Problemas de la política peruana:
Amor, Libertad, Paz y Bien. Love, Freedom, Peace and Goodness.
domingo, 9 de julio de 2023
La degradación de la política en Perú: Problemas y soluciones para superar la crisis política
Problemas de la política peruana:
miércoles, 28 de junio de 2023
Hacia un nuevo Perú: Reformas necesarias para un futuro prometedor
El
primer aspecto fundamental que se plantea es la necesidad de un nuevo sistema.
Perú requiere una revisión profunda de su sistema político y económico para
abordar las deficiencias y desafíos que enfrenta. Esto implica una
re
organización de las instituciones y los procesos de toma de decisiones, con
el objetivo de fomentar la transparencia, la eficiencia y la participación
ciudadana. La revisión del sistema económico implica identificar las áreas que
requieren mejoras, ajustes o cambios significativos. Es esencial que el nuevo sistema
político y económico esté diseñado para garantizar una distribución equitativa
del poder, salvaguardar los derechos fundamentales y promover el crecimiento
inclusivo, la estabilidad, la equidad y la sostenibilidad a largo plazo.
Además, es crucial abordar el tema de las
nuevas reglas. En este sentido, se hace imprescindible revisar y reformar las
leyes y regulaciones vigentes. Esto implica establecer un marco legal más
justo, transparente y actualizado, capaz de responder a los desafíos y
necesidades del Perú contemporáneo. La reforma legal debe asegurar la igualdad
ante la ley, promover la rendición de cuentas y fortalecer los mecanismos de
lucha contra la corrupción. Asimismo, es fundamental que las nuevas reglas
fomenten la estabilidad y la seguridad jurídica, impulsando un entorno propicio
para la inversión y el desarrollo económico sostenible.
La
máxima también nos lleva a reflexionar sobre la importancia de crear nuevas
oportunidades para todos los peruanos. Para lograrlo, es necesario establecer
políticas que impulsen la innovación, la educación de calidad y la igualdad de
acceso a oportunidades económicas. Esto implica brindar apoyo y estímulo a los
emprendedores locales, promoviendo un entorno propicio para el desarrollo de
nuevas empresas y la generación de empleo. Además, se deben implementar
programas de inclusión social y educativa que garanticen que ningún peruano se
quede rezagado, independientemente de su origen o condición socioeconómica.
Sin
embargo, debemos ser conscientes de que la implementación de estas reformas no
será fácil. Requiere de un liderazgo fuerte y comprometido, con la capacidad de
construir consensos políticos y generar confianza en la sociedad. Además, es
imprescindible fomentar la participación ciudadana, asegurando que las voces de
todos los peruanos sean escuchadas y consideradas en el proceso de cambio.
En
conclusión, Perú se encuentra en un momento crucial de su historia, en el cual
las palabras "nuevo sistema, nuevas reglas, nuevas oportunidades"
adquieren una relevancia especial. Si queremos construir un futuro prometedor,
es imperativo que abordemos los desafíos que enfrentamos y realicemos las reformas
necesarias en todos los niveles. Esto requerirá voluntad política,
participación ciudadana y un enfoque centrado en el bienestar de todos los
peruanos. Estoy convencido de que, con determinación y una visión clara, Perú
puede avanzar hacia un horizonte de progreso y desarrollo que beneficie a todos
sus habitantes.
sábado, 6 de mayo de 2023
Tendencia mundial a la violencia: Causas, consecuencias y soluciones para un futuro pacífico
Por Wens Silvestre
La violencia siempre ha sido una forma de expresión que ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, en la actualidad, esta tendencia violenta se ha intensificado y se ha vuelto más común en todo el mundo. La gente está actuando de forma violenta para expresar cualquier desacuerdo, ya sea de carácter privado o público. La violencia no es exclusiva de un continente o país, sino que se puede encontrar en casi todos los rincones del mundo.
El informe del Índice de Paz Global 2022, elaborado por el Institute for Economics and Peace, ha mostrado que la situación de la paz en todo el mundo ha empeorado por undécimo año consecutivo en los últimos catorce años. La violencia, la inestabilidad política, las tensiones internacionales y la incertidumbre económica han contribuido al aumento del índice de conflicto y violencia a nivel global.
El informe señala que, en general, el índice de paz se ha deteriorado un 0,3% en comparación con el año anterior. Este deterioro, aunque leve, es significativo ya que demuestra una tendencia preocupante. El índice se basa en una serie de indicadores, como el nivel de violencia y crimen, el grado de militarización, la estabilidad política y el respeto por los derechos humanos, entre otros.
Entre las causas inmediatas del deterioro de la paz, el informe destaca la guerra en Ucrania y la incertidumbre económica posterior a la pandemia de coronavirus. Estos factores han generado tensiones en todo el mundo y han contribuido a la creciente inestabilidad política y social. Además, la pandemia ha exacerbado las desigualdades y ha detectado la brecha entre los países ricos y pobres, lo que ha llevado a un aumento de la inestabilidad y la violencia.
La guerra en Ucrania es una fuente importante de conflicto y tensión en Europa. La anexión de Crimea y otras regiones por parte de Rusia y el apoyo a los separatistas en el este de Ucrania han llevado a un conflicto que ha dejado millares de muertos y ha desplazado a millones de personas. La situación en Ucrania sigue siendo crítica, y el conflicto ha tenido repercusiones en las relaciones entre Rusia y otros países, lo que ha contribuido a la inestabilidad en la región.
Además, la incertidumbre económica posterior a la pandemia de coronavirus ha tenido graves consecuencias sociales y económicas. Muchos países han sufrido una recesión económica, y el aumento del desempleo y la pobreza ha generado una creciente insatisfacción y descontento social. Esto ha llevado a manifestaciones y protestas en muchas partes del mundo, y en algunos casos ha degenerado en violencia.
Esta tendencia violenta podría conducir a situaciones muy graves. La violencia puede escalar rápidamente y llevar a guerras y Estados fallidos. Las tensiones internacionales pueden aumentar y la estabilidad de las relaciones entre países puede verse afectada. Además, la violencia también puede tener consecuencias económicas y sociales negativas, como la pérdida de vidas y la destrucción de la propiedad.
Para apaciguar a la gente y evitar que se vuelva violenta, es importante tomar medidas efectivas. La educación es una herramienta clave para ayudar a las personas a comprender los problemas de manera más amplia y encontrar soluciones pacíficas. Los líderes mundiales y los medios de comunicación también tienen un papel importante en la promoción de la tolerancia y la comprensión entre las personas y las culturas. La promoción de valores como la empatía, la compasión y la justicia también puede ayudar a reducir la violencia.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por apaciguar a la gente, siempre habrá conflictos y desacuerdos. En lugar de tratar de hacer que la gente entre en razón, es importante fomentar la negociación y el diálogo. Al escuchar diferentes perspectivas y trabajar juntos para encontrar soluciones aceptables, se puede reducir la violencia y promover la paz y la estabilidad en todo el mundo.
Es importante recordar que la violencia no es la única forma de expresión y que la humanidad ha progresado en términos de derechos humanos, democracia y paz. Al trabajar juntos y enfocarnos en soluciones pacíficas, podemos superar las divisiones y encontrar soluciones a los desafíos globales.
En definitiva, la esperanza radica en nuestra capacidad para aprender y evolucionar como especie, superando la violencia y avanzando hacia un futuro más pacífico y próspero para todos.
jueves, 27 de abril de 2023
La ONU y el medio ambiente: una relación crucial para la sostenibilidad
La preocupación por el medio ambiente comenzó a adquirir importancia en la ONU a finales de la década de 1960, y en 1972 se celebró la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. En esta conferencia, se estableció el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), que se convirtió en el principal organismo encargado de los asuntos ambientales en la ONU.
Desde entonces, la ONU ha llevado a cabo numerosas conferencias y cumbres sobre el medio ambiente, como la Conferencia de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la que se adoptó la Agenda 21, un plan de acción global para el desarrollo sostenible en el siglo XXI.
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, es otra iniciativa importante de la ONU en el ámbito del medio ambiente. Esta agenda establece 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) que buscan erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar la prosperidad para todos.
La ONU ha demostrado un compromiso continuo con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), establecida en 1992, es un ejemplo de ello. La CMNUCC ha sido ratificada por 197 países, y en ella se establecen medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y para adaptarse a los efectos del cambio climático.
Además, la ONU también ha creado el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que es un organismo científico que evalúa la información disponible sobre el cambio climático y sus efectos. El IPCC ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2007 por su trabajo en la sensibilización sobre el cambio climático y la necesidad de actuar para mitigarlo.
La ONU también ha promovido la conservación de la biodiversidad a través del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que se estableció en 1992. El CDB tiene como objetivo conservar la diversidad biológica, utilizar sus componentes de manera sostenible y garantizar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos.
La aprobación de la Resolución 76/300 (2022) por parte de la Asamblea General de la ONU se fundamentó en la necesidad de hacer frente a las amenazas del cambio climático y la degradación ambiental que representan para la humanidad y otros seres vivos. La resolución reconoce que los efectos del cambio climático, la gestión no sostenible de los recursos naturales y la contaminación del aire, tierra y agua interfieren en el disfrute de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. La decisión de la Asamblea General de la ONU ayudará a los Estados a acelerar la implementación de sus obligaciones y compromisos ambientales y de derechos humanos, y se espera que cambie la naturaleza misma del derecho internacional de los derechos humanos. Perú fue uno de los países que copatrocinó esta iniciativa y la resolución fue aprobada con 161 votos a favor, 8 abstenciones y ningún voto en contra. Las abstenciones de países como China, Rusia e Irán, obedecerían a ciertos criterios económicos y a su estructura económica, dependientes de fuentes de energía fósil.
En conclusión, la Organización de las Naciones Unidas ha demostrado un compromiso continuo con la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Desde la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1972, la ONU ha llevado a cabo numerosas conferencias y cumbres sobre el medio ambiente, y ha establecido diversos acuerdos y organismos para abordar los desafíos ambientales. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, es una iniciativa importante de la ONU que establece objetivos ambiciosos para lograr un desarrollo sostenible a nivel global. La Resolución 76/300 de la ONU aborda el cambio climático y la degradación ambiental, reconociendo como derecho de las personas a un medio ambiente limpio saludable y sostenible. En definitiva, la ONU es un actor clave en la búsqueda de soluciones para los desafíos ambientales que enfrenta nuestro planeta.
lunes, 19 de diciembre de 2022
La crisis política y las protestas sociales
Durante el último proceso de elecciones generales de 2021, se eligieron democráticamente al presidente de la República y a los miembros del Congreso y del Parlamento Andino, por un periodo de cinco años.
La voluntad de la mayoría de los ciudadanos permitió elegir a un gobierno que se autodenominó de izquierda socialista.
El régimen que asumió el mandato presidencial, el 28 de julio de 2021, tuvo un paso muy accidentado desde que asumió el poder. Fue cuestionado por la sistemática destrucción de la meritocracia en el aparato del Estado, escasa calidad de sus miembros del Consejo de Ministros y funcionarios de confianza, denuncias recurrentes por actos de corrupción de quien lideraba el Poder Ejecutivo y su entorno, el recurrente enfrentamiento con los otros poderes del Estado y organismos constitucionalmente autónomos. Empezó muy mal y terminó peor con un fallido autogolpe de Estado.
El expresidente de la República que concluyó su mandato el pasado 7 de diciembre, tuvo una enorme oportunidad de ser un gobierno distinto. Sin embargo, fue arrollado por sus propias debilidades. Utilizó el aparato del Estado para generar más conflictos, aprovechando sus viajes al interior del país, con sus "consejos de ministros descentralizados" que sirvió como una plataforma para ir minando sistemáticamente al Congreso y a los otros órganos del Estado. Utilizó la mentira y la victimización para cubrir sus desaciertos ante la población. Además, se habría aprovechado, sistemáticamente, de ciertos funcionarios cuestionados, como agentes azuzadores de la violencia para minar la democracia desde el propio Estado.
En ese contexto, la ineficiencia e ineficacia del Estado, se hacía más notorio, debilitando sus acciones en cumplimiento de su misión institucional, referido a la prestación de bienes y servicios públicos y privados, su regulación, así como de su rol en materia de seguridad; estos han sido seriamente cuestionados, por un grupo importante de ciudadanos que siente que no existe el Estado, porque no reciben los servicios básicos de calidad que está en su derecho exigir.
Lo que vino después de la súbita caída del régimen de izquierda, fue una avalancha de protestas en el sur del país, exigiendo nuevas elecciones generales, el cierre del Congreso, la renuncia de la presidente Boluarte y hasta una asamblea constituyente y reposición en el cargo del presidente golpista. Pero, detrás de esta agenda hay otro propósito. Este propósito final pareciera ser la destrucción de las débiles bases de nuestra incipiente democracia. Sembrar el caos y el terror, solo persigue el paso a la anarquía ¿Cuál es el mensaje que desean expresar los azuzadores violentistas con la destrucción de infraestructura y bienes públicos y privados? ¿Cuál es el mensaje de exhibir como trofeos a las víctimas de la violencia? Estos actos son insanos.
La sociedad necesita reflexionar. No deben ser dominados por el resentimiento y el odio, que solo enceguece a la razón. A la larga, las víctimas seguirán siendo los más necesitados. Por eso, es necesario reflexionar y conducirnos por el camino de la paz para resolver nuestros problemas y la de nuestra sociedad.
martes, 15 de junio de 2021
El reto de diseñar e implementar una política general de Gobierno responsable
Por: Wens Silvestre
Sin duda, un Gobierno
responsable, en principio, debe velar por conservar y mejorar la estabilidad
política y macroeconómica (económico y financiero). Esta condición es
importante porque genera confianza para que los agentes económicos tomen
decisiones a largo plazo. Además, es importante porque ayuda en la estrategia
para atraer inversión privada y generar mayores recursos fiscales, necesarios
para financiar el presupuesto del sector público. En efecto, una economía sana
propenderá a contar con unidades económicas rentables, el mismo permitirá una
mayor recaudación tributaria, elevando la presión tributaria. Asimismo,
garantizará tener una buena calificación riesgo país que permite acceder a
créditos a tasas muy bajas.
En otro escenario, un
Gobierno irresponsable hará todo lo contrario y afectará de manera distinta a
todos los peruanos, a corto, mediano y largo plazo.
La pandemia impactó a nuestra economía, registrando una caída de 12,9% durante el 2020 y, en consecuencia, también se ha visto afectado las cuentas fiscales, el nivel de empleo, entre otras variables.
En relación al impacto fiscal, por ejemplo, el
presupuesto del sector público ha sido financiado en parte con endeudamiento público,
debido a una caída en la recaudación tributaria. Así, durante el 2020 el
déficit fiscal llegó a 10,7% del PBI y para el presente año se pretende reducir
a 6,2%, teniendo como resultado un incremento del saldo de deuda pública como
porcentaje del PBI, pasando de 26,8% a 37,5% (2020). En este proceso de
reactivación económica, el gobierno ha
venido implementando una política fiscal expansiva. Sin embargo, esa política
no puede ser permanente en la medida que es financiado en parte con
endeudamiento. Recordemos que tenemos una Ley de Responsabilidad y
Transparencia Fiscal, aunque se relajó durante el 2020 para atender esta
emergencia, es necesario retornar paulatinamente a los niveles pre-pandemia,
con la finalidad de recuperar la confianza en los mercados internacionales y
nos permita tener financiamiento a bajas tasas de interés, y no afectar la
estabilidad de precios interés.
Por otro lado, en
relación al empleo, durante el 2020, según el INEI, 2.2 millones de peruanos perdieron su empleo. En
ese sentido, el objetivo social fundamental a corto plazo, es recuperar los
niveles de empleo pre-Covid-19, y reducir el nivel de pobreza que pasó de 20,2%
(2019) a 30,1% (2020). Según las últimas estimaciones del Banco Mundial, la
economía peruana crecerá 10,3% durante el 2021. Empero, lograr alcanzar
dicha estimación dependerá del control de la pandemia, de la sostenibilidad fiscal y de las medidas
que adopta el Gobierno entrante que recupere la confianza en la viabilidad del
país. De allí, la importancia de contar con estabilidad política-social y
macroeconómica.
Además, es necesario
no perder de vista los elementos de un creciente riesgo sobre la estabilidad política-social y el crecimiento
económico. La disipación de estos riesgos, dependerá de quién asuma la
conducción del Poder Ejecutivo y de la política general de Gobierno que anuncie
y ejecute durante su gestión.
miércoles, 19 de mayo de 2021
La corrupción: un mal social a nivel global
Por: Wens Silvestre
La
corrupción es un mal social. En principio no es exclusivo de un determinado
país o régimen político, tampoco son propios de los tiempos contemporáneos,
algunos historiadores se remontan hasta el reinado de Ramsés IX (1 100 a.C.) en
Egipto. Un antiguo funcionario del faraón, denunció en un documento, los
negocios sucios de otro funcionario que se había asociado con una banda de
profanadores de tumbas. En Grecia, Demóstenes (324 a.C.), acusado de haberse apoderado
de las monedas depositadas en la Acrópolis por el tesorero de Alejandro, fue
condenado y obligado a huir.
Las
evidencias empíricas indican que ni
siquiera los países más avanzados en transparencia se libran de la corrupción
(Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Suiza, Singapur, etc.). Sin embargo,
podemos afirmar que los Estados más corruptos,
son también los más autoritarios y socialistas. La corrupción está presente en
todos los Estados, ninguno se libra, independientemente del tipo de gobierno,
claro está se percibe en mayor o en menor grado. En efecto, durante el 2020, según
Transparencia Internacional (TI), dos tercios de los países del mundo no
alcanzaron los 50 puntos de 100 en el índice de percepción de la corrupción, es decir, se podría
afirmar que dos tercios de los Estados del mundo son los más corruptos,
identificando como práctica habitual el soborno, malversación de fondos y el nepotismo.
TI calificó a Venezuela (socialista), Yemen (camino a Estado fallido), Siria
(totalitarismo), Somalia (Estado fallido) y Sudán del Sur (Estado nuevo
cogobierno), como los países más corruptos del planeta, ocupando los últimos 5
lugares del ranking de TI. Perú se ubica en el puesto 94 con solo 38 puntos de
100, es decir, está en el paquete de los más corruptos. Bolivia, que algunos
admiran y lo consideran un modelo a seguir, está debajo de Perú, ocupa el lugar
124 con solo 31 puntos. Ver
En ese contexto, podemos afirmar que la extinción de la corrupción no depende de la solitaria acción o voluntad de una persona o una organización política o solo de los servidores de una organización del Estado. Es un mal que está en los individuos, he ahí su complejidad para combatirla. Para aminorar sus efectos y la percepción de la corrupción, los gobiernos tienden a implementar mayoritariamente medidas reactivas y coercitivas, otros implementan medidas proactivas preventivas, fortaleciendo los sistemas de control y transparencia de los actos y acciones de los servidores públicos. No hay una fórmula mágica que asegure la extinción de la corrupción. Sin embargo, la fórmula para reducirla, dependerá de la eficacia de las medidas coercitivas y preventivas, pero, además, dependerá de un proceso de largo aliento, de cambios generacionales, de la formación moral y de los valores éticos de los individuos.
En
una democracia como la nuestra, donde prima el Estado de derecho, son las
autoridades competentes las llamadas a prevenir, corregir y sancionar a los
individuos que estén inmersos en algún acto de corrupción. Para eso, el Estado
cuenta con un sistema nacional de control, cuyo órgano rector es la Contraloría General de la República, así
como los órganos jurisdiccionales encargados de vigilar y sancionar cuando
corresponda
Finalmente,
la lucha contra la corrupción, no depende de un “salvador”, menos de un
caudillo. La lucha contra la corrupción es tarea de todos, no solo debe liderar
el Estado y sus servidores públicos, sino depende del compromiso de todos los
individuos que forman parte de una sociedad. Además, la historia nos demuestra
que extinguir la corrupción, es casi una utopía, tiene más sentido hablar de reducir
a su mínima expresión la percepción de la corrupción. En consecuencia, si un
candidato te promete una gestión “sin corrupción”, por lo menos, debes dudarlo,
porque ni siquiera los países más avanzados del planeta están libres de ese mal
social.
martes, 6 de abril de 2021
Reflexión final: Elecciones Generales 2021
domingo, 6 de septiembre de 2020
Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021
Por: Wens Silvestre
La distribución del presupuesto público 2021, continúa
siendo centralista. En efecto, el proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021,
ascenderá a 183.03 mil millones de soles, es decir, 5.66 mil millones de soles
más que el presente año, sin embargo, en la distribución de la torta presupuestal,
el Gobierno Nacional pasará de administrar 124.58 mil millones de soles (2020)
a 129.04 mil millones (2021), es decir, 70,2% a 70,5%, respectivamente; en
tanto, los Gobiernos Regionales pasará de 31.9 a 33.1 mil millones de soles, es
decir, les corresponderá el 18,08%, similar al presente año (18%), en tanto,
los Gobiernos Locales, prácticamente, les corresponderá una cifra similar, 20.9
mil millones, empero en términos absolutos representa una ligera disminución
durante el 2021, pasando de 11.77% a 11,42%.
En los últimos años, el Poder Ejecutivo ha expuesto
sus planteamientos, referidos a la lucha contra la corrupción, la inseguridad,
fortalecimiento de gobernabilidad, crecimiento económico, desarrollo social y bienestar
de la población (salud, educación, saneamiento). Sin embargo, los resultados de
la administración de los recursos no muestran avances objetivos. ¿A dónde va a parar ingentes recursos
públicos? En el año 2015, el presupuesto público era 130.6 mil millones de
soles para el 2020 se empezó con un PIA de 177.4 mil millones de soles, es
decir, un crecimiento de 40.1% de recursos para cumplir con los objetivos de
mejora de la calidad de los ciudadanos y reducción de la pobreza. Sin embargo,
según el INEI, la tasa de pobreza en el país se estancó en los últimos tres
años en alrededor de 20%, y el 2020 se incrementará sustancialmente estos
niveles de pobreza, por efectos de la crisis sanitaria por la COVID-19, cuyas medidas impuestas
por este gobierno para contenerlo (sin éxito), acabaron destruyendo nuestra
economía, generando una recesión económica, sin precedentes, y una pérdida de
más 6.7 millones de empleos, solo durante el segundo trimestre del presente
año.
¿Qué se hizo con ingentes recursos
públicos? ¿Qué pasó con los programas sociales? ¿Será acaso efectos de una
pésima gestión de la crisis sanitaria y mal manejo de política económica?
¿Tenemos acaso un gobierno indolente ante la población más necesitada? Tal vez
anda más preocupado por su
agenda personal y de mantener su popularidad a costa de los recursos públicos
que ha venido despilfarrando, con el argumento de atención a la población más
necesitada, agudizada por la crisis sanitaria.
En efecto, pese a que el “Nuevo Parlamento” le dio todas las
facilidades al Gobierno para enfrentar la crisis sanitaria y económica, hasta
se delegó facultades para legislar principalmente en materia de salud y economía, los resultados le fueron esquivos, porque es un gobierno que no supo administrar la crisis y no aprendió a conducir la organización del Estado, salvo su liderazgo para sistemáticamente debilitar la
gobernabilidad e institucionalidad democrática del país, so pretexto de
legitimar sus ambiguas y parciales propuestas de reforma del sistema de
administración de justicia y del sistema político. Ese constante ataque se
concentró en la representación nacional y tiene una explicación: la debilidad
de quien lidera el Poder Ejecutivo.
El gobierno tiene un deficiente manejo de la
política económica. En efecto, el crecimiento mediocre registrado hasta el
2019, fue solo gracias a una economía que viene funcionamiento en piloto
automático, desde hace cuatro quinquenios, y en el presente año, se viene
demostrando que no tenemos un ministerio de Economía, sino un ministerio de Hacienda,
que se ha dedicado a la distribución de recursos públicos, financiados
sustancialmente con operaciones de crédito interno y externo, como consecuencia
de la caída de la recaudación fiscal, a raíz de la parálisis de la economía.
Este pésimo escenario para nuestra economía, seguirá registrando cifras por
debajo de las proyecciones optimistas del MEF. Así, por ejemplo, durante el
2019, el MEF tenía proyectado un crecimiento de 4,5%, y solo crecimos 2,2%. Para
el 2020, el MEF estimó crecer 4,0%, sin embargo, debido a la crisis, proyecta una caída del
12%( probablemente la caída será mayor al 15%), es decir, las proyecciones del
MEF, no se cumplen, porque maneja un escenario demasiado optimista, como para sorprender
a la población. La realidad le ha demostrado sistemáticamente que el MEF está
haciendo mal su trabajo. El MEF ha perdido la credibilidad como ente técnico,
pasando a convertirse en entidad más política.
Este gobierno, cuya responsabilidad es dirigir la
política general del Gobierno, viene desatendiendo lo fundamental para mejorar
los ingresos familiares de la población: promover el crecimiento de la
economía. De ahí su pobre resultado en la lucha contra la pobreza. Empero, se
alimenta de su gaseosa popularidad, aprovechando la vulnerabilidad del
Parlamento.
¿Qué podemos
esperar de un gobierno que ni siquiera ha podido sostener el crecimiento de la
inversión pública? ¿Cómo es posible que a falta de menos de cuatro meses para culminar el
año, solo ejecutó el 21,0% de su presupuesto? El aparato burocrático ha crecido
para enredar los procedimientos de los sistemas administrativos, que hace mucho
más complicado gestionar los recursos públicos. Si no se destrabas y se hace
más sencillo los procedimientos, más complicado será ejecutar un sol del
presupuesto. Lo único eficiente del Estado es gastar en planilla, pero no en la
razón de ser del Estado, mejorar la prestación de los servicios básicos para la
población.
¿Puede un gobierno
garantizar un crecimiento de la economía de 10,0% durante el 2021? La respuesta es
sencilla, NO, porque no está concentrado en implementar políticas que enciendan
los motores de la economía. El gobierno aspira que la inversión privada crezca
en 22%. Sin embargo, este año tenía proyectado un crecimiento de 4,8%, pero su
proyección actual, es de -34,2%, es decir, una estrepitosa caída, en tanto, la
inversión pública, estima que crecerá por arte de magia en 21,7% frente a una
caída de 15,5% durante el presente año; el consumo privado y público sólo
estima un crecimiento de 6,5% y 7,1%, respectivamente.
En ese escenario optimista, el Gobierno proyecta un
incremento del presupuesto 2021 en 3%. Sin embargo, este crecimiento será
financiado a costa de un déficit fiscal de 6,2% del PBI (menor al déficit de
10,7% del PBI 2020) que implica mayor endeudamiento interno y externo, que
ascenderá a 47.65 mil millones de soles (26,03% del presupuesto público) para
poder financiar un presupuesto centralista, que pese a las promesas públicas del
gobierno de subir a 40% de la torta presupuestal para las instancias
descentralizadas.
En resumen, las instancias descentralizadas,
tendrán una participación de la torta presupuestal solo de 29,5% ligeramente
inferior al 29,8% destinado para el presente año.
Es la muestra de una política de una promesa
incumplida, y volveremos a tener alcaldes tocando la puerta de los ministerios
para mendigar recursos financieros para la ejecución de proyectos, restándole
predictibilidad en la planificación y gestión de los gobiernos regionales y
locales.
Recordemos que el proceso de descentralización, busca
promover el desarrollo económico y social en igualdad de condiciones en todos
los departamentos[1].
Ese proceso sistemático de concentración de
recursos a nivel de Gobierno Central en los últimos tres quinquenios, no se
condice con el proceso de descentralización progresiva que la Constitución
ordena y le sugiero al actual régimen evaluar esa forma de distribuir los
recursos públicos.
En este contexto, es necesario exhortar al Poder
Ejecutivo, con la finalidad que presente una propuesta distinta en la
distribución presupuestal. Asimismo, es necesario que cumpla con lo dispuesto
en la Ley 30804, Ley que modifica la Ley de Mancomunidades Regionales, que
establece claramente que se les debe incluir, a las Mancomunidades Regionales,
en la ley de presupuesto los recursos que les corresponde para garantizar su
funcionamiento. Así, por ejemplo, la Mancomunidad Regional Los Andes, en su
oportunidad, le solicitó al MEF, cumplir con la Ley de Mancomunidades
Regionales, pero, esta entidad viene incumplimiento con el mandato de una ley.
[1]
En ese contexto, se hicieron grandes reformas a nivel constitucional;
asimismo, se dio la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), Ley Orgánica
de Municipalidades (2003), Ley Marco de la Promoción de la Inversión
Descentralizada (2003), el Decreto Legislativo 955 Descentralización Fiscal
(2004), entre otros
viernes, 20 de marzo de 2020
COVID-19 y su impacto en la economía
La pandemia generado por la enfermedad de Covid-19, se ha convertido en un problema de salud global, siendo hasta el momento Italia el país más afectado por la cifra de decesos, superando a China. Al momento de escribir este artículo, según la University of Medicine Johns Hopkins, estarían confirmados un total de 275 427 casos de personas que contrajeron el virus; en tanto, se registran 11 397 fallecidos y se habrían recuperado del mal 88 250 personas, en todo el mundo. Estas cifras seguirán creciendo. Sin duda, Covid-19 está camino a convertirse en una de las mayores pandemias que azotó a la humanidad en las últimas tres centurias, pese a los adelantos científicos y tecnológicos en el campo de la medicina, no ha evitado la expansión global, convirtiéndose una amenaza para la salud de la población, y sometiendo a prueba la organización y los sistemas de salud de todos los Estados del planeta. La externalidad positiva de la pandemia, a consecuencia de la paralización económica, es un respiro para el medio ambiente.y es que se ha visto una reducción considerablemente de la emisión de gases de efecto invernadero. Esto bueno, en medio de tanta incertidumbre.








