
Amor, Libertad, Paz y Bien. Love, Freedom, Peace and Goodness.
viernes, 19 de junio de 2009
Obama y la mosca

jueves, 18 de junio de 2009
"Los lobbies del hortelano"
Los lobbies del hortelano
Lun, 15/06/2009 - 23:17
Por: Augusto Álvarez Rodrich
alvarezrodrich@larepublica.com.pe
"Los problemas de las facultades legislativas
Otro damnificado del K.O. del gobierno en el ring amazónico es su credibilidad pues, a diferencia de lo que se pasó diciendo en los últimos dos meses, ahora resulta que las leyes de la selva que tantos problemas ocasionaron no eran taaaaaaaaaan cruciales para el TLC con Estados Unidos. ¡Plop, exijo una explicación!
El Ministerio de Comercio Exterior insistió en que la derogación de los decretos legislativos 1090 y 1064 sería la catástrofe del TLC. Al final, sin embargo, la ministra Mercedes Aráoz reconoció que Estados Unidos “nos ha dado un tiempo para resolver esta situación y establecer una nueva ley forestal que cumpla los requisitos de protección a los bosques y control a la tala ilegal de árboles”. (Y –digo nomás yo– que sea conversada con los ciudadanos de la selva).
El ex ministro Alfredo Ferrero no tiene claro por qué los decretos eran indispensables para el TLC, y el martes declaró a El Comercio que “lo único que se comentaba era que había preocupación por la tala ilegal y el trabajo forzoso, pero no más. Nunca se supo al detalle cuáles eran las exigencias y qué partes eran cosecha propia, y fueron introducidos aprovechando la delegación de facultades”.
Quizá ahí esté el detalle, pues parecería, entonces, que el gabinete presidido por Jorge del Castillo aprovechó las facultades legislativas para implementar el TLC con el fin de meter algunas otras ‘cosillas’, lo cual plantea más de un problema.
Para empezar, ¿por qué se habrían usado esas facultades para asuntos para los que no fueron otorgadas? Y no es que quiera ser mal pensado, pero ¿cuántos contrabandos habrán pasado en los 99 decretos legislativos que se dieron bajo la sombra del TLC? Y, para decir las cosas de un modo más claro y directo, ¿qué lobbies no se habrán movido para sacar adelante sus iniciativas aprovechando la avalancha legislativa?
El gobierno podría haber cedido a la tentación de aprovechar las facultades para legislar sobre asuntos complejos que podrían haberse enredado en el Congreso. Pero, también, en esa ensalada legal, para introducir algunos contrabandos.
Esto constituye, en principio, mala publicidad para el concepto y la utilidad real de las facultades legislativas debido a: 1) La poca transparencia con que las usa un Poder Ejecutivo que promueve la inversión a toda costa y a cualquier costo. 2) Un Ministerio de Justicia que, en lugar de hacer bien su trabajo de asesoramiento jurídico al gobierno, le justifica cualquier capricho presidencial al margen de su legalidad. 3) Un Congreso tan ‘monse’ que no efectúa la supervisión indispensable de las facultades que otorgó. 4) Lobbies muy eficientes y poco regulados que se mueven como Pedro por Palacio."
martes, 16 de junio de 2009
El terror de las aves: Ejecutivo de Direct TV
viernes, 12 de junio de 2009
Experiencia chilena en presupuesto por resultados

Actualmente en muchos países se viene implementando diferentes iniciativas con la finalidad de mejorar la calidad de la asignación del gasto publico, en este sentido, el presupuesto elaborado en base a resultados es considerando una herramienta financiera eficiente y eficaz que permite al Gobierno tomar decisiones sobre la base de resultados para mejorar la gestión pública y mejorar el bienestar de la población en su conjunto.
1. Es importante el rol que desempeña la Unidad de Presupuesto del Congreso de la República de Chile en el asesoramiento análisis y sistematización de la información enviada a la Comisión Mixta de Presupuesto por las diversas entidades públicas. Esta labor que desarrolla la Unidad de Presupuesto permite al Congreso llevar a cabo un mejor control y fiscalización del presupuesto nacional y tener una participación más activo en las fases de aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto.
2. El Congreso de Chile, no puede aumentar ni disminuir la estimación de ingresos, solo puede reducir los gastos contenidos en el proyecto de presupuesto salvo los que estén establecidos por ley permanente; y, solo podrá aceptar, disminuir o rechazar los gastos que proponga el Presidente de la República. En este caso, al Congreso le corresponde desarrollar una labor importante como fiscalizador y control de la gestión del Poder Ejecutivo.
3. El Poder Ejecutivo, puede hacer uso de la cláusula constitucional de asignar recursos no autorizados por ley hasta el 2% del presupuesto nacional cuando sus propuestas son rechazadas.
- Para el año 2009 tenemos el caso del proyecto de transportes "Transantiago" que su partida o los recursos solicitados no fueron aprobados en la Comisión Mixta, y el Ejecutivo está financiando su presupuesto con cargo a esta facultad constitucional.
4. El carácter permanente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso de Chile, a partir de 2003, significó un cambio importante para el sistema democrático, ganando en transparencia y en mayor participación del Congreso en el proceso presupuestario.
5. Es importante los logros que exhibe el Gobierno de Chile en sus finanzas públicas, la misma que es conducida con disciplina fiscal y cumpliendo las reglas fiscales que le permiten tener ahorros importantes y que en la situación actual puede llevar a cabo políticas anticíclicas para paliar los efectos de la crisis financiera internacional.
6. En la aprobación del presupuesto por el Congreso de la República de Chile, no hay dictamen en minoría como existe en el Perú, y esta figura se da cuando la oposición no esta de acuerdo con el contenido del presupuesto y elabora una propuesta alternativa la misma que después es sustentada en el Pleno del Congreso. En el caso de Chile, la Comisión Mixta de Presupuesto trabaja con subcomisiones y aprueba o rechaza partida por partida y cuando no hay acuerdo coordinan con el poder ejecutivo para que finalmente se firmen protocolos, que son compromisos producto de la concertación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, y que su cumplimiento es al cien por ciento (100%), resaltando la confianza que hay entre los poderes para ejecutar los acuerdos sin ser necesarios que se encuentren aprobados mediante ley.
7. El Sistema de Evaluación y Control de Gestión en la República de Chile, tuvo como rector un principio fundamental: la gradualidad, y se inició con la Identificación de Instrumentos de Monitoreo y Seguimiento (indicadores de desempeño en el año 1993); continuaron con la Evaluación de Programas Gubernamentales (1997), incorporaron mecanismos de Incentivos Institucionales (de tipo individual, colectivo e institucional -1998), y finalmente se creó un Fondo de Modernización de la Gestión Pública (Fondo concursable que financia la elaboración de propuestas concretas de solución de una debilidad o problema de gestión de políticas, programas, instrumentos e instituciones públicas -2008).
8. Es importante que las evaluaciones a los programas e instituciones sean efectuadas por independientes, con la finalidad de mejorar y perfeccionar el proceso por resultado. En este proceso es importante la retroalimentación continua de las fases del presupuesto.
9. Los Sistemas Informáticos de Apoyo al Sistema de Evaluación y Control de Gestión, son de suma importancia y coordinan permanentemente con la División y Control de Gestión.
10. En el proceso presupuestario orientado a resultados, es importante los mecanismos de incentivo a los empleados, hecho que ha permitido que el proceso tenga mayor fortaleza y sustento al estar involucrada la burocracia en este cambio de cultura presupuestal.
...
jueves, 11 de junio de 2009
Continúa la caída de la recaudación fiscal
Según la SUNAT en mayo los Ingresos Tributarios del Gobierno Central registraron una disminución de 21,0% explicado por la disminución tanto en Tributos Internos (-11,5%) como en los Tributos Aduaneros (-29,4%). Todos estos resultados son en términos reales y respecto de similar mes del 2008.
En los tributos internos el Impuesto a la Renta disminuyó 30,3%, mientras que el IGV interno registró un crecimiento de 5,4% y el ISC interno hizo lo propio al crecer 54,0%. Por el lado de los tributos aduaneros, todos sus componentes experimentaron un comportamiento negativo lo cual estuvo asociado a las menores importaciones (-41,3%) registradas en mayo.
miércoles, 10 de junio de 2009
¿Derogatoria o suspensión del decreto legislativo 1090?
La coyuntura política social en el Perú está en el ojo del mundo. Los sucesos acaecidos en Bagua, ciudad ubicada en el departamento de Amazonas, tuvo un alto costo social, y la difusión de lo sucedido en esa región, trascendió la frontera perjudicando no sólo la imagen del régimen democrático, sino principalmente la imagen de un país estable.
Se viene difundiendo comunicados de organismos no gubernamentales exhortando a las empresas que desarrollan proyectos de exploración y explotación de recursos energéticos, suspendan sus actividades en tanto el país resuelva la peor violencia de los últimos tiempos -"Éste es el Tiananmen del Amazonas", dijo el director de Survival, quien aseguró que “si termina de la misma manera, también terminará con la reputación internacional de Perú".
En tanto, el día de hoy, el Congreso viene discutiendo entre la derogatoria del Decreto Legislativo 1090 o la suspensión por 90 días del mismo.
No sé si ambas propuestas solucionarán el ánimo exaltado de los ciudadanos de la gran región amazónica. Pero, creo que se continúa repitiendo el mismo error cometido por el Poder Ejecutivo. Los parlamentarios de tres principales bancadas presentes en el debate parlamentario ya vienen con una consigna y me parece que no están escuchando las voces del Perú profundo. La sordidez parece ser una “característica” de los miembros de los partidos políticos representados en el Congreso y pretenden digitar los destinos de una nación milenaria desde Lima.
Es responsabilidad de los parlamentarios debatir el tema de fondo, determinen si es o no inconstitucional el Dec. Leg. 1090. La decisión tiene que ser contundente.
Hay que aprender a decidir en función de la nación, en forma concertada e inclusiva, no podemos seguir pisoteando la Constitución so pretexto de promocionar la inversión privada violentándola. Legislar para promocionar la inversión privada me parece bien, pero con respeto a los ciudadanos, a la Constitución y normas internacionales. Y más aún cuando se trata de los ciudadanos que viven en armonía con la naturaleza, aquellos que se alimentan, viste y se protegen con recursos proporcionados por los bosques.
Independientemente de si el Decreto Legislativo 1090 contiene algunos artículos que se digitó en sujeción a los artículos 1º y 2.2 de la Ley Nº 29157, se violentó la Constitución Política del Perú, en el artículo 101º y 104º, en cuanto se legisló en materias prohibidas de ser legisladas por virtud de otorgamiento de facultades legislativas delegadas.
El Decreto Legislativo Nº 1090 contraviene el artículo 66º de la Constitución al regular la materia de recursos naturales, que está exclusivamente reservada a Ley orgánica.
En ese sentido, es necesario derogar el Dec. Leg. 1090 y modificatorias y propongo, restituir la vigencia de la Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre y sus normas modificatorias.
viernes, 5 de junio de 2009
Banco Central se anima a reducir la tasa de interés

He aquí la nota informativa emitida por el BCRP, el día 04 de junio de 2009.
"PROGRAMA MONETARIO DE JUNIO 2009"
BCRP REDUJO LA TASA DE INTERÉS DE REFERENCIA A 3,0%
1. El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú aprobó reducir por quinto mes consecutivo la tasa de interés de referencia de la política monetaria, de 4,0 a 3,0 por ciento, con lo que se acumula una disminución de 350 puntos básicos en lo que va del año.
Esta decisión se sustenta en la observación de disminuciones sostenidas de la inflación, desde 6,7 por ciento en diciembre a 4,2 por ciento en mayo, y de las expectativas de inflación; así como en la desaceleración que se viene registrando en la actividad económica.
2. En mayo la inflación fue de -0,04 por ciento, con lo cual la inflación acumulada en los últimos 12 meses se redujo por sexto mes consecutivo. Se espera que en los próximos meses continúe la reducción de la inflación y de las expectativas inflacionarias, lo que permitiría que la tasa de inflación converja al rango meta en el tercer trimestre del presente año. De mantenerse esta tendencia, el Banco Central continuará flexibilizando su posición de política monetaria.
3. En la misma sesión el Directorio también acordó reducir las tasas de interés de las operaciones (fuera de subasta) activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero:
a. Compra directa temporal de títulos valores y créditos de regulación monetaria:
3,80 por ciento anual.
b. Depósitos overnight: 2,20 por ciento anual.
c. Compra temporal de dólares (swap): una comisión equivalente a un costo efectivo anual mínimo de 3,80 por ciento.
4. La siguiente sesión del Programa Monetario será el 9 de julio de 2009.
lunes, 1 de junio de 2009
¿La pobreza en el Perú sólo el 36,2% de la población?
Las fuentes vinculadas al estudio de la pobreza, como CEPAL, Banco Mundial (BM), INEI coinciden en señalar que la pobreza ha disminuido en el Perú, pero ¿realmente se utiliza la metodología adecuada para una realidad como el caso peruano? ¿La reducción de la pobreza en el Perú es sostenible en el tiempo? No son preguntas sencillas de absolver. Lo único real es que aparentemente la metodología aplicado por el INEI, está siendo cuestionada por respetables profesionales e instituciones. Con respecto a la segunda interrogante es que la reducción de la pobreza no es sostenible en el tiempo, porque han considerado en el cálculo los beneficios temporales de los programas sociales. ¿Qué ocurrirá si se quitan los beneficios alimentarios y monetarios de estos programas? Seguramente los niveles de pobreza repuntarían. No nos olvidemos que la línea de pobreza 2008 del INEI, en unidades monetarias es de S/. 251, e independientemente de si Ud. cuenta con agua potable, luz, servicio de salud, etc. o si está o no desnutrido, pero si obtiene un ingreso o gasta un equivalente a S/. 251 mensuales, para el INEI, usted DEJA DE SER POBRE. A mi me parece demasiado arbitrario y una medición encubierta, que no se ajusta a la realidad. Aun con las limitaciones de esta metodología, el problema radica en las unidades monetarias asignadas al límite entre ser pobre y no ser pobre ¿Podemos dejar de ser pobres con S/. 250 mensuales? ni siquiera con el sueldo mínimo legal (S/. 550.oo) que apenas alcanza para los pasajes y el almuerzo en el trabajo y pagar algunos servicios básicos, pero ¿y la compra de bienes básicos que conforman la canasta básica?. No sé si a una persona o un núcleo básico de familia pueda cubrir su canasta básica con US$ 80 al mes. El propio INEI señala en su informe técnico que en el Perú, el ingreso promedio per cápita real mensual, ascendió a S/. 452,5 nuevos soles en el año 2008, es decir por debajo del sueldo mínimo legal.
Personalmente, creo que es una de las mayores observaciones que se le pueda hacer a éste cálculo realizado, bajo ésta metodología, por el INEI, para medir la pobreza en el Perú durante el año 2008. Es observable la medición, en la medida que parece más, una cifra obtenida a la medida de las metas establecidas por el Gobierno de turno, y eso si sería muy cuestionado. Al respecto el Jefe del INEI Renán Quispe, precisa que la metodología utilizada es la usual y que la transparencia de los procedimientos empleados está asegurada en virtud de la cooperación técnica que la entidad estableció en el 2007 con organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), además de instituciones nacionales, centros de investigaciones sociales y económicas, y académicos de reconocidas universidades. Cabe agregar, nadie nos puede asegurar que el equipo de encuestadores encargados de realizar el trabajo de campo haya tenido un margen de error elevado a la hora de determinar la muestra poblacional que haya inducido a un cálculo sesgado (26 mil encuestados, no necesariamente puede reflejar la realidad de 28 millones de peruanos).
Preocupa que la REDUCCIÓN de la pobreza no sea sostenible, debido a que gran parte de la reducción de la pobreza monetaria del sector rural, obedece en mi opinión, en parte a los subsidios de los programas sociales como Juntos que contribuyen a la mejora de ingresos de las familias en las mencionadas zonas. Ahora si le adicionamos los efectos de la crisis económica mundial para el presente año, las cifras de pobreza podrían ser contraproducentes para las expectativas generadas en la población, que puede desencadenar hasta en conflictos sociales debilitando la democracia del país, sólo por no tener más cuidado con el manejo de las estadísticas.
Richard Webb, considera que los programas sociales han contribuido marginalmente a la reducción de la pobreza, y señala que el programa Juntos aportó 2% del ingreso de 2008, y añade, aunque sumando vacunaciones, alimentos y aportes privados la ayuda total alcanzó a ser 19% del presupuesto rural… agrega finalmente –no debería sorprender ver retrocesos por efecto de la recesión que se ha iniciado” (El Comercio Pp. 4 -Pub. 01.jun.2009).
Las observaciones en la medición de la pobreza
Existen tres grandes enfoques para medir la pobreza.
1. De la pobreza absoluta;
2. De la pobreza relativa, y el tercero,
3. El de exclusión social.
El enfoque de la pobreza absoluta toma en cuenta el costo de una canasta mínima esencial de bienes y servicios y considera como pobres a todos aquellos cuyo consumo o ingreso está por debajo de este valor.
El enfoque de la pobreza relativa considera al grupo de personas cuyo ingreso se encuentra por debajo de un determinado nivel. Por ejemplo, en algunos países se considera como pobres a todos aquellos que tienen remuneraciones inferiores a la mitad del ingreso promedio. Este criterio es empleado fundamentalmente en las sociedades que han logrado erradicar la pobreza absoluta.
El enfoque de la exclusión social, de absoluta vigencia en Europa, presta atención a las personas que no pueden acceder a determinados servicios, como por ejemplo el empleo, la educación superior, la vivienda propia, el empleo y otros.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las principales definiciones sobre la pobreza empleadas en el Perú son:
Pobreza total:
Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales.
Pobreza extrema:
Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de alimentos.
Línea de pobreza total:
Es el costo de una canasta mínima de bienes (incluido los alimentos) y servicios.
Línea de pobreza extrema:
Es el costo de una canasta mínima de alimentos.
Brecha de la pobreza:
Es la diferencia promedio entre los ingresos de los pobres y el valor de las líneas de pobreza. La brecha puede estar referida a la pobreza extrema o a la pobreza total.
Severidad de la pobreza:
Este es un indicador de desigualdad entre los pobres, cuya medición es compleja.
Es el valor promedio de los cuadrados de las diferencias entre los ingresos de los pobres y la línea de la pobreza.
Población con necesidades básicas insatisfechas:
Es aquella que tiene por lo menos una necesidad básica insatisfecha. En otra sección se analizan estas necesidades.
Metodología del INEI y su propia observación
“Cada uno de los métodos presta atención a los aspectos diferentes de la pobreza, unos a los aspectos económicos, otros a los aspectos sociales, razón por la cual los resultados puntuales no son necesariamente coincidentes” –INEI
El método de la Línea de Pobreza INEI
El INEI desde el año 1997 mide la incidencia de la pobreza. Para ello, utiliza el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza. Según esta noción de pobreza, se considera pobre a todas las personas residentes en hogares particulares, cuyo gasto per cápita valorizado monetariamente, no supera el umbral de la línea de pobreza.
Se dice que es pobreza monetaria, porque no considera las otras dimensiones no monetarias de la pobreza, como desnutrición, necesidades básicas insatisfechas, exclusión social, capacidades, etc. (He ahí en punto cuestionable de la medición realizada y publicada por el INEI); y no en el sentido de que los elementos considerados provienen exclusivamente del gasto o de los ingresos monetarios. Se incluyen otros modos de adquisición como son: el autosuministro y autoconsumo, el pago en especie y las donaciones públicas y privadas.
Es pobreza objetiva porque el estándar con el que se mide la pobreza no resulta de la percepción subjetiva de los individuos, sino que se deduce de un conjunto de procedimientos, las cuales determinan si un individuo se encuentra o no debajo del umbral que lo clasifica como pobre o no.
Es pobreza absoluta porque se mide respecto a un valor de la línea que no depende de la distribución relativa del bienestar de los hogares (como sería una línea de pobreza basada en la mitad de la mediana del gasto o del ingreso). Se utilizan dos tipos de líneas: Pobreza Extrema y Pobreza total. La línea de Pobreza Extrema, es un valor monetario necesario para la adquisición de una canasta de alimentos capaz de satisfacer un mínimo de necesidades nutricionales de las personas. La línea de Pobreza total, es el valor de la línea de Pobreza Extrema más el valor monetario necesario para satisfacer un conjunto de necesidades no alimentarias consideradas esenciales (vestido y calzado, alquiler de la vivienda, combustible, muebles y enseres, cuidado de la salud, transportes y comunicaciones, esparcimiento, educación y cultura y otros gastos).
Este método centra su atención en la dimensión económica de la pobreza y utiliza el ingreso o el gasto de consumo como medidas del bienestar. Al determinar los niveles de pobreza, se compara el valor per cápita de ingreso o gasto en el hogar con el valor de una canasta mínima denominada línea de pobreza.
Cuando se utiliza el método de línea de pobreza por el consumo, se incorpora el valor de todos los bienes y servicios que consume el hogar, indistintamente de la forma de adquisición o consecución.
La utilización del gasto de consumo tiene la ventaja de que es el mejor indicador para medir el bienestar, porque se refiere a lo que realmente consume un hogar y no a lo que potencialmente puede consumir cuando se mide por el ingreso. Otro aspecto favorable es que el consumo es una variable más estable que el ingreso.
miércoles, 27 de mayo de 2009
Imperiosa necesidad de modificar la LTRF
Es muy importante que el Pleno del Congreso reconsidere la segunda votación referido a la flexibilización de las metas de déficits fiscal y gastos establecidos en la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal (LTRF), dictamen del proyecto de ley Nº 3228/2008-PE, considerando la actual coyuntura económica, que no permitirá cubrir el presupuesto para el año 2009 y 2010 con los magros ingresos tributarios.
La votación por unanimidad obtenida en la víspera en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General, se revirtió en el pleno debido a una falta de consenso en lo referido al incremento anual de gasto de consumo que a la fecha registra el 4%.
La propuesta del Poder Ejecutivo es simplemente otorgarle autorización para que por excepción en éste periodo de crisis el límite del déficit fiscal que registra 1% anual, se eleve a 2%, con lo que el ejecutivo aseguraría un presupuesto público 2010 eequilibrado y similar al presente año.
Según el MEF, el Plan de Estímulo Económico (PEE), llevaría a que el déficit fiscal se ubique en 1,8% y 1,5% del PBI en el 2009 y 2010, con lo que estaría fuera del límite señalado en la LTRF, por lo que es necesario para su implmentación la flexibilización de dicha norma.
Por otro lado de no implementarse el PEE existe riesgo serio sobre la economía:
- La demanda en el 2009 crecería apenas 2,1% (la mitad de lo que se espera que crezca con la implementación del PEE).
- En el 2010, el crecimiento de la demanda interna sería menor.
- La inversión pública en lugar de crecer alrededor de 50% en el 2009, lo haría a la mitad.
- La reducción en las proyecciones de crecimiento de la economía afectará los ingresos del Presupuesto Público.
Veamos las cifras, y esperemos que los señores parlamentarios piensen en la nación, antes que en su cálculo político, esto incluye la responsabilidad del Poder Ejecutivo de hacer una distribución racional de los recursos del Estado.
Asimismo, se afectaría al sector privado que suele elaborar sus presupuestos en base a las proyecciones del MMM.
- Resulta difícil limitar la implementación del PEE a sólo un año.
- El PEE ha sido diseñado como un paquete de estímulo fiscal para dos años, período en que el consenso espera dure la crisis internacional.
- La programación y formulación del presupuesto público debe ser acorde a las proyecciones macroeconómicas previstas en el Marco Macroeconómico Multianual (a publicarse a fines de Mayo).
miércoles, 20 de mayo de 2009
"Perú: En respuesta al Sr. Althaus"

"Por segunda vez un editorialista de El Comercio, el señor Althaus, toma mi nombre para introducir el relato, francamente alucinado, de una intriga que intenta ubicar la problemática indígena nacional en el contexto de una maquinación internacional perversa orientada a terminar con el capitalismo internacional. O algo así.
Se trata con ello, al igual que la primera vez, de desorientar a la opinión pública del verdadero problema de las comunidades y pueblos indígenas del Perú. Pero a decir verdad, el señor Althaus practica un periodismo tan predecible y evidencia tanta sujeción a intereses económicos específicos que realmente siempre se puede adelantar por dónde irán sus opiniones, se trate de indígenas, de la sentencia a Fujimori, del TLC o de cualquier otro tema de interés nacional.
Su desinformación, fruto de su desmesurado fundamentalismo, sería preocupante en el seno de un diario serio como El Comercio si no fuera porque, a mi parecer, genera en amplios sectores de la intelectualidad nacional sentimientos de rechazo para las causas que defiende, generando benéficas suspicacias en relación a su información.
Comienzo por refutar sus afirmaciones sobre mi persona para salirnos de lo anecdótico: dice que hice un pronunciamiento ideológico radical que fue plasmado en un documento solicitado por Ibis en 1992: Ibis en ese tiempo no existía en el Perú; dice que soy asesor de AIDESEP, lo fui y con mucho orgullo hasta 1994, hace mas de 13 años; dice que se trata de una intriga internacional puesto que yo soy un abogado español: soy además abogado peruano y he viajado a España en los últimos 37 años solo para conocer a mis nietas.
Digo que fui asesor de AIDESEP con mucho orgullo. Porque, entre otras cosas, ha sido una institución capaz de promover permanentemente los derechos indígenas a nivel nacional e internacional y porque se debe al impulso de AIDESEP la titulación de la mayor parte de las tierras y territorios indígenas del Perú; por ello cuenta con un amplio historial de reconocimientos internacionales.
AIDESEP o alguno de sus programas o filiales ganaron premios como el AntiSlavery (por combatir la esclavitud generada por los madereros en Atalaya), el Bartolomé de Las Casas y el Andrés Bello (por haber instituido FORMABIAP un programa de formación de profesorado bilingüe e intercultural modélico para América) y otra vez el Bartolomé de Las Casas (para la FENAMAD de Madre de Dios por su defensa del medio ambiente frente a la extracción petrolera irregular).
Sus representantes, tildados por Althaus como personajes secuestrados por ideologías perversas, han sido reconocidos con premios como el Goldman, en dos ocasiones (por defensa del medio ambiente) o el Right Livelihood Award - “Premio Nobel Alternativo” (del Parlamento sueco por su contribución al desarrollo y defensa de los derechos humanos). Como puede entenderse, las alucinaciones del Sr. Althaus son tan solo lo que parecen ser.
Se dice que AIDESEP, y su estrategia internacionalista, está ampliamente financiada por instituciones radicales extranjeras. No sé a cuáles se refiere pero en mi tiempo AIDESEP fue financiada, por poner un ejemplo, por agencias o programas vinculados a AECI (oficina de cooperación española), DANIDA (sistema de cooperación del gobierno danés) HIVOS y otras pertenecientes al sistema de cooperación holandés, Terra Nova, del sistema de cooperación italiano, GTZ y otras del sistema de cooperación alemán, NORDECO del sistema de cooperación nacional de Noruega, etc.
Si todas estas instancias son de corte radical y fueran por ello estigmatizadas, Perú debería salir definitivamente fuera del circuito internacional de la cooperación solidaria. Por lo que hace a la amplitud de ese financiamiento, el Sr. Althaus, como suele ocurrir con personas mucho menos formadas, insinúa perversamente cifras faraónicas. Es fácil concretar esa información que personalmente desconozco. La tiene el Estado, la supervisan las instituciones competentes, la auditan los donantes. Dudo mucho que la mayor parte de los empresarios y políticos que defienden los intereses que AIDESEP combate puedan mostrar la misma apertura y disponibilidad para el control. El Sr. Althaus demuestra muy poca seriedad periodística en sus afirmaciones.
Por lo que hace a los siempre mencionados sueldos fabulosos de los asesores de AIDESEP, o mucho han cambiado las cosas últimamente o le puedo asegurar que cualquiera de ellos cambiaría a ojos cerrados su cuenta bancaria por la del señor Althaus.
Con respecto al fondo del asunto: el Sr. Althaus habla de una supuesta estratagema subversiva orientada a generar territorios étnicos autónomos.
El editorialista se quedó en el siglo pasado al respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Si observa textos como el Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros que no son del caso, verá que la tesis que él replica como inaceptable fue hace ya muchos años superada por el derecho internacional. Los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a gobernar con autonomía sus territorios, eso ya era muy claro en los textos de la década del 90, sino que tienen reconocido por Naciones Unidas su derecho de libre determinación.
Puede el editorialista consultar en los manuales qué es lo que eso significa. La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios recursos.
En estados plurinacionales como los americanos , esto no es un más que un reto a la creatividad jurídica, al diálogo entre iguales, a la modernización y puesta al día de Estados fraguados por la mentalidad colonial y que necesitan entrar con una dignidad recuperada a los nuevos tiempos. El gritar que todo esto es inaceptable tiene un rancio sabor inquisitorial y pareceres como el expresado por el Sr. Althaus están destinados a ser condenados eternamente por la historia de este país, como ya lo dijera Haya de la Torre al dirigirse a aquellos que negaran a los indígenas sus derechos.
En cualquier caso sí es importante aclarar que por mucho que se recurra al pataleo y le parezca inaceptable al Sr. Althaus, la libre determinación de los pueblos indígenas es irreversible y más bien lo que resta es una progresiva concreción de ese derecho en las Constituciones de cada país americano. Por eso corre tanta prisa a determinados sectores económicos de Perú y Colombia para hacerse con los recursos y tierras indígenas antes de que ese derecho, ya establecido, se precise en su verdadero significado por sentencias de jurisdicción internacional.
El planteamiento de que con la autonomía territorial se atenta contra la soberanía nacional o se propicia el separatismo es ya muy antiguo y las organizaciones indígenas ya lo han escuchado en infinidad de ocasiones. Pero habitualmente fue esgrimido por gobiernos militares y no por un periodista civil de un diario decente.
Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales (como pudiera ser el caso de la Mosquitia) no he escuchado a ningún pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. No es ese el punto. Y por supuesto que los indígenas no aspiran, como insinúa el editorialista, a que no se cumpla la ley nacional en sus territorios. Muy por el contrario, sus luchas se orientan a que los Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión.
En diversas ocasiones, el Sr. Althaus se ha mostrado preocupado por el carácter vinculante o no de los pactos y acuerdos internacionales que defienden los derechos indígenas (y que a él tanto le sorprenden por cuanto traslucen rebeldía internacional al sistema monopólico de concentración de poder económico y político en el que tan cómodamente se maneja).
En definitiva pone en duda si deben ser de obligatorio cumplimiento, o no, compromisos que Perú ha asumido en el seno de la comunidad internacional. Es una duda que podría aducir una banda de mafiosos, no el gobierno legítimo de un país democrático. Pacta sunt servanda, los romanos ya lo sabían. Los pactos son para cumplirlos y, en el caso de la Declaración, está obligación, se precisa de manera tajante con fórmula inusual en los textos internacionales: …los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración (artículo 42º).
Así lo ha entendido la Corte Interamericana que ya recoge la Declaración como fuente de derechos de manera reiterada en sus sentencias. Por cierto: la Declaración se alcanzó después de varias décadas de debates, no en una noche de serenata, y Perú fue, curiosamente, uno de sus impulsores más fervientes durante muchos años y hasta el propio día de su firma.
Al Sr. Althaus debe preocuparle que instituciones como la Defensoría del Pueblo o los obispos amazónicos o las diversas instancias especializadas de derechos humanos y los gremios del país o la comisión multipartidaria del Congreso de la República vean con ojos solidarios y comprensivos las pretensiones de los pueblos indígenas. ¿Es una trama? ¿Son todos contra el Sr. Althaus?
El Sr. Althaus reclama que el único problema de los decretos es que violaron el derecho a la consulta. Supongamos que fuera así, lo que dista mucho de la realidad, entonces, si las normas se han generado violando un derecho del más alto rango, deben ser derogados. Y se supera el problema. Punto, tranquilidad para todos. El poder judicial y el Tribunal Constitucional colombianos ya lo han hecho, por esa misma carencia de consulta, en repetidas ocasiones y con normas tan importantes como el régimen agrario y el forestal de aquel país.
Y no son solo los famosos decretos, hay mucha legislación anterior inconsulta y perjudicial, como todas las que diseñan el nuevo régimen de titulación de tierras, las servidumbres mineras y tantos otros. Así como diversidad de actos administrativos y concesiones realmente impactantes para la vida y los bienes de los pueblos indígenas que debieran ser revisados para ajustarse a ley.
El Sr. Althaus pide un diálogo extremo y hasta las últimas consecuencias, todos lo piden. Pero, los pactos internacionales reclaman una condición al diálogo: que sea de buena fe y que se busque obtener acuerdos o el consentimiento. La Mesa de Diálogo que se instaló por Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (por supuesto de manera inconsulta) es un complot entre amigotes, no una Mesa de Diálogo orientada por la buena fe: los acuerdos ya se habían establecido antes de constituir esa Mesa con determinadas contrapartes indígenas que, por supuesto, se prestaron al consentimiento ya hace algunos lustros. No hacen falta Decretos, hace falta diálogo honesto, voluntad política democrática, comprensión intercultural, respeto a las instituciones representativas, sumisión a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y atención a las prioridades constitucionales.
A pesar de lo que quiere hacer creer el Sr. Althaus, y que ha sido repetido por políticos y demás interesados, los problemas indígenas no son problemas creados por ideólogos. Algunos, como el padre Bartolomé de Las Casas, los obispos de la selva o el actual Relator de Naciones Unidas, han generado discursos posiblemente mucho más “radicales” que el que yo haya podido aportar al movimiento indígena (y que, lejos de ser clandestino, está explícito en diversos textos accesibles en el entorno universitario).
Los problemas indígenas están originados en una historia de despojos y falta de respeto a las leyes y se mantienen hoy en base a una alianza mafiosa entre lo peor de un empresariado internacional extractivo y una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que subordinan los intereses nacionales y que cuenta con impunidad y que, además, se la aseguran a largo plazo (con algunas inesperadas fallas del sistema como la sentencia a Fujimori).
Los efectos de esta conexión delictiva son nefastos para la economía nacional, muy contrariamente a lo que se propugna; es también letal para la democracia, la transparencia y la gobernanza del país.
Pero sobre todo está siendo criminal para la supervivencia de los pueblos que formaron el Perú, hoy inmersos en un marco territorial de concesiones viciadas en donde no se les quiere otorgar otro rol que el de víctimas, al margen de los discursos y fantasías con que se trata de ocultar una realidad que, para quienes conocen la selva, se evidencia a cada momento. Una realidad que la prensa citadina oculta apretando los dientes y muchos intelectuales olvidan oprimiendo su nariz.
¿Quiere saber el Sr. Althaus lo que yo creo que enerva a los comuneros?
- El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.
- El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.
- El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.
- El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.
- El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.
- El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.
- El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.
- El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.
- El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.
- El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.
- El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.
- El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.
- El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.
- El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.
Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.
Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos, promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído artesanalmente.
El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y “apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o Crecer.
Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle también.
En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa muy poco más que eso.
Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la Amazonía no son de ustedes, son de todos los peruanos” hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un verdadero llamado al genocidio.
Ojalá la ciudadanía se de cuenta de ello.
En fin Sr. Althaus, no son los pueblos indígenas los que violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la más mínima consideración por su vida y su salud.
Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa, …..Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la intriga internacional que subyace a esta problemática.
Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto más serio.
El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme de ese lado.
Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder seguir colaborando.
Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú."


