Menos histeria y más control democrático

Por Wens Silvestre

La elección de José María Balcázar como presidente del Congreso —y, por sucesión constitucional, como presidente encargado de la República— ha disparado una reacción que en ciertos sectores roza lo teatral: alarma maximalista, búsqueda compulsiva de culpables y una guerra de relatos en la que importa más “quién pagará el costo” que “qué debe hacerse desde hoy”.

Ese reflejo es comprensible. Llegamos a febrero de 2026 con fatiga acumulada: crisis políticas sucesivas, desafección ciudadana y un clima de inseguridad que hace que cualquier cambio en la cúpula del poder se lea como amenaza existencial. Pero también es un reflejo peligroso. Cuando la política se reduce a gritos y acusaciones, la democracia pierde sustancia: se erosiona la confianza, se debilitan los controles institucionales y se normaliza el cinismo (“todos son iguales, nada sirve”). Y ese deterioro, a semanas del 12 de abril, es gasolina para la abstención emocional, el voto rabioso o la salida antipolítica. 

Ahora bien, en democracia hay una diferencia fundamental entre respetar un resultado y renunciar a la vigilancia. Balcázar fue elegido por mayoría parlamentaria y en segunda votación obtuvo 64 votos frente a 46 de su contendora; votaron 113 congresistas y hubo votos viciados. Su investidura, por tanto, es un hecho político e institucional.

Por eso el debate serio no debería quedarse en “quiénes son los responsables” —aunque los hay—, sino en algo más exigente y útil: Quienes apostaron por Balcázar tienen el deber de asumir su responsabilidad política completa, no solo el voto. Eso implica sostener la gobernabilidad mínima, impedir la repartija y, sobre todo, obligar a que se cumpla una agenda de transición. Si lo llevaron al cargo, no pueden ahora lavarse las manos, ni “tercerizar” el costo cuando suba la temperatura mediática. En política, el voto no es una anécdota: es un acto con consecuencias.

Lo ocurrido también es una radiografía del problema estructural: El Parlamento sigue tomando decisiones “de consenso” con lógica de grupo, cálculo de corto plazo o acomodo electoral, no con lógica de interés nacional. El resultado es predecible: cada operación que suena a maniobra —cada sensación de “cocina” o reparto— golpea los pilares democráticos (Estado de derecho, rendición de cuentas, equilibrio de poderes) y agranda la distancia entre representación y ciudadanía.

Ahí está el costo real: no es solo quién preside cinco meses, sino la idea de que el sistema decide para sí mismo en vez de decidir para el país. Y cuando esa sospecha se instala, la democracia pierde lo único que la hace sostenible: la creencia de que las reglas sirven, aunque no nos gusten sus resultados.

Transición con mandato acotado: tres obligaciones y una línea roja

En sus primeras declaraciones, Balcázar puso sobre la mesa tres compromisos que no deberían leerse como retórica, sino como un contrato político de transición: garantizar transparencia electoral, enfrentar la inseguridad y mantener lineamientos económicos.

Traducido en exigencias concretas:

1) Elecciones limpias y sin injerencias. No basta con prometer “transparencia”. Hay que blindar la neutralidad del Ejecutivo: uso de publicidad estatal, designaciones, programas sociales, inauguraciones, narrativa oficial, presión indirecta sobre organismos electorales. Si el gobierno es de transición, su deber es no contaminar la cancha.

Aquí el Congreso debe pasar del discurso a la fiscalización: reglas claras, reportes periódicos, trazabilidad del gasto comunicacional y rendición de cuentas sobre decisiones sensibles. La democracia no se protege con consignas, sino con procedimientos y evidencia.

2) Seguridad: foco total y resultados medibles. Si la prioridad es la inseguridad, corresponde un enfoque de transición: coordinación, mando claro y acciones medibles. No “paquetes” para la foto, sino indicadores verificables (extorsión, homicidios, tiempos de respuesta, operativos con inteligencia, avance en desarticulación de redes). Seguridad, sí; pero seguridad con legalidad y control. La mano dura sin control suele terminar golpeando a los mismos ciudadanos que dice proteger.

3) Estabilidad macroeconómica: continuidad y prudencia. En un gobierno de cinco meses el deber no es “refundar”, sino no desordenar. Balcázar ha señalado que evaluará ministros y no descarta ratificaciones: eso abre la puerta a cambios, pero también obliga a criterios públicos de idoneidad.

En transición, la regla es una sola: previsibilidad. La economía no tolera bien la improvisación política porque la improvisación es, casi siempre, el nombre amable del riesgo.

Línea roja: autonomía del BCRP y rechazo al populismo de transición

Aquí no puede haber ambigüedad. El Banco Central de Reserva no es un actor más del debate: su autonomía es un pilar de estabilidad monetaria y, por extensión, de confianza interna y externa. Presionarlo, instrumentalizarlo o convertirlo en excusa para “deudas sociales” mal entendidas sería un error con costos reales: inflación, fuga de confianza, encarecimiento del crédito y deterioro de expectativas.

Y, por lo mismo, el populismo de transición —bonos improvisados, gasto sin sustento, nombramientos clientelares— sería doblemente dañino: compromete el cierre fiscal, erosiona la credibilidad electoral y deja una bomba al siguiente gobierno.

Vigilancia democrática, no guerra de histerias

En paralelo, Balcázar buscó desactivar un foco de polarización al descartar que un indulto a Pedro Castillo esté en agenda, remarcando que existen procesos penales en curso. Esa definición baja incertidumbre, pero debe leerse con la misma vara con la que debe leerse todo lo demás: lo que importa es la conducta, no el titular.

Lo sensato —y patriótico— es esto: bajar el volumen del histrionismo y subir el estándar del control. El país no necesita más pirotecnia política. Necesita que el Congreso, especialmente quienes hicieron posible esta elección, se amarre públicamente a condiciones de transición y responda por ellas.

Porque esa es la esencia de una democracia, incluso imperfecta: aceptar la decisión institucional y, al mismo tiempo, vigilarla con rigor para que no se convierta en abuso. Si algo debe salir fortalecido de este episodio, es precisamente lo contrario de lo que hoy domina las redes: menos cacería de culpables y más responsabilidad verificable, con fechas, indicadores y límites claros.

Si el Congreso no aprende esa lección, la factura la cobrará la ciudadanía. No en discursos, sino en desconfianza. Y esa, en democracia, es la antesala de todo lo demás.

Davos 2026: cuando el mundo deja de fingir y el país debe elegir su autonomía

 Por Wens Silvestre

Davos 2026 no fue una feria de optimismo. Fue, más bien, una confesión colectiva: el orden global que durante décadas funcionó como telón de fondo —ese “orden basado en reglas” al que se apelaba con la fe de quien cree invocar un seguro— ya no opera como se anuncia. La reunión del Foro Económico Mundial (19–23 de enero) lo dejó claro con cuatro conclusiones que, leídas en conjunto, suenan menos a agenda y más a diagnóstico: nuevos acuerdos en un tablero fracturado, un ajuste de cuentas para la humanidad, el diálogo como infraestructura de supervivencia y una política definida por preguntas, no por certezas.

En ese escenario, Perú no puede seguir actuando como si bastara con “portarse bien” para estar a salvo. Eso es, precisamente, lo que Mark Carney —primer ministro canadiense— denunció en su discurso en Davos: el hábito de vivir dentro de una mentira, de repetir rituales y eslóganes sobre reglas y previsibilidad mientras la realidad se convierte en coerción. La frase de Carney es un dardo para los países intermedios, pero también un espejo para economías abiertas como la nuestra: cuando la integración se convierte en vulnerabilidad, la soberanía deja de ser un discurso y se vuelve capacidad.

Davos 2026: cuatro conclusiones, una sola advertencia

La primera conclusión de Davos es incómoda: los acuerdos ya no se tejen sobre confianza estructural sino sobre coaliciones parciales y pragmáticas. La relación transatlántica, la seguridad del Ártico, el comercio y la energía aparecen como capítulos negociables, no como compromisos incondicionales. El multilateralismo no desaparece, pero se transforma: menos instituciones universales, más “geometría variable” —coaliciones por temas, por intereses, por riesgos compartidos.

La segunda conclusión fue un ajuste de cuentas: el mundo entra en una era donde las crisis no son episodios sino régimen. Polarización, fragmentación geoeconómica, deuda, seguridad energética, crisis climática, salud y disrupción tecnológica compiten por prioridad. La pregunta ya no es cuál crisis es “la principal”, sino cómo se gobierna cuando todas ocurren a la vez y, peor aún, cuando la respuesta a una crisis agrava otra.

La tercera conclusión fue casi una súplica: el diálogo no es un lujo, es una necesidad. Davos funcionó como un espacio para desescalar y abrir canales, pero sin la ilusión de que conversar equivale a resolver. Es el tipo de diplomacia que no promete paz; promete, al menos, reducir el margen de error.

La cuarta conclusión fue la más honesta: Davos dejó más preguntas que respuestas. No por evasión, sino porque el mundo vive un cambio de contornos difusos: multipolaridad, militarización del comercio, cadenas de suministro como campo de batalla, inteligencia artificial como infraestructura y como riesgo cultural. En este contexto, gobernar es decidir sin mapa definitivo.

Y ahí aparece el punto decisivo para Perú: en un mundo de “fortalezas”, la neutralidad retórica se vuelve subordinación práctica.

Perú y la tentación del cartel en la ventana

Perú tiene dos socios fundamentales: China y Estados Unidos. Uno domina buena parte de la demanda de minerales y la inversión en infraestructura; el otro es clave en acceso tecnológico, finanzas, cooperación y mercados relevantes para agroexportación. Esto, que en el pasado era una ventaja —ser puente, ser proveedor confiable— en el mundo pos-Davos 2026 puede convertirse en una vulnerabilidad: cuando la integración es arma, la dependencia es un flanco.

Por eso resulta sintomático que el presidente del Consejo de Ministros, Álvarez, haya sugerido que la compra de aviones para la FAP se decidirá en función del “nuevo rol de liderazgo” de Estados Unidos. En una frase se condensa un riesgo estratégico: convertir decisiones de defensa —que deberían seguir criterios operativos, financieros y de soberanía tecnológica— en un gesto de alineamiento geopolítico. No se trata de demonizar a EE. UU. ni de romantizar a China. Se trata de entender lo que Carney advirtió: negociar bilateralmente, desde la necesidad, con una potencia hegemónica, suele ser negociar desde la debilidad. 

La defensa nacional no puede ser un referéndum de “a quién seguimos”. Mucho menos en un país cuya estabilidad interna, gobernanza y legitimidad están bajo presión. En un mundo de incertidumbre, el poder no está en declamar alianzas; está en sostenerlas sin quedar atrapado.

El rol posible de Perú: autonomía activa, no ambigüedad

La pregunta no es si Perú debe elegir entre Washington y Pekín. La pregunta es más dura: ¿Perú quiere capacidad de elección o se resigna a ser elegido por otros?

La postura inteligente —y realista— es la autonomía activa, que exige cuatro movimientos simultáneos:

Diversificación real, no discursiva. Reducir concentración comercial y financiera no implica romper con China o EE. UU., sino ampliar margen: UE, Japón, Corea, India, ASEAN, Medio Oriente. Un país que depende de un solo gran comprador o un solo gran financista no tiene política exterior; tiene administración de dependencia.

Gobernanza de infraestructura crítica como asunto de soberanía. Puertos, energía, telecomunicaciones y data centers deben diseñarse con lógica “multi-proveedor” y reglas robustas: competencia, transparencia, continuidad operativa, cláusulas anticorrupción, capacidades nacionales de mantenimiento. La infraestructura es el nuevo territorio: quien la controla, condiciona.

Minerales críticos con poder estatal y valor agregado. El Perú no puede limitarse a exportar riqueza bruta y esperar respeto. La transición energética global vuelve estratégicos al cobre y otros minerales; pero el recurso no es poder si se acompaña de conflictividad social, baja capacidad regulatoria y nulo escalamiento industrial. La soberanía es cadena de valor, licencia social y Estado competente.

“Geometría variable” en alianzas. Cooperación por temas: seguridad digital con quien ofrezca estándares verificables; transición energética con quien invierta con trazabilidad; defensa con quien garantice interoperabilidad sin dependencia irrestricta; Amazonía con coaliciones regionales y globales. Lo contrario —alineamiento total— es una apuesta que nuestro país no puede pagar.

Esta autonomía activa requiere algo más importante que la diplomacia: construcción de fuerza en casa. Carney lo dijo sin rodeos: ya no basta “la fuerza de los valores”, también cuenta “el valor de la fuerza”. Para Perú eso significa Estado que ejecuta, regula y fiscaliza; instituciones que sostienen contratos; seguridad jurídica no arbitraria; y un pacto social mínimo que reduzca el ciclo de crisis.

Conclusión: el mundo dejó de fingir, Perú debe dejar de improvisar

Davos 2026 dejó una moraleja que los peruanos no podemos ignorar: el viejo orden ya no garantiza estabilidad, y el mundo se reorganiza con una mezcla de miedo, pragmatismo y competencia. En ese contexto, seguir repitiendo mantras sobre reglas mientras se toman decisiones estratégicas por impulso geopolítico es poner el cartel en la ventana.

Perú no está condenado a ser satélite. Tiene activos reales: ubicación, recursos, biodiversidad, mercado exportador dinámico y potencial logístico. Pero esos activos solo se convierten en poder si se transforman en capacidad de negociación, en instituciones confiables y en una estrategia que entienda la nueva realidad: no se trata de vivir esperando el mundo que deseamos, sino de actuar en el mundo que existe.

Y en el mundo que existe —como quedó claro en Davos— la soberanía no se declama: se diseña.

Presidente de la República José Jerí, perdido en su laberinto

 Por Wens Silvestre

La actual crisis política no es el resultado de una conspiración externa ni de una oposición desestabilizadora; es, ante todo, una crisis autogenerada por quien ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional. José Jerí llegó a Palacio con un mandato estrictamente funcional: evitar el vacío de poder, garantizar la neutralidad del Estado y conducir una transición ordenada hacia las elecciones. Sin embargo, en pocas semanas, ese encargo excepcional se ha visto desnaturalizado por decisiones, gestos y omisiones que han erosionado la confianza pública y colocado al país en un nuevo punto de inestabilidad. 

Desde una perspectiva constitucional, el problema central no es penal ni ideológico, sino funcional. Un presidente por sucesión no gobierna con legitimidad de origen popular, sino con legitimidad condicionada al respeto de límites. Esa condición exige prudencia extrema, autocontención y claridad de rol. Cuando el Jefe del Estado aparece en reuniones no transparentes, ofrece versiones cambiantes, avala o se pliega a medidas de fuerza sectoriales, y recurre reiteradamente a estados de excepción sin rendición de cuentas ni resultados verificables, el problema deja de ser comunicacional y se convierte en institucional.

Un elemento particularmente corrosivo de esta crisis —y quizá el que más ha deteriorado la viabilidad política de la permanencia de José Jerí en el cargo— son las reuniones no oficiales sostenidas con empresarios chinos, fuera de agenda, sin registro institucional y seguidas de explicaciones fragmentarias o contradictorias. En un país marcado por escándalos reiterados de captura del Estado, la sola opacidad de estos encuentros basta para activar todas las alarmas democráticas. No se trata únicamente de determinar si existió o no un ilícito penal; se trata de comprender que un presidente por sucesión constitucional no puede permitirse zonas grises. Cuando el Jefe del Estado se reúne sin transparencia con actores económicos con intereses en el país, la confianza pública se quiebra, aun antes de cualquier pronunciamiento judicial. Para buena parte de la clase política —incluidos sectores que inicialmente respaldaron la transición— este episodio simboliza la pérdida de brújula institucional: un gobierno que debía ser transitorio y aséptico aparece expuesto a sospechas de influencia privada, debilitando su autoridad moral y comprometiendo la neutralidad que la Constitución exige en este tramo excepcional.

En materia de seguridad ciudadana, el contraste es aún más severo. La lucha frontal contra la inseguridad fue presentada como eje central de la transición. No obstante, los datos disponibles muestran un incremento sostenido de la violencia letal, mientras que la respuesta del Ejecutivo ha sido insistir en decretos de emergencia que, lejos de revertir la tendencia, parecen haberse convertido en un recurso reflejo. Gobernar mediante la excepción, sin metas claras ni evaluación pública, no fortalece la autoridad del Estado: la debilita. La autoridad legítima se construye con resultados, reglas claras y responsabilidad política, no con la reiteración de medidas extraordinarias.

A ello se suma una confusión peligrosa entre el rol institucional y la posición personal. Un presidente —y más aún uno que ejerce el cargo por sucesión— no puede actuar como actor de protesta ni alinearse con paros sectoriales. Su deber es mediar, proteger derechos de todos y preservar el orden constitucional. Cuando el árbitro baja a la cancha, el sistema pierde equilibrio. Esta incapacidad para distinguir funciones no es un detalle menor; revela una carencia de sentido de Estado incompatible con la conducción de una transición democrática.

La ética pública añade otra capa al problema. No se trata de afirmar culpabilidades, sino de reconocer que la política democrática se sostiene también en la apariencia de corrección. En contextos frágiles, la sola acumulación de dudas —reuniones opacas, nombramientos cuestionados, decisiones incoherentes— basta para minar la credibilidad del gobierno. Persistir en el cargo sin recomponer esa confianza no es un acto de fortaleza, sino de obstinación.

¿Qué debería decidir José Jerí por el bien del país? Primero, comprender que la transición no es un espacio para ensayar poder, sino para preservar la República. Ello implica optar entre dos caminos: o rectificar de manera inmediata, profunda y verificable —con transparencia total, rendición de cuentas en seguridad, corrección de nombramientos y renuncia expresa a cualquier rol político-partidario—, o dar un paso al costado desde la Presidencia del Congreso, permitiendo que el orden constitucional se recomponga sin más desgaste.

Nuestra historia política reciente demuestra que prolongar crisis por cálculo personal siempre tiene un costo mayor que asumir responsabilidades a tiempo. La salida no pasa por resistir, sino por restablecer límites. En una democracia exhausta, el mayor acto de responsabilidad no es aferrarse al poder, sino reconocer cuándo su ejercicio deja de servir al interés general. Ese es el dilema en el que hoy se encuentra José Jerí, atrapado en su propio laberinto, con la obligación —ética y constitucional— de encontrar una salida que le haga bien al país, no a su permanencia.

Estados Unidos entre el liderazgo perdido y el poder por imposición

Por Wens Silvestre

Durante décadas, Estados Unidos fue algo más que la principal potencia militar y económica del planeta. Fue, sobre todo, el arquitecto de un orden internacional que —con todas sus imperfecciones— se sostenía en reglas, alianzas estables y cierta previsibilidad. Hoy, a la luz del patrón de decisiones adoptadas por el presidente Donald Trump, esa condición aparece seriamente erosionada.

El problema no es un episodio aislado ni una política dura en sí misma. El problema es el patrón. Presión transaccional sobre aliados, condicionalidad del apoyo estratégico, uso de la coerción económica y militar como herramienta habitual de negociación y una creciente personalización del poder. Bajo esta lógica, la política exterior deja de ser una arquitectura compartida y se convierte en una sucesión de hechos consumados, donde la fuerza y la amenaza sustituyen a las normas.

La intervención en Venezuela y el intento de convertir el petróleo en instrumento de tutela política no solo vulneran la soberanía de un país débil. Envían, además, un mensaje inquietante al resto del mundo. La soberanía deja de ser un principio y pasa a convertirse en una variable negociable. Las presiones a países de América Latina, las amenazas explícitas o implícitas a quienes se resisten a alinearse y la extensión de esta lógica a escenarios tan sensibles como Groenlandia refuerzan la idea de que el poder estadounidense se ejerce cada vez menos con legitimidad y cada vez más con intimidación.

En Europa, el daño es más silencioso, pero igualmente profundo. Condicionar la defensa colectiva de la OTAN a cálculos de gasto, introducir dudas sobre compromisos históricos y tratar la seguridad como un contrato renegociable debilita la credibilidad del principal sistema de disuasión del mundo. No se trata únicamente de exigir mayor responsabilidad a los aliados, sino de poner precio a la protección, con el consiguiente incentivo para que rivales prueben los límites y aliados busquen salidas autónomas.

El caso de Ucrania resume la contradicción central del momento. Por un lado, apoyo estratégico. Por otro, un respaldo condicionado y colateralizado por intereses económicos. Cuando la seguridad de un país agredido se vincula a concesiones sobre activos estratégicos, la solidaridad deja de ser un principio y pasa a ser una transacción. Esa ambigüedad no fortalece la paz, la debilita.

Así, Estados Unidos no aparece hoy como un país en declive material. Sigue siendo una potencia formidable. Sin embargo, emerge cada vez más como una fuente de incertidumbre global. Ha comenzado a perder su ventaja estratégica más importante, la confianza. Los aliados dudan, los mercados incorporan primas de riesgo y los Estados más pequeños actúan defensivamente ante la posibilidad de coerción. El liderazgo por consenso se transforma en dominio por imposición y el orden por reglas cede frente a una geopolítica de fuerza.

La paradoja es evidente. Un Estado que parece más fuerte en la decisión inmediata se vuelve más frágil en el largo plazo. El poder que no se legitima genera resistencia, fragmenta alianzas y multiplica los riesgos de errores de cálculo. Y cuando la principal potencia del sistema internacional opera bajo esta lógica, el resultado no es mayor seguridad, sino un mundo más inestable, más desconfiado y más peligroso.

Estados Unidos no deja de ser poderoso. Lo que pierde es su condición de referente. Y esa transformación, más que cualquier adversario externo, se ha convertido en uno de los mayores riesgos contemporáneos para la paz global.

Crecer en 2026 no será cuestión de “toda máquina”, sino de “toda credibilidad”

Por Wens Silvestre

Hay un problema con los eslóganes cuando la economía entra en fase de sobriedad: prometen velocidad justo cuando el mundo, y el Perú dentro de él, se mueven por prudencia. En 2026, el crecimiento global estará lejos de una épica expansiva, y el crecimiento peruano —aunque razonable— no se parece a un motor al límite. Por eso el lema “Perú a toda máquina” no solo desentona en un gobierno de transición: corre el riesgo de convertirse en propaganda engañosa si no viene acompañado de reformas mínimas, medibles y urgentes.

En primer lugar, las instituciones internacionales convergen en una idea simple: el mundo crecerá, pero poco. El FMI proyecta que el crecimiento global desacelerará a 3,1% en 2026. A la vez, la OCDE es más cauta: ve al mundo bajando a 2,9% en 2026, y subraya fragilidades asociadas a incertidumbre de políticas y tensiones comerciales. Por su parte, el Banco Mundial insiste en la mediocridad estructural: tras un 2025 flojo, anticipa un repunte modesto hacia ~2,5% en 2026–2027 (promedio). Finalmente, el Foro Económico Mundial no ofrece un número único, pero sí un termómetro inquietante: 72% de economistas jefe espera que la economía global se debilite “en el próximo año”, precisamente por disrupción comercial y alta incertidumbre de política. De ahí que el panorama base sea de resiliencia, sí, pero con un sesgo evidente a enfriarse cuando las reglas del comercio y la geopolítica vuelven más costosa la coordinación. 

Ahora bien, ese cuadro importa por una razón adicional: el crecimiento global bajo suele ser tolerable… hasta que se combina con fricciones comerciales y reglas impredecibles. En consecuencia, aparece el sesgo a la baja: menos comercio efectivo, cadenas de valor más caras, inversión más tímida y productividad más lenta. Y cuando eso ocurre, los países que dependen de inversión y de exportaciones —como el Perú— no solo enfrentan menor demanda, sino también mayor volatilidad y más prima de riesgo.

Dicho esto, para el Perú el consenso real no está en un “milagro”, sino en un rango. El FMI ubica el crecimiento en 2,7% para 2026. En contraste, el Banco Mundial es más conservador con 2,5% y advierte riesgos por incertidumbre política preelectoral y condiciones externas. En el frente interno, el BCRP, en su actualización de diciembre de 2025, ajusta al alza y proyecta 3,0% para 2026. Asimismo, la OCDE lo sitúa en 2,8%. En el sector privado, BBVA Research proyecta 3,1%, aunque reconoce el freno típico del año electoral por mayor incertidumbre. Y, del lado del gobierno, el MEF ha defendido un escenario más optimista cercano a 3,2% para 2026. Por lo tanto, el rango 2,5%–3,2% describe una economía estable, pero no “a toda máquina”: es crecimiento condicionado, no aceleración plena.

A continuación, la propia dispersión de números revela que el crecimiento de 2026 se decidirá más por política que por macro. El Perú entra al año con inflación controlada y fundamentos que, en términos regionales, son una ventaja. Sin embargo, el país enfrenta un escenario base de inercia (≈ 2,6%–2,9%), un escenario optimista si se destraba inversión (≈ 3,0%–3,4%) y un escenario estresado si se combinan fricción global y pausa electoral (≈ 1,8%–2,4%). En otras palabras, Perú no necesita un lema que prometa potencia: necesita certeza para que la inversión no se paralice y para que el crecimiento no se quede en un techo modesto.

En ese marco, el problema del eslogan en un gobierno de transición es doble. Por un lado, hay una soberbia comunicacional: proclamar velocidad cuando el margen de maniobra real es limitado. Por otro, hay un riesgo de expectativas mal calibradas: sugerir un despegue que no aparece ni en los números oficiales ni en la lectura global. Así, la frase “Perú a toda máquina” termina siendo contraproducente, porque la confianza se construye con señales creíbles y resultados verificables, no con grandilocuencia.

Por eso, si el país quiere moverse del escenario base al optimista, el nuevo gobierno debe atacar lo único que hoy realmente mueve la aguja: la incertidumbre. En consecuencia, necesita un pacto mínimo de gobernabilidad, señales macro no negociables (autonomía del BCRP y disciplina fiscal), un destrabe de inversiones con cronograma público, gestión territorial preventiva del conflicto y, fundamentalmente, una reforma del Estado orientada a un tamaño óptimo y eficiente: menos duplicidad, más meritocracia, plazos vinculantes, ventanillas únicas reales y compras públicas que ejecuten sin abrir puertas a la corrupción. En suma, si algo ha demostrado la última década es que la crisis política no solo cambia presidentes: encarece el capital, ralentiza proyectos y condena al país a crecer “más o menos”. En 2026, la diferencia entre “crecer” y “despegar” no estará en un eslogan: estará en si el Estado deja de ser el principal factor de incertidumbre.

El ruido político que amenaza el debate democrático

Por Wens Silvestre

Cuando observamos nuestro panorama político a puertas de las elecciones generales de abril de 2026, no podemos separar la profunda crisis de representatividad que atraviesa el país del tipo de lenguaje que se ha vuelto dominante en la comunicación política, especialmente en plataformas digitales. Esta crisis no empezó ayer, ni se limita a un solo actor; pero la forma en que las ideas se expresan —cada vez más a través de consignas polarizantes y apelaciones emocionales extremas— ha transformado el debate público en una arena de gritos y antagonismos más que de propuestas y deliberación racional. Investigaciones sobre la polarización política en el Perú muestran que esta tendencia de “nosotros contra ellos” ha sido un proceso creciente durante décadas, expandiéndose en todas las dimensiones de la vida pública y erosionando la posibilidad de acuerdos o consensos básicos en la sociedad (Mejía Navarrete, 2024).

Este fenómeno de polarización no es inocuo; opera afectivamente y tiene consecuencias para la salud democrática del país. Expertos en ciencias políticas han señalado que, cuando se construye al oponente como enemigo que “debe ser vencido”, se debilita la noción de adversario legítimo y se abre la puerta a la percepción de que el otro no es solo distinto, sino peligroso para la comunidad misma. En condiciones saludables, la política democrática reconoce al adversario como un competidor a ser vencido en las urnas, no como un enemigo moral que hay que erradicar (McCoy, 2019).

En ese sentido, algunos discursos de figuras emblemáticas de la política peruana reciente —y que han sido ampliamente documentados— no solo apelan al descontento ciudadano, sino que lo hacen con un lenguaje que activa miedo, desconfianza y hostilidad hacia diversos colectivos y hacia instituciones mediadoras como la prensa. Un análisis en profundidad de medios investigativos encontró que ciertos líderes recurren sistemáticamente a teorías de la conspiración, desinformación y expresiones que no solo exageran amenazas, sino que describen a oponentes y sectores sociales como parte de un complot global contra la “gente honesta” (Castilla, Cabral, & Cucho, 2021).

Este tipo de recurso discursivo funciona así: en lugar de explicar por qué una política propuesta será efectiva, se enfatiza que quienes se oponen son parte de una fuerza oscura y destructiva que va contra la nación. La repetición de marcos donde se enfrentan facciones existenciales —“el bien” contra “el mal”— no solo simplifica en exceso la realidad, sino que explota las emociones más básicas de los públicos, amplificando la indignación y reduciendo la capacidad de análisis crítico. Esto es particularmente pernicioso en un contexto de profundas desigualdades sociales, fragilidad institucional y desconfianza estructural en el sistema político que ha caracterizado a nuestro país en años recientes.

Más allá de la polarización ideológica, hay estudios que han documentado cómo ciertos mensajes en redes, especialmente en Twitter —un espacio donde muchos políticos peruanos han viralizado su discurso— contienen componentes de odio, estigmatización y terruqueo, es decir, acusaciones que remiten a asociaciones con terrorismo o traición sin sustentos verificables (Morocho Alvia, 2023). Los recursos lingüísticos empleados, como la burla, la ironía o la acusación sin pruebas, no solo degradan a sus destinatarios, sino que exhiben una clara intención de hacer que ciertas personas o grupos se perciban como ilegítimos o peligrosos para la supervivencia de la nación.

Esto tiene un efecto acumulativo: cuando un número significativo de actores políticos normaliza esta retórica agresiva, el discurso público empieza a parecerse más a un campo de combate que a un foro de discusión. El resultado es que el debate colectivo deja de centrarse en cómo resolver los problemas estructurales del país —como la desigualdad, la inseguridad o la precariedad institucional— y se desplaza hacia una lógica de confrontación identitaria y emocional. En lugar de explicar cómo abordar un problema complejo, se recurre a frases diseñadas para provocar reacciones viscerales.

La pregunta que debemos hacernos como sociedad es profunda: ¿queremos líderes que prioricen la indignación por encima de la argumentación? ¿Queremos una política donde se gana visibilidad por la fuerza del grito más que por la claridad de una propuesta? ¿Qué tipo de democracia se construye cuando las apelaciones a la emoción sustituyen el análisis racional? Estas preguntas no son retóricas; son esenciales para evaluar el rumbo que está tomando el país.

Así pues, no se trata simplemente de criticar el tono de ciertos discursos ni de condenar la emoción en política. Las emociones siempre forman parte de la conversación política; sin embargo, cuando se utilizan omnipresentemente como herramienta para polarizar, deslegitimar y estrechar el campo de lo pensable, se produce una degradación del debate que mina la confianza pública en las instituciones democráticas y obstaculiza la cooperación social. El peligro no solo está en lo que se dice, sino en cómo y con qué efectos se disemina.

Si aspiramos a una democracia más sólida, es imperativo exigir un discurso que reconozca la pluralidad de opiniones como una fortaleza, no como una amenaza. Debemos reclamar a los políticos que articulen sus propuestas con claridad, responsabilidad y conexión con la realidad del país, en lugar de recurrir a consignas simplificadoras que alimentan la confrontación social. Porque si lo que prevalece es la exaltación emocional sobre el razonamiento crítico, la crisis no se resolverá: simplemente se profundizará, dejando a la deliberación pública en ruinas y a la ciudadanía cada vez más desconectada de la política real que el país necesita.

Sin reforma fiscal no hay futuro

Por Wens Silvestre

El alto riesgo de una crisis fiscal que enfrentamos como país no cayó del cielo ni es producto exclusivo de factores externos. Es, sobre todo, el resultado de una distorsión constitucional deliberadamente cultivada y políticamente explotada: la interpretación del Tribunal Constitucional (TC) que, en el Expediente 00018-2021-PI/TC, abrió una peligrosa puerta para que el Congreso apruebe leyes con impacto fiscal sin límite, sin responsabilidad y sin financiamiento real. Esa sentencia —que separa artificialmente la creación de obligaciones del acto de generar gasto público— ha sido el punto de partida de una ola legislativa que amenaza la sostenibilidad del país, socava la misión del Estado y premia la irresponsabilidad política.

En la sentencia, el TC sostuvo que el Congreso puede crear obligaciones económicas siempre que no generen gasto en el año fiscal vigente. Es decir, si el costo se traslada al futuro, no existe infracción constitucional. Ese razonamiento, a pesar de su aparente neutralidad jurídica, es una contradicción en términos: toda obligación económica que crea un derecho exigible es gasto, aunque se ejecute más adelante. Disociar obligación de gasto es una ficción incompatible con cualquier lógica presupuestaria moderna. Pero el TC la adoptó, y el Congreso la convirtió en un arma política. El resultado es un Parlamento que legisla sin coordinación con el Ejecutivo, sin respetar la programación multianual y, sobre todo, sin asumir costo político alguno por comprometer recursos que no existen.

Los datos del Consejo Fiscal son demoledores. Entre 2021 y 2025, el Congreso aprobó 229 leyes con impacto fiscal adverso, más del triple del promedio histórico. Y lo hizo, en gran medida, ignorando advertencias técnicas: 101 de esas leyes fueron aprobadas por insistencia. Hablamos de decisiones con costos que no son simbólicos: bonificaciones docentes que superan los S/ 40 mil millones, homologaciones remunerativas regionales de varios miles de millones, beneficios tributarios que debilitan ingresos públicos y ampliaciones de negociación colectiva que elevan el gasto corriente sin contrapartidas de productividad. 

A ello se suman 352 proyectos en trámite, los 10 más costosos con un impacto anual de S/ 25 mil millones. Para dimensionarlo: es más de lo que el país invierte en seguridad ciudadana, 18 veces Pensión 65 y 23 veces el Programa Juntos. Esta es una fábrica legislativa sin frenos, alentada por un incentivo perverso: aprobar beneficios hoy y dejar la cuenta para mañana.

Por lo demás, lo que está en juego no es solo el equilibrio macroeconómico. Es también la naturaleza del Estado y su misión. La mayor parte de estas iniciativas comparte un patrón preocupante: están dirigidas a ampliar beneficios de trabajadores del Estado, sin relación alguna con mejora del servicio público, menos aún con la productividad. No son políticas de meritocracia ni modernización: son privilegios corporativos que presionan la planilla pública y desplazan el gasto esencial.

Cada sol destinado a bonificaciones, regímenes especiales o nombramientos masivos sin criterio de necesidad es un sol menos para seguridad ciudadana, atención primaria de salud, justicia, infraestructura básica o programas sociales. El Estado no crece en capacidad; solo crece en obligaciones. Es decir, el Congreso legisla para quienes ya están dentro de la maquinaria estatal, no para quienes dependen de ella. Y, al final, quienes pagan el costo son los ciudadanos que dependen de servicios públicos esenciales cada vez más debilitados.

A ello se suma una consecuencia macrofiscal que ya nadie puede ocultar. Las proyecciones del Consejo Fiscal advierten que, si se ejecutan las leyes aprobadas y las iniciativas en cola, el déficit fiscal aumentaría 5 puntos del PBI adicionales. Y la deuda pública podría trepar hasta 70% del PBI en una década, niveles inéditos en la historia reciente del país. Más aún si consideramos que durante dos décadas fuimos reconocidos por nuestra disciplina fiscal, resulta alarmante cómo ese patrimonio institucional se debilita a un ritmo acelerado, empujado por decisiones legislativas tomadas sin responsabilidad y sin una mirada de país. No es una predicción alarmista: es la consecuencia aritmética de comprometer gastos permanentes sin fuente de financiamiento. Una senda que países como Argentina o Ecuador conocen demasiado bien.

Reformar el artículo 79 de la Constitución no recorta derechos ni limita la representación democrática. Lo que hace es devolver sentido al diseño constitucional original: el Congreso no puede crear gastos ni obligaciones con impacto fiscal sin iniciativa del Poder Ejecutivo, ni en el presupuesto anual vigente ni en los futuros. El artículo 79 fue creado precisamente para evitar que el Legislativo comprometa recursos que no administra. Su ambigüedad permitió que el TC lo distorsionara. Reformarlo es cerrar esa zona gris.

Con la reforma:

•  cualquier impacto fiscal debe ser promovido o autorizado por el Ejecutivo;
•  las obligaciones laborales y beneficios tributarios no pueden aprobarse sin fuente;
• el Congreso deberá pasar filtros de admisibilidad rigurosos;
• el equilibrio presupuestal deja de ser un saludo a la bandera;
•  la programación multianual vuelve a tener sentido.

Sin la reforma, continuará la deriva legislativa y el deterioro fiscal.

Por último, conviene decirlo sin rodeos: permitir que el Congreso comprometa recursos futuros para obtener réditos inmediatos es una forma de irresponsabilidad pública que bordea la inmoralidad política. No existe democracia sana sobre finanzas públicas insostenibles. No existe Estado eficaz sobre un presupuesto capturado por grupos de interés. No existe futuro cuando el presente consume más de lo que el país puede pagar.

La necesaria reforma del artículo 79 no solo repara un vacío jurídico: restaura el principio ético básico de que quienes toman decisiones deben hacerse cargo de sus consecuencias. El Perú ya ha visto el comienzo de esta película y sabe cómo termina: déficit insostenible, recortes abruptos, pérdida de credibilidad, deterioro social. Esperar más sería un acto de negligencia colectiva. El Congreso debe corregir la distorsión que él mismo ha aprovechado. El TC debe revisar una doctrina que resultó dañina. Y la ciudadanía debe exigir que el Estado deje de ser un botín y vuelva a ser un instrumento de servicio público.

Reformar el artículo 79 no resolverá todos los problemas del Estado peruano, pero sin esa reforma ningún otro intento de modernización sobrevivirá al desorden fiscal. No se trata de blindar al Ejecutivo ni de recortar facultades del Legislativo. Se trata de impedir que continúe la peligrosa ilusión de que crear obligaciones no es gastar y de que legislar sin financiamiento es inocuo. Se trata, en última instancia, de algo más simple y más profundo: devolver al Estado su capacidad de cumplir su misión.

Innovar o estancarse: lecciones del Nobel 2025

Por: Wens Silvestre

El Nobel de Economía 2025 honra una verdad incómoda y urgente: el crecimiento sostenido no es la inercia del mercado, sino el resultado de crear ideas útiles (Mokyr) y permitir que las mejores desplacen a las viejas (Aghion y Howitt). Sin cultura científica ni competencia que seleccione, la economía se apaga. Esa brújula es especialmente pertinente para el Perú -y en general para economías emergentes- que aspiran a crecer por productividad y no solo por viento externo.

Para empezar, Joel Mokyr nos recuerda que el progreso sostenido depende de un ecosistema de conocimiento: normas que valora la evidencia, talento científico en la “cola superior” y canales que convierten ciencia en técnica; al mismo tiempo, Philippe Aghion y Peter Howitt formalizan el motor schumpeteriano: innovar para escapar de la competencia, asumir que cada mejora “roba mercado” a la tecnología previa y que el crecimiento es la tasa de estas mejoras. Si fusionamos ambos lentes, la política económica deja de ser un catálogo de subsidios y se vuelve diseño institucional: proteger la búsqueda de verdades y asegurar mercados contestables. En suma, sin cultura científica no hay oferta de ideas, y sin mercados contestables esas ideas no se traducen en productividad. 

Ahora bien, si miramos al Perú con ese doble lente, el diagnóstico es claro. Por un lado, persiste un déficit de prerrequisitos: la inversión en I+D apenas ronda el 0,16% del PBI y los resultados de PISA 2022 se mantienen por debajo del promedio de la OCDE en matemática, lectura y ciencia, con pocos estudiantes en los niveles de máximo desempeño. Por otro lado, también hay avances que conviene poner en valor: la Política Nacional de CTI al 2030 ofrece una hoja de ruta para coordinar Estado, academia y empresa; además, la adopción de fibra óptica ya alcanza alrededor del 80% de las conexiones fijas (unas 4,19 millones a junio de 2025), lo que sienta bases tangibles para digitalizar procesos, educación y servicios. Asimismo, se asoma destrucción creativa focalizada: la transición hacia finanzas abiertas (Open Banking/Open Finance) promete elevar la rivalidad en pagos y crédito, mientras la competencia en conectividad fija está desplazando tecnologías legadas y reordenando liderazgos. Dicho de otro modo, la economía peruana innova sobre todo por adopción y muestra brotes de reemplazo tecnológico, pero todavía no cristaliza un régimen de innovación propio y a escala.

De ahí que la lección del Nobel no sea un homenaje académico, sino un guion de política. En términos prácticos, conviene blindar la política de CTI con metas verificables —por ejemplo, llevar la I+D al 0,5% del PBI en un quinquenio—, exigir cofinanciamiento privado, comprar por desempeño y evaluar rigurosamente programas como ProInnóvate o los CITES. En paralelo, resulta imprescindible multiplicar talento de frontera mediante becas, repatriación de PhD y consorcios universidad-empresa con laboratorios compartidos, además de garantizar libertad académica efectiva. La evidencia comparada es clara: sin masa crítica de investigadores y sin transferencia, la máquina de ideas se ahoga. A la vez, es clave hacer que la competencia premie al innovador: portabilidad de datos y APIs estandarizadas en banca para acelerar el Open Banking; reglas pro-entrada en telecomunicaciones para sostener la presión en la última milla; y procedimientos de quiebra ágiles que liberen capital y talento desde empresas no viables hacia las que sí innovan. Es importante combatir la informalidad, simplificando procesos administrativos, optimizando costos laborales no salariales e inspecciones inteligentes: sin reasignación eficiente, no hay destrucción creativa que rinda.  Finalmente, porque la destrucción creativa genera perdedores transitorios, conviene acompañarla con reconversión laboral, orientación y seguros bien focalizados; no es un “pero” a la innovación, sino su seguro social.

Para que el discurso no se quede en promesas, corresponde medir lo que importa. Primero, elevar el GERD (I+D total sobre PBI) del 0,16% al 0,5%, garantizando que al menos la mitad se ejecute en proyectos colaborativos universidad-empresa. Segundo, aumentar la proporción de estudiantes en Niveles 5-6 de PISA y reducir el porcentaje por debajo del Nivel 2, como termómetro del “talento de cola superior”. Tercero, rastrear la contestabilidad: cuántos nuevos participantes obtienen licencias en finanzas y telecom, cuánta participación de mercado ganan a incumbentes y cuánto tarda la portabilidad de datos en banca abierta. Cuarto, seguir la difusión digital: hogares y pymes con fibra, adopción de servicios en la nube/IA y brechas de productividad entre firmas que adoptan y las que no.

En definitiva, si un país quiere crecer en serio, debe sembrar ciencia y dejar competir a las ideas. Perú —como muchos emergentes— ya colocó algunas piezas: una política de CTI y una infraestructura digital que se acelera. Con todo, falta lo decisivo: convertir la innovación en regla del juego y aceptarla como el mecanismo que reasigna recursos hacia donde generan más valor. Porque en economía, como subrayan Mokyr, Aghion y Howitt, lo nuevo no es un lujo: es la única forma de no quedarse atrás.

Investidura sin ancla fiscal

Por Wens Silvestre

La investidura del gabinete Álvarez llega con la promesa de “recuperar la autoridad del Estado” y un reconocimiento explícito de la crisis de confianza. Bien; era indispensable decirlo. Pero el contexto exige más que frases: exige reglas. Porque el mismo día en que el país escucha la oferta de puentes y diálogo, el Gobierno decreta estado de emergencia en Lima y Callao por 30 días, habilitando empleo de FF. AA. junto a la PNP, restricciones a reunión y desplazamiento, y una gradación de medidas que ya conocimos —con resultados pobres— bajo la gestión previa. El mensaje político es inequívoco: la autoridad se quiere afirmar desde la excepción antes que desde la gestión. 

Ahora bien, la emergencia no es en sí misma un pecado institucional. Lo problemático es con qué control y para qué. Si no hay protocolo público de uso de la fuerza, cadena de mando identificada y metas operativas (extorsión a la baja, 911 con tiempos de atención, cámaras efectivas), la medida corre el riesgo de ser un atajo para contener protesta en lugar de abatir crimen. La lectura no es paranoica: así lo advierten crónicas internacionales y locales al notar que las mismas recetas se repiten y que el objetivo real podría ser neutralizar la calle tras los hechos del 15 de octubre.

Con todo, el eje seguridad tiene espacio para políticas que sí ayudan: flagrancia afinada para extorsión, cooperación regulada con operadoras, inteligencia penitenciaria y trazabilidad financiera. Pero ese menú cabe en leyes específicas y protocolos ejecutivos; no exige un cheque en blanco de delegación legislativa por 90 días “con todas las herramientas del derecho”. En un gobierno interino y con déficit de legitimidad, las herramientas extraordinarias deben ser excepcionales, acotadas y auditables; de lo contrario, el costo reputacional supera la ganancia táctica.

Mientras tanto, la otra emergencia —la fiscal— no admite más dilación. El Consejo Fiscal documentó una oleada de 229 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y octubre de 2025; 101 de ellas por insistencia, con un costo anual superior a S/ 36 mil millones. Solo cinco normas aprobadas desde agosto de 2024 suman ≈S/ 22 mil millones al año (1,8% del PBI): FONCOMUN (Ley 32387), capacitaciones SUNAT para microempresas (Ley 32335), amnistía IR por rentas no declaradas (Ley 32201), homologación del CAFAE 276 (Ley 32424) y negociación colectiva descentralizada con incidencia económica (Ley 32216). El trazo grueso es brutal: sin corrección, el déficit se separa de la trayectoria del MMM y la deuda pública podría trepar hacia ≈70% del PBI en 2036, devorando espacio para salud, seguridad y agua.

Aquí conviene hablar claro de responsabilidades recientes. Bajo la presidencia parlamentaria de José Jerí, el Congreso promulgó por insistencia la Ley 32424 (homologación del CAFAE 276) el 20 de agosto de 2025, pese a observaciones de sostenibilidad; además, en septiembre de 2025 se aprobó por insistencia la Ley 32448, que elimina el requisito de opinión favorable del MEF para convenios colectivos centralizados y permite indexaciones, abriendo una compuerta de gasto rígido. Son decisiones populistas por su efecto permanente y su baja calidad de diseño; y, sí, ocurrieron ya en la actual conducción congresal. Un Ejecutivo serio que hoy pide “confianza” debería deslindar y proponer su corrección.

No es menor que el gabinete evite pronunciarse sobre Petroperú —¿habrá más rescates?— ni ancle sus anuncios a una regla PAYGO (“no gasto sin fuente”). Pedir facultades y activar emergencias sin decir cómo se financiarán operativos, tecnología, horas-policía o medicamentos es una asimetría peligrosa. Y lo mismo ocurre con REINFO: bien que el premier advierta que ampliarlo incentiva la ilegalidad; falta el paquete operativo (control de combustibles, explosivos y flujos de dinero) con fechas, responsables y coordinación fiscal-policía.

¿Qué sería, entonces, una investidura adecuada al momento? Primero, autoridad con reglas: protocolo de uso de la fuerza, cadena de mando y meta de cero fallecidos en control de multitudes; emergencia focalizada con revisión semanal del Congreso y prohibición expresa de usarla para limitar protesta pacífica; y cualquier delegación acotada (extorsión/INPE/empresas de telecomunicaciones) con cláusula de caducidad y control judicial para vigilancia. Segundo, gestión con métricas: plan de 100 días con indicadores públicos (extorsión, Central de Emergencias 911, % cámaras operativas, 100 hospitales con ≥80% de stock). Tercero, disciplina fiscal: corregir las leyes más costosas aprobadas por insistencia en 2024–2025 (empezando por CAFAE 32424 y el “efecto MEF” de 32448), y congelar exoneraciones y beneficios de baja calidad. Cuarto, neutralidad electoral: mesa ONPE–JNE–Defensoría con protocolo de seguridad electoral no militarizada.

De lo contrario, el cuadro es conocido: más excepcionalidad, menos legitimidad, más intereses y menos servicios. El discurso puede sonar conciliador; la práctica, en cambio, teje un andamiaje de emergencia y delegación sin candados y una coartada fiscal para no corregir la herencia populista —incluida la que el propio Jerí convalidó desde la presidencia del Congreso. La transición necesita gobernar con reglas, no sobre-atenderse con poderes extraordinarios; y necesita contabilidad honesta, no magia.

En suma: la investidura será creíble si el gobierno ata sus anuncios a protocolos, metas y financiamiento, y si rectifica el curso fiscal que el Consejo Fiscal ha puesto en rojo. Si no, la autoridad que dice recuperar será apenas un paraguas político para llegar a abril; y la factura —en deuda, en derechos y en confianza— la pagará el siguiente gobierno.

Transición entre promesas y confrontaciones

Por Wens Silvestre

La última sucesión constitucional devuelve a nuestro país a un punto ya conocido: legitimidad de origen suficiente para gobernar, pero legitimidad de desempeño aún por construir. El gabinete encabezado por Ernesto Álvarez se presenta como “de transición y reconciliación”, aunque su coherencia interna dependerá de si la conducción política modera el tono y ordena prioridades en tres frentes que se cruzan esta semana: la calle (protesta del 15 de octubre), el Congreso (donde se define la gobernabilidad efectiva) y la economía (sensibilidad de ingresos y empleos a cualquier shock de incertidumbre).

El elenco ministerial confirma una apuesta tecnocrática: perfiles con experiencia en cargos medios -viceministerios, direcciones, asesorías- capaces de ejecutar procesos y destrabar expedientes. Eso acorta la curva de aprendizaje y reduce el riesgo de escándalos, pero trae dos límites: baja densidad política para negociar con bancadas y regiones, y vocerías frágiles ante la conflictividad social. El nodo es la PCM: Álvarez llega con capital jurídico, pero con un marco discursivo sobre la protesta que, si no se corrige, contamina la promesa de reconciliación.

Lo que dejó el 15 de octubre confirma ese dilema. La movilización convocada por colectivos juveniles derivó en choques en el Centro de Lima con un saldo de un fallecido --identificado como Eduardo Ruiz, de 32 años- y decenas de heridos; los reportes oscilan entre 80 y 89 policías lesionados y 20 o más civiles, además de periodistas heridos y detenidos. La Fiscalía abrió investigación por muerte causada por arma de fuego; el Ejecutivo lamentó el deceso y habló de “infiltración de delincuentes”, mientras la Defensoría y medios internacionales registraron un uso intensivo de gases y proyectiles durante los enfrentamientos cerca del Congreso. El cuadro es nítido: la protesta no fue un mero “acto subversivo”, pero tampoco un día sin violencia; fue, sobre todo, un test fallido de gestión del conflicto por parte del Estado.

Las consecuencias de corto plazo son previsibles y exigentes. Primero, estándares: el Gobierno queda obligado a publicar protocolos de uso de la fuerza, partes diarios y rutas de investigación sobre el deceso, con monitoreo de la Defensoría y acceso a peritajes independientes.  Segundo, el Congreso cumplió su rol de control invitando al ministro del Interior y este acudió hoy, jueves 16 de octubre, al mediodía, para informar sobre los hechos del 15/10. No obstante, el debate no exigió un deslinde explícito frente a la estigmatización de la protesta -instalada desde la PCM- y terminó enfatizando casi exclusivamente la victimización de un solo lado (lesionados PNP), dejando en segundo plano el derecho a la protesta, los estándares de uso de la fuerza y la investigación independiente y con plazos por la muerte reportada. Ese encuadre erosiona la promesa de ‘reconciliación’ del Ejecutivo y vacía de contenido la función garantista del Congreso. Tercero, economía política: los ministerios “operativos” verán ralentizada su agenda si la PCM insiste en un registro punitivo; sin un giro inmediato -reconocer protesta pacífica, separar violentistas, concertar con juventudes y mujeres-, la narrativa de reconciliación se vacía y la incertidumbre se encarece. 

Orden y derechos no son bienes rivales. Pensar que la única manera de recuperar confianza es elevando el umbral represivo ignora que el costo-país también sube cuando hay lesiones a derechos y crisis reputacionales. Una transición se mide por 100 días: medicinas disponibles, patrullaje efectivo, agua y saneamiento que avanzan, trámites que se acortan. El resto es agenda para el siguiente ciclo. Sin correlación en el Pleno, la gestión deriva en interpelaciones y fuego amigo; la política parlamentaria no se terceriza a voceros: la PCM debe negociar todos los días.

Las convocatorias del 15/10 no son un referéndum sobre el gobierno en su conjunto; son un termómetro de rechazo acumulado al Congreso y a la sucesión, de agendas específicas (derechos de las mujeres, juventudes, seguridad, etc.) y de la respuesta estatal. Si el gobierno diferencia con precisión entre violentistas y ciudadanía, baja la temperatura; si persevera en rótulos estigmatizantes, incentiva la escalada. El indicador clave no es el número de marchantes, sino la gestión del conflicto: cero fallecidos, cero lesiones graves, protocolos transparentes y vocería única.

A 30–90 días, el escenario base es un gabinete operativo con plan de 100 días y conflictividad intermitente si la PCM corrige el tono. El escenario de riesgo combina narrativa punitiva, nuevos incidentes y paros regionales con ventana de interpelaciones; la economía entra en modo cautela. La oportunidad exige diálogo con plataformas juveniles, de mujeres y de otros sectores afectados por la inseguridad, publicación de protocolos y entregables rápidos (medicamentos, seguridad focalizada, destrabe de 20 obras) para reposicionar la palabra “reconciliación” como política pública.

La oposición responsable debe ejercer control político firme y cauces de salida: exigir protocolos, metas y cronograma no debilita al gobierno, lo ordena. Tres líneas rojas razonables: no estigmatizar la protesta, transparencia total en intervenciones y compras, y priorizar servicios al ciudadano por encima de reformas polarizantes. Si el Ejecutivo cumple, se viabiliza su agenda básica; si incumple, interpelaciones en 30 días y recomposición de lo que no funciona.

En síntesis, este gabinete tiene capacidad operativa para una transición eficaz, pero su éxito descansa en un giro inmediato de la PCM: de la lógica de la sospecha a la gestión con reglas. El 15 de octubre dejó un costo humano y una agenda institucional: sin estándares y sin diálogo, la promesa de reconciliación se convierte en un multiplicador de conflicto.