Donald Trump y su laberinto de decisiones

Por Wens Silvestre

Desde su regreso al poder hace una semana, Donald Trump ha demostrado ser, una vez más, un presidente impulsivo, inconsistente y peligroso para la estabilidad global. Su estilo de liderazgo, basado en decisiones improvisadas, retaliaciones personales y retórica populista, no solo afecta a Estados Unidos, sino que tiene repercusiones profundas en la economía mundial, las relaciones internacionales y el equilibrio geopolítico. En este artículo, analizaré cómo sus decisiones, lejos de fortalecer la posición de EE.UU. como líder global, lo están llevando hacia un aislamiento peligroso con consecuencias impredecibles. 

Política comercial: el proteccionismo disfrazado de estrategia

Trump ha retomado su cruzada proteccionista, imponiendo aranceles unilaterales que afectan tanto a socios comerciales como a consumidores estadounidenses. Su reciente anuncio de gravar con un 25% las importaciones desde Colombia, como represalia por la negativa de su gobierno a aceptar vuelos militares con migrantes deportados, es un ejemplo claro de cómo utiliza el comercio como arma política.

Los aranceles elevan los costos de bienes básicos como el café, las flores y los bananos, afectando directamente a los consumidores estadounidenses y presionando aún más la inflación. Las empresas importadoras también enfrentan pérdidas al tener que absorber estos costos o trasladarlos a los consumidores.

Este tipo de medidas no solo violan acuerdos comerciales como el TLC entre EE.UU. y Colombia, sino que envían un mensaje alarmante a otros socios comerciales. Si Trump está dispuesto a romper reglas con aliados estratégicos, ¿qué pueden esperar sus otros socios en acuerdos como el USMCA o las negociaciones con la Unión Europea?

El proteccionismo de Trump, disfrazado de "América Primero", no es más que un retroceso económico que socava el principio de ventajas comparativas, un pilar fundamental del comercio internacional. En lugar de fomentar el crecimiento global, estas políticas generan tensiones que podrían desencadenar una nueva era de guerras comerciales.

Política exterior: la diplomacia del conflicto

La política exterior de Trump sigue el mismo patrón: priorizar el espectáculo y la confrontación sobre la cooperación y el diálogo. Su decisión de imponer sanciones diplomáticas y económicas a Colombia no solo erosiona las relaciones bilaterales, sino que debilita la capacidad de EE.UU. para construir alianzas en temas clave como la migración, la lucha contra el narcotráfico y el cambio climático.

Más preocupante aún, su retirada del Acuerdo de París por segunda vez y su desdén hacia la Organización Mundial de la Salud (OMS) envían una señal clara de que EE.UU. ya no está dispuesto a liderar en cuestiones globales. Esta abdicación de responsabilidad ha permitido que otras potencias, como China y la Unión Europea, llenen el vacío, lo que a largo plazo debilita la influencia estadounidense en el mundo.

Migración y derechos humanos: políticas de fuerza, no de justicia

La obsesión de Trump con la "seguridad fronteriza" lo ha llevado a implementar políticas migratorias que violan principios básicos de derechos humanos. Deportar migrantes en aviones militares y tratarlos como amenazas criminales no solo deshumaniza a las personas, sino que ignora las raíces de la migración: pobreza, violencia y falta de oportunidades en los países de origen. En lugar de abordar estos problemas mediante cooperación internacional, Trump opta por medidas unilaterales que agravan la situación.

Al cerrar las puertas al diálogo con países latinoamericanos como Colombia, Trump pierde una oportunidad clave para abordar la migración de manera estructural, dejando claro que su prioridad no es resolver problemas, sino alimentar el miedo entre su base electoral.

Populismo y su impacto en la economía global

El populismo de Trump, aunque efectivo para movilizar a su base, es profundamente dañino para la estabilidad económica global. Su retórica simplista y sus políticas improvisadas generan incertidumbre en los mercados, desincentivan la inversión y erosionan la confianza en EE.UU. como líder económico.

- Inflación y desaceleración económica: Las decisiones de Trump, como imponer aranceles o desregular el mercado energético en favor de los combustibles fósiles, aumentan los costos de producción y contribuyen a la inflación global.

- Desglobalización: Trump ha adoptado una postura de "nosotros contra ellos" que debilita el comercio multilateral y fomenta la fragmentación económica. Esto no solo afecta a EE.UU., sino que también amenaza la recuperación económica mundial tras los impactos de la pandemia.

La irresponsabilidad de un líder al mando de una potencia global

Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica y militar del mundo, lo que implica una responsabilidad que Trump parece ignorar. Su enfoque errático no solo pone en riesgo la economía estadounidense, sino que también amenaza la estabilidad geopolítica. Desde sanciones improvisadas hasta indultos controvertidos a responsables del asalto al Capitolio, Trump utiliza su poder de manera caprichosa, demostrando una falta de visión estratégica.

Un líder de una superpotencia no puede permitirse el lujo de gobernar impulsivamente. Sus decisiones tienen consecuencias globales: afectan mercados, alianzas estratégicas y la seguridad internacional. La combinación de un poder inmenso con una falta de autocontrol es una receta para el desastre.

¿Qué podemos esperar?

Si Trump continúa por este camino, el mundo enfrentará una era de mayor inestabilidad económica, fragmentación política y polarización social. Las guerras comerciales, el deterioro de las relaciones diplomáticas y el debilitamiento de las instituciones internacionales podrían desencadenar crisis económicas y conflictos que afecten a millones de personas.

Es urgente que los líderes globales y los ciudadanos estadounidenses comprendan las implicaciones de tener a un presidente que prioriza el populismo sobre la racionalidad, el conflicto sobre la cooperación y el espectáculo sobre los resultados reales. Estados Unidos no solo necesita un liderazgo responsable, el mundo entero depende de ello.

En síntesis, Donald Trump está atrapado en un laberinto de decisiones impulsivas y peligrosas que reflejan su incapacidad para liderar con visión y responsabilidad. Su estilo de gobierno no solo socava la estabilidad económica y política de Estados Unidos, sino que pone en riesgo el equilibrio global. En lugar de fortalecer la posición de su país como líder mundial, está acelerando su declive. El costo de estas decisiones no será solo estadounidense; lo pagará el mundo entero.

Riesgos globales 2025 y su impacto en el Perú

Por Wens Silvestre

El Global Risks Report 2025, elaborado por el Foro Económico Mundial, dibuja un panorama inquietante para el presente año: conflictos armados, tensiones geoeconómicas, desinformación, polarización social y desastres climáticos dominan las preocupaciones globales. Estas tendencias, lejos de ser abstractas, tienen repercusiones concretas en economías emergentes como Perú, donde los riesgos globales se interconectan con vulnerabilidades estructurales, exacerbando los desafíos económicos, sociales y ambientales.

Top 10 - Riesgos Globales 2025

El informe destaca tres grandes bloques de riesgos. En primer lugar, el 23% de los expertos identifica los conflictos armados estatales como el principal riesgo inmediato. La persistencia de tensiones en Ucrania, Oriente Medio, Asia y África crea un entorno de inestabilidad geopolítica que impacta en el comercio global y las cadenas de suministro. En segundo lugar, los eventos climáticos extremos ocupan el segundo lugar en la lista de preocupaciones, con el 14% de los expertos identificándolos como amenazas críticas para 2025. Además, la pérdida de biodiversidad y los cambios críticos en los ecosistemas se proyectan como los mayores riesgos para 2035. Finalmente, la desinformación, alimentada por la inteligencia artificial, es el riesgo más crítico a corto plazo. La manipulación informativa afecta decisiones políticas, fomenta la desconfianza en las instituciones y amplifica las divisiones sociales. 

Estos riesgos, además de amenazar la estabilidad global, tienen efectos sistémicos que influyen directamente en países en desarrollo como Perú, donde las capacidades estatales para mitigar los impactos de estas amenazas son limitadas. En el plano económico, el comercio exterior peruano está profundamente ligado a China, principal destino del 36% de las exportaciones, y Estados Unidos, con el 14%. Las tensiones geoeconómicas globales podrían reducir la demanda de cobre y productos agrícolas, sectores que representan más del 60% de las exportaciones nacionales. Aunque la inflación global está disminuyendo, Perú sigue vulnerable a aumentos en los precios de alimentos y combustibles debido a su alta dependencia de importaciones. Este efecto amplifica la desigualdad económica en un país donde el 1% más rico concentra casi el 30% de los ingresos. Además, con un 70% de informalidad, la economía peruana carece de los amortiguadores necesarios para resistir choques globales, mientras que las pequeñas empresas no pueden adaptarse rápidamente a las disrupciones tecnológicas o a la volatilidad comercial. 

En el ámbito social, la desinformación exacerba los conflictos socioambientales, especialmente en torno a proyectos mineros y energéticos. Regiones como Loreto y Puno enfrentan altos niveles de conflictividad social, sumando un total de 196 conflictos a nivel nacional, reportados por la Defensoría del Pueblo a diciembre de 2024. Además, los 1.5 millones de migrantes venezolanos y desplazados internos está saturando servicios públicos en ciudades como Lima y Trujillo, generando tensiones entre locales y migrantes e intensificando las divisiones sociales. 

En cuanto a los riesgos ambientales, aunque el último reporte de Enfen descartó El Niño Costero y La Niña hasta agosto de 2025, el país no está exento de fenómenos meteorológicos que pueden generar riesgos asociados. Esto se traduce en pérdidas económicas debido a inundaciones, deslizamientos y sequías focalizadas que impactan la agricultura, la infraestructura y la salud pública. Por otro lado, la Amazonía peruana pierde alrededor de 150,000 hectáreas anuales debido a la minería ilegal y la agricultura extensiva, poniendo en riesgo ecosistemas clave y generando conflictos con comunidades indígenas. Al mismo tiempo, las principales ciudades enfrentan una creciente crisis de residuos sólidos. En Lima, menos del 50% de los desechos son gestionados adecuadamente, lo que contribuye a problemas de salud y degradación ambiental. 

El impacto de los riesgos globales en Perú subraya la necesidad de una respuesta estratégica. Es imperativo reducir la dependencia del sector minero y fomentar industrias como la agroindustria sostenible y el turismo ecológico, lo cual fortalecería la resiliencia económica y generaría empleos en áreas rurales. A la par, se deben implementar políticas participativas y transparentes para resolver conflictos sociales, especialmente en zonas extractivas, y combatir la desinformación mediante campañas de alfabetización digital. Perú también debe priorizar proyectos resilientes al clima, como sistemas de riego eficientes y defensas contra inundaciones, para proteger a las comunidades más vulnerables, además de invertir en tecnologías de ciberseguridad y fomentar la adopción tecnológica en pequeñas y medianas empresas para integrarlas en las cadenas de valor globales. 

El 2025 será un año determinante para Perú. Los riesgos globales, amplificados por las tensiones geopolíticas, el cambio climático y la polarización social, representan desafíos que trascienden las fronteras. Sin embargo, también ofrecen una oportunidad para transformar las vulnerabilidades estructurales en resiliencia, siempre que el país adopte una estrategia inclusiva, sostenible e innovadora. En este mundo interconectado, la capacidad de anticipar y adaptarse a los riesgos será el verdadero indicador del progreso.

El financiamiento de los partidos políticos: ¿reforma o paliativo?

Por: Wens Silvestre

La reciente aprobación del Parlamento de la ley que modifica la Ley de Organizaciones Políticas llega en un momento crítico para la democracia peruana. La crisis de los partidos políticos, exacerbada por casos de financiamiento ilegal y corrupción, ha reducido al mínimo la confianza ciudadana en estas instituciones. Según el Barómetro de las Américas (2023), solo el 7% de los peruanos confía en los partidos políticos, una cifra que refleja la magnitud del desafío institucional. En este contexto, analizar esta reforma es fundamental para entender si representa un verdadero cambio estructural o solo un paliativo temporal.

La reforma permite nuevamente el financiamiento privado, estableciendo límites claros: hasta 200 UIT (S/1,070,000 en 2025) por aportante y un máximo acumulado de 500 UIT (S/2,675,000). Aunque esta medida busca democratizar el acceso a recursos, cabe preguntarse si estos topes son suficientes para garantizar la transparencia. En un país donde el gasto promedio de campaña presidencial supera los S/20 millones, según datos de Transparencia, estos límites podrían incentivar prácticas informales como las que se evidenciaron en los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala, donde aportes ilícitos de Odebrecht fluyeron bajo mecanismos opacos. 

Además, el uso de tecnologías como billeteras electrónicas promete mayor inclusión financiera y trazabilidad, pero ¿están las instituciones como la ONPE y la SBS preparadas para fiscalizar efectivamente estos flujos? Hasta ahora, el presupuesto asignado a la ONPE representa menos del 0.04% del presupuesto público (2025), una cifra insuficiente para modernizar sus capacidades.

El financiamiento público directo, destinado a actividades como la formación y la comunicación institucional, ha sido un tema de debate recurrente. La nueva fórmula de distribución (40% igualitario y 60% proporcional a los votos obtenidos) intenta equilibrar la representación política, pero no garantiza un uso efectivo de los recursos. En países como Alemania, donde el financiamiento público es predominante, los partidos deben justificar cada centavo invertido, un nivel de transparencia aún ausente en el Perú.

El punto más polémico es la autorización para usar hasta el 50% de estos recursos en adquisición de inmuebles, entre otros, en asesorías legales. Si bien esto podría proteger a los partidos de procesos judiciales arbitrarios, también abre la puerta a críticas sobre el uso de recursos públicos para defender casos de corrupción, especialmente cuando los principales líderes partidarios enfrentan investigaciones penales.

La reforma intenta abordar síntomas de la crisis, pero no ataca sus causas estructurales. Según Latinobarómetro (2024), Perú ocupa el puesto 16 de 17 países de confianza en los partidos políticos con 9%, evidenciando una débil institucionalidad. Esta debilidad se refleja en la proliferación de partidos políticos: actualmente, existen 14 grupos parlamentario en el Congreso, muchos de ellos con agendas poco claras y financiamiento cuestionable.

Además, los escándalos de corrupción, como los casos Lava Jato y Club de la Construcción, han demostrado que los partidos no solo han sido vehículos de intereses privados, sino también herramientas para el enriquecimiento ilícito. Sin un sistema de sanciones efectivo y ágil, es poco probable que esta reforma detenga la perpetuación de estas prácticas.

Recomendaciones para un cambio efectivo

El fortalecimiento de la fiscalización requiere que la ONPE y la SBS deben recibir mayores recursos y competencias para implementar tecnologías de monitoreo financiero, incluyendo sistemas de alerta temprana para detectar aportes sospechosos.

Para mejorar la educación política y rendición de cuentas, los partidos deben ser obligados a publicar informes financieros detallados y auditar sus actividades con regularidad, como ocurre en democracias más consolidadas.

Mejorar los incentivos para el financiamiento público, más allá de las sanciones, los partidos deberían recibir mayores beneficios por el uso adecuado de financiamiento público, vinculando estos recursos a indicadores de desempeño institucional.

Promover reformas estructurales para reducir la fragmentación partidaria, mediante umbrales electorales más altos y la eliminación de organizaciones políticas sin representación efectiva, son necesarias para un sistema más funcional.

En síntesis, la autógrafa que modifica la Ley de organizaciones políticas es un paso acertado, pero no un punto de llegada. En un contexto donde la confianza ciudadana está severamente erosionada y los partidos enfrentan acusaciones de corrupción, esta reforma necesita ser acompañada por un fortalecimiento institucional sólido y una voluntad política consistente para recuperar la legitimidad de las organizaciones políticas.

La prueba está en implementar estos cambios de manera efectiva, evitando que queden como simples ajustes cosméticos en un sistema que exige transformaciones profundas. Sin ello, el Perú continuará enfrentando un círculo vicioso donde los partidos políticos son vistos como parte del problema y no como agentes de cambio en la consolidación democrática.

Demagogia y populismo: el balance crítico de una gestión de gubernamental

Por: Wens Silvestre 

La gestión de Dina Boluarte, estrechamente ligada al Congreso —representado por bancadas como Fuerza Popular, APP, Perú Libre, Acción Popular y otras—ha sido un terreno fértil para desaciertos que han impactado no solo en la estabilidad política del país, sino también en la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones democráticas. Este artículo busca ofrecer un balance crítico de su administración, destacando los efectos nocivos de la demagogia y el populismo que predominan en el Ejecutivo y el Legislativo, y que ponen en peligro el futuro del país. 

Desde su llegada al poder en diciembre de 2022, Dina Boluarte ha acumulado un largo historial de cuestionamientos. Las investigaciones judiciales relacionadas con su presunta responsabilidad en las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 y casos emblemáticos como el “Rolexgate” han debilitado su ya frágil credibilidad. A esto se suma una preocupante inacción en 2024: Boluarte no registró actividades oficiales en 106 días, casi un tercio del año, lo que evidencia una desconexión preocupante con las necesidades urgentes del país. 

El Congreso, por su parte, ha demostrado ser un aliado estratégico en esta dinámica. Con su respaldo, Boluarte ha sobrevivido a múltiples intentos de vacancia. Sin embargo, este blindaje político no está exento de costos: perpetúa un Ejecutivo carente de visión y refuerza la percepción de un Parlamento más preocupado por intereses partidarios que por el bienestar colectivo. Los efectos de estas decisiones populistas—como leyes que aumentan el gasto sin sustento técnico—se sienten en la economía y en la confianza ciudadana. 

La crisis fiscal del Perú es uno de los puntos más preocupantes de la actual gestión. El déficit fiscal superó el 3% del PBI en 2024, encendiendo alarmas sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas. Este desequilibrio no es casualidad: la administración ha priorizado medidas populistas, como bonos masivos y subsidios, en lugar de focalizar el gasto en inversiones estratégicas en infraestructura, salud o educación. 

En este contexto, resuena la advertencia de Milton Friedman: "Concéntrese en una sola cosa: ¿Cuánto gasta el gobierno? Porque ese es el verdadero impuesto... El problema central no es la deuda en sí misma, sino mantener el gasto público bajo control como proporción de nuestros ingresos."

Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, los ciudadanos terminan pagando el precio, ya sea mediante inflación, deuda o recortes en servicios esenciales. Perú está hipotecando su futuro con decisiones que no solo desestabilizan la economía, sino que también siembran incertidumbre entre inversionistas y actores internacionales.

El Congreso no ha sido un contrapeso adecuado frente a los errores del Ejecutivo; por el contrario, ha fomentado la crisis. Desde la aprobación de leyes que limitan el rol de los organismos fiscalizadores hasta propuestas que desincentivan la inversión privada, el Parlamento parece haber abandonado su rol fiscalizador para convertirse en un bastión de medidas populistas que erosionan la democracia.

La falta de un liderazgo responsable en el Legislativo agrava la percepción de un sistema político fallido. Esta complicidad entre Ejecutivo y Congreso no solo daña la imagen institucional, sino que alimenta un círculo vicioso de desconfianza ciudadana y apatía hacia la política. 

Nuestro país necesita abandonar el ciclo de demagogia y populismo que domina tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. La crisis actual no se resolverá con parches ni discursos grandilocuentes, sino con reformas profundas que prioricen la transparencia, la eficiencia y el interés público. 

El control del gasto público debe ser una prioridad. Sin una gestión responsable, cualquier medida será insuficiente para garantizar el crecimiento económico sostenible que el país necesita. Además, es imperativo reconstruir la institucionalidad para que las decisiones políticas reflejen los intereses de los ciudadanos y no de grupos de poder. 

Milton Friedman tenía razón: lo que importa no es la deuda per se, sino cómo y en qué se gasta el dinero público. El Perú está en un punto de inflexión, y sus líderes tienen la oportunidad de corregir el rumbo o condenar al país a un estancamiento perpetuo. 

El balance de la gestión de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso no deja lugar a dudas: el populismo y la demagogia han debilitado las bases de nuestra democracia. Sin embargo, también es un llamado a la reflexión y a la acción. El Perú no puede permitirse más demoras ni excusas. 

Es hora de que los líderes políticos miren más allá de sus intereses particulares y trabajen en reformas estructurales que fortalezcan la democracia, recuperen la confianza ciudadana y garanticen un futuro más justo y próspero para todos. 

Porque al final del día, la política no debería ser un juego de poder, sino un instrumento para construir un país mejor.

Bakú: ¿El inicio del cambio real o más promesas vacías?

 Por Wens Silvestre

Mientras el planeta enfrenta temperaturas récord y fenómenos climáticos extremos, la COP29 en Bakú culminó con aplausos y titulares esperanzadores. Sin embargo, la historia nos enseña que las promesas climáticas no siempre se traducen en acciones tangibles. ¿Serán estos compromisos la base de un cambio real o se quedarán en otro ejercicio de diplomacia estéril? Ante una crisis climática que no da tregua, no hay espacio para demoras. Es hora de convertir palabras en hechos.

Entre los anuncios destacados de Bakú, los países desarrollados prometieron aumentar la financiación climática a 300.000 millones de dólares anuales para 2035. Aunque a primera vista la cifra resulta alentadora, no debemos pasar por alto que las estimaciones del Climate Policy Initiative (2024) sitúan las necesidades reales en 4.3 billones de dólares anuales. Esta brecha abismal deja en evidencia que seguimos respondiendo con soluciones parciales mientras el calentamiento global avanza implacable. Si bien estos recursos son un paso adelante, la clave será su movilización efectiva y equitativa, evitando que la burocracia y la ineficiencia diluyan su impacto. 

El Fondo de Pérdidas y Daños, una de las victorias más celebradas de la COP29, tiene el potencial de marcar un antes y un después para los países más vulnerables. Pero el éxito dependerá de su implementación. El caso del Fondo Verde para el Clima nos recuerda que los recursos prometidos pueden quedarse en el limbo si no hay gobernanza clara ni mecanismos transparentes. Más que movilizar fondos, el verdadero reto es asegurarse de que lleguen a quienes más los necesitan, como las comunidades insulares y las regiones del Amazonas, donde los efectos del cambio climático ya son devastadores.

En el ámbito de los mercados de carbono, Bakú avanzó con la regulación del comercio global de créditos, bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. Si bien un mercado bien estructurado podría movilizar inversiones significativas hacia proyectos sostenibles, hay un riesgo latente: el “lavado verde” o greenwashing, donde las empresas maquillan sus emisiones reales con créditos de dudosa calidad. Países como Suiza y Ghana ya han implementado acuerdos bilaterales que priorizan la integridad ambiental; este enfoque debería servir como modelo para evitar que los mercados de carbono pierdan credibilidad.

No basta con identificar las carencias de los acuerdos climáticos. Debemos reflexionar sobre cómo convertir estas promesas en acciones reales. Tres pilares resultan esenciales: transparencia, para garantizar que los recursos lleguen a su destino; rendición de cuentas, para evaluar los avances con métricas claras; y voluntad política, sin la cual cualquier compromiso será inútil. Un ejemplo claro es el caso de Dinamarca, que ha integrado los acuerdos climáticos internacionales en su legislación nacional, asegurando metas vinculantes y resultados concretos.

Estamos ante una oportunidad única. Bakú podría ser recordado como el punto de inflexión en la lucha climática, pero solo si asumimos la responsabilidad de implementar sus acuerdos con urgencia y eficacia. Esto requiere un esfuerzo colectivo que involucre a gobiernos, empresas y ciudadanos.

¿Será Bakú el inicio del cambio real o solo otro hito de buenas intenciones? Dependerá de nuestra capacidad para exigir más, actuar con rapidez y pensar a largo plazo. La crisis climática no nos permitirá fallar, y la historia no perdonará la inacción.

La resistencia de Huanta e Iquicha en tiempos de independencia del Perú

Por Wens Silvestre

Nuestra historia, tal como la han contado los libros oficiales, presenta el proceso de independencia como una gesta patriótica protagonizada por criollos iluminados y ejércitos libertadores extranjeros. Sin embargo, esa narrativa, construida sobre los cimientos de la emancipación republicana, ha invisibilizado las complejidades de un proceso en el que diversos actores sociales participaron con motivaciones profundamente heterogéneas. Entre ellos, destaca el pueblo de Huanta y los iquichanos, cuyas acciones durante y después de la Batalla de Ayacucho de 1824 constituyen un capítulo fascinante, aunque a menudo ignorado, de nuestra historia.

En las alturas de Huanta, donde las montañas son testigos de nuestra historia, las comunidades iquichanas enfrentaron los profundos cambios que trajo la independencia con una postura singular: una resistencia activa en favor del sistema monárquico. Este hecho no debe interpretarse como simple adhesión al pasado, sino como una expresión de su agenda política y social en un momento de transformaciones vertiginosas.

Para los iquichanos, el orden virreinal representaba una estructura conocida que, si bien era imperfecta, ofrecía cierta estabilidad y protección frente a las élites criollas republicanas. La monarquía había permitido la supervivencia de sus formas de organización comunal y la protección de sus tierras frente a los intereses explotadores de los nuevos actores republicanos. En este contexto, figuras como Antonio Huachaca surgieron como líderes capaces de articular las demandas de estas comunidades y organizar una resistencia que, lejos de ser pasiva, se materializó en acciones militares y manifestaciones políticas.

Antonio Huachaca, en una carta dirigida al prefecto de Ayacucho, expresó con claridad su descontento frente a los abusos republicanos: "Salgan los señores militares que se hallan en ese depósito robando, forzando a mujeres casadas, doncellas, violando hasta templos, a más los mandones, como son el señor intendente, nos quiere acabar con contribuciones y tributos..." Esta declaración resume el profundo rechazo de Huachaca hacia las injusticias cometidas en nombre de la República.

El 9 de diciembre de 1824 marcó el fin formal del dominio español en Sudamérica con la capitulación de los ejércitos realistas en Ayacucho. No obstante, para los iquichanos, esta derrota no significó el fin de su lucha. Conscientes de que la república naciente no garantizaba necesariamente sus derechos y autonomías, continuaron resistiendo bajo el estandarte de la monarquía española.

Entre 1825 y 1839, los iquichanos protagonizaron una serie de levantamientos que desafiaron la autoridad republicana. Su resistencia, guiada por Huachaca, no solo fue militar, sino también ideológica: defendían un orden que percibían como menos disruptivo para sus formas de vida. Estos levantamientos, aunque finalmente sofocados, dejaron una huella indeleble en la historia local y cuestionan las narrativas simplistas sobre la independencia como un proceso de liberación homogéneo y universalmente deseado.

Nuestra historia no es sencilla. La resistencia de Huanta e Iquicha también invita a reflexionar sobre el mestizaje profundo que caracteriza a la sociedad peruana. No somos solo descendientes de los pueblos andinos; somos el resultado de siglos de interacción con la cultura española, con su religión, sus leyes, sus costumbres y las nuevas ideas republicanas que se entrelazaban en el siglo XIX.

La historia oficial ha tendido a polarizar el relato de la independencia: patriotas versus realistas, libertad versus opresión. Pero, los iquichanos nos refrescan que la realidad fue mucho más matizada. Su lucha no era contra la libertad, sino contra un cambio que percibían como amenaza a su estabilidad y autonomía. Eran mestizos, no solo en el sentido biológico, sino también cultural y político: sus identidades eran el producto de siglos de interacciones y adaptaciones bajo el sistema hispánico.

La "Fiel e Invicta Villa de Huanta"

El reconocimiento otorgado por la Corona española a Huanta como la "Fiel e Invicta Villa de Huanta" (1821) es un testimonio del rol que desempeñó esta región en la defensa del orden monárquico. Este honor, único en el contexto peruano, también resalta cómo las comunidades andinas tenían un papel activo en la política imperial, lejos de ser simples objetos pasivos de dominación.

Hoy, rescatar esta memoria es fundamental no solo para reivindicar la diversidad de experiencias en la independencia, sino también para reflexionar sobre las desigualdades y exclusiones que persistieron tras el cambio republicano y que, en muchos sentidos, todavía continúan vigentes. Reconocer la complejidad del mestizaje no solo implica aceptar nuestras raíces indígenas y europeas, sino también entender las luchas y aspiraciones de quienes vivieron en ese espacio intermedio.

El rol de Huanta e Iquicha en el proceso de independencia del Perú nos reta a revisar y enriquecer nuestra comprensión del pasado. Estas comunidades no fueron meros espectadores ni actores secundarios, sino protagonistas con sus propias agendas y visiones del futuro. En lugar de encasillarlos en dicotomías estériles, debemos reconocer su papel como parte integral del tejido histórico que nos define como peruanos.

El mestizaje profundo que caracteriza a nuestra sociedad es también un mestizaje de historias y memorias. Solo al integrar estas perspectivas podemos construir una narrativa más justa, que celebre nuestra diversidad y nos inspire a enfrentar las desigualdades que aún persisten. En el caso de los iquichanos, su resistencia no solo pertenece al pasado: es un apunte vivo de la complejidad de nuestra identidad nacional y de la necesidad de abrazar todas sus facetas, sin prejuicios ni simplificaciones.

La informalidad minera y un Estado bajo presión

La reciente decisión del Congreso de la República de aprobar el texto sustitutorio del Proyecto de Ley sobre la  pequeña minería y minería artesanal, ampliando nuevamente el plazo del Registro Integral de Formalización  Minera (REINFO), representa un claro retroceso en la lucha contra la informalidad y la ilegalidad en el sector minero. En un país donde la informalidad laboral alcanza el 70% de la población económicamente activa (INEI, 2023) y el sector minero informal genera ingresos estimados en más de 10,400 millones de dólares en los últimos 12 años  (Unidad de Inteligencia Financiera, 2024), esta decisión no solo perpetúa la informalidad y un sistema ineficaz, sino que también socava los principios del Estado de derecho y el desarrollo sostenible. 

El REINFO, creado en 2016 como una herramienta para formalizar la minería artesanal e informal, ha sido un fracaso rotundo. Al 1 de diciembre de 2024, según el portal oficial del REINFO, se registran 84,423 inscritos, de los cuales 66,642 (79%) están suspendidos debido al incumplimiento de los requisitos establecidos para la formalización. En contraste, solo 17,781 inscritos mantienen su registro vigente. Cabe destacar que, según fuentes oficiales, únicamente el 2.4% del total de inscritos ha logrado completar el proceso de formalización. Estos números no solo evidencian la ineficacia del programa, sino que también reflejan una cultura de informalidad profundamente arraigada, donde las prórrogas constantes alimentan la expectativa de que la formalización no es un compromiso real, sino una meta que puede posponerse indefinidamente.

En lugar de cerrar un capítulo fallido, el Congreso decidió extender el plazo del REINFO hasta junio de 2025, con posibilidad de seis meses adicionales. Esta decisión es sintomática de un sistema político que prioriza intereses inmediatos y particulares sobre soluciones estructurales y sostenibles.

La aprobación de este texto sustitutorio se dio en un clima de intensa presión social, marcado por dos semanas de protestas de mineros informales y, posiblemente, ilegales que se manifestaron frente al Parlamento. En un contexto donde el Congreso tiene una aprobación inferior al 6% y el Poder Ejecutivo no supera ese umbral, las decisiones políticas se ven constantemente influenciadas por grupos de presión. Estas concesiones no solo deterioran aún más la legitimidad institucional, sino que también envían un mensaje peligroso: que los intereses particulares pueden prevalecer sobre el bienestar general.

La minería informal e ilegal en el Perú no es solo un problema de evasión fiscal o desorden administrativo. Este sector está profundamente vinculado a actividades ilícitas como el narcotráfico, la trata de personas y el trabajo infantil. Además, genera impactos ambientales devastadores, como la deforestación y la contaminación por mercurio y cianuro, afectando tanto los ecosistemas como la salud de las comunidades locales.

El costo social de perpetuar la informalidad minera es altísimo. Por cada prórroga que otorga el Estado, se amplía el margen para la extracción irresponsable de recursos y el debilitamiento de las comunidades afectadas. Los incentivos para formalizarse desaparecen y los beneficios de la minería sostenible se ven cada vez más lejanos, perpetuando un sistema de impunidad.

El fracaso del REINFO y la cultura de prórrogas indefinidas son síntomas de problemas estructurales más profundos. Resolverlos requiere un enfoque integral que combine incentivos claros, sanciones severas y un marco normativo definitivo que elimine la incertidumbre. Las siguientes acciones son fundamentales:

1. Cierre definitivo del REINFO. El Estado debe establecer un plazo improrrogable para la formalización, eliminando cualquier expectativa de nuevas extensiones.

2. Fortalecimiento institucional. El Ministerio de Energía y Minas y las Direcciones Regionales de Energía y Minas, deben recibir recursos suficientes para supervisar, fiscalizar y coordinar el proceso de formalización.

3. Educación y sensibilización. Cambiar la percepción de que la informalidad es aceptable requiere un esfuerzo sostenido en educación y sensibilización.

4. Participación ciudadana. Incorporar a las comunidades locales en el monitoreo de las actividades mineras puede garantizar mayor transparencia y legitimidad.

5. Incentivos para la formalización. Los mineros que cumplan con estándares legales y ambientales deben recibir beneficios concretos, como acceso preferencial a mercados formales y financiamiento para mejoras tecnológicas.

Reflexión final

El filósofo alemán Immanuel Kant afirmó que “la libertad de uno termina donde comienza la del otro”. En el Perú, la minería informal e ilegal ha traspasado todos los límites, dañando no solo el medio ambiente, sino afectando los derechos de las comunidades locales y los principios básicos de justicia, equidad y sostenibilidad.

La decisión de una mayoría del Congreso de perpetuar un sistema ineficaz como el REINFO no solo pone en riesgo los recursos naturales y la estabilidad social del país, sino que también compromete su desarrollo como una nación moderna y sostenible.

Es urgente que las decisiones políticas reflejen un compromiso con el bien común, priorizando soluciones integrales y sostenibles sobre los intereses particulares. Solo así será posible construir un futuro donde la minería sea un motor de progreso y no de destrucción.

APEC Perú 2024: "Empoderar, Incluir, Crecer"

 Por Wens Silvestre, economista

La cumbre APEC Perú 2024, reúne a las economías más dinámicas del mundo en un momento decisivo. Este año, la participación de los líderes de las dos potencias más influyentes del mundo, Estados Unidos y China, subraya la importancia de la cooperación multilateral en un contexto de creciente rivalidad geopolítica y complejidad económica. La capacidad de APEC para reducir barreras comerciales, fomentar la digitalización y la innovación, y promover un crecimiento inclusivo hace de este evento una plataforma única para forjar acuerdos y estrategias que impulsarán la estabilidad y el desarrollo en la región Asia-Pacífico.

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) no solo representa el 38% de la población mundial, sino que agrupa a economías que generan alrededor del 62% del PIB global, lo que resalta su relevancia en el sistema económico mundial (INEI, 2024). Durante los últimos 30 años, APEC ha sido un catalizador clave en la reducción de aranceles comerciales en sus 21 economías, pasando de un promedio de 17% en 1989 a menos del 5% en la actualidad (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2024). Esta apertura comercial ha favorecido el crecimiento económico sostenido en economías como China y Estados Unidos, así como en países en desarrollo como Perú, que ha incrementado significativamente su comercio intra-APEC. En 2023, Perú registró exportaciones hacia China por un valor de 23,156 millones de USD, consolidándose como uno de sus principales socios comerciales (INEI, 2024). 

Uno de los elementos destacados de la agenda de APEC 2024 es la digitalización y la innovación. La “Visión Putrajaya 2020-2040” establece la transformación digital como un pilar fundamental para garantizar la competitividad de sus economías (APEC, 2020). La presencia de líderes como Xi Jinping y Joe Biden, en Lima, crea una oportunidad para promover acuerdos sobre estándares de ciberseguridad, comercio digital y desarrollo de tecnología limpia. La colaboración en estas áreas será fundamental para que las economías de APEC, incluidas las menos desarrolladas, puedan avanzar hacia una economía digital inclusiva y sostenible.

APEC Perú 2024, bajo el lema “Empoderar, Incluir, Crecer”, representa una oportunidad significativa para nuestro país, que en 2023 experimentó una contracción económica del 0.6%, debido a factores internos y externos (INEI, 2024). Al asumir el rol de anfitrión, Perú puede liderar iniciativas que promuevan la inclusión, el empoderamiento de las poblaciones vulnerables, la sostenibilidad en el comercio, así como la inversión en infraestructura verde y la modernización digital, sectores que pueden marcar una recuperación económica sólida y resiliente para la economía peruana, especialmente para las regiones menos favorecidas del país.

El enfoque en la inclusión económica es otro aspecto esencial para Perú. En un contexto de desigualdades estructurales, APEC brinda la plataforma para que Perú impulse reformas que promuevan la inclusión social y económica, fortaleciendo su infraestructura educativa y tecnológica para reducir brechas de desarrollo regionales y urbanas. Este enfoque podría ser un modelo para otras economías emergentes en APEC.

La participación de Estados Unidos y China en la cumbre de Lima simboliza tanto una competencia como una colaboración estratégica. En el contexto de rivalidad tecnológica, ambas potencias tienen un interés común en la estabilidad de la región Asia-Pacífico, y APEC representa una plataforma crítica para negociar intereses divergentes y promover áreas de cooperación, como el cambio climático y la seguridad alimentaria.

China, con un PIB de 19.4 billones de USD y una tasa de crecimiento del 5.3% en 2023, sigue siendo un líder en comercio dentro de APEC (FMI, 2024). Al mismo tiempo, Estados Unidos, con un PIB de 25.4 billones de USD y un crecimiento del 2.9%, sigue siendo el mercado más grande para muchas economías de la región (INEI, 2024). Este equilibrio de poder dentro de APEC crea un contexto donde el diálogo y la colaboración son no solo beneficiosos, sino necesarios para mantener la estabilidad económica regional.

Para que APEC mantenga su papel como motor de crecimiento, sus miembros deben sincerar sus compromisos con la misión del foro, que incluye la promoción de un comercio libre y justo, la integración económica y el crecimiento inclusivo. La cooperación en temas como sostenibilidad y digitalización es esencial para que APEC logre su “Visión 2040” de una comunidad Asia-Pacífico resiliente, dinámica y pacífica (APEC, 2020). Este enfoque beneficiaría especialmente a países como Perú, que busca diversificar su economía y fortalecer su infraestructura.

APEC 2024 ofrece un espacio excepcional para que las economías de Asia-Pacífico redefinan su papel en el sistema económico global y fortalezcan su resiliencia frente a los desafíos futuros. La presencia de líderes mundiales como Xi Jinping y Joe Biden en Lima no solo subraya la importancia de APEC como un espacio de diálogo y cooperación, sino también la necesidad de un compromiso renovado para cumplir con los objetivos de inclusión, digitalización y sostenibilidad. Para países en desarrollo como Perú, APEC representa una oportunidad sin precedentes para integrarse en una economía global en rápida transformación y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos mediante políticas inclusivas y sostenibles.

La responsabilidad como pilar de una sociedad sana y próspera

Por Wens Silvestre

En el complejo entramado de las democracias modernas, la responsabilidad de los líderes y representantes estatales no es simplemente un principio ético o un adorno de la retórica política; es, en esencia, la piedra angular sobre la que se construye y sostiene la confianza en las instituciones. La evasión de responsabilidades, tan arraigada en la práctica política global y especialmente visible en contextos como el peruano, no solo socava la legitimidad de los gobiernos, sino que también mina las posibilidades de desarrollo sostenible y bienestar de la población.

Desde un punto de vista científico, la responsabilidad es un comportamiento social y psicológico que implica un proceso de reconocimiento de las
propias acciones, decisiones y omisiones. Este concepto, ampliamente estudiado en el campo de la psicología social, se asocia con la madurez moral y la integridad personal. Un estudio de Bandura (1977) sobre la teoría del aprendizaje social ya apuntaba que la percepción de responsabilidad individual y colectiva es clave para la regulación del comportamiento humano. En términos económicos y sociales, esta percepción influye en la cohesión y cooperación comunitaria, elementos esenciales para el desarrollo de políticas efectivas y sostenibles.

El costo de la evasión de responsabilidades es alto y se manifiesta en múltiples dimensiones. En el ámbito económico, la falta de asunción de errores por parte de líderes y funcionarios repercute en una gestión ineficaz de los recursos públicos y en la pérdida de oportunidades de inversión y crecimiento. El Foro Económico Mundial ha señalado repetidamente que los países con altos niveles de corrupción y opacidad institucional enfrentan barreras significativas para atraer inversión extranjera y desarrollar un entorno empresarial competitivo.

Socialmente, la evasión constante de responsabilidades por parte de los actores políticos fomenta un ciclo de desconfianza y desafección ciudadana. La encuesta del Latinobarómetro de los últimos años ha mostrado que la confianza en las instituciones políticas de América Latina, y particularmente en Perú, es una de las más bajas a nivel mundial. Esta falta de confianza tiene un impacto directo en la estabilidad política y en la capacidad de los gobiernos para implementar políticas que favorezcan el bienestar social.

La democracia se fortalece o se debilita a partir de la percepción de legitimidad y responsabilidad de sus representantes. La teoría política de John Locke y las ideas modernas de teóricos como Daron Acemoglu y James A. Robinson, quienes han analizado las causas de la desigualdad y el fracaso de las naciones, refuerzan la importancia de la rendición de cuentas. Cuando los líderes no asumen responsabilidades, se establece un precedente peligroso que alienta la corrupción y perpetúa la desigualdad, privando a la población de los beneficios de un gobierno equitativo y justo.

Para restaurar la confianza en las instituciones, no basta con reformas superficiales; es necesario un cambio cultural y estructural que promueva la transparencia y la rendición de cuentas como principios fundamentales. Un estudio de Transparency International demuestra que los países que han logrado avances significativos en la lucha contra la corrupción y en la mejora de la gobernanza son aquellos donde la responsabilidad es un valor compartido, no solo entre líderes, sino en toda la sociedad.

Implementar políticas que incentiven la transparencia, fortalecer los mecanismos de supervisión y control, y educar a la población en valores cívicos son pasos necesarios para crear un entorno en el que la responsabilidad sea la norma, no la excepción. Este tipo de transformaciones no solo mejoran la percepción de las instituciones, sino que tienen un impacto directo en la eficacia de las políticas públicas y en el bienestar general de la sociedad.

La asunción de responsabilidades debe ser vista como una inversión a largo plazo en la estabilidad y prosperidad de una nación. No es un simple gesto de humildad política, sino un acto de liderazgo que tiene el potencial de restaurar la confianza pública y cimentar un camino hacia un desarrollo inclusivo y sostenible. En un mundo que enfrenta desafíos cada vez más complejos, desde crisis económicas hasta el cambio climático, solo una sociedad que valore la responsabilidad como un principio rector podrá superar estos retos y avanzar hacia un futuro más justo y próspero.

La confianza en las instituciones, una vez quebrantada, es difícil de recuperar, pero no es imposible. La clave está en entender que la responsabilidad no es solo una carga; es el fundamento sobre el cual se construyen las soluciones que pueden transformar vidas y comunidades, y en última instancia, asegurar un bienestar compartido que trascienda generaciones.

Las instituciones son la clave para la prosperidad de las naciones

 Por Wens Silvestre, economista

La reciente entrega del Premio Nobel de Economía a Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson marca un hito en la comprensión de la prosperidad y el desarrollo económico de las naciones. Su investigación exhaustiva sobre el papel de las instituciones políticas y económicas ha cambiado la forma en que entendemos las raíces de la desigualdad global, demostrando que el éxito económico sostenible no es una cuestión de geografía o cultura, sino de la calidad de las instituciones que configuran nuestras sociedades (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2001).

Los galardonados destacan la distinción entre instituciones “inclusivas” y “extractivas”. Las instituciones inclusivas, que respetan el estado de derecho y protegen los derechos de propiedad y la libertad económica, impulsan la innovación y el crecimiento. En contraste, las instituciones extractivas, aquellas diseñadas para concentrar el poder y la riqueza en manos de unos pocos, condenan a las sociedades al estancamiento y la pobreza. Esta diferencia es esencial para comprender el abismo de prosperidad entre países, ya que las instituciones inclusivas tienden a fomentar la participación y el progreso a largo plazo, mientras que las extractivas perpetúan la desigualdad y la dependencia (Acemoglu & Robinson, 2012).

 Acemoglu y sus colegas han utilizado la historia como “laboratorio” para estudiar cómo diferentes trayectorias institucionales han afectado el desarrollo de las naciones. Uno de sus estudios más influyentes demostró que las antiguas colonias europeas con climas favorables y recursos ricos —donde los colonizadores establecieron instituciones extractivas— hoy en día sufren de economías rezagadas, mientras que las regiones menos atractivas para la explotación colonial, como América del Norte, desarrollaron estructuras inclusivas que fomentaron la prosperidad (Acemoglu, Johnson & Robinson, 2002).

Este análisis tiene profundas implicaciones. Nos demuestra que el subdesarrollo y la pobreza no son accidentes de la historia ni fatalidades geográficas, sino el resultado de decisiones políticas e institucionales que, en muchos casos, datan de siglos atrás. Según el presidente del Comité Nobel, Jakob Svensson, esta investigación “nos brinda una comprensión mucho más profunda de por qué algunos países fracasan mientras otros prosperan” (Dizikes, 2024).

La contribución de Acemoglu y sus colegas también resalta que la innovación es un motor esencial del crecimiento económico, pero solo florece en sociedades que promueven derechos inclusivos y un marco seguro de derechos de propiedad. Esto permite que los individuos tomen riesgos y se dediquen a actividades creativas sin temor a la expropiación. Las élites extractivas, sin embargo, suelen resistirse al cambio y a la innovación para mantener el control, lo que limita el desarrollo a largo plazo (Acemoglu & Johnson, 2023). Este hallazgo tiene resonancia en las economías modernas, en las que el avance tecnológico y la innovación son la base de la competitividad global.

Hoy en día, la relevancia de esta investigación es incuestionable. En varios países, tanto desarrollados como en desarrollo, vemos una creciente tendencia a cuestionar el estado de derecho y a permitir que líderes demagógicos erosionen las instituciones democráticas. Tal como señalaron Acemoglu y Robinson en su libro The Narrow Corridor, el avance de la libertad política no es un proceso automático ni uniforme; es el resultado de la movilización social y la defensa constante de los derechos individuales (Acemoglu & Robinson, 2019).

En economías avanzadas, como Estados Unidos y algunas democracias europeas, las instituciones inclusivas están siendo desafiadas. El riesgo es que la creciente apatía hacia la democracia y el debilitamiento del estado de derecho socaven la prosperidad económica, replicando los efectos devastadores de las instituciones extractivas. Acemoglu y sus colegas han advertido sobre este círculo vicioso: cuando los ciudadanos pierden la confianza en sus instituciones, disminuyen los incentivos para la innovación y la inversión, lo que lleva al estancamiento y, en última instancia, al empoderamiento de líderes autoritarios (Dizikes, 2024).

La lección fundamental que deja la obra de Acemoglu, Johnson y Robinson es que el desarrollo económico no depende solo de políticas aisladas ni de reformas económicas específicas, sino de una infraestructura institucional sólida y confiable. Sin instituciones inclusivas, el crecimiento económico es vulnerable a la corrupción, la concentración del poder y el estancamiento. La historia ha demostrado que la prosperidad a largo plazo requiere algo más que estabilidad económica: requiere libertad política, justicia, y una sociedad comprometida con la preservación de sus instituciones democráticas.

El Nobel de Economía 2024 no solo celebra un gran avance académico, sino también un llamado a la acción. Como señaló Simon Johnson, “la historia importa”. Y mientras no defendamos nuestras instituciones, estamos en riesgo de perder las bases mismas de nuestra prosperidad (Dizikes, 2024).

Referencias

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The colonial origins of comparative development: An empirical investigation. American Economic Review, 91(5), 1369-1401.

- Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2002). Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution. The Quarterly Journal of Economics, 117(4), 1231-1294.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Business.

- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). Power and Progress: Our 1,000-Year Struggle over Technology and Prosperity. Crown Publishing.

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2019). The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty. Penguin Press.

- Dizikes, P. (2024). MIT economists Daron Acemoglu and Simon Johnson share Nobel Prize. MIT News.