Presupuesto 2025: Entre la sostenibilidad fiscal y los desafíos estructurales

 Por Wens Silvestre

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, ascendente a 251.8 mil millones de soles, lo que representa un incremento del 4.6% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, que fue de 240.8 mil millones de soles. Este presupuesto refleja un esfuerzo por mantener el crecimiento económico en medio de un panorama marcado por la incertidumbre global, la crisis política interna, y los problemas persistentes de corrupción e ineficiencia en la gestión pública.

Las entidades del Gobierno Nacional concentran el 63,5% del presupuesto para el 2025, una proporción similar a la de 2024 (63,7%). Los Gobiernos Regionales recibirán el 21,6%, ligeramente inferior a 2024 (21,9%), y los Gobiernos Locales manejarán el 14,9%, un aumento en comparación con el 14,4% de 2024. Además, el gasto corriente asciende a S/ 157,364 millones, representando un aumento del 6.2% respecto al 2024. Este incremento sugiere una priorización en el mantenimiento de la burocracia estatal y en la prestación de servicios, a costa de una expansión limitada del gasto de capital, que solo crece un 4.1%. Aunque el gasto de capital aumenta hasta S/ 66,874 millones, este crecimiento es modesto, lo que podría limitar la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo económico a largo plazo.

Comparado con 2024, el gasto corriente aumenta en términos absolutos, pero esta expansión no se traduce en un cambio significativo en la estructura del presupuesto, lo que indica que no se están tomando medidas sustanciales para reducir la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, el ligero incremento en el gasto de capital no es suficiente para compensar las necesidades de inversión en un país que aún enfrenta importantes desafíos de infraestructura.

En el Gobierno Nacional, se observa un incremento del gasto corriente del 10.5%, mientras que el gasto de capital disminuye en un 6.3%. Este aumento del gasto corriente está alineado con la tendencia de priorizar la prestación de servicios y el cumplimiento de metas institucionales, lo que refleja una necesidad de fortalecer la capacidad operativa del gobierno central. Sin embargo, la reducción en el gasto de capital podría limitar la ejecución de proyectos de infraestructura, lo que puede afectar el crecimiento proyectado del 3.1% del PBI en 2025. Este enfoque podría generar tensiones en la sostenibilidad a largo plazo si no se logra un balance adecuado entre gasto corriente y de capital.

La asignación presupuestal a los Gobiernos Regionales y Locales muestra una tendencia positiva, con un incremento general en los recursos. El aumento significativo en el gasto de capital para los Gobiernos Locales (24.2%) sugiere un impulso hacia proyectos de infraestructura y desarrollo local, lo cual es crucial para cerrar brechas regionales y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, el ligero aumento en el gasto corriente para los Gobiernos Regionales (1.0%) podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos operativos y de prestación de servicios en estas regiones.

La reducción en el pago del servicio de la deuda tanto para el Gobierno Nacional (-2,9%) como para los Gobiernos Locales (-13,9%) podría reflejar un proceso de refinanciamiento de la deuda pública. Esto podría liberar recursos para otros fines prioritarios a corto plazo, pero también podría generar mayores obligaciones futuras, lo que debe considerarse cuidadosamente en términos de sostenibilidad fiscal.

Financiamiento del Presupuesto 2025

El MMM 2025-2028 establece que el déficit fiscal alcanzará el 2.8% del PBI en 2024 y proyecta un crecimiento del PBI de 3.2% para ese mismo año. Sin embargo, la opinión del Consejo Fiscal (CF) expresa preocupación, señalando que es muy probable que esta meta de déficit no se cumpla, dado que a junio de 2024 ya se había alcanzado un déficit del 4% del PBI. Para alcanzar la meta proyectada, los ingresos deberían aumentar en un 13%, lo cual, según el CF, resulta poco probable en el escenario actual.

Esto plantea un desafío significativo para el financiamiento del presupuesto 2025. Si el déficit fiscal de 2024 supera el 2.8%, será necesario ajustar las proyecciones para 2025 y considerar posibles medidas correctivas, como la ampliación de la base tributaria y el control más estricto del gasto público.

El MMM proyecta un crecimiento del PBI del 3.1% para 2025, con sectores como la pesca, que se espera crezca un 7.0%, y la construcción, que muestra un aumento del 4.0%. Sin embargo, el CF advierte que el crecimiento del 3.1% podría ser inconsistente con un escenario internacional menos favorable. Si el crecimiento económico es más débil de lo proyectado, esto afectará directamente los ingresos fiscales, complicando aún más el cumplimiento de las metas de déficit.

El análisis del CF resalta la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para evitar el incumplimiento de las reglas fiscales. La SUNAT estimó un incumplimiento en el pago del IGV en 2023 de S/ 34,669 millones, equivalente al 3.5% del PBI. Esto indica un área de mejora significativa en la gestión tributaria. El aumento de la eficiencia en la recaudación es esencial para financiar el presupuesto sin aumentar la carga impositiva, lo cual podría desalentar la inversión privada y el consumo.

El gasto tributario estimado para 2025 ascenderá a S/ 17,624 millones (1.58% del PBI), con un potencial de aumentar a S/ 24,010 millones (2.15% del PBI). Estos gastos tributarios representan recursos significativos que podrían ser utilizados para reducir el déficit fiscal o para financiar programas críticos de inversión. La reducción de estos gastos, junto con la lucha contra la evasión fiscal, debería ser una prioridad en la política fiscal para mejorar la sostenibilidad del financiamiento público.

El contexto político y la ineficiencia del Sector Público

La crisis política y la corrupción endémica siguen siendo factores críticos que erosionan la eficacia del gasto público. El aumento del gasto corriente refleja, en parte, una estructura estatal que ha sido resistente a la reforma y a la racionalización de sus operaciones. En lugar de redirigir recursos hacia inversiones productivas, el Estado continúa financiando una burocracia costosa que no necesariamente mejora la calidad de los servicios públicos.

Este contexto se agrava por la ineficiencia en la gestión pública, donde los recursos se ven frecuentemente malgastados o desviados debido a la corrupción. Esta situación no solo afecta la percepción pública y la confianza en las instituciones, sino que también limita la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas que promuevan el desarrollo económico y social.

En síntesis, el presupuesto público para 2025 refleja un equilibrio frágil entre las necesidades de financiamiento y la sostenibilidad fiscal. Si bien el incremento en el gasto corriente puede ser necesario para mantener ciertos servicios públicos, la falta de un incremento significativo en el gasto de capital podría limitar las oportunidades de crecimiento económico a largo plazo. Además, sin reformas fiscales profundas y un enfoque decidido en la lucha contra la corrupción, el gobierno peruano corre el riesgo de perpetuar un ciclo de ineficiencia y endeudamiento que podría obstaculizar sus aspiraciones de desarrollo.

El camino hacia la estabilidad económica y fiscal requiere no solo una gestión prudente de los recursos, sino también una voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales que han frenado el progreso del país. Sin un compromiso real para mejorar la eficiencia del gasto y ampliar la base tributaria, las metas presupuestarias y de crecimiento económico para 2025 podrían resultar inalcanzables.

 

El rostro oscuro de la tecnología y la política

 Por Wens Silvestre

Imaginemos por un momento que vivimos en un mundo donde la tecnología, más que una herramienta para mejorar nuestras vidas, se ha convertido en un medio para despojarnos de lo que nos hace humanos. Esto es precisamente lo que temía el filósofo alemán Günther Anders, cuya obra, aunque menos conocida que la de otros pensadores, ofrece una crítica profunda y vigente sobre cómo la tecnología y la política moderna deshumanizan y alienan a las personas.

Günther Anders, en su obra “La obsolescencia del hombre” (1956), argumentaba que la tecnología, lejos de ser neutral, moldea y transforma nuestras vidas de maneras que muchas veces no comprendemos del todo. No solo cambia la forma en que hacemos las cosas, sino que también altera quiénes somos. Según Anders, la tecnología moderna tiene el poder de hacer obsoleta la esencia humana, convirtiéndonos en engranajes de una maquinaria que controla todos los aspectos de nuestras vidas.

Este control, que en el pasado podría haberse logrado mediante la fuerza bruta o la manipulación abierta, ahora se ejerce de maneras mucho más sutiles. La tecnología, junto con los medios de comunicación y el entretenimiento, nos inunda con trivialidades, distracciones y una falsa sensación de libertad, mientras en realidad nos aliena y nos convierte en sujetos fácilmente manipulables.

Anders también tenía una opinión muy crítica sobre los políticos, a quienes veía como cómplices en este proceso de deshumanización. En lugar de proteger los derechos y la dignidad de las personas, los políticos modernos, según él, se han convertido en gestores de un sistema que prioriza el poder y el control por encima de cualquier consideración moral o humana. Para Anders, la política en la era tecnológica no se trata de mejorar la vida de las personas, sino de mantener un orden que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

Al observar la realidad política peruana, no puedo evitar sentir que Anders tenía razón en muchos aspectos. Sin embargo, hay una matización importante que debemos hacer: mientras Anders hablaba de la eficiencia del sistema tecnológico y político para controlar a las masas, en Perú nos enfrentamos a un panorama donde la ineficiencia y la burocracia dominan la escena.

En Perú, parece que la lucha por el poder no se basa en quién puede construir más, sino en quién puede destruir más. Los políticos, en lugar de enfocarse en mejorar el país, parecen estar enfrascados en una competencia tanto destructiva y autodestructiva, donde el objetivo es deslegitimar al adversario a cualquier costo, aunque eso signifique sacrificar el bienestar del país y de su gente.

Este constante conflicto no solo paraliza al Estado, sino que también destruye la dignidad humana, la moralidad y convierte la libertad en un mero cliché, en un discurso vacío que carece de sustancia real. La burocracia e ineficiencia del Estado no solo impiden el progreso, sino que también perpetúan un ciclo de desesperanza y desilusión entre los ciudadanos, quienes ven cómo las promesas de desarrollo se disuelven en la realidad de un sistema que no funciona.

Al reflexionar sobre las ideas de Anders y la realidad política peruana, vemos que su crítica sigue siendo relevante, aunque con adaptaciones a nuestro contexto. La tecnología y los medios, en manos de una esfera política enfocada más en el poder que en el bienestar de las personas, se convierten en herramientas de control y alienación. Pero, en el caso peruano, esta alienación es doblemente dolorosa, porque no solo es controlada y manipulada, sino que, además, es gestionada por un Estado que es incapaz de brindar los servicios básicos de manera eficiente.

Este escenario es particularmente preocupante porque la ineficiencia del Estado no solo crea frustración y desesperanza, sino que también alimenta una cultura de destrucción y conflicto. Los valores fundamentales, como la dignidad, la moralidad y la libertad, son sacrificados en el altar de una política que prioriza el poder y la rivalidad sobre el bienestar común.

En este contexto, la obra de Günther Anders no solo nos ofrece una crítica filosófica, sino también una advertencia: si permitimos que la tecnología y la política sigan por este camino, corremos el riesgo de perder lo que nos hace humanos. Es fundamental que empecemos a reflexionar sobre cómo queremos que se desarrolle nuestra sociedad y qué tipo de liderazgo necesitamos para guiar ese desarrollo.

La política en Perú necesita un cambio radical, uno que coloque la dignidad humana y el bienestar general en el centro de la agenda. De lo contrario, continuaremos en un ciclo destructivo que no solo nos deshumaniza, sino que también amenaza con hacer obsoleta nuestra capacidad de construir un futuro mejor.

El desafío está en nuestras manos: ¿seguiremos permitiendo que el poder y la ineficiencia destruyan nuestro país, o nos erguiremos para exigir un cambio que realmente valore y promueva la humanidad en todas sus formas?

Proyecciones económicas del Perú para 2025

 Por Wens Silvestre

El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado las proyecciones macroeconómicas multianual para el periodo 2025-2028, contando con la opinión previa del Consejo Fiscal. Estas proyecciones sirven como base para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el cual debe ser presentado por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento en el transcurso de esta semana para su posterior debate y aprobación, con fecha límite el 30 de noviembre del presente año.

El año 2025 se perfila como un año crítico en vísperas de un nuevo proceso electoral. Nuestra economía marca el inicio de un período en el que el país intentará consolidar un crecimiento económico sostenido en medio de desafíos estructurales persistentes. Las proyecciones económicas para 2025 presentan una mezcla de optimismo y alerta, lo que obliga a un análisis detallado de las fortalezas y debilidades que podrían definir el rumbo de la economía en los próximos años.

En 2025, se proyecta que la economía peruana crecerá un 3.1%, un ligero descenso desde la proyección del 3.2% en 2024, pero aun reflejando un desempeño optimista en comparación con la contracción de -0.6% en 2023. Este crecimiento será impulsado principalmente por la recuperación en sectores clave como la agricultura, la pesca y la construcción.

El sector agropecuario, que en 2023 sufrió una contracción del -2.4%, se espera que crezca un 3.0% en 2025, impulsado por un aumento en la producción agrícola. Del mismo modo, el sector pesquero, que experimentó una dramática caída del -19.7% en 2023, muestra signos de recuperación con un crecimiento proyectado del 7.0% en 2025. Estos sectores representan las bases tradicionales de nuestra economía, aunque su peso sea relativamente pequeño.

El sector de minería e hidrocarburos, que ha sido históricamente un motor clave del crecimiento económico en Perú, muestra una proyección moderada de crecimiento del 2.7% en 2025, después de un sólido 8.0% en 2023. Dentro de este sector, la minería metálica, un pilar clave, también está proyectada a crecer un 2.7% en 2025. Sin embargo, estas tasas de crecimiento, aunque positivas, reflejan una desaceleración en comparación con años anteriores, lo que podría ser un indicador de los desafíos que enfrenta el sector, tales como fluctuaciones en los precios internacionales de los minerales, posibles conflictos socioambientales y tensiones políticas internas que podrían afectar la inversión.

Por otro lado, el subsector de hidrocarburos muestra una proyección más robusta, con un crecimiento del 3.4% en 2025, lo que contribuye a mantener el dinamismo del sector en general. Esta diferencia en el desempeño sugiere la necesidad de una estrategia más diversificada para asegurar un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

El año 2025, también verá un esfuerzo significativo por parte del gobierno para impulsar la economía a través de la inversión pública. Sin embargo, el éxito de estas inversiones dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para ejecutar el presupuesto de manera eficiente. La historia reciente ha mostrado deficiencias en la capacidad del gobierno para llevar a cabo proyectos de infraestructura a tiempo y dentro del presupuesto, lo que pone en riesgo las proyecciones de crecimiento.

El gasto público no financiero está proyectado a crecer un 4.0% en 2025, impulsado principalmente por la inversión en infraestructura. Sin embargo, si estas inversiones no se ejecutan de manera efectiva, podrían generar un aumento en el gasto sin el correspondiente impacto positivo en el crecimiento económico.

Desde una perspectiva fiscal, 2025 será un año en el que Perú intentará reducir su déficit fiscal, proyectado en -2.2% del PIB. Esta reducción depende de la capacidad del gobierno para mejorar la recaudación tributaria y controlar el gasto corriente, que sigue siendo una preocupación debido a su rigidez. El resultado primario también se espera que mejore, con un déficit reducido a -0.5% del PIB en 2025, frente al -1.0% en 2023. Sin embargo, estas mejoras son frágiles y dependen de un entorno económico estable y de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales.

Por otro lado, es importante no perder de vista las proyecciones más amplias hacia 2028, que ofrecen un panorama relevante sobre la dirección a largo plazo de la economía peruana.

El sector de minería e hidrocarburos, aunque clave, muestra una tendencia preocupante hacia la desaceleración más allá de 2025. Para 2028, la minería metálica se proyecta que crecerá solo un 1.7%, lo que subraya la urgencia de diversificar la economía y reducir la dependencia de este sector. Este sector, tradicionalmente robusto, enfrenta el riesgo de una demanda global incierta y presiones internas que podrían afectar su productividad.

Para 2028, el gasto público no financiero del gobierno general se proyecta en S/. 251,836 millones, representando un 19,2% del PBI. Este gasto creciente, si no se maneja con prudencia, podría llevar a un aumento insostenible de la deuda pública, que se estima alcanzará el 32.4% del PBI para 2028. Aunque esta cifra es manejable a corto plazo, un aumento en las tasas de interés globales o una caída en la calificación crediticia podría hacer que el servicio de esta deuda se vuelva más costoso, limitando la capacidad del gobierno para financiar el desarrollo a largo plazo.

La dependencia de Perú en el sector extractivo y las políticas populistas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo representan desafíos continuos. Las medidas a corto plazo para satisfacer demandas populares pueden comprometer la estabilidad fiscal y económica a largo plazo. La debilidad institucional, marcada por la corrupción y la falta de eficiencia, continúa siendo una barrera significativa para el progreso. Estas políticas no solo amenazan con aumentar el déficit fiscal, sino que también podrían desincentivar la inversión privada, fundamental para el crecimiento económico sostenido.

El año 2025 representa un punto de inflexión para nuestra economía, estableciendo el tono para los años venideros. Si bien las proyecciones para 2025 son relativamente optimistas, las tendencias más allá de este año muestran desafíos significativos que podrían amenazar la sostenibilidad del crecimiento económico.

El enfoque del gobierno en 2025 debe estar en fortalecer la base institucional y económica para asegurar que este crecimiento no solo sea sostenido, sino también inclusivo y resiliente a las fluctuaciones globales y a los riesgos internos. Al abordar los problemas estructurales ahora, podemos posicionarnos mejor para aprovechar las oportunidades de crecimiento en los próximos años y mitigar los riesgos que podrían descarrilar su progreso. El camino hacia 2028 está lleno de retos, y las decisiones tomadas en 2025 serán esenciales para determinar si el país puede superar estos obstáculos y garantizar un futuro próspero y estable.

Crecimiento económico se desinfla en junio de 2024

 Por Wens Silvestre

En el transcurso de 2024, la economía peruana ha experimentado un viaje lleno de altibajos, marcado por fluctuaciones sectoriales y proyecciones optimistas que no siempre se alinean con la realidad. Es fundamental abordar el panorama económico con un enfoque cauteloso y realista, reconociendo tanto los logros como los desafíos persistentes. El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la producción nacional en junio de 2024, junto con las declaraciones previas del Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, destacan la necesidad de ajustar las expectativas y enfocar las políticas públicas en fortalecer las bases de un crecimiento sostenible. 

El ministro Arista, en julio de 2024, proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) superior al 3,1% para este año, impulsado por un crecimiento notable del 5,04% en mayo. Este optimismo, aunque comprensible dado el desempeño positivo de ciertos sectores, ha sido puesto en duda por los resultados de junio, donde el crecimiento se desaceleró a un modesto 0,21%. Esta diferencia sugiere que las condiciones favorables observadas en mayo no se mantuvieron, y que la economía peruana sigue siendo vulnerable a fluctuaciones sectoriales y factores externos.

El análisis del INEI revela que, aunque sectores como el transporte y la pesca experimentaron crecimientos significativos, otros pilares de la economía peruana, como la minería y los hidrocarburos, mostraron una preocupante contracción del 7,47%. Este sector, históricamente uno de los motores de la economía, enfrenta desafíos que incluyen conflictos sociales, factores técnicos y la volatilidad de los precios internacionales de los metales. Asimismo, la construcción, otro sector clave, también registró una disminución del 2,40%, reflejando un debilitamiento de la inversión privada y una dependencia excesiva en la inversión pública para sostener el crecimiento.

El gobierno debe adoptar un enfoque más cauteloso y realista en sus proyecciones y políticas económicas. Las cifras de crecimiento de mayo fueron excepcionales, pero no deben ser tomadas como la norma. La economía sigue enfrentando desafíos estructurales que requieren atención inmediata. La dependencia excesiva en sectores volátiles como la minería, y la falta de diversificación económica, hacen que Perú esté en una posición vulnerable frente a cambios en las condiciones globales.

El optimismo del ministro Arista sobre un ciclo expansivo de crecimiento del 6% al 7% anual es, en el mejor de los casos, prematuro. Para alcanzar estas tasas de crecimiento, nuestro país necesitará más que buenos deseos y proyectos de infraestructura. Se requieren reformas profundas que faciliten la inversión privada, reduzcan la burocracia y fomenten la competitividad en todos los sectores.

¿Qué hacer?

El gobierno debe concentrar sus esfuerzos en crear un ambiente más favorable para la inversión privada, que ha demostrado ser una herramienta efectiva para el crecimiento sostenido. Esto incluye la simplificación de procesos regulatorios, la protección de los derechos de propiedad, y la mejora de la infraestructura básica, no solo en áreas urbanas, sino también en regiones del interior, que a menudo se quedan atrás.

Asimismo, es vital promover la diversificación económica. Perú no puede depender indefinidamente de la minería y la pesca como sus principales motores de crecimiento. El desarrollo de sectores como la agricultura sostenible, la manufactura avanzada y los servicios tecnológicos debe ser una prioridad. Estos sectores pueden ofrecer estabilidad económica y reducir la exposición del país a las fluctuaciones en los mercados globales de materias primas.

Finalmente, la estabilidad macroeconómica debe ser mantenida a través de una política fiscal responsable. El gobierno debe resistir la tentación de aumentar el gasto público de manera insostenible, especialmente en proyectos de infraestructura que, aunque necesarios, deben ser ejecutados con eficiencia y transparencia para evitar sobrecostos y corrupción.

Recapitulando, el crecimiento económico en lo que va del 2024 es una advertencia de las complejidades y desafíos que enfrenta la economía del país. Aunque existen oportunidades claras para el desarrollo sostenible, es esencial que el gobierno adopte un enfoque prudente y realista, que priorice las reformas estructurales y la diversificación económica. Solo a través de un compromiso decidido con estas prioridades, nuestro país podrá alcanzar un crecimiento sostenido y resiliente, capaz de soportar las inevitablemente cambiantes mareas de la economía global.

Minería informal e ilegal en Huanta: una amenaza oculta

Por Wens Silvestre

La reciente ola de protestas en Huanta y sus distritos vecinos, Luricocha, Iguain y Huamanguilla, pone de manifiesto un problema que ha estado latente durante demasiado tiempo: la devastadora actividad de la minería informal e ilegal en las cabeceras de cuenca. Estas protestas no solo son una respuesta desesperada ante la contaminación y destrucción de recursos hídricos vitales, sino también un grito de auxilio de comunidades que ven amenazada su subsistencia diaria. 

Las lagunas de Razuhuillca, ubicadas en las cabeceras de la microcuenca de Huanta, son la principal fuente de agua para más de 60 mil personas que dependen de ella para consumo humano y agrícola. La provincia de Huanta, con una población estimada de 113,291 habitantes en 2021, donde el 65% reside en áreas rurales, depende mayoritariamente de la agricultura y ganadería. La minería ilegal, sin embargo, viene contaminando estas fuentes de agua probablemente con metales pesados como el mercurio y el cianuro, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de toda la comunidad.

La minería en cabeceras de cuenca altera significativamente los ciclos hidrológicos, desviando ríos y causando erosión y sedimentación que destruyen hábitats naturales y reducen la calidad del agua. Estos efectos son especialmente devastadores en ecosistemas tan frágiles como los andinos, donde la pérdida de biodiversidad es una consecuencia inevitable.

Además, el cambio climático añade otra capa de vulnerabilidad. El retroceso de glaciares, como el del nevado Razuhuillca, exacerbado por la minería y el calentamiento global, reduce las reservas de agua dulce, fundamentales para el valle. En épocas de lluvias, la limitada infraestructura para almacenar agua resulta en una pérdida significativa de este recurso, mientras que, en temporadas secas, la escasez se siente aún más agudamente.

El Estado peruano ha intentado, sin éxito, formalizar la minería informal e ilegal a través de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin embargo, las sucesivas extensiones de plazo han permitido que la minería informal e ilegal continúe operando sin cumplir con los requisitos de formalización. Esto no solo perpetúa la destrucción ambiental, sino que también evidencia una debilidad en la gobernanza y aplicación de la ley.

Las protestas en Huanta no son simplemente una queja; son una declaración de derechos. Las comunidades tienen el derecho a ser consultadas y a participar en la toma de decisiones que afectan su entorno y su calidad de vida. La falta de consulta y la imposición de actividades mineras en sus territorios sin su consentimiento son una violación de sus derechos fundamentales.

Para abordar esta crisis, es esencial que el gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas concretas. Esto incluye establecer y hacer cumplir leyes ambientales más estrictas, mejorar las capacidades de monitoreo y control, promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La huelga de las organizaciones sociales de Huanta refleja una demanda legítima y urgente por la protección de sus recursos hídricos y la defensa de sus derechos frente a las actividades mineras ilegales e informales. Es fundamental que las autoridades actúen con determinación para resolver este conflicto, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.

Venezuela en manos de una tiranía

Por: Wens Silvestre

La tragedia de Venezuela no es simplemente una historia de mala gestión. Es el resultado de un proceso  sistemático de infiltración y manipulación sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Desde hace 25 años, una organización autoritaria ha logrado ingresar al poder con engaños, tomando control de todas las  entidades del Estado y sometiendo al pueblo bajo un régimen autoritario y destructivo.

Hugo Chávez, el arquitecto inicial de este régimen, usó su carisma y retórica populista para ganarse la confianza del pueblo venezolano. Prometió un futuro más justo y equitativo, pero lo que entregó fue un sistema basado en mentiras, autoritarismo y corrupción. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha llevado estas tácticas a niveles aún más extremos, transformándose en un tirano que no duda en anunciar y ejecutar crímenes contra aquellos que se atreven a protestar o pensar de manera diferente.

Para mantener su poder, Maduro ha sometido todo el aparato del Estado. El poder judicial, el legislativo, el Ministerio Público y, principalmente, las Fuerzas Armadas han sido infiltrados y controlados por el régimen. La justicia, lejos de ser un baluarte de imparcialidad, se ha convertido en un instrumento de persecución política. Cualquier intento de oposición es sofocado con fuerza o tácticas legales manipuladas.

Bajo la administración de estos líderes autoritarios, la economía venezolana ha sido destruida sistemáticamente. Políticas económicas irresponsables, expropiación de empresas y una corrupción desenfrenada han llevado a la hiperinflación, al desabastecimiento de alimentos y medicinas, y al colapso de los servicios públicos. Venezuela, un país que alguna vez fue uno de los más prósperos de la región, ahora enfrenta una crisis humanitaria de proporciones épicas.

La devastación económica y la represión política han forzado a millones de venezolanos a abandonar su país en busca de un futuro mejor. Esta migración masiva ha generado serios problemas sociales en los países vecinos, incluido Perú, que han tenido que enfrentar desafíos económicos y sociales adicionales para acoger a los refugiados venezolanos. La solidaridad y el esfuerzo de estos países son encomiables, pero la raíz del problema sigue siendo el régimen de Maduro. En un eventual escenario de permanencia del régimen de Maduro, a pesar de todas las evidencias del fraude, más ciudadanos venezolanos migrarían a países como Perú.

En el último proceso electoral, María Corina Machado jugó un rol protagónico. Esta valiente líder opositora ha sido una voz incansable en la lucha por la democracia en Venezuela. Las huestes de Maduro, temerosas de una competencia justa, utilizaron artimañas legales para impedir su candidatura a la presidencia. A pesar de estos obstáculos, Machado ha continuado su lucha, inspirando a millones de venezolanos a no rendirse.

El clímax de este proceso de destrucción y represión llegó el pasado 28 de julio, con unas elecciones presidenciales marcadas por un fraude descarado. El Consejo Nacional Electoral, liderado por el servil de Maduro conocido como Amoroso, declaró sin fundamento que Maduro había ganado las elecciones. Este acto de total descaro colmó la paciencia de los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, gracias a la labor de los testigos del proceso electoral, que lograron rescatar las actas reales que el régimen de Maduro pensó que la oposición no podría obtener, la verdad salió a la luz. Las actas reales escaneadas demostraron que el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González.

Ante este hecho, la OEA convocó a una sesión extraordinaria para aprobar un proyecto de resolución que exigía al régimen de Maduro exhibir las actas del proceso electoral. Sin embargo, la vergonzosa abstención de Brasil y Colombia, y la ausencia de México, los convierte en cómplices de la crisis venezolana. Han antepuesto sus afinidades políticas sobre los principios democráticos.

Las medidas preventivas de la oposición venezolana para asegurar la integridad de las actas del proceso electoral han demostrado, sin lugar a dudas, que Maduro no era el ganador, sino el candidato opositor. Países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá ya han reconocido a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. Sin embargo, Maduro se niega a reconocer su derrota y, por el contrario, se declara vencedor de la contienda, generando una nueva ola de violencia estatal para desmoralizar a los ciudadanos que se manifiestan en defensa de su voto y del cambio de régimen.

En síntesis, Venezuela ha sido secuestrada por una tiranía que ha destruido su economía y sometido a su pueblo a través de la represión y el fraude. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a los venezolanos en su lucha por recuperar la democracia y poner fin a este régimen autoritario. La historia juzgará severamente a aquellos que, por afinidades políticas, decidieron mirar hacia otro lado mientras un pueblo entero sufría. La lucha de líderes como María Corina Machado y la valentía del pueblo venezolano son una luz de esperanza en medio de la oscuridad, y es deber de todos los defensores de la democracia apoyar esta causa justa.

El liberalismo y el cambio climático: Una visión económica para el siglo XXI

Por: Wens Silvestre 

En la economía global actual, el liberalismo económico sigue siendo una fuerza motriz para el crecimiento y la prosperidad. Sin embargo, el reto más significativo que enfrenta nuestro tiempo es el cambio climático. Aunque algunos líderes mundiales han negado su existencia o minimizado su impacto, la evidencia científica y los estudios económicos demuestran la urgente necesidad de incorporar el cambio climático como una variable fundamental en las políticas de crecimiento económico sostenible. 

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, ha calificado el cambio climático como un "engaño" y ha priorizado el crecimiento económico sobre las regulaciones ambientales. Su administración revocó numerosas protecciones ambientales y retiró a EE.UU. del Acuerdo de París. Trump argumenta que las políticas climáticas dañan la economía y que la ciencia detrás del cambio climático es incierta. Javier Milei, presidente de Argentina, ha llamado al cambio climático una "mentira". Milei, conocido por su postura libertaria y anti-establishment, sostiene que las narrativas sobre el cambio climático están exageradas y se utilizan para justificar regulaciones innecesarias que sofocan la libertad económica y el crecimiento. Vladimir Putin, presidente de Rusia, ha expresado escepticismo sobre el cambio climático, atribuyéndolo a ciclos naturales más que a actividades humanas. Ha minimizado su impacto potencial en Rusia, a pesar de la evidencia científica que muestra el daño significativo que el cambio climático puede causar a largo plazo. 

Los argumentos de estos líderes tienen carencias significativas. La abrumadora mayoría de los científicos climáticos concuerdan en que el cambio climático es real y está principalmente causado por actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles. Estudios revisados por pares y reportes del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) han demostrado un claro vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y el aumento de las temperaturas globales. Ignorar el cambio climático puede llevar a costos económicos devastadores. Los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, inundaciones y sequías, generan costos significativos en términos de daños a infraestructura, pérdida de vidas humanas y disminución de la productividad. Según el Banco Mundial, los desastres naturales vinculados al clima han costado a los países entre el 1 y el 5% de su PIB anual. Una investigación realizada por el Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) que, en ausencia de medidas de mitigación, los daños macroeconómicos derivados del cambio climático podrían disminuir los ingresos globales hasta en un 19% en las próximas décadas.

La transición hacia una economía verde presenta oportunidades para la innovación y el crecimiento en sectores como las energías renovables, la eficiencia energética y la tecnología limpia. La Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) estima que la transición a energías renovables podría crear hasta 42 millones de empleos para 2050. El Foro Económico Mundial ha destacado repetidamente los efectos nocivos del cambio climático para la economía global, la población y la disponibilidad de recursos naturales. Ignorar el cambio climático no solo amenaza el medio ambiente, sino que también pone en riesgo la estabilidad económica y social. 

A corto plazo, los desastres naturales pueden desviar recursos significativos hacia la reconstrucción en lugar de la inversión en crecimiento. A largo plazo, el cambio climático puede reducir la productividad agrícola, aumentar los costos de salud y generar inestabilidad social debido a la migración climática y la escasez de recursos. Reducir la dependencia de combustibles fósiles mediante la diversificación hacia fuentes de energía renovable puede aumentar la seguridad energética de los países, protegiendo a las economías de la volatilidad de los precios del petróleo y del gas. El crecimiento económico sostenible debe considerar los límites ecológicos del planeta. Integrar políticas climáticas en las estrategias económicas asegura que el crecimiento actual no se logre a expensas de la capacidad del planeta para sostener la vida humana y económica en el futuro. 

El cambio climático es una variable fundamental que debe ser integrada en los modelos de crecimiento económico sostenible. Hacerlo no solo protegerá nuestro planeta, sino que también garantizará la prosperidad económica a largo plazo, mejorará la competitividad global y asegurará la estabilidad y la seguridad energética. Ignorar esta realidad es una negligencia que ningún líder, comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, puede permitirse. La ciencia es clara y la economía global exige acciones decididas para enfrentar el desafío climático.

Evaluación del crédito suplementario del Gobierno para 2024 y su impacto en el crecimiento económico

Por: Wens Silvestre

El reciente proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo para autorizar un crédito suplementario de 3,000 millones de soles en el presupuesto del sector público para 2024 plantea interrogantes significativas sobre su impacto en el crecimiento económico y la descentralización. Desde una perspectiva económica es esencial evaluar no solo la asignación de estos recursos, sino también su potencial para estimular la economía y fomentar un desarrollo sostenible y equitativo en el país.

El crédito suplementario representa un incremento del 1.18% en el Presupuesto Institucional Modificado del Sector Público, pasando de 254.97 mil millones a 257.97 mil millones de soles. Esta inyección adicional, aunque modesta, equivale al 0.28% del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para 2024. En términos absolutos, estos números pueden parecer pequeños, pero es importante considerar cómo y dónde se distribuirán estos fondos para evaluar su verdadero impacto.

¿Descentralización o atomización?

La distribución de los 3,000 millones de soles se divide entre gobiernos locales, regionales y entidades del gobierno nacional:

- Gobiernos Locales: 1,214.81 millones de soles en 892 proyectos (40.5%).

- Gobiernos Regionales: 328.95 millones de soles (11%).

- Entidades del Gobierno Nacional: 1,456.24 millones de soles (48.5%).

Asignar el 40.5% del crédito a proyectos locales es un paso en la dirección correcta para la descentralización, permitiendo a las autoridades locales identificar y abordar las necesidades específicas de sus comunidades. Sin embargo, la atomización de estos recursos en 892 proyectos plantea un desafío significativo: la fragmentación puede diluir el impacto, y la capacidad administrativa y técnica de los gobiernos locales para gestionar estos proyectos varía ampliamente.

Con solo el 11% del total asignado a los gobiernos regionales, se corre el riesgo de que las inversiones no sean equitativas ni eficaces a nivel macro. Los gobiernos regionales pueden planificar y ejecutar proyectos más grandes y estratégicos que aborden brechas significativas en infraestructura y servicios. Sin embargo, la capacidad de gestión sigue siendo un problema crítico.

El 48.5% del crédito destinado a entidades del gobierno nacional asegura que se puedan financiar proyectos de gran escala con un impacto nacional significativo. Esta centralización puede facilitar la supervisión y la coordinación, pero también podría contradecir los principios de descentralización y no reflejar adecuadamente las necesidades locales y regionales.

Impacto económico y social

Las inversiones en infraestructura, como el mantenimiento de la red vial y la mejora de instalaciones educativas y de salud, tienen un efecto multiplicador alto, generando empleo y dinamizando la economía local. Estas inversiones no solo mejoran la infraestructura física, sino que también tienen el potencial de aumentar la productividad y la competitividad a largo plazo.

El apoyo al Programa de Empleo Temporal "Llamkasun Perú" y las estrategias sanitarias para mitigar brotes de enfermedades como el sarampión y el dengue son vitales para mejorar el bienestar de la población y reducir la vulnerabilidad social. Estos programas también contribuyen indirectamente al crecimiento económico al aumentar la productividad laboral y reducir los costos asociados a la mala salud y el desempleo.

Para maximizar el impacto de los créditos suplementarios, es esencial establecer mecanismos efectivos de coordinación y supervisión. La descentralización debe ir acompañada de una fuerte capacidad institucional y administrativa en los niveles subnacionales. Sin una gestión eficiente y transparente, los recursos pueden perderse en la ineficacia o la corrupción.

El proyecto de ley de crédito suplementario para 2024 es una iniciativa que, si bien es modesta en términos macroeconómicos, tiene el potencial de generar un impacto significativo en sectores clave. Sin embargo, para que estos fondos realmente contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo sostenible, es fundamental enfocarse en fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos subnacionales, asegurar una distribución equitativa y eficiente de los recursos, y establecer una supervisión rigurosa para g
arantizar la transparencia y la efectividad en la ejecución de los proyectos.

Apoyo la idea de que la descentralización bien gestionada puede conducir a un desarrollo más equitativo y sostenible. No obstante, es fundamental que esta descentralización vaya acompañada de una capacidad institucional robusta y mecanismos de supervisión eficientes para asegurar que cada sol invertido realmente contribuya al progreso y bienestar de nuestra sociedad.

La urgencia de priorizar la Gestión Integral de Residuos Sólidos: Agenda pendiente de las municipalidades

Por: Wens Silvestre

La gestión de residuos sólidos enfrenta desafíos críticos que requieren atención inmediata y un enfoque estratégico por parte de las municipalidades. A medida que el país continúa creciendo, la cantidad de residuos sólidos generados aumenta exponencialmente, y la infraestructura existente está al borde del colapso. Es imperativo que las municipalidades prioricen la atención del servicio de limpieza pública y la gestión de residuos en sus respectivas jurisdicciones para asegurar un futuro sostenible y saludable para todos.

Los datos presupuestarios recientes pintan un cuadro preocupante sobre la gestión de residuos sólidos en Perú. Entre 2018 y 2023, los recursos asignados al programa presupuestal de Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) representaron solo el 1.1% en promedio anual del Presupuesto Total del sector público. De estos recursos, los gobiernos locales asumieron el 95.4% del presupuesto destinado a este programa, pero destinaron solo el 5.25% de su Presupuesto Institucional Modificado a la GIRS. Esta insuficiencia en la asignación de recursos es aún más alarmante cuando se compara con estándares internacionales. Por ejemplo, según el Banco Mundial, en países de ingresos bajos, la GIRS constituye el 20% de los presupuestos municipales, y en nuestra región, estos recursos fluctúan entre el 15% y el 20% del presupuesto municipal, según la CEPAL basado en información de la ONU-Hábitat.

Las municipalidades deben asumir un rol proactivo y decisivo en la gestión de residuos sólidos. No es solo una cuestión ambiental, sino un asunto que incide directamente en la calidad de vida de los ciudadanos y en el desarrollo sostenible de las localidades. La prioridad debe ser la mejora del servicio de limpieza pública, la implementación de infraestructura adecuada y la promoción de prácticas sostenibles entre la población. Para lograr esto, las municipalidades deben aumentar significativamente la proporción del presupuesto dedicado a la GIRS. Esto incluye la priorización de recursos del FONCOMUN y otros fondos específicos. Además, deben invertir en la creación y mantenimiento de instalaciones modernas para la recolección, separación, tratamiento y disposición final de residuos. También es fundamental implementar mecanismos sólidos de supervisión y fiscalización para asegurar el cumplimiento de las normativas y la eficacia en la gestión de residuos.

Para abordar de manera efectiva la crisis de residuos sólidos, las municipalidades deben adoptar políticas a largo plazo que incluyan el desarrollo de campañas de concientización y programas educativos para fomentar la separación en la fuente y el reciclaje. La participación ciudadana es clave para el éxito de cualquier estrategia de gestión de residuos. Además, deben establecer alianzas con el sector privado para la valorización de residuos. Estas asociaciones pueden aportar tecnología, experiencia y recursos adicionales para mejorar la gestión de residuos. La adopción de tecnologías innovadoras para el tratamiento y valorización de residuos, como el compostaje, la digestión anaeróbica y el reciclaje avanzado, también es esencial.

Los rellenos sanitarios, que deberían ser la última opción en la jerarquía de gestión de residuos, están colapsando antes de su periodo de vida útil programado. Esto se debe a la falta de segregación en la fuente y a la ineficacia en la gestión de residuos. Ejemplos como el relleno sanitario Yacucatina en la provincia de San Martín, que ya viene superando su capacidad instalada, destacan la urgencia de implementar medidas inmediatas y sostenibles. Las municipalidades deben mejorar la segregación en la fuente mediante la implementación de programas efectivos de segregación de residuos para reducir la cantidad de residuos que llegan a los rellenos sanitarios. Asimismo, deben aumentar la capacidad de valorización estableciendo instalaciones y procesos que permitan la valorización de residuos orgánicos e inorgánicos, reduciendo así la presión sobre los rellenos sanitarios.

La situación de la gestión de residuos sólidos en nuestro país requiere una acción urgente y coordinada por parte de las municipalidades. Es imperativo que se priorice la asignación de recursos, se mejore la infraestructura y se promuevan prácticas sostenibles a largo plazo. La implementación de políticas eficaces y la colaboración entre el sector público y privado son esenciales para transformar la gestión de residuos sólidos y asegurar un futuro más limpio, saludable y sostenible para todos los peruanos. Las municipalidades deben liderar este cambio, cumpliendo su misión institucional y respondiendo a las necesidades críticas de sus comunidades.

La educación como antídoto contra la ignorancia

Por: Wens Silvestre

El 8 de julio de 2024, se celebra el Día del Maestro, una fecha dedicada a honrar a quienes desempeñan un papel sustancial en la formación de las futuras generaciones. Esta celebración, tradicionalmente programada para el 6 de julio, se ha trasladado excepcionalmente este año. En este contexto, es pertinente reflexionar sobre la relación entre la educación y la ignorancia, y cómo la disminución de la ignorancia puede mejorar significativamente las relaciones humanas, la calidad de vida y la valoración del conocimiento en nuestra sociedad.

La ignorancia, como ha señalado Peter Burke en su libro "Ignorance: A Global History", no es simplemente una ausencia de conocimiento, sino una condición que puede ser cultivada y perpetuada de manera consciente o inconsciente. Burke subraya que "lo peor es no saber que no se sabe,” enfatizando la peligrosidad de la ignorancia inconsciente, que a menudo se disfraza de conocimiento o se justifica como virtud.

Este concepto de ignorancia como una semilla que, una vez plantada y disfrazada de virtud, se convierte en una mala hierba que estrangula la mente, es brillantemente capturado por Steven Erickson en su novela "Un Dios Inclemente". Erickson escribe: “la ignorancia es como una simiente y, allá donde se plante disfrazada de virtud, se convertirá en una mala hierba que estrangulará la mente hasta hacerle perder el raciocinio.” Esta metáfora destaca cómo la ignorancia, cuando es cultivada y presentada como una virtud, puede sofocar la capacidad de razonamiento y el pensamiento crítico.

La educación juega un papel fundamental en la lucha contra esta forma insidiosa de ignorancia. Jacques Rancière, en su obra, aboga por una educación que no solo transmita conocimientos, sino que emancipe a los individuos, reconociendo y respetando la igualdad de todas las inteligencias. La educación crítica, que promueve el pensamiento independiente y la capacidad de cuestionar, es esencial para romper el ciclo de ignorancia y manipulación que puede prevalecer en la sociedad.

Los educadores tienen una responsabilidad fundamental en esta lucha. Estanislao Antelo, en su artículo "El desprecio en la noche de ignorancia”, destaca cómo los maestros deben confrontar la ignorancia y el desprecio, y fomentar una cultura de respeto y consideración. En lugar de perpetuar jerarquías de conocimiento, los educadores deben valorizar la diversidad de experiencias y perspectivas, creando un ambiente donde todos los estudiantes se sientan valorados y capaces de contribuir.

Reducir la ignorancia tiene un impacto directo en la mejora de las relaciones humanas y la calidad de vida. La ignorancia a menudo lleva al prejuicio, la discriminación y la falta de empatía. Una educación que promueva el entendimiento y el respeto mutuo puede disminuir estos problemas, fomentando una sociedad más inclusiva y compasiva.

En un mundo donde el antiintelectualismo y la mediocridad pueden ganar terreno, es importante valorar el conocimiento y la competencia. El desprecio por la educación y la promoción de la mediocridad, como se observa en algunas instituciones del Estado, socavan el progreso y perpetúan la desigualdad. Es imperativo que, como sociedad, reafirmemos nuestro compromiso con la educación de calidad y la excelencia académica, reconociendo el valor intrínseco del conocimiento.

En este Día del Maestro, recordemos la importancia de la educación como antídoto contra la ignorancia. Valoremos el papel de los educadores y su contribución a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Reconocer y enfrentar la ignorancia no solo mejora las relaciones humanas y la calidad de vida, sino que también fortalece nuestras instituciones y nuestra democracia. Solo a través del conocimiento y la educación crítica podremos superar el reino de la mediocridad y construir un futuro mejor para todos.