Presidente de la República José Jerí, perdido en su laberinto

 Por Wens Silvestre

La actual crisis política no es el resultado de una conspiración externa ni de una oposición desestabilizadora; es, ante todo, una crisis autogenerada por quien ejerce la Presidencia de la República por sucesión constitucional. José Jerí llegó a Palacio con un mandato estrictamente funcional: evitar el vacío de poder, garantizar la neutralidad del Estado y conducir una transición ordenada hacia las elecciones. Sin embargo, en pocas semanas, ese encargo excepcional se ha visto desnaturalizado por decisiones, gestos y omisiones que han erosionado la confianza pública y colocado al país en un nuevo punto de inestabilidad. 

Desde una perspectiva constitucional, el problema central no es penal ni ideológico, sino funcional. Un presidente por sucesión no gobierna con legitimidad de origen popular, sino con legitimidad condicionada al respeto de límites. Esa condición exige prudencia extrema, autocontención y claridad de rol. Cuando el Jefe del Estado aparece en reuniones no transparentes, ofrece versiones cambiantes, avala o se pliega a medidas de fuerza sectoriales, y recurre reiteradamente a estados de excepción sin rendición de cuentas ni resultados verificables, el problema deja de ser comunicacional y se convierte en institucional.

Un elemento particularmente corrosivo de esta crisis —y quizá el que más ha deteriorado la viabilidad política de la permanencia de José Jerí en el cargo— son las reuniones no oficiales sostenidas con empresarios chinos, fuera de agenda, sin registro institucional y seguidas de explicaciones fragmentarias o contradictorias. En un país marcado por escándalos reiterados de captura del Estado, la sola opacidad de estos encuentros basta para activar todas las alarmas democráticas. No se trata únicamente de determinar si existió o no un ilícito penal; se trata de comprender que un presidente por sucesión constitucional no puede permitirse zonas grises. Cuando el Jefe del Estado se reúne sin transparencia con actores económicos con intereses en el país, la confianza pública se quiebra, aun antes de cualquier pronunciamiento judicial. Para buena parte de la clase política —incluidos sectores que inicialmente respaldaron la transición— este episodio simboliza la pérdida de brújula institucional: un gobierno que debía ser transitorio y aséptico aparece expuesto a sospechas de influencia privada, debilitando su autoridad moral y comprometiendo la neutralidad que la Constitución exige en este tramo excepcional.

En materia de seguridad ciudadana, el contraste es aún más severo. La lucha frontal contra la inseguridad fue presentada como eje central de la transición. No obstante, los datos disponibles muestran un incremento sostenido de la violencia letal, mientras que la respuesta del Ejecutivo ha sido insistir en decretos de emergencia que, lejos de revertir la tendencia, parecen haberse convertido en un recurso reflejo. Gobernar mediante la excepción, sin metas claras ni evaluación pública, no fortalece la autoridad del Estado: la debilita. La autoridad legítima se construye con resultados, reglas claras y responsabilidad política, no con la reiteración de medidas extraordinarias.

A ello se suma una confusión peligrosa entre el rol institucional y la posición personal. Un presidente —y más aún uno que ejerce el cargo por sucesión— no puede actuar como actor de protesta ni alinearse con paros sectoriales. Su deber es mediar, proteger derechos de todos y preservar el orden constitucional. Cuando el árbitro baja a la cancha, el sistema pierde equilibrio. Esta incapacidad para distinguir funciones no es un detalle menor; revela una carencia de sentido de Estado incompatible con la conducción de una transición democrática.

La ética pública añade otra capa al problema. No se trata de afirmar culpabilidades, sino de reconocer que la política democrática se sostiene también en la apariencia de corrección. En contextos frágiles, la sola acumulación de dudas —reuniones opacas, nombramientos cuestionados, decisiones incoherentes— basta para minar la credibilidad del gobierno. Persistir en el cargo sin recomponer esa confianza no es un acto de fortaleza, sino de obstinación.

¿Qué debería decidir José Jerí por el bien del país? Primero, comprender que la transición no es un espacio para ensayar poder, sino para preservar la República. Ello implica optar entre dos caminos: o rectificar de manera inmediata, profunda y verificable —con transparencia total, rendición de cuentas en seguridad, corrección de nombramientos y renuncia expresa a cualquier rol político-partidario—, o dar un paso al costado desde la Presidencia del Congreso, permitiendo que el orden constitucional se recomponga sin más desgaste.

Nuestra historia política reciente demuestra que prolongar crisis por cálculo personal siempre tiene un costo mayor que asumir responsabilidades a tiempo. La salida no pasa por resistir, sino por restablecer límites. En una democracia exhausta, el mayor acto de responsabilidad no es aferrarse al poder, sino reconocer cuándo su ejercicio deja de servir al interés general. Ese es el dilema en el que hoy se encuentra José Jerí, atrapado en su propio laberinto, con la obligación —ética y constitucional— de encontrar una salida que le haga bien al país, no a su permanencia.