El Tribunal cerró la puerta cuando el gasto ya estaba dentro

Por Wens Silvestre

La rectificación tardía del artículo 79 y la factura fiscal que heredará el próximo gobierno

Durante varios años, el Congreso peruano encontró una manera aparentemente legal de prometer beneficios, crear obligaciones y ordenar nuevas prestaciones sin asumir la responsabilidad de explicar quién las pagaría. Bastaba con disponer que la medida se ejecutaría en los años siguientes, que se aplicaría “progresivamente”, que estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal o que no demandaría recursos adicionales durante el ejercicio fiscal vigente. La obligación quedaba creada; la factura, en cambio, se enviaba al futuro.

Esa práctica no surgió solamente de la creatividad legislativa. Fue posibilitada por una interpretación del Tribunal Constitucional que redujo la prohibición del artículo 79 de la Constitución al presupuesto del año en curso. Según esa lectura, el congresista no podía crear un desembolso inmediatamente imputable al presupuesto vigente, pero sí podía aprobar una ley que se convirtiera en fuente jurídica de obligaciones estatales para que el Poder Ejecutivo incorporara posteriormente las partidas necesarias. La diferencia entre “gasto público actual” y “obligación futura” terminó convirtiéndose en una ventana constitucional por la que ingresaron compromisos permanentes, muchas veces sin financiamiento, evaluación técnica ni jerarquización de prioridades.

La Sentencia 158/2026, recaída en el Expediente 00018-2023-PI/TC, ha decidido finalmente cerrar esa ventana. El Tribunal se aparta expresamente de la posición adoptada en el Expediente 00018-2021-PI/TC y establece que los congresistas no tienen iniciativa para incrementar gastos que afecten el presupuesto anual ni aquellos que impacten en el futuro. Es un cambio jurisprudencial explícito, calificado por el propio Tribunal como overruling.

La corrección es jurídicamente necesaria. Pero llega cuando la caja fiscal ya está llena de pagarés políticos. 

La Constitución no prohibía solamente gastar este año

El artículo 79 es categórico: los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo respecto de su propio presupuesto. Su texto no dice “durante el año fiscal vigente”, “con cargo al presupuesto actual” ni “si el desembolso es inmediato”. Esa limitación temporal fue introducida por la interpretación jurisprudencial, no por la Constitución.

Además, el artículo 79 no puede leerse como una isla. Forma parte de una Constitución presupuestaria en la que el artículo 77 dispone que la administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto anual y que los recursos deben asignarse equitativamente, atendiendo criterios de eficiencia y necesidades sociales básicas. El artículo 78 exige que el proyecto presupuestal esté efectivamente equilibrado. Y el artículo 118, inciso 17, atribuye al presidente de la República la administración de la hacienda pública.

Leídos sistemáticamente, estos artículos distribuyen responsabilidades. El Congreso delibera, representa, fiscaliza y aprueba el presupuesto, pero el Ejecutivo formula la política fiscal, administra el tesoro, proyecta ingresos, programa gastos y responde por el equilibrio financiero. Permitir que ciento treinta congresistas creen unilateralmente obligaciones futuras equivale a fragmentar la conducción fiscal entre múltiples centros de decisión que pueden prometer beneficios sin cargar directamente con el costo político de financiarlos.

El problema, por tanto, nunca fue únicamente contable. Fue también un problema de separación de poderes y de responsabilidad democrática. Quien aprueba un derecho económico permanente debe explicar qué ingreso permanente lo financiará, qué gasto será desplazado y qué efectos producirá sobre las siguientes generaciones. Prometer sin financiar no constituye necesariamente generosidad social: con frecuencia es una forma de trasladar el costo de la popularidad presente al contribuyente futuro.

La doctrina de la obligación futura

La anterior jurisprudencia sostuvo que una ley de iniciativa congresal no vulneraba el artículo 79 mientras no produjera un gasto inmediatamente imputable a la Ley de Presupuesto vigente. También admitió que la ley podía constituirse en fuente jurídica de obligaciones que el Ejecutivo tendría que presupuestar posteriormente. Esa doctrina apareció en diversos pronunciamientos sobre negociación colectiva, salud pública, incorporación de personal y otras materias.

En términos formales, el Congreso no abría la caja fiscal durante el año corriente. En términos materiales, dejaba al Ejecutivo tres alternativas para los años siguientes: aumentar los ingresos, endeudarse o reducir otras partidas. La ley podía no ejecutar el gasto hoy, pero restringía la libertad presupuestaria de mañana.

La distinción era especialmente problemática porque las obligaciones permanentes no desaparecen al terminar un ejercicio fiscal. Remuneraciones, pensiones, bonificaciones, incorporaciones laborales, transferencias automáticas y beneficios tributarios condicionan todos los presupuestos posteriores. Una ley que crea una pensión vitalicia puede no alterar el presupuesto del día de su promulgación, pero compromete recursos durante décadas. Sostener que no existe iniciativa de gasto porque el primer pago se producirá después equivale a confundir la fecha de vencimiento de la factura con el momento en que se contrajo la obligación.

El nuevo Tribunal reconoce esa insuficiencia. Su sentencia señala que la sostenibilidad financiera no puede reducirse al impacto sobre el presupuesto vigente, sino que debe abarcar la planificación multianual. De este modo, recupera una idea elemental: el equilibrio presupuestario no consiste únicamente en hacer cuadrar las cuentas de diciembre, sino en preservar la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones de manera continua.

Doscientas cincuenta y ocho leyes después

La magnitud del problema ya no permite tratarlo como una controversia académica. En su pronunciamiento de julio de 2026, el Consejo Fiscal identificó 258 leyes aprobadas entre 2021 y 2026 que incrementan el gasto público. Considerando solamente 48 leyes aprobadas desde septiembre de 2025, calculó un costo fiscal permanente de S/23.300 millones anuales, equivalente al 1,9 % del producto bruto interno. Otras tres leyes representarían un costo acumulado de S/82.300 millones.

El deterioro venía siendo advertido. En octubre de 2025, el Consejo Fiscal había contabilizado 229 leyes con impacto fiscal adverso, entre ellas normas que aumentaban el gasto, reducían ingresos o introducían rigideces en las finanzas públicas. Ciento una habían sido promulgadas por insistencia del Congreso y su costo anual conjunto superaba los S/36.000 millones.

En marzo de 2026, el mismo organismo estimó que las medidas aprobadas durante las primeras sesiones legislativas del año generaban por sí solas al menos S/11.400 millones de gasto permanente anual. Esa suma equivalía a varias veces el presupuesto de programas como Pensión 65, becas educativas, alimentación escolar o lucha contra la desnutrición infantil. El Consejo Fiscal no cuestionaba que pudieran existir necesidades legítimas detrás de esas leyes; advertía que cada sol asignado sin evaluación ni financiamiento tiene un costo de oportunidad sobre otras necesidades igualmente legítimas.

La caja pública no es infinita y tampoco se renueva por mandato legislativo. En 2025, el déficit fiscal fue de 2,2 % del PBI, mientras que las reglas fiscales fueron incumplidas sucesivamente en 2023, 2024 y 2025. Al cierre de 2025, los activos financieros del sector público no financiero se encontraban en un mínimo histórico de 7,4 % del PBI; apenas alrededor de 2,5 % correspondía a recursos disponibles para el Tesoro, incluyendo el Fondo de Estabilización Fiscal. El Estado, por tanto, enfrenta mayores compromisos con menores colchones para responder a una crisis.

Los ejercicios prospectivos son todavía más preocupantes. El Consejo Fiscal calculó en 2025 que la implementación de 21 leyes cuyo impacto había podido cuantificarse elevaría el déficit promedio a 3,2 % del PBI entre 2026 y 2036 y llevaría la deuda pública aproximadamente al 47 % del PBI en 2036. Si además se aprobaran 53 iniciativas entonces en trámite, el déficit promedio alcanzaría 5,8 % del PBI y la deuda podría llegar a 69,8 % del PBI en 2036. Incluso bajo escenarios alternativos más favorables, la trayectoria de la deuda continuaba siendo ascendente.

Estas cifras no constituyen una predicción inevitable. Son escenarios condicionados a la implementación de las medidas analizadas y a determinados supuestos macroeconómicos. Sin embargo, muestran la dirección del riesgo: la acumulación de obligaciones permanentes sin ingresos permanentes vuelve incompatible el gasto legalmente prometido con la estabilidad fiscal.

La responsabilidad no pertenece únicamente al Congreso

Sería cómodo atribuir todo el daño al Parlamento. También sería incompleto.

El Congreso tiene la responsabilidad principal por haber convertido la legislación en un mecanismo de distribución de beneficios sin evaluación rigurosa de su financiamiento. En numerosos casos ignoró las observaciones técnicas, aprobó normas por insistencia y utilizó fórmulas como “sin demandar recursos adicionales” o “con cargo al presupuesto institucional” para ocultar que una obligación real no deja de costar por el simple hecho de negar su costo en una disposición legal.

Pero el Poder Ejecutivo tampoco puede presentarse como un espectador impotente. El Consejo Fiscal reveló que, pese al elevado número de leyes que generaban gasto permanente, desde 2021 solo se habían presentado tres demandas de inconstitucionalidad hasta octubre de 2025. Muchas normas fueron promulgadas sin observación presidencial o no fueron impugnadas oportunamente ante el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo tenía el deber de observar las autógrafas, sustentar públicamente sus costos, acudir al control constitucional y transparentar su impacto en el Marco Macroeconómico Multianual y en los proyectos de presupuesto. Su pasividad, y en algunos casos su participación en la aprobación o promulgación de medidas fiscalmente costosas, debilitó su propia competencia para administrar la hacienda pública.

El Tribunal Constitucional también debe asumir su cuota de responsabilidad institucional. La interpretación que circunscribió la prohibición del artículo 79 al presupuesto vigente no fue una consecuencia inevitable del texto constitucional. Fue una construcción jurisprudencial que permitió separar artificialmente la creación de la obligación y su ejecución presupuestaria. La nueva sentencia corrige esa doctrina, pero la corrección no borra las consecuencias producidas mientras estuvo vigente.

Estamos, por ello, ante una responsabilidad compartida: un Congreso que prometió, un Ejecutivo que con frecuencia no observó ni demandó y un Tribunal que durante años proporcionó una interpretación favorable a las obligaciones diferidas.

Una rectificación que no limpia el pasado

La nueva sentencia establece como regla vinculante la preeminencia del Poder Ejecutivo en materia de iniciativa de gasto. También dispone que los proyectos congresales con impacto económico excepcionalmente admisibles deben coordinarse con el Ejecutivo, identificar expresamente una fuente de financiamiento —mediante nuevos ingresos o reasignaciones—, contar con un informe previo de sostenibilidad fiscal y programar progresivamente su ejecución con intervención del Ministerio de Economía y Finanzas.

No se trata, en consecuencia, de prohibir toda iniciativa parlamentaria relacionada con derechos sociales. El Tribunal admite un espacio excepcional, pero lo somete a responsabilidad financiera y cooperación entre poderes. Esta precisión es fundamental: la sostenibilidad fiscal no debe utilizarse como coartada para desconocer el contenido mínimo de los derechos fundamentales, pero los derechos tampoco pueden convertirse en una coartada para emitir cheques sin fondos.

El aspecto más delicado se encuentra en los efectos temporales del fallo. El Tribunal dispuso que los casos conocidos a partir de la publicación de la sentencia estarán sujetos a los nuevos criterios. No declaró inválidas en bloque las leyes aprobadas bajo la jurisprudencia anterior ni ordenó revisar automáticamente las 258 normas identificadas por el Consejo Fiscal.

Por ello, la rectificación es prospectiva, pero la deuda legislativa es retrospectiva. El nuevo criterio servirá para controlar futuras iniciativas y para resolver nuevas demandas, pero cada ley anterior seguirá produciendo efectos mientras no sea derogada, modificada, interpretada conforme a la Constitución o declarada inconstitucional.

La tarea urgente del próximo gobierno

El Consejo Fiscal ha recomendado expresamente que tanto la administración actual como la siguiente utilicen todas las herramientas institucionales disponibles, incluidas las acciones de inconstitucionalidad contra leyes que afecten la sostenibilidad fiscal y presenten indicios de inconstitucionalidad.

Sin embargo, no bastará con anunciar una ofensiva judicial indiscriminada. No todas las 258 leyes son necesariamente inconstitucionales por el solo hecho de generar gasto. Algunas pueden responder a mandatos constitucionales, contar con financiamiento suficiente o haber sido coordinadas con el Ejecutivo. Otras pueden presentar defectos subsanables. El próximo gobierno deberá realizar un inventario técnico y jurídico, cuantificar los costos efectivamente materializados, identificar las fuentes de financiamiento, determinar el grado de ejecución y priorizar las normas de mayor impacto y más evidente incompatibilidad constitucional.

La urgencia tiene un límite procesal. El Nuevo Código Procesal Constitucional establece que la demanda de inconstitucionalidad debe presentarse dentro de los seis años contados desde el día siguiente de la publicación de la norma. Esto significa que las leyes aprobadas desde 2021 comenzarán a alcanzar progresivamente su fecha de prescripción a partir de 2027. El próximo gobierno no dispondrá de todo el quinquenio para evaluar las primeras normas: deberá actuar desde sus primeros meses.

La estrategia debería combinar control constitucional, propuestas de derogación o modificación, mecanismos de implementación condicionada a disponibilidad financiera real y una reforma del procedimiento legislativo. Ningún dictamen que cree gasto debería llegar al Pleno sin estimación independiente de costos, fuente permanente de financiamiento, opinión fiscal del Ejecutivo y explicación pública del gasto que será desplazado.

También será indispensable transparentar todas las obligaciones en el Marco Macroeconómico Multianual. El Consejo Fiscal ha advertido que las proyecciones oficiales no incorporan de manera clara y completa los compromisos derivados de diversas leyes aprobadas. Ocultar una obligación fuera del presupuesto no la hace desaparecer; solamente posterga el momento en que el desequilibrio se vuelve visible.

Los derechos sociales también necesitan una caja sostenible

Defender la disciplina fiscal no significa defender un Estado indiferente. Significa impedir que los derechos sean degradados a promesas que ningún gobierno podrá cumplir. Una política social sin financiamiento permanente puede producir expectativas legítimas, litigios, obligaciones devengadas y frustración ciudadana, pero no necesariamente servicios públicos sostenibles.

El verdadero conflicto no es entre responsabilidad fiscal y justicia social. Es entre una justicia social financiable, universal y duradera, y una distribución fragmentada de beneficios que favorece a grupos con capacidad de presión mientras desplaza silenciosamente a quienes dependen de programas menos visibles.

Cada sol comprometido en una ley sin financiamiento será pagado mediante mayores impuestos, menor inversión pública, reducción de otros servicios, utilización de ahorros fiscales o incremento de la deuda. La ley puede decidir quién recibe el beneficio, pero no puede abolir el costo.

La Sentencia 158/2026 devuelve al artículo 79 el alcance que nunca debió perder: el Congreso no puede crear gasto presente ni futuro al margen de la conducción fiscal del Ejecutivo. Pero la sentencia llega cuando cientos de normas ya han convertido la excepción en sistema.

El Tribunal ha cerrado finalmente la puerta. El problema es que, mientras estuvo abierta, ingresaron obligaciones suficientes para hipotecar varios presupuestos futuros. Ahora corresponde al próximo gobierno decidir si administra resignadamente esa hipoteca o utiliza, antes de que prescriban los plazos, las herramientas constitucionales para impedir que la irresponsabilidad legislativa de un periodo se transforme en la austeridad forzada de toda una generación

El planeta en retroalimentación: la crisis climática ante la indiferencia del poder

Por Wens Silvestre

Olas de calor marinas, pérdida de biodiversidad, eventos extremos y gobiernos atrapados entre el negacionismo, la guerra y la insuficiencia política.

En la costa peruana, el invierno parece haber empezado a perder su memoria. Allí donde el mar frío solía traer garúa, humedad persistente y temperaturas frescas, hoy aparece un aire templado, casi veraniego, impulsado por aguas anómalamente cálidas. No se trata de una rareza meteorológica ni de una exageración sensorial de quienes viven frente al Pacífico. Boletines recientes del litoral peruano han registrado anomalías positivas de temperatura superficial del mar de hasta +7 °C frente a la costa norte, junto con anomalías del nivel del mar superiores a +20 cm en varias zonas. Además, SENAMHI ha reportado olas de calor diurnas y nocturnas en Lima Metropolitana, con días y noches muy cálidos fuera de lo habitual para la estación.

Esta imagen resulta poderosa porque resume una transformación mayor: el océano, que durante siglos funcionó como regulador silencioso del clima costero, empieza a devolver el exceso de energía acumulado por un planeta alterado. Lo que ocurre frente al Perú dialoga con las olas de calor en Europa, con los corales blanqueados, con las sequías amazónicas, con los incendios, con la irregularidad de los friajes y con un El Niño 2026–2027 que amenaza con actuar sobre un sistema climático ya sobrecargado. NOAA informó en junio de 2026 que las condiciones de El Niño están presentes y se espera que se fortalezcan hacia el invierno boreal 2026–2027; la OMM, por su parte, advirtió una alta probabilidad de continuidad del evento al menos hasta noviembre de 2026. 

Por ello, el problema ya no puede describirse como una suma de anomalías aisladas. La crisis climática ha entrado en una fase de retroalimentaciones visibles: el mar caliente eleva la temperatura del aire costero; el aire caliente reduce el alivio nocturno; los suelos secos intensifican las olas de calor; los incendios liberan carbono; la pérdida de bosques disminuye la capacidad de capturar humedad y CO₂; y los océanos cálidos blanquean corales, desplazan peces y alteran redes tróficas. En consecuencia, el sistema climático se ha vuelto más energético, más acoplado y menos estable.

La Organización Meteorológica Mundial confirmó que el periodo 2015–2025 reúne los once años más cálidos registrados, y que 2025 fue uno de los tres años más cálidos desde que existen registros instrumentales modernos, con una temperatura global aproximada de 1,44 °C por encima del promedio preindustrial. Sin embargo, este dato no es una abstracción estadística: es el telón de fondo de cada ola de calor, de cada océano anómalamente cálido, de cada noche que deja de refrescar, de cada cultivo que pierde rendimiento y de cada especie empujada fuera de su rango ecológico. La crisis climática ya no es solo un aumento gradual de temperatura; es, sobre todo, una crisis de habitabilidad.

Durante mucho tiempo, el océano absorbió gran parte del exceso de calor generado por las emisiones humanas. Esa absorción hizo que el calentamiento atmosférico fuera menos abrupto de lo que habría sido en un planeta sin mares. No obstante, esa función amortiguadora tiene un costo: el océano se calienta, se expande, se acidifica, pierde oxígeno y produce olas de calor marinas cada vez más intensas.

En zonas de surgencia como la costa peruana, estas olas de calor marinas no son simples episodios de agua tibia. Alteran la arquitectura climática inmediata. Si el mar que debía enfriar la capa baja de la atmósfera se calienta, cambian la nubosidad, la garúa, la humedad relativa, la temperatura nocturna y la sensación térmica. Así, el invierno costero se vuelve ambiguo: ni plenamente frío ni plenamente seco, sino desordenado. Es la señal local de un desequilibrio planetario.

Mientras tanto, en otros mares, el efecto es ecológico antes que atmosférico. NOAA informó que el cuarto evento global de blanqueamiento coralino, desarrollado entre 2023 y mediados de 2025, afectó por estrés térmico a cerca del 84 % del área mundial de arrecifes y documentó blanqueamiento masivo en al menos 83 países y territorios. Ese dato debería estremecer más que cualquier declaración diplomática, porque los corales no son ornamentos submarinos: son infraestructura viva. Sostienen biodiversidad, pesca, turismo, protección costera y alimentación para millones de personas.

Cuando un arrecife colapsa, no desaparece solo un paisaje submarino. Se pierde refugio para peces juveniles, se debilitan cadenas alimentarias, se expone la costa al oleaje y se empobrece la economía de comunidades que no causaron la crisis. Por tanto, la pérdida de biodiversidad no es un capítulo sentimental del cambio climático; es la destrucción de los sistemas que permiten que la vida se recupere después del golpe.

La modernidad política ha tratado la biodiversidad como un lujo: algo valioso, sí, pero secundario frente a la economía, la energía o la seguridad. Esa mirada es científicamente equivocada. Bosques, humedales, manglares, arrecifes, pastos marinos, suelos vivos, glaciares y redes de especies forman parte de la infraestructura que mantiene condiciones habitables. El IPCC ha señalado que el cambio climático ya produce impactos adversos y pérdidas en la naturaleza y en las personas, y que los ecosistemas sostienen medios de vida y servicios esenciales, aunque también tienen límites de adaptación. En otras palabras, la naturaleza no es un escenario sobre el que ocurre la economía humana: es la base material que la hace posible.

De ahí que la pérdida de biodiversidad agrave la crisis climática. Menos bosque significa menos evapotranspiración, menos reciclaje de humedad, menos sombra y menos carbono almacenado. Menos manglar significa más vulnerabilidad costera. Menos corales significa menos pesca y menos protección natural ante tormentas. Menos insectos, aves y anfibios significa redes ecológicas más frágiles. Así, la crisis climática empuja a la biodiversidad hacia el límite; y la pérdida de biodiversidad, a su vez, reduce la capacidad del planeta para amortiguar la crisis.

Esa es la retroalimentación que los discursos oficiales suelen suavizar: no estamos dañando “el ambiente” como si fuera una entidad externa. Estamos desmantelando los mecanismos vivos que hacen posible la agricultura, el agua, la pesca, la salud y la estabilidad social.

Los impactos sobre la vida humana ya no pertenecen al lenguaje del futuro. Están en el presente: trabajadores expuestos al sol, pescadores que encuentran especies desplazadas, agricultores que enfrentan lluvias erráticas, ciudades que consumen más electricidad para enfriar viviendas mal diseñadas, familias que pagan alimentos más caros por sequías o inundaciones, niños y ancianos que atraviesan noches sin alivio térmico. Además, una ola de calor no mata solo por alcanzar una temperatura máxima. Mata por duración, humedad, falta de sombra, precariedad urbana, pobreza energética y ausencia de descanso nocturno. Del mismo modo, una sequía no destruye solo cultivos; destruye ingresos, endeuda familias, aumenta precios y puede empujar migraciones.

Por eso la crisis climática es profundamente desigual. Quienes menos han contribuido al calentamiento suelen ser quienes más expuestos están a sus impactos. El IPCC ha subrayado que las comunidades vulnerables, históricamente menos responsables de las emisiones actuales, son afectadas de forma desproporcionada por los daños climáticos. Esa desigualdad convierte la crisis climática en una cuestión ética y política, no solo ambiental.

Ante esta realidad, la respuesta de los gobiernos sigue siendo insuficiente. No porque no exista ninguna política climática: hay leyes, planes de adaptación, inversiones renovables, mercados de carbono, compromisos nacionales y estrategias de resiliencia. Sería falso afirmar que todos los gobiernos son negacionistas. El problema es más grave: muchos aceptan la ciencia, pronuncian discursos correctos y aun así actúan por debajo de la escala del peligro.

UNEP estima que, con las políticas actuales, el mundo se encamina a aproximadamente 2,8 °C de calentamiento este siglo; incluso con la plena implementación de las contribuciones nacionales determinadas, la proyección se mantiene en torno a 2,3–2,5 °C, lejos del objetivo de París. A la vez, la brecha de adaptación es escandalosa: los países en desarrollo necesitarán entre 310 000 y 365 000 millones de dólares anuales hacia 2035, pero en 2023 recibieron apenas 26 000 millones en financiamiento público internacional para adaptación. La conclusión es incómoda: el mundo no está fallando por falta de información, sino por prioridades políticas.

Donald Trump representa la expresión más abierta de esa regresión. Su administración inició la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París y la EPA anunció en 2026 la eliminación del Endangerment Finding de 2009, base jurídica clave para regular gases de efecto invernadero bajo la Ley de Aire Limpio. No se trata de mera indiferencia, sino de una política activa de desregulación, nacionalismo fósil y hostilidad hacia la ciencia climática. Pero sería cómodo culpar solo a Trump. La irresponsabilidad climática contemporánea no es únicamente el negacionismo explícito. También es la aceptación retórica de la emergencia combinada con subsidios fósiles, expansión extractiva, adaptación subfinanciada, urbanismo vulnerable y diplomacia climática sin dientes.

A esto se suma que la agenda de las guerras ha eclipsado la agenda climática en buena parte del mundo. No porque la haya eliminado, sino porque la ha subordinado. La seguridad energética, el rearme, la competencia geopolítica y el control de recursos vuelven a ocupar el centro del cálculo estatal. SIPRI informó que el gasto militar mundial alcanzó 2,887 billones de dólares en 2025, el undécimo año consecutivo de aumento. La comparación con el financiamiento climático es moralmente brutal: mientras la adaptación para los países vulnerables recibe apenas una fracción de lo necesario, el mundo encuentra recursos gigantescos para prepararse para guerras, sostener conflictos o ampliar arsenales.

No se trata de negar amenazas geopolíticas reales. Se trata de advertir una contradicción histórica: los Estados invierten con rapidez cuando perciben un enemigo armado, pero actúan con lentitud ante una amenaza climática que ya destruye hogares, cosechas, arrecifes, glaciares, vidas y economías. La física del clima no espera a que terminen las guerras. La atmósfera no suspende su acumulación de CO₂ por razones diplomáticas.

La ciencia ha cumplido con una claridad notable. Ha descrito los mecanismos, reducido incertidumbres, advertido riesgos, identificado trayectorias y mostrado alternativas. En consecuencia, el fracaso principal no está en el conocimiento; está en la voluntad. La crisis climática no exige solamente mejores tecnologías, aunque las necesita. Exige otra jerarquía de prioridades. Exige entender que la economía no puede prosperar sobre ecosistemas colapsados; que la seguridad nacional pierde sentido en territorios inhabitables; que el crecimiento pierde legitimidad cuando destruye las condiciones básicas de la vida; y que la adaptación no puede ser privilegio de países ricos y barrios acomodados.

La Tierra ya no envía advertencias discretas. Responde con retroalimentaciones: mares que calientan costas, bosques que pierden humedad, hielos que dejan de reflejar luz, corales que blanquean, ciudades que acumulan calor, alimentos que encarecen, enfermedades que se expanden y especies que desaparecen.

El drama político de nuestro tiempo no consiste en que no sepamos lo que ocurre. Consiste en que lo sabemos y aun así seguimos negociando con la física: aplazando la adaptación, financiando combustibles fósiles, militarizando presupuestos y tratando la biodiversidad como un adorno prescindible. La crisis climática no es el fin abstracto del mundo. Es algo más concreto y más difícil de enfrentar: el deterioro progresivo de las condiciones que hacen posible una vida digna, diversa y estable en la Tierra. Frente a eso, la indiferencia política no es neutralidad. Es una forma de violencia contra el futuro.

Referencias Bibliográficas

Artículos científicos

Dwyer, A. E., Hurrell, J. W., & Barnes, E. A. (2026). The role of internal variability and external forcing on the emergence of hot and dry compound extremes in the CESM2 large ensemble. Frontiers in Climate, 8, Article 1739394. https://doi.org/10.3389/fclim.2026.1739394

Emerton, R., Nicolas, J., Lombardi, A., & Pappenberger, F. (2026). Global heat stress intensification and its expanding footprint on the human population. Nature Climate Change. https://doi.org/10.1038/s41558-026-02670-5

Kim, Y.-J., Yeh, S.-W., Wang, G., & Ng, B. (2026). Nonlinear increase of compound drought-heatwave events since the early 2000s. Science Advances, 12(10), Article eaea3038. https://doi.org/10.1126/sciadv.aea3038

Tuckman, P. J., & Yang, D. (2026). The rise and fall of ENSO in a warming world: Insights from a lag-linear model [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.03458

Wernberg, T., Thomsen, M. S., Burrows, M. T., Filbee-Dexter, K., Hobday, A. J., Holbrook, N. J., Montie, S., Moore, P. J., Oliver, E. C. J., Gupta, A. S., Smale, D. A., & Smith, K. (2025). Marine heatwaves as hot spots of climate change and impacts on biodiversity and ecosystem services. Nature Reviews Biodiversity, 1, 1–19. https://doi.org/10.1038/s44358-025-00058-5

Fuentes oficiales y reportes institucionales

Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno “El Niño” [ENFEN]. (2026, 26 de junio). Comunicado oficial ENFEN N.° 12-2026: Estado del sistema de alerta: Alerta de El Niño Costero. https://enfen.imarpe.gob.pe/download/comunicado-oficial-enfen-n-12-2026/

Dirección de Hidrografía y Navegación. (2026, 27 de junio). Boletín diario de las condiciones oceanográficas. Marina de Guerra del Perú. https://www.dhn.mil.pe/app/boletin_diario/index.php?f=2026-06-27

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009325844

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2023). Climate change 2023: Synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

Liang, X., Tian, N., Lopes da Silva, D., Scarazzato, L., Karim, Z. A., & Guiberteau Ricard, J. (2026). Trends in world military expenditure, 2025. Stockholm International Peace Research Institute. https://doi.org/10.55163/ZLHQ1057

National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Prediction Center. (2026, 11 de junio). ENSO diagnostic discussion. National Weather Service. https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/enso_advisory/ensodisc.shtml

National Oceanic and Atmospheric Administration, Coral Reef Watch. (2026). Current global bleaching: Status update and data submission. https://coralreefwatch.noaa.gov/satellite/research/coral_bleaching_report.php

National Oceanic and Atmospheric Administration, National Environmental Satellite, Data, and Information Service. (2026, 2 de junio). World’s fourth mass coral bleaching event likely ended in 2025. https://www.nesdis.noaa.gov/news/worlds-fourth-mass-coral-bleaching-event-likely-ended-2025

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. (2026, 9 de junio). Temperaturas del aire: Lima Metropolitana [Boletín]. Ministerio del Ambiente. https://www.senamhi.gob.pe/load/file/02270SENA-557.pdf

United Nations Environment Programme. (2025). Adaptation gap report 2025: Running on empty. https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2025

United Nations Environment Programme. (2025). Emissions gap report 2025: Off target. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2025

United States Environmental Protection Agency. (2009). Endangerment and cause or contribute findings for greenhouse gases under Section 202(a) of the Clean Air Act. https://www.epa.gov/climate-change/endangerment-and-cause-or-contribute-findings-greenhouse-gases-under-section-202a

United States Environmental Protection Agency. (2026, 18 de febrero). Final rule: Rescission of the greenhouse gas endangerment finding. https://www.epa.gov/regulations-emissions-vehicles-and-engines/final-rule-rescission-greenhouse-gas-endangerment

White House. (2025, 20 de enero). Putting America first in international environmental agreements. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/putting-america-first-in-international-environmental-agreements/

World Meteorological Organization. (2026). State of the global climate 2025. https://wmo.int/publication-series/state-of-global-climate/state-of-global-climate-2025

World Meteorological Organization. (2026, 2 de junio). WMO: Prepare for El Niño. https://wmo.int/news/media-centre/wmo-prepare-el-nino

La inteligencia artificial no cabe en el G7: por qué el mundo necesita un G11AI

Por Wens Silvestre

El G7 ha entendido algo decisivo: la inteligencia artificial ya no es una promesa tecnológica, sino una infraestructura de poder. Sus efectos alcanzan al sistema financiero, al empleo, a la infancia, a la seguridad nacional, a la energía, a la guerra y a la democracia. Sin embargo, el mismo diagnóstico que vuelve pertinente su preocupación revela también su mayor limitación: una tecnología de alcance planetario no puede gobernarse desde un club restringido de aliados.

En la cumbre de Évian, los líderes del G7 pidieron a sus ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales que, junto con supervisores financieros, instituciones globales y empresas tecnológicas, analizaran las oportunidades y riesgos de la IA, especialmente en el sector financiero, la productividad y los mercados laborales. También solicitaron al grupo cibernético del G7 mejorar el intercambio de información ante los avances de los modelos de IA de frontera.

La declaración es relevante porque reconoce que la IA puede convertirse en un factor de inestabilidad sistémica. Un algoritmo mal gobernado en una red social puede degradar la conversación pública; un modelo opaco en el sistema bancario puede amplificar riesgos financieros; una IA generativa sin controles puede facilitar fraudes, deepfakes, manipulación electoral o ataques cibernéticos. Por eso, cuando el G7 habla de “preparación”, no se refiere solo a innovación: habla de defensa institucional ante una tecnología que avanza más rápido que los marcos políticos que deberían contenerla. 

El problema es que el G7 llega tarde y llega incompleto. Llega tarde porque la IA ya está instalada en la economía, la educación, la seguridad y la vida cotidiana. Llega incompleto porque deja fuera a actores sin los cuales cualquier arquitectura global será parcial. China no es un invitado opcional en esta conversación: es uno de los polos centrales de la IA mundial. El Stanford AI Index 2026 señala que la brecha de desempeño entre modelos estadounidenses y chinos prácticamente se ha cerrado, aunque Estados Unidos aún produce más modelos de alto nivel y concentra mayor inversión privada.

Tampoco puede ignorarse a Rusia, aunque por una razón distinta. Rusia no lidera la IA de frontera al nivel de Estados Unidos o China; de hecho, Reuters informó que Sberbank busca chips chinos para sostener GigaChat porque las sanciones occidentales limitan su acceso a hardware avanzado, y que Rusia sigue rezagada frente a los dos grandes líderes de la IA. Pero Rusia sí es una potencia nuclear, militar y cibernética. En gobernanza de IA, no solo importa quién innova más; importa también quién puede causar mayor daño estratégico.

Ahí está el punto central: la gobernanza global de la IA no debe organizarse solo por afinidad política, sino por capacidad de impacto. El G7 puede coordinar a democracias industriales, pero no puede pretender regular en soledad una tecnología que ya se despliega en cadenas de suministro globales, sistemas militares, mercados financieros, redes de información y plataformas transnacionales.

Las declaraciones del G7 tienen méritos. La llamada a proteger a los menores en entornos digitales, por ejemplo, introduce preocupaciones urgentes: seguridad por defecto, controles parentales, verificación de edad compatible con privacidad, distinción entre contenido auténtico y sintético, y prohibición de material abusivo generado o manipulado con IA. También es pertinente la preocupación por minerales críticos, porque la IA depende de centros de datos, chips, energía y cadenas de suministro vulnerables. El G7 reconoció la concentración de mercado y la necesidad de diversificar suministros estratégicos.

Pero, el límite aparece en el tipo de respuesta: diagnósticos, exhortaciones, coordinación voluntaria, diálogo con empresas y buenas prácticas. Eso es necesario, pero no suficiente. El Financial Stability Board, por ejemplo, propuso en 2026 doce prácticas para una adopción responsable de IA en instituciones financieras; sin embargo, aclaró que no constituyen un estándar internacional obligatorio y que no están diseñadas específicamente para abordar los riesgos emergentes de los modelos de frontera.

En otras palabras: mientras la IA se mueve con velocidad industrial, la gobernanza avanza con lenguaje diplomático.

Por eso es razonable proponer un G11AI: no como reemplazo de la ONU, ni como ampliación formal del G7, sino como una mesa especializada, reducida y estratégica para la gobernanza de la inteligencia artificial avanzada. Ese foro podría incluir a los siete miembros del G7 —Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón— más China, India, Corea del Sur y Rusia. La Unión Europea debería participar como actor institucional permanente, aunque no sea un Estado nacional.

La lógica de ese G11AI sería clara. Estados Unidos y China estarían por liderazgo tecnológico. Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá e Italia por capacidad científica, regulatoria, industrial y financiera. Corea del Sur por su papel en semiconductores e innovación tecnológica. India por escala demográfica, talento digital, mercado y peso geopolítico. Rusia por riesgo estratégico, militar, nuclear y cibernético.

Ese G11AI debería concentrarse en cinco tareas: estándares comunes para modelos de frontera; protocolos de auditoría y evaluación independiente; reglas mínimas sobre IA militar y armas autónomas; mecanismos de alerta ante incidentes cibernéticos o financieros; y protección global frente a deepfakes, manipulación informativa y explotación infantil. No se trataría de crear un club de confianza, sino una mesa de contención. Con los aliados se construyen consensos; con los rivales se reducen riesgos.

La objeción inmediata es comprensible: ¿cómo sentar a China y Rusia en una mesa promovida por democracias liberales? La respuesta es incómoda, pero inevitable: porque los riesgos sistémicos no esperan a que exista afinidad ideológica. La historia nuclear enseñó que los adversarios deben hablar no porque confíen entre sí, sino porque el costo del silencio puede ser catastrófico.

El G7 tiene legitimidad parcial, capacidad económica y experiencia institucional. Pero no tiene universalidad. Y en la IA, la ausencia de universalidad no es un detalle diplomático: es una falla estructural. Si China queda fuera, habrá estándares paralelos. Si Rusia queda fuera, la dimensión militar y cibernética quedará subestimada. Si India y el Sur Global quedan en los márgenes, la gobernanza será vista como una arquitectura diseñada por ricos para administrar beneficios propios y exportar riesgos ajenos.

La IA no necesita solo “barreras de seguridad”; necesita una política mundial del poder algorítmico. El G7 ha dado un paso correcto al reconocer la magnitud del desafío. Pero ahora debe aceptar una verdad más difícil: la inteligencia artificial no cabe en el G7. Si la tecnología es global, la gobernanza también debe serlo. Y si los riesgos son civilizatorios, la mesa debe incluir no solo a quienes comparten valores, sino también a quienes tienen la capacidad real de alterar el destino común.

Privilegios con deuda pública

Por Wens Silvestre

Nuestro país vuelve a enfrentar una decisión fiscal que revela la precariedad de sus prioridades públicas. El Proyecto de Ley 14799, presentado por el Poder Ejecutivo, propone créditos suplementarios por S/ 4 160 millones para el Presupuesto 2026, a favor del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Su financiamiento provendría de Recursos Ordinarios y de Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, e incluiría una emisión interna de bonos por S/ 1 260 millones, además de una transferencia de S/ 300 millones de utilidades de FONAFE al Tesoro Público. Aunque la iniciativa se presenta como un mecanismo para financiar inversiones, garantizar la continuidad de servicios y atender la transición democrática, debería ser examinada con mucha mayor severidad. No estamos ante un simple ajuste presupuestal. Estamos ante una propuesta que, en un contexto de estrechez fiscal, pobreza persistente y riesgo de un El Niño fuerte, pretende ampliar el gasto público, habilitar endeudamiento y financiar beneficios para trabajadores del Estado sin exigir mejoras verificables en productividad, calidad del servicio o resultados para el ciudadano.

El problema no es que el Estado gaste. El Estado debe gastar donde corresponde: prevención, seguridad hídrica, infraestructura crítica, salud, educación efectiva, protección social focalizada y reducción de vulnerabilidades. El problema es que este crédito suplementario no parece responder a una jerarquía seria de prioridades nacionales. Mezcla inversiones, continuidad operativa, procesos electorales, transferencias, bonos y medidas remunerativas. Y lo hace, además, recurriendo a emisión de bonos e ingresos extraordinarios que deberían servir para reducir el déficit, recomponer ahorros fiscales o preparar al país frente a una emergencia climática.

La exposición de motivos del propio proyecto reconoce que el margen fiscal para 2026 es reducido. Según las proyecciones oficiales, el déficit fiscal se ubicaría alrededor de 1,75 % del PBI, muy cerca del límite legal de 1,8 %. El margen disponible bordea los S/ 1 260 millones. Sin embargo, en lugar de preservar ese espacio como colchón fiscal ante choques climáticos, económicos o sociales, el Ejecutivo propone utilizarlo para ampliar el gasto. En términos simples: se pretende gastar el salvavidas antes de que llegue la tormenta.

Y la tormenta no es una metáfora. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante 2026, posiblemente moderado o fuerte. En el plano nacional, el ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero y recomienda medidas de prevención y preparación frente a la temporada de lluvias 2026-2027. En un país con quebradas ocupadas, drenajes insuficientes, carreteras vulnerables, colegios mal ubicados, sistemas de agua precarios y agricultura expuesta a sequías, la prudencia fiscal no es un lujo tecnocrático: es una condición básica de supervivencia institucional.

Por eso resulta especialmente cuestionable que el proyecto no esté estructurado como una verdadera herramienta de prevención climática. Si el Gobierno hubiera presentado un crédito suplementario orientado estrictamente a drenaje pluvial, defensas ribereñas técnicamente sustentadas, mantenimiento de vías críticas, protección de sistemas de agua potable, seguridad hídrica en la sierra sur, cosecha de agua, reservorios, protección de bofedales, continuidad logística en la Amazonía y capacidad de respuesta ante huaicos, inundaciones o sequías, la discusión sería distinta. Pero no es el caso. El PL 14799 dispersa recursos y abre espacio para financiar obligaciones y beneficios que no guardan relación directa con la prevención del riesgo climático.

El punto más delicado es su sesgo remunerativo. En un país donde más del 25 % de la población sigue en pobreza monetaria, no puede normalizarse que el Ministerio de Economía y Finanzas justifique aumentos de gratificaciones, bonos o beneficios para trabajadores del Estado sin vincularlos a productividad, meritocracia o mejora del servicio público. El trabajador estatal cumple una función importante, pero el dinero público no puede ser tratado como un mecanismo automático de compensación corporativa. Todo incremento debería responder a una reforma del empleo público, evaluación de desempeño, racionalización de plazas, cierre de brechas de gestión y mejora efectiva en la atención al ciudadano.

Lo que se está instalando es una forma de populismo fiscal desde el propio Ejecutivo. Antes se criticaba, con razón, al Congreso por aprobar leyes con impacto fiscal sin financiamiento. Hoy el problema se agrava cuando el ministro de Economía, llamado a ser guardián de la sostenibilidad fiscal, termina justificando más gasto sin exigir contraprestaciones institucionales. El MEF no puede convertirse en ventanilla presupuestal de presiones sectoriales. Su responsabilidad es ordenar prioridades, proteger la estabilidad macrofiscal y recordar que cada sol destinado a gasto inercial es un sol que deja de invertirse en prevención, infraestructura resiliente o servicios esenciales para los más pobres.

El Consejo Fiscal ha advertido reiteradamente sobre esta deriva. En los últimos años, el país ha incumplido reglas fiscales, ha expandido gasto corriente y ha aprobado normas con impacto fiscal adverso. También ha señalado que los ingresos extraordinarios no deberían alimentar mayor gasto permanente, sino contribuir a la consolidación fiscal. Esa advertencia es elemental: cuando los ingresos son transitorios, gastarlos como si fueran permanentes genera una ilusión de solvencia. Hoy se puede pagar el bono; mañana quedan la presión política, la rigidez presupuestal y la deuda.

El endeudamiento público tampoco es gratuito. Emitir bonos para financiar gastos de bajo impacto o beneficios no asociados a productividad significa trasladar el costo a contribuyentes futuros. La deuda puede ser legítima cuando financia infraestructura estratégica, resiliencia climática, capital humano o inversiones con retorno social. Pero endeudarse para sostener gasto intrascendente o medidas remunerativas desordenadas equivale a hipotecar capacidad fiscal sin fortalecer al país. En medio del riesgo de un El Niño, esa decisión es aún más irresponsable: se consume espacio fiscal antes de conocer la magnitud del daño que podrían enfrentar la costa, la sierra y la Amazonía.

La pregunta correcta no es si los trabajadores públicos merecen o no mejores ingresos. La pregunta correcta es si el Estado peruano puede seguir otorgando beneficios incondicionales sin exigir resultados, mientras millones de ciudadanos pobres enfrentan servicios públicos deficientes, escuelas deterioradas, postas sin capacidad resolutiva, inseguridad, falta de agua y exposición permanente a desastres. En una democracia fiscalmente responsable, los beneficios al aparato estatal deben justificarse ante el ciudadano que los financia.

El PL 14799 también transmite una señal política equivocada. En vez de ordenar el gasto, lo expande. En vez de reservar recursos para contingencias, los compromete. En vez de priorizar la prevención ante El Niño, financia un paquete heterogéneo. En vez de exigir productividad estatal, concede beneficios. En vez de corregir el populismo fiscal del Congreso, lo acompaña desde el Ejecutivo.

La prevención no consiste en aparecer con casco amarillo cuando el río ya se desbordó. Prevención es contar con recursos disponibles, obras bien priorizadas, mantenimiento oportuno, mapas de riesgo vinculantes, infraestructura resiliente y capacidad logística antes de la emergencia. Cada sol comprometido en gasto no prioritario reduce esa capacidad. Cada bono sin reforma posterga la discusión sobre productividad estatal. Cada emisión de deuda para gasto corriente o cuasi corriente debilita la respuesta futura.

El Perú no puede seguir gobernando el riesgo como si fuera accidente. Si El Niño golpea con fuerza, no bastará decir que faltaron recursos. Los recursos existían, pero se eligió gastarlos de otra manera. Esa es la responsabilidad política de fondo.

Por eso, el Congreso no debería aprobar el PL 14799 en sus términos actuales. Como mínimo, debe exigir una reestructuración integral del proyecto: separar inversión preventiva de gasto remunerativo, excluir beneficios no vinculados a productividad, prohibir que la deuda financie gasto corriente, crear una reserva específica para El Niño 2026-2027 y condicionar toda inversión a criterios obligatorios de riesgo climático. Además, cualquier aumento para trabajadores del Estado debe estar asociado a metas verificables de desempeño, eficiencia y calidad del servicio.

Un país pobre, fiscalmente estrecho y climáticamente vulnerable no puede darse el lujo de gastar como si no hubiera mañana. La deuda pública debe servir para construir resiliencia, no para financiar complacencias. Los ingresos extraordinarios deben proteger al país, no alimentar gasto inercial. Y el MEF debe volver a ser una autoridad técnica, no un operador del populismo presupuestal.

El Niño no solo pondrá a prueba nuestras quebradas, ríos y carreteras. También pondrá a prueba la seriedad del Estado. Si el Gobierno decide gastar hoy el margen fiscal en beneficios incondicionales, mañana no podrá alegar sorpresa cuando falten recursos para prevenir, responder y reconstruir. La irresponsabilidad fiscal también es una forma de negligencia frente al desastre.

El verdadero examen de Keiko Fujimori empieza después de ganar

Por Wens Silvestre

Con el conteo electoral avanzado, Keiko Fujimori aparece más cerca que nunca de la Presidencia. Pero precisamente por eso conviene abandonar la euforia de campaña y mirar, sin adornos, el país que recibiría si finalmente se confirma su triunfo. Al 14 de junio, con más del 98,5 % de votos contabilizados, Fujimori mantenía una ventaja ajustada frente a Roberto Sánchez, en medio de actas observadas, pedidos de nulidad y una tensión electoral que todavía exige prudencia institucional. Según información electoral disponible, el resultado oficial podría tardar aún algunos días o semanas, debido a mesas en revisión y a una diferencia mínima entre ambos candidatos.

Si finalmente se confirma su triunfo, Fujimori no recibirá un cheque en blanco. Recibirá un país partido casi en dos mitades, con legitimidad electoral legal, pero políticamente estrecha. Su primera obligación no será celebrar la victoria, sino impedir que esta sea leída como revancha, restauración o autorización para ocupar el Estado con lógica partidaria. 

El riesgo principal de un eventual gobierno suyo no consiste en que vuelva literalmente el Perú de los años noventa. Esa imagen puede ser eficaz para la propaganda, pero no alcanza para el análisis. El peligro real, si no existen límites claros, sería más actual y más silencioso: una democracia formalmente intacta, pero sometida a una presión creciente desde una coalición partidaria con poder sobre el Ejecutivo, el Congreso, las designaciones públicas y los organismos de control.

Ese será el punto decisivo. Fujimori puede ofrecer estabilidad económica, orden público y capacidad de gestión. Pero, si no toma distancia verificable de prácticas parlamentarias asociadas al blindaje político, la presión sobre instituciones y la disputa por organismos de control, su victoria podría confirmar los temores de sus críticos. No necesitaría cerrar el Congreso ni suspender elecciones para deteriorar la democracia. Bastaría con controlar nombramientos, condicionar fiscales, debilitar investigaciones, colonizar organismos autónomos y usar la seguridad como argumento para reducir controles.

El nuevo Parlamento vuelve ese riesgo más concreto. El Congreso bicameral no será un actor decorativo. La Cámara de Diputados tendrá capacidad de censura e interpelación; el Senado revisará leyes y participará en decisiones institucionales clave. Si Fuerza Popular, como primera minoría, articula una coalición pragmática con disciplina y apetito de poder, Fujimori podría tener una gobernabilidad que ningún presidente peruano reciente tuvo. La pregunta es para qué la usará.

La gobernabilidad puede ser oportunidad o amenaza. Puede servir para reconstruir un Estado débil, aprobar reformas de seguridad, ordenar la política fiscal y recuperar inversión. O puede servir para blindar aliados, distribuir cargos, aprobar leyes clientelares y debilitar la independencia de instituciones que deberían controlar al poder.

El país que recibiría tampoco permite fantasías. El Perú llega a 2026 con pobreza persistente, informalidad masiva, inseguridad extendida, infraestructura deficiente, corrupción enquistada y un Estado que suele gastar mal incluso cuando gasta más. A ello se suma un entorno internacional menos benigno: tensiones geopolíticas, encarecimiento del capital, volatilidad energética y posibles shocks sobre materias primas. En una economía dependiente de exportaciones mineras, cualquier deterioro de los términos de intercambio puede golpear inversión, recaudación y crecimiento.

El margen fiscal es otro frente delicado. El Marco Macroeconómico Multianual 2026-2029 proyectaba para 2026 un déficit fiscal de 1,8 % del PBI y una deuda pública cercana al 32,1 % del PBI. Pero esas cifras descansan sobre una premisa difícil: que el próximo gobierno logre disciplina fiscal en un Congreso habituado a aprobar obligaciones permanentes sin financiamiento suficiente.

El Consejo Fiscal ha encendido la alarma. Entre 2021 y 2026 identificó 229 leyes con impacto fiscal adverso y 352 iniciativas legislativas en trámite. En su simulación, si se aplican las leyes vigentes y avanzan las iniciativas más costosas, la deuda pública podría acercarse al 70 % del PBI hacia 2036. Esta no es una advertencia tecnocrática menor. Es el recordatorio de que el populismo fiscal puede destruir lentamente lo que la macroeconomía peruana construyó durante décadas.

El caso de las pensiones militares y policiales resume el problema. La Ley 32561 modificó el régimen previsional del personal militar y policial. Según el Consejo Fiscal, citado por Gestión, solo tres de sus modificaciones generarían un costo fiscal neto de al menos S/ 46.000 millones en valor presente. Ese tipo de norma puede ser popular, pero compromete recursos futuros que el Estado necesitará para seguridad, salud, educación, infraestructura y respuesta ante desastres.

Aquí Fujimori enfrenta una prueba incómoda. No basta con prometer respeto al mercado, inversión privada y estabilidad. La responsabilidad económica no se demuestra en conferencias con empresarios, sino cuando se le dice no a la propia bancada. Si Fuerza Popular fue parte de mayorías parlamentarias que aprobaron o toleraron leyes con impacto fiscal adverso durante el quinquenio, un gobierno de Keiko tendrá que corregir ese legado, no administrarlo.

Su primer compromiso debería ser explícito: ninguna ley que cree gasto permanente sin financiamiento permanente. El artículo 79 de la Constitución no puede seguir siendo una cortesía ignorada por el Congreso. Debe convertirse en línea roja. Si el Parlamento aprueba normas que vulneran la sostenibilidad fiscal, el Ejecutivo debe observarlas, impugnarlas ante el Tribunal Constitucional o proponer su derogación. Y si esas normas vienen de aliados, con mayor razón.

La segunda prueba será la seguridad. Fujimori ganó parte de su impulso ofreciendo orden frente a la extorsión, el sicariato y el crimen organizado. Esa demanda social es legítima. Un Estado que no protege la vida, el trabajo y la propiedad pierde autoridad moral. Pero la mano dura sin inteligencia, policía profesional, fiscalías sólidas, cárceles controladas y jueces independientes termina siendo espectáculo penal. Puede producir titulares, no seguridad.

El riesgo no está en enfrentar con firmeza al crimen, sino en que la inseguridad sea usada para justificar medidas excepcionales sin evaluación, controles ni resultados verificables. Estados de emergencia sucesivos, presencia militar mal diseñada, reformas penales simbólicas y discursos de guerra pueden dar sensación de autoridad, pero no desmantelan economías criminales. El próximo gobierno necesita una política de seguridad medible: reducción de extorsiones, recuperación penitenciaria, inteligencia financiera, control de armas, protección a fiscales y depuración policial. Orden no es arbitrariedad. Orden es Estado eficaz dentro de la ley.

La tercera prueba será institucional. Fujimori debe convencer a una parte importante del país que desconfía de ella y de su partido. Y no lo logrará con frases de reconciliación, sino con renuncias verificables. Debe comprometerse a no usar el Ejecutivo ni el Congreso para interferir en investigaciones fiscales, promover nombramientos sin idoneidad en organismos constitucionales, proteger indebidamente a aliados políticos, debilitar herramientas contra la criminalidad organizada o condicionar la independencia de la Defensoría, la Contraloría, el Tribunal Constitucional y los órganos electorales.

La palabra clave no es unidad. Es autocontención. Un presidente con poder necesita límites. Una presidenta con una bancada fuerte necesita límites más estrictos. Y una presidenta Fujimori, por la historia de su apellido y de su partido, necesita límites visibles desde el primer día.

La cuarta prueba será el Estado. El Perú no necesita simplemente un Estado más grande o más chico. Necesita un Estado que funcione. Hoy conviven ministerios sobredimensionados, gobiernos regionales débiles, municipios capturados por redes locales, obras paralizadas y sobrevaloradas, compras corruptas, servicios mediocres y burocracia que castiga al ciudadano formal. Si Fujimori quiere mostrar un cambio real, debe hacer de la reforma estatal una prioridad, no un eslogan.

Eso significa profesionalizar la alta dirección pública, proteger la meritocracia, digitalizar trámites, cerrar programas inútiles, evaluar gasto, fortalecer control interno y sancionar corrupción sin selectividad. Si el Estado sigue siendo tratado como espacio de reparto político, ningún plan de seguridad ni de inversión será sostenible.

La quinta prueba será social. Fujimori no puede gobernar solo para Lima, la costa urbana y los sectores que votaron contra Sánchez. El mapa electoral muestra un país partido entre ciudades que temen la incertidumbre económica y regiones rurales que sienten que el crecimiento nunca llegó. Si su gobierno interpreta la victoria como derrota del Perú rural, incubará la próxima crisis.

La pobreza no se combate solo con bonos. Se combate con empleo formal, caminos, agua, salud primaria, educación técnica, conectividad, crédito productivo y seguridad jurídica para pequeños productores. La informalidad no se reduce persiguiendo al informal, sino haciendo menos costoso y más útil ingresar a la formalidad. Si Fujimori no entiende ese reclamo, Sánchez habrá perdido la elección, pero su malestar seguirá gobernando las calles.

La sexta prueba será climática. Un evento El Niño fuerte o incluso moderado puede golpear infraestructura, agricultura, pesca, salud pública y precios de alimentos. Para un país con quebradas vulnerables, obras inconclusas y reconstrucciones eternas, el clima no es un asunto ambiental: es un riesgo fiscal, social y político. Un gobierno serio debe llegar con un plan preventivo antes de que lleguen las lluvias: limpieza de cauces, defensas ribereñas, puentes críticos, hospitales preparados, compras transparentes, seguros agrarios, alerta temprana y control ciudadano del gasto de emergencia. El Niño suele desnudar al Estado peruano. Fujimori no podrá decir que no fue advertida.

La séptima prueba será internacional. La geopolítica ya no es telón de fondo. Conflictos militares, tensiones comerciales, competencia entre China y Estados Unidos, volatilidad del cobre, cambios en tasas de interés y encarecimiento logístico pueden afectar inversión, exportaciones y financiamiento. Perú necesita pragmatismo exterior: atraer inversión sin dependencia, defender mercados sin ideologizar alianzas y fortalecer sectores exportadores sin regalar estabilidad regulatoria a cambio de rentas privadas.

Fujimori podría beneficiarse de una percepción inicial de mayor previsibilidad frente a los mercados. Pero esa ventana puede cerrarse rápido si el gobierno usa el poder para repartirse instituciones, si el Congreso multiplica gastos, si la inseguridad sigue creciendo o si un shock externo encuentra al país sin reservas políticas ni fiscales.

Por eso, la pregunta ya no es si Keiko Fujimori puede ganar. La pregunta es si puede gobernar contra su propia sombra.

Para convencer de un cambio real, debería anunciar en los primeros días un pacto de garantías democráticas y fiscales. No un discurso ceremonial, sino compromisos verificables: gabinete técnico y plural; respeto a la autonomía del BCRP; defensa del Consejo Fiscal; observación de leyes que vulneren el artículo 79; no interferencia en el Ministerio Público ni el Poder Judicial; concursos transparentes para altos cargos; política de seguridad con metas públicas; y una agenda social dirigida a las regiones que no votaron por ella.

También debería comprometerse a no usar la mayoría parlamentaria relativa para elegir autoridades de control por reparto partidario. Ese será el termómetro más importante. Si las primeras decisiones del nuevo Congreso apuntan a copar instituciones, la moderación habrá terminado antes de empezar. Si, por el contrario, se promueven perfiles independientes, idóneos y fiscalizables, Fujimori podría empezar a desmontar parte de la desconfianza acumulada.

El país no le pide que renuncie a su identidad política ni a su promesa de orden. Le pide algo más básico: que demuestre que el Estado no será administrado como patrimonio partidario. La conducta parlamentaria de Fuerza Popular ha mostrado rasgos difíciles de conciliar con una derecha liberal fiscalmente disciplinada: apoyos a normas costosas, pactos con sectores ideológicamente opuestos y decisiones orientadas a preservar cuotas de poder. El desafío de Fujimori no es demostrar que pertenece a una etiqueta ideológica, sino que puede gobernar sin mercantilismo político, sin clientelismo fiscal y sin confundir autoridad con obediencia.

Si gana Keiko Fujimori tendrá una oportunidad histórica y un riesgo simétrico. Podrá ser la presidenta que cierre dos décadas de bloqueo político personal y estabilice el país. O podrá confirmar el temor de que el fujimorismo, cuando vuelve al poder, tiende a administrar el Estado con lógica de control partidario antes que con límites republicanos.

Los próximos cinco años no admitirán frivolidad. Déficit fiscal, leyes costosas, inseguridad, pobreza, corrupción, ineficiencia estatal, El Niño y shocks externos formarán una tormenta de gobernabilidad. En ese contexto, la moderación no será una virtud retórica. Será una condición de supervivencia.

Si Keiko Fujimori quiere ser creíble, debe empezar por una frase que todo gobernante con poder debería repetir con humildad: el poder que gané no me pertenece. Solo entonces su victoria dejará de parecer una amenaza para convertirse, tal vez, en una oportunidad republicana.

El Niño y el Estado que llega tarde

Por Wens Silvestre

El Perú no necesita esperar la etiqueta de “mega El Niño” para tomarse en serio la amenaza. La Organización Meteorológica Mundial ha advertido una alta probabilidad de desarrollo de El Niño durante 2026, posiblemente moderado o fuerte; y, en el plano nacional, ENFEN mantiene la alerta de El Niño Costero, con previsión de continuidad hasta febrero de 2027 y recomendaciones explícitas de prevención y preparación para la temporada de lluvias 2026-2027. El dato central no es solo meteorológico: es político. Un país expuesto no puede seguir actuando como si cada evento extremo fuera una sorpresa.

El Niño es un fenómeno natural, pero ya no ocurre sobre un planeta “normal”. Ocurre sobre un mundo más caliente, con océanos que almacenan más energía, atmósferas capaces de retener más vapor de agua y territorios más vulnerables por urbanización desordenada, deforestación, pobreza e infraestructura mal ubicada. El cambio climático no permite afirmar mecánicamente que cada El Niño será más fuerte que el anterior; la ciencia aún mantiene cautela sobre cambios sistemáticos en la intensidad oceánica del ENSO. Pero el IPCC sí advierte que la variabilidad de las lluvias asociadas a ENSO probablemente se amplificará durante este siglo, lo que significa extremos más difíciles de gestionar: más lluvia donde llueve demasiado y más sequía donde el agua ya es escasa. 

En el Perú, esa combinación es particularmente peligrosa. El Niño puede significar inundaciones en la costa norte, huaicos en quebradas activadas, colapso de carreteras, escuelas y viviendas; pero también puede significar déficit de lluvias en la sierra central y sur, estrés hídrico, pérdida de pastos, caída de la producción agrícola de secano, mortandad de ganado y conflictos por agua. El dossier técnico del MINAM y SENAMHI sobre El Niño ya señalaba que eventos como 1997-1998 produjeron lluvias extraordinarias en la costa norte y déficit severo de precipitación en la sierra sur.

Por eso, el error más grave es mirar El Niño solo desde la costa. Cuando Lima o Piura se inundan, el desastre se vuelve visible; cuando la sierra se seca, el drama avanza en silencio. La sequía no tiene la espectacularidad de un río desbordado, pero puede ser igual o más destructiva: primero falta lluvia, luego humedad en el suelo, después baja la producción agrícola y, si el déficit persiste, disminuyen caudales, manantes y recarga de aguas subterráneas. El Instituto Geofísico del Perú describe justamente esa progresión: de sequía meteorológica a agrícola e hidrológica, con aumento de la escasez hídrica y de la demanda de agua.

La sierra sur merece atención prioritaria. SENAMHI ha documentado que la variabilidad asociada a El Niño explica buena parte de las deficiencias de lluvias en los Andes, especialmente en la sierra central y sur occidental, aunque la relación no sea absoluta. En Ayacucho, por ejemplo, CENEPRED ha identificado escenarios de sequía meteorológica en provincias como Lucanas, Parinacochas y Paucar del Sara Sara, donde determinados déficits de precipitación pueden presentarse con recurrencias preocupantes. Por eso, afirmar que el sur ayacuchano puede enfrentar estrés hídrico no es alarmismo: es una hipótesis territorialmente razonable que debe activar planificación hídrica, no discursos de emergencia cuando ya no haya agua.

La selva tampoco debe quedar fuera del análisis. En 2024, SENAMHI reportó déficit hídrico con caudales entre “debajo de lo normal” y “muy debajo de lo normal”, afectando especialmente Puno, Loreto y Piura. En Loreto, el río Amazonas descendió progresivamente hasta uno de sus niveles más bajos desde la sequía de 2010, con impactos en transporte fluvial, salud, comercio, educación, agua potable, saneamiento y turismo. Esa experiencia debe leerse como advertencia: en la Amazonía, la sequía no solo seca cultivos; aísla comunidades, encarece alimentos, interrumpe servicios y debilita la vida cotidiana de poblaciones que dependen del río como carretera, mercado y fuente de agua.

El problema, entonces, no es únicamente cuánto lloverá. El problema es dónde hemos puesto las casas, las carreteras, los colegios, los hospitales, los canales de riego, los puentes y los sistemas de agua. El Niño se vuelve desastre cuando encuentra infraestructura diseñada con el clima del pasado, ubicada sin evaluar suficientemente el riesgo futuro y construida como si las lluvias extremas, las sequías, el calor y los huaicos fueran eventos excepcionales, no amenazas recurrentes.

Aquí debe producirse un cambio de fondo: ningún proyecto de inversión pública debería aprobarse sin criterios climáticos obligatorios de localización, diseño, operación y mantenimiento. No como anexo decorativo, no como declaración ambiental genérica, sino como condición vinculante. El propio MEF ya incorpora en Invierte.pe la gestión del riesgo en contexto de cambio climático y reconoce que el riesgo debe ser criterio para seleccionar la localización y tecnología del proyecto, además de analizar peligros actuales y futuros, exposición, vulnerabilidad y nivel de riesgo.

Eso debe traducirse en reglas duras. Una escuela no debe construirse en zona inundable solo porque el terreno es barato. Un puente no debe diseñarse con caudales históricos si la cuenca está cambiando. Un hospital no puede quedar aislado por el primer huaico. Un sistema de agua potable en la sierra sur no puede depender de una fuente única sin considerar sequía plurimensual. Un camino vecinal en ceja de selva no puede ignorar deslizamientos, lluvias extremas y erosión. La inversión pública debe pasar de la pregunta “¿cuánto cuesta construir?” a otra más seria: “¿seguirá funcionando bajo el clima que viene?”.

La respuesta del Gobierno peruano ha mejorado, pero sigue incompleta. En 1982-1983 predominó la reacción. En 1997-1998 hubo prevención táctica, pero no transformación estructural. En 2015-2016 se planificó más, aunque con debilidades de ejecución. En 2017, el Niño Costero mostró que un evento localizado podía desbordar al Estado. En 2023-2024 volvió a observarse una política híbrida: presupuesto, maquinaria, descolmatación, defensas ribereñas y planes; útiles, sí, pero todavía atrapados en la lógica de correr detrás del peligro.

La prevención real no consiste solo en limpiar cauces cuando ENFEN emite una alerta. Consiste en ordenar el territorio, reubicar población en zonas de riesgo no mitigable, proteger cabeceras de cuenca, restaurar ecosistemas que regulan agua, construir drenajes pluviales urbanos, tecnificar riego, cosechar agua, fortalecer reservorios comunales, proteger bofedales y diseñar infraestructura con escenarios climáticos. En la costa, prevención significa convivir inteligentemente con lluvias extremas. En la sierra, significa prepararse para la escasez. En la selva, significa anticipar ríos demasiado bajos o demasiado altos.

El Perú tiene instituciones técnicas capaces: SENAMHI, IGP, IMARPE, ANA, ENFEN, INDECI, CENEPRED. Lo que falta no es información; falta convertir esa información en autoridad. Los mapas de riesgo deben pesar más que la presión política. Los pronósticos climáticos deben modificar presupuestos. La localización de proyectos debe obedecer a ciencia, no a disponibilidad improvisada de terrenos. Y la reconstrucción no debe repetir el mismo error en el mismo lugar con otro expediente.

Ante un nuevo El Niño, el Gobierno tiene una oportunidad decisiva. Puede repetir el ritual de siempre: declarar emergencia, enviar maquinaria, repartir ayuda, reconstruir tarde y olvidar pronto. O puede asumir que el cambio climático obliga a gobernar de otra manera. La infraestructura pública no puede seguir siendo vulnerable por diseño. Cada sol invertido sin criterio climático es una deuda futura; cada obra mal ubicada es una emergencia en incubación.

El Niño no solo calienta el Pacífico. También desnuda la temperatura institucional del país. Nos muestra si aprendimos o si solo archivamos informes. Nos recuerda que la sequía en Ayacucho, la bajante en Loreto, el huaico en la costa y la pérdida de cultivos en la sierra son expresiones distintas de una misma falla: gobernar el riesgo como si fuera accidente.

La naturaleza pone el evento; el Estado decide si se convierte en desastre. Y en un país que ya conoce la historia, improvisar no es falta de experiencia: es falta de responsabilidad.