El Estado contra sus ciudadanos

Wens Silvestre

Hay una falacia que se ha vuelto costumbre en nuestro país: presentar toda muerte causada por agentes del Estado como un accidente inevitable de la seguridad, como un “exceso” aislado, como una confusión lamentable en medio de una guerra permanente contra enemigos difusos. Esa falacia debe ser desmontada con firmeza. Porque cuando civiles mueren bajo fuego militar o policial, la primera obligación de un Estado democrático no es defender su imagen, sino responder por sus muertos.

Los hechos ocurridos en Tayacaja, Huancavelica, donde cinco civiles murieron durante una intervención de miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser tratados como una nota policial más ni como un costo colateral de la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía investiga a militares por presunto homicidio calificado. Los familiares y sobrevivientes han denunciado que las víctimas eran jóvenes que regresaban de una actividad deportiva y que fueron atacados por hombres armados, presuntamente vestidos de civil. Frente a esa gravedad, el deber de quienes gobiernan no era minimizar, justificar ni sembrar sospechas sobre los muertos. Era garantizar verdad, justicia y responsabilidad.

Pero el poder político peruano ha desarrollado una peligrosa rutina: cuando las víctimas son pobres, rurales, andinas o viven en territorios marcados por el abandono estatal, primero se las sospecha y luego, quizá, se las investiga. Antes de saber quiénes eran, se les coloca encima una etiqueta: “narcoterroristas”, “delincuentes”, “vándalos”, “enemigos del orden”. Esa etiqueta cumple una función miserable: reduce la vida humana a expediente de seguridad. Convierte a ciudadanos en objetivos. Prepara a la opinión pública para aceptar lo inaceptable. 

La primera falacia del poder es decir que cuestionar un operativo militar equivale a atacar a las Fuerzas Armadas. Falso. Exigir investigación no debilita a las instituciones; las rescata de la impunidad. Una Fuerza Armada republicana no necesita encubrimiento, necesita legalidad. No se honra al uniforme protegiendo a quienes pudieron haber cometido crímenes; se lo honra separando con claridad al soldado que cumple la Constitución del agente que la traiciona. La verdadera amenaza contra la institución no viene de quienes piden justicia, sino de quienes pretenden convertirla en una corporación intocable.

La segunda falacia es invocar la seguridad para suspender los derechos. También es falso. La seguridad no es una licencia para matar. En una democracia, el monopolio estatal de la fuerza solo es legítimo si está sometido a ley, necesidad, proporcionalidad, control judicial y rendición de cuentas. Si el Estado puede disparar contra civiles y luego justificarlo con comunicados, entonces ya no estamos ante seguridad democrática, sino ante una forma degradada de poder armado. La fuerza pública no existe para reemplazar a los jueces ni para decidir quién merece vivir.

La tercera falacia es suponer que, por tratarse de una zona como el VRAEM o de una provincia históricamente asociada a violencia, cualquier ciudadano que transite por allí queda automáticamente bajo sospecha. Esa idea es profundamente antiliberal y antidemocrática. Ninguna persona pierde sus derechos por vivir en una zona pobre, rural, militarizada o abandonada por el Estado. La presunción de inocencia no se suspende por geografía. El derecho a la vida no depende del código postal. Y la dignidad humana no puede ser degradada porque un funcionario necesite justificar un operativo fallido.

La cuarta falacia es presentar estos hechos como casos aislados. No lo son. En los últimos años, el país ha visto una secuencia alarmante: protestas reprimidas con muertos y heridos, estados de emergencia normalizados, discursos oficiales que criminalizan la protesta, investigaciones lentas, mandos políticos que se lavan las manos y congresos que legislan más rápido para blindar a agentes estatales que para proteger a las víctimas. El patrón es demasiado claro: cuando el Estado dispara, el poder se apresura a explicar la bala; cuando las familias lloran, se les exige primero demostrar que sus muertos eran inocentes.

Esa inversión moral es intolerable. En un Estado de derecho, no son los muertos quienes deben probar que merecían vivir. Es el Estado quien debe probar por qué usó la fuerza letal. Es el Estado quien debe explicar quién ordenó, quién disparó, quién supervisó, quién encubrió, quién mintió y quién permitió que una operación terminara en cadáveres civiles.

La quinta falacia, quizá la más cínica, es la de quienes se dicen liberales mientras justifican la violencia estatal contra ciudadanos indefensos. No hay liberalismo posible donde el Estado mata y no responde. El liberalismo nació precisamente como desconfianza frente al poder absoluto. Su premisa elemental es que el individuo tiene derechos que ningún gobernante, policía, militar o ministro puede pisotear. Defender la vida, la libertad, el debido proceso y la igualdad ante la ley no es una concesión progresista: es el corazón mismo de la tradición liberal.

Por eso resulta obsceno escuchar a ciertos defensores del “orden” hablar de libertad económica, propiedad privada o seguridad jurídica, mientras relativizan la muerte de campesinos, jóvenes o manifestantes. Esa no es defensa de la libertad; es defensa selectiva del privilegio. Quien exige garantías para la inversión, pero no justicia para civiles asesinados, no defiende el Estado de derecho: defiende un Estado al servicio de los fuertes y armado contra los débiles.

Más que ante un liberalismo coherente, estamos frente a un mercantilismo autoritario: un régimen que no reduce realmente el Estado, sino que lo vuelve paquidérmico, lento e ineficiente; un aparato costoso que abandona al ciudadano común, pero preserva privilegios, burocracias, clientelas y redes de poder. No se trata de un Estado mínimo, sino de un Estado capturado: débil para garantizar salud, educación, justicia y seguridad cotidiana, pero fuerte para reprimir, vigilar, castigar y proteger intereses particulares. En ese modelo, el ciudadano queda desamparado, mientras el aparato público funciona principalmente para quienes viven de él o negocian con él.

El Ejecutivo minimiza cuando responde con frialdad burocrática ante la muerte de civiles. Minimiza cuando primero protege la versión militar y después promete investigar. Minimiza cuando llama “operativo” a lo que puede ser una masacre. Minimiza cuando no expresa duelo, cuando no suspende preventivamente a responsables, cuando no garantiza protección a testigos, cuando no exige colaboración absoluta de los mandos. Y minimiza, sobre todo, cuando olvida que la vida de un joven campesino vale tanto como la de cualquier ministro, empresario o general.

El Legislativo, por su parte, practica una indignación intermitente. Cita ministros, presenta mociones, declara preocupación; pero al mismo tiempo aprueba o respalda normas que favorecen la impunidad de agentes estatales acusados de graves violaciones de derechos humanos. Fiscaliza con una mano y blinda con la otra. Llora a las víctimas cuando las cámaras están encendidas, pero legisla para que la responsabilidad se diluya cuando la atención pública se apaga. Esa no es representación democrática; es complicidad institucional.

La pregunta de fondo no es solo quién disparó en Tayacaja. La pregunta es qué tipo de Estado permite que sus agentes disparen contra civiles y luego intente envolver la tragedia en lenguaje de seguridad nacional. La pregunta es por qué la vida rural sigue siendo tratada como vida descartable. La pregunta es por qué quienes gobiernan exigen paciencia a las familias, pero ofrecen rapidez a los mandos. La pregunta es por qué la justicia camina lento cuando los muertos son pobres y el victimario lleva uniforme.

Un Estado liberal, democrático y constitucional debe cumplir exigencias mínimas: investigación fiscal independiente, pericias transparentes, identificación de responsables directos y de mando, suspensión preventiva de implicados, protección de sobrevivientes, reparación integral a las familias y garantías reales de no repetición. Todo lo demás es retórica. Todo lo demás es administración del escándalo.

Y debe quedar claro: pedir justicia no significa negar la existencia del narcotráfico, ni desconocer los riesgos que enfrentan las fuerzas del orden, ni romantizar la violencia criminal. Significa algo mucho más básico: incluso en la lucha contra el crimen, el Estado no puede convertirse en criminal. La diferencia entre una república y una banda armada está precisamente en los límites. Si esos límites desaparecen, la bandera, el uniforme y el himno no purifican el abuso; apenas lo decoran.

Los gobernantes suelen pedir confianza. Pero la confianza no se exige: se merece. Y se merece cuando el Estado protege al débil, investiga al poderoso, sanciona al culpable y reconoce a las víctimas. Un gobierno que pide confianza mientras minimiza muertes civiles no merece obediencia moral; merece vigilancia ciudadana.

Tayacaja debe convertirse en una línea ética. No se puede aceptar que la seguridad sea usada como coartada para la muerte. No se puede aceptar que el silencio oficial pese más que el dolor de las familias. No se puede aceptar que el Congreso actúe como notario de la impunidad. No se puede aceptar que quienes dicen defender la libertad callen cuando el poder armado aplasta al individuo.

Porque la verdadera prueba de un Estado no está en sus desfiles militares, ni en sus discursos patrióticos, ni en sus comunicados de emergencia. Está en lo que hace cuando sus propios agentes matan. Si investiga, sanciona y repara, todavía hay república. Si encubre, justifica y olvida, lo que queda no es Estado de derecho, sino poder desnudo.

Y frente al poder desnudo, la ciudadanía tiene una obligación: no acostumbrarse. No aceptar que unos muertos valgan menos que otros. No permitir que la palabra “seguridad” se convierta en el sudario de la justicia. No dejar que el Estado, creado para proteger la vida, se transforme en su verdugo.

Porque cuando el Estado mata y quienes gobiernan minimizan, ya no estamos ante un simple error operativo, sino ante una traición política, moral y constitucional. Esa traición debe ser nombrada sin miedo, porque el silencio solo prolonga la impunidad. Y, al final, la medida más honda de esta crisis no está en los comunicados oficiales ni en los discursos de seguridad, sino en el llanto de las madres. Un país que se acostumbra a ese dolor ha perdido algo más grave que la seguridad: ha perdido el alma moral de la República.

La trampa de la IA: más productividad, menos aprendizaje

Por Wens Silvestre

La gran seducción de la inteligencia artificial en el mundo profesional no es filosófica, sino contable: promete hacer más en menos tiempo. Y, en efecto, los estudios más recientes muestran que esa promesa no es humo. En desarrollo de software, un artículo de Management Science publicado en febrero de 2026 halló un aumento agregado de 26.08% en tareas completadas entre desarrolladores que usaron IA generativa; a nivel agregado, otro trabajo de 2026 encontró que una mayor exposición a IA puede elevar el output y, en ciertos contextos, incluso el empleo cuando la herramienta funciona como complemento del trabajo humano. La productividad, por tanto, no es una fantasía tecnoutópica: está ocurriendo. El problema es otro. Estamos empezando a medir muy bien lo que la IA acelera y muy mal lo que puede debilitar. 

Ese es, a mi juicio, el punto decisivo. Una sociedad puede aumentar su rendimiento visible mientras empobrece el proceso invisible que forma criterio, pericia y autonomía profesional. La pregunta verdaderamente incómoda ya no es si la IA “ayuda”, porque ayuda; la pregunta es qué tipo de profesional produce esa ayuda. La evidencia de 2026 sobre desarrollo cognitivo sugiere que la IA puede fortalecer la competencia profesional cuando actúa como una herramienta de contraste, reflexión y reorganización mental. En un experimento con 371 profesionales, Min Jae Park mostró que los mejores resultados aparecen cuando los usuarios adoptan estrategias de “acomodación”, es decir, cuando no usan la IA solo para confirmar hábitos previos, sino para reestructurar sus modelos de trabajo. Algo parecido encontró Gang Zhou en un estudio longitudinal con 558 docentes universitarios: la adopción de IA generativa se asoció positivamente con la competencia profesional, y ese efecto estuvo mediado por el aprendizaje autorregulado. Dicho de forma simple: la IA puede desarrollar, pero solo cuando obliga a seguir pensando.

El problema comienza cuando las organizaciones confunden apoyo cognitivo con sustitución cognitiva. Ahí aparece lo que Michael Caosun y Sinan Aral llaman la “augmentation trap”: la empresa adopta IA porque obtiene ganancias inmediatas de productividad, pero en el largo plazo erosiona la habilidad que hacía posible un buen uso de esa misma productividad. El resultado puede ser paradójico: más eficiencia hoy, menos pericia mañana. No se trata de una advertencia romántica contra la tecnología, sino de una observación estructural sobre incentivos. A una firma le conviene capturar el beneficio rápido; al profesional, en cambio, le puede costar años reconstruir una habilidad que dejó de ejercitar. La IA, usada como primer cerebro en vez de segundo interlocutor, no expande la inteligencia profesional: la externaliza.

Por eso el costo oculto de la IA no debe medirse solo en despidos visibles, sino también en aprendizajes que ya no ocurren. Leland Crane y Paul Soto (2026) encontraron evidencia robusta de que el crecimiento del empleo en ocupaciones intensivas en programación ha sido aproximadamente 3% menor desde la introducción de ChatGPT, una vez controlados los shocks sectoriales. No es el apocalipsis laboral, pero tampoco es una anécdota. La señal es clara: una ocupación puede volverse más productiva sin volverse más absorbente para el empleo. La economía gana velocidad; la escalera de entrada se estrecha.

Y esa estrechez golpea primero donde más importa para el futuro: en los profesionales jóvenes. El working paper sueco Same Storm, Different Boats mostró que, dentro de los mismos empleadores, el empleo de personas de 22 a 25 años en ocupaciones muy expuestas a IA cayó 5.5% hacia inicios de 2025, mientras el de trabajadores mayores de 50 años subió 1.3%. En paralelo, otro preprint de 2026 encontró que el riesgo de desempleo en ocupaciones expuestas a IA venía aumentando desde inicios de 2022 y que las cohortes graduadas desde 2021 ingresaban con menor frecuencia a empleos intensivos en esas tareas. El desplazamiento, entonces, no siempre adopta la forma dramática del reemplazo masivo. A veces llega como algo más silencioso y quizá más grave: menos espacios para aprender haciendo, menos tareas “menores” que en realidad eran la cantera del criterio futuro.

Aquí aparece la gran falacia de nuestra época: creer que toda tarea automatizada es una tarea sobrante. No lo es. Muchas tareas aparentemente rutinarias eran, en realidad, etapas formativas. Redactar un primer informe imperfecto, revisar datos a mano, comparar fuentes, corregir errores, sintetizar sin ayuda: todo eso no solo producía un resultado; también formaba una mente profesional. Cuando la IA elimina de golpe esas fricciones, no solo ahorra tiempo: puede recortar el entrenamiento que transformaba a un principiante en experto. Lo que se pierde no es únicamente empleo; se pierde trayectoria. Y una economía que destruye sus trayectorias de aprendizaje puede descubrir demasiado tarde que la eficiencia inmediata era una forma elegante de descapitalización intelectual.

Esto no obliga a rechazar la IA, pero sí a discutir con seriedad cómo se integra. La evidencia reciente sugiere que el impacto laboral depende de si la IA complementa o sustituye. Johnston y Makridis muestran que la exposición a IA eleva output y empleo cuando la tecnología requiere colaboración humana; esa expansión no aparece del mismo modo cuando la IA opera con mayor autonomía. Incluso el modelo de Wang y Wong, más abstracto, ilustra bien el dilema: bajo ciertos supuestos, la IA puede triplicar la productividad de los trabajadores expuestos y aun así asociarse con una pérdida de empleo de 23% en el largo plazo. No es una profecía cerrada, pero sí una advertencia seria: la productividad no garantiza inclusión, del mismo modo que la velocidad no garantiza desarrollo.

La discusión pública, entonces, necesita madurar. El verdadero riesgo no es que la IA nos quite de inmediato todo el trabajo, sino que nos acostumbre a una cultura profesional donde producir más importe más que comprender mejor. Y cuando eso ocurre, el deterioro del empleo y el deterioro de la cognición dejan de ser problemas separados: se vuelven dos caras del mismo proceso. Se contrata menos para aprender porque se supone que la máquina ya sabe; y se piensa menos para decidir porque se supone que la máquina ya respondió. El resultado es una profesionalidad cada vez más rápida, pero también más dependiente.

Si de verdad queremos una integración inteligente de la IA, hay que defender algo que hoy parece casi subversivo: el derecho a la fricción cognitiva. Hacen falta espacios de trabajo donde el profesional formule primero, contraste después y use la IA al final como interlocutora crítica, no como sustituta del juicio. Hacen falta también instituciones que protejan roles junior, porque sin ellos no hay relevo de expertise, solo consumo acelerado de conocimiento heredado. Una sociedad puede celebrar máquinas que escriben, programan, diagnostican y resumen en segundos. Pero, si en ese entusiasmo renuncia a formar personas capaces de entender, corregir y disputar lo que esas máquinas producen, habrá ganado eficiencia al precio más alto: perder la inteligencia profesional que pretendía potenciar.

Referencias

Caosun, M., & Aral, S. (2026). The augmentation trap: AI productivity and the cost of cognitive offloading [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2604.03501

Crane, L. D., & Soto, P. E. (2026, March 20). AI and coder employment: Compiling the evidence [Working paper]. Board of Governors of the Federal Reserve System.

Cui, K. Z., Demirer, M., Jaffe, S., Musolff, L., Peng, S., & Salz, T. (2026). The effects of generative AI on high-skilled work: Evidence from three field experiments with software developers. Management Science. Advance online publication. doi:10.1287/mnsc.2025.00535

Frank, M. R., Javadian Sabet, A., Simon, L., Bana, S. H., & Yu, R. (2026). AI-exposed jobs deteriorated before ChatGPT [Preprint]. arXiv. doi:10.48550/arXiv.2601.02554

Johnston, A., & Makridis, C. A. (2026). AI, output, and employment (CESifo Working Paper No. 12579). CESifo.

Lodefalk, M., Löthman, L., Koch, M., & Engberg, E. (2026). Same storm, different boats: Generative AI and the age gradient in hiring (Ratio Working Paper No. 388). Ratio Working Paper Series.

Park, M. J. (2026). AI as a cognitive collaborator: Assimilation and accommodation in human–machine teaming for innovation. Journal of Innovation & Knowledge, 12, 100892. doi:10.1016/j.jik.2025.100892

Wang, P., & Wong, T.-N. (2026). Artificial intelligence and technological unemployment. Journal of Monetary Economics, 158, 103905. doi:10.1016/j.jmoneco.2026.103905

Zhou, G., Yang, Q., & Chen, X. (2026). Longitudinal associations between generative artificial intelligence adoption and university PE teachers’ professional competence. Frontiers in Psychology, 17, 1775028. doi:10.3389/fpsyg.2026.1775028

Qué le conviene elegir al país

Por Wens Silvestre

Llegamos a esta segunda vuelta en una situación excepcional: una primera vuelta muy fragmentada, un conteo todavía discutido y demorado, una crisis de confianza en la administración electoral y un Congreso bicameral que nacerá sin mayorías claras. Al 25 de abril, Keiko Fujimori lidera la elección presidencial con alrededor de 17.06% y el segundo lugar sigue en disputa entre Roberto Sánchez (12.05%) y Rafael López Aliaga (11.9%), una diferencia estrechísima; el conteo continúa incompleto y los resultados finales se esperan recién para mayo. La Misión de Observación Electoral de la OEA, por su parte, sí advirtió graves problemas logísticos y un ambiente tóxico de desinformación, pero también dejó constancia de que las narrativas de fraude se venían difundiendo sin pruebas debidamente sustentadas. 

Esa realidad obliga a formular una tesis sobria: al país no le conviene elegir el plan más ruidoso ni el más ideológico, sino el que tenga mayor probabilidad de gobernar, negociar y producir resultados dentro de las restricciones reales del periodo 2026-2031. Esas restricciones son dos. La primera es institucional: desde 2026 el Congreso será bicameral, con 130 diputados y 60 senadores, lo que añade una cámara revisora, más puntos de veto y una necesidad mayor de acuerdos políticos. La segunda es macroeconómica: el MMM 2026-2029 fija una senda de consolidación fiscal exigente, con déficit de 1,8% en 2026, 1,4% en 2027 y 1,0% desde 2028, y con deuda pública de 32,1% del PBI en 2026 y una trayectoria descendente hacia 30,8% en 2029. Eso significa que el próximo gobierno no tendrá espacio para prometerlo todo ni para refundarlo todo.

Si además se mira la composición congresal proyectada con el avance del conteo, la conclusión se vuelve más clara. En la Cámara de Diputados, las proyecciones periodísticas más consistentes daban a Fuerza Popular la primera minoría con al menos 40 escaños; junto con Renovación Popular, el bloque de derecha llegaría a 56 votos, mientras que Juntos por el Perú, Ahora Nación y Obras también sumarían 56, quedando el Partido del Buen Gobierno con 18 como bisagra. En el Senado, al 20 de abril, las proyecciones situaban a Fuerza Popular en 22 curules, a Juntos por el Perú en 14, a Renovación Popular en 8, a Ahora Nación en 4, y a Partido del Buen Gobierno y Obras juntos en 12. En otras palabras: nadie va a gobernar solo. El próximo presidente o presidenta tendrá que armar mayorías variables, no imponer un proyecto puro.

Desde ese punto de vista, el plan de Fuerza Popular tiene una virtud técnica central: es el que mejor conversa con el marco constitucional y con el MMM. Su propuesta se mueve dentro de la economía social de mercado, ofrece disciplina fiscal, ampliación de base tributaria sin golpear más al formal, shock desregulatorio, inversión privada, orden y una agenda sectorial extensa en seguridad, salud, educación y servicios públicos. Su debilidad está en que varias de sus metas son abiertamente optimistas: promete reducir en 40% los tiempos de tramitación, eliminar más de 500 procedimientos y atraer inversiones entre US$ 5.000 y 7.000 millones adicionales por año, generando 500.000 empleos formales anuales. Puede ser una dirección razonable, pero esas cifras son más una apuesta política que una proyección comparable a la del MMM. Aun así, entre los tres planes, es el que menos fricción genera con la Constitución vigente, que consagra la economía social de mercado, la libertad de empresa y la actividad subsidiaria del Estado.

El plan de Renovación Popular es más nítido ideológicamente por la derecha económica. Tiene a su favor una apuesta clara por la simplificación administrativa, la inversión privada, la infraestructura, la energía, el fortalecimiento de ProInversión y una agenda de privatización que incluye la venta o liquidación de Petroperú y la privatización de las distribuidoras eléctricas estatales. Ese es su punto fuerte: ofrece una señal promercado más explícita que Fuerza Popular. Pero su principal problema técnico es la inconsistencia macroeconómica. Plantea reducir el IGV para formalizar, pero al mismo tiempo promete más recaudación; habla de un crecimiento de 7% al quinto año e incluso de un objetivo superior al 8%, cuando el MMM proyecta un crecimiento de alrededor de 3,2%-3,5% y advierte que el país necesita elevar ingresos permanentes, no erosionarlos con fórmulas tributarias de efecto incierto. En síntesis: RP tiene varias propuestas útiles, pero su aritmética fiscal y sus metas macro no resultan plenamente creíbles.

El plan de Juntos por el Perú es, sin duda, el más ambicioso en diagnóstico estructural. Tiene mejor elaboración que sus rivales en temas de agua, territorio, cabeceras de cuenca, Amazonía, consulta, soberanía alimentaria, nueva relación con recursos naturales y crítica a la desigualdad territorial. En eso ofrece aportes valiosos al debate nacional. Pero su problema no es de sensibilidad social, sino de viabilidad política e institucional. Su columna vertebral pasa por una nueva Constitución, la eliminación del aval a los contratos-ley, una economía mixta con mayor iniciativa estatal y la reserva directa al Estado de sectores estratégicos como gas, petróleo, agua, bosques, energía, mares, espacio aéreo y puertos. El problema es que la Constitución vigente ya establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento, y toda reforma constitucional debe pasar por el procedimiento del artículo 206. Eso exige una acumulación parlamentaria y social que hoy no existe. En un Congreso fragmentado, sin mayoría constituyente y con Senado revisor, el riesgo de bloqueo sería altísimo.

Por eso, si la pregunta es qué le conviene al país elegir, la respuesta técnica no debería formularse en términos de simpatía partidaria sino de minimización de riesgo institucional y macroeconómico. Nuestro país necesita salir de la crisis política, no abrir otra más grande. Necesita un gobierno que pueda convivir con un Congreso dividido, que no choque de entrada con las reglas fiscales, que tenga capacidad de formar una mayoría bisagra con sectores intermedios, y que pueda concentrarse en cuatro urgencias concretas: seguridad, reactivación, ejecución de inversión y restauración mínima de confianza institucional. Bajo esos criterios, lo que más conviene es una opción reformista dentro del marco vigente, no una refundación sin mayoría ni una promesa de crecimiento que no cuadra con la caja fiscal ni con la aritmética parlamentaria.

Dicho con mayor precisión: si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Juntos por el Perú, la opción menos riesgosa para la estabilidad del país sería Fuerza Popular. No porque su plan sea perfecto —no lo es—, sino porque es mucho más gobernable bajo la Constitución y el MMM. Si la segunda vuelta termina siendo Fuerza Popular versus Renovación Popular, también parece más conveniente Fuerza Popular, por una razón distinta: tiene una plataforma más completa, mayor capacidad probable de articulación parlamentaria y menos disonancia entre oferta política y restricciones fiscales.

En suma, después de una primera vuelta fragmentada y de una crisis electoral que ha vuelto a exponer la precariedad del sistema político, el voto útil para el país no es el que más castiga ni el que más emociona, sino el que más probablemente gobierna. El próximo quinquenio no será de grandes epopeyas, sino de restricciones, pactos, correcciones y prioridades duras. El ciudadano debería votar, entonces, por quien pueda garantizar tres cosas al mismo tiempo: respeto a las reglas, viabilidad fiscal y capacidad de construir una mayoría funcional. Hoy, con toda la información disponible, esa combinación favorece más a una salida de estabilización y reforma incremental que a una de refundación o a una de maximalismo privatizador. Esa, y no otra, es la elección que más le conviene a nuestro país.

Después del ruido, la política

Por Wens Silvestre

Las elecciones del 12 de abril no solo definieron una segunda vuelta. Dejaron, sobre todo, un diagnóstico del país. El Perú llegó a las urnas con una oferta presidencial desbordada, un sistema de partidos exhausto y un aparato institucional sometido a una prueba de complejidad inédita: 35 fórmulas presidenciales, 37 organizaciones políticas, cinco elecciones en una sola cédula y un proceso atravesado por reformas recientes que multiplicaron la dificultad para votantes, miembros de mesa y autoridades electorales. La misión de observación de la Unión Europea describió estos comicios como los más complejos de la historia reciente del país, mientras la OEA advirtió que la etapa previa ya venía marcada por controversias sobre tachas, exclusiones y reglas de competencia.

A esa complejidad se añadió un episodio que terminó por empañar la jornada: la demora en la apertura de locales de votación en Lima por la falta de entrega de material electoral. La ONPE reconoció el problema, informó que el JNE amplió excepcionalmente el plazo de instalación de mesas y el horario de votación, y al día siguiente tuvo que organizar una jornada extraordinaria en 13 locales de Lima Metropolitana para 55.261 electores que no habían podido sufragar el domingo. La propia misión europea señaló que ese aplazamiento comprometió la percepción pública de una elección que, en otros aspectos, había sido organizada razonablemente.

Conviene subrayarlo con claridad: lo ocurrido no demuestra, hasta ahora, un fraude probado; demuestra algo quizá más inquietante y más persistente, que es la fragilidad del sistema. La OEA registró campañas de desinformación y narrativas de fraude orientadas a cuestionar anticipadamente la integridad del proceso sin que se aportaran pruebas para sostener esas afirmaciones. También observó episodios de hostilidad, agresiones durante la campaña, ataques contra autoridades electorales y presiones sobre periodistas y medios. Es decir, el problema no fue únicamente técnico. Fue político y cultural: una parte de la competencia democrática volvió a comportarse como si perder fuera, por definición, señal de conspiración.

Pero sería un error leer esta elección solo como una suma de fallas. También ha revelado algo que el país venía posponiendo: el agotamiento de la política entendida como demolición. La fragmentación, que en la primera vuelta se tradujo en una dispersión extrema del voto, tendrá su reflejo en el nuevo Congreso bicameral. Si el mapa preliminar que hoy muestran los resultados se confirma, el próximo Parlamento estará compuesto por varias fuerzas relevantes y ninguna de ellas tendrá mayoría propia en ambas cámaras. Esa ausencia de hegemonía puede ser el preámbulo de un nuevo ciclo de bloqueo; pero también puede convertirse, por primera vez en mucho tiempo, en una pedagogía de los límites.

Ese punto importa más de lo que parece. Con la bicameralidad restablecida, la Cámara de Diputados concentrará la iniciativa legislativa y el control político, mientras el Senado revisará los proyectos aprobados y asumirá atribuciones especialmente sensibles, entre ellas decisiones sobre altos funcionarios del Estado. La propia observación europea ha llamado la atención sobre el peso institucional que adquiere el futuro Senado, y desde el Congreso se ha explicado que el nuevo diseño reparte deliberadamente las funciones entre una cámara de impulso político y otra de revisión y equilibrio. En teoría, eso puede ralentizar el decisionismo y contener la improvisación; en la práctica, todo dependerá de si las bancadas entienden que revisar no es sabotear y controlar no es dinamitar. 

A partir de ahí, el horizonte del próximo quinquenio se vuelve menos épico y más parlamentario. Gane quien gane la segunda vuelta, el nuevo presidente no contará con un cheque en blanco. Gobernará con un mandato recortado por la aritmética legislativa, por la dispersión del electorado y por una legitimidad de origen necesariamente modesta en un contexto donde ningún liderazgo ha conseguido articular una mayoría social robusta. Dicho sin rodeos: la próxima presidencia será fuerte en simbolismo y débil en instrumentos, salvo que logre construir acuerdos estables. Y eso, en el Perú reciente, equivale a pedir un cambio de cultura política, no solo un cambio de gobierno.

La pregunta de fondo, entonces, no es si tendremos un Ejecutivo cómodo. No lo tendremos. La pregunta es si el Congreso querrá seguir siendo una máquina de desgaste o si entenderá, al fin, que el país ya no soporta otro ciclo de mezquindad institucional. Ser oposición no puede seguir significando sabotear cada iniciativa del Gobierno; y ser oficialismo tampoco puede consistir en exigir obediencia parlamentaria como si el voto presidencial autorizara a ignorar los contrapesos. La fragmentación obliga a otra cosa: a negociar, a ceder, a jerarquizar. Obliga, en suma, a hacer política en serio.

No se trata de un optimismo ingenuo. Nada garantiza por sí solo que el nuevo Parlamento será más sobrio que el anterior. Los incentivos para la estridencia siguen ahí: el cálculo corto, el personalismo, la tentación del espectáculo y la rentabilidad del conflicto. Además, la OEA recordó que la mayoría de las organizaciones políticas eligió sus candidaturas por delegados y que incluso pocos días antes de la elección todavía persistían apelaciones por tachas y exclusiones, síntomas de una estructura partidaria frágil y poco institucionalizada. Ese dato debería prevenirnos contra cualquier idealización del Congreso que viene. Las bancadas pueden ser numerosas en escaños y débiles en cohesión; visibles en campaña y erráticas en el ejercicio del poder.

Y, sin embargo, hay una posibilidad razonable que vale la pena defender. Precisamente porque nadie podrá imponer por sí solo su voluntad, todos estarán más obligados a medir las consecuencias de sus excesos. Precisamente porque el Senado revisará y la Cámara de Diputados fiscalizará, ambos podrían verse empujados a una disciplina institucional mayor que la que conocimos en los últimos años. Precisamente porque la ciudadanía llega exhausta, las fuerzas políticas pagarán un costo más alto si convierten la bicameralidad en una simple duplicación del caos. El nuevo Congreso podría no ser mejor por virtud, pero sí por necesidad. Y a veces, en política, eso basta para empezar a corregir el rumbo.

Nuestro país no necesita en este momento otro salvador, otro redentor u otro caudillo providencial. Necesita dirigentes capaces de comprender que la democracia no consiste en aplastar al adversario, sino en administrar desacuerdos sin destruir las reglas comunes. La elección del 12 de abril fue confusa, áspera y, por momentos, exasperante. Pero también puede dejar una enseñanza útil: después de tantos años de polarización estéril, quizá el país solo pueda avanzar si aprende a gobernarse desde la contención.

Ese es, al final, el desafío real del tiempo que viene. No únicamente elegir a un presidente, sino obligar al sistema político a madurar. El próximo Congreso puede ser un factor de chantaje o un espacio de corrección; una trinchera de revanchas o un taller de acuerdos imperfectos pero indispensables. Vale esperar, sí, un Parlamento más reflexivo y más respetuoso de las instituciones. No porque el Perú haya resuelto de pronto sus viejos vicios, sino porque la nueva correlación de fuerzas tal vez no deje otra salida honorable. Y acaso esa sea la mejor noticia posible en medio de tanta incertidumbre: que, por una vez, la política se vea forzada a comportarse como política y no como demolición.

Entre promesas y responsabilidades

Por Wens Silvestre

En la recta final de las elecciones generales de 2026, nuestro país no solo enfrenta una competencia entre candidatos; enfrenta, sobre todo, una prueba de madurez cívica. Los últimos sondeos difundidos el 5 de abril, antes del inicio del silencio electoral, mostraron un escenario fragmentado: Keiko Fujimori aparece al frente, pero sin opción de cerrar la elección en primera vuelta, mientras el segundo lugar sigue disputado y el resto del pelotón permanece comprimido en márgenes estrechos. Reuters resumió esa fotografía con claridad: liderato relativamente estable en la punta, alta dispersión debajo de ella y una segunda vuelta prácticamente instalada como horizonte.

Ese dato, sin embargo, no es lo más importante. Lo verdaderamente decisivo no es solo quién encabeza una encuesta, sino qué le está ofreciendo al país y con qué seriedad lo hace. El problema de esta campaña no ha sido la falta de propuestas; ha sido, más bien, la abundancia de ofertas acompañadas por una insuficiente explicación del cómo. En muchos casos, el discurso electoral ha preferido la consigna a la política pública, la frase efectista al diseño institucional, la indignación al método. Y allí radica uno de los mayores riesgos de esta elección: que la ciudadanía termine premiando la promesa más sonora, no la propuesta más viable. 

Al revisar los planes de gobierno oficialmente presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones, conviene recordar algo elemental que a veces se pierde entre mítines, TikToks y debates crispados: el plan de gobierno no es un adorno burocrático ni un simple requisito de inscripción. El propio JNE lo define como el documento que contiene el diagnóstico, los objetivos, lineamientos, acciones, estrategias y metas de una organización política; además, subraya que debe servir como parámetro para un voto informado y como referencia para la rendición de cuentas al final del mandato. Más aún, el marco actual exige un contenido mínimo, prioriza claridad y previsión, y prohíbe modificar el plan con posterioridad a su presentación.

Por eso, la pregunta correcta no es si una propuesta emociona, sino si resiste cuatro pruebas básicas. Primero, si identifica con seriedad un problema real del país. Segundo, si explica con qué instrumentos lo enfrentará. Tercero, si deja entrever de dónde saldrán los recursos y qué costos implicará. Y cuarto, si muestra alguna viabilidad política, jurídica y administrativa. Cuando una candidatura falla en una o varias de esas condiciones, lo que queda ya no es una política pública en sentido estricto, sino una oferta de campaña desnuda: vistosa, quizás seductora, pero débil frente a la realidad.

En ese examen, las candidaturas mejor posicionadas han mostrado diferencias marcadas. Algunas sí presentan una arquitectura relativamente consistente: objetivos, estrategias, metas, cronogramas, instrumentos de gestión, referencias a inversión, simplificación, digitalización, formalización o reformas sectoriales. Otras, en cambio, descansan más en la figura del líder, en la idea del golpe de autoridad, en la promesa de mano dura, en el voluntarismo o en la ilusión de que basta la voluntad presidencial para doblegar inercias históricas del Estado peruano. Hay también candidaturas cuyo relato es ideológicamente coherente, pero cuya ejecución dependería de rupturas constitucionales, mayorías improbables o transformaciones institucionales de muy baja factibilidad inmediata. En todos esos casos, la distancia entre prometer y gobernar sigue siendo inmensa.

Ese es, quizás, el rasgo más revelador del proceso electoral actual. No estamos ante una campaña pobre en imaginación, sino ante una campaña donde con frecuencia el “qué” avanza muy por delante del “cómo”. Se promete seguridad sin reforma policial y fiscal precisa; crecimiento sin detallar motores reales de productividad; empleo sin explicar condiciones de inversión; lucha anticorrupción sin rediseño institucional convincente; más Estado o menos Estado sin aclarar capacidad operativa, gradualidad ni costos de transición. En otras palabras, la política vuelve a ofrecer resultados como si estos pudieran decretarse, cuando en realidad todo cambio serio exige secuencia, financiamiento, cuadros técnicos, coordinación intergubernamental y tiempo.

La dispersión que muestran los sondeos también dice mucho sobre la calidad de nuestra vida pública. Con 35 candidaturas presidenciales registradas, un liderazgo parcial en la cima y una fuerte disputa por los siguientes lugares, el país llega a la elección en medio de una oferta sobrepoblada y una ciudadanía todavía desconfiada. No es extraño, entonces, que proliferen las promesas maximalistas: cuando el sistema está fragmentado, cada candidatura siente la tentación de sobresalir no por la solidez de su programa, sino por la espectacularidad de su oferta. La inflación de promesas se convierte así en un síntoma de precariedad política.

Pero sería un error cargar toda la responsabilidad sobre los candidatos. También el ciudadano tiene una tarea que no puede delegar. Votar no consiste únicamente en escoger un nombre o rechazar otro; consiste en asumir, con la mayor lucidez posible, las consecuencias de esa decisión. La democracia no termina cuando se deposita la cédula en el ánfora. Allí, en rigor, comienza la parte más difícil: vigilar, exigir, comparar, recordar y reclamar. Si el plan de gobierno es la hoja de ruta ofrecida para conquistar el poder, entonces debe convertirse también en el primer documento que la ciudadanía use para supervisar al poder.

Por eso, el llamado que hoy merece hacerse no es a votar por tal o cual candidatura, sino a votar con conciencia de que ninguna oferta debe ser recibida como un acto de fe. El elector no es un espectador de feria ni un consumidor pasivo de eslóganes. Es un mandante temporal del poder político. Y quien manda, en democracia, tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir cumplimiento. Exigir que el candidato ganador honre lo que prometió. Exigir que gobierne con arreglo a su programa. Exigir que, si las circunstancias nacionales obligan a corregir, reordenar o priorizar de otro modo, no lo haga con arbitrariedad ni oportunismo, sino con explicación técnica, transparencia pública y responsabilidad frente al país.

Porque sí: gobernar también puede exigir ajustes. La realidad suele golpear más fuerte que la retórica de campaña, y el interés nacional no siempre coincide milimétricamente con el papel inscrito meses antes. Pero esa necesaria flexibilidad no puede ser una licencia para la traición programática. Si un gobierno se aparta de su hoja de ruta, debe justificarlo; si cambia prioridades, debe explicarlas; si abandona una promesa, debe responder por ello. La responsabilidad democrática no consiste en petrificar un documento, sino en impedir que el mandato popular sea usado como cheque en blanco.

En tiempos de ofertas desbordadas, el mejor antídoto no es el cinismo, sino la vigilancia ciudadana. El Perú no necesita electores fascinados por el milagro verbal de la campaña; necesita ciudadanos serenos, críticos y responsables, capaces de distinguir entre una propuesta pensada para gobernar y una promesa fabricada solo para seducir. Ese discernimiento no garantiza por sí solo un buen gobierno, pero sí reduce la probabilidad de un nuevo desencanto.

Al final, cada ciudadano es libre de elegir según su conciencia, su experiencia, sus convicciones y su esperanza. Esa libertad debe ser respetada siempre. Pero justamente porque el voto es libre, también debe ser responsable. Y un voto responsable no solo escoge: recuerda. No solo decide: vigila. No solo otorga poder: exige resultados. En una democracia fatigada como la nuestra, tal vez esa sea la forma más seria de defender el futuro del país.

El precio invisible del poder

Por Wens Silvestre

El verdadero costo de un liderazgo político no se mide únicamente en indicadores económicos o en éxitos diplomáticos, sino en la calidad del tejido social, en la solidez de las instituciones y, sobre todo, en la relación que una sociedad mantiene con la verdad y con su propia dignidad. En este sentido, las trayectorias de Vladimir Putin y Donald Trump permiten observar, desde contextos distintos, un fenómeno común: cuando el poder se ejerce como confrontación permanente y como afirmación personalista, el precio termina siendo asumido por la ciudadanía en dimensiones que van mucho más allá de lo visible. 

En primer lugar, ambos liderazgos han contribuido a erosionar el valor de la verdad como fundamento de la vida pública. En Rusia, esta erosión adopta la forma de una narrativa oficial que reconfigura la historia, redefine los hechos y limita el espacio de interpretación alternativa. En Estados Unidos, bajo Trump, el fenómeno ha sido distinto pero convergente: no se ha impuesto una única versión de la realidad, sino que se ha debilitado la idea misma de que la realidad pueda ser verificada de manera común. Así, la política deja de ser un terreno de debate informado y se convierte en una disputa de percepciones, donde la repetición y la intensidad pesan más que la evidencia. En consecuencia, la sociedad pierde un punto de referencia compartido, y sin ese punto de referencia, la deliberación democrática se vuelve frágil, volátil y profundamente polarizada.

Por otro lado, el trato hacia las instituciones revela una diferencia de grado, pero no de dirección. Putin ha consolidado un sistema en el que las instituciones han sido progresivamente subordinadas al poder central, reduciendo al mínimo los contrapesos efectivos. En cambio, Trump ha operado dentro de un sistema que aún conserva mecanismos de resistencia, pero ha tensionado esos límites de manera constante, cuestionando la legitimidad de tribunales, medios y procesos electorales cuando estos no le resultaban favorables. En ambos casos, el mensaje que se transmite a la sociedad es inquietante: las reglas dejan de ser un marco estable y pasan a ser obstáculos contingentes que pueden ser ignorados o reinterpretados según la conveniencia del líder. Con el tiempo, esta lógica no solo debilita a las instituciones, sino que erosiona la confianza ciudadana en ellas, generando un círculo vicioso de deslegitimación.

Asimismo, la política entendida como confrontación permanente tiene consecuencias humanas concretas. En el caso ruso, esto se manifiesta de forma directa en conflictos armados, represión interna y persecución de la disidencia. En el caso estadounidense, el impacto se expresa más en el plano simbólico y administrativo, aunque no por ello resulta menor: políticas migratorias restrictivas, discursos que normalizan la exclusión y decisiones internacionales que priorizan la fuerza sobre la negociación. En ambos contextos, se instala una lógica en la que el sufrimiento ajeno se vuelve secundario frente a la demostración de poder. De este modo, la empatía deja de ser un valor político relevante y es reemplazada por la eficacia del castigo o la contundencia de la acción.

De igual manera, la construcción del enemigo como herramienta política ha fragmentado profundamente a ambas sociedades. Putin ha recurrido a una narrativa en la que Rusia aparece permanentemente amenazada por fuerzas externas e internas, lo que justifica tanto la cohesión forzada como la represión. Trump, por su parte, ha movilizado antagonismos internos y externos con una intensidad inusual, señalando a migrantes, opositores y élites como responsables de los problemas nacionales. Aunque los contextos difieren, el resultado converge: la sociedad deja de percibirse como comunidad y comienza a organizarse en torno a identidades enfrentadas. En ese escenario, la política deja de ser un espacio de negociación y se convierte en un campo de batalla simbólico donde el adversario no es un interlocutor, sino un enemigo a derrotar.

El costo más profundo es de carácter moral. Tanto en Rusia como en Estados Unidos, estos liderazgos han contribuido a normalizar prácticas que antes habrían generado un rechazo más amplio: la mentira reiterada, la descalificación del adversario, la deshumanización de determinados grupos y la justificación del daño como instrumento político legítimo. Lo preocupante no es solo que estas prácticas existan, sino que progresivamente dejen de escandalizar. Cuando una sociedad se acostumbra a este tipo de dinámicas, no solo cambia su sistema político, sino también su horizonte ético.

A este panorama se suma un elemento que amplifica de manera decisiva el costo global de estos liderazgos: sus decisiones bélicas, marcadas por una lógica de fuerza y cálculo político inmediato, no se limitan a afectar a las poblaciones directamente involucradas, sino que irradian consecuencias hacia todo el sistema internacional. Las guerras impulsadas o escaladas bajo Vladimir Putin y Donald Trump generan efectos en cadena que trascienden fronteras: encarecimiento de alimentos y energía, disrupción de cadenas de suministro, incremento del gasto militar en detrimento de políticas sociales, crisis migratorias y un deterioro ambiental acelerado producto de la destrucción de infraestructuras y ecosistemas. De este modo, la guerra deja de ser un fenómeno localizado y se convierte en un multiplicador de desigualdades y vulnerabilidades a escala global, donde incluso sociedades alejadas del conflicto terminan pagando, en inflación, inseguridad y degradación ecológica, el precio de decisiones tomadas bajo una racionalidad de poder que subordina la vida humana y el equilibrio del planeta a objetivos estratégicos de corto plazo.

En definitiva, el problema no radica únicamente en las decisiones concretas de Vladimir Putin o Donald Trump, sino en la forma en que esas decisiones reconfiguran la cultura política de sus países. Rusia ha visto consolidarse un modelo donde la estabilidad se obtiene al precio de la libertad, mientras que Estados Unidos ha experimentado una tensión creciente entre su tradición institucional y una forma de liderazgo que la desafía constantemente. En ambos casos, el saldo no es solo político, sino profundamente social: una ciudadanía más desconfiada, más dividida y, en cierto modo, más habituada a vivir en un entorno donde el poder no se limita, sino que se impone. Y esa es, quizá, la consecuencia más duradera y más difícil de revertir.

Referencias:

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Freedom House. (2025). Russia: Freedom on the Net 2025 country report. https://freedomhouse.org/country/russia/freedom-net/2025

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Putin, V. (2022, February 21). Address by the President of the Russian Federation. President of Russia. https://en.kremlin.ru/events/president/news/67828

Putin, V. (2022, February 24). Address by the President of the Russian Federation. President of Russia. https://en.kremlin.ru/events/president/news/67843

Reuters. (2024, September 28). Trump escalates harsh rhetoric against immigrants, Harris. https://www.reuters.com/world/us/trump-escalates-dark-rhetoric-against-immigrants-harris-2024-09-28/

Reuters. (2024, September 30). Putin promotes Dyumin and younger loyalists to Russia’s politburo. https://www.reuters.com/world/europe/putin-decree-promotes-ally-dyumin-russias-security-council-2024-09-30/

Reuters. (2025, April 22). How Trump moved swiftly to punish perceived foes in first 100 days. https://www.reuters.com/world/us/how-trump-moved-swiftly-punish-perceived-foes-his-first-100-days-2025-04-22/

La Tierra bajo asedio climático

 Por Wens Silvestre

Ya no estamos ante una advertencia abstracta ni ante una disputa semántica entre “cambio climático” y “calentamiento global”. Estamos ante una alteración física del planeta perfectamente medible. La OMM confirmó en marzo de 2026 que 2015–2025 fueron los 11 años más cálidos jamás registrados y que 2025 se ubicó aproximadamente 1,43 °C por encima del promedio de 1850–1900. No se trata solo de una curva térmica ascendente: el sistema Tierra está reteniendo más energía, el océano absorbe ese exceso a un costo creciente y los extremos climáticos se vuelven cada vez más disruptivos.

Y, sin embargo, el mundo político actúa como si todavía hubiera tiempo para el cálculo mezquino, la geopolítica fósil y la cobardía diplomática. Esa es la verdadera obscenidad de nuestro tiempo: la ciencia climática ya habló con claridad, pero los centros de poder global siguen respondiendo con silencio, dilación o sabotaje. UNEP advirtió en su Emissions Gap Report 2025 que las nuevas promesas climáticas apenas reducen el calentamiento proyectado y que el G20 concentra cerca del 77% de las emisiones globales, mientras sus miembros ni siquiera están en trayectoria para cumplir de forma colectiva sus propios compromisos para 2030. 

La tragedia no radica solo en que los grandes emisores contaminen mucho; radica en que contaminan, conocen las consecuencias y aun así retrasan la acción. El Global Carbon Budget 2025 proyectó que las emisiones fósiles globales alcanzaron un nuevo récord de 38,1 mil millones de toneladas de CO₂ en 2025. Es decir: incluso después de décadas de cumbres, declaraciones solemnes y metas supuestamente históricas, el metabolismo fósil de la economía mundial sigue expandiéndose.

Aquí conviene nombrar responsabilidades sin eufemismos. China, Estados Unidos, India, la Unión Europea, Rusia e Indonesia figuran entre los mayores emisores actuales de gases de efecto invernadero, y juntos concentran la mayor parte del problema contemporáneo. Pero, en responsabilidad histórica, el peso de Estados Unidos sigue siendo extraordinario: Our World in Data muestra que es el mayor contribuyente acumulado de CO₂ desde el inicio de la industrialización, con aproximadamente una cuarta parte del total histórico. Por eso, cuando una potencia así retrocede, no está cometiendo un simple error de política doméstica: está profundizando una crisis planetaria que ayudó decisivamente a crear.

En ese contexto, el negacionismo climático de Donald Trump no es una excentricidad retórica, sino una forma de irresponsabilidad estructural. En febrero de 2026, la EPA finalizó la rescisión del Endangerment Finding de 2009, la base científica y jurídica que había permitido regular gases de efecto invernadero en vehículos bajo la Clean Air Act. La propia EPA reconoce que, sin ese hallazgo, carece de autoridad estatutaria para fijar esos estándares. Traducido al lenguaje político real: no estamos ante una mera diferencia ideológica, sino ante un intento deliberado de desarmar la capacidad del Estado para actuar frente al calentamiento global.

Pero sería un error confortable reducir el problema a Trump. El negacionismo contemporáneo ya no opera siempre diciendo que el cambio climático no existe. Hoy suele adoptar una forma más sofisticada y, por ello mismo, más peligrosa: acepta el diagnóstico en el discurso, pero protege el petróleo, expande el gas, vacía las regulaciones, aplaza metas exigentes y subordina la transición energética a intereses geoestratégicos inmediatos. Ese negacionismo performativo se expresa tanto en democracias liberales como en petroestados, en potencias militares como en economías emergentes. Es la política del “sí, pero no ahora”; del “sí, pero sin tocar el modelo”; del “sí, pero primero la seguridad energética”, como si pudiera haber seguridad en un planeta climáticamente desestabilizado.

A esta inacción culpable se suma un agravante todavía menos discutido: las guerras recientes no son un fenómeno separado de la crisis climática, sino uno de sus multiplicadores. La guerra destruye ciudades, incendia paisajes, interrumpe redes eléctricas, hunde servicios públicos, multiplica desplazamientos y exige reconstrucciones intensivas en cemento, acero, combustibles y logística. La guerra, en suma, produce muerte inmediata y también emisiones diferidas. Es devastación humanitaria en el presente y devastación climática para el futuro.

El caso de Ucrania es el ejemplo más documentado. La evaluación publicada en febrero de 2026 por la Initiative on Greenhouse Gas Accounting of War y EcoAction estimó que la invasión rusa había generado 311 millones de toneladas de CO₂e entre el 24 de febrero de 2022 y el 23 de febrero de 2026; solo en el cuarto año del conflicto se añadieron 75 millones de toneladas. Esa huella climática es comparable a las emisiones anuales de un país industrializado mediano. No hablamos, entonces, de un daño “colateral”: hablamos de una guerra que también funciona como una máquina de carbono.

La guerra en Gaza ha comenzado a mostrar la misma verdad incómoda. Un estudio publicado en One Earth en 2026 estimó que el conflicto Israel-Gaza acumuló alrededor de 33,2 millones de toneladas de CO₂e al considerar no solo las emisiones directas del combate, sino también actividades previas y posteriores, incluida la reconstrucción. El propio estudio subraya que la parte visible de la destrucción no agota su costo climático: la guerra sigue emitiendo mucho después del último bombardeo, en cada edificio rehecho, en cada tonelada de escombro removido, en cada red básica reconstruida sobre ruinas.

Eso obliga a una conclusión más severa: las guerras regionales actuales no solo matan personas; también queman futuro climático. En Ucrania, en Gaza y en otras escaladas del Medio Oriente, la lógica militar intensifica la dependencia de combustibles fósiles, normaliza el secreto sobre emisiones militares y desplaza recursos políticos y financieros que deberían dirigirse a la adaptación, la mitigación y la resiliencia social. Cada misil y cada columna de humo son también una negación práctica de la estabilidad planetaria.

Por eso resulta tan hipócrita el lenguaje diplomático de los líderes mundiales. Hablan de transición verde en los foros internacionales, pero toleran una arquitectura internacional en la que las emisiones militares siguen pobremente reportadas, las guerras quedan fuera del centro del debate climático y las grandes potencias continúan tratando la atmósfera como si fuese un vertedero geopolítico. El silencio de los países líderes no es neutralidad: es complicidad. Cuando las potencias callan frente a la destrucción bélica y al mismo tiempo incumplen o debilitan sus propios compromisos climáticos, están diciendo con hechos que la habitabilidad de la Tierra vale menos que sus ventajas tácticas de corto plazo.

La cuestión, en el fondo, ya no es científica. La ciencia hizo su trabajo. Sabemos que el calentamiento continúa, que las emisiones siguen en niveles récord, que los grandes emisores concentran la responsabilidad y que las guerras agravan la trayectoria climática. La cuestión es moral y política: qué clase de civilización conoce el daño que está infligiendo y aun así persevera en él.

Lo más peligroso de esta época no es solo la acumulación de CO₂ en la atmósfera. Es la acumulación de cinismo en el poder. Porque mientras la física del planeta se vuelve más inestable, la política global se vuelve más indiferente. Y cuando la indiferencia de las potencias se combina con el negacionismo, el militarismo y la adicción fósil, la crisis climática deja de ser un accidente histórico para convertirse en una forma de barbarie administrada.

La historia juzgará con dureza a esta generación de líderes. No porque ignorara la evidencia, sino porque la tuvo delante y eligió mirar hacia otro lado. Y quizá ese sea el dato más perturbador de todos: la vida en la Tierra no está en riesgo por falta de conocimiento, sino por falta de coraje.

 

Referencias

Climate Action Tracker. (2025). USA: Policies & action. https://climateactiontracker.org/countries/usa/policies-action/ 

Climate Action Tracker. (2025). USA. https://climateactiontracker.org/countries/usa/

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Conflict and Environment Observatory. (2025). Military emissions. https://ceobs.org/projects/military-emissions/

EcoAction, & Initiative on GHG Accounting of War. (2026, February). Climate damage caused by Russia’s war in Ukraine: 24 February 2022–23 February 2026. https://en.ecoaction.org.ua/wp-content/uploads/2026/02/Climate-Damage-Caused-by-War-48-months_ENs.pdf

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Global Carbon Project. (2025, November 13). Fossil fuel CO₂ emissions hit record high in 2025. https://globalcarbonbudget.org/fossil-fuel-co2-emissions-hit-record-high-in-2025/

International Energy Agency. (2025, October 22). Greenhouse gas emissions from energy data explorer. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer

National Aeronautics and Space Administration. (2026, January 15). NASA releases global temperature data. https://www.nasa.gov/news-release/nasa-releases-global-temperature-data/

Neimark, B., Otu-Larbi, F., Belcher, O., Ashworth, K., Larbi, R., El-Jechi, T., & Ansett, S. (2026). Israel-Gaza conflict carbon emissions exceeded 30 million tons in just 1 year. One Earth. Advance online publication. https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322%2826%2900049-7

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