La agonía de Petroperú no puede hipotecar al Estado

Por Wens Silvestre

El Decreto de Urgencia Nro. 003-2026 marca un nuevo punto de inflexión en la crisis de Petroperú. Bajo el argumento de mitigar una eventual crisis energética nacional y garantizar el abastecimiento de hidrocarburos, el Ejecutivo autoriza al Ministerio de Energía y Minas a asumir compromisos contingentes hasta por US$ 2,000 millones, más costos financieros. El objetivo declarado es financiar capital de trabajo, recomponer inventarios de combustibles e insumos, y sostener servicios necesarios para la producción de hidrocarburos. La norma no dispone un desembolso inmediato, pero sí abre una exposición fiscal potencialmente gigantesca. En términos sencillos: si Petroperú no puede responder, el Estado quedará comprometido.

El problema es que este respaldo no aparece en el vacío. Llega después de años de pérdidas, endeudamiento, apoyo estatal recurrente y una reorganización patrimonial que aún no demuestra resultados concretos. El propio decreto reconoce que Petroperú pasó de una rentabilidad operativa sostenida entre 2016 y 2021 a pérdidas operativas estructurales desde 2022, coincidiendo con la puesta en marcha progresiva de la Nueva Refinería Talara. También admite que, a marzo de 2026, la empresa registraba pérdidas operativas y netas significativas, con efectos directos sobre su viabilidad financiera y su patrimonio. Es decir, el Estado no enfrenta solo una emergencia energética: está sosteniendo una empresa estructuralmente debilitada.

El Ejecutivo invoca factores externos: conflicto en Medio Oriente, cierre del Estrecho de Ormuz, mayor volatilidad del petróleo y riesgos de abastecimiento. Es cierto que un shock internacional puede afectar a un país importador neto de combustibles como el Perú. También lo es que los hidrocarburos siguen siendo centrales para el transporte, el comercio, la minería, la electricidad y la producción. Pero una emergencia externa no puede convertirse en licencia para socializar indefinidamente las pérdidas de una empresa estatal mal gestionada. La seguridad energética debe protegerse; la insolvencia empresarial no debe maquillarse como política de Estado.

La inconsistencia fiscal es evidente. Si los US$ 2,000 millones se convierten a un tipo de cambio referencial cercano a S/ 3.70, hablamos de aproximadamente S/ 7,400 millones. Frente a un PIA del Ministerio de Energía y Minas de alrededor de S/ 669.77 millones, la exposición autorizada equivale a más de once veces su presupuesto institucional anual. La frase “con cargo a su presupuesto institucional” resulta, por tanto, formalmente cómoda, pero materialmente poco creíble. Si la contingencia se activa, no pagará realmente el presupuesto ordinario del MINEM; pagará el Estado peruano, directa o indirectamente, mediante reasignaciones, endeudamiento, créditos suplementarios o mayor presión sobre el Tesoro.

Esto ocurre en un país donde el déficit fiscal sigue acechando. Según el BCRP, el déficit fiscal bajó de 3.5% del PBI en 2024 a 2.2% en 2025, pero en marzo de 2026 todavía se mantenía en 2.2% del PBI. Hubo corrección, sí, pero no holgura. La disciplina fiscal peruana se encuentra en una zona de fragilidad, no de abundancia. Y esa fragilidad se vuelve más delicada cuando el Estado asume contingencias masivas fuera de una discusión presupuestal transparente y sin una matriz pública de riesgos.

La paradoja es mayor si se considera que el Perú viene de un contexto externo extraordinariamente favorable. El BCRP reportó que los términos de intercambio crecieron 30.5% interanual en diciembre de 2025, impulsados principalmente por el alza de los precios de exportación, en especial del oro, el cobre y el café. También informó que, en 2025, los términos de intercambio aumentaron 19.2% anual y alcanzaron niveles excepcionalmente altos. En otras palabras, el país se benefició de un contexto internacional favorable para sus materias primas; sin embargo, no logró reconstruir plenamente su espacio fiscal ni reducir la pobreza a los niveles previos a la pandemia. Peor aún, no ha generado ahorros suficientes para enfrentar eventuales periodos de menor crecimiento o deterioro de los términos de intercambio.

La pobreza monetaria cayó en 2025, sí, pero sigue siendo socialmente inaceptable. El INEI informó que afectó al 25.7% de la población, por debajo del 27.6% registrado en 2024, aunque todavía más de cinco puntos por encima del 20.2% de 2019, antes de la pandemia. Esto significa que, pese a la mejora, el país no ha recuperado su línea social previa al shock sanitario. En 2025, uno de cada cuatro peruanos seguía siendo pobre en términos monetarios. La línea de pobreza fue de S/ 462 mensuales por persona; para un hogar de cuatro miembros, S/ 1,848. Esa es la escala real de precariedad frente a la cual debe evaluarse cualquier contingencia fiscal.

La pobreza multidimensional agrava aún más el juicio ético. El INEI publicó en 2025 el avance de la medición oficial de pobreza multidimensional, orientada a complementar la pobreza monetaria mediante dimensiones vinculadas a salud, educación, vivienda, servicios básicos, energía, empleo y protección social. Estimaciones recientes con base en la ENAHO señalan que la pobreza multidimensional habría bajado de 29.8% en 2024 a 26.2% en 2025, pero aún afectaría a más de 9.1 millones de peruanos y superaría a la pobreza monetaria.

Por eso, el debate sobre Petroperú no es solo contable; es moral y político. Cada sol comprometido para sostener una empresa estatal insolvente compite con agua, saneamiento, salud, educación, primera infancia, seguridad alimentaria, conectividad rural y empleo formal. Si el Estado tiene millones de ciudadanos con privaciones monetarias y multidimensionales, no puede tratar los rescates empresariales como simples operaciones técnicas. El costo de oportunidad es humano.

A ello se suma otra presión estructural: el gasto reivindicativo y salarial del Estado. En los últimos años, el Congreso y el Ejecutivo han acumulado leyes y compromisos con impacto fiscal: aumentos remunerativos, beneficios laborales, pensiones, nombramientos y medidas sectoriales sin financiamiento sostenible. El Consejo Fiscal advirtió que, desde 2021, el Congreso aprobó 229 leyes con implicancias fiscales, y que existían cientos de proyectos adicionales de gasto. Incluso alertó que diez propuestas podían costar alrededor de S/ 25,000 millones anuales y elevar el déficit hasta 5.5% del PBI en 2026 en un escenario de aprobación descontrolada.

La propia discusión pública sobre un pacto fiscal en 2025 reconoció la acumulación de medidas de gasto que amenazan la estabilidad fiscal. El Consejo Fiscal mencionó que diez propuestas bajo revisión podían tener un impacto conjunto de US$ 7,400 millones anuales, incluyendo incrementos salariales y beneficios tributarios aprobados o promovidos en los últimos años. La aritmética es brutal: el Estado se compromete por todos lados, pero la pobreza sigue esperando.

El DU 003-2026 intenta crear una arquitectura sofisticada: vehículo de propósito especial, fideicomisos, Proinversión como estructurador, protocolos de canalización de flujos y control sobre la disposición de recursos. Todo ello puede sonar moderno, pero no sustituye la pregunta central: ¿quién asume la pérdida si Petroperú no genera caja? La respuesta, por ahora, parece ser el Estado.

Ese es el verdadero problema. La reorganización patrimonial dispuesta por el DU 010-2025 debía ser el camino hacia una solución estructural: ordenar activos, atraer inversión, mejorar la gestión, reducir pasivos y dejar de depender del Tesoro. Pero el DU 003-2026 parece convertir esa reorganización en un puente sostenido por recursos contingentes del Estado. Un puente puede ser razonable si conduce a una salida. Pero si solo conecta un rescate con otro, deja de ser puente y se convierte en túnel fiscal.

El Congreso debe actuar con seriedad. Se requiere exigir al MEF, al MINEM, a Petroperú y a Proinversión una matriz completa de riesgos fiscales, condiciones financieras, entidades participantes, tasas, plazos, garantías, comisiones, fuente real de repago, gatillos de activación, protocolos de uso de recursos y metas verificables de desempeño. También debe exigirse control concurrente de la Contraloría y publicación periódica de avances.

El país debe garantizar combustibles, sí. Pero no puede garantizar indefinidamente la supervivencia financiera de una empresa que no demuestra viabilidad. La seguridad energética es una obligación pública; la socialización de pérdidas no lo es.

La agonía de Petroperú no puede seguir hipotecando a un Estado con déficit, presiones salariales crecientes, pobreza persistente y brechas multidimensionales profundas. Si el Gobierno quiere comprometer hasta US$ 2,000 millones en contingencias, debe demostrar que no está comprando tiempo político, sino financiando una salida real. De lo contrario, el DU 003-2026 no será una medida de seguridad energética: será otro capítulo de una larga historia en la que el Estado rescata empresas mientras posterga ciudadanos.

Cuando el mundo paga y el poder cobra

Wens Silvestre

Hay una indignación que ya no pertenece a un país, a una ideología ni a una frontera. Es la indignación de cualquier ciudadano global que observa cómo el poder militar y económico más grande del planeta puede ser usado no para proteger la paz, sino para administrarla como mercancía; no para defender la soberanía de los pueblos, sino para someterla; no para servir al interés público, sino para abrir rutas de ganancia a quienes orbitan el poder.

Donald Trump representa hoy una de las formas más crudas de esa degradación: la conversión de la Presidencia de Estados Unidos en una maquinaria donde la guerra, la diplomacia, los mercados, los contratos, las amenazas y los apellidos familiares parecen moverse dentro de una misma lógica mercantil. Se habla de seguridad nacional, de defensa de Occidente, de lucha contra amenazas externas. Pero detrás de esa retórica solemne aparece una sospecha moralmente insoportable: que el llamado “interés norteamericano” no sea, en realidad, el interés del pueblo estadounidense, sino el interés particular de una élite política, económica y familiar que encuentra en cada crisis una oportunidad de negocio. 

Desde fuera de Estados Unidos, el espectáculo resulta brutal. Un presidente decide escalar tensiones en Medio Oriente, amenaza a Irán, interviene en zonas atravesadas por conflictos históricos, presiona a países soberanos, altera rutas energéticas, sacude el precio del petróleo y obliga al mundo entero a pagar la factura. No la pagan solo los gobiernos involucrados. La pagan las familias que pierden hijos bajo las bombas. La pagan los desplazados que cruzan fronteras sin destino. La pagan los trabajadores que ven subir el combustible. La pagan los pueblos pobres cuando el precio de la energía encarece los alimentos. La paga el ciudadano común, en cualquier continente, cuando una decisión tomada en Washington se transforma en inflación, miedo, deuda y muerte.

Y mientras el mundo paga, algunos ganan.

Esa es la obscenidad central. La guerra no solo destruye: también produce beneficios. Produce contratos militares, especulación energética, valorización de empresas de defensa, mercados de predicción, oportunidades petroleras, negocios de reconstrucción, acceso diplomático y ventajas para quienes conocen de cerca el pulso del poder. Cuando el presidente de una potencia militar mueve tropas, ordena ataques, anuncia treguas o amenaza bloqueos, no solo altera el mapa geopolítico: mueve mercados. Y cuando el entorno familiar o empresarial de ese presidente aparece cerca de sectores que pueden beneficiarse de esas decisiones, la sospecha deja de ser paranoia y se convierte en exigencia democrática de investigación.

No se trata de afirmar irresponsablemente lo que aún debe probarse en sede judicial o parlamentaria. Se trata de señalar algo evidente para cualquier conciencia crítica: ningún gobernante debería tener la posibilidad de tomar decisiones de guerra mientras su entorno privado se mueve en mercados sensibles a esas decisiones. Ninguna familia presidencial debería estar cerca de negocios de defensa, criptoactivos, energía, contratos o plataformas especulativas mientras el jefe de esa familia decide sobre bombardeos, sanciones, alianzas militares o treguas. La sola posibilidad de que la guerra se vuelva rentable para los cercanos al poder ya corrompe la legitimidad de la decisión.

Porque la guerra exige el máximo estándar moral. No se puede pedir a los pueblos sacrificio, sangre y obediencia mientras los poderosos calculan retornos. No se puede hablar de seguridad global cuando la inseguridad de millones se transforma en utilidad privada. No se puede invocar la soberanía de unos países mientras se pisotea la soberanía de otros. No se puede exigir respeto al derecho internacional si la potencia más poderosa interpreta las reglas como un menú opcional.

El lenguaje imperial siempre ha sido experto en disfrazarse. A una intervención se le llama operación preventiva. A una imposición económica, sanción necesaria. A una amenaza militar, mensaje disuasivo. A la subordinación de gobiernos débiles, alianza estratégica. Al control de recursos, estabilidad regional. Y al beneficio de corporaciones y grupos cercanos al poder, libre mercado.

Pero los pueblos conocen la traducción real de esas palabras. Saben que “seguridad” muchas veces significa control. Saben que “democracia” muchas veces significa obediencia al poder dominante. Saben que “orden internacional” muchas veces significa jerarquía. Saben que “interés nacional” puede convertirse en la máscara respetable de intereses privados.

Trump no inventó esa lógica. Sería ingenuo creerlo. Estados Unidos ha intervenido, presionado y condicionado a otros países durante décadas, bajo gobiernos republicanos y demócratas. América Latina, Medio Oriente, África y Asia conocen demasiado bien la pedagogía de la potencia: primero se define quién es amenaza; luego se impone una narrativa; después vienen sanciones, bases, drones, bombardeos, deuda, reconstrucción y contratos. La novedad con Trump es el descaro. Lo que antes se envolvía en lenguaje institucional ahora aparece con una crudeza empresarial casi vulgar: la política como transacción, la diplomacia como negocio, la guerra como mercado, la Presidencia como marca.

Esa es la razón por la que la indignación debe ser global. Porque las decisiones de un presidente estadounidense no se quedan dentro de Estados Unidos. Cuando Washington decide una guerra, el planeta tiembla. Cuando amenaza un bloqueo, sube el petróleo. Cuando sanciona, se reordenan economías. Cuando protege a unos y castiga a otros, define la vida cotidiana de millones que jamás votaron en sus elecciones. Esa es una de las grandes injusticias de nuestro tiempo: pueblos enteros sufren consecuencias de decisiones tomadas por un poder político al que no pueden controlar democráticamente.

Por eso, desde la mirada de un ciudadano global, el abuso de poder de Trump no es un asunto interno estadounidense. Es un problema mundial. Cuando un presidente con capacidad nuclear, influencia financiera planetaria y control sobre alianzas militares usa ese poder con opacidad, arbitrariedad o beneficio particular, el riesgo deja de ser nacional. Se vuelve humano.

La soberanía de los países débiles se vuelve decorativa si puede ser aplastada por decisiones tomadas desde una oficina lejana. La legalidad internacional se vuelve frágil si la potencia puede violarla y luego justificarlo con comunicados estratégicos. La economía global se vuelve rehén si los mercados reaccionan no a la productividad ni al bienestar, sino al temperamento de un gobernante. Y la democracia se vuelve una ficción si los controles institucionales no pueden impedir que el interés privado capture decisiones de guerra.

Lo más indignante no es solo el abuso. Es la naturalización del abuso.

Se nos pide aceptar que así funciona el mundo. Que las potencias tienen zonas de influencia. Que las guerras son inevitables. Que los precios suben por “tensiones geopolíticas”, como si esas tensiones nacieran solas y no fueran producidas por decisiones humanas. Que las empresas se beneficien es normal. Que los familiares del poder estén cerca de negocios estratégicos es apenas una coincidencia. Que los pueblos muertos son daños colaterales. Que los desplazados son cifras. Que la indignación es ingenua.

No. Ingenuo es creer que puede haber paz mientras la guerra sea rentable. Ingenuo es creer que habrá respeto a la soberanía mientras algunas potencias se atribuyan derecho a disciplinar al resto del planeta. Ingenuo es creer que la democracia sobrevive cuando el poder público se mezcla con negocios familiares. Ingenuo es creer que un presidente que castiga críticos presiona instituciones, debilita controles y gobierna mediante amenazas externas puede ser tratado como un actor democrático ordinario.

Un ciudadano global no necesita odiar a Estados Unidos para rechazar esta política. Al contrario: puede distinguir entre el pueblo estadounidense y quienes usan su bandera para justificar abusos. Puede reconocer que millones de ciudadanos estadounidenses también pagan el costo de estas decisiones: en impuestos, inflación, pérdida de derechos, deterioro institucional y vergüenza moral. El problema no es un pueblo. El problema es una forma de poder que pretende hablar en nombre de un pueblo mientras sirve a intereses mucho más estrechos.

Lo que debe denunciarse es la captura mercantilista del Estado. Ese momento en que la política deja de ser servicio público y se vuelve administración de oportunidades privadas. Ese momento en que una guerra ya no se decide solo por razones estratégicas, sino bajo la sombra de quién puede ganar con ella. Ese momento en que la Presidencia deja de ser mandato constitucional y empieza a parecer una plataforma de negocios globales.

Frente a eso, el impeachment no sería una exageración. Sería una defensa mínima del principio republicano más elemental: ningún gobernante está por encima de la ley, ningún presidente puede usar la guerra como instrumento personal, ningún interés familiar puede contaminar decisiones que cuestan vidas, ningún poder militar puede ejercerse sin control democrático.

Pero incluso el impeachment sería insuficiente si el mundo no aprende la lección más profunda. El problema no termina con un hombre. Trump es el síntoma brutal de un sistema que permite que la guerra sea negocio, que la energía sea chantaje, que la soberanía sea selectiva y que los mercados celebren lo que los pueblos lloran.

Por eso la respuesta debe ser ética, política y global. Los ciudadanos del mundo tenemos derecho a exigir que ninguna potencia convierta nuestra estabilidad en ficha de negociación. Tenemos derecho a exigir que ningún presidente use el lenguaje de la seguridad para encubrir intereses particulares. Tenemos derecho a exigir que las guerras no se decidan en función de contratos, precios, encuestas o negocios familiares. Tenemos derecho a recordar que la soberanía no es privilegio de los fuertes, sino derecho de todos los pueblos.

La historia juzga con dureza a quienes bombardean en nombre de la paz y lucran en nombre de la seguridad. Pero también juzga a quienes, viendo el saqueo, prefieren mirar hacia otro lado.

Hoy la pregunta no es solo qué hará Estados Unidos con Trump. La pregunta es qué hará el mundo frente a una forma de poder que convierte la vida humana en variable de mercado.

Porque cuando la guerra se vuelve negocio, la paz deja de ser un objetivo y se convierte en una amenaza para quienes se enriquecen con el conflicto.

Y cuando eso ocurre, indignarse no es un gesto retórico. Es el primer acto de resistencia moral.

El Estado contra sus ciudadanos

Wens Silvestre

Hay una falacia que se ha vuelto costumbre en nuestro país: presentar toda muerte causada por agentes del Estado como un accidente inevitable de la seguridad, como un “exceso” aislado, como una confusión lamentable en medio de una guerra permanente contra enemigos difusos. Esa falacia debe ser desmontada con firmeza. Porque cuando civiles mueren bajo fuego militar o policial, la primera obligación de un Estado democrático no es defender su imagen, sino responder por sus muertos.

Los hechos ocurridos en Tayacaja, Huancavelica, donde cinco civiles murieron durante una intervención de miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser tratados como una nota policial más ni como un costo colateral de la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía investiga a militares por presunto homicidio calificado. Los familiares y sobrevivientes han denunciado que las víctimas eran jóvenes que regresaban de una actividad deportiva y que fueron atacados por hombres armados, presuntamente vestidos de civil. Frente a esa gravedad, el deber de quienes gobiernan no era minimizar, justificar ni sembrar sospechas sobre los muertos. Era garantizar verdad, justicia y responsabilidad.

Pero el poder político peruano ha desarrollado una peligrosa rutina: cuando las víctimas son pobres, rurales, andinas o viven en territorios marcados por el abandono estatal, primero se las sospecha y luego, quizá, se las investiga. Antes de saber quiénes eran, se les coloca encima una etiqueta: “narcoterroristas”, “delincuentes”, “vándalos”, “enemigos del orden”. Esa etiqueta cumple una función miserable: reduce la vida humana a expediente de seguridad. Convierte a ciudadanos en objetivos. Prepara a la opinión pública para aceptar lo inaceptable. 

La primera falacia del poder es decir que cuestionar un operativo militar equivale a atacar a las Fuerzas Armadas. Falso. Exigir investigación no debilita a las instituciones; las rescata de la impunidad. Una Fuerza Armada republicana no necesita encubrimiento, necesita legalidad. No se honra al uniforme protegiendo a quienes pudieron haber cometido crímenes; se lo honra separando con claridad al soldado que cumple la Constitución del agente que la traiciona. La verdadera amenaza contra la institución no viene de quienes piden justicia, sino de quienes pretenden convertirla en una corporación intocable.

La segunda falacia es invocar la seguridad para suspender los derechos. También es falso. La seguridad no es una licencia para matar. En una democracia, el monopolio estatal de la fuerza solo es legítimo si está sometido a ley, necesidad, proporcionalidad, control judicial y rendición de cuentas. Si el Estado puede disparar contra civiles y luego justificarlo con comunicados, entonces ya no estamos ante seguridad democrática, sino ante una forma degradada de poder armado. La fuerza pública no existe para reemplazar a los jueces ni para decidir quién merece vivir.

La tercera falacia es suponer que, por tratarse de una zona como el VRAEM o de una provincia históricamente asociada a violencia, cualquier ciudadano que transite por allí queda automáticamente bajo sospecha. Esa idea es profundamente antiliberal y antidemocrática. Ninguna persona pierde sus derechos por vivir en una zona pobre, rural, militarizada o abandonada por el Estado. La presunción de inocencia no se suspende por geografía. El derecho a la vida no depende del código postal. Y la dignidad humana no puede ser degradada porque un funcionario necesite justificar un operativo fallido.

La cuarta falacia es presentar estos hechos como casos aislados. No lo son. En los últimos años, el país ha visto una secuencia alarmante: protestas reprimidas con muertos y heridos, estados de emergencia normalizados, discursos oficiales que criminalizan la protesta, investigaciones lentas, mandos políticos que se lavan las manos y congresos que legislan más rápido para blindar a agentes estatales que para proteger a las víctimas. El patrón es demasiado claro: cuando el Estado dispara, el poder se apresura a explicar la bala; cuando las familias lloran, se les exige primero demostrar que sus muertos eran inocentes.

Esa inversión moral es intolerable. En un Estado de derecho, no son los muertos quienes deben probar que merecían vivir. Es el Estado quien debe probar por qué usó la fuerza letal. Es el Estado quien debe explicar quién ordenó, quién disparó, quién supervisó, quién encubrió, quién mintió y quién permitió que una operación terminara en cadáveres civiles.

La quinta falacia, quizá la más cínica, es la de quienes se dicen liberales mientras justifican la violencia estatal contra ciudadanos indefensos. No hay liberalismo posible donde el Estado mata y no responde. El liberalismo nació precisamente como desconfianza frente al poder absoluto. Su premisa elemental es que el individuo tiene derechos que ningún gobernante, policía, militar o ministro puede pisotear. Defender la vida, la libertad, el debido proceso y la igualdad ante la ley no es una concesión progresista: es el corazón mismo de la tradición liberal.

Por eso resulta obsceno escuchar a ciertos defensores del “orden” hablar de libertad económica, propiedad privada o seguridad jurídica, mientras relativizan la muerte de campesinos, jóvenes o manifestantes. Esa no es defensa de la libertad; es defensa selectiva del privilegio. Quien exige garantías para la inversión, pero no justicia para civiles asesinados, no defiende el Estado de derecho: defiende un Estado al servicio de los fuertes y armado contra los débiles.

Más que ante un liberalismo coherente, estamos frente a un mercantilismo autoritario: un régimen que no reduce realmente el Estado, sino que lo vuelve paquidérmico, lento e ineficiente; un aparato costoso que abandona al ciudadano común, pero preserva privilegios, burocracias, clientelas y redes de poder. No se trata de un Estado mínimo, sino de un Estado capturado: débil para garantizar salud, educación, justicia y seguridad cotidiana, pero fuerte para reprimir, vigilar, castigar y proteger intereses particulares. En ese modelo, el ciudadano queda desamparado, mientras el aparato público funciona principalmente para quienes viven de él o negocian con él.

El Ejecutivo minimiza cuando responde con frialdad burocrática ante la muerte de civiles. Minimiza cuando primero protege la versión militar y después promete investigar. Minimiza cuando llama “operativo” a lo que puede ser una masacre. Minimiza cuando no expresa duelo, cuando no suspende preventivamente a responsables, cuando no garantiza protección a testigos, cuando no exige colaboración absoluta de los mandos. Y minimiza, sobre todo, cuando olvida que la vida de un joven campesino vale tanto como la de cualquier ministro, empresario o general.

El Legislativo, por su parte, practica una indignación intermitente. Cita ministros, presenta mociones, declara preocupación; pero al mismo tiempo aprueba o respalda normas que favorecen la impunidad de agentes estatales acusados de graves violaciones de derechos humanos. Fiscaliza con una mano y blinda con la otra. Llora a las víctimas cuando las cámaras están encendidas, pero legisla para que la responsabilidad se diluya cuando la atención pública se apaga. Esa no es representación democrática; es complicidad institucional.

La pregunta de fondo no es solo quién disparó en Tayacaja. La pregunta es qué tipo de Estado permite que sus agentes disparen contra civiles y luego intente envolver la tragedia en lenguaje de seguridad nacional. La pregunta es por qué la vida rural sigue siendo tratada como vida descartable. La pregunta es por qué quienes gobiernan exigen paciencia a las familias, pero ofrecen rapidez a los mandos. La pregunta es por qué la justicia camina lento cuando los muertos son pobres y el victimario lleva uniforme.

Un Estado liberal, democrático y constitucional debe cumplir exigencias mínimas: investigación fiscal independiente, pericias transparentes, identificación de responsables directos y de mando, suspensión preventiva de implicados, protección de sobrevivientes, reparación integral a las familias y garantías reales de no repetición. Todo lo demás es retórica. Todo lo demás es administración del escándalo.

Y debe quedar claro: pedir justicia no significa negar la existencia del narcotráfico, ni desconocer los riesgos que enfrentan las fuerzas del orden, ni romantizar la violencia criminal. Significa algo mucho más básico: incluso en la lucha contra el crimen, el Estado no puede convertirse en criminal. La diferencia entre una república y una banda armada está precisamente en los límites. Si esos límites desaparecen, la bandera, el uniforme y el himno no purifican el abuso; apenas lo decoran.

Los gobernantes suelen pedir confianza. Pero la confianza no se exige: se merece. Y se merece cuando el Estado protege al débil, investiga al poderoso, sanciona al culpable y reconoce a las víctimas. Un gobierno que pide confianza mientras minimiza muertes civiles no merece obediencia moral; merece vigilancia ciudadana.

Tayacaja debe convertirse en una línea ética. No se puede aceptar que la seguridad sea usada como coartada para la muerte. No se puede aceptar que el silencio oficial pese más que el dolor de las familias. No se puede aceptar que el Congreso actúe como notario de la impunidad. No se puede aceptar que quienes dicen defender la libertad callen cuando el poder armado aplasta al individuo.

Porque la verdadera prueba de un Estado no está en sus desfiles militares, ni en sus discursos patrióticos, ni en sus comunicados de emergencia. Está en lo que hace cuando sus propios agentes matan. Si investiga, sanciona y repara, todavía hay república. Si encubre, justifica y olvida, lo que queda no es Estado de derecho, sino poder desnudo.

Y frente al poder desnudo, la ciudadanía tiene una obligación: no acostumbrarse. No aceptar que unos muertos valgan menos que otros. No permitir que la palabra “seguridad” se convierta en el sudario de la justicia. No dejar que el Estado, creado para proteger la vida, se transforme en su verdugo.

Porque cuando el Estado mata y quienes gobiernan minimizan, ya no estamos ante un simple error operativo, sino ante una traición política, moral y constitucional. Esa traición debe ser nombrada sin miedo, porque el silencio solo prolonga la impunidad. Y, al final, la medida más honda de esta crisis no está en los comunicados oficiales ni en los discursos de seguridad, sino en el llanto de las madres. Un país que se acostumbra a ese dolor ha perdido algo más grave que la seguridad: ha perdido el alma moral de la República.

La trampa de la IA: más productividad, menos aprendizaje

Por Wens Silvestre

La gran seducción de la inteligencia artificial en el mundo profesional no es filosófica, sino contable: promete hacer más en menos tiempo. Y, en efecto, los estudios más recientes muestran que esa promesa no es humo. En desarrollo de software, un artículo de Management Science publicado en febrero de 2026 halló un aumento agregado de 26.08% en tareas completadas entre desarrolladores que usaron IA generativa; a nivel agregado, otro trabajo de 2026 encontró que una mayor exposición a IA puede elevar el output y, en ciertos contextos, incluso el empleo cuando la herramienta funciona como complemento del trabajo humano. La productividad, por tanto, no es una fantasía tecnoutópica: está ocurriendo. El problema es otro. Estamos empezando a medir muy bien lo que la IA acelera y muy mal lo que puede debilitar. 

Ese es, a mi juicio, el punto decisivo. Una sociedad puede aumentar su rendimiento visible mientras empobrece el proceso invisible que forma criterio, pericia y autonomía profesional. La pregunta verdaderamente incómoda ya no es si la IA “ayuda”, porque ayuda; la pregunta es qué tipo de profesional produce esa ayuda. La evidencia de 2026 sobre desarrollo cognitivo sugiere que la IA puede fortalecer la competencia profesional cuando actúa como una herramienta de contraste, reflexión y reorganización mental. En un experimento con 371 profesionales, Min Jae Park mostró que los mejores resultados aparecen cuando los usuarios adoptan estrategias de “acomodación”, es decir, cuando no usan la IA solo para confirmar hábitos previos, sino para reestructurar sus modelos de trabajo. Algo parecido encontró Gang Zhou en un estudio longitudinal con 558 docentes universitarios: la adopción de IA generativa se asoció positivamente con la competencia profesional, y ese efecto estuvo mediado por el aprendizaje autorregulado. Dicho de forma simple: la IA puede desarrollar, pero solo cuando obliga a seguir pensando.

El problema comienza cuando las organizaciones confunden apoyo cognitivo con sustitución cognitiva. Ahí aparece lo que Michael Caosun y Sinan Aral llaman la “augmentation trap”: la empresa adopta IA porque obtiene ganancias inmediatas de productividad, pero en el largo plazo erosiona la habilidad que hacía posible un buen uso de esa misma productividad. El resultado puede ser paradójico: más eficiencia hoy, menos pericia mañana. No se trata de una advertencia romántica contra la tecnología, sino de una observación estructural sobre incentivos. A una firma le conviene capturar el beneficio rápido; al profesional, en cambio, le puede costar años reconstruir una habilidad que dejó de ejercitar. La IA, usada como primer cerebro en vez de segundo interlocutor, no expande la inteligencia profesional: la externaliza.

Por eso el costo oculto de la IA no debe medirse solo en despidos visibles, sino también en aprendizajes que ya no ocurren. Leland Crane y Paul Soto (2026) encontraron evidencia robusta de que el crecimiento del empleo en ocupaciones intensivas en programación ha sido aproximadamente 3% menor desde la introducción de ChatGPT, una vez controlados los shocks sectoriales. No es el apocalipsis laboral, pero tampoco es una anécdota. La señal es clara: una ocupación puede volverse más productiva sin volverse más absorbente para el empleo. La economía gana velocidad; la escalera de entrada se estrecha.

Y esa estrechez golpea primero donde más importa para el futuro: en los profesionales jóvenes. El working paper sueco Same Storm, Different Boats mostró que, dentro de los mismos empleadores, el empleo de personas de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a IA cayó 5.5% hacia inicios de 2025, mientras el de trabajadores mayores de 50 años subió 1.3%. En paralelo, otro preprint de 2026 encontró que el riesgo de desempleo en ocupaciones expuestas a IA venía aumentando desde inicios de 2022 y que las cohortes graduadas desde 2021 ingresaban con menor frecuencia a empleos intensivos en esas tareas. El desplazamiento, entonces, no siempre adopta la forma dramática del reemplazo masivo. A veces llega como algo más silencioso y quizá más grave: menos espacios para aprender haciendo, menos tareas “menores” que en realidad eran la cantera del criterio futuro.

Aquí aparece la gran falacia de nuestra época: creer que toda tarea automatizada es una tarea sobrante. No lo es. Muchas tareas aparentemente rutinarias eran, en realidad, etapas formativas. Redactar un primer informe imperfecto, revisar datos a mano, comparar fuentes, corregir errores, sintetizar sin ayuda: todo eso no solo producía un resultado; también formaba una mente profesional. Cuando la IA elimina de golpe esas fricciones, no solo ahorra tiempo: puede recortar el entrenamiento que transformaba a un principiante en experto. Lo que se pierde no es únicamente empleo; se pierde trayectoria. Y una economía que destruye sus trayectorias de aprendizaje puede descubrir demasiado tarde que la eficiencia inmediata era una forma elegante de descapitalización intelectual.

Esto no obliga a rechazar la IA, pero sí a discutir con seriedad cómo se integra. La evidencia reciente sugiere que el impacto laboral depende de si la IA complementa o sustituye. Johnston y Makridis muestran que la exposición a IA eleva output y empleo cuando la tecnología requiere colaboración humana; esa expansión no aparece del mismo modo cuando la IA opera con mayor autonomía. Incluso el modelo de Wang y Wong, más abstracto, ilustra bien el dilema: bajo ciertos supuestos, la IA puede triplicar la productividad de los trabajadores expuestos y aun así asociarse con una pérdida de empleo de 23% en el largo plazo. No es una profecía cerrada, pero sí una advertencia seria: la productividad no garantiza inclusión, del mismo modo que la velocidad no garantiza desarrollo.

La discusión pública, entonces, necesita madurar. El verdadero riesgo no es que la IA nos quite de inmediato todo el trabajo, sino que nos acostumbre a una cultura profesional donde producir más importe más que comprender mejor. Y cuando eso ocurre, el deterioro del empleo y el deterioro de la cognición dejan de ser problemas separados: se vuelven dos caras del mismo proceso. Se contrata menos para aprender porque se supone que la máquina ya sabe; y se piensa menos para decidir porque se supone que la máquina ya respondió. El resultado es una profesionalidad cada vez más rápida, pero también más dependiente.

Si de verdad queremos una integración inteligente de la IA, hay que defender algo que hoy parece casi subversivo: el derecho a la fricción cognitiva. Hacen falta espacios de trabajo donde el profesional formule primero, contraste después y use la IA al final como interlocutora crítica, no como sustituta del juicio. Hacen falta también instituciones que protejan roles junior, porque sin ellos no hay relevo de expertise, solo consumo acelerado de conocimiento heredado. Una sociedad puede celebrar máquinas que escriben, programan, diagnostican y resumen en segundos. Pero, si en ese entusiasmo renuncia a formar personas capaces de entender, corregir y disputar lo que esas máquinas producen, habrá ganado eficiencia al precio más alto: perder la inteligencia profesional que pretendía potenciar.

Referencias

Caosun, M., & Aral, S. (2026). The augmentation trap: AI productivity and the cost of cognitive offloading [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2604.03501

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Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., & Salz, T. (2026). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. Management Science. Advance online publication. doi:10.1287/mnsc.2025.00535

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Qué le conviene elegir al país

Por Wens Silvestre

Llegamos a esta segunda vuelta en una situación excepcional: una primera vuelta muy fragmentada, un conteo todavía discutido y demorado, una crisis de confianza en la administración electoral y un Congreso bicameral que nacerá sin mayorías claras. Al 25 de abril, Keiko Fujimori lidera la elección presidencial con alrededor de 17.06% y el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (12.05%) y Rafael López Aliaga (11.9%), una diferencia estrechísima; el conteo continúa incompleto y los resultados finales se esperan recién para mayo. La Misión de Observación Electoral de la OEA, por su parte, sí advirtió graves problemas logísticos y un ambiente tóxico de desinformación, pero también dejó constancia de que las narrativas de fraude se venían difundiendo sin pruebas debidamente sustentadas. 

Esa realidad obliga a formular una tesis sobria: al país no le conviene elegir el plan más ruidoso ni el más ideológico, sino el que tenga mayor probabilidad de gobernar, negociar y producir resultados dentro de las restricciones reales del periodo 2026-2031. Esas restricciones son dos. La primera es institucional: desde 2026 el Congreso será bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que añade una cámara revisora, más puntos de veto y una necesidad mayor de acuerdos políticos. La segunda es macroeconómica: el MMM 2026-2029 fija una senda de consolidación fiscal exigente, con déficit de 1,8% en 2026, 1,4% en 2027 y 1,0% desde 2028, y con deuda pública de 32,1% del PBI en 2026 y una trayectoria descendente hacia 30,8% en 2029. Eso significa que el próximo gobierno no tendrá espacio para prometerlo todo ni para refundarlo todo.

Si además se mira la composición congresal proyectada con el avance del conteo, la conclusión se vuelve más clara. En la Cámara de Diputados, las proyecciones periodísticas más consistentes daban a Fuerza Popular la primera minoría con al menos 40 escaños; junto con Renovación Popular, el bloque de derecha llegaría a 56 votos, mientras que Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras también sumarían 56, quedando el Partido del Buen Gobierno con 18 como bisagra. En el Senado, al 20 de abril, las proyecciones situaban a Fuerza Popular en 22 curules, a Juntos por el Perú en 14, a Renovación Popular en 8, a Ahora Nación en 4, y a Partido del Buen Gobierno y Obras juntos en 12. En otras palabras: nadie va a gobernar solo. El próximo presidente o presidenta tendrá que armar mayorías variables, no imponer un proyecto puro.

Desde ese punto de vista, el plan de Fuerza Popular tiene una virtud técnica central: es el que mejor conversa con el marco constitucional y con el MMM. Su propuesta se mueve dentro de la economía social de mercado, ofrece disciplina fiscal, ampliación de base tributaria sin golpear más al formal, shock desregulatorio, inversión privada, orden y una agenda sectorial extensa en seguridad, salud, educación y servicios públicos. Su debilidad está en que varias de sus metas son abiertamente optimistas: promete reducir en 40% los tiempos de tramitación, eliminar más de 500 procedimientos y atraer inversiones entre US$ 5.000 y 7.000 millones adicionales por año, generando 500.000 empleos formales anuales. Puede ser una dirección razonable, pero esas cifras son más una apuesta política que una proyección comparable a la del MMM. Aun así, entre los tres planes, es el que menos fricción genera con la Constitución vigente, que consagra la economía social de mercado, la libertad de empresa y la actividad subsidiaria del Estado.

El plan de Renovación Popular es más nítido ideológicamente por la derecha económica. Tiene a su favor una apuesta clara por la simplificación administrativa, la inversión privada, la infraestructura, la energía, el fortalecimiento de ProInversión y una agenda de privatización que incluye la venta o liquidación de Petroperú y la privatización de las distribuidoras eléctricas estatales. Ese es su punto fuerte: ofrece una señal promercado más explícita que Fuerza Popular. Pero su principal problema técnico es la inconsistencia macroeconómica. Plantea reducir el IGV para formalizar, pero al mismo tiempo promete más recaudación; habla de un crecimiento de 7% al quinto año e incluso de un objetivo superior al 8%, cuando el MMM proyecta un crecimiento de alrededor de 3,2%-3,5% y advierte que el país necesita elevar ingresos permanentes, no erosionarlos con fórmulas tributarias de efecto incierto. En síntesis: RP tiene varias propuestas útiles, pero su aritmética fiscal y sus metas macro no resultan plenamente creíbles.

El plan de Juntos por el Perú es, sin duda, el más ambicioso en diagnóstico estructural. Tiene mejor elaboración que sus rivales en temas de agua, territorio, cabeceras de cuenca, Amazonía, consulta, soberanía alimentaria, nueva relación con recursos naturales y crítica a la desigualdad territorial. En eso ofrece aportes valiosos al debate nacional. Pero su problema no es de sensibilidad social, sino de viabilidad política e institucional. Su columna vertebral pasa por una nueva Constitución, la eliminación del aval a los contratos-ley, una economía mixta con mayor iniciativa estatal y la reserva directa al Estado de sectores estratégicos como gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. El problema es que la Constitución vigente ya establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento, y toda reforma constitucional debe pasar por el procedimiento del artículo 206. Eso exige una acumulación parlamentaria y social que hoy no existe. En un Congreso fragmentado, sin mayoría constituyente y con Senado revisor, el riesgo de bloqueo sería altísimo.

Por eso, si la pregunta es qué le conviene al país elegir, la respuesta técnica no debería formularse en términos de simpatía partidaria sino de minimización de riesgo institucional y macroeconómico. Nuestro país necesita salir de la crisis política, no abrir otra más grande. Necesita un gobierno que pueda convivir con un Congreso dividido, que no choque de entrada con las reglas fiscales, que tenga capacidad de formar una mayoría bisagra con sectores intermedios, y que pueda concentrarse en cuatro urgencias concretas: seguridad, reactivación, ejecución de inversión y restauración mínima de confianza institucional. Bajo esos criterios, lo que más conviene es una opción reformista dentro del marco vigente, no una refundación sin mayoría ni una promesa de crecimiento que no cuadra con la caja fiscal ni con la aritmética parlamentaria.

Dicho con mayor precisión: si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Juntos por el Perú, la opción menos riesgosa para la estabilidad del país sería Fuerza Popular. No porque su plan sea perfecto —no lo es—, sino porque es mucho más gobernable bajo la Constitución y el MMM. Si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Renovación Popular, también parece más conveniente Fuerza Popular, por una razón distinta: tiene una plataforma más completa, mayor capacidad probable de articulación parlamentaria y menos disonancia entre oferta política y restricciones fiscales.

En suma, después de una primera vuelta fragmentada y de una crisis electoral que ha vuelto a exponer la precariedad del sistema político, el voto útil para el país no es el que más castiga ni el que más emociona, sino el que más probablemente gobierna. El próximo quinquenio no será de grandes epopeyas, sino de restricciones, pactos, correcciones y prioridades duras. El ciudadano debería votar, entonces, por quien pueda garantizar tres cosas al mismo tiempo: respeto a las reglas, viabilidad fiscal y capacidad de construir una mayoría funcional. Hoy, con toda la información disponible, esa combinación favorece más a una salida de estabilización y reforma incremental que a una de refundación o a una de maximalismo privatizador. Esa, y no otra, es la elección que más le conviene a nuestro país.

Después del ruido, la política

Por Wens Silvestre

Las elecciones del 12 de abril no solo definieron una segunda vuelta. Dejaron, sobre todo, un diagnóstico del país. El Perú llegó a las urnas con una oferta presidencial desbordada, un sistema de partidos exhausto y un aparato institucional sometido a una prueba de complejidad inédita: 35 fórmulas presidenciales, 37 organizaciones políticas, cinco elecciones en una sola cédula y un proceso atravesado por reformas recientes que multiplicaron la dificultad para votantes, miembros de mesa y autoridades electorales. La misión de observación de la Unión Europea describió estos comicios como los más complejos de la historia reciente del país, mientras la OEA advirtió que la etapa previa ya venía marcada por controversias sobre tachas, exclusiones y reglas de competencia.

A esa complejidad se añadió un episodio que terminó por empañar la jornada: la demora en la apertura de locales de votación en Lima por la falta de entrega de material electoral. La ONPE reconoció el problema, informó que el JNE amplió excepcionalmente el plazo de instalación de mesas y el horario de votación, y al día siguiente tuvo que organizar una jornada extraordinaria en 13 locales de Lima Metropolitana para 55.261 electores que no habían podido sufragar el domingo. La propia misión europea señaló que ese aplazamiento comprometió la percepción pública de una elección que, en otros aspectos, había sido organizada razonablemente.

Conviene subrayarlo con claridad: lo ocurrido no demuestra, hasta ahora, un fraude probado; demuestra algo quizá más inquietante y más persistente, que es la fragilidad del sistema. La OEA registró campañas de desinformación y narrativas de fraude orientadas a cuestionar anticipadamente la integridad del proceso sin que se aportaran pruebas para sostener esas afirmaciones. También observó episodios de hostilidad, agresiones durante la campaña, ataques contra autoridades electorales y presiones sobre periodistas y medios. Es decir, el problema no fue únicamente técnico. Fue político y cultural: una parte de la competencia democrática volvió a comportarse como si perder fuera, por definición, señal de conspiración.

Pero sería un error leer esta elección solo como una suma de fallas. También ha revelado algo que el país venía posponiendo: el agotamiento de la política entendida como demolición. La fragmentación, que en la primera vuelta se tradujo en una dispersión extrema del voto, tendrá su reflejo en el nuevo Congreso bicameral. Si el mapa preliminar que hoy muestran los resultados se confirma, el próximo Parlamento estará compuesto por varias fuerzas relevantes y ninguna de ellas tendrá mayoría propia en ambas cámaras. Esa ausencia de hegemonía puede ser el preámbulo de un nuevo ciclo de bloqueo; pero también puede convertirse, por primera vez en mucho tiempo, en una pedagogía de los límites.

Ese punto importa más de lo que parece. Con la bicameralidad restablecida, la Cámara de Diputados concentrará la iniciativa legislativa y el control político, mientras el Senado revisará los proyectos aprobados y asumirá atribuciones especialmente sensibles, entre ellas decisiones sobre altos funcionarios del Estado. La propia observación europea ha llamado la atención sobre el peso institucional que adquiere el futuro Senado, y desde el Congreso se ha explicado que el nuevo diseño reparte deliberadamente las funciones entre una cámara de impulso político y otra de revisión y equilibrio. En teoría, eso puede ralentizar el decisionismo y contener la improvisación; en la práctica, todo dependerá de si las bancadas entienden que revisar no es sabotear y controlar no es dinamitar. 

A partir de ahí, el horizonte del próximo quinquenio se vuelve menos épico y más parlamentario. Gane quien gane la segunda vuelta, el nuevo presidente no contará con un cheque en blanco. Gobernará con un mandato recortado por la aritmética legislativa, por la dispersión del electorado y por una legitimidad de origen necesariamente modesta en un contexto donde ningún liderazgo ha conseguido articular una mayoría social robusta. Dicho sin rodeos: la próxima presidencia será fuerte en simbolismo y débil en instrumentos, salvo que logre construir acuerdos estables. Y eso, en el Perú reciente, equivale a pedir un cambio de cultura política, no solo un cambio de gobierno.

La pregunta de fondo, entonces, no es si tendremos un Ejecutivo cómodo. No lo tendremos. La pregunta es si el Congreso querrá seguir siendo una máquina de desgaste o si entenderá, al fin, que el país ya no soporta otro ciclo de mezquindad institucional. Ser oposición no puede seguir significando sabotear cada iniciativa del Gobierno; y ser oficialismo tampoco puede consistir en exigir obediencia parlamentaria como si el voto presidencial autorizara a ignorar los contrapesos. La fragmentación obliga a otra cosa: a negociar, a ceder, a jerarquizar. Obliga, en suma, a hacer política en serio.

No se trata de un optimismo ingenuo. Nada garantiza por sí solo que el nuevo Parlamento será más sobrio que el anterior. Los incentivos para la estridencia siguen ahí: el cálculo corto, el personalismo, la tentación del espectáculo y la rentabilidad del conflicto. Además, la OEA recordó que la mayoría de las organizaciones políticas eligió sus candidaturas por delegados y que incluso pocos días antes de la elección todavía persistían apelaciones por tachas y exclusiones, síntomas de una estructura partidaria frágil y poco institucionalizada. Ese dato debería prevenirnos contra cualquier idealización del Congreso que viene. Las bancadas pueden ser numerosas en escaños y débiles en cohesión; visibles en campaña y erráticas en el ejercicio del poder.

Y, sin embargo, hay una posibilidad razonable que vale la pena defender. Precisamente porque nadie podrá imponer por sí solo su voluntad, todos estarán más obligados a medir las consecuencias de sus excesos. Precisamente porque el Senado revisará y la Cámara de Diputados fiscalizará, ambos podrían verse empujados a una disciplina institucional mayor que la que conocimos en los últimos años. Precisamente porque la ciudadanía llega exhausta, las fuerzas políticas pagarán un costo más alto si convierten la bicameralidad en una simple duplicación del caos. El nuevo Congreso podría no ser mejor por virtud, pero sí por necesidad. Y a veces, en política, eso basta para empezar a corregir el rumbo.

Nuestro país no necesita en este momento otro salvador, otro redentor u otro caudillo providencial. Necesita dirigentes capaces de comprender que la democracia no consiste en aplastar al adversario, sino en administrar desacuerdos sin destruir las reglas comunes. La elección del 12 de abril fue confusa, áspera y, por momentos, exasperante. Pero también puede dejar una enseñanza útil: después de tantos años de polarización estéril, quizá el país solo pueda avanzar si aprende a gobernarse desde la contención.

Ese es, al final, el desafío real del tiempo que viene. No únicamente elegir a un presidente, sino obligar al sistema político a madurar. El próximo Congreso puede ser un factor de chantaje o un espacio de corrección; una trinchera de revanchas o un taller de acuerdos imperfectos pero indispensables. Vale esperar, sí, un Parlamento más reflexivo y más respetuoso de las instituciones. No porque el Perú haya resuelto de pronto sus viejos vicios, sino porque la nueva correlación de fuerzas tal vez no deje otra salida honorable. Y acaso esa sea la mejor noticia posible en medio de tanta incertidumbre: que, por una vez, la política se vea forzada a comportarse como política y no como demolición.

Entre promesas y responsabilidades

Por Wens Silvestre

En la recta final de las elecciones generales de 2026, nuestro país no solo enfrenta una competencia entre candidatos; enfrenta, sobre todo, una prueba de madurez cívica. Los últimos sondeos difundidos el 5 de abril, antes del inicio del silencio electoral, mostraron un escenario fragmentado: Keiko Fujimori aparece al frente, pero sin opción de cerrar la elección en primera vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado y el resto del pelotón permanece comprimido en márgenes estrechos. Reuters resumió esa fotografía con claridad: liderato relativamente estable en la punta, alta dispersión debajo de ella y una segunda vuelta prácticamente instalada como horizonte.

Ese dato, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién encabeza una encuesta, sino qué le está ofreciendo al país y con qué seriedad lo hace. El problema de esta campaña no ha sido la falta de propuestas; ha sido, más bien, la abundancia de ofertas acompañadas por una insuficiente explicación del cómo. En muchos casos, el discurso electoral ha preferido la consigna a la política pública, la frase efectista al diseño institucional, la indignación al método. Y allí radica uno de los mayores riesgos de esta elección: que la ciudadanía termine premiando la promesa más sonora, no la propuesta más viable. 

Al revisar los planes de gobierno oficialmente presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, conviene recordar algo elemental que a veces se pierde entre mítines, TikToks y debates crispados: el plan de gobierno no es un adorno burocrático ni un simple requisito de inscripción. El propio JNE lo define como el documento que contiene el diagnóstico, los objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas de una organización política; además, subraya que debe servir como parámetro para un voto informado y como referencia para la rendición de cuentas al final del mandato. Más aún, el marco actual exige un contenido mínimo, prioriza claridad y previsión, y prohíbe modificar el plan con posterioridad a su presentación.

Por eso, la pregunta correcta no es si una propuesta emociona, sino si resiste cuatro pruebas básicas. Primero, si identifica con seriedad un problema real del país. Segundo, si explica con qué instrumentos lo enfrentará. Tercero, si deja entrever de dónde saldrán los recursos y qué costos implicará. Y cuarto, si muestra alguna viabilidad política, jurídica y administrativa. Cuando una candidatura falla en una o varias de esas condiciones, lo que queda ya no es una política pública en sentido estricto, sino una oferta de campaña desnuda: vistosa, quizás seductora, pero débil frente a la realidad.

En ese examen, las candidaturas mejor posicionadas han mostrado diferencias marcadas. Algunas sí presentan una arquitectura relativamente consistente: objetivos, estrategias, metas, cronogramas, instrumentos de gestión, referencias a inversión, simplificación, digitalización, formalización o reformas sectoriales. Otras, en cambio, descansan más en la figura del líder, en la idea del golpe de autoridad, en la promesa de mano dura, en el voluntarismo o en la ilusión de que basta la voluntad presidencial para doblegar inercias históricas del Estado peruano. Hay también candidaturas cuyo relato es ideológicamente coherente, pero cuya ejecución dependería de rupturas constitucionales, mayorías improbables o transformaciones institucionales de muy baja factibilidad inmediata. En todos esos casos, la distancia entre prometer y gobernar sigue siendo inmensa.

Ese es, quizás, el rasgo más revelador del proceso electoral actual. No estamos ante una campaña pobre en imaginación, sino ante una campaña donde con frecuencia el “qué” avanza muy por delante del “cómo”. Se promete seguridad sin reforma policial y fiscal precisa; crecimiento sin detallar motores reales de productividad; empleo sin explicar condiciones de inversión; lucha anticorrupción sin rediseño institucional convincente; más Estado o menos Estado sin aclarar capacidad operativa, gradualidad ni costos de transición. En otras palabras, la política vuelve a ofrecer resultados como si estos pudieran decretarse, cuando en realidad todo cambio serio exige secuencia, financiamiento, cuadros técnicos, coordinación intergubernamental y tiempo.

La dispersión que muestran los sondeos también dice mucho sobre la calidad de nuestra vida pública. Con 35 candidaturas presidenciales registradas, un liderazgo parcial en la cima y una fuerte disputa por los siguientes lugares, el país llega a la elección en medio de una oferta sobrepoblada y una ciudadanía todavía desconfiada. No es extraño, entonces, que proliferen las promesas maximalistas: cuando el sistema está fragmentado, cada candidatura siente la tentación de sobresalir no por la solidez de su programa, sino por la espectacularidad de su oferta. La inflación de promesas se convierte así en un síntoma de precariedad política.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre los candidatos. También el ciudadano tiene una tarea que no puede delegar. Votar no consiste únicamente en escoger un nombre o rechazar otro; consiste en asumir, con la mayor lucidez posible, las consecuencias de esa decisión. La democracia no termina cuando se deposita la cédula en el ánfora. Allí, en rigor, comienza la parte más difícil: vigilar, exigir, comparar, recordar y reclamar. Si el plan de gobierno es la hoja de ruta ofrecida para conquistar el poder, entonces debe convertirse también en el primer documento que la ciudadanía use para supervisar al poder.

Por eso, el llamado que hoy merece hacerse no es a votar por tal o cual candidatura, sino a votar con conciencia de que ninguna oferta debe ser recibida como un acto de fe. El elector no es un espectador de feria ni un consumidor pasivo de eslóganes. Es un mandante temporal del poder político. Y quien manda, en democracia, tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir cumplimiento. Exigir que el candidato ganador honre lo que prometió. Exigir que gobierne con arreglo a su programa. Exigir que, si las circunstancias nacionales obligan a corregir, reordenar o priorizar de otro modo, no lo haga con arbitrariedad ni oportunismo, sino con explicación técnica, transparencia pública y responsabilidad frente al país.

Porque sí: gobernar también puede exigir ajustes. La realidad suele golpear más fuerte que la retórica de campaña, y el interés nacional no siempre coincide milimétricamente con el papel inscrito meses antes. Pero esa necesaria flexibilidad no puede ser una licencia para la traición programática. Si un gobierno se aparta de su hoja de ruta, debe justificarlo; si cambia prioridades, debe explicarlas; si abandona una promesa, debe responder por ello. La responsabilidad democrática no consiste en petrificar un documento, sino en impedir que el mandato popular sea usado como cheque en blanco.

En tiempos de ofertas desbordadas, el mejor antídoto no es el cinismo, sino la vigilancia ciudadana. El Perú no necesita electores fascinados por el milagro verbal de la campaña; necesita ciudadanos serenos, críticos y responsables, capaces de distinguir entre una propuesta pensada para gobernar y una promesa fabricada solo para seducir. Ese discernimiento no garantiza por sí solo un buen gobierno, pero sí reduce la probabilidad de un nuevo desencanto.

Al final, cada ciudadano es libre de elegir según su conciencia, su experiencia, sus convicciones y su esperanza. Esa libertad debe ser respetada siempre. Pero justamente porque el voto es libre, también debe ser responsable. Y un voto responsable no solo escoge: recuerda. No solo decide: vigila. No solo otorga poder: exige resultados. En una democracia fatigada como la nuestra, tal vez esa sea la forma más seria de defender el futuro del país.

El precio invisible del poder

Por Wens Silvestre

El verdadero costo de un liderazgo político no se mide únicamente en indicadores económicos o en éxitos diplomáticos, sino en la calidad del tejido social, en la solidez de las instituciones y, sobre todo, en la relación que una sociedad mantiene con la verdad y con su propia dignidad. En este sentido, las trayectorias de Vladimir Putin y Donald Trump permiten observar, desde contextos distintos, un fenómeno común: cuando el poder se ejerce como confrontación permanente y como afirmación personalista, el precio termina siendo asumido por la ciudadanía en dimensiones que van mucho más allá de lo visible. 

En primer lugar, ambos liderazgos han contribuido a erosionar el valor de la verdad como fundamento de la vida pública. En Rusia, esta erosión adopta la forma de una narrativa oficial que reconfigura la historia, redefine los hechos y limita el espacio de interpretación alternativa. En Estados Unidos, bajo Trump, el fenómeno ha sido distinto pero convergente: no se ha impuesto una única versión de la realidad, sino que se ha debilitado la idea misma de que la realidad pueda ser verificada de manera común. Así, la política deja de ser un terreno de debate informado y se convierte en una disputa de percepciones, donde la repetición y la intensidad pesan más que la evidencia. En consecuencia, la sociedad pierde un punto de referencia compartido, y sin ese punto de referencia, la deliberación democrática se vuelve frágil, volátil y profundamente polarizada.

Por otro lado, el trato hacia las instituciones revela una diferencia de grado, pero no de dirección. Putin ha consolidado un sistema en el que las instituciones han sido progresivamente subordinadas al poder central, reduciendo al mínimo los contrapesos efectivos. En cambio, Trump ha operado dentro de un sistema que aún conserva mecanismos de resistencia, pero ha tensionado esos límites de manera constante, cuestionando la legitimidad de tribunales, medios y procesos electorales cuando estos no le resultaban favorables. En ambos casos, el mensaje que se transmite a la sociedad es inquietante: las reglas dejan de ser un marco estable y pasan a ser obstáculos contingentes que pueden ser ignorados o reinterpretados según la conveniencia del líder. Con el tiempo, esta lógica no solo debilita a las instituciones, sino que erosiona la confianza ciudadana en ellas, generando un círculo vicioso de deslegitimación.

Asimismo, la política entendida como confrontación permanente tiene consecuencias humanas concretas. En el caso ruso, esto se manifiesta de forma directa en conflictos armados, represión interna y persecución de la disidencia. En el caso estadounidense, el impacto se expresa más en el plano simbólico y administrativo, aunque no por ello resulta menor: políticas migratorias restrictivas, discursos que normalizan la exclusión y decisiones internacionales que priorizan la fuerza sobre la negociación. En ambos contextos, se instala una lógica en la que el sufrimiento ajeno se vuelve secundario frente a la demostración de poder. De este modo, la empatía deja de ser un valor político relevante y es reemplazada por la eficacia del castigo o la contundencia de la acción.

De igual manera, la construcción del enemigo como herramienta política ha fragmentado profundamente a ambas sociedades. Putin ha recurrido a una narrativa en la que Rusia aparece permanentemente amenazada por fuerzas externas e internas, lo que justifica tanto la cohesión forzada como la represión. Trump, por su parte, ha movilizado antagonismos internos y externos con una intensidad inusual, señalando a migrantes, opositores y élites como responsables de los problemas nacionales. Aunque los contextos difieren, el resultado converge: la sociedad deja de percibirse como comunidad y comienza a organizarse en torno a identidades enfrentadas. En ese escenario, la política deja de ser un espacio de negociación y se convierte en un campo de batalla simbólico donde el adversario no es un interlocutor, sino un enemigo a derrotar.

El costo más profundo es de carácter moral. Tanto en Rusia como en Estados Unidos, estos liderazgos han contribuido a normalizar prácticas que antes habrían generado un rechazo más amplio: la mentira reiterada, la descalificación del adversario, la deshumanización de determinados grupos y la justificación del daño como instrumento político legítimo. Lo preocupante no es solo que estas prácticas existan, sino que progresivamente dejen de escandalizar. Cuando una sociedad se acostumbra a este tipo de dinámicas, no solo cambia su sistema político, sino también su horizonte ético.

A este panorama se suma un elemento que amplifica de manera decisiva el costo global de estos liderazgos: sus decisiones bélicas, marcadas por una lógica de fuerza y cálculo político inmediato, no se limitan a afectar a las poblaciones directamente involucradas, sino que irradian consecuencias hacia todo el sistema internacional. Las guerras impulsadas o escaladas bajo Vladimir Putin y Donald Trump generan efectos en cadena que trascienden fronteras: encarecimiento de alimentos y energía, disrupción de cadenas de suministro, incremento del gasto militar en detrimento de políticas sociales, crisis migratorias y un deterioro ambiental acelerado producto de la destrucción de infraestructuras y ecosistemas. De este modo, la guerra deja de ser un fenómeno localizado y se convierte en un multiplicador de desigualdades y vulnerabilidades a escala global, donde incluso sociedades alejadas del conflicto terminan pagando, en inflación, inseguridad y degradación ecológica, el precio de decisiones tomadas bajo una racionalidad de poder que subordina la vida humana y el equilibrio del planeta a objetivos estratégicos de corto plazo.

En definitiva, el problema no radica únicamente en las decisiones concretas de Vladimir Putin o Donald Trump, sino en la forma en que esas decisiones reconfiguran la cultura política de sus países. Rusia ha visto consolidarse un modelo donde la estabilidad se obtiene al precio de la libertad, mientras que Estados Unidos ha experimentado una tensión creciente entre su tradición institucional y una forma de liderazgo que la desafía constantemente. En ambos casos, el saldo no es solo político, sino profundamente social: una ciudadanía más desconfiada, más dividida y, en cierto modo, más habituada a vivir en un entorno donde el poder no se limita, sino que se impone. Y esa es, quizá, la consecuencia más duradera y más difícil de revertir.

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