El Estado contra sus ciudadanos

Wens Silvestre

Hay una falacia que se ha vuelto costumbre en nuestro país: presentar toda muerte causada por agentes del Estado como un accidente inevitable de la seguridad, como un “exceso” aislado, como una confusión lamentable en medio de una guerra permanente contra enemigos difusos. Esa falacia debe ser desmontada con firmeza. Porque cuando civiles mueren bajo fuego militar o policial, la primera obligación de un Estado democrático no es defender su imagen, sino responder por sus muertos.

Los hechos ocurridos en Tayacaja, Huancavelica, donde cinco civiles murieron durante una intervención de miembros de las Fuerzas Armadas, no pueden ser tratados como una nota policial más ni como un costo colateral de la lucha contra el narcotráfico. La Fiscalía investiga a militares por presunto homicidio calificado. Los familiares y sobrevivientes han denunciado que las víctimas eran jóvenes que regresaban de una actividad deportiva y que fueron atacados por hombres armados, presuntamente vestidos de civil. Frente a esa gravedad, el deber de quienes gobiernan no era minimizar, justificar ni sembrar sospechas sobre los muertos. Era garantizar verdad, justicia y responsabilidad.

Pero el poder político peruano ha desarrollado una peligrosa rutina: cuando las víctimas son pobres, rurales, andinas o viven en territorios marcados por el abandono estatal, primero se las sospecha y luego, quizá, se las investiga. Antes de saber quiénes eran, se les coloca encima una etiqueta: “narcoterroristas”, “delincuentes”, “vándalos”, “enemigos del orden”. Esa etiqueta cumple una función miserable: reduce la vida humana a expediente de seguridad. Convierte a ciudadanos en objetivos. Prepara a la opinión pública para aceptar lo inaceptable. 

La primera falacia del poder es decir que cuestionar un operativo militar equivale a atacar a las Fuerzas Armadas. Falso. Exigir investigación no debilita a las instituciones; las rescata de la impunidad. Una Fuerza Armada republicana no necesita encubrimiento, necesita legalidad. No se honra al uniforme protegiendo a quienes pudieron haber cometido crímenes; se lo honra separando con claridad al soldado que cumple la Constitución del agente que la traiciona. La verdadera amenaza contra la institución no viene de quienes piden justicia, sino de quienes pretenden convertirla en una corporación intocable.

La segunda falacia es invocar la seguridad para suspender los derechos. También es falso. La seguridad no es una licencia para matar. En una democracia, el monopolio estatal de la fuerza solo es legítimo si está sometido a ley, necesidad, proporcionalidad, control judicial y rendición de cuentas. Si el Estado puede disparar contra civiles y luego justificarlo con comunicados, entonces ya no estamos ante seguridad democrática, sino ante una forma degradada de poder armado. La fuerza pública no existe para reemplazar a los jueces ni para decidir quién merece vivir.

La tercera falacia es suponer que, por tratarse de una zona como el VRAEM o de una provincia históricamente asociada a violencia, cualquier ciudadano que transite por allí queda automáticamente bajo sospecha. Esa idea es profundamente antiliberal y antidemocrática. Ninguna persona pierde sus derechos por vivir en una zona pobre, rural, militarizada o abandonada por el Estado. La presunción de inocencia no se suspende por geografía. El derecho a la vida no depende del código postal. Y la dignidad humana no puede ser degradada porque un funcionario necesite justificar un operativo fallido.

La cuarta falacia es presentar estos hechos como casos aislados. No lo son. En los últimos años, el país ha visto una secuencia alarmante: protestas reprimidas con muertos y heridos, estados de emergencia normalizados, discursos oficiales que criminalizan la protesta, investigaciones lentas, mandos políticos que se lavan las manos y congresos que legislan más rápido para blindar a agentes estatales que para proteger a las víctimas. El patrón es demasiado claro: cuando el Estado dispara, el poder se apresura a explicar la bala; cuando las familias lloran, se les exige primero demostrar que sus muertos eran inocentes.

Esa inversión moral es intolerable. En un Estado de derecho, no son los muertos quienes deben probar que merecían vivir. Es el Estado quien debe probar por qué usó la fuerza letal. Es el Estado quien debe explicar quién ordenó, quién disparó, quién supervisó, quién encubrió, quién mintió y quién permitió que una operación terminara en cadáveres civiles.

La quinta falacia, quizá la más cínica, es la de quienes se dicen liberales mientras justifican la violencia estatal contra ciudadanos indefensos. No hay liberalismo posible donde el Estado mata y no responde. El liberalismo nació precisamente como desconfianza frente al poder absoluto. Su premisa elemental es que el individuo tiene derechos que ningún gobernante, policía, militar o ministro puede pisotear. Defender la vida, la libertad, el debido proceso y la igualdad ante la ley no es una concesión progresista: es el corazón mismo de la tradición liberal.

Por eso resulta obsceno escuchar a ciertos defensores del “orden” hablar de libertad económica, propiedad privada o seguridad jurídica, mientras relativizan la muerte de campesinos, jóvenes o manifestantes. Esa no es defensa de la libertad; es defensa selectiva del privilegio. Quien exige garantías para la inversión, pero no justicia para civiles asesinados, no defiende el Estado de derecho: defiende un Estado al servicio de los fuertes y armado contra los débiles.

Más que ante un liberalismo coherente, estamos frente a un mercantilismo autoritario: un régimen que no reduce realmente el Estado, sino que lo vuelve paquidérmico, lento e ineficiente; un aparato costoso que abandona al ciudadano común, pero preserva privilegios, burocracias, clientelas y redes de poder. No se trata de un Estado mínimo, sino de un Estado capturado: débil para garantizar salud, educación, justicia y seguridad cotidiana, pero fuerte para reprimir, vigilar, castigar y proteger intereses particulares. En ese modelo, el ciudadano queda desamparado, mientras el aparato público funciona principalmente para quienes viven de él o negocian con él.

El Ejecutivo minimiza cuando responde con frialdad burocrática ante la muerte de civiles. Minimiza cuando primero protege la versión militar y después promete investigar. Minimiza cuando llama “operativo” a lo que puede ser una masacre. Minimiza cuando no expresa duelo, cuando no suspende preventivamente a responsables, cuando no garantiza protección a testigos, cuando no exige colaboración absoluta de los mandos. Y minimiza, sobre todo, cuando olvida que la vida de un joven campesino vale tanto como la de cualquier ministro, empresario o general.

El Legislativo, por su parte, practica una indignación intermitente. Cita ministros, presenta mociones, declara preocupación; pero al mismo tiempo aprueba o respalda normas que favorecen la impunidad de agentes estatales acusados de graves violaciones de derechos humanos. Fiscaliza con una mano y blinda con la otra. Llora a las víctimas cuando las cámaras están encendidas, pero legisla para que la responsabilidad se diluya cuando la atención pública se apaga. Esa no es representación democrática; es complicidad institucional.

La pregunta de fondo no es solo quién disparó en Tayacaja. La pregunta es qué tipo de Estado permite que sus agentes disparen contra civiles y luego intente envolver la tragedia en lenguaje de seguridad nacional. La pregunta es por qué la vida rural sigue siendo tratada como vida descartable. La pregunta es por qué quienes gobiernan exigen paciencia a las familias, pero ofrecen rapidez a los mandos. La pregunta es por qué la justicia camina lento cuando los muertos son pobres y el victimario lleva uniforme.

Un Estado liberal, democrático y constitucional debe cumplir exigencias mínimas: investigación fiscal independiente, pericias transparentes, identificación de responsables directos y de mando, suspensión preventiva de implicados, protección de sobrevivientes, reparación integral a las familias y garantías reales de no repetición. Todo lo demás es retórica. Todo lo demás es administración del escándalo.

Y debe quedar claro: pedir justicia no significa negar la existencia del narcotráfico, ni desconocer los riesgos que enfrentan las fuerzas del orden, ni romantizar la violencia criminal. Significa algo mucho más básico: incluso en la lucha contra el crimen, el Estado no puede convertirse en criminal. La diferencia entre una república y una banda armada está precisamente en los límites. Si esos límites desaparecen, la bandera, el uniforme y el himno no purifican el abuso; apenas lo decoran.

Los gobernantes suelen pedir confianza. Pero la confianza no se exige: se merece. Y se merece cuando el Estado protege al débil, investiga al poderoso, sanciona al culpable y reconoce a las víctimas. Un gobierno que pide confianza mientras minimiza muertes civiles no merece obediencia moral; merece vigilancia ciudadana.

Tayacaja debe convertirse en una línea ética. No se puede aceptar que la seguridad sea usada como coartada para la muerte. No se puede aceptar que el silencio oficial pese más que el dolor de las familias. No se puede aceptar que el Congreso actúe como notario de la impunidad. No se puede aceptar que quienes dicen defender la libertad callen cuando el poder armado aplasta al individuo.

Porque la verdadera prueba de un Estado no está en sus desfiles militares, ni en sus discursos patrióticos, ni en sus comunicados de emergencia. Está en lo que hace cuando sus propios agentes matan. Si investiga, sanciona y repara, todavía hay república. Si encubre, justifica y olvida, lo que queda no es Estado de derecho, sino poder desnudo.

Y frente al poder desnudo, la ciudadanía tiene una obligación: no acostumbrarse. No aceptar que unos muertos valgan menos que otros. No permitir que la palabra “seguridad” se convierta en el sudario de la justicia. No dejar que el Estado, creado para proteger la vida, se transforme en su verdugo.

Porque cuando el Estado mata y quienes gobiernan minimizan, ya no estamos ante un simple error operativo, sino ante una traición política, moral y constitucional. Esa traición debe ser nombrada sin miedo, porque el silencio solo prolonga la impunidad. Y, al final, la medida más honda de esta crisis no está en los comunicados oficiales ni en los discursos de seguridad, sino en el llanto de las madres. Un país que se acostumbra a ese dolor ha perdido algo más grave que la seguridad: ha perdido el alma moral de la República.