Por Wens Silvestre
La
COP31 comenzó esta semana en Antalya, Turquía, con una responsabilidad
acumulada: demostrar que la cooperación climática puede traducirse en
resultados a la velocidad que exige el problema. Después de Dubái, Bakú y
Belém, la credibilidad de estas conferencias depende de inversiones ejecutadas,
emisiones reducidas y poblaciones mejor protegidas.
Para el Perú, esa exigencia tiene una expresión concreta: la preparación frente a un fenómeno El Niño extraordinario. Mientras las delegaciones discuten financiamiento y adaptación, las decisiones sobre drenaje, seguridad hídrica, infraestructura y protección de los medios de vida determinan cuánto daño puede evitarse. La distancia entre la negociación internacional y la gestión territorial es una medida de la eficacia de la política climática.
Las
últimas conferencias dejaron avances que merecen reconocimiento. La COP28
incorporó un llamado a transitar para abandonar los combustibles fósiles en los
sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa. También planteó
triplicar la capacidad renovable mundial y duplicar la tasa de mejora de la
eficiencia energética para 2030. Su cumplimiento depende de decisiones
nacionales sobre inversión, transporte, industria y generación eléctrica.
Bakú
expuso las dificultades del financiamiento. La COP29 estableció una meta de al
menos US$300.000 millones anuales para países en desarrollo hacia 2035, con los
países desarrollados tomando la iniciativa. Asimismo, llamó a ampliar los
flujos públicos y privados hasta US$1,3 billones anuales. Estas cifras tienen
alcances distintos y no representan dinero automáticamente disponible para
atender las necesidades de cada país.
Importa
conocer cuánto corresponde a donaciones, préstamos o capital privado; cuáles
son las condiciones de acceso y qué proporción llega a las poblaciones
vulnerables. Un proyecto que protege vidas puede carecer de los ingresos que
exige un inversionista. La adaptación necesita instrumentos acordes con sus
beneficios públicos y con la capacidad fiscal de quienes deben ejecutarla.
Belém
mantuvo el esfuerzo, pero también evidenció sus límites. La COP30 llamó a
triplicar el financiamiento de adaptación y reforzó la atención a trabajadores
y comunidades. Sin embargo, no alcanzó un resultado consensuado sobre el futuro
de los combustibles fósiles; su presidencia anunció una hoja de ruta para
continuar ese trabajo.
Antalya
recibe esa deuda de ejecución. Para comprender su urgencia desde el Perú,
conviene mirar la evidencia científica reciente sobre El Niño.
Una
investigación de Julia Cole y colaboradores, publicada en Science en
2026, reconstruyó condiciones del Pacífico mediante corales del último milenio.
Encontró un aumento reciente de la variabilidad de temperatura del Pacífico
oriental, asociado a eventos El Niño más intensos, que supera la variabilidad
natural simulada y ocurre paralelamente al calentamiento global. El hallazgo
refuerza la preocupación por los cambios del fenómeno en un planeta más cálido.
Otro
estudio, de Tomoki Iwakiri y Jong-Seong Kug, publicado este año en Nature
Communications, identifica en simulaciones una tendencia a que la
periodicidad del ENOS se acorte bajo calentamiento futuro. Sus efectos podrían
propagarse mediante conexiones climáticas hacia otras regiones. Es una señal de
riesgo que requiere seguimiento, sin convertirla en una predicción exacta de
cuándo ocurrirá el próximo evento extraordinario.
La
precisión es fundamental. El Niño forma parte de la variabilidad natural del
clima. No corresponde afirmar que cada episodio sea causado por el cambio
climático, ni que una determinada intensidad oceánica produzca daños idénticos
en todo el Perú. La Organización Meteorológica Mundial recuerda que sus efectos
dependen de la región, la estación y otros factores climáticos.
Tampoco
debemos confundir el calentamiento del Pacífico central con el de la franja
costera. Para evaluar los riesgos peruanos importa dónde se concentra el
calentamiento, cómo interactúa con la atmósfera y en qué momento ocurre. La
expresión “FEN extraordinario” necesita acompañarse de una explicación de la
región y del indicador utilizados, así como de sus implicaciones territoriales.
La
investigación peruana aporta evidencia útil. Harold Llauca y Waldo
Lavado-Casimiro analizaron 44 cuencas durante el periodo 1981–2024 y
encontraron respuestas diferenciadas al ENOS. La costa norte presenta una
asociación más directa con el calentamiento del Pacífico oriental, mientras las
regiones andinas y amazónicas muestran relaciones distintas con el Pacífico
central. Una sola descripción nacional puede ocultar necesidades de prevención
diferentes.
Esta
diversidad exige planificación por cuencas. Allí donde aumenta el peligro de
inundación, deben evaluarse drenajes, puentes, cauces y continuidad de
servicios. Donde puede disminuir la disponibilidad de agua, adquieren prioridad
el abastecimiento, el almacenamiento y la gestión del riego. Las intervenciones
necesitan sustento técnico, mantenimiento y seguimiento.
Anticipar
también es posible, aunque con incertidumbre. Un estudio de Gomez-Tunque y
colaboradores, publicado en Water Resources Research en 2026, muestra el
potencial del aprendizaje profundo para pronosticar calentamiento en la región
Niño 1+2. Los autores señalan aplicaciones para alerta temprana y gestión del
agua, junto con límites de capacidad predictiva y la necesidad de mayor validación.
La
consecuencia política es clara: una alerta solo protege cuando activa
decisiones oportunas. Se requieren responsabilidades definidas, recursos
disponibles y protocolos que permitan actuar antes de la emergencia. La
incertidumbre debe orientar medidas proporcionales al riesgo; no puede
convertirse en una justificación permanente para postergar la preparación.
Este
debería ser uno de los vínculos centrales entre la COP31 y la realidad peruana.
La adaptación internacionalmente anunciada debe expresarse en servicios de agua
más seguros, infraestructura resistente y protección de agricultores,
trabajadores y familias. Además, la reducción de emisiones y la adaptación
cumplen funciones complementarias: limitar el calentamiento futuro y enfrentar
riesgos que ya requieren atención.
El
peligro climático tampoco explica por sí solo la magnitud del desastre. La
ocupación de zonas expuestas, la infraestructura deficiente y la falta de
mantenimiento pueden multiplicar los daños. Reconocer la influencia del clima
exige examinar también las decisiones públicas y privadas que producen
vulnerabilidad.
Por
ello, la participación peruana en Antalya debería vincular cada prioridad con
proyectos técnicamente sustentados, financiamiento y capacidad de ejecución. El
Congreso tiene la responsabilidad de examinar la coherencia entre los
compromisos internacionales y el presupuesto, así como pedir cuentas sobre
resultados. Las empresas deben incorporar riesgos climáticos en sus
instalaciones, proveedores y operaciones.
Sería
injusto desconocer lo que las COP han construido. Precisamente por la
importancia de la cooperación internacional, corresponde exigirle mayor
eficacia y transparencia. Las nuevas iniciativas deben acompañarse del
seguimiento de los compromisos anteriores.
La
COP31 todavía está en desarrollo. Su valoración dependerá de los acuerdos y de
su cumplimiento posterior. Para el Perú, una prueba decisiva será cuánto
contribuyen a anticipar riesgos y reducir pérdidas.
La
credibilidad climática se construye también lejos de los salones de
negociación: en una cuenca preparada, una escuela segura, un sistema de agua
que sigue funcionando y una familia que recibe una alerta útil a tiempo.
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