pobreza y recuperar confianza. Quizá el desafío más necesario sea ponernos de acuerdo en lo urgente sin dejar de discrepar en todo lo demás.

La nueva agenda económica: entre la disciplina fiscal y el desafío de crecer

Por Wens Silvestre

Los primeros anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, permiten identificar con relativa claridad la orientación económica que pretende seguir el nuevo Gobierno durante el periodo 2026–2031. El mensaje combina continuidad macroeconómica, promoción de la inversión privada, recuperación de la productividad e inclusión social. No se propone una ruptura del modelo económico, sino corregir algunas de sus debilidades y mejorar la capacidad del Estado para traducir crecimiento en empleo, ingresos y reducción de la pobreza.

La dirección general resulta razonable. El Perú conserva fortalezas importantes —estabilidad monetaria, reservas internacionales y una deuda pública comparativamente moderada—, pero enfrenta problemas persistentes: baja productividad, elevada informalidad, deterioro fiscal, servicios públicos deficientes y dificultades para ejecutar inversiones. Reconocer que la estabilidad macroeconómica es indispensable, pero insuficiente para generar bienestar, constituye un buen punto de partida.

También es acertado colocar la productividad en el centro de la agenda. Durante años, el debate económico peruano ha oscilado entre la defensa de la estabilidad y la demanda de mayor gasto social, sin atender suficientemente aquello que permite sostener ambas cosas: empresas productivas, trabajadores capacitados, infraestructura funcional, seguridad jurídica y un Estado eficaz. Sin avances en esos ámbitos, cualquier crecimiento será frágil y difícilmente generará movilidad social.

El problema es que los anuncios constituyen todavía una orientación más que un programa integral. Faltan metas intermedias, costos, cronogramas, responsables e instrumentos normativos. La credibilidad del nuevo MEF dependerá de la rapidez con que convierta sus propósitos en políticas medibles.

Uno de los asuntos más sensibles es la posible modificación de las reglas fiscales. Cuba señaló que se evalúa elevar el límite de deuda pública del 30 % al 32 % del PBI y llevar el déficit fiscal terminal del 1 % al 1,2 %, además de revisar el techo de gasto. El propio ministro precisó que se trata de parámetros aún en evaluación.

Aunque las variaciones parecen pequeñas, deben observarse con cautela. Las reglas fiscales no importan solo por sus cifras, sino por la señal institucional que transmiten. Existen razones para admitir flexibilidad ante contingencias como El Niño, obligaciones heredadas o gastos no contemplados inicialmente. Pero la excepcionalidad no debería convertirse en una nueva normalidad. Cualquier modificación tendría que acompañarse de un diagnóstico de las obligaciones existentes, una separación entre gastos temporales y permanentes y una senda verificable de convergencia fiscal.

En ese contexto, resulta pertinente revisar las normas aprobadas por el Congreso anterior con fuerte impacto presupuestario. Cuba anunció que cuatro leyes podrían ser llevadas ante el Tribunal Constitucional. La revisión puede ser necesaria, pero debería realizarse con criterios técnicos y jurídicos transparentes: cuánto cuesta cada norma, cómo afecta las cuentas públicas y cuál es el fundamento constitucional de su cuestionamiento. De lo contrario, el debate podría degenerar en una confrontación política entre poderes.

Petroperú constituye otra prueba importante. El ministro anunció un nuevo directorio orientado a recuperar participación de mercado, mejorar el manejo financiero y devolver a la empresa una generación positiva de caja. El cambio puede ser un primer paso, pero no equivale todavía a una reestructuración. Se requiere conocer con precisión su flujo de caja, deuda, vencimientos, rentabilidad por unidad de negocio y capacidad para operar sin nuevas transferencias del Tesoro.

Cuba descartó que la privatización sea el objetivo inmediato. Sin embargo, la cuestión central no debería reducirse a elegir entre propiedad estatal o privada, sino a determinar qué actividades puede sostener Petroperú de manera eficiente y bajo qué modelo de gestión. Una empresa pública no puede trasladar indefinidamente sus pérdidas a los contribuyentes.

El aumento anunciado de la remuneración mínima vital de S/1.130 a S/1.300 también exige prudencia. Cuba explicó que se aplicaría en dos etapas. Mejorar los ingresos laborales es un propósito legítimo, pero un incremento cercano al 15 % puede tener efectos distintos según el tamaño de la empresa, el sector y la región. Una compañía grande podría absorberlo; una microempresa de baja productividad podría reducir contrataciones, evitar la formalización o trasladarse hacia la informalidad.

La gradualidad disminuye el impacto inmediato, pero no elimina el costo acumulado. La actualización de la remuneración mínima debería apoyarse en criterios previsibles de inflación, productividad y condiciones del mercado laboral. Los eventuales apoyos a pequeñas empresas tendrían que ser focalizados y temporales para evitar subsidiar empleos ya existentes sin generar nueva formalización.

Algo similar ocurre con otras medidas anunciadas. Trasladar determinados feriados a los viernes puede reducir interrupciones y favorecer el turismo interno, pero su efecto sobre la productividad agregada será probablemente limitado. La reactivación del Fondo de Estabilización de Combustibles puede amortiguar choques internacionales, pero tampoco carece de riesgos fiscales: existen desfases de caja, costos financieros e incertidumbre sobre la evolución futura de los precios. Un mecanismo de este tipo requiere reglas automáticas, topes y transparencia.

Más relevante es el reconocimiento de que la informalidad no se resolverá únicamente mediante fiscalización. Una empresa permanecerá informal mientras perciba que los costos tributarios, laborales y regulatorios superan los beneficios de formalizarse. Simplificar trámites, facilitar el cumplimiento tributario, mejorar la seguridad social y revisar regímenes especiales debería formar parte de una estrategia más amplia.

En esa línea, las cuatro comisiones anunciadas sobre informalidad laboral, mercados financieros, inversión pública y evasión tributaria apuntan hacia problemas estructurales. El desafío será que no terminen convertidas en nuevas instancias de diagnóstico. El Perú no carece de estudios; carece con frecuencia de capacidad para convertirlos en reformas ejecutables.

La meta de reducir la pobreza monetaria del 25,7 % registrado en 2025 a aproximadamente 15 % al término del quinquenio es particularmente ambiciosa. Alcanzarla exigirá mucho más que crecimiento moderado. Se necesitarán inversión sostenida, empleo formal, productividad rural, mejores servicios de educación y salud, infraestructura y capacidad para enfrentar choques climáticos. Cuba acierta al colocar el empleo como principal mecanismo para superar la pobreza, pero importa tanto su cantidad como su calidad.

La prevención frente a El Niño será, por ello, otra prueba decisiva. El desempeño no debería medirse por los recursos anunciados, sino por obras concluidas, infraestructura protegida y poblaciones cuya exposición al riesgo haya disminuido antes de que ocurra la emergencia.

El contexto político añade una dificultad adicional. Un Congreso bicameral sin control homogéneo del oficialismo obligará a negociar reformas fiscales, laborales y tributarias. Esto puede ralentizar algunas decisiones, pero también puede obligar al Ejecutivo a transparentar costos, sustentar mejor sus propuestas y construir acuerdos más duraderos.

Los anuncios de Cuba ofrecen, en suma, una orientación económica técnicamente reconocible y abordan problemas que el Perú no puede seguir postergando. El Gobierno deberá evitar dos riesgos: que la inclusión social se convierta en una excusa para debilitar la disciplina fiscal y que la prudencia macroeconómica sirva para postergar las reformas.

La verdadera prueba estará en la ejecución. Un marco fiscal creíble, un plan verificable para Petroperú, políticas concretas de formalización, prevención efectiva frente a El Niño y metas anuales de empleo, inversión, productividad y pobreza permitirán saber si estamos ante una agenda económica seria o solo ante una formulación atractiva. Porque la diferencia entre una promesa y una política pública no está en el discurso, sino en la existencia de responsables, recursos, instituciones y resultados capaces de sostenerla.