Dialogar es una obligación democrática

Por Wens Silvestre

El Parlamento existe porque una sociedad tiene diferencias y necesita procesarlas mediante la palabra, la deliberación y el voto. Cuando sus integrantes convierten al adversario en enemigo, descalifican sus argumentos por su procedencia política o consideran cualquier concesión una derrota, debilitan la institución que deberían fortalecer. El diálogo es una responsabilidad inherente a la representación democrática. Desde la perspectiva deliberativa de Jürgen Habermas, la legitimidad de las decisiones se sustenta en un proceso libre e inclusivo de formación de la voluntad política. Esta idea exige que las posiciones puedan discutirse y someterse al examen público.

Esta exigencia alcanza al oficialismo y a la oposición, aunque sus responsabilidades sean distintas. A quienes respaldan al Gobierno les corresponde explicar sus propuestas, sustentar su necesidad y construir los apoyos para aprobarlas. A quienes discrepan les corresponde fiscalizar, advertir riesgos y plantear alternativas. Ninguna de esas funciones justifica la imposición, el agravio o el bloqueo como conducta permanente. Reconocer al otro como interlocutor legítimo expresa un principio de igualdad democrática: sus razones merecen ser escuchadas y examinadas, aunque no lleguen a convencernos. 

El oficialismo tiene una responsabilidad especial: tomar la iniciativa para generar confianza. Gobernar supone relacionarse también con quienes no votaron por el partido vencedor. La legitimidad electoral permite conducir el Gobierno, pero la construcción de acuerdos exige escuchar objeciones, responder con argumentos y admitir correcciones. Una observación atendible conserva su valor aunque provenga del adversario más incómodo. John Stuart Mill defendió en Sobre la libertad el valor de confrontar las propias convicciones con las razones contrarias: esa confrontación permite corregir errores y comprender mejor incluso aquello en lo que tenemos razón. Escuchar es, por ello, una forma de mejorar el juicio político.

La oposición, por su parte, debe preservar su independencia y ejercerla con responsabilidad. Puede rechazar una propuesta y explicar sus razones; también puede respaldar una medida útil sin convertirse en aliada del Gobierno. Cuando todo se evalúa según quién obtiene el beneficio político, las necesidades ciudadanas quedan subordinadas a la competencia partidaria. Fiscalizar exige rigor; oponerse exige ofrecer razones. La independencia se demuestra en la capacidad de juzgar cada propuesta con criterios propios y sostener ese juicio ante la ciudadanía.

El debate sobre la delegación de facultades permite plantear una cuestión central: cada materia debe evaluarse por su contenido, sus límites y sus consecuencias. Convertir un conjunto de medidas en una prueba de lealtad al Ejecutivo dificulta distinguir lo necesario de lo discutible. También lo dificulta rechazarlo íntegramente por su origen. Una negociación responsable debe identificar coincidencias, precisar controles y reservar para una discusión más amplia aquello que todavía no reúne respaldo suficiente.

Aprobar un acuerdo parcial puede representar un avance valioso. Si existen coincidencias sobre determinadas medidas, corresponde trabajar para concretarlas y continuar deliberando sobre las restantes. La búsqueda de una victoria total puede terminar sacrificando soluciones posibles. La firmeza política debe expresarse en los objetivos que se defienden y en la capacidad de encontrar caminos viables para alcanzarlos. Una sociedad plural puede compartir decisiones concretas sin que sus integrantes renuncien a sus diferencias más profundas.

El lenguaje importa. Las amenazas, los insultos y las asociaciones descalificadoras con el terrorismo deterioran las condiciones del debate. También las acusaciones indiscriminadas que atribuyen intenciones autoritarias a cualquier discrepancia. Una vez que se niega legitimidad al interlocutor, resulta más difícil reconocer sus aportes o modificar una posición sin que ello parezca una rendición. Hablar con respeto facilita discutir con mayor profundidad y exigir mejores respuestas. El deber de civilidad que plantea John Rawls, referido especialmente a las cuestiones constitucionales esenciales y de justicia básica, ofrece un fundamento para esta exigencia: justificar las posiciones mediante razones públicas y estar dispuesto a escuchar las de los demás. La cortesía importa, pero la responsabilidad democrática exige también ese esfuerzo de justificación.

Sin embargo, el consenso también necesita límites y transparencia. Los acuerdos deben poder explicarse públicamente por sus beneficios, sus costos y las garantías que incorporan. El reparto de posiciones, la protección recíproca o el debilitamiento de los controles no adquieren legitimidad por reunir muchos votos. El valor democrático de un acuerdo depende tanto de su contenido como de la forma en que se construye. Una mayoría puede zanjar una votación; su fuerza numérica no basta para justificar una injusticia ni para sustraer sus decisiones al escrutinio ciudadano.

Por eso, dialogar requiere un método: interlocutores con capacidad de negociar, observaciones sustentadas, respuestas concretas, trabajo técnico entre bancadas y compromisos verificables. Requiere además reconocer las diferencias que persisten. Buscar consenso obliga a realizar un esfuerzo serio por acercar posiciones; cuando ese esfuerzo no alcanza, corresponde decidir mediante el voto y respetar el resultado, conservando el derecho a la crítica y al control. El desacuerdo seguirá formando parte de la democracia. La calidad de sus instituciones se revela en la manera de encauzarlo y en su disposición a revisar las decisiones cuando existan razones para hacerlo.

Las familias que esperan seguridad, atención de salud, educación y oportunidades tienen razones para exigir un Parlamento capaz de producir decisiones útiles. Oficialismo y oposición deben demostrar que pueden discrepar con firmeza, tratarse con respeto y cooperar cuando el interés público lo exige. La autoridad política también se construye escuchando, corrigiendo y cumpliendo acuerdos. Dialogar supone reconocer que ninguna bancada agota la voz de la ciudadanía y que toda decisión pública merece razones que puedan defenderse ante ella. Esa es una obligación democrática que ninguna bancada debería eludir.