¿Es urgente modernizar el Sistema de Defensa Nacional para la Fuerza Aérea del Perú?

 Por Wens Silvestre

La reciente confirmación del gobierno peruano sobre la compra de 24 aviones de combate por un total de 3.500 millones de dólares ha reavivado el debate sobre la necesidad y pertinencia de modernizar el sistema de defensa nacional, particularmente la Fuerza Aérea del Perú (FAP). A pesar de las críticas iniciales por el elevado costo de esta adquisición, es imperativo entender que esta decisión no solo responde a una necesidad estratégica interna, sino también a las cambiantes dinámicas geopolíticas y de seguridad globales que afectan directamente a Perú.

El escenario global ha evolucionado de manera rápida y desafiante en los últimos años. La competencia entre las grandes potencias —Estados Unidos, China y Rusia— ha escalado, aumentando las tensiones en diversas regiones del mundo, incluyendo América Latina. Además, la proliferación de tecnologías militares avanzadas, como los drones armados y las armas hipersónicas, está redefiniendo la forma en que los países proyectan poder y aseguran su defensa. 

En este contexto, los países que no modernicen sus fuerzas armadas corren el riesgo de quedarse atrás y quedar vulnerables frente a amenazas emergentes. Para Perú, la necesidad de una modernización de su Fuerza Aérea no es solo un lujo, sino una necesidad estratégica para garantizar la defensa de la soberanía nacional y la protección de sus vastos recursos naturales, especialmente en áreas críticas como la Amazonía y las zonas marítimas del Pacífico.

La Fuerza Aérea del Perú ha operado, desde la década de 1990, con una flota de aviones de combate que, si bien en su momento fueron avanzados, hoy han quedado obsoletos frente a las demandas actuales. Aviones como los MiG-29 y los SU-25 adquiridos durante el gobierno de Alberto Fujimori, o los Mirage 2000 que datan de los años 80, ya no ofrecen las capacidades tecnológicas necesarias para enfrentar amenazas modernas. La antigüedad de estos equipos y las dificultades en el acceso a repuestos y mantenimiento adecuado han reducido significativamente la capacidad operativa de la FAP.

La adquisición de nuevos aviones de combate es, por lo tanto, una medida urgente y estratégica. Entre las opciones que el gobierno peruano está considerando se encuentran modelos avanzados como el Rafale francés, el F-16 Block 70 de Estados Unidos, y el KF-21 Boramae surcoreano. Estos aviones no solo representan una mejora significativa en términos de capacidad de combate, sino que también son multirrol, es decir, pueden realizar una variedad de misiones, desde defensa aérea hasta ataques aire-tierra y vigilancia estratégica.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo, subrayó durante el anuncio de la compra que “la seguridad y el desarrollo son variables interdependientes”. Esta afirmación es clave para entender por qué la modernización de las Fuerzas Armadas, y en particular de la FAP, es esencial para el desarrollo de Perú. En un país como el nuestro, donde las amenazas internas como el narcotráfico, la minería ilegal y la deforestación en la Amazonía son persistentes, la capacidad de control aéreo y vigilancia es fundamental.

La adquisición de estos nuevos aviones permitirá a la FAP monitorear vastas áreas del territorio, desde las fronteras en los Andes hasta el control del VRAEM y la Amazonía, áreas donde operan grupos armados y redes criminales. Además, la incorporación de tecnología de punta en los sistemas de combate aéreo permitirá al país responder rápidamente a amenazas externas o internas y, en última instancia, proteger la seguridad de los ciudadanos.

El debate sobre los costos

Uno de los principales puntos de crítica hacia la compra de los aviones es el costo significativo que representa: 3.500 millones de dólares, con un financiamiento escalonado de 2.000 millones en 2025 y 1.500 millones en 2026. Sin embargo, es fundamental entender que este gasto no es un despilfarro, sino una inversión en la seguridad y estabilidad a largo plazo del país. Las críticas que cuestionan esta compra a menudo pasan por alto que, sin una defensa adecuada, el desarrollo económico y social se ve constantemente amenazado.

Algunos sectores políticos sostienen que Perú enfrenta necesidades más urgentes, como la seguridad interna, la pobreza y la mejora de los servicios públicos que deberían priorizarse sobre la compra de aviones. Si bien estas preocupaciones son legítimas, reducir el debate a una elección binaria entre defensa nacional y necesidades sociales es un error. La defensa aérea no es un gasto aislado o lujoso, sino una parte fundamental para garantizar la seguridad integral del país, proteger la soberanía y facilitar la vigilancia y control territorial en regiones donde el Estado enfrenta desafíos, como el VRAEM. Además, una fuerza aérea modernizada también es clave para responder eficazmente a desastres naturales, interdicción contra el narcotráfico y otras emergencias. Descartar la inversión en defensa podría dejar al Perú vulnerable frente a actores externos e internos que podrían aprovechar la debilidad estratégica, lo que a largo plazo resultaría en costos más altos para el Estado en términos de seguridad, estabilidad y desarrollo económico.

El costo de no modernizar nuestras Fuerzas Armadas es, en última instancia, mucho mayor que el precio de estos aviones. El riesgo de una vulnerabilidad prolongada frente a las amenazas internas y externas puede tener consecuencias devastadoras para el país. Además, el esquema de financiamiento a través de endeudamiento interno ha sido diseñado para minimizar el impacto fiscal inmediato, permitiendo que la compra se realice sin comprometer otros sectores prioritarios como la salud y la educación.

¿Qué avión deberíamos elegir?

La selección del tipo de avión a adquirir es un tema fundamental que debe basarse en varios factores, entre ellos la capacidad multirrol, el costo operativo a largo plazo y la transferencia de tecnología. Entre los candidatos, el F-16 Block 70 se presenta como una opción robusta, con un historial probado y costos operativos relativamente bajos. Además, este modelo tiene una sólida cadena de suministro y un amplio soporte logístico en la región, lo que garantizaría su sostenibilidad a largo plazo.

El Rafale francés, aunque avanzado, presenta un costo operativo más alto y una cadena de suministro más limitada en América Latina, lo que podría dificultar su mantenimiento en el futuro. Por otro lado, el KF-21 Boramae de Corea del Sur es una opción prometedora, pero aún en desarrollo, lo que implica ciertos riesgos tecnológicos y logísticos.

Finalmente, la decisión no debe tomarse únicamente en términos técnicos, sino también en función de las relaciones diplomáticas y geopolíticas. Un acuerdo con Estados Unidos o Francia podría fortalecer los lazos con Occidente, mientras que un acuerdo con Corea del Sur ofrecería oportunidades de transferencia tecnológica y desarrollo conjunto, lo que podría ser beneficioso para la industria nacional de defensa.

En síntesis, la modernización de la Fuerza Aérea del Perú es una necesidad estratégica urgente que no puede postergarse. En un mundo donde las amenazas se vuelven más complejas y el entorno geopolítico cambia rápidamente, contar con una fuerza aérea moderna y eficiente es esencial para garantizar la seguridad nacional y promover el desarrollo interno. Si bien el costo de la adquisición es alto, los beneficios en términos de estabilidad, seguridad y soberanía son incalculables. Perú debe mirar al futuro con determinación, asegurándose de que sus Fuerzas Armadas estén preparadas para los desafíos que vendrán, tanto internos como externos.

El fuego que no podemos apagar: Incendios forestales y la inacción frente al cambio climático

 
Por Wens Silvestre

En las últimas semanas, la Amazonía peruana y otras regiones han sido devastadas por incendios forestales que avanzan sin control. A pesar de las constantes advertencias y del llamado urgente de las autoridades locales para declarar el estado de emergencia, la respuesta gubernamental ha sido tardía y, hasta cierto punto, insuficiente. Inicialmente, solo San Martín, Ucayali y Amazonas fueron declaradas en emergencia, pero ahora se han sumado tres regiones más: Lambayeque, Huánuco y Cajamarca. Sin embargo, esto deja fuera a otras regiones también afectadas por incendios, lo que refleja la desarticulación y fragmentación en la respuesta estatal frente a esta crisis ambiental.

No es la primera vez que el Perú enfrenta esta devastación por incendios forestales, pero lo que sorprende es la escala y frecuencia de los eventos. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), al 21 de setiembre registraron 361 incendios forestales, de los cuales, 291 fueron extinguidos, 24 controlados, y aun se registraban 46 son focos activos. Además, se perdieron 20 vidas humanas. Mientras las lluvias en algunas regiones han contribuido a sofocar las llamas, como en San Martín, la situación en otras zonas sigue siendo crítica.

El cambio climático ha intensificado estos incendios, aumentando las temperaturas, reduciendo las precipitaciones y generando condiciones propicias para que el fuego se propague. Los incendios no solo destruyen flora y fauna, sino que también emiten grandes cantidades de dióxido de carbono, exacerbando aún más la crisis climática. De acuerdo con cifras preliminares recientes proporcionada por Indeci, en lo que va del año, más de 7.5 mil hectáreas de cobertura natural han sido destruidas por incendios forestales, está cifra probablemente sea ínfimo cuando se exponga el balance final.

Aun así, en el discurso del primer ministro Gustavo Adrianzén, se refleja una falta de urgencia. Mientras las regiones afectadas claman por una respuesta inmediata, el Ejecutivo se ha mostrado reticente a declarar un estado de emergencia nacional, argumentando que la situación "aún no justifica" tal medida. Esta posición ignora la magnitud del desastre, subestima el impacto en las comunidades afectadas y pone de manifiesto la desconexión entre las autoridades y la realidad sobre el terreno.

Si bien el gobierno ha presentado un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes provocan incendios forestales, proponiendo penas de hasta 10 años de cárcel, esto por sí solo no resolverá el problema. Las sanciones deben ir acompañadas de medidas preventivas efectivas, como la creación de brigadas regionales especializadas para la detección temprana y control de incendios, además de fortalecer la capacidad de las comunidades locales para responder a estas emergencias.

Las autoridades también deben prestar atención a las causas estructurales que subyacen a estos incendios, muchas veces vinculadas a prácticas agrícolas tradicionales y a la expansión ilegal de la frontera agrícola. El endurecimiento de las penas no resolverá los problemas si no se acompaña de un enfoque integral que incluya la restauración ecológica de las áreas dañadas y la implementación de políticas públicas que promuevan un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Lo que estos incendios ponen de manifiesto es algo más profundo: la vulnerabilidad del Perú frente al cambio climático y la falta de preparación adecuada para enfrentarlo. A pesar de contar con leyes como la Ley 32106, Ley de Declaratoria de Emergencia Ambiental, su reglamento aún no ha sido aprobado y el marco legal sigue siendo inaplicable en muchos casos. Esta inacción normativa dificulta la implementación de acciones coordinadas y efectivas que podrían mitigar el impacto de desastres ambientales de esta magnitud.

Además, la falta de equipamiento adecuado y de una estrategia integral de restauración ambiental solo agrava la situación. La recuperación de las zonas afectadas debe ser una prioridad para evitar que los efectos de estos incendios se prolonguen a largo plazo, afectando la biodiversidad, la calidad del aire y el sustento de las comunidades locales.

La devastación en la Amazonía peruana no solo es un problema local, sino que tiene implicaciones globales. La Amazonía es uno de los pulmones del mundo y su destrucción impacta a todos. La comunidad internacional debe apoyar a Perú en esta emergencia, no solo con asistencia técnica y financiera, sino también presionando para que se implementen políticas más robustas para enfrentar los incendios forestales y mitigar los efectos del cambio climático.

Los incendios forestales en Perú han desatado una crisis ambiental que requiere una respuesta inmediata y efectiva. Es hora de que el gobierno actúe con la urgencia que la situación demanda, adoptando un enfoque preventivo, restaurador y coordinado. El cambio climático está aquí, y no podemos darnos el lujo de seguir postergando las soluciones. Cada hectárea quemada es una llamada de atención para cambiar nuestro enfoque y priorizar la protección de nuestros recursos naturales.

91 años de historia y compromiso: El legado del Colegio Nacional González Vigil

 Por Wens Silvestre

El 13 de septiembre de 2024 marca un hito especial para el Colegio Nacional “González Vigil” de Huanta, una de las instituciones educativas más emblemáticas del departamento de Ayacucho. En este día conmemoramos 91 años de funcionamiento ininterrumpido, una ocasión que nos invita a reflexionar sobre la profunda huella que ha dejado en la formación de generaciones de huantinos y su valiosa contribución al desarrollo del país, tal como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política del Perú: la educación debe tener como objetivo el desarrollo integral de la persona humana.

Fundado oficialmente en 1918 mediante la Ley 4023, el colegio lleva con orgullo el nombre de Francisco de Paula González Vigil, insigne clérigo, político y defensor incansable de los valores republicanos. Sus palabras pronunciadas en 1832 en el Congreso: “¡Yo debo acusar y yo acuso!”, siguen resonando en nuestra memoria. Esas palabras, que lo inmortalizaron como defensor de la Constitución y enemigo de la tiranía, simbolizan los valores que nuestro colegio ha inculcado en sus estudiantes: valentía, ética y compromiso con la justicia.

Es bajo este espíritu que el Colegio Nacional “González Vigil” ha forjado su legado. Desde su inauguración en 1933, no solo ha impartido conocimientos, sino que ha formado ciudadanos comprometidos con el bienestar de la sociedad. A lo largo de estos 91 años, ha ofrecido una educación de carácter humanístico y científico, complementada con formación técnica en áreas como mecánica de producción, carpintería, electricidad y automotores. Esto no solo ha permitido a sus egresados contribuir de manera significativa a la sociedad, sino que ha fomentado una cultura de trabajo y responsabilidad, claves para el desarrollo integral de la persona.

Este año, en que celebramos nuestro día jubilar el 13 de septiembre, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de Francisco de Paula González Vigil, es el momento ideal para reconocer el papel tan importante que ha tenido el colegio en la historia de Huanta y del Perú. En sus aulas, generaciones de estudiantes, con esfuerzo y dedicación, han encontrado en la educación el camino hacia un futuro mejor. En una región marcada por la historia y los desafíos sociales, nuestro colegio ha sido un faro de esperanza y progreso.

Pero no podemos olvidar que, más allá de sus logros académicos, el “González Vigil” ha sido un símbolo de resistencia y fortaleza. Ubicado en una región que sufrió el impacto del conflicto interno que azotó al país en las últimas décadas del siglo pasado, nuestra comunidad educativa no se rindió. Siguió adelante, reforzando su compromiso con la formación de ciudadanos íntegros, conscientes de la realidad social y política de su entorno, y dispuestos a luchar por un Perú más justo y democrático, tal como lo hizo el hombre que da nombre a nuestra institución.

Hoy, en un país que enfrenta grandes retos, tanto en lo económico como en lo social, es importante destacar la labor de instituciones como el Colegio Nacional “González Vigil”. La educación sigue siendo, más que nunca, la herramienta fundamental para construir un futuro mejor. En este contexto, el colegio ha demostrado a lo largo de sus 91 años que una educación integral, que combine el conocimiento técnico y humanístico, es el camino para formar ciudadanos capaces de enfrentar los desafíos del siglo XXI.

Este aniversario no es solo una celebración de la trayectoria de nuestra institución, sino también un llamado a seguir fortaleciendo el sistema educativo nacional. El Colegio Nacional “González Vigil” nos recuerda que, en una sociedad democrática, la educación no puede ser vista solo como un medio para obtener un empleo, sino como un fin en sí mismo: la formación de personas capaces de pensar críticamente, de actuar con ética y de contribuir al bienestar de la sociedad.

En un contexto global en el que los desafíos educativos son cada vez más complejos, es fundamental seguir apoyando a instituciones como el Colegio Nacional “González Vigil”, que han demostrado que la educación puede ser un motor de cambio social. Al celebrar este 91 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con la formación de nuevas generaciones que, inspiradas por el ejemplo de Francisco de Paula González Vigil, continúen defendiendo los valores de la justicia, la democracia y la libertad.

Hoy, más que nunca, debemos recordar que, al igual que el célebre diputado que da nombre a nuestro colegio, la educación debe ser valiente, visionaria y, sobre todo, humanista. ¡Feliz aniversario, Colegio Nacional “González Vigil”! Que sigas siendo, por muchos años más, el pilar sobre el cual se erige el futuro de Huanta y del Perú.

Re-globalización: Comercio en un mundo geopolitizado

 Por Wens Silvestre

En los últimos años, el comercio global ha entrado en una nueva fase que, a falta de un mejor término, podemos llamar "re-globalización". Esta etapa no es simplemente un retorno a la expansión comercial de décadas pasadas, sino una evolución del comercio internacional en respuesta a un contexto geopolítico mucho más complejo y volátil. Las tensiones entre grandes potencias, los avances tecnológicos y la necesidad de asegurar la resiliencia de las cadenas de suministro han forjado un nuevo paradigma de comercio, uno que equilibra las demandas de seguridad nacional con los beneficios económicos de la integración global.

El comercio internacional ha sido, históricamente, una fuente de prosperidad y paz, conectando economías, aumentando la eficiencia y elevando los niveles de vida en todo el mundo. Sin embargo, la narrativa reciente que vincula el comercio con la seguridad nacional ha cobrado fuerza, especialmente en las economías avanzadas. Países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea han comenzado a reconsiderar sus relaciones comerciales, particularmente con actores estratégicos como China y Rusia, en un esfuerzo por proteger industrias clave y evitar dependencias económicas que podrían convertirse en riesgos geopolíticos.

El argumento es simple: las naciones no pueden permitirse depender de actores que, en un momento dado, podrían utilizar su control sobre bienes esenciales o tecnologías estratégicas como una herramienta de influencia política o militar. Esto se ha visto, por ejemplo, en la carrera por el dominio de las tecnologías de semiconductores o en la lucha por asegurar fuentes de energía en medio de la guerra en Ucrania. Así, el comercio, que solía verse como una herramienta para el crecimiento y la integración pacífica, se ha convertido en un campo de batalla geopolítico.

En este nuevo contexto, la re-globalización se caracteriza por un giro hacia el friendshoring y el reshoring. Los países buscan acercar sus cadenas de suministro a socios confiables o, directamente, relocalizarlas para evitar depender de países avanzados potencialmente adversarias. El ejemplo más claro de esta tendencia es la creciente inversión de Estados Unidos en la producción local de semiconductores, así como su restricción de la exportación de tecnología avanzada a China. A su vez, China ha redoblado sus esfuerzos para volverse autosuficiente en sectores clave, con políticas agresivas de innovación y expansión industrial.

Este enfoque no implica una desglobalización total, sino una adaptación del comercio global a las realidades geopolíticas contemporáneas. Se busca mitigar los riesgos de interrupciones globales como las que vimos durante la pandemia de COVID-19 o la guerra en Ucrania, y garantizar que las naciones puedan mantener el acceso a bienes y servicios críticos, incluso en tiempos de crisis.

Sin embargo, este enfoque también trae consigo riesgos. La diversificación de las cadenas de suministro y la construcción de nuevas capacidades industriales a nivel local pueden implicar costos más altos, lo que podría traducirse en una disminución de la eficiencia económica global y en un aumento de los precios para los consumidores. En un mundo donde la inflación ya es una preocupación creciente, esto podría generar tensiones económicas internas.

El otro gran componente de la re-globalización es la necesidad de hacer del comercio una herramienta más inclusiva y sostenible. Para miles de millones de personas en países en desarrollo, el comercio sigue siendo una fuente esencial de oportunidades económicas, empleo y desarrollo pacífico. A pesar de los debates sobre seguridad nacional en las economías avanzadas, el acceso a mercados globales ha sido un motor clave para la reducción de la pobreza en los últimos 40 años.

Los datos muestran claramente que la apertura comercial ha contribuido a sacar a millones de personas de la pobreza, particularmente en Asia. China es el ejemplo más claro de cómo la integración en la economía global, a través de la exportación de manufacturas y bienes de bajo valor agregado, permitió un crecimiento económico sin precedentes, reduciendo la pobreza de manera masiva. Sin embargo, este modelo también debe evolucionar. El cambio climático y la creciente demanda de sostenibilidad exigen que el comercio global se reconfigure para promover prácticas más responsables y resilientes.

La re-globalización debe incorporar criterios de sostenibilidad ambiental. Esto significa no solo reducir las emisiones de carbono en las cadenas de suministro, sino también promover prácticas comerciales que no perpetúen la degradación del medio ambiente o exacerben las desigualdades. Las economías emergentes, muchas de las cuales dependen del comercio de materias primas, deben estar equipadas para adaptarse a esta nueva realidad y diversificar sus economías hacia sectores más sostenibles y resilientes.

La re-globalización plantea un desafío existencial para el sistema multilateral de comercio, especialmente para la Organización Mundial del Comercio (OMC). Si la OMC quiere seguir siendo relevante en este nuevo entorno, necesitará reformarse. Las reglas del comercio mundial deben adaptarse para lidiar con las tensiones entre seguridad nacional y libre comercio, pero sin caer en el proteccionismo descontrolado que podría deshacer décadas de progreso.

Esto implica fortalecer los mecanismos de resolución de disputas y encontrar un equilibrio entre la soberanía de los Estados para proteger sus intereses estratégicos y la necesidad de mantener un sistema de comercio abierto. Además, la OMC debe dar un papel más destacado a las economías en desarrollo, asegurando que sus voces sean escuchadas y que se beneficien equitativamente del comercio global.

La re-globalización es inevitable, pero también presenta una oportunidad. En lugar de revertir décadas de progreso en la integración económica, los países deben adaptar sus políticas comerciales para enfrentar los desafíos geopolíticos, al tiempo que garantizan que el comercio siga siendo una herramienta poderosa para el crecimiento y la reducción de la pobreza. Los líderes deben ser conscientes de los riesgos de un enfoque demasiado centrado en la seguridad nacional, ya que podría aumentar los costos económicos y erosionar los beneficios del comercio global. Sin embargo, si se maneja de manera inteligente, la re-globalización podría crear un mundo más resiliente, inclusivo y sostenible, donde el comercio continúe siendo un pilar del desarrollo global.

El comercio no solo puede, sino que debe, ser una fuerza para el bien en este nuevo mundo geopolitizado.

Presupuesto 2025: Entre la sostenibilidad fiscal y los desafíos estructurales

 Por Wens Silvestre

El Poder Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, ascendente a 251.8 mil millones de soles, lo que representa un incremento del 4.6% en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, que fue de 240.8 mil millones de soles. Este presupuesto refleja un esfuerzo por mantener el crecimiento económico en medio de un panorama marcado por la incertidumbre global, la crisis política interna, y los problemas persistentes de corrupción e ineficiencia en la gestión pública.

Las entidades del Gobierno Nacional concentran el 63,5% del presupuesto para el 2025, una proporción similar a la de 2024 (63,7%). Los Gobiernos Regionales recibirán el 21,6%, ligeramente inferior a 2024 (21,9%), y los Gobiernos Locales manejarán el 14,9%, un aumento en comparación con el 14,4% de 2024. Además, el gasto corriente asciende a S/ 157,364 millones, representando un aumento del 6.2% respecto al 2024. Este incremento sugiere una priorización en el mantenimiento de la burocracia estatal y en la prestación de servicios, a costa de una expansión limitada del gasto de capital, que solo crece un 4.1%. Aunque el gasto de capital aumenta hasta S/ 66,874 millones, este crecimiento es modesto, lo que podría limitar la capacidad del Estado para financiar proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo económico a largo plazo.

Comparado con 2024, el gasto corriente aumenta en términos absolutos, pero esta expansión no se traduce en un cambio significativo en la estructura del presupuesto, lo que indica que no se están tomando medidas sustanciales para reducir la ineficiencia en el uso de los recursos públicos. Además, el ligero incremento en el gasto de capital no es suficiente para compensar las necesidades de inversión en un país que aún enfrenta importantes desafíos de infraestructura.

En el Gobierno Nacional, se observa un incremento del gasto corriente del 10.5%, mientras que el gasto de capital disminuye en un 6.3%. Este aumento del gasto corriente está alineado con la tendencia de priorizar la prestación de servicios y el cumplimiento de metas institucionales, lo que refleja una necesidad de fortalecer la capacidad operativa del gobierno central. Sin embargo, la reducción en el gasto de capital podría limitar la ejecución de proyectos de infraestructura, lo que puede afectar el crecimiento proyectado del 3.1% del PBI en 2025. Este enfoque podría generar tensiones en la sostenibilidad a largo plazo si no se logra un balance adecuado entre gasto corriente y de capital.

La asignación presupuestal a los Gobiernos Regionales y Locales muestra una tendencia positiva, con un incremento general en los recursos. El aumento significativo en el gasto de capital para los Gobiernos Locales (24.2%) sugiere un impulso hacia proyectos de infraestructura y desarrollo local, lo cual es crucial para cerrar brechas regionales y contribuir al crecimiento económico. Sin embargo, el ligero aumento en el gasto corriente para los Gobiernos Regionales (1.0%) podría ser insuficiente para enfrentar los desafíos operativos y de prestación de servicios en estas regiones.

La reducción en el pago del servicio de la deuda tanto para el Gobierno Nacional (-2,9%) como para los Gobiernos Locales (-13,9%) podría reflejar un proceso de refinanciamiento de la deuda pública. Esto podría liberar recursos para otros fines prioritarios a corto plazo, pero también podría generar mayores obligaciones futuras, lo que debe considerarse cuidadosamente en términos de sostenibilidad fiscal.

Financiamiento del Presupuesto 2025

El MMM 2025-2028 establece que el déficit fiscal alcanzará el 2.8% del PBI en 2024 y proyecta un crecimiento del PBI de 3.2% para ese mismo año. Sin embargo, la opinión del Consejo Fiscal (CF) expresa preocupación, señalando que es muy probable que esta meta de déficit no se cumpla, dado que a junio de 2024 ya se había alcanzado un déficit del 4% del PBI. Para alcanzar la meta proyectada, los ingresos deberían aumentar en un 13%, lo cual, según el CF, resulta poco probable en el escenario actual.

Esto plantea un desafío significativo para el financiamiento del presupuesto 2025. Si el déficit fiscal de 2024 supera el 2.8%, será necesario ajustar las proyecciones para 2025 y considerar posibles medidas correctivas, como la ampliación de la base tributaria y el control más estricto del gasto público.

El MMM proyecta un crecimiento del PBI del 3.1% para 2025, con sectores como la pesca, que se espera crezca un 7.0%, y la construcción, que muestra un aumento del 4.0%. Sin embargo, el CF advierte que el crecimiento del 3.1% podría ser inconsistente con un escenario internacional menos favorable. Si el crecimiento económico es más débil de lo proyectado, esto afectará directamente los ingresos fiscales, complicando aún más el cumplimiento de las metas de déficit.

El análisis del CF resalta la necesidad de mejorar la recaudación tributaria para evitar el incumplimiento de las reglas fiscales. La SUNAT estimó un incumplimiento en el pago del IGV en 2023 de S/ 34,669 millones, equivalente al 3.5% del PBI. Esto indica un área de mejora significativa en la gestión tributaria. El aumento de la eficiencia en la recaudación es esencial para financiar el presupuesto sin aumentar la carga impositiva, lo cual podría desalentar la inversión privada y el consumo.

El gasto tributario estimado para 2025 ascenderá a S/ 17,624 millones (1.58% del PBI), con un potencial de aumentar a S/ 24,010 millones (2.15% del PBI). Estos gastos tributarios representan recursos significativos que podrían ser utilizados para reducir el déficit fiscal o para financiar programas críticos de inversión. La reducción de estos gastos, junto con la lucha contra la evasión fiscal, debería ser una prioridad en la política fiscal para mejorar la sostenibilidad del financiamiento público.

El contexto político y la ineficiencia del Sector Público

La crisis política y la corrupción endémica siguen siendo factores críticos que erosionan la eficacia del gasto público. El aumento del gasto corriente refleja, en parte, una estructura estatal que ha sido resistente a la reforma y a la racionalización de sus operaciones. En lugar de redirigir recursos hacia inversiones productivas, el Estado continúa financiando una burocracia costosa que no necesariamente mejora la calidad de los servicios públicos.

Este contexto se agrava por la ineficiencia en la gestión pública, donde los recursos se ven frecuentemente malgastados o desviados debido a la corrupción. Esta situación no solo afecta la percepción pública y la confianza en las instituciones, sino que también limita la capacidad del gobierno para implementar políticas efectivas que promuevan el desarrollo económico y social.

En síntesis, el presupuesto público para 2025 refleja un equilibrio frágil entre las necesidades de financiamiento y la sostenibilidad fiscal. Si bien el incremento en el gasto corriente puede ser necesario para mantener ciertos servicios públicos, la falta de un incremento significativo en el gasto de capital podría limitar las oportunidades de crecimiento económico a largo plazo. Además, sin reformas fiscales profundas y un enfoque decidido en la lucha contra la corrupción, el gobierno peruano corre el riesgo de perpetuar un ciclo de ineficiencia y endeudamiento que podría obstaculizar sus aspiraciones de desarrollo.

El camino hacia la estabilidad económica y fiscal requiere no solo una gestión prudente de los recursos, sino también una voluntad política para enfrentar los desafíos estructurales que han frenado el progreso del país. Sin un compromiso real para mejorar la eficiencia del gasto y ampliar la base tributaria, las metas presupuestarias y de crecimiento económico para 2025 podrían resultar inalcanzables.

 

El rostro oscuro de la tecnología y la política

 Por Wens Silvestre

Imaginemos por un momento que vivimos en un mundo donde la tecnología, más que una herramienta para mejorar nuestras vidas, se ha convertido en un medio para despojarnos de lo que nos hace humanos. Esto es precisamente lo que temía el filósofo alemán Günther Anders, cuya obra, aunque menos conocida que la de otros pensadores, ofrece una crítica profunda y vigente sobre cómo la tecnología y la política moderna deshumanizan y alienan a las personas.

Günther Anders, en su obra “La obsolescencia del hombre” (1956), argumentaba que la tecnología, lejos de ser neutral, moldea y transforma nuestras vidas de maneras que muchas veces no comprendemos del todo. No solo cambia la forma en que hacemos las cosas, sino que también altera quiénes somos. Según Anders, la tecnología moderna tiene el poder de hacer obsoleta la esencia humana, convirtiéndonos en engranajes de una maquinaria que controla todos los aspectos de nuestras vidas.

Este control, que en el pasado podría haberse logrado mediante la fuerza bruta o la manipulación abierta, ahora se ejerce de maneras mucho más sutiles. La tecnología, junto con los medios de comunicación y el entretenimiento, nos inunda con trivialidades, distracciones y una falsa sensación de libertad, mientras en realidad nos aliena y nos convierte en sujetos fácilmente manipulables.

Anders también tenía una opinión muy crítica sobre los políticos, a quienes veía como cómplices en este proceso de deshumanización. En lugar de proteger los derechos y la dignidad de las personas, los políticos modernos, según él, se han convertido en gestores de un sistema que prioriza el poder y el control por encima de cualquier consideración moral o humana. Para Anders, la política en la era tecnológica no se trata de mejorar la vida de las personas, sino de mantener un orden que beneficia a unos pocos a costa de la mayoría.

Al observar la realidad política peruana, no puedo evitar sentir que Anders tenía razón en muchos aspectos. Sin embargo, hay una matización importante que debemos hacer: mientras Anders hablaba de la eficiencia del sistema tecnológico y político para controlar a las masas, en Perú nos enfrentamos a un panorama donde la ineficiencia y la burocracia dominan la escena.

En Perú, parece que la lucha por el poder no se basa en quién puede construir más, sino en quién puede destruir más. Los políticos, en lugar de enfocarse en mejorar el país, parecen estar enfrascados en una competencia tanto destructiva y autodestructiva, donde el objetivo es deslegitimar al adversario a cualquier costo, aunque eso signifique sacrificar el bienestar del país y de su gente.

Este constante conflicto no solo paraliza al Estado, sino que también destruye la dignidad humana, la moralidad y convierte la libertad en un mero cliché, en un discurso vacío que carece de sustancia real. La burocracia e ineficiencia del Estado no solo impiden el progreso, sino que también perpetúan un ciclo de desesperanza y desilusión entre los ciudadanos, quienes ven cómo las promesas de desarrollo se disuelven en la realidad de un sistema que no funciona.

Al reflexionar sobre las ideas de Anders y la realidad política peruana, vemos que su crítica sigue siendo relevante, aunque con adaptaciones a nuestro contexto. La tecnología y los medios, en manos de una esfera política enfocada más en el poder que en el bienestar de las personas, se convierten en herramientas de control y alienación. Pero, en el caso peruano, esta alienación es doblemente dolorosa, porque no solo es controlada y manipulada, sino que, además, es gestionada por un Estado que es incapaz de brindar los servicios básicos de manera eficiente.

Este escenario es particularmente preocupante porque la ineficiencia del Estado no solo crea frustración y desesperanza, sino que también alimenta una cultura de destrucción y conflicto. Los valores fundamentales, como la dignidad, la moralidad y la libertad, son sacrificados en el altar de una política que prioriza el poder y la rivalidad sobre el bienestar común.

En este contexto, la obra de Günther Anders no solo nos ofrece una crítica filosófica, sino también una advertencia: si permitimos que la tecnología y la política sigan por este camino, corremos el riesgo de perder lo que nos hace humanos. Es fundamental que empecemos a reflexionar sobre cómo queremos que se desarrolle nuestra sociedad y qué tipo de liderazgo necesitamos para guiar ese desarrollo.

La política en Perú necesita un cambio radical, uno que coloque la dignidad humana y el bienestar general en el centro de la agenda. De lo contrario, continuaremos en un ciclo destructivo que no solo nos deshumaniza, sino que también amenaza con hacer obsoleta nuestra capacidad de construir un futuro mejor.

El desafío está en nuestras manos: ¿seguiremos permitiendo que el poder y la ineficiencia destruyan nuestro país, o nos erguiremos para exigir un cambio que realmente valore y promueva la humanidad en todas sus formas?

Proyecciones económicas del Perú para 2025

 Por Wens Silvestre

El Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado las proyecciones macroeconómicas multianual para el periodo 2025-2028, contando con la opinión previa del Consejo Fiscal. Estas proyecciones sirven como base para la elaboración del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, el cual debe ser presentado por el Poder Ejecutivo ante el Parlamento en el transcurso de esta semana para su posterior debate y aprobación, con fecha límite el 30 de noviembre del presente año.

El año 2025 se perfila como un año crítico en vísperas de un nuevo proceso electoral. Nuestra economía marca el inicio de un período en el que el país intentará consolidar un crecimiento económico sostenido en medio de desafíos estructurales persistentes. Las proyecciones económicas para 2025 presentan una mezcla de optimismo y alerta, lo que obliga a un análisis detallado de las fortalezas y debilidades que podrían definir el rumbo de la economía en los próximos años.

En 2025, se proyecta que la economía peruana crecerá un 3.1%, un ligero descenso desde la proyección del 3.2% en 2024, pero aun reflejando un desempeño optimista en comparación con la contracción de -0.6% en 2023. Este crecimiento será impulsado principalmente por la recuperación en sectores clave como la agricultura, la pesca y la construcción.

El sector agropecuario, que en 2023 sufrió una contracción del -2.4%, se espera que crezca un 3.0% en 2025, impulsado por un aumento en la producción agrícola. Del mismo modo, el sector pesquero, que experimentó una dramática caída del -19.7% en 2023, muestra signos de recuperación con un crecimiento proyectado del 7.0% en 2025. Estos sectores representan las bases tradicionales de nuestra economía, aunque su peso sea relativamente pequeño.

El sector de minería e hidrocarburos, que ha sido históricamente un motor clave del crecimiento económico en Perú, muestra una proyección moderada de crecimiento del 2.7% en 2025, después de un sólido 8.0% en 2023. Dentro de este sector, la minería metálica, un pilar clave, también está proyectada a crecer un 2.7% en 2025. Sin embargo, estas tasas de crecimiento, aunque positivas, reflejan una desaceleración en comparación con años anteriores, lo que podría ser un indicador de los desafíos que enfrenta el sector, tales como fluctuaciones en los precios internacionales de los minerales, posibles conflictos socioambientales y tensiones políticas internas que podrían afectar la inversión.

Por otro lado, el subsector de hidrocarburos muestra una proyección más robusta, con un crecimiento del 3.4% en 2025, lo que contribuye a mantener el dinamismo del sector en general. Esta diferencia en el desempeño sugiere la necesidad de una estrategia más diversificada para asegurar un crecimiento sostenido en el mediano plazo.

El año 2025, también verá un esfuerzo significativo por parte del gobierno para impulsar la economía a través de la inversión pública. Sin embargo, el éxito de estas inversiones dependerá en gran medida de la capacidad del Estado para ejecutar el presupuesto de manera eficiente. La historia reciente ha mostrado deficiencias en la capacidad del gobierno para llevar a cabo proyectos de infraestructura a tiempo y dentro del presupuesto, lo que pone en riesgo las proyecciones de crecimiento.

El gasto público no financiero está proyectado a crecer un 4.0% en 2025, impulsado principalmente por la inversión en infraestructura. Sin embargo, si estas inversiones no se ejecutan de manera efectiva, podrían generar un aumento en el gasto sin el correspondiente impacto positivo en el crecimiento económico.

Desde una perspectiva fiscal, 2025 será un año en el que Perú intentará reducir su déficit fiscal, proyectado en -2.2% del PIB. Esta reducción depende de la capacidad del gobierno para mejorar la recaudación tributaria y controlar el gasto corriente, que sigue siendo una preocupación debido a su rigidez. El resultado primario también se espera que mejore, con un déficit reducido a -0.5% del PIB en 2025, frente al -1.0% en 2023. Sin embargo, estas mejoras son frágiles y dependen de un entorno económico estable y de la capacidad del gobierno para implementar reformas estructurales.

Por otro lado, es importante no perder de vista las proyecciones más amplias hacia 2028, que ofrecen un panorama relevante sobre la dirección a largo plazo de la economía peruana.

El sector de minería e hidrocarburos, aunque clave, muestra una tendencia preocupante hacia la desaceleración más allá de 2025. Para 2028, la minería metálica se proyecta que crecerá solo un 1.7%, lo que subraya la urgencia de diversificar la economía y reducir la dependencia de este sector. Este sector, tradicionalmente robusto, enfrenta el riesgo de una demanda global incierta y presiones internas que podrían afectar su productividad.

Para 2028, el gasto público no financiero del gobierno general se proyecta en S/. 251,836 millones, representando un 19,2% del PBI. Este gasto creciente, si no se maneja con prudencia, podría llevar a un aumento insostenible de la deuda pública, que se estima alcanzará el 32.4% del PBI para 2028. Aunque esta cifra es manejable a corto plazo, un aumento en las tasas de interés globales o una caída en la calificación crediticia podría hacer que el servicio de esta deuda se vuelva más costoso, limitando la capacidad del gobierno para financiar el desarrollo a largo plazo.

La dependencia de Perú en el sector extractivo y las políticas populistas tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo representan desafíos continuos. Las medidas a corto plazo para satisfacer demandas populares pueden comprometer la estabilidad fiscal y económica a largo plazo. La debilidad institucional, marcada por la corrupción y la falta de eficiencia, continúa siendo una barrera significativa para el progreso. Estas políticas no solo amenazan con aumentar el déficit fiscal, sino que también podrían desincentivar la inversión privada, fundamental para el crecimiento económico sostenido.

El año 2025 representa un punto de inflexión para nuestra economía, estableciendo el tono para los años venideros. Si bien las proyecciones para 2025 son relativamente optimistas, las tendencias más allá de este año muestran desafíos significativos que podrían amenazar la sostenibilidad del crecimiento económico.

El enfoque del gobierno en 2025 debe estar en fortalecer la base institucional y económica para asegurar que este crecimiento no solo sea sostenido, sino también inclusivo y resiliente a las fluctuaciones globales y a los riesgos internos. Al abordar los problemas estructurales ahora, podemos posicionarnos mejor para aprovechar las oportunidades de crecimiento en los próximos años y mitigar los riesgos que podrían descarrilar su progreso. El camino hacia 2028 está lleno de retos, y las decisiones tomadas en 2025 serán esenciales para determinar si el país puede superar estos obstáculos y garantizar un futuro próspero y estable.

Crecimiento económico se desinfla en junio de 2024

 Por Wens Silvestre

En el transcurso de 2024, la economía peruana ha experimentado un viaje lleno de altibajos, marcado por fluctuaciones sectoriales y proyecciones optimistas que no siempre se alinean con la realidad. Es fundamental abordar el panorama económico con un enfoque cauteloso y realista, reconociendo tanto los logros como los desafíos persistentes. El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) sobre la producción nacional en junio de 2024, junto con las declaraciones previas del Ministro de Economía y Finanzas, José Arista, destacan la necesidad de ajustar las expectativas y enfocar las políticas públicas en fortalecer las bases de un crecimiento sostenible. 

El ministro Arista, en julio de 2024, proyectó un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) superior al 3,1% para este año, impulsado por un crecimiento notable del 5,04% en mayo. Este optimismo, aunque comprensible dado el desempeño positivo de ciertos sectores, ha sido puesto en duda por los resultados de junio, donde el crecimiento se desaceleró a un modesto 0,21%. Esta diferencia sugiere que las condiciones favorables observadas en mayo no se mantuvieron, y que la economía peruana sigue siendo vulnerable a fluctuaciones sectoriales y factores externos.

El análisis del INEI revela que, aunque sectores como el transporte y la pesca experimentaron crecimientos significativos, otros pilares de la economía peruana, como la minería y los hidrocarburos, mostraron una preocupante contracción del 7,47%. Este sector, históricamente uno de los motores de la economía, enfrenta desafíos que incluyen conflictos sociales, factores técnicos y la volatilidad de los precios internacionales de los metales. Asimismo, la construcción, otro sector clave, también registró una disminución del 2,40%, reflejando un debilitamiento de la inversión privada y una dependencia excesiva en la inversión pública para sostener el crecimiento.

El gobierno debe adoptar un enfoque más cauteloso y realista en sus proyecciones y políticas económicas. Las cifras de crecimiento de mayo fueron excepcionales, pero no deben ser tomadas como la norma. La economía sigue enfrentando desafíos estructurales que requieren atención inmediata. La dependencia excesiva en sectores volátiles como la minería, y la falta de diversificación económica, hacen que Perú esté en una posición vulnerable frente a cambios en las condiciones globales.

El optimismo del ministro Arista sobre un ciclo expansivo de crecimiento del 6% al 7% anual es, en el mejor de los casos, prematuro. Para alcanzar estas tasas de crecimiento, nuestro país necesitará más que buenos deseos y proyectos de infraestructura. Se requieren reformas profundas que faciliten la inversión privada, reduzcan la burocracia y fomenten la competitividad en todos los sectores.

¿Qué hacer?

El gobierno debe concentrar sus esfuerzos en crear un ambiente más favorable para la inversión privada, que ha demostrado ser una herramienta efectiva para el crecimiento sostenido. Esto incluye la simplificación de procesos regulatorios, la protección de los derechos de propiedad, y la mejora de la infraestructura básica, no solo en áreas urbanas, sino también en regiones del interior, que a menudo se quedan atrás.

Asimismo, es vital promover la diversificación económica. Perú no puede depender indefinidamente de la minería y la pesca como sus principales motores de crecimiento. El desarrollo de sectores como la agricultura sostenible, la manufactura avanzada y los servicios tecnológicos debe ser una prioridad. Estos sectores pueden ofrecer estabilidad económica y reducir la exposición del país a las fluctuaciones en los mercados globales de materias primas.

Finalmente, la estabilidad macroeconómica debe ser mantenida a través de una política fiscal responsable. El gobierno debe resistir la tentación de aumentar el gasto público de manera insostenible, especialmente en proyectos de infraestructura que, aunque necesarios, deben ser ejecutados con eficiencia y transparencia para evitar sobrecostos y corrupción.

Recapitulando, el crecimiento económico en lo que va del 2024 es una advertencia de las complejidades y desafíos que enfrenta la economía del país. Aunque existen oportunidades claras para el desarrollo sostenible, es esencial que el gobierno adopte un enfoque prudente y realista, que priorice las reformas estructurales y la diversificación económica. Solo a través de un compromiso decidido con estas prioridades, nuestro país podrá alcanzar un crecimiento sostenido y resiliente, capaz de soportar las inevitablemente cambiantes mareas de la economía global.

Minería informal e ilegal en Huanta: una amenaza oculta

Por Wens Silvestre

La reciente ola de protestas en Huanta y sus distritos vecinos, Luricocha, Iguain y Huamanguilla, pone de manifiesto un problema que ha estado latente durante demasiado tiempo: la devastadora actividad de la minería informal e ilegal en las cabeceras de cuenca. Estas protestas no solo son una respuesta desesperada ante la contaminación y destrucción de recursos hídricos vitales, sino también un grito de auxilio de comunidades que ven amenazada su subsistencia diaria. 

Las lagunas de Razuhuillca, ubicadas en las cabeceras de la microcuenca de Huanta, son la principal fuente de agua para más de 60 mil personas que dependen de ella para consumo humano y agrícola. La provincia de Huanta, con una población estimada de 113,291 habitantes en 2021, donde el 65% reside en áreas rurales, depende mayoritariamente de la agricultura y ganadería. La minería ilegal, sin embargo, viene contaminando estas fuentes de agua probablemente con metales pesados como el mercurio y el cianuro, poniendo en riesgo la salud y el bienestar de toda la comunidad.

La minería en cabeceras de cuenca altera significativamente los ciclos hidrológicos, desviando ríos y causando erosión y sedimentación que destruyen hábitats naturales y reducen la calidad del agua. Estos efectos son especialmente devastadores en ecosistemas tan frágiles como los andinos, donde la pérdida de biodiversidad es una consecuencia inevitable.

Además, el cambio climático añade otra capa de vulnerabilidad. El retroceso de glaciares, como el del nevado Razuhuillca, exacerbado por la minería y el calentamiento global, reduce las reservas de agua dulce, fundamentales para el valle. En épocas de lluvias, la limitada infraestructura para almacenar agua resulta en una pérdida significativa de este recurso, mientras que, en temporadas secas, la escasez se siente aún más agudamente.

El Estado peruano ha intentado, sin éxito, formalizar la minería informal e ilegal a través de mecanismos como el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Sin embargo, las sucesivas extensiones de plazo han permitido que la minería informal e ilegal continúe operando sin cumplir con los requisitos de formalización. Esto no solo perpetúa la destrucción ambiental, sino que también evidencia una debilidad en la gobernanza y aplicación de la ley.

Las protestas en Huanta no son simplemente una queja; son una declaración de derechos. Las comunidades tienen el derecho a ser consultadas y a participar en la toma de decisiones que afectan su entorno y su calidad de vida. La falta de consulta y la imposición de actividades mineras en sus territorios sin su consentimiento son una violación de sus derechos fundamentales.

Para abordar esta crisis, es esencial que el gobierno y las autoridades pertinentes tomen medidas concretas. Esto incluye establecer y hacer cumplir leyes ambientales más estrictas, mejorar las capacidades de monitoreo y control, promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales y garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

La huelga de las organizaciones sociales de Huanta refleja una demanda legítima y urgente por la protección de sus recursos hídricos y la defensa de sus derechos frente a las actividades mineras ilegales e informales. Es fundamental que las autoridades actúen con determinación para resolver este conflicto, promoviendo un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.

Venezuela en manos de una tiranía

Por: Wens Silvestre

La tragedia de Venezuela no es simplemente una historia de mala gestión. Es el resultado de un proceso  sistemático de infiltración y manipulación sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Desde hace 25 años, una organización autoritaria ha logrado ingresar al poder con engaños, tomando control de todas las  entidades del Estado y sometiendo al pueblo bajo un régimen autoritario y destructivo.

Hugo Chávez, el arquitecto inicial de este régimen, usó su carisma y retórica populista para ganarse la confianza del pueblo venezolano. Prometió un futuro más justo y equitativo, pero lo que entregó fue un sistema basado en mentiras, autoritarismo y corrupción. Su sucesor, Nicolás Maduro, ha llevado estas tácticas a niveles aún más extremos, transformándose en un tirano que no duda en anunciar y ejecutar crímenes contra aquellos que se atreven a protestar o pensar de manera diferente.

Para mantener su poder, Maduro ha sometido todo el aparato del Estado. El poder judicial, el legislativo, el Ministerio Público y, principalmente, las Fuerzas Armadas han sido infiltrados y controlados por el régimen. La justicia, lejos de ser un baluarte de imparcialidad, se ha convertido en un instrumento de persecución política. Cualquier intento de oposición es sofocado con fuerza o tácticas legales manipuladas.

Bajo la administración de estos líderes autoritarios, la economía venezolana ha sido destruida sistemáticamente. Políticas económicas irresponsables, expropiación de empresas y una corrupción desenfrenada han llevado a la hiperinflación, al desabastecimiento de alimentos y medicinas, y al colapso de los servicios públicos. Venezuela, un país que alguna vez fue uno de los más prósperos de la región, ahora enfrenta una crisis humanitaria de proporciones épicas.

La devastación económica y la represión política han forzado a millones de venezolanos a abandonar su país en busca de un futuro mejor. Esta migración masiva ha generado serios problemas sociales en los países vecinos, incluido Perú, que han tenido que enfrentar desafíos económicos y sociales adicionales para acoger a los refugiados venezolanos. La solidaridad y el esfuerzo de estos países son encomiables, pero la raíz del problema sigue siendo el régimen de Maduro. En un eventual escenario de permanencia del régimen de Maduro, a pesar de todas las evidencias del fraude, más ciudadanos venezolanos migrarían a países como Perú.

En el último proceso electoral, María Corina Machado jugó un rol protagónico. Esta valiente líder opositora ha sido una voz incansable en la lucha por la democracia en Venezuela. Las huestes de Maduro, temerosas de una competencia justa, utilizaron artimañas legales para impedir su candidatura a la presidencia. A pesar de estos obstáculos, Machado ha continuado su lucha, inspirando a millones de venezolanos a no rendirse.

El clímax de este proceso de destrucción y represión llegó el pasado 28 de julio, con unas elecciones presidenciales marcadas por un fraude descarado. El Consejo Nacional Electoral, liderado por el servil de Maduro conocido como Amoroso, declaró sin fundamento que Maduro había ganado las elecciones. Este acto de total descaro colmó la paciencia de los ciudadanos venezolanos. Sin embargo, gracias a la labor de los testigos del proceso electoral, que lograron rescatar las actas reales que el régimen de Maduro pensó que la oposición no podría obtener, la verdad salió a la luz. Las actas reales escaneadas demostraron que el verdadero ganador de las elecciones fue Edmundo González.

Ante este hecho, la OEA convocó a una sesión extraordinaria para aprobar un proyecto de resolución que exigía al régimen de Maduro exhibir las actas del proceso electoral. Sin embargo, la vergonzosa abstención de Brasil y Colombia, y la ausencia de México, los convierte en cómplices de la crisis venezolana. Han antepuesto sus afinidades políticas sobre los principios democráticos.

Las medidas preventivas de la oposición venezolana para asegurar la integridad de las actas del proceso electoral han demostrado, sin lugar a dudas, que Maduro no era el ganador, sino el candidato opositor. Países como Estados Unidos, Argentina, Perú, Uruguay, Ecuador, Costa Rica y Panamá ya han reconocido a Edmundo González como el nuevo presidente electo de Venezuela. Sin embargo, Maduro se niega a reconocer su derrota y, por el contrario, se declara vencedor de la contienda, generando una nueva ola de violencia estatal para desmoralizar a los ciudadanos que se manifiestan en defensa de su voto y del cambio de régimen.

En síntesis, Venezuela ha sido secuestrada por una tiranía que ha destruido su economía y sometido a su pueblo a través de la represión y el fraude. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar a los venezolanos en su lucha por recuperar la democracia y poner fin a este régimen autoritario. La historia juzgará severamente a aquellos que, por afinidades políticas, decidieron mirar hacia otro lado mientras un pueblo entero sufría. La lucha de líderes como María Corina Machado y la valentía del pueblo venezolano son una luz de esperanza en medio de la oscuridad, y es deber de todos los defensores de la democracia apoyar esta causa justa.